Pongamos que eres de Madrid o Baleares. Vives con tus padres, que te pagan todos los gastos y empiezas a trabajar con 18 años con el único objetivo de comprarte una vivienda que prefieres pagar de una vez para no afrontar los costes hipotecarios. Hasta que no cumplas 33 años no podrás irte de casa y empezar a cobrar tus primeros sueldos que no vayan destinados íntegramente a comprar la vivienda, porque estas dos comunidades requieren más de 15 años íntegros de sueldo para la compra, un 78% más que la media española, que es de 8,4 años, y un 42% de la vida laboral media de un español.

Un estudio de Infojobs y Fotocasa ha calculado con cifras de ambos portales el salario medio y el precio de la vivienda en España y en las comunidades autónomas. Y el resultado promedio da que en España una vivienda de 80 metros cuadrados cuesta de media 230.316 euros y que eso exige 8,5 años de esfuerzo para comprarla. Es una cifra un año por encima de la tasa de esfuerzo del Banco de España, que la fija en 7,3 años, seguramente porque el estudio de Fotocasa es con el precio de oferta y no con el final y oficial, que es el que usa el BdE.

El esfuerzo medio de 8,4 años a cierre de 2025 es un 18% más que en 2024, cuando eran 7,1 según el mismo estudio y representa una subida del 44,83% con respecto a 2019, cuando fue de 5,8 años.

Aunque los salarios también han subido y se sitúan en 27.336 euros brutos anuales de media en España, el ritmo de subida de los precios de la vivienda es mucho más alto y acaba disparando el esfuerzo de las familias.

Si Baleares, con 15,1 años, y Madrid, con 15, son las Comunidades donde más años de sueldo son necesarias para pagar una vivienda (pese a que los sueldos también están por encima de la media), Castilla-La Mancha y Extremadura son las que menos esfuerzo requieren. En ambos casos, una vivienda se paga con 4,1 años de sueldo, la mitad que la media española. También Casttila y León, con 4,9 años, y La Rioja, Asturias y Aragón, con 5,2 años, están muy por debajo de la media.

En la otra cara de la moneda, y aunque lejos de Madrid y Baleares, Canarias y Euskadi, con 10,1 años cada una, empatan en el tercer puesto de las que más esfuerzo exigen. Catalunya es la cuarta con 9,1 años y la última con un esfuerzo superior a la media. Justo por debajo de la media se encuentran Andalucía,con 7,9 años, y Valencia y Cantabria, con 7,6 cada una.

Las que exigen más esfuerzo son también las que más lo han aumentado. Así, en Madrid pasaron de 12,2 años necesarios en 2024 a 15 en 2025, un incremento del 22,9% en solo un año, y en Baleares de 13,5 a 15,1, subida del 11%.

Si la mirada se fija en las provincias, más allá de los 15 años de Baleares y Madrid, que como es obvio repiten cifra, Barcelona sube la media catalana a los 10,2 y Girona la calca con 9,2 años de sueldo para pagar una vivienda. Málaga, con 12,9 años, Guipuzkoa, con 11,7, y Santa Cruz de Tenerife, con 11,3, están también muy por encima de la media.

También existen casos que están muy por debajo de sus medias autonómicas, como Jaén, donde tan solo se requieren 3 años de sueldo para pagar una vivienda, o Ciudad Real, con 3,2 años.

La directora de estudios de Fotocasa, María Matos, señala la “falta de vivienda” como uno de los motivos por los que se disparan los precios y apunta que “nunca antes se había necesitado tanto esfuerzo para comprar una vivienda”.

“A ver, corazón, me lo exige la marca. Este piso es sí o sí con Kiron”. Álvaro estaba interesado en un piso anunciado en Tecnocasa por 220.000 euros en el barrio de Las Águilas de Madrid, hasta que la comercial de la inmobiliaria le aseguró que solo se lo vendía si para la hipoteca utilizaba la financiera filial de la empresa, que se llama Kiron. Dos clientes han contado a elDiario.es las presiones de comerciales de la inmobiliaria para contratar la financiera y este medio tiene constancia de al menos dos casos más. Las asociaciones de consumidores y el Ministerio de Consumo coinciden en que se trata de una práctica ilícita. Tecnocasa niega que obligue a contratar la financiera.

Ya se lo había sugerido a Álvaro la comercial con otras palabras menos explícitas, pero a base de preguntarle, la trabajadora acabó reconociendo que si no firmaba con Kiron ni siquiera podría ver la vivienda. “Lo siento, no puedes ver el piso”, “Kiron y Tecnocasa van de la mano”, son algunas de las frases más explícitas de la comercial en las conversaciones de WhatsApp a las que ha tenido acceso elDiario.es. Kiron realiza un estudio de mercado y negocia con las entidades bancarias para cerrar la hipoteca y después cobra unos honorarios de intermediación de entre el 3% y el 4% sobre el valor total.

Las plataformas de consumidores Cecu y Facua coinciden en que se trata de una práctica ilegal. En Facua, de hecho, recibieron una reclamación con un caso parecido, pero el consumidor no siguió adelante con la denuncia. “El consumidor siempre tiene derecho a elegir banco, da igual que compre a una promotora, a un particular o a través de un intermediario”, sentencia Rubén Sánchez, portavoz de Facua, que añade que por ello sería una “cláusula abusiva” y admiten la posibilidad de presentar una reclamación si reúnen pruebas al respecto. 

Desde el CAES, el abogado experto en vivienda Víctor Palomo explica que ha trabajado también con un cliente que, en su caso, accedió a la compra obligado a contratar Kiron.

Cecu apunta al artículo 82.1 del RDL 1/2007, que establece que “se considerarán cláusulas abusivas todas aquellas estipulaciones no negociadas individualmente y todas aquellas prácticas no consentidas expresamente que, en contra de las exigencias de la buena fe causen, en perjuicio del consumidor y usuario, un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes que se deriven del contrato”.

Las cláusulas que “vinculen cualquier aspecto del contrato a la voluntad del empresario” o que supongan la “limitación de derechos del consumidor”, en este caso la elección de una hipoteca, se consideran ilegales. 

Tecnocasa lo niega

Preguntada por elDiario.es, Tecnocasa asegura que “la contratación de Kiron no es en absoluto obligatoria”, lo cual argumenta con el hecho de que solo el 37% de las compraventas realizadas a través de Tecnocasa fueron intermediadas por Kiron. “Cualquier práctica de presión, imposición o vinculación entre la compra de un inmueble comercializado por la red Tecnocasa y la contratación de servicios de intermediación de crédito de Kiron es completamente contraria a la política de la compañía”, añaden.

“Lo que hacen los franquiciados de la red Tecnocasa, cuando detectan que un cliente puede necesitar financiación para adquirir una vivienda, es informarle de la existencia de Kiron para que, si así lo desea, pueda recibir información sobre las opciones de financiación disponibles y la viabilidad de su operación. A partir de ahí, la decisión de contratar o no dichos servicios corresponde exclusivamente al cliente y se adopta siempre de forma libre y voluntaria”, abundan.

La versión choca con los testimonios recogidos por elDiario.es. El de Álvaro no es el único caso en que Tecnocasa ha vinculado estas dos prácticas de manera presuntamente ilícita. Facua tiene una reclamación al respecto y este medio ha contactado con otro caso. Julio, nombre ficticio porque el protagonista prefiere el anonimato, llegó más lejos y firmó en el año 2024 un documento de reserva sin conocer estas condiciones. Además, abogados del CAES explican que se han encontrado con personas que habían firmado con la financiera presionadas por Tecnocasa.

“En una reunión que tuve para firmar el documento de responsabilidad hipotecaria (que esclarece el importe por el que responde un inmueble en caso de impago), me di cuenta de que imponían una cláusula obligatoria para hacer la hipoteca con Kiron”, relata Julio. “Además de eso, me imponían unos nuevos honorarios que no estaban contemplados”, añade. 

“Fue un momento desagradable, una conversación muy tensa y compleja, porque te están forzando a comprar un producto, pero al mismo tiempo tienes miedo a perder el piso. Te ves ante el documento y ya sin tiempo de echarte atrás, notas la tensión en el trato personal”, cuenta. “Lo hacen para impedir la competencia”, añade. 

“No puedo coger ninguna oferta que no sea con Kiron”

En el caso de Álvaro, se disponía a visitar el piso cuando le dijeron que era obligatorio presentar documentación para el estudio financiero antes y también que tendría que realizar la hipoteca con la financiera Kiron. “Me exigen que no puedo coger ninguna oferta que no sea con Kiron por este piso. Lo siento, ya si me sale otra cosa te contacto!”, fue el primer mensaje explícito. 

Incrédulo, Álvaro insistió en preguntar, ya que un compañero de la inmobiliaria sí que le había dicho que podía hacerse por otra vía. “En otra ocasión sí, pero este piso se tiene que cerrar con Kiron”, insistía la comercial, “porque Kiron y Tecnocasa van de la mano”. 

“Lo siento, no puedes venir a ver el piso”, concluye la comercial al ver que Álvaro no accedía, tras lo cual advirtió que hablaría con el Ministerio de Consumo para averiguar si se trataba de una práctica abusiva. “Puedes consultar con consumo”, dice. En respuesta a elDiario.es, fuentes del departamento de Pablo Bustinduy reconocen la práctica como abusiva. 

Nacida en Milán y fundada por Oreste Pasquali, Tecnocasa tiene más de 1.000 oficinas en España, adonde llegó en 1994 con sedes en Madrid y Barcelona. Un año después abrió su financiera Kiron, que hoy tiene más de 100 oficinas en el país y se define en su página web como “el grupo líder en intermediación inmobiliaria y de crédito en Europa”. 

El CEO de Tecnocasa en España es Miguel Ángel Pérez Luna, que ocupa el cargo desde principios de 2018. La empresa facturó 35,4 millones de euros y ganó 12,2 en 2024, últimas cuentas disponibles. Cuenta con cuatro filiales entre las que está Kiron, que facturó 7,8 millones en 2024 y obtuvo 3,7 millones de beneficios.

La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Barbero, le ha entregado este lunes una carta del Sindicato de Inquilinas al Papa durante su visita a la cámara. En ella, no solo le alerta de la crisis de la vivienda que vive España y de cómo empuja a una importante parte de la población hacia la pobreza, sino que también le afea el desahucio de Mariano Ordaz, vecino de 67 años de Madrid que fue expulsado de su casa, propiedad de una orden católica, el pasado mes de mayo. Por ello, el Sindicato le pide audiencia pública.

