La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha decidido en su sesión plenaria ordinaria de este 23 de octubre no hacer ningún pronunciamiento sobre los acuerdos de los tribunales superiores de Justicia de Madrid, Castilla y León y Extremadura en referencia a la proposición de Ley de Reforma del Consejo General del Poder Judicial.
El gobierno de la judicatura en las islas no ha secundado la opinión personal de su presidente, Antonio Doreste, que declaró el pasado lunes que la reforma pone en peligro la democracia en España “a medio y largo plazo”. En concreto, declaró que la independencia del poder judicial “peligra con un consejo elegido con una mayoría tan exigua, por este gobierno o por otro, el que sea” y añadió que, “es preferible que no haya ningún control, pero si lo hay, que sea con un consenso muy amplio dentro de las Cortes, que sea la mayoría de las fuerzas políticas las que nombren a los miembros del consejo, no una minoría tan ajustada”.
El pasado 13 de octubre PSOE y Unidas Podemos registraron la reforma de la ley orgánica del Poder Judicial, con la que pretenden rebajar la mayoría requerida para renovar al órgano de gobierno de los jueces, que lleva dos años en funciones ante el bloqueo del PP. Pero durante la moción de censura de Vox al Gobierno, el líder del Ejecutivo, Pedro Sánchez, anunció que aparcaría la reforma para allanar la negociación con el Partido Popular.
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