El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentó el lunes por todo lo alto el nuevo portal de Casa 47, donde los ciudadanos ya pueden apuntarse de manera fácil e intuitiva a las primeras 638 viviendas de alquiler asequible de la empresa estatal, la mayoría absorbidos del 'banco malo' Sareb. En él pueden encontrarse viviendas de alquiler a precios muy por debajo de mercado, desde los 350 euros, hasta otras que no resultan tan baratas, de hasta más de 1.000 euros, y no en grandes capitales.

Antes de que se abriera este portal, Casa 47 ya sorteó 171 inmuebles repartidos entre Vigo, Valencia y Mieres, en Asturias. Ahora, las viviendas se reparten en seis comunidades autónomas y 7 convocatorias: 157 viviendas en Castellón, 153 en Alicante, 99 en Galicia, 91 en Valencia, 34 en Navarra y 18 en Asturias.

Ante las dudas y críticas expresadas por la ciudadanía y los medios sobre la ubicación de estas viviendas, la nueva presidenta de Casa 47, Maribel Ramos, ha recordado que son las que ya se han podido adecuar de las hasta 40.000 viviendas expropiadas a Sareb. Antes de final de año, ha recordado, se sumarán 1.500 viviendas más, “y las habrá en Madrid, Sevilla y otros municipios”, ha anunciado. Además, ha recordado que se construirán 10.000 viviendas en el nuevo barrio de Campamento en Madrid y que se deben poder levantar hasta 24.000 más en otros terrenos públicos que se cederán a casa 47.

En toda España existen 30 pisos a 350 euros, destinados a rentas anuales de entre 16.800 y 28.000 euros: 12 en Castellón de la Plana, 5 en Cedeira, dos en Gijón, dos en el Vendrell y otros en Elche y otros municipios. Y hay 60 pisos más por menos de 400 metros cuadrados, entre ellos algunos de hasta 84 metros cuadrados en Benicarló, aunque la mayoría alrededor de los 40 metros cuadrados.

En Castellón de la Plana, los precios más baratos de Casa 47 suponen un ahorro de casi el 100% con respecto a los anunciados en Idealista, que parten de los 600 euros con 50 metros cuadrados.

En Cedeira, existen pisos de 45 metros cuadrados por 420 y 500 euros al mes, e incluso se alquila uno de 100 metros cuadrados por 550 euros, por lo que el ahorro es menor.

En Gijón los pisos pequeños para una persona parten de los 600 euros, con una excepción a 500, por lo que de nuevo Casa 47 compite muy por debajo del mercado.

En El Vendrell, no existe ningún piso en alquiler de larga estancia por debajo de los 800 euros en Idealista, por lo que prácticamente la de Casa 47 sería la única opción para una persona sola con un sueldo medio.

En la otra cara de la moneda, existen tres municipios con viviendas que superan los 1.000 euros. Son los casos de Turís y San Antonio de Benagéber, a 40 y 16 kilómetros de Valencia, respectivamente. Y también de Vidreres, a 26 kilómetros de Girona.

En los tres casos se trata de viviendas muy amplias, de más de 120 metros cuadrados y hasta cuatro habitaciones. Van destinados a unidades familiares que sumen entre 42.640 euros y 63.000 euros al mes, de forma que no se supere en ningún caso un esfuerzo económico del 30% de los ingresos familiares.

Si comparamos estas viviendas con otras similares del mercado privado, no existen grandes diferencias de precio en Turís pero sí en los otros dos municipios. De hecho, en Turís se alquila una casa de pueblo de 5 habitaciones por 1.065 euros en Idealista y también uno de 3 habitaciones y 90 metros cuadrados por 800 euros al mes.

En Vidreres, tan solo hay ofertas de alquiler de temporada en Idealista, un par de casas con piscina y un apartamento de 3 habitaciones y 75 metros cuadrados por 1.200 euros al mes. Se trata en este caso de un piso un 20% más caro que el de Casa 47, pero es que además no existe ni una opción en el portal de vivienda habitual, por lo que no sería equiparable.

San Antonio de Benagéber tan solo ofrece casas y chalés de alquiler en Idealista, la más barata por 1.650 euros con 4 habitaciones y 147 metros cuadrados.

Valencia es la comunidad con más pisos en Casa 47, hasta 401 repartidos entre las 157 de Castellón, las 153 de Alicante y las 91 de Valencia.

Galicia cuenta con 99 viviendas publicitadas en el portal, con viviendas desde los 350 euros en Cedeira y Lugo hasta los 705 euros también en Lugo, ya por grandes viviendas de hasta 162 metros cuadrados y cuatro habitaciones.

En Catalunya, hay 93 viviendas desde los 350 euros del Vendrell, en la provincia de Barcelona hasta los 800 por una vivienda de 122 metros cuadrados en Vic, municipio de la provincia de Barcelona con 12 convocatorias abiertas. Sant Feliu de Codines o Sant Hipòlit de Voltregà son otros de municipios con oferta, ambos en la provincia de Barcelona.

Navarra, con 34 viviendas, y Asturias, con 18, completan el mapa de las primeras viviendas de Casa 47 disponibles en el portal. Para presentarse al concurso, hay que tener la nacionalidad o residencia en España y no poseer una vivienda, salvo excepciones, y tener una renta anual neta de entre 2 y 7,5 veces el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), así como estar al corriente con la Seguridad Social y la Agencia Tributaria. No podrán acceder los trabajadores de Casa 47.

Los contratos de alquiler tendrán un periodo inicial de 14 años prorrogable otros siete y podrán llegar hasta los 75 años en función de cómo evolucionen las condiciones del hogar.

El ministerio de Consumo estima que alrededor de 1,15 millones de personas en España viven en viviendas de alquiler de temporada o de habitación y más de un tercio, unas 422.000, preferirían un alquiler habitual y lo hacen en contra de su voluntad, empujadas por la falta de oferta o los elevados precios de la vivienda habitual. Concretamente, 779.000 personas viven en alquiler de temporada y 370.000 alquilan habitación.

Un 33% de quienes tienen contrato de temporada preferirían un contrato de vivienda habitual, por un 44% de quienes alquilan habitación. El ministerio ha elaborado el estudio a partir de los microdatos de la Encuesta de Condiciones de Vida 2025 y de la encuesta sobre vivienda de Ateneo del Dato para el grupo The Left y coinciden con el informe sobre pisos compartidos de Fotocasa Research 2025.

Justo estos dos perfiles mayoritariamente urbanos deben quedar más protegidos por el nuevo decreto de vivienda cuya aprobación viene aplazándose en el Consejo de Ministros. La oposición de Junts y de Podemos bloqueó su avance a finales de julio, de forma que quedó como principal asignatura pendiente para el inicio de curso en septiembre. Pero fuentes gubernamentales confirman que la crisis de Ceuta ha llevado a los grupos parlamentarios a estar menos proclives a negociar, al priorizar los problemas en la frontera.

El texto prevé, entre otras medidas de impulso a la construcción de vivienda pública, poner coto a los alquileres de temporada y de habitaciones. Los primeros deberán constatar documentalmente que se emplean por un periodo de tiempo justificado, es decir, por contratos temporales o estancias de tiempo limitado. Y los de habitación pasarán a ser regidos por la Ley de Arrendamientos Urbanos, de modo que tendrán derechos protegidos como el tiempo de duración, ahora libre porque se rige por el Código Civil, o la imposibilidad de que el casero acceda al domicilio sin avisar, entre otras limitaciones. La suma de los precios de las habitaciones, además, no podrá ser superior al precio total de la vivienda.

El ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, ha insistido a ese respecto que el decreto de vivienda “debe ser votado cuanto antes” y ha apuntado a septiembre como mes, aunque parece difícil que ese plazo, el que estaba previsto antes del verano, se cumpla. Ha resaltado la importancia de “poner coto al alquiler de temporada y turístico” y las prórrogas a los contratos de alquiler, que “va a congelar las rentas a millones de inquilinos”.

Bustinduy ha defendido también la importancia de que las comunidades topen los precios de alquiler aplicando la ley de vivienda. “Hay gente que se está forrando a costa de las penurias de la gente”, ha denunciado, y ha asegurado que “es una obviedad que el precio de una vivienda es la principal fuente de desigualdad” de España.

“Hay mejoras que están por encima de las de nuestro entorno que están siendo absorbidas por el mercado de la vivienda”, ha dicho, y ha denunciado que “no es una tormenta”, sino que hay responsabilidades políticas.

Acceder a las viviendas estatales de Casa 47 a golpe de clic con la facilidad con que se reserva un hotel es el objetivo del portal público que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes en Madrid. El líder del ejecutivo ha reivindicado que es necesario “intervenir un mercado de la vivienda que no funciona”, como hacen quienes aplican la ley y el tope a los alquileres, frente a un PP cuyos gobiernos autonómicos “sirven a los fondos que especulan”. Y ha cargado directamente contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso: “Hacer política de vivienda no es comprar un ático de 6 millones de euros”.

“¿Para quién gobiernan aquellos gobiernos autonómicos que no aplican una ley de vivienda que funciona? ¿Gobiernan para la gente o para los que quieren especular con la vivienda?”, ha lanzado a modo de pregunta retórica el mandatario. Ha asegurado que no aplican esta ley “por el mero hecho de que venga del Gobierno de España”, pero que en vez de perjudicar al ejecutivo, “dañan al joven que quiere emanciparse” y “a las familias que no llegan a final de mes”. “Podríamos ir mucho más rápido si tuviéramos la ayuda de todos”, ha añadido en referencia a la no aplicación autonómica de la ley de vivienda.

Sin esta vez hacer mención ya a la crisis de Ceuta, el mandatario ha celebrado la inauguración de una aplicación donde los ciudadanos pueden presentarse fácilmente a las convocatorias públicas de alquiler asequible de Casa 47, empresa estatal de vivienda creada el año pasado para reforzar la vivienda pública de alquiler a precios que no se coman más de un tercio del sueldo de las familias. El portal nace con 800 viviendas disponibles y “muy pronto habrá 1.500 más”.

“El mercado excluye a miles de personas”, ha dicho Sánchez, que ha lamentado que “llevamos ya más de 45 años con estas lógicas que no funcionan” y ha asegurado que “el Gobierno no se va a quitar de en medio”.

El mismo día en que el Instituto Nacional de Estadística informaba que la subida de la vivienda se modera pero sigue en un 14,9% respecto al año pasado, Sánchez ha defendido que el propósito de Casa 47 es que “tener una vivienda sea una aspiración realista”.

El presidente ha reconocido también la importancia de que los alquileres sociales y asequibles estén protegidos de manera perpetua, no como ha sucedido con los miles de viviendas que se han perdido al vencer su protección“Jamás debe ocurrir algo así, fruto de políticas erróneas”, ha dicho.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha inaugurado el acto recordando que la ley dice que “no debe ser el propio estado el constructor de vivienda”, al tiempo que ha defendido la accesibilidad del nuevo portal.

