Una carta del ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, a Alberto Núñez Feijóo, y otra a los grandes caseros de España para que acepten la prórroga; una protesta el domingo convocada por el Sindicato de Inquilinos en la sede del PP y un estudio que demuestra que los votantes de derechas también están a favor de la prórroga. Sumar y los representantes de inquilinos siguen apretando a la derecha para que este martes 28 vote a favor de convalidar el decreto que obliga a los caseros a aceptar la prórroga obligatoria sin subida de precios más allá del 2% a los inquilinos por los próximos dos años. No obstante, la izquierda parlamentaria tiene pocas esperanzas de poder atraer en el último momento a Junts, verdadera clave de bóveda de la votación, puesto que los independentistas han confirmado públicamente que su idea es votar en contra del decreto junto a PP y Vox —de nuevo—. Mientras tanto, miles de inquilinos han enviado ya el burofax que debe garantizarles la prórroga y se han encontrado con distintas respuestas: el acuerdo amistoso, el enfado o el más desconcertante: el silencio.

Es el caso de César, inquilino de uno de los pisos de Madrid, en el barrio de Carabanchel, antes protegidos que Ana Botella vendió a Blackstone, que ahora los está vendiendo a Brookfield. Su contrato de alquiler vence en junio y lleva viviendo allí desde hace 20 años, primero con protección oficial y después con casero privado junto a una subida del alquiler del 100% en este periodo, de los 530 euros a los 1.050 que paga ahora. “En cuanto salió el decreto, me acogí a la prórroga y envié el burofax para solicitar la prórroga, pero no he recibido respuesta”, explica César, que reconoce que está “más tranquilo” desde que lo hizo. “Antes, dormía mal por no saber si me iban a echar”, dice.

El decreto, aprobado a finales de marzo en el marco de las medidas extraordinarias para proteger a los ciudadanos del impacto de la guerra de Irán, va a votación el martes en el Congreso, pero no cuenta con el apoyo de ningún partido de derechas (ni Junts, ni PP, ni Vox) y, por tanto, es muy probable que caiga. La mayoría de abogados, como el Sindicato de Inquilinos y el Ministerio de Consumo, defienden que, aunque el decreto sea derribado, las prórrogas serán efectivas para quienes lo hayan solicitado antes de la votación. La patronal inmobiliaria y los caseros, sin embargo, no lo tienen tan claro y algunos apuntan a la judicialización de los casos.

La presidenta del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Barcelona, Montserrat Junyent, asegura que “hay propietarios que están consultando qué efectos reales puede tener ese burofax, otros que prefieren esperar a ver cómo evoluciona la situación parlamentaria y jurídica, y también casos en los que ambas partes intentan hablar antes de adoptar decisiones”. Lo que no fija es una posición conjunta ante las peticiones: “No caben respuestas generales”. “Cada caso depende del momento contractual, de las comunicaciones previas entre las partes y de las circunstancias concretas de cada arrendamiento”, dice.

Desde el despacho de abogados Thomas de Carranza, que lleva a fondos inmobiliarios, defienden que los burofaxes que serán válidos serán aquellos referidos a contratos que vencieran antes del 28 de abril, y no a todas las comunicaciones de ese periodo. Mientras que, según Consumo, Sumar e Inquilinos, la fecha importante es la de activación del derecho, o sea, cuando se envía el burofax, parte de los propietarios opina que lo que vale es que la fecha de vencimiento del contrato sea previa a la votación si tumba el decreto.

Así lo opina también Eduard Soler, abogado del colectivo de pequeños propietarios Som Habitatge. “Recibimos consultas y comentarios de propietarios y la percepción es que esta situación generará más inseguridad jurídica, aboca a los propietarios y a los inquilinos a mayor conflictividad, más judicialización y pleitos y al final pierde todo el mundo”, dice. Asval, la patronal de fondos propietarios de viviendas de alquiler como Blackstone, se limitó a asegurar que el decreto “no aportará seguridad jurídica” y derivará en “conflictividad”, avanzando la judicialización de casos, según su presidenta

Tanto el despacho Thomas de Carranza como COAPI niegan que haya habido un gran aluvión de burofax. “Nuestra asesoría jurídica ha recibido un centenar de consultas sobre un total de 5.000 agentes inmobiliarios, no se está produciendo una reacción masiva ni uniforme, sino un escenario muy fragmentado”, comenta Junyent.

