El nuevo decreto de vivienda elaborado por el Gobierno sigue vivo y debe sufrir cambios hasta que el martes lo apruebe el Consejo de Ministros, como se espera. El PSOE y Sumar aún deben convencer a Podemos, PNV y Junts para que voten a favor después de sus críticas al borrador que circuló este miércoles, al que elDiario.es ha tenido acceso.

Uno de los principales puntos de este decreto es el de incluir el alquiler de habitaciones y de temporada en la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). Los contratos de temporada tendrán un máximo de 12 meses y deberán firmarse con una justificación de la temporalidad del inquilino. A la que pasen de ese marco temporal, serán considerados como vivienda habitual.

En cuanto a los contratos de habitaciones, que a día de hoy no se consideran vivienda habitual y dejaban en manos de los firmantes sus condiciones, con el nuevo decreto sí que se encuadrarán en esta categoría y estarán amparados por la LAU. Eso significa que los contratos serán de cinco años, siete si es con empresas, y estarán acogidos a las mismas prórrogas y condiciones. Por ejemplo, el casero no podrá aparecer en casa del inquilino sin avisar.

El nuevo decreto también establece que la suma de los alquileres de habitaciones no puede ser mayor al precio total de la vivienda, pero esto podría tener solo validez en las Comunidades Autónomas o ciudades donde hay control de precios.

Los inquilinos quedan también más protegidos con el nuevo decreto ante los caseros en cuanto a la devolución de fianzas y las reparaciones. Por ejemplo, para que se descuenten cuantías deberán firmar tanto casero e inquilino un documento de conformidad de que ha habido daños.

Las pequeñas reparaciones producidas por el desgaste de uso correrán a partir de ahora a cargo del casero, si se aprueba el decreto. Y los inquilinos tendrán derecho a presentar un presupuesto para reformas de mayor calado que, de no ser aprobado por el propietario en unos días, podrán tirar adelante y descontarse después el coste de las rentas. Además, las reparaciones de vivienda habitual estarán exentas de IVA.

En cuanto a los desahucios, las Comunidades Autónomas deberán ofrecer vivienda alternativa a las familias que sufran un lanzamiento, ya sea de alquiler o de compra. Si no lo hacen, este quedará suspendido. Y, durante la suspensión, si el casero no es un gran tenedor, la Comunidad Autónoma deberá cubrir los impagos del inquilino y pagar el alquiler al casero. Para que eso sea posible, se modificará la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Una prórroga más amplia

La prórroga de los contratos de alquiler es una de las grandes novedades de más rápido efecto del nuevo decreto. Además de garantizar que todas las extensiones solicitadas durante el periodo de vigencia de la ley se cumplan, se tendrán que otorgar ampliaciones obligatorias a todos los inquilinos cuyo contrato finalice antes de junio de 2028. Esto protegerá a miles de inquilinos de subidas de precios del alquiler o expulsiones, a no ser que el propietario necesite irse a vivir a esa casa.

Si el nuevo texto sale adelante, no se podrán repercutir gastos extra a los inquilinos en los mercados tensionados para aumentar el precio topado del alquiler.

Tampoco las viviendas de alquiler asequible o protegido podrán tener gastos extras que aumenten el precio por encima del 30% de la renta del inquilino, como está sucediendo en el Plan Vive de Madrid.

Otra situación que podría afectar al Plan Vive es que los inquilinos siempre tendrán derecho preferente de compra en las viviendas que se vendan, incluso en casos en que se vendan en paquetes o en bloque. En esos supuestos, el precio individualizado de la vivienda ha de estar prefijado y los inquilinos tendrán compra preferente, derecho que Avalon ha negado recientemente de manera expresa a sus inquilinos.

Además, el Estado también podrá ejercer a través de la empresa pública Casa 47 derecho a tanteo y retracto en la venta de viviendas y más concretamente en los paquetes. De esta forma, podría tener una vía rápida a la compra de casas en pack de grandes fondos como sucedió con las 5.000 de Blackstone, que finalmente compró otro fondo, el canadiense Brookfield.

Casa 47 se dota así de una herramienta para adquirir más vivienda pública que la que pueda construir, que se sumará además a las miles procedentes de la Sareb. Pero no es la única: también absorberá casas de otros entes estatales como Adif, la Seguridad Social, el Instituto de Vivienda de Defensa (Invied) o Muface.

Nuevos impuestos a las socimis

Las socimis (sociedades cotizadas inmobiliarias), que hoy en día no pagan impuesto de sociedades, pasarán a pagar un gravamen especial de entre el 15 y el 25% por su actividad, que se verá bonificado si ponen gran parte de su vivienda en alquiler social.

El texto incluye también algunas medidas fiscales como que los pisos turísticos tengan IVA o la bonificación en el IRPF a caseros que alquilen a gente joven, a precio asequible o que bajen el alquiler y también a inquilinos jóvenes. Este ha sido uno de los puntos que ha dejado insatisfecho a Junts, que esperaba bonificaciones a hipotecados y a inquilinos en general, así como medidas antiokupación.

El decreto autoriza al Ministerio a poner en marcha una línea de avales con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) de 2.000 millones para financiar vivienda social y 280 millones para construcción industrializada.

El Gobierno obligará también a poner el precio del índice de referencia en los anuncios de pisos en alquiler, incluso cuando no estén en zonas tensionadas.

Y promociona el ahorro de familias con los Seguros Individuales a Largo Plazo (SIALP) y las cuentas de inversión a los jóvenes mediante los planes Financia Europa.

Por último, el punto que más ha inquietado a Podemos es la modificación de la Ley del Suelo con este decreto, que cree que podría legalizar proyectos ilegales de manera retroactiva y reducir controles sobre proyectos futuros. El texto agiliza los planes urbanísticos con tal que defectos menores no paralicen desarrollos completos y establece silencios administrativos positivos para edificar en zonas rurales. Además, elimina el derecho de reversión para antiguos propietarios si en los terrenos adquiridos se hace vivienda protegida.

Resulta difícil esquivar el Mundial y toda su onda expansiva de ruido tóxico en redes que acaba por distorsionar esos 90 minutos de entretenimiento y, para muchos, horas de alegría que en principio eran.

Este ruido ha alcanzado también a la vivienda, porque un diputado de Sumar, Alberto Ibáñez, ha señalado a Ferran Torres por “especular” con la vivienda porque tiene una promotora inmobiliaria. La actividad inmobiliaria incluye más negocios que los de la vivienda, puesto que también los comercios, las oficinas o las naves industriales forman parte de este negocio. Y no queda claro que Ferran especule con pisos.

A mí tampoco me gustó que Ferran Torres llevara una gorra trumpista y una pulsera de la Guardia Civil, pero ha sido por esto seguramente por lo que Ibáñez ha escogido a Ferran como blanco de sus ataques, porque sabía que su público de izquierdas ya estaba sumando antipatía hacia él.

Y cuando digo “escogido” lo digo porque, tal y como indica Forbes en un artículo, no solo Ferran, sino que también David Raya, Pedro Porro, Martín Zubimendi, Pedri e incluso Borja Iglesias tienen negocios inmobiliarios. También Rosalía tiene empresas inmobiliarias y muchos más millonarios porque es una inversión segura y rentable. A veces, también inhumana. Pero era mucho más fácil atacar al que ya estaba siendo atacado por la izquierda.

La vigilancia a la vida de los famosos, sobre todo cuando se trata de delitos o acoso, es un rol importante de los medios de comunicación que con las redes ha adquirido mayor dimensión.

El futbol es política y en principio está bien apuntar a sus simbolismos, pero llega un punto en que empieza parecer nocivo, sobre todo porque se nos ha olvidado que el Mundial se jugaba en los Estados Unidos de Trump al calor de una FIFA que de limpia tiene poquito.

Al final, la hipervigilancia arrolladora que se lleva toda la atención sobre si este es de izquierdas o de derechas, si aquella hizo o no tal comentario, es totalmente tóxica. Tóxica para quien sufre el linchamiento, que seguramente reflexionaría más si le llegan uno o dos textos o reels que si de repente ve las redes inundadas de críticas que luego se mezclan con odio, insultos, etc.

Y tóxica sobre todo para una audiencia que, montada en la ola de la viralidad, deja de ver muchas otras cosas que suceden a su alrededor.

Como por ejemplo el desahucio por ahora aplazado de Paquita, una mujer de 82 años y con párkinson, para poner pisos turísticos en la casa donde vive desde hace 28 años. Su casero es una empresa desconocida y española, Tolesanta, y no un gran fondo inversor internacional ni un futbolista.

Hace un tiempo, un conocido mío resumió con contundencia el motivo por el que lleva un buen tren de vida. “Porque puedo”, dijo.

Ese es exactamente el mismo motivo por el que algunos futbolistas, cantantes, grandes fondos de inversión, mi prima segunda o los caseros de Paquita especulan con vivienda. Porque pueden.

Y pueden porque hay unos gobiernos, municipales, autonómicos y estatales, que lo permiten. ¿Sabéis qué partido también está en el Gobierno? Sumar.

Pocas horas después de que el diputado de Sumar apuntara a Ferran, el mismo partido sacaba pecho de haber conseguido colar la prórroga extraordinaria de los alquileres en el nuevo decreto de vivienda.

Lo que no contaban es que minutos después, en ráfaga, PNV, Junts e incluso Podemos se iban a oponer a ese decreto. En el caso de Junts, se oponía por motivos que ya se veían venir y que parecía que esta vez se iban a evitar: el Gobierno no incluyó sus demandas fiscales ni sus planes antiokupación. En lo que respecta a las medidas fiscales, hay dos de ellas, para desgravar el alquiler a inquilinos y a hipotecados (se podría precisar que fuesen para primera vivienda) que no son tan descabelladas.

Pero el Gobierno, que arrastra desde enero de este año su promesa de regular los alquileres de habitaciones y de temporada (entonces Sánchez prometió que lo harían “en las próximas semanas”), ha preferido presentar, de nuevo, un borrador que no convence a quienes tienen que votar para aprobarlo en el Congreso.

El decreto por lo demás contiene medidas positivas que ayudarán a mejorar la situación actual de la vivienda, tal vez no a corto plazo, pero que no acabarán con la especulación. Y Sumar no debe olvidar que, aunque suele remar en defensa de los inquilinos y de los más desfavorecidos (como ha hecho con las prórrogas) y aunque su poder en la coalición es limitada, al formar parte del Gobierno tiene bastante más responsabilidad que Ferran Torres en la crisis que vivimos. Y eso sin entrar en el error estratégico que es aprovechar la ola de atención para atacar a quienes millones de personas consideran un héroe. Al menos, por unos días.

El dato

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Son las licitaciones de obra pública desiertas en 2026 por la subida de costes provocada por la guerra en Oriente Medio y los precios que ofrece la administración, que las constructoras consideran insuficiente, según un informe de la Confederación Nacional de Constructores.

Poder privado

De los creadores de living, coliving, flex living, senior living y otros tantos anglicismos que sirven para encarecer la vivienda, llega también brand residences. Se trata de residencias de lujo asociadas a marcas hoteleras y Madrid es la líder de atractivo en este sector en el mundo según el índice Barnes. Lo es gracias a su “seguridad jurídica, conectividad global y excepcional estilo de vida”, dice el índice, que apunta a Salamanca, Chamberí, Chamartín y Retiro como los barrios preferidos. En 2025, se invirtieron 3.460 millones en 32 proyectos de este tipo.

Lo que viene a significar es que mientras madres solteras que cuidan a abuelos se ven incapaces de pagar una vivienda y acaban viviendo en una habitación, que arquitectos y abogados de más de 40 comparten piso y mientras se desahucian a abuelos y familias, Madrid sigue teniendo suelo para construir edificios de lujo donde poder vivir como en un hotel pero durante más tiempo.

El lector denuncia (o consulta)

Si tienes alguna situación con tu vivienda que quieras denunciar, lo investigamos. Si tienes alguna consulta, hablamos con un experto o experta e intentamos resolverla. Escríbeme sobre todo ello a vivienda@eldiario.es

Me despido ya con ganas de vacaciones, supongo que como todos los que no habéis hecho todavía. Que tengáis un buen mes de agosto, consigáis desconectar, no os queméis al sol y no arriesguéis a menearos mucho en las horas de más calor.

El Ministerio de Transición Ecológica informó en el BOE el sábado pasado que iniciaba la inhabilitación a Holaluz y el traspaso de clientes a otra comercializadora. Unos días después, la CEO de Holaluz, Carlota Pi, atiende a elDiario.es quitándole hierro y calificando esta crisis como “cuestiones técnicas” y acusando a “las grandes eléctricas” de querer destruirlas.

Tras la inhabilitación del Gobierno, la empresa fue suspendida de la bolsa española del BME Growth donde cotiza. Y desde entonces, tiene hasta el próximo día 31 para presentar alegaciones. Aunque el Ministerio y la empresa no pueden hablar sobre las causas del proceso mientras dure el periodo de alegaciones y hasta que haya una resolución definitiva, llega tan solo un mes después de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia le abriera un expediente por una sanción “grave” de impago de peajes a las eléctricas por las redes de donde sale la electricidad que comercializan.

“No tenía ni flowers de lo de la CNMC”, dice Pi, que asegura que son “cuestiones administrativas puntuales” y rellena con anglicismos como “business as usual” su falta de explicaciones.

Según publicaba este jueves Cinco Días citando a fuentes del Ministerio (las oficiales se niegan a dar información por mantener el sigilo mientras dura el proceso), el impago de Holaluz va mucho más allá de una cuestión administrativa o puntual y asciende a seis millones de euros, cuatro con Endesa y un millón con Iberdrola y Naturgy.

El procedimiento del Ministerio prevé que si se completa la inhabilitación de Holaluz, los contratos de los clientes se traspasen automáticamente a la tarifa regulada y puedan optar también a contratar otra compañía de luz, pero en ningún caso perderán el suministro.

Aunque desde la empresa aseguran que presentarán las alegaciones y resolverán la cuestión sin dejar que expire el plazo, insisten en alimentar la narrativa de una persecución de las grandes eléctricas en lugar de asumir la gravedad del asunto. “No es la primera vez que nos atacan. Lo explicaremos cuando hayamos presentado las alegaciones. El establishment energético quiere acabar con nosotros”, asegura Pi.