En él, mediante la identificación por Cl@ve móvil, permanente o certificado electrónico, se pueden buscar las viviendas disponibles en el parque público, compartir la situación económica y enviar de manera sencilla la solicitud para acceder a las viviendas.

Los únicos requisitos son tener residencia legal en España o nacionalidad, no poseer una vivienda salvo excepciones y tener una renta anual neta de entre 2 y 7,5 veces el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), así como estar al corriente con la Seguridad Social y la Agencia Tributaria. No podrán acceder los trabajadores de Casa 47.

El enésimo intento por aprobar un nuevo decreto de vivienda que frene la especulación con alquileres de temporada y de habitaciones y potencie el parque público de casas volvió a fracasar en julio. Chocó con los reproches de Junts, pero también con la oposición frontal de Podemos y plataformas sociales como Greenpeace o el Sindicato de Inquilinas a las modificaciones incluidas a la Ley del Suelo, que, denuncian, la hacen más permisiva ante ilegalidades. Por ello, el decreto volvió al cajón y el Consejo de Ministros espera aprobar un nuevo texto este mes de septiembre, aunque no aclara por el momento si modificará estos puntos o cómo satisfará las reclamaciones de los socios.

Sumar, por su parte, estaba dispuesto a aprobar el texto con las modificaciones de la Ley de Suelo, aunque no le convencían, pero ahora espera un nuevo texto “a ver si lo afinan”, dicen fuentes del partido. Si este revés vuelve a dilatar un decreto de vivienda que Pedro Sánchez ya anunció hace siete meses, en febrero, aún retrasa más las medidas con respecto a la Ley de Suelo, que ya fue tumbada en el Congreso en mayo de 2024 y febrero de 2025, con críticas de oposición y de socios de Gobierno. A la oposición de los partidos se le suma ahora otro obstáculo: la crisis de Ceuta ha monopolizado los esfuerzos del ejecutivo y paralizado aún más las negociaciones.

Los artículos del nuevo decreto que levantan ampollas entre los colectivos sociales son las reformas del 13 y el 14 de la Ley de Suelo, que limitan el poder de las impugnaciones ante los proyectos. Con el fin de no empantanar proyectos enteros por irregularidades que no afectan a la totalidad, el artículo 13.6 de la Ley de Suelo queda modificado de forma que “se conservarán todas las actuaciones y trámites no afectados por el vicio cometido”.

Esto quiere decir que si un plan urbanístico es recurrido por irregularidades, se frenarán solo las partes del plan afectadas por las mismas, de forma que el resto de obras –entre las que puede haber, por ejemplo, vivienda protegida– no queden paralizadas.

El abogado especialista en vivienda Pablo Feu cree que “tiene sentido” que esto sea así, pero alerta de que solo dos epígrafes antes, en el 13.4, se abre la puerta a que “si una irregularidad se comete de acuerdo a una normativa vigente, aunque esta normativa esté mal, no se podrán frenar los proyectos”, apunta el experto, sobre uno de los puntos más técnicos pero a la vez más peligrosos, a su parecer, de la nueva norma.

Oposición de Podemos, Greenpeace y Sindicato de Inquilinas

Inés Díez, responsable del área jurídica de Greenpeace España, es más crítica todavía con este punto. “Básicamente, ninguna construcción va a poder ser declarada nula, el constructor tendrá que corregir solo algunas partes”, asevera. “En algunos casos, se darán por buenos proyectos que no lo son por tal que no queden paralizados y eso no nos gusta”, añade.

El rechazo de Podemos también se basa en que “la reforma afecta al sistema de recursos contra los instrumentos de planeamiento urbanístico, lo que dificultará que organizaciones ecologistas puedan recurrir pelotazos urbanísticos”, según fuentes del partido, que añaden que se trata de un texto “prácticamente idéntico al presentado por el PP en 2018, por el propio PSOE en 2024 y por PSOE y PNV en 2025”. “En la práctica, esto implica convalidar ilegalidades en materia urbanística y que, incluso si un tribunal establece que la actuación urbanística es ilegal, pueda quedarse en las mismas condiciones”, dicen sobre las modificaciones

El otro artículo que despierta rechazo, incluso más frontal, es el 13.7 del borrador que “limita la capacidad de organizaciones de plantear recursos, lo que ahonda en la línea de que actuaciones urbanísticas ilegales puedan ser convalidadas”, dicen desde Podemos.

Para el abogado Pablo Feu, este punto es incluso peor que el anterior. Concretamente, el nuevo artículo dice que “la impugnación con carácter indirecto de los instrumentos de ordenación territorial y urbanística solo será posible cuando no haya transcurrido el plazo de cuatro años, contados desde el día siguiente al de la publicación de su acuerdo de aprobación definitiva”.

Solo cuatro años para impugnar un plan

“Si se aprueba un plan urbanístico y el promotor espera cuatro años para pedir la licencia, que es cuando se evidencia lo que está haciendo, la nueva ley no permitirá impugnarlo. Aparte de ser injusto, se carga por completo el sistema de procedimiento administrativo”, denuncia Feu.

Las nuevas modificaciones también incluyen que la invalidez de las nulidades por recursos será aplicable también de manera retroactiva, ante proyectos urbanísticos iniciados antes de que la ley entre en vigor. Es más, establece que el juez deba permitir subsanar los errores al promotor incluso tras la sentencia contra un plan urbanístico. “Esto es una barbaridad jurídica”, dice Feu, que alerta como las plataformas del riesgo de “amnistías urbanísticas”.

Las modificaciones responden a una reivindicación histórica del sector de la construcción para agilizar la producción de vivienda. A finales de junio, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) publicó un informe que recomendaba reducir trabas burocráticas y regulatorias para agilizar la construcción de vivienda protegida, entre los cuales estaba limitar las nulidades totales de los planeamientos.

Pero incluso voces muy críticas con las patronales y constructoras asumen la importancia de esta medida. Es el caso de Ignacio Ezquiaga, economista experto en vivienda en Funcas, asegura que limitar las nulidades es algo “muy positivo” porque permitirá “desencallar” proyectos y que no se trunquen planes que estén bien por detalles que estén mal. “Cuatro años para impugnar es tiempo suficiente”, defiende sobre el otro punto.

Voces a favor de la norma

En la misma línea, Javier Burón, economista y director gerente de la empresa pública de vivienda de Navarra (Nasuvinsa), expresa que “es bueno que se diferencie entre vicios subsanables y no subsanables”. “Cambiar un plan general por cualquier error cuesta hoy muchos años y supone empezar de nuevo. Los inversores no van a poner dinero en un mercado donde todo puede cambiar en función de las impugnaciones. Debemos tener un urbanismo diligente sin caer en los vicios previos a la burbuja”, desarrolla Burón.

Las plataformas y la izquierda, mientras tanto, ponen como ejemplo el hotel del Algarrobico, en Almería, con 21 plantas a escasos metros del mar en el Cabo de Gata que fue declarada nula este mes de julio, 23 años después de que la licencia fuera concedida. Las obras quedaron paralizadas en el 95% de su ejecución en 2006, cuando un juzgado ordenó paralizarla tras las reivindicaciones de ecologistas. “Con esta ley, seguramente no se podría derribar El Algarrobico”, asevera Díez, de Greenpeace.

Los silencios administrativos positivos para edificar en zonas rurales o la eliminación del derecho de reversión para antiguos propietarios si en un tiempo no se ejecutan las obras planeadas de vivienda son otros de los aspectos que no convencen.

Las voces más críticas han visto similitudes entre las modificaciones de la Ley de Suelo estatal y la conocida como ley Líder aprobada el mes de julio por la Comunidad de Madrid. La Ley de Impulso y Desarrollo Equilibrado de la Región se votará en septiembre –y saldrá adelante, presumiblemente, con la mayoría absoluta del PP de Isabel Díaz Ayuso– y sustituye a la Ley de Suelo de 2001 y la Ley de Política Territorial, Suelo y Urbanismo de 1995. La nueva norma unifica las normas de urbanismo y de reordenación del territorio y disminuye el plazo de los planeamientos urbanísticos de doce a unos cuatro años.

El Gobierno de Ayuso justificaba la necesidad de la norma para agilizar la construcción de vivienda, pero las plataformas ciudadanas se oponen. Tampoco lo ve con buenos ojos el Ministerio de Vivienda, que en abril presentó alegaciones alertando de que los cambios presentados pueden abrir la puerta a la “especulación”, a la “privatización del suelo” y a los “pelotazos urbanísticos”. Lo mismo que denuncian las voces a la izquierda del ejecutivo central de la Ley de Suelo, informa África Gelardo.

Más allá de la Ley del Suelo, otras medidas del nuevo decreto sí que gustan a plataformas sociales como Greenpeace o el Sindicato de Inquilinas. Las nuevas prórrogas de dos años para inquilinos, las facilidades para que Casa 47 se haga con suelos públicos, la limitación temporal y formal del alquiler de temporada y de habitaciones o un mayor impulso económico y financiero a la vivienda asequible deben contribuir a mejorar la situación actual de la vivienda en España, según estas voces.

Pero, por mucho que se modifiquen o se eliminen del decreto los cambios a la Ley del Suelo, el decreto sigue sin contar sin los apoyos suficientes en el Congreso sin los votos de Junts. Para la formación catalana, el problema no son los aspectos urbanísticos, sino la no inclusión de medidas para desgravar a inquilinos e hipotecados. El reto de la ministra Isabel Rodríguez de conseguir un texto que satisfaga a unos y a otros en este mes no es sencillo.

El ministro de Industria, Comercio y Turismo, Jordi Hereu, ha anunciado este viernes un “principio de acuerdo” entre Airbus y los sindicatos mayoritarios Comisiones Obreras (CCOO), ATP, SIPA y UGT, que les permite “recuperar el poder adquisitivo por encima de la inflación” y sumar otros derechos reivindicados como comedor y flexibilidad laboral con teletrabajo. Los otros dos sindicatos convocantes de la huelga con paros que dura ya 35 días, CGT y ÚTIL, se han quedado a las puertas de la reunión en el Ministerio, a la que no les han permitido entrar, explican fuentes de ambos sindicatos.

“No era una negociación, a esta reunión estaban convocados los que estaban de acuerdo con el acuerdo”, ha zanjado Hereu. A la reunión ha asistido también el CEO global de Airbus, Guillaume Faury, que ha conversado brevemente con Hereu tras la reunión formal.

Fuentes de UGT precisan a elDiario.es que “no han firmado” ningún acuerdo, ni preacuerdo, que solo “han recogido una propuesta”. Según ha podido saber este medio, en la intervención de UGT ha expresado su “incomodidad” por la ausencia de los representantes de CGT y ÚTIL y ha “apoyado” la propuesta del Ministerio de Industria, al que ha agradecido su intermediación.

El portavoz de UGT ha precisado que la propuesta deberá pasar por los cauces de consulta a la plantilla, pero ha afirmado que el sindicato se va a mostrar a favor de lo que entienden que es una salida “digna” al conflicto.