“Desgraciadamente la especulación inmobiliaria ha llegado a entidades de la propia Iglesia Católica”, dice la carta, que señala que, “movidos por la obtención de lucro inmediato, la Venerable Orden Tercera de San Francisco de Asís está subiendo los precios de los alquileres de sus viviendas, llegando incluso a desahuciar a nuestro compañero Mariano el pasado 7 de mayo”.

“Mariano Ordaz vive en un albergue porque la VOT se negó a renovar su contrato y lo más grave de todo, se negó a negociar una solución cuando son propietarios de más de 300 viviendas en el centro de Madrid, donadas por fieles para contribuir con la función benéfica de la Iglesia”, reza la carta.

El pasado 7 de mayo, después de cuatro aplazamientos, la Polícia Nacional ejecutó finalmente el desahucio de Mariano Ordaz en el céntrico barrio de Embajadores de Madrid. En un piso carcomido por la humedad y otras deficiencias, la orden franciscana tan solo se prestaba a reformarlo si se iba Mariano, que acumulaba deudas por impago desde que perdió su empleo como camarero en la pandemia. Finalmente, tras cuatro desahucios frenados por la presión vecinal, fue expulsado y ahora vive en un hostal.

El Sindicato, además, recuerda que la Fundación Fusara, gestionada por el Arzobispado de Madrid, se niega a renovar centenares de contratos a familias que viven en 13 edificios de su propiedad, “porque ha decidido vender su patrimonio a fondos de inversión que actúan como buitres”. “Nos resulta incomprensible que la Iglesia entre en estas dinámicas de especulación y se pueda comportar como un fondo más”, denuncia el Sindicato. Los vecinos de estas viviendas han denunciado su caso al Constitucional.

“¿Cómo puede la Iglesia, que debe ser refugio y defensa de los débiles, participar en decisiones que ponen en riesgo y juegan con la estabilidad habitacional de las personas simplemente por interés económico? ¿En qué momento lo económico ha pasado por encima de lo humano?”, se pregunta la carta, que cita a Isaías cuando dice: “Aprended a hacer el bien; buscad la justicia, socorred al oprimido”.

Por ello, el Sindicato pide una audiencia pública al Papa y le reclama “que aproveche esta visita para intervenir en esta situación”. “Le pedimos una audiencia para dialogar con usted, que conozca nuestro trabajo y mostrarle las experiencias de Mariano, nuestro compañero desahuciado con 67 años, y Maricarmen, señora de 87 años que afronta un desahucio en dos semanas. Ayúdenos a restaurar la dignidad en Madrid, a frenar la especulación y a extender los valores de solidaridad, justicia y fraternidad”, concluye la misiva.

En el texto, aparte de estos casos concretos en que la Iglesia está implicada, el sindicato recuerda al Papa que “la vivienda está siendo el motor que con más fuerza está condenando a la precariedad a miles de familias de nuestra comunidad, como las personas migrantes que ya fueron desahuciadas y actualmente residen en el centro de Emergencia y Atención Integral que usted visitó estos días”.

“Las políticas de vivienda nos están negando el derecho a tener un techo digno, condenándonos a destinar cada vez una mayor parte de nuestros salarios a los arrendadores, dejándonos en situaciones de vulnerabilidad, en las que muchas familias viven angustiadas para decidir entre comprar la comida a sus hijos o pagar a los caseros, denuncia el sindicato, que pone de relieve el aumento del hacinamiento y las infraviviendas en Madrid y en España.

En el texto, el colectivo denuncia que las leyes “permiten estas dinámicas especulativas” en España y acusa directamente al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, de no hacer nada por evitarlo. “La especulación se basa en la avaricia y la avaricia es un pecado que está contaminando nuestra sociedad y necesitamos que usted nos ayude a recuperar el sentido común: que las casas son para vivir, no para especular”, apunta la carta.

El freno en el ritmo de compraventa de vivienda no ha producido por ahora un efecto directo en los precios. La subida sigue a doble dígito y la vivienda se encareció un 12,9% en el primer trimestre de 2026 en comparación al mismo trimestre del año pasado, de forma que encadena ya 44 trimestres al alza o, lo que es lo mismo, 11 años sin parar de subir, según ha publicado el Instituto Nacional de Estadística (INE) este lunes.

Esto ha sido así pese a que se vendieron un 2,2% menos de viviendas que en marzo del año pasado y acumulan un descenso de operaciones del 2,6% en el trimestre, arrastradas sobre todo por la caída de venta de vivienda nueva.

La subida de precios trimestral en comparación al precedente es del 3,5% en marzo y la vuelve a protagonizar la venta de vivienda usada, que se encareció un 13,5% en el trimestre, en comparación al del año pasado, su tasa más elevada, mientras la nueva lo hacía un 9,1%, su crecimiento más bajo desde finales de 2023.

El precio de la vivienda ya subió en 2025 un 12,7%, en parte debido a la falta de construcción para cubrir la creación de nuevos hogares. La presión al alza de los precios del alquiler empujaba a la gente a la compra, pero generando al mismo tiempo una tensión de precios en la compraventa que, según los expertos, ha tocado techo con una elevada tasa de esfuerzo para comprar, lo cual ha frenado el ritmo de compra, pero no ha suavizado los precios.

Esto ha sido así en todas las comunidades: desde el 10,35% del País Vasco hasta el 15,6% de subida de Aragón, todas han visto un incremento en los precios de compra de dos dígitos, en contra de los primeros signos de bajadas publicados por portales inmobiliarios como Pisos.com, que corresponden a descensos de las ofertas pero no de las transacciones. Estas bajadas puntuales, coinciden los expertos, podrían vaticinar más un enfriamiento de los precios que una bajada, que no es previsible a no ser que se produzca una recesión económica.

Desde Fotocasa Research, advierten que la subida de los tipos de interés podría enfriar más las operaciones, impulsadas por “la mejora de las condiciones de financiación”, según María Matos, directora de estudios. “La mejora de las condiciones de financiación ha permitido regresar al mercado a parte de la demanda que había quedado excluida durante el periodo de tipos elevados. En muchos casos, la cuota hipotecaria vuelve a resultar competitiva frente al alquiler, lo que ha reactivado el interés por la compra. Sin embargo, este nuevo impulso de la demanda se produce en un contexto de precios ya muy tensionados y en un escenario económico sujeto a incertidumbres. Aunque esta presión compradora seguirá sosteniendo los precios, la evolución futura dependerá en gran medida de las decisiones de política monetaria”, asegura Matos.

El 18% de la población española, según Fotocasa Research, está buscando una vivienda en propiedad, cifra mayor a la registrada en 2019, cuando era un 12%. El inversor alcanza el 8% y el comprador extranjero el 14% y un 25% se realizan sin financiación, pero el 80% de las compraventas siguen siendo para vivienda habitual.

“El problema radica en la limitada oferta de viviendas disponibles. En las zonas de mayor demanda, la capacidad habitacional de España está bajo presión. Se estima que cada año se necesitan más de 200.000 viviendas para satisfacer la creación de nuevos hogares, pero el sector inmobiliario solo produce unas 100.000 unidades nuevas”, añade la directora de estudios.

La tasa de pobreza equivale a día de hoy a unos ingresos de 1.000 euros al mes en el caso de personas solas y a unos 2.000 en hogares de dos adultos y dos menores. Esa pobreza atraviesa a un 19,5% de la población, a un 44,7% de los migrantes y a un 24,5% de los jóvenes, pero esas cifras se agravan si se restan los gastos de la vivienda. Uno de cada tres hogares jóvenes está en situación de pobreza una vez se descuentan estos gastos, según un informe presentado este jueves por la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE). 

Una vez descontados los gastos en vivienda, la pobreza alcanza a un 23% de la población, a un 52,3% de los inmigrantes y a un 32,9% de la población joven.

Entre las personas con rentas más bajas, las que dedican más del 40% de sus ingresos a la vivienda alcanzan el 31,3%, mientras que esa cifra se reduce al 2% entre las rentas más altas. En Madrid, Baleares, Navarra, Cataluña y País Vasco, el porcentaje de población del primer quintil de renta que realiza un sobreesfuerzo en vivienda supera el 50%, mientras en Extremadura, Andalucía, Murcia, Castilla-La Mancha o Galicia no llega al 35%, apunta el informe.

Los jóvenes de entre 16 y 34 años emancipados destinan por su parte casi un 29% de los gastos del hogar en vivienda, 10 puntos más que los mayores de esta edad, situación que se agrava aún más en las comunidades con precios más elevados, ya mencionadas anteriormente. 

La precariedad y el sobreesfuerzo en vivienda retrasan la edad de emancipación hasta los 30 años, muy por encima de la media de 26 en la Unión Europea. Un 45% de los jóvenes emancipados viven de alquiler, mientras que los jóvenes propietarios han caído tras el estallido de la burbuja inmobiliaria del 65% en 2008 al 40,8% en 2025. 

Las personas que viven de alquiler presentan un esfuerzo económico un 10% superior a las que viven en un piso propio con hipoteca: del 34,2% de las primeras al 24,2% las segundas. En medio, se encuentran quienes viven en cesión o alquiler inferior al precio de mercado, que destinan un 17,7% de sus ingresos, y los que viven en propiedad sin hipoteca, que tan solo dedican un 9,9% de sus ingresos a la vivienda. Así, de media los españoles destinan un 18,8% de los ingresos a la vivienda. 

Existe un colectivo que está en peor situación que los jóvenes ante la vivienda y son los inmigrantes. Aunque los extranjeros no residentes concentran más del 50% de las compras de vivienda en la provincia de Alicante o el 27,2% en Málaga, la mayoría de extranjeros que vienen a trabajar viven de alquiler en condiciones complicadas. Un 63,4% de los inmigrantes viven de alquiler, frente a un 23,9% que han comprado su vivienda. 

Los inmigrantes cuentan con unos salarios un 23% por debajo de los nacionales y contratos menos estables y por ello su esfuerzo en vivienda es mayor. Así, el 25,8% de los inmigrantes residentes han de destinar más del 40% de sus ingresos a gastos en vivienda frente al 9% de media para el conjunto de la ciudadanía. 

El informe resalta también que en España tan solo se han construido entre 2021 y 2025 454.000 viviendas, un 45% de los hogares que se han creado, que son 965.000, en el mismo periodo. 

Y recomienda para subsanar este problema impulsar la construcción industrializada, agilizar la tramitación urbanística y facilitar la coordinación entre comunidades para acelerar los permisos y obras. Apunta a que es necesario aumentar tanto el parque privado como público de alquiler. 