El expediente por infracción grave publicado por la CNMC el pasado mes de junio apuntaba a una infracción del artículo 65.3 de la Ley del sector eléctrico, que prevé la obligación de las comercializadoras a pagar peajes a las eléctricas para comercializar con la luz que sale de su red y a estas a cumplir con sus obligaciones.

En mayo de 2024, la CNMC abrió un expediente sancionador contra Holaluz por el mismo motivo, según publicó El Mundo.

Fuentes del sector cercanas a las grandes eléctricas confirman a elDiario.es que los impagos de Holaluz vienen de hace años. Cuentan que hace tiempo que dejan de pagar, después pagan una parte, luego vuelven a dejar de pagar y así van acumulando deuda. Confirman que una denuncia de Iberdrola es la que ha precipitado la apertura del expediente del Ministerio. Y explican que algunos de estos impagos los tiene que aportar la eléctrica a la caja común de la CNMC, por lo que las eléctricas avanzan estas cuantías.

Sin entrar en ningún momento en los impagos de Holaluz, Pi asegura que “los clientes pueden estar tranquilos” y que resolverán los problemas antes de que se cumpla el plazo.

“Las grandes empresas tienen un interés brutal en destruirnos porque le damos miedo”, insiste Pi sin entrar a valorar la naturaleza de los expedientes abiertos. “La CNMC nos escucha mucho, el Gobierno también y somos un agente de cambio en propuestas normativas”, dice Pi, que cree que “lo que las grandes empresas quieren es controlar el mercado para que la luz no esté distribuida y libre como pretendemos empresas que fomentamos el autoconsumo y las comunidades energéticas”.

“Estamos muy tranquilos porque lo vamos a resolver y no estamos traspasando clientes a ningún sitio, operamos con normalidad”, abunda Pi, pero insiste en que hay que “esperar a que esté cerrado el expediente para dar información al mercado”. “Estoy deseando poder explicar todo esto”, añade. Y asegura que las empresas que les persiguen “estiran la norma” para hacerles daño.

Impagos tras su gran crisis

Los impagos coinciden con una redimensión de la empresa que vivió una profunda crisis tras la invasión rusa en Ucrania. Durante ese 2022, su facturación vinculada al autoconsumo se disparó porque crecieron los precios de la electricidad y las placas solares permitían protegerse. Pero al bajar los precios energéticos y dispararse los tipos de interés, dejó de salir tan a cuenta el autoconsumo y su actividad cayó en picado.

Tras cerrar 2022 con unas pérdidas de 5 millones y una facturación de 920, las multiplicó por cinco hasta los 26 millones y 614 de facturación en 2023.

A finales de 2024, el desconocido fondo de inversión industrial Icosium salió al rescate de Holaluz aportando 22 millones de euros a la empresa y haciéndose con el 14,2% del capital de Holaluz, de forma que se convertía en máximo accionista.

La entrada de Icosium no despejó las “dudas” del auditor EY sobre la continuidad de la empresa, que en 2024 batió su récord de pérdidas hasta los 31,4 millones y que, tras una reestructuración y echar al 30% de la plantilla, las redujo tan solo a 22,1 millones en 2025. Cayeron más los ingresos, un 40% hasta quedarse en 158,9 millones.

Pese a la caída del autoconsumo, Holaluz mantiene una cartera de clientes de la comercializadora de unos 225.000 clientes que pagan por una suscripción fija y que les garantiza una base de ingresos estable.

La empresa publicará los resultados del primer semestre de 2026, auditados, en octubre, de forma que se podrá conocer cómo avanza el estado financiero de la empresa y una deuda que a cierre del año pasado era de 42 millones tras una refinanciación de 60 millones que vence en 2028.

“Estamos confiados en ejecutar nuestro plan de negocio”, dice Pi, sin dar detalles sobre la cuenta de resultados. Y celebra que gracias a la Inteligencia Artificial han conseguido reducir un 30% los costes operativos.

La empresa nació en 2010 en Barcelona y se hizo famosa por defender “la revolución de los tejados” como una de las primeras empresas que apostó por el autoconsumo fotovoltaico en España.

En solo seis años, consiguió facturar 100 millones y cerrar con beneficios de medio millón en 2016. En 2019 empezó a cotizar en el BME Growth y fue alternando pequeños beneficios con pequeñas pérdidas que mostraban una estabilidad financiera que se rompió después de su techo de 2022.

Con el aluvión de autoconsumo por la guerra de Ucrania, alcanzó los 919 millones con unas pérdidas de 5,2 millones ese año, pero a partir del siguiente empezó su caída en picado. Un año después de su nuevo plan de salvación, el discurso optimista y a la vez de “David contra Goliat” de Holaluz sigue intacto. Pero la inhabilitación del Ministerio y la suspensión en la bolsa muestran una realidad mucho menos colorida que el discurso de Carlota Pi. A principios de agosto, tras la presentación de alegaciones, se verá si Holaluz realmente sale del túnel o entra en uno mucho más oscuro.

Los mutualistas con una pensión privada insuficiente podrán acogerse al régimen especial de trabajadores autónomos (RETA) y cobrar pensiones públicas después de que el Congreso haya votado a favor este jueves. El legislativo también ha validado, sin embargo, la exclusión de los ya jubilados (excepto los viudos), fruto de una autoenmienda del PP en el Senado que ha sido criticada por varios partidos políticos.

En una maratoniana jornada en el Congreso antes de abrir el periodo vacacional, se ha votado también en contra de la senda del déficit, primer paso para los presupuestos, se ha aprobado un nuevo decreto anticrisis y se ha dado el visto bueno a la jubilación parcial del personal laboral de las administraciones.

Los mutualistas se habían organizado y movilizado en diferentes colectivos para reclamar esta pasarela que garantizara sus ingresos y han conseguido esta victoria que deja el sabor agridulce de los ya jubilados, que no podrán acceder a las pensiones públicas. Sí lo harán quienes tengan más de 15 años cotizados.

La diputada del PP, Macarena Lorente, ha defendido a los mutualistas porque “cumplieron la ley” y se vieron desprotegidos. Ha afeado al Gobierno que no haya compartido los datos de mutualistas a los grupos parlamentarios y ha defendido que la reforma debe hacerse “con rigor” y al calor del Pacto de Toledo. Ha defendido que la pasarela “era muy restringida y se ha ampliado” y ha celebrado que los viudos finalmente no hayan quedado excluidos.

Lorente ha defendido que las enmiendas han supuesto “mejoras” a la nueva ley sin referirse a la exclusión de los ya jubilados.

Quien ha criticado esta enmienda es Alfonso Cendón, del PSOE, que ha lamentado “el tacticismo del Partido Popular”, de quien ha dicho que “nunca ha querido aprobar esta ley”. “En una decisión irresponsable, introdujeron una enmienda que iba contra el espíritu de esta ley”, ha dicho Cendón.

“Los pasivos han dejado fuera de esta legislación y esta es una de las demandas históricas”, ha dicho Cendón, que ha dicho que “queda camino” y que la pasarela “sienta las bases” para “seguir avanzando”, augurando una futura protección a los pasivos.

También han criticado la enmienda los portavoces de Sumar, Podemos, Bildu, Esquerra, PNV, Compromís y UPN. “Han dejado en la indefensión a los jubilados”, ha dicho Alberto Catalán, diputado de este último partido.

“No vamos a aceptar dejar fuera a los jubilados”, ha dicho Martina Velarde, de Podemos. “Eso no es justicia, es discriminación”, ha señalado con respecto a que “la pasarela exista pero desaparezca cuando toca recibir la pensión”.

“Estamos a tiempo de no cometer esta injusticia”, ha clamado Idia Sagastizábal, del PNV.

Josep Maria Cervera, de Junts, ha sido menos explícito al mencionar “vetos inexplicables”, mientras que Pilar Vallugera, de Esquerra, ha calificado de “desastre” que queden fuera los que tienen menos de 15 años cotizados. Ahora bien, como el PP, ha criticado la falta de datos, que hace que la decisión se tome “sobre criterios oscuros”.

Después de las críticas de Podemos y del PNV a varios puntos del decreto de vivienda pactado por PSOE y Sumar y cuyo borrador ha hecho correr este miércoles, Junts tiene en su tejado el resto de votos clave. Y tras revisar al texto, han emitido un veredicto negativo: “si mantiene las medidas que perpetúan las ocupaciones y no protegen ni al inquilino ni al pequeño propietario, y no incorpora las propuestas de Junts, no tendrá nuestro apoyo”.

Así se han expresado las fuentes de Junts que defienden que ante el fracaso de las medidas “intervencionistas”, es necesario aportar desgravaciones fiscales a inquilinos y a hipotecados, pero también tirar adelante su propuesta de ley antiokupación ilegal.

El nuevo texto no incluye la propuesta de Junts de desgravar impuestos a los inquilinos, tan solo a los jóvenes de 18 a 35 años, ni a los pequeños propietarios hipotecados, medidas que venía exigiendo el partido de centroderecha catalán desde hace meses y cuya inclusión parecía que podía tener la clave para dar con una mayoría.

“El grueso de las propuestas no ha estado incorporado, solo en un hecho puntual de los jóvenes”, cuestionan desde el partido.

El borrador tampoco incluye ninguna mención a la okupación ilegal, mientras que Junts exige medidas para facilitar los desalojos exprés. Es más, critica que haya medidas que “perpetúan la okupación ilegal en este texto”. Se refiere, probablemente, a la modificación del artículo 441,6 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que prevé que se suspendan los desahucios que no cuentan con alternativa habitacional para los afectados.

Eso sí, el decreto prevé que los gobierno autonómicos asuman la compensación de impagos de renta, suministros impagados y daños causados mientras dure la suspensión de un desahucio si los propietarios afectados no son grandes tenedores.

El decreto que se espera votar la semana que viene no cuenta, con el borrador actual, con los apoyos necesarios para tirar adelante. Además de los habituales rechazos de PP y Vox, Podemos ha afeado que se quiera incluir una modificación de la Ley de Suelo y el PNV ha pedido limitar la prórroga de alquileres hasta 2028 solo a los inquilinos que estén al día en los pagos. Esa prórroga es justamente la principal victoria defendida por Sumar en el nuevo decreto.

Tras el rechazo del Congreso a la prórroga extraordinaria de contratos del alquiler del pasado mes de abril, Sumar consideraba clave este punto para el nuevo decreto de vivienda.

Entre los objetivos principales de este nuevo decreto está combatir el fraude de alquileres de temporada y de habitaciones, que pese a que no están recogidos como formas de vivienda acaban optando como tal sin acogerse a las mismas leyes y protecciones.

El decreto prevé que se justifique la temporalidad de la vivienda con su causa y que los contratos no excedan de 12 meses, así como que la suma de los alquileres de habitaciones no excedan el precio de la vivienda.

En las últimas semanas el Gobierno y Sumar se habían mostrado optimistas con que el nuevo borrador podría satisfacer algunas de las exigencias de Junts, especialmente aquellas que permitían desgravación a inquilinos y a hipotecados.

Finalmente, no ha sido así y los cambios fiscales se limitan a joves inquilinos y también a caseros que pongan sus pisos en alquiler asequible o se lo alquilen a jóvenes.

El nuevo decreto también prevé incorporar cambios fiscales a las socimis y que los gobiernos autonómicos cubran a los caseros que no sean grandes tenedores.

Las cajitas de plástico con teclas numéricas colgadas a lado y lado del portal de la calle Santa Ana avisan de que hay pisos turísticos en lo que antes eran bajos comerciales. También lo son la mayoría de pisos del bloque del barrio de La Latina de Madrid, donde vive Paquita, de 82 años, que se enfrentaba este miércoles a las 10 y media a un desahucio que finalmente fue aplazado por la justicia. Ella, que ha seguido pagando más de 1.000 euros al mes de alquiler querría quedarse en la casa donde lleva viviendo desde hace 28 años con su hijo que ahora tiene 47, pero al menos consiguió su objetivo de ganar un poco más de tiempo para buscar otra vivienda. “¿Adónde me voy a ir con unas semanas de aviso?”.

“Todos los que me conocen me han dicho que van a venir”, cuenta Paquita entre temblores por el párkinson que sufre desde hace dos años, esperando una gran movilización vecinal. Paquita y su hijo, transportista, no son una familia vulnerable, tienen ingresos de 3.000 euros al mes y estarían dispuestos incluso a aumentar los 1.150 euros de alquiler que pagan desde hace 28 años. Pero los dueños, la empresa Tolesanta SL, que tiene varios pisos turísticos, no le han dado alternativa. “Por aquí no ha venido nadie ni me han dicho por qué quieren que me vaya”, dice Paquita. “Si quieren que pague más, podríamos hablar”, asume.

Ya en 2023 un juez dictaminó que tenía que abandonar la casa, pero siguió pagando el alquiler a los juzgados asesorada por su abogado para mantenerse en ella hasta que hubiera orden de desahucio. Hace algo más de un año, la empresa volvió a admitir los pagos directamente. “Cuando eso pasó, me quedé más tranquila, el abogado me dijo que si la empresa admite el pago, es que no me quieren echar”, cuenta.

Pero hace unos días, la situación dio un giro con una orden judicial que pedía el desahucio. Aunque fue emitida el 2 de julio, a Paquita le llegó días más tarde, insuficiente para buscar piso. “Además, que cuesta mucho”, advierte la mujer ante un mercado con poca oferta y aún menos a precios asumibles.

Tolesanta tiene otra decena de pisos turísticos en el número 77 de la calle Toledo, que un juez obligó a cerrar hace unas semanas por los ruidos y molestias que ocasionan en vecinos, tal y como publicó elDiario.es. Tuvieron que indemnizar además con 34.000 euros a algunos vecinos. Pocos días después de la sentencia, el juez envía el auto para echar a Paquita. Propiedad de Alexander Couret, la empresa facturó 1,4 millones en 2024.

Entrar en el piso de Paquita es como tomar un túnel del tiempo al pasado. La enciclopedia del Real Madrid con pequeñas réplicas de sus copas y el coleccionable del Quijote remiten al menos a los 90 y la falta de aire acondicionado también, aunque en este caso con el problema que supone para la climatización de un piso con una persona de edad avanzada. El mantenimiento por parte de los propietarios, en general, brilla por su ausencia, como demuestra una persiana medio torcida y unas oscuras humedades en el techo del pasillo y el del baño.