Airbus ha mandado un comunicado tras la reunión en el que afirma que “la empresa y los representantes sindicales de ATP, CCOO, SIPA y UGT hemos llegado a una propuesta de entendimiento, facilitada y apoyada por el Ministerio de Industria, que nos permite alcanzar el consenso necesario para someterla a referéndum a todos nuestros empleados”. La multinacional destaca que “estos sindicatos suman el 88% de los representantes sindicales en Airbus”.

La propuesta se someterá a un referéndum por la empresa

Ahora, la multinacional volverá a someter esta nueva “propuesta de entendimiento” a un referéndum interno en la plantilla, como el que se realizó en julio y que rechazaron los trabajadores. Aún sin fecha, la votación se celebrará este mes de septiembre.

Desde las asambleas de trabajadores criticaron el procedimiento de votación de julio por la nula capacidad de supervisión por parte de los sindicatos, así como por la posibilidad de votar de los managers y otros altos cargos de la empresa a los que no se les aplica el convenio colectivo.

Airbus ha calificado la propuesta como “una solución equilibrada al conflicto”, que permite “proteger la estabilidad de la empresa, el bienestar y la seguridad de todos los empleados”, así como el futuro de la actividad industrial de la multinacional en España.

Alfonso Mora, responsable de CCOO en el Comité Intercentros, se ha mostrado a favor de la propuesta tras la reunión y ha afirmado que se explicará su contenido en los próximos días a la plantilla, de cara a la futura votación.

Las entradas en escena del ministro como mediador y del CEO global de Airbus que ha aterrizado en Madrid, al parecer, han sido claves para cerrar esta “propuesta de entendimiento”, a la espera de que los trabajadores den o no el visto bueno al acuerdo.

Bronca por la negociación durante el conflicto

Tras un mes de tensión, el jueves las asambleas de trabajadores de Sevilla y Getafe, dos de las mayores plantas de la compañía en España, expresaban su descontento, no solo por la falta de acuerdo. También, acusaban a la empresa de dividir a la plantilla de forma “ilegal” y con “mala fe” al cerrar la mesa con el comité de huelga y trata de ubicar un acuerdo en otro foro con todos los sindicatos. La empresa aeronáutica tiene 14.000 trabajadores repartidos en cinco centros en toda España.

Fuentes sindicales de CGT y ÚTIL han expresado su malestar por la forma en que se ha cerrado el acuerdo. Tras haber sido invitados al acto, a los representantes de ÚTIL se les ha invitado a una sala para una reunión previa donde los abogados de la empresa les han asegurado que “lo de este viernes no era una negociación”, explican en el sindicato.

Aunque les han dicho que hablarían con el secretario, han estado dos horas en una sala de espera, cuentan, sin poder mediar. “Nos han aclarado que solo querían reunirse con aquellos que estaban de acuerdo con los términos del acuerdo”, cuentan estas fuentes. Pero solo a posteriori han recibido un borrador de este acuerdo, sin darles oportunidad de explicar su postura.

Fuentes de CGT confirman la misma situación, en las que se les ha derivado a otra sala, sin conocer la propuesta de entendimiento ni permitirles entrar en la reunión. Según fuentes del sindicato, sin ninguna explicación sobre esta exclusión.

El ministro Hereu ha querido quitar hierro al malentendido con los sindicatos y ha invitado a CGT y ÚTIL a “unirse al acuerdo”. Ha asegurado que “Airbus es una empresa estratégica para Europa y para España” y que el acuerdo supone “un paso adelante importante” para garantizar su competitividad.

El ministro ha puesto de relieve la importancia del “diálogo social” para los avances y la competitividad industriales. “Es un magnífico principio de acuerdo, porque salen ganando los trabajadores pero la empresa garantiza viabilidad y competitividad”, ha añadido. “La inmensa mayoría está a favor del acuerdo. Necesitamos un fuerte respaldo porque este acuerdo es el que garantiza el futuro de la empresa”, ha completado.

Hereu también se ha expresado sobre el posible fin de la marca Seat anunciado por Volkswagen, que la sustituirá paulatinamente por Cupra. “Es evidente que Seat es una gran marca”, ha dicho Hereu. “Quiero recordar que nacen proyectos industriales en base a la recuperación de marcas, como Santana o Ebro”, ha añadido, y ha expresado su querencia por Seat, “una de las grandes marcas”. “Espero que en un futuro podremos hablar del desarrollo industrial ligado a esta marca”, ha completado.

Espero que hayáis tenido un muy buen verano. Veréis que los primeros días sentís que la vida con obligaciones no tiene sentido, pero no os preocupéis, el tiempo arrastrará esa sensación como las olas hacen con las huellas y convertirá el dolor en bonitos recuerdos. En mi caso, tengo la suerte de regresar a un trabajo que me gusta y me permite aprender cada día y abordar uno de los principales problemas sociales y económicos: la vivienda. Entender cuáles son las causas, quiénes son los responsables de este problema y señalarlos es estimulante y te hace sentir útil, pero no negaré que es también frustrante la sensación de que, por más que se denuncie, el problema persiste.

La izquierda y lleva un tiempo señalando sobre todo a los grandes fondos y empresas como responsables por las desbocadas subidas de precio, sobre todo del alquiler. Siempre he tenido reservas con respecto a esta lectura: si bien está claro que en el alquiler de temporada y de habitaciones para saltarse la ley ellos lo hacen a escala y exprimen los precios al alza en general, no cuesta nada encontrar a pequeños caseros o dueños de inmobiliarias medianas que prefieren poner al límite a sus inquilinos o echarlos para ganar más que hacer primar la estabilidad o, si me apuras, los derechos humanos. De hecho, lo que cuesta es encontrar a quien apueste por este último.

Para mí, fue importante publicar hace unas semanas, con nombres y apellidos, cifras, el rostro de uno de los responsables e historias humanas, el caso del Paseo Chopera, 29, en Madrid. Allí, el dueño de todo el bloque ha ido echando a inquilinos e inquilinas para alquilar los pisos por habitaciones, incluido uno nuevo que elimina el comedor, y llega a duplicar o triplicar los precios que superan los 2.500 euros por piso donde antes eran poco más de 800. Lo hace no con expats o ricos, sino con personas para las que puede ser difícil acceder a una vivienda entera, por precio o por condiciones, y que no tienen los mejores contactos o condiciones (parejas, por ejemplo) para entrar en pisos compartidos del mercado normal, por decirlo de algún modo.

Esta investigación no llevará a un cierre de los pisos o a una detención porque este realquiler de pisos y habitaciones es totalmente legal. Por tanto, las administraciones son cómplices de esta situación. En Catalunya y en Navarra, además de aplicarse la ley de vivienda con los topes al alquiler, se limita que la suma de las habitaciones no pueda superar el precio total de una vivienda. Allí, al menos, esta práctica sería ilegal y se podría denunciar. En España, el fraude y la especulación con pisos por habitaciones y de temporada está totalmente normalizado y amparado por la ley.

Es por eso, entre otras cosas, que el decreto de vivienda que volvió en julio a quedar en un cajón ante las oposiciones de Junts y Podemos, es tan importante. Lo que no será es suficiente. Porque el nuevo texto pone coto al alquiler de temporada y de habitaciones, que quedan al amparo de la LAU y considerados como vivienda habitual, de forma que los derechos de los ciudadanos quedan más protegidos. Pero en lo que respecta al precio, por mucho que determine, como en Catalunya, que la suma de habitaciones no debe superar el precio total de la vivienda, ¿Cómo se puede eso calcular si el precio no está topado? Es decir, si las habitaciones de 500 euros sumadas llegan a 2.000 euros, ese es el precio del piso, que no responde al índice de precios en las comunidades donde se aplica la ley de vivienda. Por tanto, esta práctica especulativa extrema seguirá siendo posible incluso si se aprueba el decreto de vivienda, que debe ir a Consejo de Ministros este mes de septiembre.

El dato

41%

Es lo que ha subido el precio de la vivienda en el primer semestre en Cantabria, la comunidad donde más lo ha hecho, cuatro veces más que la media española, que ha sido de un 8,8%.

Poder público

La trágica muerte del secretario de estado de vivienda, David Lucas, ha forzado cambios entre los cargos del ministerio. Su puesto lo ocupará Leire Iglesias, hasta ahora presidenta de Casa 47, cargo que ostentará a partir de ahora Maribel Ramos. En el primer acto al que asistieron tras el nombramiento, en Navarra, la ministra Isabel Rodríguez anunció una transferencia extra de 90 millones a los territorios que apliquen la ley del alquiler, con los 59 millones de Catalunya y los 15 de Euskadi a la cabeza, por los 6,6 para Navarra, 5,1 a Galicia y 2,9 millones para Asturias.

Poder privado

Neinor Homes se ha convertido, con la compra de Aedas por 923 millones, en una de las mayores inmobiliarias de España. Sumando la capacidad de ambas empresas, que mantendrán identidades separadas, alcanzan las 7.500 viviendas entregadas al año, de las 100.000 censadas en toda España anualmente. Aedas entrega estos meses sus primeras viviendas del polémico Plan Vive en Navalcarnero, Villalbilla y Aranjuez y cabrá ver si comete los mismos abusos que Avalon y otras empresas: cobros excesivos por el trastero y el garaje, cargar el IBI y los gastos de comunidad mal justificados a los inquilinos y una serie de irregularidades en las obras y los mantenimientos. Neinor, por su parte, se deshizo de la cartera de alquiler y vende obra nueva por precios que oscilan entre los 300.000 y los 500.000 euros, mayoritariamente.

El lector denuncia (o consulta)

Contaba el pasado fin de semana en Canarias Ahora Jennifer Jiménez el caso de Vivian Suárez, con fibromialgia, que camina con andador y vive en un trastero prestado en un quinto sin ascensor ante la falta de soluciones. Lo explicó gracias a un correo de denuncia a vivienda@eldiario.es. Si quieres denunciar este tipo de situaciones u otros como comisiones excesivas de inmobiliarias, etc, no dudes en escribir.

Me despido deseándoos una cuesta de septiembre lo más ligera posible. Dormid mucho y bebed mucha agua para recargar las pilas.

El Gobierno transferirá 90 millones de euros a “los territorios que están aplicando la ley de vivienda y que están congelando los precios de alquiler”, según ha anunciado este miércoles la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, en la visita a un complejo residencial en Lekunberri (Navarra) con 34 nuevas viviendas de Casa 47 .

El reparto entre las cinco comunidades que ya aplican los topes y otras regulaciones, Catalunya, País Vasco, Navarra, Galicia y Asturias, se establece en función de la población residente en zona tensionada y el porcentaje de población con sobreesfuerzo para pagar el alquiler.

El dinero se destinará a promover y construir más vivienda pública para rehabilitar vivienda y dedicarla alquiler asequible, para adquirir suelos de los ayuntamientos o de particulares y poder construir sobre esos suelos para desarrollar y urbanizar suelos o para comprar las administraciones públicas vivienda, ha explicado.

