Cesa el goteo de sentencias que en los últimos años obligaron a integrar en la plantilla de la Consejería canaria de Educación a personal de empresas adjudicatarias de servicios privatizados. La administración pública y las contratistas parecen haber encontrado la fórmula para frenar las condenas por cesión ilegal de trabajadores. Una reciente batería de resoluciones del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) rechaza las demandas que habían presentado los empleados, en su mayoría del servicio de apoyo al alumnado con necesidades especiales (NEAE), al considerar, ahora sí, que las empresas están ejerciendo una dirección real sobre su personal y no se están limitando a “suministrar mano de obra” a los centros educativos públicos del Archipiélago.
Este vuelco judicial se produce después de que Educación haya tenido que contratar a un total de 72 trabajadores desde servicios privatizados en ejecución de sentencias firmes. Esa es la cifra que ha dado la Secretaría General Técnica de la Consejería en respuesta a una solicitud de información cursada por este periódico a través del Portal de Transparencia.
Todos esos empleados se han incorporado a la plantilla de la administración como personal laboral indefinido no fijo. Al menos hasta principios del año pasado, el Tribunal Supremo seguía dictando autos que confirmaban la existencia de una cesión ilegal de trabajadores de empresas adjudicatarias de servicios públicos a la Consejería de Educación.
La cesión ilegal es una práctica ilícita, prohibida en la legislación laboral, que se produce cuando la contratación tiene como objetivo una “mera puesta a disposición” del personal. Es decir, cuando la empresa que cede no “pone en juego” su organización -sus medios materiales y organizativos- ni ejerce una dirección real sobre la actividad del empleado, sino que se limita a “suministrar mano de obra”, desentendiéndose de sus responsabilidades.
Esas sentencias por cesión ilegal tenían dos consecuencias: la obligación de integrar a ese personal en la Consejería de Educación y de equiparar sus salarios a los que cobra un profesional de la misma categoría en el sector público (la retribución es notablemente superior que en la privada), con condena expresa a ambas partes (administración y empresa adjudicataria) a pagar las diferencias retributivas durante los años de ejercicio.
Según la información proporcionada por la Consejería de Educación, mediante esta vía (por sentencia judicial sin someterse a los procedimientos habituales de acceso al empleo público) se han tenido que incorporar 39 trabajadores en la isla de Gran Canaria, 26 en Tenerife, tres en Lanzarote, otros tres en Fuerteventura y uno en El Hierro. En total, 72.
Por categorías profesionales, la mayoría (53) son auxiliares educativos o adjuntos de taller que prestaban el servicio de apoyo al alumnado con necesidades especiales a través de las empresas adjudicatarias (Clece primero y Aeromédica después). También hay titulados superiores (cuatro), trabajadoras o asistentes sociales (tres), fisioterapeutas (tres), personal de mantenimiento (dos), administrativos (dos), una enfermera, un psicólogo, una titulada media, una auxiliar administrativa y un jefe de sala.
¿Qué ha cambiado?
Aunque el vuelco judicial se empezó a evidenciar el año pasado, el cambio en la operativa de las empresas adjudicatarias se produjo en el curso 2022-2023, según las resoluciones.
Hasta esa fecha, las contratistas se limitaban a poner personal a disposición de la Consejería de Educación, sin que la empresa externa ejerciera funciones reales de organización y dirección sobre esos trabajadores, que recibían órdenes e instrucciones directas de los tutores de las aulas enclave (para alumnado NEAE) o del equipo directivo de los centros públicos. La labor de la adjudicataria se ceñía a tareas administrativas, como pagar las nóminas, gestionar las altas en la Seguridad Social o entregar equipos de protección, pero no intervenía en nada vinculado con el desempeño diario del personal.
Esas sentencias, que eran ratificadas casi de manera sistemática por el Supremo, ponían de relieve, por ejemplo, que Aeromédica (la empresa que aún presta el servicio de apoyo al alumnado NEAE pese a que el contrato está vencido desde marzo de 2021) tenía solo una coordinadora para supervisar a unos 400 trabajadores repartidos en más de 250 centros en la provincia de Las Palmas, por lo que el control era prácticamente inexistente. O “formal y puramente burocrática”, según recoge alguna de esas resoluciones del Supremo.
Los trabajadores del servicio externalizado ejercían “codo con codo” con el personal laboral de la Consejería de Educación, realizando idénticas funciones y con el mismo horario. Además, era la administración y no la empresa contratista quien suministraba a estos empleados todas las herramientas y materiales necesarios para el desempeño de su trabajo (ordenadores, mobiliario, útiles sanitarios…)
Sin embargo, según las últimas sentencias dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), la empresa adjudicataria aumentó en el curso 2022-2023 de manera significativa el número de coordinadoras, pasando a un equipo de veinte supervisores.
Esas recientes resoluciones inciden en que las coordinadoras ahora realizan visitas periódicas a los centros (aproximadamente cada tres semanas) y mantienen una “comunicación directa” con el personal, asumiendo la organización del servicio (horarios, autorización de permisos y vacaciones, ejercicio de la potestad disciplinaria…) También ponen de manifiesto que las contratistas fijan de antemano las funciones de este personal y, en caso de ausencia de los alumnos, “quedan a disposición de la empleadora para su derivación a otros centros”.
Por lo tanto, para los casos posteriores a esos cambios organizativos, la Sala de lo Social del alto tribunal canario está desestimando las demandas de los trabajadores al entender que se trata de una externalización válida de servicios y no de una cesión ilegal.
Lo cierto es que esas modificaciones y las instrucciones que dictó la Consejería de Educación para tratar de frenar las demandas por cesión ilegal también generaron confusión entre el personal por la difícil convivencia entre lo público y lo privado dentro de las aulas. Algunas direcciones de centros elevaron sus quejas y solicitaron cubrir esos puestos con personal propio, tal y como recoge una nota publicada por el sindicato STEC en esas fechas. En el verano de 2024, la federación de asociaciones de madres y padres (AMPA) elaboraron un manifiesto en el que pedían que el alumnado más vulnerable fuera atendido por empleados públicos cualificados y que se revirtiera la privatización del servicio.
Un nuevo contrato para el próximo curso
El contrato del servicio de apoyo al alumnado con necesidades especiales fue adjudicado a Aeromédica en 2016, con una vigencia máxima de cinco años. Por lo tanto, está vencido desde marzo de 2021, pero la Consejería de Educación no ha convocado hasta ahora el nuevo concurso, por lo que el contrato se ha venido prorrogando a través de un procedimiento extraordinario, los expedientes de nulidad. En 2016, la empresa facturaba por ese servicio tres millones. Ocho años después, esa cifra ascendía a veinte millones.
El actual equipo de la Consejería de Educación, liderado por Poli Suárez (Partido Popular), incide en que el servicio se presta en las condiciones redactadas en el contrato de 2016 y que el anterior gobierno “dejó caer el servicio en nulidad sin mostrar interés por licitar un nuevo contrato ni mejorar las condiciones del servicio”.
Educación continúa preparando la nueva licitación. Su objetivo es que el nuevo contrato esté listo para principios del próximo curso (septiembre de 2026) y que incluya “mejoras sustanciales”. También pretende que todo el personal que atiende en las aulas enclave de tránsito a la vida adulta (secundaria) sea personal propio de la Consejería desde esa fecha.