“Me estuvo saliendo agua del vecino de arriba por la pared durante días y ahora parece que se vuelve a filtrar. Cuando he tenido algún problema, he llamado al fontanero y lo he pagado yo. Los dueños no han movido un dedo por el mantenimiento”, lamenta.

Toda una vida en el barrio

Paquita llegó con 15 años al barrio de La Latina acompañada de su madre, viuda, que se puso a trabajar de portera. Ella entró en una perfumería hasta que se casó y vivió en un par de pisos más del barrio antes de llegar al que está ahora. “Esta es nuestra casa de toda la vida, aquí han muerto mi madre y mi marido, esto es muy duro. Que me digan que les pague algo más y lo pactamos, pero que no nos echen después de toda una vida. No hay derecho”, dice a punto de llorar.

Su mensaje en contra de la especulación es contundente: “Si alguien quiere ganar más dinero, que se vaya a un hotel, pero que deje la vivienda a las personas que lo necesitan. La ley está muy mal hecha si permite echar de casa a alguien para ganar más. Pero ganar más es ganar menos, porque no creo que Dios les dé mucha salud”, reflexiona con recado religioso.

Pese a la reciente noticia del desahucio, Paquita disfrutó de la final del Mundial “con muchos nervios”. “Cuando he tenido momentos de alivio, sin dejar de pensar, lo he ido llevando bien. Y si no, con mis sopas de letras también desconecto”, cuenta. Y resume la contradicción de la euforia nacional por la selección y el drama de la vivienda: “Sí, España muy bien. Pero por otro lado, España muy mal”.

El cartel para luchar contra el desahucio este miércoles está en el gimnasio de boxeo delante del edificio, en la escuela de Aikido de al lado y en la frutería ecológica a pocos metros, uno de los pocos negocios que sobrevive desde hace años porque Teresa, que lo regentaba y ahora está jubilada, es propietaria.

“La mitad de familias que eran clientas se han ido”, cuenta Teresa, que también ha visto desaparecer comercios como la tienda de cerámica, “era preciosa”, que estaba al lado de la casa de Paquita. “Qué triste, pobrecita”, dice Cesarina, trabajadora de la frutería, al comentar la amenaza de expulsión de su vecina.

“Hace años que lo viene diciendo, que la van a echar, que la van a echar, que la vienen presionando. Aquí todo el mundo la conoce, es querida, y ha vivido allí con su marido, con su madre, con sus hijos…”, recuerda Teresa.

Del bloque de Paquita sale una familia de turistas y pregunta por alguna dirección. Emprenden la marcha, ajenos a que en el mismo bloque donde pasan las vacaciones este miércoles pueden echar a una vecina de 82 años.

La violencia laboral es un fenómeno habitual que afirman haber sufrido un 16,7% de los trabajadores y presenciado un 14% más, hasta un total de un 30,7% que la han vivido directa o indirectamente. Un informe publicado este martes por la Fundación Primero de Mayo, vinculada a Comisiones Obreras, advierte que el porcentaje de víctimas casi se duplica entre los menores de 24 años.

En la franja de los 18 a los 24 años, el 26,7% de los encuestados dicen haber sufrido violencia laboral, un porcentaje que baja casi a la mitad entre la franja inmediatamente posterior, la de los que tienen de 25 a 34 años, mientras que un 16,5% de la población entre 35 y 44 años y un 17,7% de los 45 a los 54 años dicen haberla sufrido. Por último, un 15,1% de los mayores de 55 señalan haberla vivido directamente.

El abogado Eduardo Fernández, del gabinete jurídico de Comisiones Obreras, señala que los jóvenes “tienen menor experiencia ante estos casos”, mientras que el abogado de la cooperativa Era Eloi Orihuela alerta además de que “son más víctimas de la precariedad”, lo cual puede propiciar esta hostilidad.

El estudio apunta además que un 40% de las víctimas o testigos no lo han reportado ni en la empresa ni fuera de ella. Los expertos coinciden en que aunque la violencia laboral tiene unos protocolos que la hacen objetivable, “se tiende a pensar que depende de la subjetividad”, apunta Fernández.

“No hay una definición muy precisa sobre lo que es la violencia laboral”, reconoce Fernández, que apunta a la ley 15-2022 que versa sobre la discriminación y el acoso. “Esta ley debería ser revisada porque en 2023 la Organización Internacional del Trabajo (OIT) introduce el concepto de violencia laboral como algo mucho más amplio hacia cualquier práctica que considere inaceptable y que no es necesario que sea contínua en el tiempo o que tenga intencionalidad de discriminación”, apunta.

La ley trata de garantizar la igualdad a los ciudadanos en diferentes momentos, también en el laboral, y protegerlos contra la discriminación.“La continuidad en el tiempo o la intencionalidad pueden hacer que la violencia sea más grave, pero no es indispensable. Incluso la amenaza de acoso puede ser constitutiva de violencia”, aclara Fernández.

El abogado Orihuela apunta a que existen a veces “violencias estructurales en trabajos con pocos márgenes que presionan mucho al trabajador” y apunta a sectores como el transporte o los teleoperadores como algunos con casos frecuentes.

“El entorno laboral se ha vuelto más hostil. Acabo de tener una llamada con una clienta que me explicaba que le habían prometido una serie de aumentos y responsabilidades y al final, al revés, le han ido quitando responsabilidades mientras van diciendo a la plantilla que son todos unos inútiles”, relata Orihuela.

El estudio de la Fundación Primero de Mayo también segmenta por sectores: con un 39%, el sanitario y de atención social es el más afectado, por encima del comercio minorista y hotelería con un 38% y de la educación con un 36%. Algo detrás están la administración y atención al público y transporte, que concentran un 31,5% de denuncias, y el sector industrial, con un 29,5% de casos. El resto de sectores suman el 25,8% restante de los casos.

“En ocasiones, la violencia laboral o el acoso se practican con la finalidad concreta de que el trabajador se vaya y ahorrarse un despido” señala Orihuela, que cree que “a veces cuesta detectar la intencionalidad” del acoso o de la violencia. “A veces el humor puede esconder un tipo de violencia y no se suele tener en cuenta cómo recibe el trabajador cada comentario o acción”, desarrolla.

Otra forma de esconder la violencia, apunta, es “con objetivos imposibles de realizar” que pueden costarle muy caro a la salud laboral del empleado. “Existe una falta de formación en liderazgo o una mala forma de comunicarse que en ocasiones es tan dañino como algo intencional”, añade Orihuela, que recuerda que él trabaja con casos particulares y que los colectivos “suelen ir más por la vía sindical y es lo correcto”.

Violencia en pymes y grandes empresas

Con todo y con eso, el 40% de las víctimas y testigos no han reportado en sus empresas que han sufrido o presenciado esta violencia. Según Fernández, de CC.OO, “en las empresas más pequeñas puede ser más difícil de denunciar”, porque el perpetrador de la violencia puede ser el propio dueño de la empresa y porque hay menos canales como por ejemplo comités de empresa.

El estudio, sin embargo, señala que hay más exposición a la violencia laboral en empresas mayores: un 35,9% de los trabajadores la ha sufrido o visto allí, por un 31,3% en las medianas y un 25,6% en las pequeñas.

En las empresas de mayor tamaño, “la dirección puede no saber o no querer enterarse de la violencia laboral” y en ese caso “son responsables ante los tribunales por no haber corregido” estas situaciones. “El acoso es una actitud más continuada en el tiempo y la violencia incluye insultos, comentarios despectivos que no tienen por qué repetirse”, aclara Fernández.

Sea individual o colectiva, la violencia laboral siempre se estudia “de manera individual, aunque canalizada”. “El titular de los derechos que se violentan es la persona trabajadora y se tiene que defender”, observa Fernández. “Siempre tiene que haber puesto en conocimiento a la empresa que existe esta situación y, para ello, la representación sindical es fundamental”, aporta.

El informe apunta a que las mujeres sufren más violencia laboral que los hombres, un 18,3% frente a un 14,8% los hombres. Y entre las violencias sufridas por las mujeres, el 38,8% acredita haber sufrido violencia sexual, lo cual representa un 7% sobre el total de asalariadas. Si atendemos a los micromachismos, la cifra se dispara a un 78,1% de las trabajadoras que lo ha detectado.

El 63,4% de las personas que denuncian haber sido víctimas de violencia laboral perciben efectos graves en su salud mental, mientras que el 94,6% perciben su continuidad en el puesto vinculada a esta situación.

En cuanto al tipo de violencia sufrida, la más común son amenazas, humillaciones, insultos, abusos verbales, gritos o descalificaciones, en un 80,9%. En un 79,6% de los casos había miradas intimidantes o lenguaje corporal hostil. La exclusión u omisión en las comunicaciones alcanza al 78% de las víctimas de violencia laboral. Las agresiones físicas llegaron a ocurrir en un 23,9% de los casos.

El secretario de Estado de Vivenda, Francisco David Lucas, ha fallecido este lunes a los 58 años. El pasado 30 de junio, informó de que se ausentaba por un “proceso cancerígeno” y, 20 días después, el Gobierno ha informado de su fallecimiento.

Nacido en Madrid en 1968 y licenciado en Derecho por la Universidad Carlos III, Lucas fue alcalde de Móstoles entre 2015 y 2018. Asumió el cargo que tenía hasta su fallecimiento en 2023, cuando se creó el Ministerio de Vivienda ante la crisis que vive España. Su experiencia en la gestión local y su elevada formación en derecho y en políticas públicas hacían de él una figura clave a la hora de implementar en los municipios las políticas de vivienda del Ministerio.

El mayor ejemplo de ello fue que tuvo un papel clave, por su buena relación con el equipo de José Luis Martínez Almeida, en la negociación para que se cerrara el nuevo proyecto de vivienda pública denominado Operación Campamento, en el distrito de Latina. El equipo municipal del PP se deshizo en elogios hacia él, algo poco habitual entre los principales partidos españoles. Gracias a su papel mediador, el principal proyecto de la nueva empresa pública de vivienda, Casa 47, hará allí su primer complejo de viviendas públicas en Madrid, 10.700 en antiguos terrenos militares.

Con él al frente del principal cargo por debajo del ministerio que lidera Isabel Rodríguez, el Ministerio ha impulsado justamente Casa 47, y ha cerrado un Plan Estatal de cara a 2030 que multiplica la inversión española en vivienda junto a las Comunidades Autónomas.

Antes de la creación del Ministerio, Lucas ya era secretario general de Agenda Urbana y Vivienda del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

Hombre de partido en el PSOE y de gestión pública, David Lucas ocupó su primer cargo como concejal en Getafe entre 1999 y 2007 y los cuatro años posteriores en Madrid.

Además de una dilatada trayectoria política y de gestión pública, Lucas tuvo una experimentada vida académica. Se especializó en Derecho Público de Estado por la Universidad Complutense y obtuvo un máster en Política Territorial y Urbanística en la Carlos III de Madrid, con especialidad en Gestión Urbanística. El máster en Derecho Público por la Universidad Carlos III, además, le valió el reconocimiento a mejor expediente académico y premio extraordinario.

Con este expediente, dio clases de Derecho Financiero y Tributario en Historia del Derecho en la Universidad Carlos III de Madrid; fue profesor de Derecho Financiero y Derecho Constitucional en la Universidad de Nebrija; y de Ciencia Política y Gestión y Administración Pública en la Universidad Complutense.

Ha sido además portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid; teniente-alcalde de Getafe; presidente de la Delegación Española en el Congreso de Poderes Locales y Regionales del Consejo de Europa y presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Federación Española de Municipios y Provincias; así como responsable de la implementación de la Agenda 2030 en los municipios españoles.

También fue miembro del Comité Director del Consejo de Municipios y Regiones de Europa, del Comité Director y del Bureau Ejecutivo de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos y de la Red Interparlamentaria de la OCDE. En materia municipal, fue presidente de la Mancomunidad de Municipios del Sur, vicepresidente de la Federación de Municipios de Madrid y presidente de la Comisión de Hacienda de esta federación.

La ministra Isabel Rodríguez ha lamentado su muerte en un post de X, “Aún con incredulidad y el deseo de que sea un mal sueño”, lamenta la pérdida del compañero con el que ha compartido “intensamente” los últimos tres años. “No es fácil hoy hablar de David Lucas. Te voy a echar mucho de menos”, ha dicho Rodríguez.

Miembros de su equipo lo describen como “muy buena gente” y “muy trabajador” y destacan que “se llevaba bien con la gente”. “Es un buen negociador porque es un hombre serio, pero es fácil cogerle cariño”, aportan.

Es una visión que cuadra con lo que ha dicho de él el secretario de Organización de Más Madrid, Gabriel Ortega, quien fue teniente de alcalde bajo su mandato. “Siempre me pareció buena gente y leal a los acuerdos alcanzados”, ha dicho.

Desde el Ayuntamiento de Móstoles, han expresado el “más sentido pésame” a su familia, amigos y seres querimos, uniédose “al dolo de su pérdida”.

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha puesto en valor el “lujo de aprender de él” y de “poder avanzar a su lado”. “Qué gran persona, qué gran compañero y qué gran profesional se va. Y así de fugaz”, ha lamentado.

Instalado en Londres desde hace 13 años, Koldo Casla (Donosti, 1985) es profesor de Derecho Internacional de Derechos Humanos en la Universidad de Essex y desde mayo relator especial para la Vivienda en las Naciones Unidas. Con una amplia carrera académica y un PhD en Estudios Internacionales en la King’s College de London, defiende la regulación de precios de alquileres y alerta de que, si se ejecuta el desahucio de Maricarmen, España estaría incumpliendo su tratado con la ONU.

¿Cómo funciona el trabajo de un relator especial?

Surgieron en los años 60-70, cuando los estados no se sentían muy cómodos criticando a otros países por su situación de derechos humanos. Crean figuras independientes pero protegidas por la ONU. El puesto es un procedimiento abierto al que cualquier persona del mundo puede concurrir. Y ahora tengo el paraguas de la ONU y tres tareas principales, un informe temático, uno sobre un país (que me tiene que invitar) y atender a las quejas particulares.