Con estos parámetros y usos, Catalunya recibirá 59 millones, Euskadi 15 millones, Navarra absorberá 6,6 millones, Galicia obtendrá 5,1 millones y el principado de Asturias tendrá 2,9 millones.

A Catalunya le corresponden 56 millones por tener a 7,39 millones de habitantes viviendo en zonas tensionadas y 3,2 millones más por tener un 9,15% de los hogares en situación de sobreesfuerzo del alquiler.

Euskadi recibe 8,9 millones por tener 1,7 millones de personas viviendo en zonas con mercados calientes de alquiler y 6,5 millones por su 18,3% de población en situación de sobreesfuerzo de alquiler, el porcentaje más elevado de las comunidades perceptoras.

Navarra, por su parte, recibe 3,5 millones por sus 468.000 habitantes en zonas tensionadas y 2,4 millones por el 6,8% de ciudadanos en sobreesfuerzo de alquiler.

Galicia percibe 2,6 millones por sus 352.000 personas residentes en zonas tensionadas y 2,4 millones más por su 6,8% de población que paga más de un tercio de su salario en el alquiler.

Por último, Asturias percibe 264.00 euros por sus 34.657 personas que residen en zonas tensionadas y 2,69 millones por el 7,57% de población a quien se le exige demasiada porción de sueldo para pagar el alquiler.

Se estrena la nueva secretaria de Estado

En el acto, se han estrenado oficialmente las recién nombradas presidenta de Casa 47, Maribel Ramos, y Leire Iglesias, secretaria de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, que ocupa el cargo tras el fallecimiento de David Lucas el pasado 20 de julio.

“Se trata de comprar vivienda para la gente, no de comprarse los áticos para las presidentas”, ha aseverado la ministra, quien ha contrapuesto las políticas de su Gobierno con las de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien, ha comentado, “se va a Miami a decirle a los ricos de allí que vengan a comprarse Madrid por barrios”.

Tras valorar los pasos que se están dando en comunidades como Navarra o Cataluña, ha subrayado que los ciudadanos deben saber que si no se les congela el precio del alquiler es “porque la del ático no quiere congelar y es porque el andaluz Moreno Bonilla no quiere congelar o es porque Azcón no quiere congelar”.

Actualmente en España, ha señalado, “hay ya más de 9 millones de españoles y españolas con presidentes y presidentas responsables que miran por ellos que les han congelado el precio del alquiler y que están haciendo políticas públicas para bajar esos precios y tener alquiler asequible”.

Preguntada por la tramitación del decreto de vivienda, ha subrayado que “el Gobierno tiene un texto listo y preparado en el que todos los grupos políticos pueden verse identificados”.

Un decreto, ha detallado, con medidas que tienen que ver con la persecución del fraude en los alojamientos de temporada y de habitaciones, medidas para facilitar la movilización de vivienda vacía o de rehabilitación de vivienda para ponerla en alquiler asequible, medidas que facilitan a las empresas públicas y a los ayuntamientos y otras administraciones, la disposición y constitución de suelo “con garantía y con rigor”.

A ello ha sumado el apoyo también a medidas de incentivos en el ámbito de la adquisición hipotecaria.

Se trata de un “acuerdo muy transversal” que precisa de “consenso y acuerdo”, ha indicado la ministra quien ha reconocido las dificultades con las que se encuentra un gobierno en minoría.

“Mañana mismo hay una comparecencia del presidente del Gobierno y vamos a estar allí todos juntos, será un buen momento para que podamos seguir ahondando en esas conversaciones”, ha dicho. “Hoy por hoy no tengo la confirmación de todos los grupos necesarios para poder hacerlo”, ha comentado pero ha opinado que están “mucho mejor que en otras ocasiones para alcanzar ese acuerdo”.

Tras reconocer que desea que sea “lo antes posible” ha puntualizado que “no es tan relevante llevarlo a Consejo de Ministros como el convalidarlo en el Congreso de los Diputados”.

La hasta ahora presidenta de la nueva empresa de vivienda pública Casa 47, Leire Iglesias, ha sido nombrada este martes en Consejo de Ministros nueva secretaria de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, puesto que ocupaba David Lucas, que falleció el pasado 20 de julio.

Según ha informado el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, presidirá la entidad estatal Maribel Ramos, hasta ahora Directora del Parque de VIvienda Asequible de Casa 47 y antes directora general de Hogar Sí.

Leire Iglesias ha sido presidenta de Casa 47 desde su constitución en diciembre del año pasado, cuando sustituyó al SEPES con el ambicioso objetivo de impulsar la vivienda protegida estatal, especialmente la asequible para clases trabajadoras más que para colectivos vulnerables. Bajo la idea de que la vivienda pública sea equiparable a la sanidad o a la educación públicas, es decir, esté al alcance de todos, esta empresa estatal debe reforzar la vivienda protegida de las comunidades autónomas. Para ello, la absorción de miles de viviendas y suelos del banco malo Sareb debe ser el primer impulso.

Nacida en Hondarribia en 1978, Iglesias fue primero consejera de Cultura de Igualdad y después consejera de Movilidad, Transporte y Vivienda de Extremadura, de 2019 a 2023. Ha sido también diputada en el Congreso y secretaria general adjunta de la OIJ entre 2001 y 2009, organismo internacional que promueve la cooperación iberoamericana. Ha sido también directora general de Injuve entre 2004 y 2008.

La nueva presidenta de Casa 47, Maribel Ramos, estudió psicología, tiene diversos másters y empezó su carrera como profesora y después coordiandora en la Universidad de Salamanca. Fue técnica de igualdad, project manager y consultora freelance en administraciones públicas antes de convertirse en subdirectora general de Hogar Sí durante 10 años, entre 2014 y 2025.

Tanto Iglesias como Ramos tienen ante sí el reto de impulsar la vivienda pública en España en los próximos años bajo el paraguas del ministerio liderado por Isabel Rodríguez, creado en su formato actual en el año 2023 para combatir la actual crisis de acceso a la vivienda. El Plan Estatal de Vivienda, del cual se acaban hacer las primeras transferencias a las Comunidades Autónomas, busca reforzar a las autonomías en este despliegue y en las ayudas al acceso a la vivienda con algunas condiciones como que la vivienda sea protegida para siempre.

En cuanto a Casa 47, se encuentra en el proceso de absorción de 45.000 viviendas y 2.400 suelos de la Sareb, así como a la búsqueda de las primeras viviendas usadas para comprar mediante una oferta pública de 100 millones de euros. Las primeras convocatorias para acceder a alquiler asequible ya están abiertas en su web.

El ministro de Economía, Comercio y Empresa y vicepresidente del Gobierno, Carlos Cuerpo, ha anunciado este martes en Consejo de Ministros el paquete de ayudas económicas para que la ciudad de Ceuta se recupere después de la crisis fronteriza provocada por la llegada masiva de migrantes. En total, el ejecutivo central destinará 80 millones a reforzar a trabajadores y empresas de la ciudad autónoma, así como 500 millones en los próximos cinco años en exenciones fiscales que pasan a ser estructurales. También se destinarán 229 millones para reforzar el sector público. Estas son las principales medidas.

La compraventa de viviendas ante notario registra un enfriamiento ya generalizado y estable de las operaciones, según los expertos porque los valores están por encima de lo que esperan pagar los compradores, pero los precios no bajan, ni se espera que lo hagan a menos que se produzca una crisis económica. Según los datos del Consejo General del Notariado, tras seis meses de caídas en las operaciones y un 5,6% en junio, el acumulado es del 7,7% menos de compraventas. Pese a ello, los precios suben un 8,8% en comparación a junio del año pasado y ya superan los 2.100 euros por metro cuadrado.

Las cifras difieren de las del Instituto Nacional de Estadística, que indicó un aumento de operaciones en junio, porque el órgano se rige por el Registro de Propiedad, que se formaliza meses después de que los notarios validen la escritura. O sea, que el desfase temporal puede indicar que los notarios avanzan la tendencia que tomará el INE.

Los precios han subido en el mes de junio en 15 de las 17 Comunidades Autónomas, con las únicas excepciones de Baleares (un 2% menos) y Navarra, con una caída del 0,4%. La subida más impactante se ha dado en Cantabria, con un 41,6% más hasta alcanzar los 2.286 euros por metro cuadrado, por encima de la media española de 2.114 euros. En Murcia, los precios han subido un 22,1% hasta los 1.457 euros por metro cuadrado y en la Comunidad Valenciana un 21% hasta los 1.951 euros por metro cuadrado.

Mientras que en Madrid y en Baleares el metro cuadrado supera los 4.000 euros de media, en Euskadi está en 3.200 euros y en Catalunya en 2.526 euros por metro cuadrado, con variaciones importantes entre provincias y dentro de cada provincia. También superan los 2.000 euros en Cantabria (2.286) y se queda cerca Comunidad Valenciana (1.951 euros).

En total, se han registrado en junio 50.458 compraventas de vivienda y 353.237 en lo que va de año, casi 30.000 menos que en el primer semestre del año pasado. Curiosamente, la misma comunidad de Navarra que es de las pocas donde los precios bajan es también en la que más aumenta el número de operaciones en junio, un 18,6%. También aumentaron en Comunidad Valenciana (7,9%), Cantabria (5,4%) y Castilla y León (4,8%). Descendieron en el resto, pero sobre todo lo hicieron en Baleares, con un 11,4% menos de compraventas, La Rioja (un 12,5%) y Euskadi, con un 14,2% menos en el mes de junio.

Aunque haya caído la compraventa de viviendas, los préstacos hipotecarios han crecido levemente, un 0,2% anual, lo cual significa que han caído especialmente las ventas de vivienda pagadas sin hipoteca. La cuantía media de la hipoteca ha subido un 7,3% hasta llegar a los 188.785 euros. Un 53,7% de las viviendas fueron financiadas por préstamos hipotecarios y se financió de media el 72,3% del precio.

El informe de los notarios también analiza la constitución de sociedades, que creció un 2,1% en el mes de junio con 11.152 nuevas empresas. Asturias, con un 40% más, fue donde más crecieron y Cantabria, con un 8,5% menos, donde menos.

Aunque el mercado de compraventa de viviendas se haya enfriado en los últimos meses tras un año de récords, las hipotecas no aflojan pese al aumento del euríbor. Coincidiendo con un mes de junio en que se rompió la dinámica de cinco meses de caída de la venta, los préstamos para comprar casa se han disparado un 10% en este mes de junio con respecto al anterior, hasta alcanzar un total de 45.907 hipotecas, el máximo en un mes de junio desde 2010, justo antes de que estallara la burbuja en España.

El tipo de interés medio en las hipotecas se mantiene estable con una leve caída hasta el 2,96% con respecto al 2,98% del mes de mayo. Es el sexto mes del año con una tasa inferior al 3%, cifra que se bajó por primera vez en dos años en febrero del año pasado.

El plazo medio para pagar una hipoteca se sitúa en 25 años, mientras que el importe medio es de 178.365 euros, un precio que no alcanza para comprar una vivienda de 40 metros cuadrados de segunda mano en las grandes ciudades o municipios más caros de España.

