Las islas verdes piden ampliar el margen para viviendas de uso turístico

La presidenta de la Federación Canaria de Municipios (Fecam), Mari Brito, ha señalado que algunos municipios de las islas verdes han pedido aumentar el margen de edificabilidad para viviendas de uso turístico siguiendo “ciertas singularidades” que deberán estudiar entre la Consejería de Turismo y la Fecam.

Según el anteproyecto de ley sobre vivienda vacacional, el porcentaje de estos alojamientos no debe ser mayor del 10% en un municipio, excepto en los del La Palma, La Gomera y El Hierro, que sube hasta el 20%.

El director general de Ordenación, Formación y Promoción Turística del Gobierno de Canarias, Miguel Ángel Rodríguez, ha precisado este martes ante los medios de comunicación que “atendiendo a la singularidad desde las islas verdes y, sobre todo La Palma, los límites deben de ser más flexibles” porque el uso turístico de la vivienda “es necesario para revitalizar la actividad económica y paliar la pérdida de población”.

Además, los municipios de las islas de El Hierro, La Palma y La Gomera esperan que “se mantenga el status quo” que hay con respecto a la ley de las islas verdes, por lo que Brito ha defendido la necesidad de “consensuar un modelo lo más amplio posible para la regulación”.

En una reunión técnica entre representantes de la Fecam y la Consejería se han planteado las diferentes casuísticas en los municipios de estas islas, a lo que Brito ha añadido que se trasladarán las alternativas que “puedan enriquecer” un texto legislativo que “en todos sus elementos aterriza en el municipio”.

Ha asegurado que esto tiene que ver con la ordenación del planeamiento urbanístico, con planificar y ordenar, que es “tarea principal” de los ayuntamientos, y ha defendido la necesidad de regularizar el alquiler vacacional, “una actividad económica que ahora está en un auténtico vacío legal y que produce una inseguridad a la hora de planificar”.

Por su parte, Rodríguez ha sostenido que las alternativas, sobre todo de las islas verdes, son “razonables, justificadas y se van a trabajar técnicamente” para unas islas “que pierden población” y ha anunciado que habrá cinco reuniones adicionales con los 88 municipios y visitas para conocer las casuísticas de primera mano.

La coincidencia en los objetivos de sostenibilidad social, económica y ambiental, ha destacado Rodríguez, son “un objetivo irrenunciable”.

Asimismo, ha indicado que han puesto sobre la mesa los modelos entre los que debe elegir la ciudadanía: “un modelo actual sin límites cuantitativos ni cualitativos”, un modelo de moratoria “para parar y resolver más tarde”, otro donde los ayuntamientos “vayan a rebufo y prohíben si quieren” o el esgrimido por el Gobierno “con decisión democrática y una parte de contención”.

Brito ha esgrimido que cualquier ley nace con vocación de regulación de carácter general, con lo cual las “singularidades se deben disponer en disposiciones transitorias o de régimen especial tras el consenso de las alternativas con las realidades municipales”. 

Reservar, como mínimo, el 90% de la “edificabilidad residencial prevista”

La futura ley canaria del alquiler vacacional, encomienda gran parte de la ordenación de las viviendas vacacionales a los ayuntamientos. Son ellos los que tendrán que reservar, como mínimo, el 90% de la “edificabilidad residencial prevista” (el 80% en el caso de las Islas Verdes) para uso residencial que, según una portavoz de la Consejería, también hace referencia a lo ya construido. El resto podrá utilizarse con fines turísticos y otras actividades económicas “garantizando una distribución de su localización respetuosa con el principio de cohesión social”. Las entidades locales podrán jugar de todos modos con estas ratios siempre y cuando lo justifiquen.

Además la futura ley no establece incentivos a propietarios para cambiar el uso turístico de la vivienda a residencial, tampoco contempla la creación de equipos capaces de fiscalizar el mercado irregular ni impuestos exclusivos a propietarios. El anteproyecto de la norma, presentado el pasado miércoles, 3 de abril, delega la mayor parte de la regulación sobre este asunto a los ayuntamientos. Estos deberán determinar en los planeamientos urbanísticos un número máximo de licencias para que el porcentaje de pisos turísticos en cada núcleo poblacional nunca supere el 10% del total de la edificabilidad municipal. Un antiguo concejal de Urbanismo consultado considera que imponer cotos sin prometer medios de control no sirve para mucho. En el Archipiélago ya hay territorios donde el porcentaje de pisos de esta índole ya supera el 20%.

El texto acordado por la Consejería de Turismo y Empleo, dirigida por Jessica de León, del Partido Popular (PP), estará los próximos días en exposición pública, hasta el próximo 2 de mayo. Durante ese plazo podrán presentarse alegaciones. La intención del Gobierno canario es aprobar la orden este año, aunque está por ver cuándo.