Recientemente, la ONU pidió frenar el desahucio de Maricarmen. ¿Sería negligente España si no lo hace?

Sí, estaría vulnerando el tratado, el pacto internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Quien lo pidió fue el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en respuesta a quejas particulares. España es el país de lejos que más quejas registra sobre vivienda, por su fuerte activismo. Se trata de una medida cautelar, a falta de resolución definitiva. Y España tiene la obligación de cumplir de buena fe. España, que registra el 90% de las quejas sobre vivienda, está entre los 25 países que han aceptado la jurisdicción del comité de la ONU, que es opcional.

Si se desahucia a Maricarmen, España estaría vulnerando el tratado de la ONU

¿Y cuándo pasa la decisión de cautelar a definitiva?

Puede tardar más de un año, es un procedimiento escrito que analiza a las partes implicadas.

Pero solo vulnerando la cautelar, ya estaría vulnerando el tratado según comenta. ¿En qué se traduce esa vulneración?

Bueno, nadie va a echar a España de la ONU, no entrarán los cascos azules, pero sería una vulneración del tratado.

¿Son negligentes las autoridades de España cuando permiten que sigan sucediendo este tipo de desahucios de personas vulnerables?

Lo más importante es que cuando se ejecuten estos desahucios cumpla con los estándares a los que se ha comprometido, que se basan en que haya un proceso participativo, que se preste especial atención a las personas vulnerables, por ejemplo personas con discapacidad o infancia, y ofrecer alternativas habitacionales. También se debe cumplir un análisis de proporcionalidad.

¿En qué lugar está España en materia de cumplimiento de derechos de vivienda con respecto a otros países?

Es complicado hacer una evaluación en términos de ránking, pero España está mal. Tiene una carencia histórica de vivienda pública, solo un 2 o 3% de la vivienda. Se ha invertido, desde los años 50, pero de una forma que el recurso luego se privatiza al cabo de un tiempo. Hemos perdido un recurso público indispensable. Por poner un ejemplo del barrio donde vivo, aquí en Hackney, un tercio de las viviendas son de alquiler social. De media, en el Reino Unido un 17% de viviendas tienen protección pública. España no es la peor, pero está en la cola de Europa en este ámbito. Lo que se ha invertido ha sido una privatización encubierta bajo el lema del ministro franquista Arrese que para combatir el comunismo defendía que “el proletario se convierta en propietario”.

España está a la cola de Europa en vivienda protegida

En ese sentido, ¿es positivo el hecho de que el Plan Estatal de Vivienda convierta en indefinidas las VPO?

Sí, es indispensable. La vivienda debe ser protegida para siempre porque es un recurso público para garantizar un derecho. Debemos pensar en ella como en la salud o la educación. Sabemos que hay hospitales y colegios públicos, pero no hablamos del mercado de la salud o de la educación. Con la vivienda, lo aceptamos con naturalidad.

El Gobierno quiere atraer inversión privada para fomentar una vivienda pública que será construida y gestionada por el sector privado. ¿Es algo a lo que hay que estar atento?

Entiendo que un estado combine incentivos con sanciones, me parece razonable. Lo que no puede hacer el Estado es valerse de la privatización de un servicio para reducir sus obligaciones. Puede decidir el margen de maniobra para decidir hasta qué punto lo va a prestar de manera pública o con actores privados, pero tiene que cumplir con los estándares.

¿En qué países debe fijarse España para mejorar sus políticas de vivienda?

Hay muchos países que tienen más vivienda pública como Holanda, con el 32%, Austria con el 23% o Reino Unido con el 16 o 17% frente al 2 o 3% que tiene España. Pero no son méritos de 4 o 5 años, es el resultado, en el caso de Viena, de casi un siglo de política pública. España tiene mucho camino por recorrer, pero no lo va a hacer de la noche a la mañana. También tiene avances que puede prestar al mundo, como el concepto de grandes tenedores, que ha puesto en la agenda.

¿Existe, como defienden algunos expertos, una correlación entre construir más y menores precios de la vivienda privada? ¿O más bien entre vivienda protegida y precio de la privada?

No he hecho estudios al respecto, pero en el caso de Viena sí que parece haber una correlación entre la vivienda pública, que ayuda a contener los precios de la propiedad privada. En Newcastle, donde sí que he hecho una investigación y hay un gran número de viviendas que son del Ayuntamiento, también ayudan a contener los precios.

Comentábamos el tiempo necesario para construir vivienda pública, pero ¿hasta qué punto puede acelerarse con la compra de vivienda usada para poner en el mercado social o asequible?

Me faltan datos para expresarme sobre este tema.

¿El problema del acceso a la vivienda es europeo y mundial o España está en una situación única?

Es un problema mundial y europeo, porque según datos de la ONU Habitat, la mitad de la población en el mundo está en una situación de inseguridad en la tenencia. O porque no hay vivienda, o porque no se la puede permitir. La prueba es que la Unión Europea por primera vez en la historia ha aprobado un plan de vivienda. Hay quienes incluso desconfiando por ideología sobre el valor de los derechos humanos no desconfían sobre la importancia de la vivienda.

Uno de los informes que ha hecho la ONU sobre vivienda tiene que ver con la financiarización de la vivienda, es decir, cuando la vivienda se convierte en activo financiero en lugar de residencial. ¿Hasta qué punto la especulación es clave para que suban los precios?

A mí me parece razonable que una familia, en el momento que vivimos con falta de protección social y un elevado grado de incertidumbre, invierta en ladrillo pensando en su futuro, en el de sus hijos y en el de sus nietos. Eso lo respeto. El problema no es quien invierte en una o incluso en dos viviendas, pero sí quienes invierten para especular. Los precios son altos no porque las familias quieran tener más viviendas.

Respeto que una familia invierta en vivienda para mejorar la vida de sus hijos o sus nietos, el problema es cuando se usa para especular

Pero esos particulares también buscan el máximo beneficio, en términos generales, como lo hacen los fondos, cuyo peso es limitado.

Sí, es limitado pero está creciendo. Por ejemplo, las socimis han aumentado de forma considerable su peso e inversión desde que se crearon y se les liberó de impuestos. Y en algunas zonas el peso de estos fondos y empresas es bastante elevado. De todos modos, no es incompatible el derecho a la vivienda con un modelo con arrendadores corporativos. Es el modelo de Copenhague, pero está bien regulado. Existe incluso una ley conocida como anti-Blackstone para frenar la especulación.

Claro, pero no solo estos fondos buscan el máximo beneficio. Conozco casos en Madrid de particulares que ponen pisos a 2.000 euros porque es el máximo que ven en el mercado.

Sí, por eso espero que Madrid implemente pronto la ley estatal que declara a la ciudad como zona tensionada y pueda topar los precios. Los individuos tienen que cumplir unas normas y esas normas tienen que ser garantistas, pero los principales señalados tienen que ser quienes tienen capacidad de manipulación y especulación en el mercado de un barrio o una ciudad.

Pero si nadie tiene monopolio o tanto poder sobre el mercado, sino que lo provoca la tensión entre oferta y demanda, ¿entonces hay que topar el precio?

El control de precios es una política pública, no la única, pero es una herramienta que hay que utilizar. Hay que evaluar empíricamente su eficacia y aplicarla de una manera o de otra, claro. Lo que no acepto es la idea de que controlar los precios sea una intromisión en la propiedad privada. O sea, lo es, pero es legítima.

El control de precios del alquiler es una herramienta legítima

En Catalunya las patronales insisten en que cae la oferta con la regulación. Esto es en parte porque hay quien lo pone en el de temporada, que ya se está regulando, y porque el inquilino se queda y es más estable, lo cual es bueno y da más seguridad a los ciudadanos. Pero es verdad que le complica el acceso al que llega.

Pueden producirse estas tensiones y es algo que han manifestado en Berlín, donde el control de precios complica la entrada a la vivienda. No he oído que eso sea un problema en Nueva York, pero habrá que buscar otras herramientas para favorecer esta movilidad geográfica. La regulación de precios no es una varita mágica, pero es una herramienta.

¿Qué le parecen los 7.000 millones que dedicará España al plan estatal de vivienda hasta 2030?

No puedo hacer esta evaluación, francamente.

¿Hasta qué punto construir más, con los estándares actuales, es compatible con la reducción de emisiones necesarias?

Debe ser un factor, pero yo soy de la opinión que hay que construir. Hay que hacerlo con razón, con mesura y con estándares de conciencia climática y no construir si se puede reconvertir, pero me guío por los datos de la ONU y hay un déficit de vivienda en lugares clave.

¿Está estudiando desde su relatoría el impacto del cambio climático en ciudades con mar?

Es uno de los temas a los que quiero prestar atención en mis visitas a países, teniendo en cuenta que solo puedo ir a aquellos que me inviten. Tengo mucho interés en analizar zonas como los países que son pequeñas islas, como Jamaica, islas del Pacífico, y también las Maldivas o los países del sudeste asiático donde hay un gran impacto del cambio climático.

El macrocontrato del Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) de Barcelona, valorado en hasta 900 millones de euros y destinado a prestar cuidados en el hogar a personas mayores y dependientes, ya tiene vencedores provisionales. La propuesta de adjudicación, pendiente de ratificación definitiva y publicada en la plataforma de contratación de la Generalitat, reparte el servicio entre dos grandes empresas del sector: Serveo, la compañía controlada por el fondo de inversión Portobello y anteriormente integrada en Ferrovial; y Atende, la filial de servicios sociales de Clece (del grupo ACS, la constructora que preside Florentino Pérez).

Si la adjudicación definitiva responde a esta propuesta, supondría que por primera vez en 45 años la cooperativa catalana Suara, especializada en servicios sociales, se queda fuera de la atención domiciliaria que presta el consistorio gobernado por Jaume Collboni. La otra empresa que gestionaba hasta ahora el servicio era Servisar (de DomusVi).

De esta forma, el servicio de cuidados en el hogar barcelonés se quedaría sin la presencia de ninguna empresa o entidad del sector social catalán para los próximos años. La aparición de grandes firmas en este ámbito ya generó polémica en 2016, durante el primer mandato de Ada Colau, cuando filiales de ACS y Sacyr ganaron lotes del mismo servicio frente a la entidad ABD.

Desde Suara aseguran a elDiario.es que han recibido con “incredulidad” y “desconcierto” la noticia, puesto que en la última valoración de sus servicios una auditoria externa contratada por el consistorio les puso un 9,10 sobre 10.

La licitación actual del Ayuntamiento de Barcelona, que es para los próximos tres años, divide el contrato de los cuidados públicos a domicilio en cuatro lotes, en el que se agrupan los distritos. Son contratos que en su conjunto adjudicarán por un importe de 452 millones de euros, pero que al ser prorrogables hasta cinco años –y contando otros costes extra–, ascienden a un máximo de 923 millones.

Reparto por distritos

El primer y el segundo lote se los llevaría –a falta de resolución definitiva– Serveo. El primero es de los distritos de Ciutat Vella y Sant Martí, por un importe de 113,375 millones, pese a que por puntos ganaba Atende (la filial de Clece), que se quedó fuera por tener una propuesta económica demasiado baja. El segundo de Serveo corresponde a Eixample, Sants-Montjuïc y Les Corts, por un importe de 105,396 millones de euros. En total, la empresa de multiservicios dirigida por Salvador Urquía se adjudica contratos por 218 millones en la ciudad.

Serveo facturó 1.800 millones en 2025, con un beneficio de 38 millones. En 2024, Ferrovial vendió su 24% de la empresa a Portobello, un fondo de inversión español con participación en empresas como Angulas Aguinaga, Ian Alimentación y Legálitas.

La propuesta de adjudicación del tercer y cuarto lote van para Atende, filial de servicios sociales de Clece, empresa multiservicios propiedad de ACS. Cuidará a las personas de los distritos de Sarrià-Sant Gervasi, Gràcia y Horta por 110,621 millones de euros y de las de Nou Barris y Sant Andreu por 118,734 millones de euros. El Grupo Clece facturó 2.000 millones en 2025.

El Servicio de Atención Domiciliaria atiende anualmente a unas 20.000 personas en la capital catalana. Además de Suara, Ohla y Servisar se han quedado fuera de la carrera.

Una de las novedades del contrato es que prevé subidas salariales del 8% en los primeros dos años y del 5% en los dos posteriores, hasta alcanzar una subida del 26% en 2029. El precio por hora previsto para la atención personal alcanzará los 35 euros en el tercer año, el de la limpieza cotidiana los 31,93 euros por hora, la limpieza en profundidad 25,67 euros y el mantenimiento básico 38,50 euros por hora.

Entre los costes totales previstos de 435 millones de euros en los tres primeros años, 379 son costes salariales, 15 son de funcionamiento, 15 más son gastos generales de gestión y 24 millones van destinados a los márgenes empresariales.

Suara defiende su modelo

La cooperativa Suara, que gestiona servicios parecidos en numerosos municipios (L’Hospitalet de Llobregat, Sant Boi del Llobregat, Rubí, Esplugues del Llobregat o Sant Adrià del Besòs), queda ahora pendiente de la revisión del expediente.

Mientras tanto, defienden la oferta presentada. “Respondía a un modelo de atención real, pensado para la persona, sólido e innovador, construido desde los valores de la economía social, sustentada en la experiencia acumulada, el conocimiento del servicio y el compromiso”, apuntan.

Ante la crisis de la vivienda, la patronal inmobiliaria siempre dice que los fondos son parte de la solución y no el problema y que todo es una cuestión de falta de oferta.

Pero la verdad es que cuando uno se pone manos a la obra a investigar sobre un conflicto entre caseros e inquilinos, siempre es mucho más fácil contar con el nombre, el apellido, la documentación, la historia y la foto del inquilino que del propietario, del casero. Y los grandes fondos además se caracterizan por su opacidad. Solo buscan rentabilidad y, para ello, la vida del inquilino es un episodio mientras dura su negocio de alquiler y hasta que se convierta en compraventa.