Aunque existen posibilidades de que el tipo de interés vuelva a caer, las hipotecas a tipo fijo siguen siendo las preferidas en un 61,7% de los casos, por un 38,3% a tipo variable, que se firman con un interés más alto de entrada, al 3,07%, por un 2,98% en el caso de las de tipo fijo.

Si comparamos las operaciones con el mes de mayo, el número de hipotecas creció un 8,8% mientras que el capital prestado aumentó un 10,9% para alcanzar un total de 8.188 millones de euros de capital prestado, un 17,5% más que en junio del año pasado.

Andalucía, con 9.321 hipotecas, Catalunya, con 8.045, Madrid (6.976) y Comunidad Valenciana (5.676) son las que más préstamos hipotecarios firmaron. Pero las que más crecieron fueron Canarias, un 31,4%, Castilla-La Mancha, un 23,2% y la Comunitat Valenciana, un 16,1%, seguida de Andalucía (14%) y Catalunya (14%), que junto a Navarra (12,5%) crecieron más que el total español.

El crecimiento de compra y de préstamos hipotecarios no supone un riesgo de burbuja porque, según los expertos, los bancos se han protegido contra la morosidad que desembocó el frenesí hipotecario previo a 2008.

“La evolución reciente apunta a que difícilmente volveremos a los niveles de financiación extraordinariamente bajos que vivimos en años anteriores”, apunta al respecto el director de estudios de Pisos.com, Ferran Font. “La estabilización de los tipos de interés está contribuyendo a sostener la actividad, pero el principal condicionante del acceso a la vivienda continúa estando en los desequilibrios estructurales del mercado”, apunta, así como señala a la dificultad de ahorro para la entrada del piso como una de las principales barreras para comprar piso.

Está de acuerdo con ello Yogi Tadhani, country manager de Finteca, quien además asegura que “la barrera para acceder a una vivienda ya no son los tipos de interés. Con unas condiciones de financiación mucho más favorables, el verdadero desafío vuelve a ser el precio de la vivienda y la capacidad de reunir el ahorro”. “Muchas familias retrasaron la compra por la incertidumbre sobre la evolución de los tipos de interés. Hoy ese factor se ha reducido significativamente y eso está devolviendo dinamismo al mercado”, añade.

Cuando Celeste, odontóloga, se reunió con su por entonces casero en febrero de este año para ver si le renovaría el alquiler de su piso compartido en Paseo de la Chopera, 29, en Madrid, la respuesta fue negativa. “El negocio está cambiando, me sale más a cuenta alquilar a empresas que lidiar con los inquilinos”, cuenta que le dijo Juan Luis del Pozo, dueño del edificio. Desde hace ya unos años, la mayoría de inquilinos se tienen que ir cuando finalizan el contrato, como hizo poco después Celeste. El dueño alquila las viviendas a la empresa Madrid Compartido, gestionada por un joven inmobro, que a su vez convierte el comedor en habitación para realquilar el piso troceado por cuartos, pasando de repente de costar 900 a unos 2.000 euros en plena crisis de vivienda.

Lo constata ante el bloque una vecina que paga 690 euros por una habitación donde vive con su pareja. Viven en total 8 personas en su piso, entre quienes viven solos y en pareja en la habitación. Confirma que el apartamento tiene ahora cinco habitaciones y ningún salón y explica que el precio varía en función del tamaño del cuarto y también de la demanda. “Cuando está mucho tiempo vacío, lo bajan”. Con precios que oscilan entre 450 y 690 euros, el piso en total no baja de los 2.500 euros. En el portal, hasta 16 timbres tienen como etiqueta “no funciona”.

“Lo aceptamos porque no piden papeles, es mucho más rápido que cualquier otro alquiler”, cuenta María, venezolana, que está buscando alternativa y espera que le sea más fácil ahora que se ha acogido a la regularización. Los buzones del portal reflejan esta nueva realidad, que expulsa a inquilinos, ahoga a los nuevos y es totalmente legal: siete de los 48 buzones del bloque tienen el logo de la empresa en vez del nombre de sus inquilinos.

Los contratos de habitaciones no se rigen por la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) y otorgan menos derechos que los de vivienda habitual, a la espera de que el nuevo decreto que negocia el Gobierno cambie esta situación. Para el rent to rent de estos pisos, como se conoce en el sector a la práctica de alquilar para subarrendar, la empresa de Del Pozo, Hice SL, dueña del bloque, se alía con Madrid Compartido, nombre de cara al público de Domático 22, gestionada por el inmobro (como se conoce a los jóvenes que promocionan la especulación de vivienda en las redes como si fueran criptomonedas) Juan Carlos Atroche.

Juan Carlos tiene solo 26 años y a los 23, hace tres años, ya presumía de gestionar 197 habitaciones en ‘Libre a los 30’, un pódcast de YouTube de entrevistas con especuladores. En su intervención, no escondía el modus operandi de sus negocios y decía preferir el alquiler de habitaciones por varios motivos.

En general, es “mucho más rentable”, pero incluso en un caso en el que ganaba menos dinero, lo prefería: “Tengo un bajo de 30 metros cuadrados que tiene una habitación y un salón y lo hemos convertido en dos habitaciones. Gano 50 euros menos que si lo alquilara entero, pero el dinero que se gana por la rotación, la tranquilidad de ir a ver el piso cuando yo quiera…”. “A mí me gusta ir a ver el piso cuando me apetezca y eso en un alquiler habitual no lo puedes hacer”, explicaba.

En efecto, un contrato firmado fuera de la LAU permite que el tiempo sea el pactado por las partes y, en general, la gente abandona este tipo de vivienda pasados unos meses por su elevado precio y poco espacio de intimidad. Y también queda fuera de la prohibición de cobrar honorarios. “Hay habitaciones de 700 euros que han estado un mes y se han ido, han pagado el mes de inmobiliaria y se han ido y has ganado 1.400 euros en un mes”, contaba entre risas. “A mí me cancelan 10 o 12 personas al mes”, añadía aclarando que podía ganar dinero con la gestión incluso con gente que no llega a pisar las habitaciones.

María, inquilina actual de una habitación, confirma este extremo como clienta: ella tuvo que pagar la mitad del precio de su habitación por la intermediación. Paola, nombre ficticio, es otra inquilina que vive hoy en una habitación alquilada y muestra el contrato que prueba que la habitación está a nombre de Domático 22 y no de Hice, SL.

Paola, contable de 33 años, llegó a esa habitación el año pasado con su pareja a través de Idealista y la dejó hace unas semanas. Pagaba 550 euros, pero “pocos meses después, la misma habitación en otros pisos estaba a 620”, cuenta. Su piso tenía 4 habitaciones, uno menos que el de María, y llegaron a convivir en él hasta tres parejas, un total de siete personas. A 500 euros de media, tampoco debía bajar de los 2.000 euros. Paola estudia además ahora denunciar a Domático porque no les devuelven la fianza ni responden a sus llamadas.

En la entrevista de Youtube de 2023, Juan Carlos cuenta que realiza inversiones de más de 10.000 euros para adaptar el piso al alquiler y que después puede pagar de alquiler unos 800 euros para llevarse 1.581 al mes por los alquileres de habitaciones. En el piso de Chopera, todo apunta más bien a que pueda pagar unos 1.200 de alquiler y llevarse 2.000, pero ni Juan Carlos ni Juan Luis han respondido a las peticiones de elDiario.es.

Paola cuenta que “cualquier reparación era una batalla”, como por ejemplo un arreglo de la caldera que les llevó a estar un mes sin agua caliente. La convivencia en esta especie de habitaciones calientes “se puede hacer dura”, cuenta Paola, que enumera unas 12 personas que vivieron con ella en varios meses. “No hay convivencia. Cada uno va a su ritmo. Vienes a dormir, te despiertas, vas al trabajo y vuelves a casa a dormir”, relata.

La ya ex inquilina asegura que en uno de los pisos ha llegado a haber turnos para dormir porque en una misma habitación podían vivir unas 7 personas. “La mayoría de gente son migrantes, que aceptan estas habitaciones porque no tienen nada y es la forma rápida de acceder a vivienda sin presentar una gran cantidad de documentación”, explica Paola, “pero esta convivencia te puede llegar a enfermar”, remata contundente. Ella y su pareja, además, encontraron esta vivienda después de ser estafados por un supuesto propietario que les cobró una fianza sin tener ningún piso.

Además de Celeste, la ex inquilina del primer párrafo, elDiario.es ha hablado con otras tres inquilinas que tuvieron que abandonar su piso en Paseo de la Chopera al vencer el contrato. En algunos casos, el casero ha renovado el alquiler a inquilinos antiguos y otros viven a la espera de saber qué pasará.

Es el caso de Rocío, nombre ficticio, a quien le quedan un par de años de contrato y ya se va haciendo a la idea de que le tocará salir. “Desde que han ido entrando los pisos por habitaciones, la convivencia ha ido empeorando porque no le pones cara a los vecinos. Duran unos meses y se van”, cuenta. Y denuncia, además, que las basuras están descontroladas a pesar de que el casero ha decidido que paguen ellas el impuesto.

Echando a los inquilinos incómodos

En 2023, cuando el dueño del bloque todavía no había empezado su migración al alquiler de habitaciones por el doble de precio, el casero ya tuvo un conflicto legal con algunos inquilinos. La empresa de Juan Luis del Pozo se negó a cumplir el tope del 2% de subidas anuales de alquiler que había aprobado el Gobierno con motivo de la guerra de Ucrania, y la presión colectiva a través del Sindicato de Inquilinas hizo que el casero cediera y devolviera 25.000 euros, unos 175 por hogar, informó El Salto. Además, pretendía rescindir los contratos para subirlos un 60%, denuncian los exinquilinos.

Inmediatamente, empezó a proponer subidas del 60% para los contratos que vencían y pocos meses después comenzó a poner sus viviendas al servicio del realquiler por habitaciones. A quienes estaban implicados en la lucha por pedir el cumplimiento de la ley no se les renovó el contrato. La lucha unió a otros dos bloques también propiedad de la misma empresa, en la madrileña calle Valladolid, en Casa de Campo, y en Martín Cerezo, en el barrio de San Isidro.

La empresa inmobiliaria de Juan Luis del Pozo, Hice, S.L., facturó 698.000 euros en 2025, de los que consiguió 278.000 de beneficio con tan solo dos personas contratadas, según cifras del registro mercantil. La familia tiene otras empresas con las que gestiona los otros bloques: Caspima facturó 472.000 y ganó más de 90.000 en 2023 y de Cosvaz figuran resultados de 2020 con medio millón de euros de facturación y 278.000 de beneficio. En total, por el alquiler de unos 160 inmuebles facturan algo más de millón y medio con un beneficio que ronda el medio millón.