Cuando a Sergio Montero, enfermero de 47 años, y a su pareja les concedieron el año pasado un piso de tres habitaciones del Plan Vive de Valdebebas por 900 euros, pensaban que les había tocado la lotería del alquiler asequible. La cosa se torció cuando vieron en el contrato que les obligaba a contratar dos plazas de garaje a más de 100 euros cada una y un trastero de 80 euros. Y fue a peor cuando el primer mes le cobraron 60 euros de IBI (que en teoría está bonificado) y unos 200 de comunidad que no sabe en qué se gastan porque la maleza no para de crecer y atrae hasta a las ratas. Total, una renta de unos 1.500 euros pagada a la gestora privada Avalon que se acaba comiendo el 50% de los ingresos de la pareja y no el 35% que recoge como requisito la normativa del Plan Vive y que inicialmente sí que se cumplía. 

Ante lo que consideran cobros excesivos y sin justificar, más de 100 vecinos de entre las 700 familias que viven en los tres lotes de Valdebebas con estos costes que llegan a duplicar el alquiler pactado han constituido la Asociación de Inquilinos del Plan Vive de Valdebebas, tal y como ha podido comprobar elDiario.es con los contratos y comunicaciones de cobros. Pero la gestora de los pisos, Avalon, socimi del fondo estadounidense Ares Management, cuyo accionista mayoritario es Blackrock, no les reconoce como tal y no se sienta a negociar ni individual ni colectivamente para solucionar una situación que desespera a muchos de los vecinos. La Comunidad de Madrid no ha respondido a elDiario.es sus preguntas sobre este problema.

El ejemplo más estrambótico de estas cláusulas, recogidas en las normativas del Plan Vive, que ya prevé cargar con IBI y comunidad y obligar a coger plaza de garaje a los inquilinos, es el de los pisos más pequeños, que aunque son para una sola persona están vinculados a dos plazas. Es el caso de Núria, cuyo alquiler se duplica de los 514 euros del alquiler a los más de 1.036 que acaba pagando sumando dos plazas de garaje a 154 y 123 euros cada una (aunque solo tiene un coche), 40 euros del trastero, 150 de comunidad y 56 de IBI. Más surrealista es el caso de otro inquilino que prefiere mantener el anonimato y está en la misma situación pero ni siquiera tiene coche. Por contrato, tienen prohibido realquilarlas. 

Un esfuerzo de hasta el 50% del sueldo sin contar luz y agua

ElDiario.es ha podido comprobar con hasta cuatro contratos el mismo incremento de precios con las tasas añadidas (y de las cuales no se les avisó a los inquilinos, denuncian) que llevan a disparar la tasa de esfuerzo. Así, Núria pasa del 25% de ingresos que suponía su alquiler inicial al 46% con los gastos; Pedro, el inquilino anónimo, del 22% con los 530 iniciales al 44% de 1047 y Ruth, que vive con su pareja, del 21% por los 694 iniciales al 39% por los 1.247 que acaba pagando con los costes. 

O sea, que ni una persona con un sueldo de 2.400 euros puede pagar el alquiler de la vivienda unifamiliar asequible sin gastar menos de la mitad. Sería necesario cobrar más de 3.000 al mes para cumplir con el esfuerzo recomendado y estipulado una vez se suman los gastos. Y eso sin contar los gastos de luz, agua y gestión energética (calefacción y agua caliente), que pueden elevarse a entre 100 y 180 euros al mes según el gasto. 

En un breve paseo por Idealista, se encuentran en Valdebebas viviendas del mercado privado a precios inferiores a los del Plan Vive, con todos los gastos incluidos. Los garajes se ofertan mayoritariamente por 70 euros en los pisos privados, casi la mitad de lo que se llega a cobrar en los pisos supuestamente asequibles. 

Al encontrarse con el contrato y con las cláusulas, tanto Núria, como Sergio, como Pedro se plantearon no aceptar esas viviendas. “¿Pero adónde voy a ir? Mi exmujer vive aquí al lado con mis hijos y es la forma de estar cerca de ellos y el mercado está imposible”, dice Sergio. “Cuesta mucho encontrar piso, ya había dado la salida del otro y no tenía una alternativa”, aporta Núria. “Como llegué el primero al concurso, me dieron la vivienda. La asignación está bien y es algo que en el mercado privado no pasa, por lo que no pude rechazarlo”, dice Pedro. “Tal y como está la vivienda, 1.200 euros, aunque no es alquiler asequible, no me pareció una locura. Lo que es caro para mí es que pagas los gastos de comunidad pero no ves por ninguna parte en qué se van”, denuncia Ruth. 

Maleza, ratas y mala calidad

En efecto, en los precios no acaban los problemas de los inquilinos, que les acompañan desde la entrada y unas escaleras agrietadas que se tambalean aunque son nuevas hasta el interior de las cocinas por donde se les cuela el olor de lo que cocinan los vecinos a través de las campanas extractoras. “A veces en el grupo de Whatsapp bromeamos: ‘¡a ver quién invita a esos macarrones!'”, dice Sergio con humor. Han exigido que se detallen los gastos de comunidad, que, denuncian, les están cobrando al máximo permitido, el 18% del alquiler, pese a no cumplir con los servicios. Y no han recibido respuestas. 

“La maleza sigue creciendo”, denuncia Sergio apuntando a unos arbustos altos y secos que rodean y casi se cuelan en el patio del bajo donde vive. “Y eso atrae a las ratas, que ya se pasean por aquí, denuncia. ”Y a las garrapatas“, completa Núria, que también se ha quedado cinco veces sin agua caliente, una de ellas durante cuatro días por la falta de respuesta de mantenimiento.

La aerotermia, que según Pedro dispara los costes hasta los entre 40 y 100 euros de luz al mes, falla a menudo. El agua caliente también, cuentan, porque funciona todo con una caldera central que no tiene capacidad para todo el bloque. “Y las calidades son muy justas”, denuncia Sergio mientras golpea una pared que suena hueca. “Si le doy fuerte, nos vamos al piso de al lado”, completa. 

Según coinciden los vecinos de los bloques, las condiciones espantan a muchos adjudicatarios que acaban optando por no aceptar las viviendas. A ello atribuyen el cambio de pliegue del Plan Vive firmado a principios de abril, en el que se aprobó asignar las viviendas adaptadas a personas sin discapacidad si no entran perfiles así, flexibilizar el acceso en cuanto a los años de padrón permitido y elevar el lindar máximo de rentas hasta 7,5 veces el IPREM, una renta anual de 63.000 euros, en los paquetes asequibles. 

Los vecinos denuncian que tienen un “techo de cristal como inquilinos”, en palabras de Sergio, a la hora de negociar las condiciones de la vivienda. Al ser un solo propietario para todas las viviendas, estas se dividen a partir de la propiedad vertical. Los gastos de comunidad se calculan en todo el bloque y después se dividen en función de la superficie. Los 28.000 euros en suministros de áreas comunes, 47.000 de mantenimiento y 149.000 de servicios generales (limpieza, conserjes, jardinería) suman con seguros y gastos extraordinarios 229.626 en 2025, según documentación a la que ha tenido acceso elDiario.es, que no convencen a los inquilinos. 

“Nos aplican el máximo permitido del 18% sobre las rentas y, aunque luego nos digan que nos van a devolver una parte, les estamos financiando su negocio, porque no nos lo devuelven con intereses. Eso es un exceso de provisión de fondos y es ilegal”, denuncia Sergio. 

Aunque el caso de Valdebebas es el más llamativo por los elevados precios vinculados a un alquiler en teoría asequible, vecinos de Tres Cantos, Torrejón de Ardoz, San Sebastián de los Reyes o Móstoles se están organizando, con problemas similares, para movilizarse ante la Comunidad de Madrid y la gestora. 

Un complejo entramado privado con apoyo público

Mientras la presidenta Ayuso presume de haber entregado ya 5.000 de las 15.000 viviendas del Plan Vive promovidas, los vecinos se encuentran en viviendas que acaban por no ser asequibles y que las gestionan grandes fondos internacionales que no responden ante los problemas, con graves problemas estructurales y de mantenimiento. 

Avalon, adjudicatario del Plan Vive, la constructora Sanjose y Aedas, como project manager, ya gestionan 3.400 de ellas en 22 promociones concluidas. Las viviendas se adjudicaron entre septiembre y noviembre de 2021 en cuatro lotes de hasta 5.200 y todas fueron a parar a Aedas y Ares, propietaria de Avalon y unida con la constructora Sanjosé en Dorsono, y a Culmia, que también está controlada por gran un fondo estadounidense, Oaktree. 

Ares Management, fondo estadounidense que gestiona más de 600.000 millones de dólares en activos en todo el mundo, es la impulsora y propietaria de Avalon y es uno de los mayores caseros de España. A su vez, Avalon creó dos socimis (sociedades inmobiliarias cotizadas) para la gestión del Plan Vive, a través de la filial Madrid Affordable Housing. 

Una socimi es Daria 323, que gestiona 1.118 viviendas del Plan Vive y salió a Bolsa el año pasado. La otra es Iante, que Ares Management vendió el pasado mes de abril a otro fondo internacional, Hoopp, según publicó El Periódico. Recientemente, Ares puso en venta toda su cartera de viviendas ya construidas del Plan Vive por 600 millones, según publicó Cinco Días. Un entramado de empresas, fondos y movimientos de capital complejos y tan difíciles de seguir como lo es entender la cantidad de gastos de sus inquilinos en Valdebebas o que se obligue a una persona que vive sola a tener dos plazas de garaje. 

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes una nueva inyección a Casa 47 de 260 millones de euros que permitirán construir 22 nuevos proyectos de hasta 1.629 viviendas por todo el territorio español, de forma que se alcanzan los 68 proyectos en marcha con potencial para construir unas 25.000 viviendas desde que arrancó la nueva empresa pública de vivienda. “El proyecto viene a dar respuesta a la prioridad para el Gobierno de conformar un parque público de vivienda que combata a lo público para garantizar el derecho”, ha dicho la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, que ha insistido en la intención de equiparar la vivienda pública a la sanidad y la educación.

Las 22 actuaciones se reparten por todo el territorio: tres en Andalucía, tres más en Castilla y León, tres en Catalunya y el mismo número en la Comunitat Valenciana y en Galicia, respectivamente. Extremadura contará con dos promociones y Canarias, Asturias, La Rioja y Región de Murcia, con una promoción cada una.

