“Los proyectos de interés insular que cometan atropellos serán recurridos”
La Plataforma Canarias por un Territorio Sostenible ha valorado este lunes la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre la Ley de las Islas Verdes en una rueda de prensa que se ha celebrado en el Cabildo de La Palma con la intervención de Santiago Pérez, concejal de XTF-NC en el Ayuntamiento de La Laguna (Tenerife); Vanesa Catalán, de Izquierda Unida; Rubén Martínez, consejero de Sí se Puede en el Cabildo de La Gomera; Ramón González, de Podemos El Hierro; Dailos González, consejero de Podemos en el Cabildo palmero, y Pablo Díaz, miembro de Ben Magec-Ecologistas en Acción.
El TC ha avalado la constitucionalidad de la Ley de las Islas Verdes, aunque ha admitido el recurso de Podemos a la disposición adicional segunda que declara de interés insular las actuaciones previstas en el Plan Territorial Especial de Turismo (PTET).
Santiago Pérez ha manifestado en su intervención que “esta Ley surge del Cabildo de La Palma, con un contenido limitado, y durante la tramitación parlamentaria, a última hora, incrustaron en la proposición de ley una serie de medidas muy importantes, entre otras, legalizar los proyectos que habían sido anulados por el Tribunal Supremo y que fueron en su día autorizados por el Plan Territorial Especial de la Actividad Turística de La Palma, un asunto que han tratado de ocultar”. “El Tribunal Constitucional ha anulado por inconstitucional la declaración de interés insular de esos proyectos y los temas sobre los que el TC no se ha pronunciado quedan abiertos para cuando empiecen a aprobarse uno por uno estos denominados proyectos de interés insular en la Ley del Suelo y en esta ley instrumentos de planificación singular turística”. “Cuando se vayan aprobando uno a uno, y no declarándolos de interés insular por ley, los ciudadanos tendremos acceso a la jurisdicción ordinaria, a la jurisdicción contencioso-administrativa, y hay todo un largo camino de garantías y de instrumentos procesales”, adelantó Pérez, quien subrayó que la sentencia “tiene otros aspectos importantes que han ocultado, el primero es que mediante los proyectos de interés insular se puede autorizar la ejecución de equipamientos, dice la Ley del Suelo y la Ley de Islas Verdes, en cualquier clase de suelo y con independencia de su clasificación y de su calificación urbanística, y en este asunto el TC ha puesto pies en pared”. A partir de ahora, recalcó, “no solo las disposiciones de la Ley de Islas Verdes sino también de la Ley Canaria del Suelo que se refieren a los proyectos de interés insular estarán condicionadas a lo que determinen las normas canarias sobre los usos de cada suelo, y este es un asunto importantísimo”.
Pérez dijo que “los portavoces del oficialismo no dicen que para aprobar esta ley como la aprobaron vulneraron derechos constitucionales de los diputados al Parlamento de Canarias de Podemos, el derecho fundamental de participación política; hay toda una operación pensada para dificultar el derecho a la justicia de los ciudadanos”. “El TC ha actuado con mucha seriedad y todo los aspectos sobre los que no se ha pronunciado va a tener la ocasión de examinarlos la jurisdicción ordinaria y puede que también el propio TC a través de cuestiones de inconstitucionalidad, por tanto, el repertorio de posibilidades está abierto”, advirtió. “Uno de los motivos importantes del recurso es que a través de esta ley se pretendía que los instrumentos de planificación singular turística o los proyectos de interés singular sean sometidos a una evaluación ambiental determinada”, destacó. “Lo que no se puede hacer es decidir discrecionalmente esos proyectos, aprobarlos sin superar las garantías medioambientales y ejecutarlos afectando a espacios naturales protegidos”, agregó.
Santiago Pérez puso de relieve que con el recurso de Podemos “se ha conseguido que el control judicial de estas actuaciones vuelva a manos de los ciudadanos, y ahora veremos proyecto a proyecto, y aquellos que cometan atropellos serán recurridos ante la jurisdicción ordinaria”, avanzó. Rechazó las críticas formuladas por la presentación del recurso. “Caricaturas con respecto a nuestro trabajo, las mínimas, porque no se trata de negarle a La Palma ni a ninguna otra isla el derecho al desarrollo turístico, que si no se ha producido no ha tenido que ver con que no hubiera buenas leyes sino que ha habido malos e incompetentes gobiernos, y tratan de buscar un enemigo exterior pero las responsabilidades están aquí”. “Esta es una batalla larga en defensa de la terra canaria pero vamos a utilizar, con la modestia de nuestros recursos, todos los instrumentos que la legislación nos pone a nuestra disposición”, aseguró.
Vanesa Catalán, de Izquierda Unida, señaló que “con la mal llamada Ley de las Islas Verdes intentaban rescatar todos los proyectos y actuaciones previstos en el Plan Territorial Especial de Ordenación Turística de La Palma, que había sido declarado nulo por el Tribunal Supremo por haberse tramitado y aprobado sin la correspondiente valoración ambiental estratégica a la que obliga la Directiva Europea 2001/42”. “Entre los proyectos especulativos que esta ley intentaba dar cabida a través de la disposición adicional segunda se encuentran los cinco campos de golf: Tamanca, en Los Llanos de Aridane, Breña Alta, Barlovento, Puntagorda y Fuencaliente y otras actuaciones convencionales que esta sentencia ha estimado declarando la inconstitucionalidad y nulidad de esta disposición, algo que desde la Plataforma y los diferentes colectivos que la integramos estamos celebrando”.
El representante de Ben Magec-Ecologistas en Acción expresó su satisfacción por la sentencia del TC “en el sentido de que, grosso modo, avala las tesis por las que se ha luchado mucho en esta isla en contra de una planificación a gusto del promotor y lejos del interés general”.
Dailos González, de Podemos, recordó que el recurso que admite la sentencia “es precisamente el referido a la estrategia del Cabildo de La Palma que en su momento fue suspendida por el Tribunal Supremo”.