En cuanto a la empresa de Juan Carlos, Domático 22, conocida por el público como Madrid Compartido y marca de la empresa Boende 22, facturó 154.000 euros en 2024, último ejercicio disponible, con solo dos años de vida. Casi toda la cifra de negocios se tradujo en beneficios, que alcanzaron los 121.867. Pero es que, además, registró como “otros ingresos de explotación” 1,6 millones de euros, seguramente porque ahí es donde se imputan los alquileres. Por entonces tenía 11 trabajadores contratados.

Madrid Compartido tiene 50 pisos publicados en Idealista con precios que van de los 400 a los 650 euros al mes. Entre los anuncios, hay uno en Paseo de la Chopera por 550 euros en un piso a compartir con 9 personas y que exige el pago de gastos de gestión.

En octubre de 2024, Facua pidió investigar a la empresa porque descaradamente anunciaba el alquiler de habitaciones como “una vía legal para esquivar la nueva ley del alquiler y multiplicar tus ingresos como propietario”. “Te ofrecemos la flexibilidad necesaria para subir el precio del alquiler, decidir la duración del contrato y establecer cláusulas que la legislación de arrendamientos urbanos no permite”, decía el anuncio.

Mientras España vive un verano con aeropuertos al límite y en Mallorca estalló recientemente la mayor protesta contra el turismo masivo de los últimos años, Aena avanza en su proyecto de inversión de 13.000 millones para ampliar la red de aeropuertos españoles. Un nuevo estudio de Transport and Environment alerta de que los vuelos tienen un impacto directo en los precios del alquiler y pone cifra a su predicción: subirán 217 euros al año en los próximos 5 años con los incrementos de vuelos esperados.

Estos 18 euros al mes son una media muy por debajo de lo que pueden subir en las zonas más turísticas y superior a lo que aumentará en los lugares con menos llegadas, explica a elDiario.es uno de los autores del estudio, el economista de New Economics Foundation Alex Chapman, que avanza que pronto publicarán otro informe que estudia los impactos en el ámbito global.

En base a la literatura ya existente que reconoce el impacto del turismo en el precio de compra de la vivienda, incluido el último informe del Banco de España, Chapman asegura que se observa un patrón en el que “los alquileres absorben cerca de un 70 o 80% de las subidas de la compraventa”, si bien esta es más “volátil” en España mientras que el alquiler sigue una evolución más lineal. A partir del reconocimiento del Banco de España de que el turismo impacta en los precios de compraventa, se puede extrapolar

La gran ampliación del Prat, que debe elevar su capacidad de 55 millones de pasajeros hasta los 80 millones en 2033, puede convertir a Barcelona y su entorno, una de las zonas más presionadas, en la principal afectada por los incrementos vinculados al turismo.

Chapman desconfía del discurso oficial que apunta a que las ampliaciones de los aeropuertos van enfocadas a viajes de negocios y pueden repercutir en inversiones industriales por la mayor conectividad. “En los últimos años, la demanda de los viajes de negocios no ha aumentado porque hay más reuniones on-line. Además, los destinos que más crecerán serán los que aportan turistas, no inversiones”, asegura.

Un beneficio para unos pocos

Y cuestiona el estudio de la UB sobre el impacto económico de la ampliación del aeropuerto del Prat, que prevé una suma de 97.000 millones adicionales al PIB en 20 años y la creación de 83.000 empleos. “La mayor parte de este crecimiento del PIB irá a las manos de grandes empresas hoteleras. Además, el estudio no atiende a daños colaterales, como el hecho de que el incremento del precio del suelo desincentivará inversiones industriales”, afirma Chapman, que se atreve a pronosticar que el crecimiento de llegadas de turistas cueste 1.000 millones de inversiones productivas a España por esa subida de precios.

“Incluso los economistas conservadores o de derechas deberían mirar el retrato completo del impacto económico, y no solamente los impactos directos”, opina.

En el supuesto de que los viajes sean de negocios, en cualquier caso, también tienen un impacto en el mercado de vivienda porque se realizan “vacaciones de negocios”, apunta Chapman.

También es crítico con las nuevas modalidades de turismo combinado con trabajo que aportan los nómadas digitales, que desde 2023 cuentan con un visado especial para residir y cotizar en España. “Aunque el nuevo visado para nómadas digitales del Gobierno español tiene un primer impacto positivo por la recaudación de impuestos, si miramos el impacto de esta población en los precios de la vivienda puede no ser una mejora neta del estado del bienestar”.

El estudio de Transport and Environment y New Economics Foundation no cuenta en su predicción con los posibles impactos de las políticas públicas o regulaciones de precio en los alquileres. Pero Chapman cree que es muy difícil que cualquier limitación revierta este incremento “a no ser que haya una apuesta decidida por la vivienda de alquiler social y asequible”. “En algunas zonas topadas, los precios pueden seguir subiendo con los nuevos contratos que se firmen y se puede desincentivar la movilidad laboral porque un inquilino no quiera perder su alquiler topado”, apunta.

El estudio prevé que España sea el segundo país con mayores subidas del alquiler por detrás de Irlanda, al tiempo que será el tercero donde más crezca el turismo, un 11% por detrás de Grecia y Portugal. Y alerta que Baleares, con 9,2 llegadas de turistas extranjeros por residente, octavo nivel más alto de las regiones europeas; Canarias, en el puesto 13 con 4,9 y Catalunya, en el puesto 33 con 2 llegadas por residente serán las zonas más expuestas a subidas. La media de llegadas de turistas internacionales en la Unión Europea es de 0,9 visitantes por vecino.

La sostenibilidad, otro problema

Más allá de la vivienda, Chapman también cuestiona que la ampliación de los aeropuertos pueda darse sin una subida de emisiones de CO2, puesto que “la propia IATA (Asociación Internacional del Transporte Aéreo) ha puesto en entredicho los objetivos de emisiones cero del sector porque los combustibles sostenibles SAF no están suficientemente avanzados ni son rentables”.

En efecto, la propia IATA apunta que solo el 0,8% del combustible utilizado por los aviones hoy en día es SAF, muy lejos del 65% esperado para 2050 con tal de cumplir con el compromiso de emisiones cero. “El coste de las emisiones no se está pagando y en 2040, Reino Unido prevé que el sector aéreo sea el mayor contaminante”, alerta el economista.

El Banco de España destacaba hace unas semanas que el déficit de viviendas en España es de 750.000 unidades por la mayor creación de hogares que construcción de casas. Para cubrir parte de este déficit, la vivienda ya construida podría jugar un papel clave, teniendo en cuenta las completas cifras que mostraba al arrancar el verano el informe estadístico anual del Ministerio de Vivienda. Una de ellas es que el 28,6% de las viviendas en España no son principales, un total de 7,7 millones de viviendas que podrían cubrir diez veces el déficit residencial, por los 19,3 millones de viviendas principales.

La última afirmación no debe tomarse literal, porque no necesariamente es donde están esas segundas residencias o viviendas vacías o turísticas donde se crean los hogares y existe la demanda. Pero al contrario de lo que pudiera parecer, el estallido de la burbuja inmobiliaria no supuso una gran caída de las viviendas no principales en España por la pérdida de segundas residencias.

Una vivienda principal (o vivienda habitual) es el inmueble donde una persona o familia reside de forma efectiva durante todo el año o la mayor parte de él. Legalmente, una persona solo puede tener una residencia principal a la vez. Administrativamente, se demuestra mediante el empadronamiento.

En comparación con otros países europeos, con cifras de Eurostat de 2021, España es de los países con mayor porcentaje de viviendas no destinadas a usos principales. Tan solo Croacia (40%), Bulgaria (39%), Grecia (35%) y Portugal (31%) le superan. En Francia, las viviendas no principales son tan solo el 18% y Alemania, con un 8%, y Países Bajos, con un 4%, son dos de los países con menos viviendas no principales.

Pese a que la creación de hogares es más rápida que la construcción de viviendas, siguen existiendo a día de hoy 1,33 viviendas por hogar entre los 19,5 millones de hogares y los 27 millones de viviendas existentes (cifra de 2024). Es un ratio inferior al que había en 2001, punto álgido con 1,53 viviendas por hogar y algo por debajo del 1,43, justo antes de que estallara la crisis, en 2007, o del 1,39 de 2012, desde que no ha parado de disminuir. O sea, se generan más hogares que viviendas se construyen.

En una estadística que recoge la evolución desde el año 2002, se observa que el momento en que hubo mayor porcentaje de viviendas principales sobre el total fue 2011, con un 71,7%, que fue cayendo hasta un mínimo del 69,6% en 2020 y que volvió a subir tras la pandemia hasta el 71,4% actual. Si bien después de la crisis de 2008 hubo una venta de segundas residencias, también se disparó la compra de viviendas por parte de no residentes al calor de la golden visa de 2013 y de la mayor movilidad de las clases pudientes e inversores, que aún lo han hecho más después de 2020.

Si lo comparamos territorialmente, el porcentaje de viviendas no principales es mayor en terrenos despoblados que en zonas turísticas, que se acercan a la media estatal. Así, Castilla y León es con gran diferencia la comunidad con más viviendas no principales, un 42,59% sobre el total, mientras que Madrid es la que presenta una mayor proporción de viviendas principales, con un 87,50% de las viviendas destinadas a vivir en ellas.

Se estima que de estas 7,7 millones de viviendas no principales, 2,9 millones son segundas residencias, unos 3,8 millones son viviendas vacías y existen unos 380.000 pisos turísticos, concentrados en ciudades turísticas y localidades costeras y de montaña donde pueden tensionar el mercado.

Ante la lentitud administrativa y las dificultades de encontrar mano de obra para avanzar en la construcción de viviendas y sobre todo de vivienda asequible que cubra este déficit, el Plan Estatal de Vivienda prevé una parte de sus 9.000 millones para incentivar a la rehabilitación y puesta en el mercado de alquiler asequible. También Casa 47 prevé la compra de vivienda usada como una medida complementaria a la construcción de vivienda asequible.

El economista experto en vivienda de la consultora KSNET Pablo Tucat advierte de que “el cálculo sobre las viviendas vacías ha generado controversia porque se hizo durante la pandemia”, cuando mucha gente había abandonado su hogar principal y se utilizó el consumo energético como baremo. Para sacar la estimación de viviendas no principales, el Ministerio utiliza también los empadronamientos, las declaraciones de la renta, la falta de contratos de suministros y los picos energéticos esporádicos, que determinan segundas residencias.

Tucat resalta que ese cálculo sobreestimó las viviendas vacías de grandes ciudades como Madrid o Barcelona, por lo que cree que es importante “conocer dónde se ubican estas viviendas vacías”. “Si la mayor parte está en núcleos urbanos con alta demanda, la prioridad debe ser alta. Pero en urbanizaciones más alejadas o la España vaciada, la necesidad de movilizar vivienda es menos imperiosa”, señala. Ante esta realidad, señala medidas como recargas en el IBI a viviendas vacías, que hay municipios que ya aplican, para incentivar su uso.