Mientras avanzan estas obras, Casa 47 tiene en marcha la primera convocatoria piloto para adjudicar 171 viviendas y en los próximos meses lanzará una convocatoria para más de 600 viviendas. También lanzó una oferta pública de 100 millones para comprar vivienda usada y está en proceso de adquirir 40.000 viviendas procedentes de la Sareb y otras entidades públicas que pasarán al mercado asequible.

“Nuestro objetivo es anteponer el derecho al negocio”, ha dicho la ministra, que ha repasado los requisitos que tendrán las nuevas viviendas de Casa 47. Serán alquileres asequibles que nunca impliquen un esfuerzo superior al 30% de la renta de sus inquilinos con contratos estables de hasta 75 años y condiciones de acceso que darán cobertura a la clase trabajadora con viviendas sostenibles en entornosverdess y dentro de desarrollos con “alma de barrio”, que fomenten la vida en comunidad y la cohesión territorial.

La ministra además ha recordado la aprobación por unanimidad con las Comunidades Autónomas del Plan Estatal de Vivienda hasta 2030, que se firmó hace dos semanas entre quejas y amenazas de llevar a la justicia de las comunidades del PP, que blindará de por vida las viviendas protegidas que se construyan con los 7.000 millones que destinará en los próximos años. Isabel Rodríguez ha sacado pecho también del hecho que el Gobierno ha cerrado el mejor primer trimestre de licitación pública desde 2008, con 465 millones destinados a vivienda pública.

Los precios de compraventa de la vivienda se asoman a un cambio de ciclo. Pero para quien piensa en comprar, eso no significa que vayan a bajar: los expertos auguran tan solo un enfriamiento de las subidas, que se empieza a reflejar ya en algunas provincias, según las estadísticas de algunos portales inmobiliarios.

El dato clave que apuntan los expertos: la subida de la tasa de esfuerzo (los años de renta bruta necesarios para adquirir una vivienda) ha tocado techo y el comprador no está dispuesto a gastar más. Las subidas del euríbor y la subida de tipos de interés por la guerra en Irán que podría aprobar en unos días el Banco Central Europeo (BCE) también desincentivan la compra y pueden enfriar más el mercado.

Aunque la subida de precios de compraventa es una constante desde 2015 en España, es 2025 el año en que se produce un mayor salto: una subida de precios a doble dígito del 12,5% y una tasa de esfuerzo que desde 2024 a 2025 ha pasado de 7 a 8 años, un máximo desde 2011. 

Inmediatamente después de este techo, el ritmo de compraventa descendió durante tres meses seguidos hasta este mes de marzo, eso sí, desde cifras récord que llevaron a cerrar 2025 con 700.000 ventas de vivienda por primera vez desde 2008. La venta de vivienda nueva ha caído más, un 5,6% más en este primer trimestre que en el del pasado año, y ha precipitado una caída general (incluyendo la vivienda usada) del 2,6%.

Uno de los primeros economistas en alertar de un cambio de ciclo fue Ángel Talavera, de Oxford Economics, aunque lo hizo apuntando tan solo a un enfriamiento en 2027 y no a una caída de precios. Y esa ralentización, pronostica, no se verá este año, cuando espera que los precios sigan subiendo a doble dígito. “Cuando los precios empiezan a subir desacoplados de la subida de rentas, es probable que las compras se frenen”, alerta Talavera con precaución a elDiario.es. 

“A corto plazo, el mercado aún se mueve en cifras muy calientes de precios, no creo que se enfríe rápido y el año puede cerrar de nuevo con un aumento de entre el 10 y el 12% en los precios”, augura Talavera, que cree que de cara al año que viene el aumento podría quedarse entre un 3 y un 7%. El devenir de la guerra puede tener una influencia en las compraventas y en los precios por su impacto en los materiales de construcción y en los tipos de interés a los que prestan los bancos, pero “tan solo una recesión podría llevarnos a una caída de precios en 2027”, sostiene Talavera. 

Para el economista José García Montalvo, “los indicadores más claros son los descuentos en vivienda sobre el precio inicial, que están creciendo” y también “el tiempo que tarda en venderse, que se alarga”. “Existe una clarísima desaceleración y las visiones de mercado son muy diferentes entre comprador y vendedor. Los precios siguen al alza porque el vendedor no quiere ceder. Pero cuando cede lo hace con unos descuentos ya mayores. Tardará, pero los precios pueden bajar en un acercamiento entre comprador y vendedor”, reflexiona.

Las últimas cifras oficiales de precios de compraventa no muestran desde luego una correlación clara entre el freno de compraventas y la caída de precios, que subieron un 7% en marzo respecto a febrero y un 9,7% en comparación con marzo del año pasado, según los notarios. Las cifras del Ministerio de Vivienda muestran una subida anual del 13,9% en el valor tasado de la vivienda libre, que costaría 2.315 euros por metro cuadrado a marzo de 2026 de media en España, esto es, 231.500 euros por una vivienda de 100 metros cuadrados. 

Por si fuera poco, las hipotecas para vivienda alcanzaron su cifra récord desde 2010 en marzo, con 46.661 préstamos, encadenando 21 meses de subidas. La subida del euríbor tras la guerra, con un salto del 2,24% en enero a un 2,7% en mayo, podría enfriar este mercado en los próximos meses. 

Aunque las cifras del Ministerio aún no registran ninguna bajada de precios, sí que lo hacen los datos de los notarios en La Rioja (9,5%) y Navarra (6,8%). También Pisos.com empieza a registrar descensos en Aragón, Murcia, Castilla-La Mancha, Extremadura y Castilla y León, pero estos se miden con respecto a la oferta de venta y sirven solo como termómetro impreciso. “Si bajan los precios en alguna zona, será en lugares de poca demanda como la España vaciada”, opina Montalvo. 

Para anticipar la correlación entre un enfriamiento de la compraventa y una bajada de precios, el director de coyuntura económica de Funcas, Raymond Torres, observa en la última entrada de su blog los casos de Alemania y Francia. En el vecino país galo, tras seis bajadas consecutivas y radicales de compraventas trimestrales (a un máximo del 20% menos en el tercer trimestre de 2023), vinieron seis trimestres de leves caídas de precios, de un 4,8% la mayor. 

En España, una caída mucho más leve de la compraventa en seis trimestres de 2023 no desembocó en una caída de precios. El mercado español aún está lejos del escenario francés, si es que lo llega a imitar: le faltaría un año y medio con un freno en las compraventas mucho mayor al actual para provocar una caída de precios que, por tanto, solo se empezaría a reflejar ya en 2028.

Nadie apunta hacia esa dirección, pero Torres sí que ve una buena noticia que los precios ya no suban por “el fomo”, el miedo a perder la oportunidad de una compra más barata que la futura, que ha acelerado el mercado de compraventa junto a un alquiler asfixiante que no sale a cuenta y se come en ocasiones la mitad del sueldo de las familias. 

La construcción de vivienda se encuentra también estancada y no oxigena la oferta. Y aunque la vivienda pública debe empezar a arrancar a partir de 2027, la mayor parte irá a alquiler y el desajuste entre demanda y oferta hará difícil que empuje los precios a la baja. 

El director de estudios y portavoz de Pisos.com, Ferran Font, ve tan solo “una ralentización” y “una tendencia al alza más moderada” que el año pasado. El presidente de la Federación de Asociaciones de Empresas Inmobiliarias (FADEI), Miguel Ángel Gómez, cree que “en las zonas de España muy tensionadas los precios dejarán de subir a doble dígito”, pero “el mercado no se está cayendo”. 

María Jesús Fernández, economista senior de Funcas, cree que “hay que hablar más de enfriamiento que de contracción”. “La magnitud de esa tendencia descendente dependerá en gran medida de la guerra, por sus efectos sobre los tipos de interés y la incertidumbre”, aporta, y coincide con Talavera en que para ver una caída de precios debería existir una recesión económica que es poco probable, a no ser que la guerra tenga un impacto económico mayor del esperado.

El último informe de CaixaBank Research, del pasado día 28, se muestra “sorprendido al alza” con la subida de precios de la vivienda libre y alerta de que “a pesar del avance de los visados de obra nueva, la producción efectiva sigue siendo insuficiente para absorber la intensa creación de hogares”. 

Los alquileres, mientras tanto, siguen subiendo de manera desenfrenada, aunque algo menos que en los últimos meses y con la excepción de Navarra, donde el tope que aplica su gobierno autonómico permitió una bajada del 7% en un año. Sobre el efecto que este enfriamiento de la compraventa pueda tener en los precios del alquiler, Montalvo es pesimista: “La gente que no va a comprar, seguirá necesitando una vivienda y se irá al alquiler, porque se siguen creando hogares. Como no hay oferta, el precio puede subir aún más”. 

Si la compraventa subió porque el alquiler era inaccesible y eso también provocó que los jóvenes se sirvieran de ayudas de los padres para las entradas con récords de donaciones, ahora es la compraventa la que parece expulsarlos del mercado de nuevo. Un bucle infinito que, mientras no se construya vivienda pública, nunca da como resultado una vivienda barata o al menos asequible.

La subida de precio en los nuevos contratos de alquiler asfixia a las familias inquilinas españolas. Los caseros aprovechan el cambio de contrato para subir los precios de media un 37% en 2024 en comparación a los precios de 2015 y hacer que las familias pierdan de media un 11% de poder adquisitivo, según un nuevo informe del gabinete económico de Comisiones Obreras.

La Comunitat Valenciana es la que sale peor parada de esta situación: allí los nuevos contratos suben un 55% y eso conlleva una pérdida de poder adquisitivo del 19%.

Esta situación está provocada por el hecho de que, entre 2015 y 2024, los salarios han subido más (un 26%) que los contratos de alquiler existentes (un 21%), pero mucho menos que los nuevos contratos, que se han disparado un 37%.

Por ley, los caseros no pueden subir los precios por encima de lo que marca el IRAV (Índice de Referencia de Alquiler de Viviendas), que actualmente se encuentra en el 2%, o del IPC en los contratos anteriores a mayor de 2023. En cambio, para los nuevos contratos solo hay limitaciones en las zonas declaradas como tensionadas por las Comunidades Autónomas. En el resto, los caseros aprovechan los nuevos contratos para aplicar grandes subidas.

Las subidas en los nuevos contratos tienen impactos muy diferentes en función del territorio. Así, además de la provincia de Valencia, hasta 10 comunidades han experimentado subidas de precio superiores al 37% de la media española. En Balears, los precios han subido un 48% en los nuevos contratos desde 2015, en Málaga un 47% y en Guadalajara, un 44%. Incluso en las provincias menos asfixiadas por la subida de precio de los nuevos contratos, que son Ceuta y Melilla, estos han aumentado un 17 y un 14% sus precios, respectivamente.