Ejemplo de ello es Blackstone, que después de comprar más de 5.000 viviendas protegidas de Madrid y ponerlas en el mercado subiendo los precios al ritmo del mercado hasta duplicarlos en algunas ocasiones, se las vendió a Brookfield. Intenté hablar con ellos y me encontré a una gran profesional de la comunicación de una agencia que no me pudo contar nada.

Luego abordé a Brookfield, que había comprado esas viviendas, y me sorprendió que uno de los directores de comunicación me prometiera una respuesta a mis preguntas en un plazo de una semana. Cuando se apuró el plazo que me había dicho, la respuesta era “una negativa” a responder, lo cual me llevó a preguntarme filosóficamente si podía decir que no me ha respondido alguien que dice que su respuesta es “una negativa” a responder.

Los inquilinos, que sufrieron la falta de transparencia de Blackstone, ahora también sufren la de Brookfield, y se ven en una de las situaciones más atravesadas por las diferentes capas de la crisis de vivienda que existen: perdieron pisos públicos sin haber hecho nada, por la venta de la Comunidad, y se aferran a sus contratos y prórrogas sin que nadie al otro lado se siente para explicarles qué pretenden hacer con los pisos donde viven.

También me sorprendió que hace unas semanas, la misma agencia de comunicación que lleva a Blackstone me escribiera para decirme que llevan a Avalon y que cualquier cosa, oye, allí están. Agradecí mucho el gesto y, como coincidió con que acababa de publicar la bochornosa situación de los inquilinos del Plan Vive que lleva justamente esta socimi que depende de un gran fondo, aproveché para preguntarles. Que cómo es que hay problemas con el agua caliente, que por qué no se cuida la jardinería si pagan un pastón de comunidad, que por qué se les hace pagar el IBI y garajes al doble que el precio del mercado, en fin, todo lo que hemos ido contando. Por supuesto, un mes después, no tengo respuesta.

El último episodio de opacidad que tengo es el de una importante empresa del sector inmobiliario que después de meses persiguiéndolo me permitió una videollamada con una directiva, pero fue tan off the record que ni siquiera me dejaron citar lo que me contaba como fuentes del sector. Me sirvió para confirmar que no esconden que la crisis les ayuda a enriquecerse, pero la verdad es que resulta complicado tener las dos visiones del problema cuando cuesta tanto hablar con una. Por mucho que lo revistan todo de profesionalidad y pulcritud, no son capaces de justificar bien lo que hacen cuando se aterriza al terreno de la expulsión y las subidas de precios. Ojo, eso no quiere decir que los caseros particulares, que son mayoría, actúen siempre con más buena fe que los fondos.

La Sareb, conocido como banco malo de titularidad pública que absorbió los activos tóxicos de los bancos e intentó depurar parte de la deuda heredada con los pisos y suelos que se quedó, siempre ha sido diferente en mi experiencia como periodista. Después de visitar a unas familias de Fuenlabrada que viven en el limbo de no saber si se les va a ofrecer un contrato o no, la empresa cuenta que sí, que tendrá propuestas para las personas que viven allí y que estén dispuestas a colaborar. Me reconocían que puede haber habido problemas de comunicación con los inquilinos, pero al menos tenían una explicación que, si a la larga es verdad, es bastante satisfactoria. Sería ideal que para los vecinos también hubiera sido tan sencillo tener una explicación... y de paso, un contrato de alquiler, que además les hubiera garantizado ingresos a ellos durante los años que se han quedado sin pagar y amenazados de expulsión.

Pero no solo los grandes fondos son, además de opacos, crueles. La Comunidad de Madrid, tal y como contaba esta semana la compañera Lourdes Barragán en Somos, desahució esta semana a una familia con tres menores, uno de ellos con síndrome de down, en Moratalaz. No pagaban, pero habían pedido negociar un alquiler social. La comunidad decía que se les había ofrecido alternativa, pero la familia, cinco personas, asegura que se trata de una habitación.

Y mientras Dulce y centenares de desahuciados en España andan buscándose la vida entre sofás de familiares, pensiones o tiendas de campaña en parques, algunos porteros de Madrid se hacen de oro con las comisiones que los agentes inmobiliarios les dan por dar la voz cuando un piso queda vacío. Lo contaba esta semana la periodista Lucía Franco en El País en la otra cara de la moneda: como una crisis social y económica hace que unos pocos se forren.

El dato

1.154 €

Es el precio del alquiler medio en Canarias, según un informe del Observatorio del Alquiler reflejado por los compañeros de Canarias Ahora. Lo llamativo de la cifra es que se da en una de las comunidades con los sueldos más bajos de España. El sueldo medio es de unos 25.000 euros brutos, que se queda en unos 1.400 euros netos mensuales, pero si tenemos en cuenta que el promedio se saca contando los sueldos más altos también, es más afinado mirar cuál es el sueldo más habitual y este se sitúa cerca del SMI, que es de 1.200 euros.

Canarias es la cuarta región con mayor presión turística de Europa. En un espacio de apenas 7.447 kilómetros cuadrados, repartidos entre sus ocho islas habitadas, se registraron alrededor de 13.000 noches reservadas en viviendas turísticas por cada 1.000 habitantes, casi el doble que en comunidades como Andalucía o la Comunitat Valenciana, lo que refleja la elevada intensidad del uso turístico del territorio en relación con su población residente.

Poder privado

El sector inmobiliario se pasa media vida denunciando que les espanta “la inseguridad jurídica”, especialmente en Catalunya, donde al parecer el tope de precios (que permite alquilar pisos a 1.000 o 1.500 euros, no te vayas a creer) les expulsa y les asfixia. Pues bien, leemos en Ejeprime que la inversión inmobiliaria en Catalunya ha sido de 1.500 millones entre enero y junio de este año. Es verdad que la mayoría es en oficinas y que entre el living, como han rebautizado a la vivienda para fingir que no se lucran con la crisis, destacan las residencias de estudiantes, otra forma de esquivar la ley de vivienda sin ni siquiera tener que utilizar los feos eufemismos de flex living o coliving.

Poder público

Siguen las negociaciones entre el Gobierno y los partidos para aprobar un nuevo decreto que modificará la Ley de Arrendamientos Urbanos. Debe blindar una nueva prórroga de alquileres y acabar con la trampa de los alquileres de temporada y de habitaciones para burlarse la ley, a cambio de ventajas fiscales exigidas por Junts. Lo contaba en entrevista con Daniel Ríos en elDiario.es el ministro de Consumo y Derechos Sociales, Pablo Bustinduy.

El ruido de la calle

Si la semana pasada una buena amiga me contaba, confusa y llorando, que gracias a la herencia de su padre se podría comprar un piso, esta semana otra conocida me explicaba que ella ya lo había hecho. Cuando le expliqué el caso anterior y la contradicción que suponía para mi amiga, me respondió con una sonrisa un tanto cínica: “Se le pasará”.

Por otra parte, se habla mucho de vivienda en la hora de la comida en elDiario.es. El otro día, una compañera explicaba, a raíz del reportaje antes citado que ha publicado El País, que algunos porteros y conserjes usan directamente chalecos de las inmobiliarias. Son sus grandes dealers.

El lector denuncia (o consulta)

Un lector pregunta si una comunidad de vecinos está obligada a instalar un ascensor si lo solicita un solo vecino. Y la respuesta es que sí si este tiene problemas de movilidad o más de 70 años, pero si nadie más lo acepta, la comunidad no está obligada a pagarlo. De hecho, me contaban esta misma semana de un bloque de pisos donde solo tenían llave del ascensor quienes lo pagaron, hasta el punto de que le negaron a un enfermo de ELA la llave porque, años atrás, su familia no había pagado por él.

Si tienes alguna situación con tu vivienda que quieras denunciar, lo investigamos. Si tienes alguna consulta, hablamos con un experto o experta e intentamos resolverla. Escríbeme sobre todo ello a vivienda@eldiario.es

Me despido entre calores y sofocos cordobeses, encaramado al ventilador. Aunque debo decir que las casas antiguas, donde pasos estos días es del siglo XVIII, aíslan mucho mejor del calor de la calle. No hay quien salga al exterior.

Arantxa, higienista dental de 37 años que convive con su pareja, técnico de medio ambiente. Marisa, madre soltera de 43 y profesora que vive con su hija de 11 años. José, ascensorista de 39 años que vive con su pareja que es administrativa. Son 9 las familias de Fuenlabrada que llevan más de tres años intentando sin éxito que Sareb les dé un contrato de alquiler en las viviendas donde ya estaban antes de que el ‘banco malo’ las comprara en 2020 y que desde entonces no les da una solución para mantener sus hogares. De hecho, parecía que las iban a echar.

En pleno traspaso de las viviendas a Casa 47, recién creada empresa pública de vivienda, viven con tensión en un limbo al no saber si podrán seguir viviendo en ellas. La Sareb pide paciencia y asegura que resolverá los casos con alquileres sociales o asequibles que pasarán a la nueva empresa pública. Casa 47 asegura que solo recibirá viviendas que estén vacías o con contratos regularizados.

El conflicto arranca cuando el denominado ‘banco malo’, de titularidad mayoritariamente pública, absorbe en 2020 para compensar deudas hipotecarias las propiedades de la inmobiliaria propietaria de las viviendas, Grandour, que quebró. Durante un par de años, los inquilinos siguieron pagando, después se enteraron de que directamente a Hacienda para cubrir parte de la deuda, hasta que un día se les devolvieron los recibos y se les dejó de cobrar el alquiler.

Descubrieron entonces, porque lo investigaron por su cuenta, que los pisos habían pasado a manos de la Sareb. Después recibieron algunos burofaxes de las diferentes empresas servicers que gestionaban los alquileres para Sareb pidiéndoles documentación, entre ellas la hace poco extinta Tecnotramit, pero incluso cuando les enviaban la documentación necesaria, no volvían a recibir respuesta.

La incertidumbre, sin que nadie les cobrara el alquiler, se estiró hasta abril de 2025, cuando un juzgado de primera instancia de Fuenlabrada dictaminó que 17 de las 24 familias, entre las que se encuentran las 9 hoy en limbo, no tenían derecho a seguir en esas viviendas porque sus contratos habían vencido y ya no eran válidos, mientras que las otras 9 familias sí que tenían derecho a permanecer. A siete de las familias se les ofreció un contrato y el Sindicato de Inquilinos cree que es “para dividir” a los inquilinos.

Pero Sareb tiene otra explicación. Desde la empresa reconocen que los cambios de servicers pueden generar problemas de comunicación y piden paciencia porque “los casos se están estudiando”. Aseguran que los primeros casos que se han solucionado son los de los contratos que estaban vigentes y las familias vulnerables. Y que todas aquellas familias que residan en viviendas de la Sareb y no sean vulnerables podrán optar a un alquiler asequible, a un precio entre un 20 y un 30% por debajo de mercado, si están dispuestas a colaborar.

“Aquí han nacido mis dos hijos”

“Para mí, no es ninguna ventaja lo de no pagar. Prefiero pagar el alquiler y estar tranquila en mi casa”, dice Débora, de 39 años y en el paro desde octubre del año pasado, que vive con sus dos hijos de dos y cinco años y su marido, conductor de autobús.

Llegaron a esta vivienda en 2015, “aquí han nacido mis dos hijos”, y pagaban 515 euros cuando en 2022 la constructora, dueña de todos los pisos, les dejó de pasar el recibo. “En 2023, nos llega un burofax en nombre de Sareb diciendo que querían saber el estado de la vivienda y respondimos con toda la documentación, pero nadie nos dijo nada”, relata. “No respondían y a los seis meses nos volvían a enviar el mismo burofax”, cuenta. “La interlocución ha ido cambiando, primero vino Hipoges, que era la primera gestora, luego Tecnotramit, luego otra gestora, y nunca con una solución”, añade.

Déborah está entre las personas cuyo contrato con el anterior casero se consideró no válido y, por tanto, entre las personas a las que según Sareb se les ofrecerá en breve un alquiler asequible. “Como nos hemos unido, lo llevamos bien”, dice Déborah, en relación a la lucha compartida del Sindicato de Inquilinas que les ha ido ayudando a entender la situación y a no sentirse solos.

José, ascensorista de 39 años que vive con su mujer desde 2015, explica también que “de buenas a primeras” dejaron de cobrarle el alquiler en 2022. “Teníamos un teléfono de los dueños, nadie lo cogía y estuvimos casi un año sin saber qué pasaba. Nos enteramos por el boca a boca, algún vecino se había enterado de que eran de Sareb”, rememora. “Nos genera intranquilidad la situación. Sabemos que van a pasar los pisos a Casa 47, pero no sabemos cuál es nuestro futuro y te quedas con esa incertidumbre”, cuenta José, que pagaba 460 euros y se ve incapaz, con su sueldo y el de su pareja, de verse en el mercado de alquiler o de compra de un piso. “Es inviable”, resume.

Más complicado lo tiene Marisa Arribas, de 46 años y que vive sola con su hija de 11. Lleva desde 2015 en el piso, pagando unos 600 euros, y también lleva desde que le dejaron de cobrar el alquiler agarrada a la incertidumbre. “Queremos regularizar la situación, ya son muchos años en este limbo”.

A Arantxa, de 37 años, la situación se le suma a una ansiedad que le tiene de baja en su trabajo de higienista bucodental. “Hemos mirado algún otro piso, pero con mi sueldo y el de mi pareja, que es técnico de medio ambiente, no nos da”, lamenta. Cuenta el mismo calvario de meses para averiguar de quién era el piso y de años de incertidumbre para intentar recuperar el alquiler de 620 euros que le daba la tranquilidad de estar en casa. En su caso, se le suma el hecho de que su contrato le aparecía a Sareb duplicado con el de una vecina y que un día, por error porque pensaban que no vivía nadie allí, se plantó un trabajador a intentar abrir la cerradura de su casa. “Suerte que mi pareja teletrabaja y lo frenó”, recuerda.

Agustín Gómez, jubilado de 72 años y exfontanero del Ayuntamiento, vive con su hijo de 32 que tiene una minusvalía. “Yo solo quiero pagar un alquiler”, resume, de nuevo, cansado de no tener respuesta y de haber sentido con la resolución judicial que lo querían echar de su casa sin ni siquiera con la resolución judicial de abril de 2025 sin ni siquiera una explicación humana en condiciones.