Aunque al inicio de la guerra de Irán parecía que el Ibex 35 podía romper su meteórica subida desde 2023, la Bolsa se ha olvidado de las turbulencias en Oriente para batir sus registros al superar por primera vez los 20.000 puntos. La jornada del lunes ya cerró en máximos históricos y un arranque con una subida del 0,1% le bastó este martes para fulminar récords hasta los 20.023 puntos del cierre, con un aumento del 0,21% en la jornada, mientras parece que se vuelven a acercar posturas entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra.

El barril de petróleo brent, referencia en Europa, volvió a subir un 1,6% tras desplomarse en la víspera por las negociaciones entre Trump e Irán y vuelve a costar 86 euros.

La bolsa italiana de Milán FTSE también cerró con una subida del 1,26%, el CAC 40 francés un 0,61%, el DAC 40 un 0,85% y el FTSE británico subió un 0,26% en una buena jornada para los mercados europeos. Aun mejor arrancaron las bolsas estadounidenses, con un auge del 2% para el Nasdaq impulsada por el 26% de despunte de Palantir y un 1,5% para el S&P, siempre con un ojo puesto en las tensiones de Estados Unidos con Irán.

Los posibles signos de una recuperación de la industria acerera tras años de crisis han alimentado la subida en la bolsa de Arcelormittal, acerera india que cotiza en España y que paralizó la conversión de sus fábricas al hidrógeno verde ante las dificultades del combustible renovable. Solo este martes subió más del 4%. Los aranceles al acero externo, que entraron en vigor este mes de julio, y el cobro del mecanismo de ajuste de carbono a las empresas que emiten más desde el exterior por parte de las acereras europeas vigente desde este año han impulsado al sector.

La buena cosecha de los resultados de las cotizadas del selectivo ha impulsado especialmente a la empresa de viajes Amadeus, que ha subido un 2%, a la perfumera Puig Brands, que ganó 260 millones con una mejora si se descuentan los hechos extraordinarios. También subieron por encima del 1% ACS, Unicaja, Indra, Sacyr y Fluidra. La jornada de récord no repartió alegrías para todos y destaca especialmente el batacazo de Acciona, que se ha dejado un 8% en solo una jornada, precipitada por la venta de un 3% de sus acciones de la familia Entrecanales, principal propietaria de la compañía.

Las multinacionales de alojamientos turísticos siguen publicando anuncios de pisos en territorios palestinos ocupados por Israel pese a la ley que lo prohíbe y las amonestaciones ya emitidas por el Gobierno. Esta vez, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha exigido a cinco multinacionales que retiren sus 141 anuncios.

Ya en el mes de febrero, Consumo obligó a retirar más de un centenar de anuncios, pero las empresas han vuelto a permitir su divulgación.

El ministerio que dirige Pablo Bustinduy ha recopilado decenas de anuncios de alojamientos vacacionales publicados en estas plataformas y ha enviado un requerimiento a las multinacionales.

El Real Decreto-Ley 10-2025, aprobado en septiembre del año pasado, recogió diversas medidas urgentes contra el genocidio en Gaza y de apoyo a la población palestina. Y el artículo 4 establecía que “la publicidad de la comercialización de bienes originarios de asentamientos israelíes en el Territorio Palestino Ocupado y de servicios prestados en dichos asentamientos tendrá la consideración de publicidad ilícita”.

Pese a esta ley, las plataformas han seguido publicando anuncios de pisos turísticos en España, como en otros países. Tras el requerimiento del Ministerio, las empresas se enfrentan a posibles sanciones si no cumplen con los requerimientos.

El Ministerio no ha informado, como no hizo en las anteriores ocasiones, del nombre de las empresas advertidas.

En diciembre del año pasado, fueron 7 las empresas amonestadas por el Gobierno, que consiguió que para febrero ya se hubieran retirado 108 anuncios en territorios ocupados.

También en febrero, una coalición de ONG's integrada por SUDS, Novact y el Comité de Solidaridad contra la Causa Árabe, con el apoyo de SOMO y Al-Haq, presentaron una denuncia contra Edreams Odigeo por facilitar el turismo en territorios ocupados, después de encontrar 43 anuncios en zonas Cisjordania, Jerusalén Este y el Golán sirio.

Además de la prohibición de esta publicidad, el Gobierno también prohibió el tránsito por puertos españoles de barcos que transporten combustibles destinados a las Fuerzas Armadas israelíes, la entrada al espacio aéreo español a todas aquellas aeronaves de Estado que transporten material de defensa destinado a Israel y el acceso a territorio español de personas que participen directamente en el genocidio.

Desde el punto de vista económico, prohibía la importación de productos de los asentamientos y limitaba los servicios consulares a los españoles residentes en asentamientos ilegales israelíes.

El Gobierno presentará este martes en Consejo de Ministros un anteproyecto de ley para blindar por ley mediante modificaciones en el Estatuto de Trabajadores a los trabajadores que denuncien corrupción en sus empresas. Deberá pasar por las cortes en septiembre. Se prohibirá expresamente despedirlos por este motivo, o de manera encubierta, medida ya contemplada en la Ley 2/2023 de protección a los informantes de corrupción, pero que queda más blindada con un texto específico recogido en el estatuto.

El nuevo artículo del anteproyecto modifica los artículos 4.2, 14.2, 17.1, 53.4 y 55.5 de la Ley del Estatuto de Trabajadores con tal de preservar a los denunciantes de corrupción no solo del despido, sino también de todo tipo de discriminación directa o indirecta, represalias o cualquier decisión de la empresa que suponga un trato favorable. Los despidos llevados a cabo por causas objetivas o disciplinarias contra denunciantes que hayan hecho pública una situación de corrupción u otra vulneración normativa serán declarados nulos.

El Consejo de Ministros aprobará este martes una reforma del estatuto de Trabajo que blinda a los denunciantes de corrupción de forma que no puedan ser despedidos por esta causa, ya sea de manera expresa o velada. Aunque la Ley de Protección al Informante 2/2023 ya contemplaba la prohibición de estos despidos, el Ministerio de Trabajo defiende que ante un juez la modificación del Estatuto de los Trabajadores le obligará siempre a fallar protegiendo al represaliado.

El anteproyecto será aprobado este martes en el Consejo de Ministros, junto con otra medida de Trabajo, que dará prestaciones excepcionales a las personas cuyos puestos de trabajo se vean afectados por los grandes incendios de esta temporada.

La protección a los alertadores se extendió en la agenda pública con casos sonados como la revelación de la lista Falciani con miles de potenciales evasores fiscales o las filtraciones de Edward Snowden sobre el espionaje masivo de Estados Unidos a la población mundial. También fue sonado el caso de Ana Garrido, funcionaria del ayuntamiento de Boadilla del Monte en la Comunidad de Madrid que fue represaliada por su papel como denunciante clave y testigo en el caso Gürtel que sacudió las entrañas del Partido Popular (PP).

La ley de protección al denunciante de 2023 establecía que las empresas con a partir de 49 trabajadores están obligadas a ofrecer un canal interno anónimo de denuncia tanto a trabajadores como a personal externo para que puedan hacer sus denuncias con seguridad. Además, se crea una Autoridad Independiente de Protección del Informante, dependiente del Ministerio de Justicia, que vela por el cumplimiento de esta protección y ofrece un canal alternativo para las empresas que no lo tengan.

En los casos de despido, la ley de 2023 recoge que la empresa debe probar que no está relacionado con su denuncia para poder llevarlo a cabo, mientras que la nueva modificación del Estatuto de Trabajadores eleva esta protección hasta convertir en nulo todo despido a personas que hayan denunciado prácticas ilícitas.

El consejo de ministros presentará este martes un nuevo real decreto ley con una prestación extraordinaria para cubrir los sueldos y cotizaciones de los trabajadores afectados por los incendios de emergencia extrema como los que golpean estos días. Se trata de una medida coyuntural para que las empresas no tengan que poner de su bolsillo el salario de trabajadores que no pueden asistir a su puesto de trabajo porque se encuentran en una zona afectada por un incendio, o bien se encuentran ante vías de comunicación cerradas por ello.

La ley ha sido impulsada por el Ministerio de Trabajo, que han recalcado en un encuentro con los medios que pretenden que sea estructural y no coyuntural, aunque por el momento la prestación tan solo se circunscribe a los actuales incendios por oposición de otros ministerios del PSOE.

El Gobierno ultima la inversión pública destinada a estas prestaciones, aunque presupone que será considerable. Según el Ministerio de Trabajo, el fin de semana se han llevado a cabo numerosas reuniones con sindicatos y patronales, así como con consejerías de las diferentes Comunidades Autónomas, con tal de encontrar una vía para cubrir la excepcionalidad de este tipo de emergencias.

Además de la prestación, quienes tengan algún familiar fallecido por los incendios podrán contar con 5 días más de baja en el trabajo para sobrellevar el luto.

El Ministerio de Trabajo asegura que España tiene la legislación más avanzada en materia laboral y climática por la protección ante temperaturas extremas y catástrofes climáticas, pero espera ampliar aún más este tipo de coberturas porque entiende que seguirán sucediendo.

La experiencia de la dana en Valencia, tras numerosas visitas y medidas compensatorias a los afectados tanto material como laboralmente, sirve al Ministerio también como precedente y como ejemplo de que la dinamización de la economía que permiten este tipo de ayudas acaban haciéndolas menos costosas que no hacerlas.

El equipo liderado por Yolanda Díaz entiende que las empresas no deben hacerse cargo de estos costes porque no se trata de accidentes laborales ni de ningún otro tipo de situación en que tenga alguna responsabilidad.

Con la nueva medida se protegerá a los trabajadores que están en un limbo jurídico, pues no tienen como ir a su puesto de trabajo o están durmiendo fuera de sus domicilios debido al incendio y no tienen una figura legal que les proteja.

El nuevo decreto de vivienda elaborado por el Gobierno sigue vivo y debe sufrir cambios hasta que el martes lo apruebe el Consejo de Ministros, como se espera. El PSOE y Sumar aún deben convencer a Podemos, PNV y Junts para que voten a favor después de sus críticas al borrador que circuló este miércoles, al que elDiario.es ha tenido acceso.

Uno de los principales puntos de este decreto es el de incluir el alquiler de habitaciones y de temporada en la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). Los contratos de temporada tendrán un máximo de 12 meses y deberán firmarse con una justificación de la temporalidad del inquilino. A la que pasen de ese marco temporal, serán considerados como vivienda habitual.

En cuanto a los contratos de habitaciones, que a día de hoy no se consideran vivienda habitual y dejaban en manos de los firmantes sus condiciones, con el nuevo decreto sí que se encuadrarán en esta categoría y estarán amparados por la LAU. Eso significa que los contratos serán de cinco años, siete si es con empresas, y estarán acogidos a las mismas prórrogas y condiciones. Por ejemplo, el casero no podrá aparecer en casa del inquilino sin avisar.

El nuevo decreto también establece que la suma de los alquileres de habitaciones no puede ser mayor al precio total de la vivienda, pero esto podría tener solo validez en las Comunidades Autónomas o ciudades donde hay control de precios.