Si lo medimos en comparación con los salarios, en este caso el estudio se centra en Comunidades Autónomas y no provincias: tan solo Melilla, Extremadura y Ceuta han conseguido que la subida de sueldos sea superior a la de los nuevos contratos de alquiler y, por tanto, que estos contratos no empobrezcan a sus ciudadanos.

De nuevo en la Comunitat Valenciana están los ciudadanos más empobrecidos, donde la diferencia entre los nuevos contratos y las subidas salariales resta un 19% del poder adquisitivo. Si, en cambio, se compara la subida salarial con la subida de precios de contratos de alquiler ya existentes, los ciudadanos se salvan y consiguen aumentar un 5% su poder adquisitivo.

En Madrid, los firmantes de nuevos contratos de alquiler pierden un 14% de poder adquisitivo en comparación con los sueldos medios, lo mismo que en Baleares y por encima de Castilla-La Mancha y Aragón (-13% ambas), que también están por encima de la media española del 11%, que es la misma que tiene Cantabria.

Las cifras desde 2015 del Instituto Nacional de Estadística se consiguen a partir de estimaciones estadísticas obtenidas de 2020 hacia atrás, puesto que el desglose se realiza desde 2020.

Por eso, el estudio de Comisiones Obreras también calcula la pérdida de poder adquisitivo entre 2020 y 2024 basándose en la diferencia de las subidas salariales y los precios de nuevos contratos de alquiler.

En este último periodo, la Comunitat Valenciana sale aún peor parada con un 20% de pérdida de poder adquisitivo, pero Melilla y Asturias ocupan el segundo y el tercer lugar respectivamente con una caída del 15% y del 14%, respectivamente, con nuevos contratos. La pérdida de poder adquisitiva de los españoles que firman nuevos contratos sería del 6% a tenor de las subidas salariales medias y los aumentos de precio de los nuevos contratos de alquiler.

Tiene Maricarmen Abascal a sus 87 años recuerdos nítidos de su infancia feliz jugando a las cartas con su hermano y sus padres en el salón de su piso de Retiro, que mantiene unas paredes estucadas color salmón que evocan al pasado. También del sereno, “me encantaban los serenos, no sé por qué los quitaron”, que fue quien subió el cuerpo de su padre poco después de morir en el bulevar que hay justo delante. Fue en 1960, él era aún joven, llevaban 4 años en el piso y Maricarmen no sabía que ahí comenzaba de alguna forma el calvario que se activaría en 2020 y prosigue el próximo 3 de junio con el segundo intento de desahucio frente al que espera “mucha gente” movilizada para frenarlo. 

“Las mujeres no podían entonces firmar contratos de alquiler”, cuenta Maricarmen sobre la primera firma del contrato, que hizo su padre en 1956. Al no poder firmar de primeras la madre, fue subrogada con la muerte del marido. Acogida a las rentas antiguas previas al decreto Boyer que acabó con los contratos indefinidos de alquiler, tan solo se permitía una subrogación indefinida, por lo que la muerte de la madre en 2005 terminó con su blindaje. Como segunda subrogada, ya no estaba protegida, pero los antiguos propietarios respetaron su renta antigua. 

También lo hizo Renta Corporación, la inmobiliaria que compró en primera instancia la vivienda en el año 2018 y que le ofreció comprar la vivienda a un precio que no podía asumir. La empresa respetó la negativa, pero vendió la vivienda a la inmobiliaria Urbagestión, que la única opción que le dio en primera instancia era quedarse con un alquiler de 1.650 euros al mes, por encima del triple de lo que paga a día de hoy, unos 500 euros, inalcanzable para alguien que cobra una pensión de 1.400 euros. 

Después de negarse, ya le llegó la orden judicial de desahucio a finales de 2020: “Yo no sé quiénes son estos señores, nunca he hablado con ellos”. El juzgado número 90 de Madrid dio la razón al considerar que cuando se produjo su subrogación, los entonces propietarios del inmueble la aceptaron, “tácitamente” y que los compradores mantienen esta aceptación. Pero la Audiencia Provincial y el Supremo dieron la razón a los propietarios y en 2024 llegó otra carta de desahucio. 

Los dos primeros intentos de desahucio, el último el pasado mes de octubre, fueron cancelados por la justicia ante la presión social. Aunque Maricarmen y el Sindicato de Inquilinas, que le apoya, esperan que suceda lo mismo con el próximo, si no es así pretenden frenarlo plantándose dentro del piso y en la puerta. “Espero que haya mucha gente”, dice Maricarmen, consciente de que su caso indigna a mucha gente. 

Maricarmen ha escrito cartas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, que no han sido respondidas. “El Ayuntamiento no va a comprar mi piso y la señora Ayuso tampoco. Quien tiene que comprar mi piso, o poner alquileres indefinidos, es el Gobierno de España. Invierten un dinero que van a recuperar después, pueden ponerlo en alquiler social cuando yo me muera. Y por lo menos no permiten a echar a la gente a la calle”, clama Maricarmen.

Desde la última vez que fue entrevistada por elDiario.es, en octubre del año pasado, Maricarmen ha perdido gran parte de la movilidad y se ayuda de un caminador para moverse. “He tenido un problema bucal que creo que me ha afectado pero también el desgaste, la ansiedad, la angustia de estar luchando. He perdido tanta masa muscular que no puedo casi ni caminar. No me puedo tener en pie. El otro día fui a la manifestación en silla de ruedas, pero al menos fui. Que es lo que tiene que hacer la gente, salir a protestar. Y yo puedo ser la mecha que enciende una primera vela, pero detrás tienen que venir muchas velas y que la gente no se marche” clama. 

Los propietarios, Urbagestión, se escudan en la sentencia del Supremo, que dice que el contrato de arrendamiento quedó extinguido tras la muerte de la madre de Carmen, ya que ella no tiene el 65% de minusvalía que le concedería la posibilidad de una segunda subrogación. Y aseguran que la última renta la pagó Maricarmen en 2024 y que fue de 203 euros y no de 500. 

A pesar del desgaste físico y la angustia de luchar para que no te echen de casa, Maricarmen mantiene una energía intacta y no se deja contagiar por el derrotismo. Y el conocer a una nueva red como el Sindicato de Inquilinas, reconoce, le ha dado fuerzas. “Me han conducido y han estado siempre a mi lado. Es mi familia. Por eso a personas que estén en la misma situación que yo les digo que vayan al sindicato de inquilinas y se informen, que no se vayan por miedo. Porque yo puedo ser una primera vela, pero una persona sola no hace nada, detrás de mí tienen que venir muchas otras velas”, concluye.

La crisis de la vivienda en España ya es motivo de preocupación de las principales ONGs como Amnistía Internacional. La organización ha hecho públicas este jueves sus principales preocupaciones y demandas para atajar la crisis. La construcción de vivienda pública, la regulación del alquiler de temporada y habitaciones y la garantía de alternativas a las personas que sufren desahucios son algunas de sus principales exigencias al Gobierno y a los ejecutivos autonómicos. 

Amnistía ha elaborado una lista con 8 propuestas que arrancan con la firma de los convenios del Plan Estatal, que fue aprobado por las Comunidades Autónomas y está ahora pendiente de las firmas bilaterales territorio a territorio, si bien el PP ya ha avisado de que llevará al Supremo alguno de los requisitos. 

Pide un nuevo decreto que garantice la prórroga extraordinaria de contratos de alquiler o que el Congreso apoye al que decayó si regresa a la cámara, la limitación de las subidas año a año y que se regulen también los alquileres de habitaciones y de temporada bajo el paraguas de la Ley de Arrendamientos Urbanos. 

La organización pide nuevas ayudas de emergencia pensadas sobre todo para personas en procesos de desalojo que permite frenarlos y un aumento de la financiación para ampliar la vivienda social. Exige también fórmulas que agilicen la ampliación de vivienda social como la aplicación del tanteo y retracto que priorice la compra de vivienda ya existente en zonas tensionadas. 

Por último, se dirige al poder judicial para pedir que condicione los desahucios a la existencia de una alternativa de vivienda adecuada o de ayudas públicas que les permitan mantener la actual o acceder a otra. 

“Garantizar la asequibilidad de la vivienda no es una opción política, es una obligación jurídica de los Estados”, advierte AI, que recuerda que la asequibilidad implica que “los gastos asociados a la vivienda se sitúen en un nivel tal que la satisfacción de otras necesidades básicas no se vea amenazada” y recuerda que España es uno de los países con mayor tasa de riesgo de pobreza relacionada con la vivienda de la eurozona. 

Con un 1,71% del alquiler destinado a vivienda social y una inversión pública “insuficiente” del 0,5% del PIB, AI apremia a las autoridades a agilizar la ampliación. Además, alerta que los 600.000 desahucios desde 2013 corren el riesgo de ser muchos más desde que se tumbó en el Congreso la moratoria. 

El director de Amnistía en España, Esteban Beltrán, ha asegurado que España es el país del mundo con mayor número de dictámenes condenatorios de Naciones Unidas por vulneración del derecho a la vivienda.

Las hipotecas para compra de vivienda subieron un 9% en marzo en comparación con el mismo mes del año pasado, pese al contexto de freno en la compraventa de viviendas, que encadenan un trimestre de caídas con un 2,2% respecto a marzo del año pasado. Los tipos medios se mantuvieron estables al 2,8%, incluso con una bajada de 0,8 puntos con respecto a enero que todavía no recoge los efectos de la guerra y la subida del euríbor.

Como hay una proporción mayor de financiación de vivienda, “más compradores se verán expuestos a la subida del euríbor”, apunta Ferran Font, director de estudios y portavoz de Pisos.com, apuntando a que “probablemente” ya abril y mayo empiecen a reflejar una subida de tipos.

Se firmaron un total de 46.661 hipotecas para la compra de vivienda, con un importe medio de 174.132 euros prestados y un total de 8,1 millones de euros. Se trata de un importe un 10,1% superior al del año pasado.

Las hipotecas a tipo fijo llevan ya siete meses por encima del 60% y esta vez en marzo fueron un 63,8% del total, mientras que a tipo variable se firmaron solo un 36,2%, que estarán mucho más expuestas a la volatilidad.

En Navarra se dispararon especialmente las hipotecas, con una subida del 60,4%, mientras que Aragón fue la segunda donde más subió, un 45,4%, por encima de la Comunidad de Madrid, donde se firmaron un 19,1% más de hipotecas.