Los cambios de Sareb, que promete soluciones

La incertidumbre se escampa por bloques de toda España ante la transición de los miles de pisos que deben pasar de Sareb a Casa 47. Antes de 2022, Sareb tenía mayoría privada y no tenía una misión social, sino tan sólo de rentabilidad. Su objetivo era deshacerse de activos tóxicos para limpiar la deuda pública que el estado había absorbido tras el rescate a los bancos.

Pero en 2022, el denominado banco malo nacido en 2012, activó su misión social y un plan de seguimiento de los vecinos y de alquileres protegidos que, no obstante, no ha acabado con los desahucios y los conflictos. En 2025, Casa 47 acordó absorber 40.000 viviendas de la Sareb y 2.400 suelos con capacidad para 55.000 viviendas más. La deuda que no ha conseguido saldar, de unos 26.000 millones, se sumará a la del estado, mientras el ‘banco malo’ intenta vender las viviendas que no sirven para Casa 47.

En medio de todo este proceso, que debe finalizar el próximo año, se encuentran unos 20.000 inquilinos, entre los que se mezclan okupas de mala fe con gente vulnerable que no puede pagar su alquiler, 10.000 que ya han conseguido un contrato social y otros cuantos que, como las 9 familias de Fuenlabrada, viven en un limbo porque querrían pagar su alquiler y tener su futuro garantizado en Casa 47 pero nadie les responde. Para ellos, Sareb pide calma y dice que tiene un plan.

El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha dado este jueves el visto bueno al dictamen técnico sobre la solicitud para prolongar el funcionamiento de la central nuclear de Almaraz (Cáceres) hasta junio de 2030. Las eléctricas copropietarias de la central, Iberdrola, Naturgy y Endesa, habían solicitado esta prórroga para una central que genera cerca del 15% de las necesidades eléctricas de la Comunidad de Madrid y el 7% de la demanda española.

La decisión final está ahora en manos del Gobierno que será el responsable de decidir si la central seguirá operando o no más allá de los plazos establecidos, con el cierre de su primer reactor previsto para 2027. Fuentes del Ministerio de Transición Ecológica informan que esperan al informe para emitir una posición.

El pleno del CSN se reunió este jueves y emitió un informe favorable “con condiciones” a la autorización, que se apoya en “la comprobación del correcto funcionamiento de la central y en el mantenimiento del nivel adecuado de seguridad”.

Las principales condiciones tienen que ver con el mantenimiento de personal necesario para cumplir las funciones de seguridad entre los años 2028 y 2030, toda vez se ha comprobado que existe combustible para cubrir la prórroga y que las instalaciones están en buen estado para mantener la seguridad, en base a 29 documentos elaborados por 16 áreas especialistas del CSN.

Por tanto, no hay entre las condiciones impuestas la imposición de nuevas inversiones a las eléctricas, que presentaron al Gobierno su petición formal hace unos meses.

Para las compañías, la prórroga de Almaraz puede suponer un precedente para otras centrales nucleares, especialmente las catalanas de Ascó y Vandellós, que generan aún más del 40% de la demanda eléctrica catalana y tienen un papel clave para la industria y el suministro energético.

Las empresas vienen vinculando la ampliación de la vida útil de las centrales a la reducción de impuestos, una exigencia a la que el Ministerio de Transición Ecológica se ha negado en varias ocasiones.

El Gobierno acordó con las eléctricas y con la empresa pública de residuos radiactivos, Enresa, el cierre escalonado de las centrales nucleares en España en 2019, cuando la ministra era Teresa Ribera, de acuerdo con un Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) que preveía una penetración de las energías eólica y solar que sustituyeran a la nuclear. Las compañías consideraban además que la inversión masiva para ampliar la vida de las centrales no era rentable ante las renovables.

Sin embargo, estas mismas empresas, tras unos años de un rápido avance de las renovables que no era sin embargo suficiente para cubrir la demanda esperada, han encargado informes económicos que alertan de que el cierre nuclear puede tener un impacto económico para la economía.

El calendario prevé el cierre de Almaraz en 2027, a revisar ahora por el Gobierno, el de Almaraz II en 2028, el de Ascó I en 2029, Ascó II en 2030, Cofrentes en 2033, y Vandellós y Trillo cerrarán en 2035. Cabrá ver si las eléctricas españolas siguen el modelo de solicitar la prórroga para el resto de centrales.

Con unos 1.000 empleados, la central de Almaraz, en funcionamiento desde el 1983, es la de mayor generación de España, con más de 2.000 MW. y

En los últimos años, el debate de la nuclear ha visto varios bandazos y Europa opta ahora por defenderla como generación de energía limpia de emisiones. Mientras que Alemania fue precursora en su cierre y achaca parte de su estancamiento económico a ello, Francia apuesta por su expansión. Los riesgos asociados a un posible accidente y sobre todo la gestión de los residuos son los principales inconvenientes que achacan sus detractores, además de un coste de mantenimiento elevado. La elevada potencia y la estabilidad que dota a la red es lo que avala a sus defensores, que han utilizado el apagón para incidir en este último punto.

La empresa estadounidense de servicios de coche alternativa a los taxis Uber, dueña de Uber Eats, ha lanzado oficialmente este jueves una oferta pública por Delivery Hero, dueña de Glovo, por unos 13.000 millones de euros, a 41,50 euros por acción. En caso de concretarse, el fondo estadounidense SSW compraría el negocio de 14 mercados, entre ellos España, donde Glovo cuenta con unos 21.000 repartidores que están en proceso de regularización después de multas de más de 450 millones por contar con falsos autónomos.

Según ha informado Delivery Hero, el Consejo de Administración y el Consejo de Supervisión respaldan esta oferta y recomendarán la venta a los accionistas, aunque alertan de que no reciban el documento público de la oferta. En el más que probable caso de que se concrete la oferta, el fondo de inversión neoyorquino SSW Partners adquirirá los negocios de Delivery Hero en 14 mercados que generarán 11.000 millones de euros de volumen bruto en 2025, entre ellos España. SSW también se quedaría con Austria, Chequia, Noruega, Suecia, Chipre, Polonia, Portugal, Rumanía, Moldavia, Chile, Ecuador y Turquía.

Por su parte, Uber adquiriría 50 mercados con una facturación bruta de 42.000 millones anuales en sus mercados asiáticos (Corea del Sur, Bangladesh, Pakistán, entre otros), algunos europeos como Italia, Bosnia, Serbia o Ucrania, africanos (Uganda, Costa de Marfil, Marrruecos, Túnez), árabes como Arabia Saudí o Jordania y latinoamericanos, como Argentina, Perú Bolivia y los centroamericanos Costa Rica o Guatemala, entre otros.

Con la fusión, la empresa reforzada llegará a 99 países con una facturación sumada de 236.000 millones de dólares contando los resultados del año pasado. Uber se compromete a mantener la sede y la estructura de la empresa en Berlín y a invertir 2.000 millones en Alemania hasta 2030.

La oferta de 13.000 millones representa una prima del 127% sobre el precio medio ponderado por volumen de acciones antes del 8 de mayo y un 33,8% más que el precio ponderado por volumen de las acciones de los tres meses anteriores al anuncio.

La presidenta del consejo de supervisión de Delivery Hero, Kristin Skogen Lund, ha declarado que “el sector de la entrega de comida a domicilio es altamente competitivo y depende en gran medida de la escala” y ha explicado que el consejo ha seguido de cerca el proceso de oferta, que apoya.

La oferta está sujeta a un umbral mínimo del 50% de las acciones, excluyendo las que tiene la compañía. Un 16,68% de las acciones, correspondientes al accionista mayoritario, ya han aceptado la compra.

El precio del petróleo y la estabilidad de las bolsas mundiales vuelven a tambalearse ante la nueva escalada del conflicto entre los Estados Unidos de Donald Trump e Irán. Pero la jornada se ha acabado dando la vuelta tras los buenos datos de inflación estadounidense, tanto en el Ibex, que ha cerrado en verde, como en el precio del barril de brent, que ha reducido su aumento del 5% de máximo por la mañana a un 1% en la tarde. El Ibex-35, por su parte, ha remontado tras la media sesión de una caída inicial del 1% hasta una subida del 0,11% que vuelve a dejar al selectivo en los 19.356 puntos.

Después de retomar los enfrentamientos este fin de semana y dar carpetazo por ahora al acuerdo de paz que parecía antes más cercano, este lunes el mandatario aseguraba que se convertiría en el guardián del estrecho de Ormuz y que estaba golpeando “muy duro” a Irán. Esta tarde, sin embargo, se dio a conocer una caída de la inflación interanual estadounidense al 3,5% por la caída del precio de la energía y el mercado español mejoró su dinámica hasta recuperar. Poco después, ya al borde del cierre de la sesión, Trump daba marcha atrás y reculaba con su anuncio de una tasa del 20% a los países por patrullar Ormuz. A cambio pidió a los países del Golfo “inversiones masivas”.

El estrecho de Ormuz es el paso marítimo del 25% del petróleo mundial, por lo que la conflictividad en esa región, con Irán atacando buques occidentales y Estados Unidos bombardeando la región disminuye la oferta mundial y lo convierte en un bien más preciado que hace que los precios se disparen. Este martes el barril de brent, referente europeo, consiguió corregir acumulando ya una subida del 6% en solo dos días de la semana. Tras una subida de más del 60% en el mes de marzo, el primero del conflicto, los precios llegaron a bajar como efecto rebote en los meses siguientes ante las diversas perspectivas del final del conflicto.

Los conflictos con gran trascendencia geopolítica como este también espantan a los inversores porque restan seguridad en algunos negocios que se acaba contagiando a los parqués, por lo que el Ibex, después de meses de subidas récord, se vio interrumpido por la guerra y ha registrado importantes pérdidas en los últimos meses, pese a que el balance global sigue siendo de ganancia desde marzo. Esta semana ha vuelto a una dinámica negativa que había conseguido revertir en abril y mayo. Si el lunes se dejó un 0,25%, el amanecer de este martes parece augurar un golpe más duro con una caía del 0,98% en los primeros compases de la sesión.

El resto de bolsas europeas también amanecieron sacudidas por la inestabilidad, pero fueron corrigiendo. Milán amaneció cayendo un 0,8% y acabó subiendo un 0,1%, París pasó de caer un 0,7 a subir un 0,02% y Frankfurt también corrigió su caída inicial hasta una leve subida del 0,13%. Todas ellas, a diferencia del Ibex-35, habían conseguido evitar caídas el lunes, día en que cerraron con signo leve positivo. De la misma forma sucede con la bolsa de Londres, que tras amanecer cayendo un 0,5% cerró con una subida del 0,3%.

Las bolsas asiáticas cerraron la sesión recuperando parte de sus batacazos, más pronunciados que el del Ibex. El Nikkei, principal índice de Japón, caía el lunes un 1,92% y este martes ha revertido la tendencia y ha conseguido recuperar un 0,74% impulsado por las tecnológicas. También la bolsa de Shanghái, que se dejó un 2%, ha ganado este martes un 1,37% y la de Shenzhen, un 2,77%. El Kospi coreano fue el más perjudicado por la inestabilidad al caer un 9% el lunes y también este martes repuntó un 0,73%.

El Ibex-35 ha cerrado su sesión de este lunes con una caía del 0,25%, tras la renovada tensión entre Estados Unidos e Irán y sus respectivos aliados. Las principales bolsas europeas se han salvadodel impacto y han cerrado con leves subidas. El petróleo de nuevo se ha disparado, más de un 4,5% hasta los 79,7 dólares el barril de brent, referencia en Europa. El selectivo español se aleja así un poco más del esperado hito de alcanzar los 20.000 puntos y se sitúa en los 19.300 puntos.

Después de unas semanas de alto al fuego y de aproximaciones para un acuerdo de paz, Estados Unidos e Irán han vuelto a intercambiar ataques en los últimos días. Este domingo por la tarde, las fuerzas estadounidenses lanzaron una ofensiva contra Irán para “seguir mermando” su capacidad para atacar a buques comerciales que transitan por el estrecho de Ormuz, informa EFE citando al Comando Oficial del Ejército de Estados Unidos.

Las bolsas asiáticas han sido las primeras en reflejar la tensión en sus caídas. Así, la Bolsa de Shanghái ha cedido un 2,06%, la de Shenxhen un 3,48%, el Nikkei e Tokio se ha dejado un 1,92% y el Kospi surcoreano ha sido el más afectado tras caer un 8,95%.

Los selectivos europeos no se han visto tan afectaos e incluso la bolsa de Fráncfort y la de Londres han conseguido abrir y cerrar en positivo con levísimos aumentos del 0,08% y del 0,23% respectivamente. Milán, también se ha recuperado de un amanecer en negativo hasta subir un 0,37% y París también se ha corregido hasta aumentar un 0,31%. El Eurostoxx con los principales valores europeos se deja un 0,058%.

El bombardeo iraní a un buque con la bandera de Chipre que transitaba por el estrecho de Ormuz fue el desencadenante de esta nueva respuesta estadounidense, que pretende asegurar el tránsito comercial en uno de los pasos marítimos más importantes del mundo.

“Anoche los bombardeamos a más no poder. Son gente muy, muy malvada y enferma”, declaró Trump, que no quiso dar detalles sobre las conversaciones para alcanzar un acuerdo y un nuevo cese al fuego.

Antes de la ronda de ataques del fin de semana, Irán anunció el cierre del estrecho “hasta nuevo aviso”, y aseguró que cualquier interferencia extranjera para abrir una “ruta ilegal” en la región recibirá una respuesta contundente.

La empresa pública de vivienda Casa 47 ha recibio 131 propuestas de compra a la oferta pública de 100 millones para la compra de vivienda usada que irá destinada al parque estatal de alquiler asequible.

El 88% de las propuestas son de empresas y el 12% de particulares y las vivienas se reparten mayoritariamente entre Andalucía, Castilla y León, Catalunya y Extremadura.

Se trata de la primera oferta de compra de Casa 47, que se encuentra revisando la documentación para comprobar que todas las viviendas cumplan las condiciones establecidas en las bases.

Una vez analizadas las vivienas, se resolverá la adjudicación mediante concurso y se tramitará la compra directa de estas vivienas.