Los inquilinos quedan también más protegidos con el nuevo decreto ante los caseros en cuanto a la devolución de fianzas y las reparaciones. Por ejemplo, para que se descuenten cuantías deberán firmar tanto casero e inquilino un documento de conformidad de que ha habido daños.

Las pequeñas reparaciones producidas por el desgaste de uso correrán a partir de ahora a cargo del casero, si se aprueba el decreto. Y los inquilinos tendrán derecho a presentar un presupuesto para reformas de mayor calado que, de no ser aprobado por el propietario en unos días, podrán tirar adelante y descontarse después el coste de las rentas. Además, las reparaciones de vivienda habitual estarán exentas de IVA.

En cuanto a los desahucios, las Comunidades Autónomas deberán ofrecer vivienda alternativa a las familias que sufran un lanzamiento, ya sea de alquiler o de compra. Si no lo hacen, este quedará suspendido. Y, durante la suspensión, si el casero no es un gran tenedor, la Comunidad Autónoma deberá cubrir los impagos del inquilino y pagar el alquiler al casero. Para que eso sea posible, se modificará la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Una prórroga más amplia

La prórroga de los contratos de alquiler es una de las grandes novedades de más rápido efecto del nuevo decreto. Además de garantizar que todas las extensiones solicitadas durante el periodo de vigencia de la ley se cumplan, se tendrán que otorgar ampliaciones obligatorias a todos los inquilinos cuyo contrato finalice antes de junio de 2028. Esto protegerá a miles de inquilinos de subidas de precios del alquiler o expulsiones, a no ser que el propietario necesite irse a vivir a esa casa.

Si el nuevo texto sale adelante, no se podrán repercutir gastos extra a los inquilinos en los mercados tensionados para aumentar el precio topado del alquiler.

Tampoco las viviendas de alquiler asequible o protegido podrán tener gastos extras que aumenten el precio por encima del 30% de la renta del inquilino, como está sucediendo en el Plan Vive de Madrid.

Otra situación que podría afectar al Plan Vive es que los inquilinos siempre tendrán derecho preferente de compra en las viviendas que se vendan, incluso en casos en que se vendan en paquetes o en bloque. En esos supuestos, el precio individualizado de la vivienda ha de estar prefijado y los inquilinos tendrán compra preferente, derecho que Avalon ha negado recientemente de manera expresa a sus inquilinos.

Además, el Estado también podrá ejercer a través de la empresa pública Casa 47 derecho a tanteo y retracto en la venta de viviendas y más concretamente en los paquetes. De esta forma, podría tener una vía rápida a la compra de casas en pack de grandes fondos como sucedió con las 5.000 de Blackstone, que finalmente compró otro fondo, el canadiense Brookfield.

Casa 47 se dota así de una herramienta para adquirir más vivienda pública que la que pueda construir, que se sumará además a las miles procedentes de la Sareb. Pero no es la única: también absorberá casas de otros entes estatales como Adif, la Seguridad Social, el Instituto de Vivienda de Defensa (Invied) o Muface.

Nuevos impuestos a las socimis

Las socimis (sociedades cotizadas inmobiliarias), que hoy en día no pagan impuesto de sociedades, pasarán a pagar un gravamen especial de entre el 15 y el 25% por su actividad, que se verá bonificado si ponen gran parte de su vivienda en alquiler social.

El texto incluye también algunas medidas fiscales como que los pisos turísticos tengan IVA o la bonificación en el IRPF a caseros que alquilen a gente joven, a precio asequible o que bajen el alquiler y también a inquilinos jóvenes. Este ha sido uno de los puntos que ha dejado insatisfecho a Junts, que esperaba bonificaciones a hipotecados y a inquilinos en general, así como medidas antiokupación.

El decreto autoriza al Ministerio a poner en marcha una línea de avales con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) de 2.000 millones para financiar vivienda social y 280 millones para construcción industrializada.

El Gobierno obligará también a poner el precio del índice de referencia en los anuncios de pisos en alquiler, incluso cuando no estén en zonas tensionadas.

Y promociona el ahorro de familias con los Seguros Individuales a Largo Plazo (SIALP) y las cuentas de inversión a los jóvenes mediante los planes Financia Europa.

Por último, el punto que más ha inquietado a Podemos es la modificación de la Ley del Suelo con este decreto, que cree que podría legalizar proyectos ilegales de manera retroactiva y reducir controles sobre proyectos futuros. El texto agiliza los planes urbanísticos con tal que defectos menores no paralicen desarrollos completos y establece silencios administrativos positivos para edificar en zonas rurales. Además, elimina el derecho de reversión para antiguos propietarios si en los terrenos adquiridos se hace vivienda protegida.

Resulta difícil esquivar el Mundial y toda su onda expansiva de ruido tóxico en redes que acaba por distorsionar esos 90 minutos de entretenimiento y, para muchos, horas de alegría que en principio eran.

Este ruido ha alcanzado también a la vivienda, porque un diputado de Sumar, Alberto Ibáñez, ha señalado a Ferran Torres por “especular” con la vivienda porque tiene una promotora inmobiliaria. La actividad inmobiliaria incluye más negocios que los de la vivienda, puesto que también los comercios, las oficinas o las naves industriales forman parte de este negocio. Y no queda claro que Ferran especule con pisos.

A mí tampoco me gustó que Ferran Torres llevara una gorra trumpista y una pulsera de la Guardia Civil, pero ha sido por esto seguramente por lo que Ibáñez ha escogido a Ferran como blanco de sus ataques, porque sabía que su público de izquierdas ya estaba sumando antipatía hacia él.

Y cuando digo “escogido” lo digo porque, tal y como indica Forbes en un artículo, no solo Ferran, sino que también David Raya, Pedro Porro, Martín Zubimendi, Pedri e incluso Borja Iglesias tienen negocios inmobiliarios. También Rosalía tiene empresas inmobiliarias y muchos más millonarios porque es una inversión segura y rentable. A veces, también inhumana. Pero era mucho más fácil atacar al que ya estaba siendo atacado por la izquierda.

La vigilancia a la vida de los famosos, sobre todo cuando se trata de delitos o acoso, es un rol importante de los medios de comunicación que con las redes ha adquirido mayor dimensión.

El futbol es política y en principio está bien apuntar a sus simbolismos, pero llega un punto en que empieza parecer nocivo, sobre todo porque se nos ha olvidado que el Mundial se jugaba en los Estados Unidos de Trump al calor de una FIFA que de limpia tiene poquito.

Al final, la hipervigilancia arrolladora que se lleva toda la atención sobre si este es de izquierdas o de derechas, si aquella hizo o no tal comentario, es totalmente tóxica. Tóxica para quien sufre el linchamiento, que seguramente reflexionaría más si le llegan uno o dos textos o reels que si de repente ve las redes inundadas de críticas que luego se mezclan con odio, insultos, etc.

Y tóxica sobre todo para una audiencia que, montada en la ola de la viralidad, deja de ver muchas otras cosas que suceden a su alrededor.

Como por ejemplo el desahucio por ahora aplazado de Paquita, una mujer de 82 años y con párkinson, para poner pisos turísticos en la casa donde vive desde hace 28 años. Su casero es una empresa desconocida y española, Tolesanta, y no un gran fondo inversor internacional ni un futbolista.

Hace un tiempo, un conocido mío resumió con contundencia el motivo por el que lleva un buen tren de vida. “Porque puedo”, dijo.

Ese es exactamente el mismo motivo por el que algunos futbolistas, cantantes, grandes fondos de inversión, mi prima segunda o los caseros de Paquita especulan con vivienda. Porque pueden.

Y pueden porque hay unos gobiernos, municipales, autonómicos y estatales, que lo permiten. ¿Sabéis qué partido también está en el Gobierno? Sumar.

Pocas horas después de que el diputado de Sumar apuntara a Ferran, el mismo partido sacaba pecho de haber conseguido colar la prórroga extraordinaria de los alquileres en el nuevo decreto de vivienda.

Lo que no contaban es que minutos después, en ráfaga, PNV, Junts e incluso Podemos se iban a oponer a ese decreto. En el caso de Junts, se oponía por motivos que ya se veían venir y que parecía que esta vez se iban a evitar: el Gobierno no incluyó sus demandas fiscales ni sus planes antiokupación. En lo que respecta a las medidas fiscales, hay dos de ellas, para desgravar el alquiler a inquilinos y a hipotecados (se podría precisar que fuesen para primera vivienda) que no son tan descabelladas.

Pero el Gobierno, que arrastra desde enero de este año su promesa de regular los alquileres de habitaciones y de temporada (entonces Sánchez prometió que lo harían “en las próximas semanas”), ha preferido presentar, de nuevo, un borrador que no convence a quienes tienen que votar para aprobarlo en el Congreso.

El decreto por lo demás contiene medidas positivas que ayudarán a mejorar la situación actual de la vivienda, tal vez no a corto plazo, pero que no acabarán con la especulación. Y Sumar no debe olvidar que, aunque suele remar en defensa de los inquilinos y de los más desfavorecidos (como ha hecho con las prórrogas) y aunque su poder en la coalición es limitada, al formar parte del Gobierno tiene bastante más responsabilidad que Ferran Torres en la crisis que vivimos. Y eso sin entrar en el error estratégico que es aprovechar la ola de atención para atacar a quienes millones de personas consideran un héroe. Al menos, por unos días.

El dato

1.130

Son las licitaciones de obra pública desiertas en 2026 por la subida de costes provocada por la guerra en Oriente Medio y los precios que ofrece la administración, que las constructoras consideran insuficiente, según un informe de la Confederación Nacional de Constructores.

Poder privado

De los creadores de living, coliving, flex living, senior living y otros tantos anglicismos que sirven para encarecer la vivienda, llega también brand residences. Se trata de residencias de lujo asociadas a marcas hoteleras y Madrid es la líder de atractivo en este sector en el mundo según el índice Barnes. Lo es gracias a su “seguridad jurídica, conectividad global y excepcional estilo de vida”, dice el índice, que apunta a Salamanca, Chamberí, Chamartín y Retiro como los barrios preferidos. En 2025, se invirtieron 3.460 millones en 32 proyectos de este tipo.

Lo que viene a significar es que mientras madres solteras que cuidan a abuelos se ven incapaces de pagar una vivienda y acaban viviendo en una habitación, que arquitectos y abogados de más de 40 comparten piso y mientras se desahucian a abuelos y familias, Madrid sigue teniendo suelo para construir edificios de lujo donde poder vivir como en un hotel pero durante más tiempo.

El lector denuncia (o consulta)

Si tienes alguna situación con tu vivienda que quieras denunciar, lo investigamos. Si tienes alguna consulta, hablamos con un experto o experta e intentamos resolverla. Escríbeme sobre todo ello a vivienda@eldiario.es

Me despido ya con ganas de vacaciones, supongo que como todos los que no habéis hecho todavía. Que tengáis un buen mes de agosto, consigáis desconectar, no os queméis al sol y no arriesguéis a menearos mucho en las horas de más calor.