En cambio, cayeron las hipotecas en Galicia (20,7%), Castilla y León (16,6%) y País Vasco (12,3%).

El número total de hipotecas con cambios en sus condiciones inscritas en los registros de la propiedad se redujo un 28,3 % en marzo en tasa anual.

Las novaciones, o modificaciones con la misma entidad financiera, se redujeron un 25,2 %; y las subrogaciones al deudor, cuando cambia el titular, un 43,7 %.

Por el contrario, las subrogaciones al acreedor, cuando lo que cambia es la entidad financiera, aumentaron un 8,0 %.

El INE destaca que el 82,2 % de las 10.549 hipotecas con cambios en sus condiciones se debieron a modificaciones en los tipos de interés.

Tercer mes de subidas del euríbor

La estabilidad o incluso descenso de los tipos medios en las hipotecas debería revertirse a partir de los meses de abril y mayo, cuando ya recogerán la subida del euríbor, que este mayo sube por tercer mes consecutivo.

El indicador más usado en España para calcular las hipotecas variables está en el 2,81%, por encima del 2,74% con que cerró el mes de abril y muy superior al 2,081% de mayo del año pasado.

En el caso de una hipoteca media de 150.000 euros, a 25 años y con un interés de euríbor más el 1 %, la cuota pasará de los 840 euros a los 900, lo que supone un incremento mensual de unos 60 euros, informa la agencia EFE.

Si el préstamo en superior, de 300.000 euros, con las mismas condiciones, el alza en las cuotas de las hipotecas superará los 120 euros mensuales o los 1.400 euros anuales.

La apuesta de las administraciones públicas por la vivienda pública todavía no se refleja en las construidas y entregadas, pero sí que marcan ya hitos en licitación. Durante el primer trimestre de 2026, las Comunidades Autónomas licitaron 465 millones con fondos del Estado para vivienda pública, lo cual equivale al mejor primer trimestre desde 2008, primer año del que se guardan registros en la publicación del Ministerio de Transportes. Es un 44% más que el primer trimestre del año pasado. Las licitaciones directas del Estado están agrupadas en otras obras y las de Comunidades Autónomas tampoco están desglosadas por lo que cada administración invierte en vivienda, de forma que no se publica dónde se han licitado más viviendas. A este ritmo, España aspira a superar los 1.000 millones de euros en licitaciones por primera vez desde 2008.

Fuentes del Ministerio de Vivienda estiman una posible mejora en el segundo semestre por la prórroga de los fondos de los Planes de Recuperación, Transformación y Resiliencia y por la primera entrega del Plan Estatal de Vivienda, pero alertan que las licitaciones dependen de otras variables y del trabajo de las Comunidades Autónomas, por lo que no se puede garantizar esta cifra. Aparte del Plan Estatal, el arranque de licitaciones de Casa 47 también debe sumarse a esta tónica ascendente.

En total, se licitaron 173 millones de euros en vivienda pública en enero, 122 en febrero y 166 en marzo para viviendas familiares públicas. En enero de 2025 se licitaron 163 millones, 26 en febrero y 132 en marzo, hasta alcanzar un total de 323,7 millones en el primer trimestre del año pasado, 141,3 millones menos que en el primer trimestre de este año. Dos años atrás, en 2024, la cifra se hunde a 147 millones, mientras que en 2023 un prolífico mes de marzo permitió unas cifras similares a las actuales con 437 millones.

Si miramos el cómputo anual, ya 2025 marcó un punto álgido desde antes de la burbuja, con 959 millones licitados, por los 750 en 2024 y los 458 en 2023, brusca bajada con respecto a los 800 millones de 2022. De ahí hacia atrás, la licitación pública ha estado por debajo de los 500 millones desde el año 2010, cuando alcanzó los 665 millones. Al punto más bajo de esos años en caída se llega en 2016 con 159 millones, mientras que en 2020 y 2021 se superan los 400 millones.

El incremento de licitaciones públicas se empezó a traducir en la construcción a partir de 2018, cuando se empiezan a superar las 10.000 unidades construidas hasta un máximo de 14.000 viviendas en 2024. No obstante, se desplomó un 22,7% en 2025 hasta las 11.104 viviendas. El tiempo promedio para construir vivienda en España después de su licitación es de entre 18 y 24 meses, por lo que las licitaciones récord de 2026 deben empezar a reflejarse en construcción de obra pública a partir de finales de 2027.

Para entonces, ya debe estar en marcha el Plan Estatal de Vivienda, que prevé 2.800 millones de euros adicionales para construir y movilizar vivienda pública hasta 2030, que se cofinanciará entre el estado y las Comunidades Autónomas. Teniendo en cuenta que construir una vivienda pública cuesta de media entre 80 y 130.000 euros, se puede estimar que los 465 millones licitados pueden servir para construir unas 4.600 viviendas.

Hace menos de dos años, el fondo canadiense Brookfield estuvo cerca de convertirse en el dueño de la farmacéutica de hemoderivados catalana Grifols con una opa de exclusión que rozaba los 7.000 millones de euros. No llegó a puerto y su mayor inversión en España hasta la fecha ha sido finalmente inmobiliaria: compró a finales de marzo pasado por 1.000 millones las 5.000 viviendas que en 2013 Blackstone adquirió al Ayuntamiento de Madrid de Ana Botella y a la Comunidad y dejaron de ser públicas.

Brookfield se ha convertido de una tacada en uno de los grandes caseros de España, aunque su objetivo es vender los pisos uno a uno, lo que costará el hogar a miles de vecinos angustiados por su futuro, tanto para quienes tienen que renovar sus contratos como por el vencimiento de los que acaban dentro de unos años. 

El fondo canadiense inició su actividad en el año 1899 al crear una empresa eléctrica en Brasil que después crecería, y es hoy uno de los mayores gestores de activos alternativos (inversiones fuera de los mercados tradicionales, como acciones, bonos o efectivo) del mundo, con casi un billón (más de 900.000 millones) de activos bajo su gestión, repartidos entre infraestructuras, energías renovables e inmobiliario. Cerró 2025 con 5.400 millones de beneficios y su capitalización bursátil es de 101.000 millones de dólares en la empresa y de 76.000 en Asset Management, que es la compradora de las viviendas. Su cartera inmobiliaria es de 72.000 millones. 

Sin respuesta a los inquilinos

Los inquilinos de las viviendas de Brookfield en Madrid no saben con quién hablar para esclarecer su futuro, un mes y medio después de que se confirmara la operación mediante la compra de la socimi cotizada Fidere de un fondo a otro por más de 1.000 millones, a un precio final de 220.000 euros por vivienda que triplica lo que gastó Blackstone al comprarlas al Ayuntamiento y a la Comunidad de Madrid. Han intentado hablar con el personal de Brookfield en España, que les remiten a las oficinas de Londres, donde no hay respuesta. 

Saben, por los medios de comunicación y por el hecho de que algunos pisos vacíos no se están alquilando, que Brookfield pretende venderlos uno a uno y que eso les condenará a marcharse cuando acaben los contratos de sus hogares, a los que entraron con precio regulado y se les duplicó con los años con la compra de Blackstone. Pero su único interlocutor es un asistente virtual de la página web incapaz de hablar de intenciones a medio plazo. 

La empresa que está detrás de ese asistente virtual es uno de los mayores gestores de activos del mundo, con una cartera de más de 900.000 millones euros de fondos de terceros y propios repartidos por 35 países, que es cuatro veces más que hace ocho años. 

Al mando de Brookfield Corporation está su CEO Bruce Flatt desde hace 26 años, aunque hace un par de meses dio un paso al lado en el brazo de activos Brookfield Asset Management, donde colocó a Connor Teskey como CEO. En España, el principal responsable desde hace 12 años Álvaro Zamariego, formado en la Universidad Pontificia de Comillas y con carrera en Morgan Stanley, en Citi y en CVC. 

Hace un mes, en una entrevista con CNBC, Flatt se mostraba optimista con el efecto de la guerra de Irán en la economía. “Va a hacer que todos nos centremos en nuestras tareas. Estos países van a desarrollar su propia IA, sus propios oleoductos. Construirán mejores países gracias a esto”, decía. Hace un año, también aseguraba que era “el mejor momento” para la inversión inmobiliaria. 

Pese a que en otras conversaciones ha dicho que “lo más importante son las personas”, la situación de los inquilinos de Blackstone que dejaron de vivir en pisos protegidos no ha merecido ningún comunicado de la empresa, que declinó responder a las preguntas de elDiario.es. 

Casi siempre que habla con los medios de comunicación, Bruce Flatt repite como un mantra: “Nos dedicamos a controlar la columna vertebral de la economía global”. “Nuestro trabajo se realiza entre bastidores. Nadie sabe que estamos ahí, y proporcionamos infraestructuras críticas a personas que pagan una pequeña cantidad. La mayoría de gente cree que la carretera por la que circulan pertenece al gobierno. Incluso si es una de peaje, no saben quién es el propietario”, añadía en una entrevista para el Financial Times en 2019. 

Negocios en duda

El mismo medio publicó el pasado año una investigación en la que cuestionaba el cambio de manos de doce propiedades de Brookfield en 2024 en que gastó 1.400 millones de dólares de su rama de seguros para comprarse propiedades a sí misma. “Brookfield utiliza sus propias compañías de seguros vinculadas como vehículo para deshacerse de activos”, denunciaba en el artículo Dmitry Khmelnitsky, jefe de contabilidad de Veritas Investment. 

Las transacciones, que permitían a la empresa registrar capital propio como nuevos ingresos, planteaban “interrogantes sobre la calidad de las ganancias y la valoración de los activos” de Brookfield, en un ataque a la confianza que es clave porque gestiona fondos de pensiones públicos y sindicales de miles de personas. El reportaje definía a Brookfield como “un laberinto que contiene miles de entidades, fondos interconectados, sociedades, fideicomisos y empresas”. 

No es la única polémica en la que se ha visto implicada Brookfield, que según publicó The Intercept y OCCRP (Organización contra el Crimen y la Corrupción), fue investigada por las autoridades brasileñas en 2021 por violaciones ambientales en el sureste de Brasil. Con la compra de una hidroeléctrica, creó un embalse gigantesco que provocó la pérdida de peces y de actividad pesquera, y después se investigaron tanto las compensaciones recibidas por afectados como amenazas sufridas por quienes protestaron. 

Aunque el origen de la empresa está justamente en la electricidad y en Brasil, el negocio inmobiliario fue el que impulsó la precoz carrera de Flatt, nacido en la provincia canadiense de Manitoba en el año 1965 e hijo de un alto ejecutivo de Investors Group. 