Casa 47 arrancó su actividad a finales del año pasado para sustituir a SEPES como entidad estatal de vivienda pública. Contará con 40.000 viviendas de la Sareb y 2.400 suelos en los que pretende construir más de 55.000 viviendas.

La empresa pública, presidida por Leire Iglesias y adscrita al Ministerio de Vivienda, aspira a financiarse con su propia actividad y a construir vivienda pública en suelos del estado y de otras administraciones, así como suelos privados que pueda adquirir, con el objetivo de reforzar una vivienda pública en claro déficit en España.

Su presupuesto, así pues, va aparte del Plan Estatal de Vivienda anunciado recientemente por el Ministerio y que prevé transferencias y cofinanciación de políticas de vivienda con las Comunidades Autónomas.

Esta semana, el debate público sobre la vivienda no lo marcó una noticia, sino una información publicada por el fabuloso equipo de datos de elDiario.es. Mostraba el recorrido desde quién paga hasta quién cobra los 28.000 millones de euros que se pagan en alquileres cada año, ojo, el doble que hace una década.

Mientras algunos pronostican la muerte del periodismo, Twitter se convirtió una vez más en una barra de bar donde la gente casi llegaba a las manos virtuales por la interpretación de unos gráficos. Un sueño o una pesadilla según cómo se mire. Como las mejores discusiones de si Messi o Cristiano, unos destacaban que lo importante es la diferencia de renta porque el 10% más rico de la población cobra casi la mitad de los alquileres. Y otros apuntaban a la cosa generacional, porque el 53% de los caseros tiene más de 55 años y solo un 11% menos de 44, al revés que lo que sucede con los inquilinos, mucho más jóvenes.

Creo que negar la brecha generacional entre inquilinos y caseros, pero sobre todo entre inquilinos y propietarios, es negar una evidencia demasiado clara. Solo hace falta que mires a tu alrededor y cuentes cuántos menores de 40 han comprado un piso y cuántos de sus padres lo han hecho. Pero creo que quienes inciden en el asunto de la riqueza no lo hacen porque nieguen esta realidad, sino por la sospecha de que hay quien usa la cosa generacional para rehuir los argumentos de clase.

Algunos motivos hay. Hubo quien dijo que ser del 10% más rico, o sea cobrar más de 60.000 euros netos al año, es “fácil” (que alguien me cuente cómo). ¿Es eso un poco de sentimiento de culpa de rico? Y también quien dijo que, claro, es evidente que los más ricos son los que cobran más alquileres. El “ya lo sabía” es un mal común en los foros que cuestionan al periodismo, es esa gente que ve la noticia en que el dueño muerda al perro y nunca en que el perro muerda al dueño. Y es un buen antídoto a la acción transformadora.

Pero no, poner cifras a una realidad nunca está de más, por obvia que pueda parecer. Y la muestra es el revuelo que generó.

De la misma forma que tiene poco sentido avalar a los jóvenes que van a comprar su primera vivienda independientemente de las ayudas familiares que pueda tener y no a alguien de 55 que no ha podido ahorrar hasta ahora, no es justo culpar a las generaciones anteriores a la nuestra de haber podido comprar una vivienda.

No tendría sentido cogerle manía a mi padre porque pudo comprar un piso digno en una ciudad periférica a un precio que su bajo sueldo le permitió sin grandes filigranas. Cualquiera de nosotros haría lo mismo, el problema es que sea imposible hoy comprar o alquilar.

Entiendo que a quienes se indignan con aquellos que destacan la brecha de edad por encima de la de riqueza les preocupa que se desvíe la agenda económica hacia una identitaria. Como hay quien culpa a los inmigrantes y los quiere echar, a quien culpa a los mayores podría ocurrírsele rebajarles las pensiones.

Lo mismo sucede cuando se señala el poder de los fondos y socimis, el peso de los pisos turísticos o los de temporada. Las patronales y los políticos y economistas que defienden sus intereses dirán: son pocos. Y no mienten del todo. Son pocos por separado, pero vas sumando una y otra práctica del sector inmobiliario, y las comisiones de las agencias, y la revalorización de los inmuebles y la tajada que van sacando unos y otros y no, no son tan pocos.

Y es verdad que existen muchos caseros particulares que acaban especulando como un fondo internacional, no acabo de compartir la opinión de aquellos que defienden al idílico Paco o María José, que tiene solo un piso y lo pone a un precio asequible porque ni siquiera sabe cómo está el mercado y prefiere al inquilino de confianza de toda la vida que ganarse un pastón. Existe, pero es una especie en peligro de extinción.

“Es normal”, “son pocos”, “la mayoría son caseros particulares y no grandes tenedores”, “hay que construir más” o “el problema es generacional” son frases aparentemente inocuas que ni siquiera son mentira. Pero distraen la atención de aquello que está asfixiando la vida en las ciudades: que la vivienda se pueda poner al precio que uno quiera y especular con ella como si fuera una criptomoneda. Y esto es algo que los fondos de inversión y multipropietarios hacen de maravilla.

Con los multipropietarios, por cierto, se abre otro debate infinito. ¿Dónde empieza el gran tenedor? ¿Dónde empieza la especulación? Mientras que las voces más ortodoxas señalan que el gran tenedor debe de tener poder sobre el mercado y por tanto como muy poco contarse a partir de las diez viviendas, hay quien pone el foco en el hecho de que quien tiene una vivienda propia y dos alquiladas ya puede cobrar bastante más de las rentas de otros que de su propio trabajo.

Pocos días después de que se publicara este reportaje de datos, el Ministerio de Consumo y el CSIC publicaron un informe que sitúa la renta anual mediana de los inquilinos en 21.335 euros, la de los caseros más del doble, 50.000 euros de media, y la de quienes tienen dos o más viviendas casi cuatro veces más, 80.0000 euros anuales de mediana. Los que alquilan 4 pisos o más llegan a cobrar más de 200.000 euros al año.

Las diferencias son todavía más acusadas cuando se analiza la riqueza acumulada. Los hogares que viven de alquiler cuentan con un patrimonio neto mediano de apenas 2.217 euros. Entre quienes son propietarios de su vivienda habitual la cifra asciende a 193.919 euros, lo que supone una riqueza casi 90 veces superior. Los multiarrendadores acumulan de media 996.826 euros de patrimonio, 450 veces más que los inquilinos. No hay brecha de edad que pueda siquiera acercársele a esta.

Dejo la pregunta abierta y también me dejo por escrito para que no se me olvide un tema para el futuro: el de las rentas del capital y las rentas del trabajo y sus respectivos tributos.

El dato

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Es lo que han crecido las pernoctaciones en pisos turísticos en la Comunidad Autónoma donde más ha aumentado, Galicia. La descentralización y desestacionalización del turismo en España hacia lugares y momentos más frescos no implica un reparto mejor, porque incluso allí donde menos crecen las pernoctaciones lo hacen un 40%. Y han tocado récord, en España y Europa, pese a los intentos de regulación y un cambio climático que exige reducir vuelos, según las cifras de Eurostat publicadas por elDiario.es ayer.

Poder privado

Un informe de Savills cifraba este jueves en 3.800 millones la inversión inmobiliaria dedicada al alquiler del año pasado, con el flex living, como llaman al alquiler de temporada gourmetizado que se salta la ley de vivienda a precios por encima de mercado, ganando protagonismo.

Gran parte de la inversión, 1.600 millones, uno de cada tres euros, va destinada a la privatización, o sea, a compra de pisos de alquiler para venderlos unitariamente. La “rotación de activos” es una de las claves de estas elevadas cifras. O sea, fondos que entran con dinero, a veces alquilan, y después venden a precios mayores. Especulación pura para asfixiar aun más al ciudadano. La rotación forma parte también de la estrategia de Avalon, que la aplica incluso en los pisos del Plan Vive que gestiona y que tiene a los inquilinos indignados. Los inquilinos no podrán participar de esta venta. La semana pasada explicamos quién hay detrás de Avalon y las gestoras del Plan Vive, mientras que el consejero de Vivienda de la Comunidad respondía hace unos días a las quejas que “nadie está obligado a permanecer en sus casas”.

Poder público

Del Ministerio de Vivienda no se puede decir que haya conseguido revertir la crisis de la vivienda. Al contrario, tres años después de su creación, los precios de alquiler y de compra están en máximos históricos, no se ha construido demasiada vivienda pública (aunque todo apunta a que empezará a hacerse en los próximos años) ni se ha comprado vivienda usada para poner a precios asequibles.

Pero si los intentos del equipo de Isabel Rodríguez por escapar de esta crisis han sido hasta ahora del todo insuficientes, los esfuerzos del PP han ido destinados básicamente a torpedear cualquier mejora. En las Comunidades Autónomas donde gobierna, que son mayoría y tienen las competencias en vivienda, los precios han subido más que donde se han topado los precios. Los que sí lo han hecho, Navarra y Catalunya, que anunció en un acto de elDiario.es que prorrogará las zonas tensionadas, han conseguido contener más las subidas de los alquileres y los de compra han subido mucho, pero menos que en Madrid, por ejemplo. Desde Valencia, se puso un recurso al registro único de pisos turísticos y de temporada que el Supremo aceptó y que reduce el combate a los pisos ilegales. El BOE publicó el jueves 40 resoluciones contra apartamentos que no cumplen la ley pero que no tendrán efecto por esta sentencia.

Tampoco le pareció bien al PP el Plan Estatal de Vivienda, que prevé destinar 9.000 millones hasta 2030 para vivienda pública y otras ayudas. Bueno, aceptó el dinero y, enseguida, Extremadura y Madrid pusieron recursos al Supremo en contra de las condiciones impuestas: una cofinanciación al 60-40%, la vivienda protegida indefinida y compartir datos fiables de precios del alquiler. El miércoles, el Ministerio anunciaba que ha enviado la documentación a las Comunidades para que dejen por escrito que aceptan estas condiciones. Habrá que ver cómo prosigue su política de “a Dios rogando y con el mazo dando” del PP cuando acepte las mismas condiciones que ha recurrido a los tribunales.

El ruido de la calle

Una buena amiga me contaba hace unos días, con lágrimas en los ojos, que con la repentina muerte de su padre recibiría una herencia que no esperaba y que le permitirá comprarse un piso este año, algo para lo que se estaba empezando a plantear ahorrar a unos cinco o diez años vista. Lo contaba con un claro hastío y sentimiento de culpa, con el luto todavía en sus primeros días y cierta incomprensión sobre cómo algo tan desagradable y traumático podía a la vez solucionarle una de las mayores preocupaciones que tenemos: la vivienda. Albert Pla contaba en una entrevista reciente, también, que la mayoría de sus amigos han dado recientemente un salto en calidad de vida al morirse sus respectivos padres.

El lector denuncia (o consulta)

Si tienes alguna situación con tu vivienda que quieras denunciar, lo investigamos. Si tienes alguna consulta, hablamos con un experto o experta e intentamos resolverla. Escríbeme sobre todo ello a vivienda@eldiario.es

Me despido de nuevo: buenas vacaciones a quienes se vayan y buen aire acondicionado a los que sigan trabajando en la oficina. Si trabajas en exterior, recuerda que tienes derecho a parar con temperaturas extremas.

El Boletín Oficial del Estado ha publicado este jueves 40 resoluciones con denegaciones a pisos turísticos que solicitaban inscribirse en el registro único aprobado por el Gobierno. Como el Tribunal Supremo tumbó este registro único hace unas semanas como respuesta a un recurso del PP, estas denegaciones quedan en papel mojado. Pero los pisos siguen siendo ilegales porque no cumplen con los requisitos y corresponde a las Comunidades Autónomas hacer cumplir la ley, señalan a elDiario.es fuentes del Gobierno.

El Ministerio defiende que el registro ha hecho aflorar 110.000 contratos de alquiler ilegales, la mayoría turísticos, 26.000 de ellos en Andalucía, a quien el ejecutivo achaca “mirar hacia otro lado” ante la proliferación de los mismos. En total, se han registrado 258.000 pisos turísticos y 83.000 alquileres de temporada en el registro.

En todos estos casos, la pelota cae ahora sobre el tejado de las Comunidades Autónomas, que serán quienes tengan que perseguir, cerrar o revocar las licencias turísticas de los pisos ilegales para hacer cumplir la ley. Hace tan solo unas semanas, la ministra de Vivienda se personó en un bloque de Madrid con conflicto por la presencia de pisos turísticos y exigió al alcalde, José Luis Martínez Almeida, y a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, cerrar estos pisos o comprarlos para dedicarlos a vivienda en alquiler.

Las resoluciones de este lunes son de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en respuesta a recursos presentados por los perjudicados, y la gran mayoría de negativas se deben a la prohibición expresa de las propiedades horizontales o de las comunidades de vecinos, que desde hace poco más de un año tienen potestad para vetar los pisos turísticos. Aunque decaiga el registro único, sigue en vigor la ley que permite a las comunidades de vecinos autorizar o prohibir los pisos turísticos.

Las comunidades, por tanto, siguen teniendo este derecho, pero el registro único ya no existe, por lo que tendrán que valerse de las Comunidades Autónomas y de sus inspecciones para avalarlo.

Valencia, Benalmádena, Madrid, Barcelona, Conil de la Frontera, Toledo, Marbella o Las Palmas de Gran Canaria o Sevilla son algunas de las ciudades que cuentan con resoluciones de este tipo.

Aparte de las negativas de las comunidades de vecinos, también existen varias denegaciones debido a que los pisos no cumplían con los requisitos urbanísticos de los Ayuntamientos en cuestión.

El Tribunal Supremo sentenció el pasado mes de mayo que el Gobierno invade competencias y las “superpone” a las de las Comunidades Autónomas al imponer un registro único donde se centralizan estatalmente los pisos que se encuentran y se ponen en el mercado turístico y de temporada. “El Estado carece de título competencial para establecer una regulación exhaustiva de un registro nacional que se superpone a los registros autonómicos existentes respecto a la inscripción de inmuebles destinados a arrendamientos turísticos”, dijo el Supremo.

El Tribunal mantuvo, no obstante, la ventanilla única digital, donde se centralizan las gestiones al respecto de este tipo de alojamientos, así como las obligaciones de transmisión de datos de las plataformas en línea y la transmisión de datos con fines estadísticos. O sea, que el Gobierno no podrá tener un registro centralizado de todos los pisos de alquiler turístico y de temporada porque el tribunal entiende que se trata de competencias de las comunidades, pero sí que podrá exigirles que les traspasen datos.