Un directivo precoz

A los 28 años, en 1993, lideró una oferta de Brookfield para comprar oficinas, que incluían cuatro torres del World Financial Center y el edificio 245 Park Avenue en Nueva York a precios bajos. El éxito de la operación aceleró su carrera para convertirlo en CEO de la empresa 7 años después y hasta hoy. 

Después de los atentados del 11S, en vez de deshacerse de activos en la zona financiera de Manhattan que estaba siendo abandonada por inquilinos, Flatt y Brookfield no solo mantuvieron, sino que ampliaron sus inversiones. La torre comprada en 1993 se vendió por separado en 2017 por 2.200 millones de dólares en uno de los precios más altos jamás pagados por un rascacielos estadounidense, casi seis veces más que cuando se compró.

Comprar, esperar una revalorización, obtener rentas de alquileres mientras tanto y vender fue lo que hizo Blackstone justamente con las 5.000 viviendas que adquirió en 2013. Comprar en bloque y vender la vivienda por separado es la que debe hacer que Brookfield rentabilice una inversión de 1.000 millones que triplica la que en su día hizo Blackstone. Que miles de vecinos vulnerables pierdan su hogar con la operación después de años de abusos contra su derecho a la vivienda no es algo que parezca preocuparles. 

Abandonar el hogar familiar nunca ha sido tan difícil para los jóvenes. Y no es una manera de hablar. El alquiler promedio de un piso se come el 98,7% del sueldo de un joven y eso empuja a la tasa de emancipación juvenil a mínimos históricos: solo un 14,5% de los jóvenes menores de 29 consiguieron emanciparse en 2025. El sueldo medio es de 1.191 euros entre los jóvenes y el alquiler medio, de 1.176 euros. A quien se aventurara, le quedarían 15 euros para vivir. La edad media ya alcanza los 30,2 años, según el Observatorio de Emancipación publicado este viernes por el Consejo de la Juventud de España.

Estos 30,2 años ya rebasan incluso la consideración estadística de juventud, alerta el duro informe basado en la Encuesta de Condiciones de Vida del INE. Alerta, además, que el alquiler por habitaciones ha crecido un 85,4% desde 2022, con cifras de Idealista, lo cual permite a los caseros elevar su rentabilidad.

Ni el aumento del salario medio de los jóvenes de un 1,7% hasta los 14.292 euros anuales, ni el mayor descenso del desempleo juvenil desde antes de la crisis de 2008 hasta el 17,2% atenúan una crisis de vivienda en que los precios crecen mucho más que los indicadores laborales.

El precio de compraventa crece también a ritmos altísimos y no es una alternativa al alquiler, sobre todo porque exige una gran cantidad de ahorros para alcanzar el 30% recomendado de entrada para la hipoteca. Con la vivienda protegida estancada y la vivienda libre a un precio medio de 223.000 euros (un 13% más que el año anterior), una persona joven necesita dedicar su salario íntegro durante 15,6 años para comprar en propiedad. Las cifras de precios promedio se disparan aún más en grandes ciudades y áreas metropolitanas.

El alquiler sigue siendo, por tanto, la forma más común de tenencia entre los jóvenes que se independizan, con un 55%, entre los cuales predominan quienes comparten: un 33% frente al 19,7% de jóvenes que se emancipan solas. Todo ello teniendo en cuenta que solo el 25,2% de las personas jóvenes con empleo estaban emancipadas del hogar familiar en 2025, lo que implica más de 7 de cada 10 viviendo aún en el hogar familiar.

En contra de los prejuicios generacionales, existen más personas que estudian y trabajan (un 33% del total de personas ocupadas), que ninis, personas que no hacen ni una cosa ni la otra y que desde que se reactivó la economía han ido descendiendo hasta el 2,2% actual.

Pero los bajos salarios de la juventud y su dificultad de acceso a la vivienda la convierten, tras la infancia, en el segundo grupo más vulnerable de la sociedad. Un 29,3% de las personas jóvenes están en riesgo de pobreza o exclusión social con cifras de 2025, situación que afecta incluso a un 19,9% de las personas jóvenes con empleo.

Entrando al detalle de las cifras de emancipación joven, existen en España 7,3 millones de jóvenes de entre 16 y 29 años, un 1,1% menos que el año pasado y un 17,7% de la población. De ellos, un 86,60% viven en el hogar de sus padres o se benefician de los ingresos familiares, o sea, 6,3 millones de jóvenes. La tasa está 20 puntos por encima de la media europea (que es del 68,5%) y la edad cuatro años por encima, entre los 30,2 en España y la media europea de 26,3. Los hombres se independizan un año después que las mujeres en España: 30,8 contra 29,6 años de media.

El Ministerio de Consumo sigue su campaña de paso firme contra el sector inmobiliario en plena crisis de vivienda. Un día después de hacer pública una nueva sanción a una gran inmobiliaria que tiene “miles de pisos en alquiler” por sus cláusulas abusivas, ha hecho públicas cuáles son las prácticas ilícitas más comunes entre las inmobiliarias y se lo comunicará a arrendadores y arrendatarios para que estén al tanto. El cobro de gastos de gestión inmobiliaria a inquilinos (ilegal desde la ley de 2023, que los deja a cargo de los propietarios), las fianzas por encima de lo permitido o el cargo de indemnizaciones desproporcionadas por la demora de desalojos son algunas de ellas.

Son “acciones declaradas judicial o legalmente abusivas que se encuentran de forma recurrente en la contratación inmobiliaria y en las denuncias ejercidas por las personas consumidoras”, dice el Ministerio, que ya impuso una multa de 3,6 millones de euros a Alquiler Seguro por imponer la contratación de un seguro, cobrar gastos de gestión y otras prácticas. La empresa utiliza la multa de consumo como reclamo publicitario: contrató a trabajadores para que se disfrazaran de multa en el salón inmobiliario SIMA.

Organizaciones de inquilinos y también patronales e inmobiliarias recibirán en los próximos días un comunicado alertando de estas situaciones.

Los gastos de formalización de contrato deben ser asumidos por el arrendador según el artículo 20.1 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), tras la reforma introducida por la Ley 12/2023.

En cuanto a las fianzas, el artículo 36 de la Ley de Arrendamientos Urbanos recoge que debe ser de una mensualidad del alquiler y que se puede pactar que llegue hasta dos, pero nunca quedar por encima.

Cuando un inquilino no cumple su contrato, la ley recoge que se pueden aplicar indemnizaciones, pero de acuerdo con antecedentes judiciales se consideran excesivas en casos que hasta triplican la renta diaria del contrato.

También hay inmobiliarias que vinculan la devolución de la fianza al cumplimiento de la totalidad de la duración del contrato, otra práctica considerada abusiva, así como el reconocimiento de la negociación individual del contrato, en casos en que se ha impuesto la voluntad del arrendador. “Los tribunales han señalado que la inclusión de cláusulas que afirman que el contrato ha sido negociado individualmente puede suponer una inversión indebida de la carga de la prueba sobre el consumidor”, señala el comunicado de Consumo.

Imponer gastos procesales de forma general por el incumplimiento de contrato es la sexta y última cláusula habitual entre las inmobiliarias apuntada por el Ministerio. “Este tipo de estipulaciones suelen prever de manera genérica que el inquilino deba asumir todos los gastos judiciales, sin tener en cuenta las circunstancias del caso concreto, como la posibilidad de allanamiento del arrendatario, la necesidad de reclamaciones extrajudiciales del arrendador, o la concurrencia de dudas de hecho o de derecho que en cada caso concreto pueden excepcionar la regla general que se limita a recoger la cláusula contractual”, dice el comunicado.

Pocos minutos después de que las Comunidades Autónomas gobernadas por el PP votaran este jueves a favor del Plan Estatal de Vivienda que busca repartir 7.000 millones para políticas de vivienda al mismo tiempo que amenazaban con llevarlo al Supremo por invasión de competencias, el alto tribunal publicaba una sentencia que tumbaba el registro único de pisos de alquiler de temporada y habitaciones por el mismo motivo: las competencias son de las comunidades. El Ministerio de Vivienda acató la sentencia, pero reivindicó la norma y acusó a los gobiernos del PP de que “les molesta más quién persigue el fraude que el fraude”. Esta no ha sido ni la primera ni la última sentencia del Supremo que frena medidas estatales en vivienda a petición del PP: ya son varios los gobiernos autonómicos que amenazan con llevar a la justicia los requisitos que impone el Plan Estatal.

La principal condición cuestionada es la obligatoriedad de que la vivienda protegida (VPO) sea indefinida en todas las viviendas que se hagan con fondos estatales. “Es inconstitucional”, decía el consejero de Vivienda de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, pocos minutos antes de votar a favor del plan en la conferencia intersectorial de este jueves, y amenazaba con llevarlo al Supremo. De hecho, la inconstitucionalidad de que el Gobierno imponga la vivienda protegida para siempre la determinó el alto tribunal tras un recurso de la comunidad en Andalucía en 2024 y la sentencia impidió que esta condición estuviera en la Ley de Vivienda. Pero fuentes del Ministerio advierten que esto es diferente, porque “no se impone a las comunidades que hagan su vivienda protegida indefinida, sino que tan solo aplica a las que se hagan con los fondos estatales”. El Supremo, cuando llegue el recurso, tendrá la última palabra.

Pero el recurso de la Comunidad de Madrid puede no ser el único que llegue al Supremo. La comunidad de Murcia también estudia un recurso ante la justicia y, a preguntas de elDiario.es, también la Junta de Extremadura reconoce que “está estudiando jurídicamente si varias de las medidas incluidas en el plan invaden competencias autonómicas”. Más allá de la vivienda protegida indefinida, el Plan Estatal pone como requisito compartir datos en tiempo real de los precios de los alquileres, algo posible sobre todo en aquellas que recogen las fianzas de los contratos. Lo que pasa es que Andalucía, Extremadura y Murcia ya no recaudan la fianza y permiten a arrendadores y arrendatarios que lo gestionen por ellos mismos.

El problema de los datos públicos de alquiler

“Los datos de los que dispone Extremadura sobre alquileres son estimatorios”, reconocen fuentes de la Junta de Extremadura, que admiten que el requisito de publicar datos oficiales también está siendo estudiado para llevarlo al Supremo. El ejecutivo de Murcia, que tampoco recauda fianzas, asegura que “se ha planteado esta cuestión al Ministerio en diferentes ocasiones y nos han trasladado que en las diferentes comisiones bilaterales se podrán acordar fórmulas para comunicar estos datos”. La forma en que se consigan los datos puede ser otra fuente de tensión para tirar adelante el Plan Estatal.

La sentencia del Supremo sobre el registro único, con todo, avala al Gobierno, ya que aunque tumba el registro único sí que reconoce la competencia estatal de recabar datos de las comunidades, en ese caso sobre los alquileres turísticos y de temporada.

Paradójicamente, la guerra está servida ante el primer gran consenso en vivienda entre PSOE y PP. Una mano la ponen los gobiernos populares para recibir los fondos estatales y la otra la utilizarán para, de nuevo, poner trabas judiciales a los requisitos que pone el estatal.

También afean los populares al Gobierno que exigen a las comunidades multiplicar por seis su aportación de fondos mientras ellos solo la duplican, resultado de la financiación conjunta de los planes que prevén un 60% de aportación estatal y un 40% autonómica. Juntos sumarán 7.000 millones hasta 2030, de los cuales un 40% serán para construcción de vivienda nueva, unos 2.800 millones, mientras que un 30% irán a la rehabilitación y otro 30% a ayudas como el incentivo a propietarios para poner pisos en alquiler asequible, la movilización de vivienda en zonas rurales o las subvenciones a las entradas de hipotecas destinadas a primera vivienda.

El plan contempla ayudas a la industrialización de vivienda para hacerla más sostenible y agilizar su construcción, financiación de vivienda pública para promotores privados, ayudas para urbanizar suelos que incorporen al menos un 40% de vivienda protegida y sumas específicas para constructores en zonas tensionadas. Las comunidades contarán con ayuda estatal para comprar vivienda a particulares y ponerlos en alquiler. También contempla ayudas a personas vulnerables y a mujeres víctimas de violencia de género.

Más allá del Plan Estatal, la tensión por las competencias de vivienda es habitual. Ha impedido que se pueda aplicar el tope a los precios del alquiler en la mayoría de comunidades y en todas las que lidera el PP. En el congreso, el partido de derechas tampoco da apoyo a ninguna de las medidas que se presentan, lo cual sumado al boicot generalizado de Junts hizo que se tumbara la prórroga extraordinaria a los contratos del alquiler y que estén en el cajón medidas como la limitación de compra a los grandes fondos y la subida de impuestos a socimis o la regulación de los pisos de temporada y habitaciones, que sirven a los caseros para burlar la ley.

El Tribunal Supremo ha sentenciado este jueves que el Gobierno invade competencias y las “superpone” a las de las Comunidades Autónomas al imponer un registro único donde se centralizan estatalmente los pisos que se encuentran y se ponen en el mercado turístico y de temporada. El Gobierno tomó esta medida para controlar la publicación de anuncios ilegales en plataformas como Airbnb o Booking y la Generalitat valenciana recurrió al Supremo por invasión de competencias.

El tribunal mantiene, no obstante, la ventanilla única digital, donde se centralizan las gestiones al respecto de este tipo de alojamientos, así como las obligaciones de transmisión de datos de las plataformas en línea y la transmisión de datos con fines estadísticos. O sea, que el Gobierno no podrá tener un registro centralizado de todos los pisos de alquiler turístico y de temporada porque el tribunal entiende que se trata de competencias de las comunidades, pero sí que podrá exigirles que les traspasen datos.

El Ministerio de Vivienda ha acatado la medida y acepta que a partir de ahora sean las comunidades las que se encarguen de los registros de pisos turísticos y de temporada, pero defiende que desde que entró en vigor en julio de 2025 ha permitido aflorar más de 110.00 contratos de alquiler ilegales, la mayoría turísticos, 26.000 de ellos en Andalucía, a quien el ejecutivo achaca “mirar hacia otro lado” ante la proliferación de los mismos. En total, se han registrado 258.000 pisos turísticos y 83.000 alquileres de temporada en el registro.

El registro y la ventanilla están regulados en el Real Decreto 1312/2024 de 23 de diciembre. El Tribunal considera que “el Estado carece de título competencial para establecer una regulación exhaustiva de un registro nacional que se superpone a los registros autonómicos existentes respecto a la inscripción de inmuebles destinados a arrendamientos turísticos”, según informa en la nota de prensa sobre la sentencia. El Supremo, no obstante, ha desestimado los recursos sobre la ventanilla digital y el traspaso de datos.

Para determinar si el Estado tiene o no competencias para elaborar el registro único, analiza si las medidas recurridas cumplen con funciones como las de establecer condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales, si contribuye a la coordinación de la planificación general de la actividad económica, o bien la función de recabar estadísticas para fines estatales.

Rechaza que la regulación exhaustiva del nuevo registro único a nivel nacional tenga cobertura en ninguno de ellos y descarta que pueda ampararse en la planificación de la actividad económica, que ya cumplirían los registros autonómicos. Sí que se admite, sin embargo, que la ventanilla digital y las transmisiones de datos sirven para cumplir una función de planificación económica y de interés estadístico.

Los gobiernos de las comunidades autónomas del PP votarán finalmente a favor del Plan Estatal de Vivienda, que se vota este jueves por la mañana en conferencia sectorial en el Ministerio de Vivienda y que prevé una inversión conjunta de 7.000 millones de euros para construir, rehabilitar vivienda y repartir ayudas a la ciudadanía. Después de duras críticas de “invasión de competencias” que ha mantenido a su llegada al ministerio, el consejero de Vivienda de Madrid, Jorge Rodrigo, ha hablado en nombre de las regiones presididas por el PP, que son mayoría y las que se mostraron más reticentes al plan, para adelantar el voto favorable de todas ellas. “Las comunidades del Partido Popular vamos a votar a favor”, ha dicho. Pero, al mismo tiempo, ha dicho que se reservan “futuros recursos pertinentes” ante el Supremo por la invasión de competencias.

Rodrigo ha criticado de todas formas que el plan “llega tarde” y que la ministra ha tenido “poco talante democrático”. Ha defendido como “inconstitucional” la imposición de la vivienda protegida indefinida, requisito indispensable para aplicar los fondos estatales que prevén 1.113 millones para Madrid en los próximos cuatro años. Los pactos deben aprobarse después con las condiciones concretas de las comunidades una a una en reuniones bilaterales.

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha asegurado que pretende “desplegar cuanto antes” estos fondos que podrían aplicarse ya en el segundo semestre de 2026 y que no se verán afectados, ha pronosticado, por posibles cambios en los calendarios electorales como un adelanto de las elecciones generales. “Para avanzar en este objetivo el acuerdo es fundamental. Lo relevante es que hemos conseguido consenso”, ha defendido, así como se ha mostrado optimista con la posibilidad de llegar a nuevos acuerdos en materia de vivienda en el Congreso que puedan sumar prórrogas a los contratos de alquiler después de que decayera el decreto ley excepcional por la guerra.

El plan prevé una inversión conjunta de 7.000 millones en los próximos cuatro años, de los que el Gobierno aportará un 60% y las comunidades un 40%. El 40% irán destinados a construcción, el 30% a rehabilitación y el 30% restante a ayudas para hipotecas o para propietarios que pongan vivienda en alquiler asequible, entre otras. Para contar con los fondos, existen algunos requisitos como que la vivienda protegida financiada con este dinero sea pública de por vida o que las comunidades autónomas se comprometan a compartir la información sobre los precios de los alquileres.

Esta información oficial se suele basar en los registros de las fianzas, que Andalucía, Extremadura y Murcia ya no piden a los contratos de alquiler. La ministra ha defendido que los datos se pedirán con “respeto a las competencias autonómicas”, pero que espera “que la competencia no sea el impedimento”. “Lo que planteamos es que haya canales públicos” para tener información sobre los precios del alquiler. “Mediante las fianzas, las administraciones nos aportan datos sobre los precios y sobre las cláusulas, para que no sean abusivas. (...) Cuando se habla de la eficacia o no de medidas como el control de precios, se hace sin contraste científico porque solo se puede analizar con datos públicos donde hay fianzas”, ha añadido.

“Andalucía vuelve a encontrarse con un Gobierno de España que trata de imponer su modelo de vivienda. Tendríamos que tener ya el plan en marcha, desde enero, llega tarde”, ha dicho la consejera de Vivienda de Andalucía, Rocío Díaz, que ha criticado que el plan “multiplique por seis” la aportación de la Comunidad y solo “por dos” la aportación estatal. Díaz ha afirmado eso sí que la Comunidad acepta el 17,10% de aportación. “Estamos revisando el contenido jurídicamente”, ha alertado, así como ha criticado que el plan “no ha sido consensuado”, en contra de lo defendido por la Ministra. “En Andalucía presentamos 22 alegaciones a las que no se ha respondido”, ha añadido.

El Ministerio de Consumo ha hecho público este jueves que abre expediente a “una gran inmobiliaria que alquila miles de viviendas” por imponer cuatro cláusulas abusivas muy parecidas a las que costaron recientemente a Alquiler Seguro una sanción de 3,6 millones de euros.

La imposición de un seguro de impago al inquilino, la aplicación de una penalización desproporcionada por cada día de retraso en la entrega de la vivienda, la incorporación de una cláusula de reconocimiento de negociación individual en los contratos y una cláusula que impone al inquilino gastos y penalizaciones injustificados por los suministros y los cambios de titularidad de los mismos son las cuatro irregularidades graves cometidas que podrían acarrear multas de hasta 1 millón de euros por cada una o entre 6 y 8 veces el beneficio ilícito obtenido si se puede calcular.

El Ministerio de Consumo no puede publicar el nombre de la empresa investigada mientras el procedimiento está abierto, por lo cual lo mantiene en secreto.

El caso recuerda a la reciente sanción a Alquiler Seguro, pero en esa ocasión Facua como parte demandante publicó el nombre de la empresa, que dio una rueda de prensa y anunció que recurriría la sanción.

En su caso, la empresa cobraba gastos de gestión inmobiliaria y formalización de contrato en contra de la ley de vivienda, imponía un contrato de seguro de hogar en beneficio del propietario, unos cargos de reclamación de pagos aunque no fueran imputables al inquilino, así como los costes de las reclamaciones judiciales incluso cuando no hubiera condena en costas y una cláusula que permitía a la inmobiliaria a poner al inquilino en ficheros de morosos en caos de impagos independientemente de la causa del impago y aun no siendo deudas vencidas y exigibles. El contrato prohibía además el derecho del inquilino a desistir del servicio de atención al inquilino.

Alquiler Seguro recurrió la sanción y asegura que todas sus prácticas son perfectamente legales y lícitas.