Cada noche, medio millón de personas se alojan en un piso turístico en España reservado a través de las principales plataformas de economía colaborativa. Una cifra que continúa subiendo y que no parece tener techo a pesar del descontento social, la saturación y los nuevos controles a la actividad. En 2025, el país vivió un nuevo récord de reservas en viviendas vacacionales a través de Booking, Airbnb y Expedia.

Si ampliamos el foco hasta 2018, los números hablan por sí solos: las reservas se han multiplicado por dos -de las 94 millones hasta las 189 millones de pernoctaciones-. Un nuevo récord mientras aumentan las regulaciones y controles. Por ejemplo, con la eliminación de plataformas como Airbnb de anuncios que no cumplen la legalidad o con la creación del registro único de viviendas de uso turístico, tumbado recientemente por el Tribunal Supremo.

El fenómeno no es solo español, por toda Europa se han multiplicado los visitantes que recurren a estas viviendas turísticas en lugar de a hoteles. Lo dicen los últimos datos de la Eurostat sobre las reservas en plataformas de Airbnb, Booking y Expedia, publicados este mes y analizados por elDiario.es y la Urban Journalism Network, una red de periodistas de la que forma parte este medio. Hay que matizar que estas cifras recogen las reservas de pisos y de casas turísticas contratadas a través de esas plataformas pero no incluyen ningún tipo de alojamiento en hoteles ni en campings que, en ocasiones, también pueden reservarse en esas mismas páginas web.

El economista especialista en vivienda de la consultora Ksnet, Pablo Tucat, alerta de que “las regulaciones que se han aplicado son sobre la oferta, por eso no tienen por qué tener impacto en la demanda”, si bien “hay evidencias” de la limitación del stock acaba reduciendo o limitando las pernoctaciones en algunos casos como en Catalunya o Barcelona, pero de manera más contundente en Los Ángeles.

El mapa europeo de la presión de los pisos turísticos revela cómo el Mediterráneo concentra la mayor presión de visitantes que se alojan en pisos turísticos sobre la población local.

De las 10 regiones con más reservas (contabilizadas como noches por persona) de todo el continente, cuatro son españolas. Andalucía lidera la tabla con más de 50 millones de pernoctaciones. Es decir, unas 136.000 personas se alojan -de media- cada día en viviendas turísticas reservadas a través de las principales plataformas. Le siguen la costa de Croacia (Jadranska Hrvatska), la Provenza francesa, Canarias, París, la Comunitat Valenciana y Catalunya. El listado lo completan Ródano-Alpes (Francia), Lazio (Italia) y Lombardía (Italia).

En casi todas, las reservas se han duplicado respecto a 2018. El boom turístico que siguió a la pandemia también muestra un cambio estructural en el sector. No es solo que la gente viaje más en general sino también a un aumento de la popularidad de los pisos turísticos frente a los hoteles.

Aunque Eurostat explica que los datos sobre el turismo a través de plataformas no deben sumarse a los datos clásicos del turismo hotelero, ya que algunos tipos de alojamiento podrían solaparse. Pero cuando comparamos las tendencias, podemos observar que el turismo a través de viviendas vacacionales está creciendo mucho más rápido.

En España, mientras las reservas de pisos turísticos se han duplicado desde 2018, las noches en hoteles apenas han subido un 8%. No somos la excepción, en países como Suecia, Noruega, Alemania o Francia, la brecha entre el crecimiento del turismo a través de plataformas y el turismo hotelero también se ha disparado.

El antropólogo e investigador en turismo Claudio Milano alerta que las regulaciones municipales o autonómicas tienen poco impacto porque “se enfrentan a multinacionales que no tienen sede fiscal en España” y “es complicado aplicar medidas disuasorias fiscales”, además de que existe “una falta de fiscalización real de su cumplimiento”. Y hay formas de saltárselas como empadronarse en una vivienda y después alquilar.

Medidas como las limitaciones municipales o el registro único estatal, tumbado recientemente por el Supremo, deberían tener algún efecto, aporta Tucat, si bien alerta de “limitaciones de recursos públicos a la hora de fiscalizar”. “Las multas a las viviendas turísticas han sido elevadas, por lo que también deberían disuadir”, añade Tucat.

Las zonas más afectadas por la presión turística

Las islas Canarias muestran el reflejo de la saturación turística. En un territorio de apenas 7.500 kilómetros cuadrados, se reservaron unas 13.000 noches en viviendas turísticas por cada 1.000 habitantes. Es la comunidad más presionada por los pisos turísticos, con casi el doble de noches por residente que en regiones como Andalucía o la Comunitat Valenciana.

En el archipiélago, el descontento por los efectos del turismo masivo y la subida de los alquileres han traído una ola de protestas para poner límites al sector. Con el lema “Canarias tiene un límite”, el movimiento ha exigido en las calles el fin del turismo masivo y la destrucción del territorio: ''No somos un parque temático''.

De las diez provincias de todo el continente europeo en las que más pernoctaciones hubo, cinco son españolas: Málaga, Alicante, Barcelona, Madrid y la isla de Tenerife junto con Roma (Italia), Algarve (Portugal), Damacia (Croacia), Alpes (Francia) y París (Francia). El mediterráneo es el destino favorito de los turistas extranjeros, la mayoría de pernoctaciones que se registraron en Andalucía fueron de personas que vivían fuera de España, por ejemplo. Pero el internacional no es el único tipo de turismo que ha crecido en España.

Aunque el 60% de visitantes eran de otros países, desde 2018 los españoles que recurren a viviendas turísticas en el territorio nacional ya son más del doble. ¿Dónde van esos 67,5 millones de personas? Pues muchos optan por la zona norte del país. Galicia, Asturias o Cantabria son algunas de las regiones que más han visto crecer el turismo en los últimos años, hasta un 260%.

Cómo el cambio climático y la saturación disparan el norte de España

Más de la mitad de visitantes que reciben en la zona norte son turistas españoles que escapan del calor. El aumento de las temperaturas convierte a estas regiones en una especie de refugio climático durante los meses de verano, unido a la saturación que genera el turismo en el sur y la costa mediterránea, las convierte en un destino cada vez más popular.

Los datos de Eurostat sugieren que este fenómeno se repite en Europa: cada vez más personas evitando las áreas del sur del continente en los meses más calurosos del año. Así, países como Suecia, Estonia o Noruega recibieron un 20% de su turismo en los meses de julio y agosto. Una tendencia que probablemente vaya en aumento.

Un informe del Joint Research Centre (JRC) de la Comisión Europea estima cómo el cambio climático futuro alterará la demanda turística en general. “Se prevé que las regiones de Europa Central y del Norte se vuelvan más atractivas para las actividades turísticas durante todo el año”. Por el contrario, 52 regiones europeas entre las que se encuentran países como Grecia, España o Francia verían descender el número de turistas a raíz del aumento de las temperaturas.

Por el momento, en Galicia los visitantes han crecido un 258% desde 2018. Entre las comunidades que más han aumentado su número de turistas en España también están Castilla la Mancha (257%), Castilla y León (236%), Asturias (215%) y Navarra (187%).

Hay una diversificación territorial que está protagonizada por este turismo nacional en el que, además de los flujos habituales de viajeros a las zonas de costa, también hay aumentan quienes eligen destinos como las provincias de interior. El aumento de los costes o la saturación turística de algunas localidades son algunos de los motivos que apuntan estudios como el de BBVA Research para este cambio de preferencias.

Los datos señalan que, en comunidades como Asturias, el pico turístico de las reservas en viviendas vacacionales lo alcanzan en agosto. Principalmente, por los turistas nacionales.

Sin embargo, el foco sigue estando en la playa. De las diez ciudades españolas que más sufren la presión turística la mayoría son zonas costeras del sur junto a localidades del Mediterráneo o las islas. Ciudades medianas como Benidorm y Benalmádena recibieron más de 30.000 visitantes por cada 1.000 habitantes en 2025. Son ya las dos localidades más populares de Europa y no parece que el turismo vaya a dejar de crecer.

Mientras comunidades tradicionalmente turísticas como Andalucía, Valencia o Murcia reciben más del doble de visitantes que en 2018, Catalunya es la región que menos crece. Un 59% a pesar de ser un destino popular para extranjeros y nacionales. Parte se debe a que ya era una zona con mucho turismo, igual que ocurre en el caso de Madrid, pero otro punto a tener en cuenta son los intentos de regulación.

El investigador Milano resalta que “sin duda existe una descentralización” de la vivienda turística, pero eso no está implicando una reducción en las zonas más turísticas, “no hay una relajación, sino al contrario”. Se le suma además el fenómeno de “estudiantes internacionales, nómadas digitales y residentes temporales, flotantes, que pasan unos meses en una ciudad” y pueden tensionar aún más el mercado de la vivienda.

Barcelona crece, pero mucho menos que el resto

Dentro del mapa disparado de pisos turísticos, Barcelona emerge como una de las ciudades con mayor presión. También Catalunya, que con 184 pernoctaciones por cada 1.000 habitantes, se sitúa entre las comunidades con más actividad en alojamientos de este tipo. Pero hay una particularidad en la región y en la capital catalana que las diferencia de las demás: su crecimiento se ha frenado en los últimos años.

Si en el resto de comunidades la cifra de estas viviendas se multiplica –como mínimo– por dos desde 2018, en Catalunya el aumento es del 40% (solo seguida de cerca por Baleares, con un 45%). De forma parecida, la provincia de Barcelona, pese a figurar entre las que cuenta con más pisos turísticos de Europa (sólo superada por Málaga, Roma y Alicante) al mismo tiempo experimenta un menor incremento.

La explicación que ofrecen algunas fuentes a esta moderación es que la regulación de este sector arrancó antes, especialmente en Barcelona, y que se han destinado numerosos recursos a combatir los apartamentos turísticos ilegales que figuran en estas plataformas.

El Ayuntamiento de la capital catalana congeló provisionalmente la concesión de licencias para pisos turísticos ya en 2014, una medida que consolidó con los años y que mantiene estable la cifra de estos alojamientos, en unos 10.000. Pero no solo eso: el Gobierno municipal de Ada Colau declaró la guerra a los pisos turísticos sin licencia, anunciados en Airbnb y otras plataformas, hasta el punto de que en la última década se han desmantelado 6.600 apartamentos ilegales.

A nivel autonómico, además, el Parlament aprobó un decreto ley en 2023 que pone coto a esta actividad. De cara a 2028, permite a los ayuntamientos eliminar licencias de pisos turísticos –Jaume Collboni ha anunciado que las retirará todas en Barcelona–, y les obliga a tener un máximo por habitante. Pero en el corto plazo, recalca Aguirre, impide la concesión de nuevas licencias (puesto que obliga a los ayuntamientos a elaborar planeamientos urbanísticos para justificarlo).

Aunque el PEUAT (Plan Especial Urbanístico de Alojamientos Turísticos) del mandato de Ada Colau de 2017 en Barcelona que limitó las licencias turísticas de hoteles y apartamentos en las zonas más tensas sí que tuvo un impacto para al menos frenar el crecimiento, el investigador Claudio Milano alerta de que “los pisos turísticos crecieron en zonas periféricas” que quedaban fuera de la regulación y además se siguieron promocionando pisos ilegales.

“Si en 2028, en Barcelona se eliminan las licencias turísticas para apartamentos como se ha dicho, esto sí que tendrá un impacto. Pero habrá que ver cómo lo llevan a cabo las empresas y qué pasará con los 9.800 que existen. ¿Volverán al residencial o irán al de temporada?”, se pregunta Milano.

Los datos muestran la presión sobre la vivienda

Los pisos y las casas de uso turístico han cambiado el mapa del acceso a la vivienda en España. Así lo han constatado diversos organismos, nacionales e internacionales. Uno de ellos, el Banco de España que, en su último informe anual, realiza un análisis detallado del panorama inmobiliario y desglosa, también, qué ha pasado con este segmento de las viviendas vacacionales.

El organismo encabezado por José Luis Escrivá pone el foco en este tipo de inmuebles, que presionan los precios de forma muy diferente a lo que ocurrió en la última gran crisis financiera y del ladrillo, donde no fueron un factor determinante. En concreto, el Banco de España explica que “el auge de la vivienda turística es un fenómeno que contribuye a presionar al alza la demanda de vivienda y que no estuvo presente en el auge inmobiliario de los años 2000”.

En ese análisis, el Banco de España tiene en cuenta que, en términos agregados, las viviendas turísticas suponen una proporción pequeña del parque total de viviendas, porque son el 1,5%. Sin embargo, si se mira el mercado inquilino, “su peso relativo alcanza cuotas en torno al 10% en el conjunto del mercado del alquiler”. Además, apunta, esta actividad y sus posibles efectos sobre el mercado residencial tienen una “elevada heterogeneidad territorial”.

En concreto, explica el supervisor, “la relevancia relativa de las viviendas turísticas es especialmente intensa en determinadas áreas urbanas de las islas y de la costa mediterránea”. “Asimismo, dentro de estas áreas urbanas, estas viviendas se concentran en barrios donde presentan unas cuotas muy significativas en relación con el mercado del alquiler. Estos fenómenos se observan, por ejemplo, en los centros históricos de Málaga y Sevilla, y son también significativos en ciudades como Barcelona y Madrid, donde el dato de viviendas turísticas a nivel agregado del área urbana sugeriría una escasa penetración de esta actividad”.

El investigador Claudio Milano habla de una “turistificación de la vida cotidiana” y asegura que hay “evidencias científicas de sobra” del impacto de la turistificación en los precios de la vivienda. “A partir de las plataformas, el turismo se mete en nuestras fincas”, relata. “Nunca hubo tanta presión como en los últimos 15 años porque se empezó a orientar la oferta del parque residencial al turismo y a la vivienda temporal, que ofrece mayores rentabilidades que la vivienda de familias”, remata.

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Este artículo fue coordinado por la Urban Journalism Network y sus socios.

Gráficos y mapas: Bene Brandhofer, David Meidinger.

Coordinación: Hendrik Lehmann, Gaby Khazalova.