Esta realidad contrasta con la que ven los inquilinos. Desde el Sindicato aseguran que el modelo de burofax publicado en su web ha sido descargado por 11.000 personas desde que se aprobó el decreto y las visitas a la web se han disparado hasta por encima de las 500.000 en un mes, mucho más de lo habitual. “Hay quien se descarga este burofax, pero también quien puede consultar la información y descargarlo por otras fuentes”.

Entre los inquilinos, no cuesta encontrar todo tipo de experiencias. Desde gente que ha enviado el burofax después de una comunicación amistosa con el casero y le ha servido para cerrar la renovación (es el caso de Mariel, en Barcelona), como personas que lo han enviado y no han recibido respuesta alguna del casero, como algunos a los que les ha valido como forma de presión para que acepten la prórroga y también quienes lo han descartado para no tensar la relación con los caseros o para no levantar la liebre sobre una prórroga que se hace más larga y automática dos meses antes del vencimiento si no hay una comunicación oficial en los cuatro meses previos.

En el caso de Raquel, vecina de Zaragoza de 45 años, avisó al casero, con el que tiene buena relación, de que enviaría el burofax para extender un contrato que se le acababa el 1 de abril. “Se enfadó muchísimo, porque ya habíamos quedado en que me subía el alquiler 100 euros, de 650 a 750 euros, y me dijo que si quería acogerme a esto, dentro de dos años me subiría a 950 en vez de a 750. Con lo que yo preferí aceptar la subida de 750 euros, realmente es un buen precio como están las cosas en Zaragoza. Y conseguí que no me subiese durante el contrato más del 2% al año independientemente del IPC y que me pinte la casa, que falta le hacía”, relata Raquel.

Para Laura Martínez, inquilina de Camarena de un piso propiedad de un fondo de inversión, el burofax ha funcionado como herramienta de presión. “Después de más de 20 años viviendo en el piso, el fondo me había dicho que me fuera y no aceptaban los pagos. Ni siquiera aceptaban una subida de la renta que ella mismo les ofreció y una opción de tanteo para comprar el alquiler. ”Me devolvían los pagos del alquiler y envié el burofax, pero no me respondían. “Les envié otro correo diciéndoles que si no me daban un número de cuenta para hacer el pago iría al juzgado a consignarlo y al final me enviaron un enlace para pagarlo. Con este enlace están aceptando la prórroga”, asegura ya convencida de que podrá estar al menos dos años más en la vivienda.

Entre los silencios sin descifrar está también el del casero de Martina, profesora de 30 años que comparte piso en Madrid con dos amigos por el que pagan 1.300 euros. “Le enviamos un burofax y también le envié un mensaje avisándole de que se lo había enviado. No nos ha respondido. Normalmente, cuando no le gusta algo no nos responde”. En qué se convertirá este silencio y el de miles de caseros, si en aceptación tácita o denuncias ante la justicia, es la gran incógnita que se resolverá caso por caso, a falta de una respuesta clara o unificada de portavoces y abogados del sector inmobiliario.

Junts vuelve a hacer piña con PP y Vox pese a la presión de Sumar

Si el decreto tiene todas las papeletas para terminar siendo derribado este martes en el Congreso por la mayoría absoluta que suman PP, Vox y Junts es porque no ha funcionado demasiado bien la presión sobre los populares y, especialmente, sobre los independentistas, que la semana pasada confirmaron que votarán en contra de la convalidación. Aunque el paquete de medidas fue aprobado por el Gobierno en pleno hace aproximadamente un mes, el PSOE dio por imposible desde el primer momento su aprobación y apenas ha hecho esfuerzos para intentar convencer a Junts o al PP para que, al menos, se abstuvieran.

Quien ha llevado la batuta de estas conversaciones ha sido Sumar, pero con muy poco éxito. Desde el primer momento, fueron los ministros del ala minoritaria del Ejecutivo —y particularmente el titular de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy— los que más defendieron públicamente el decreto. Y los partidos que componen Sumar lanzaron una campaña conjunta con el elocuente nombre de Pide la prórroga, defiende la prórroga tanto para animar a los inquilinos a poner en marcha la medida estrella del paquete como para que el foco mediático no se apartara del decreto una vez aprobado este.

Simultáneamente al lanzamiento de esa campaña, Sumar anunció una ronda de reuniones con los grupos parlamentarios para intentar cosechar su apoyo a la medida. Pero de esta ronda poco más se supo, y el PP rechazó incluso reunirse con la portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez, y tampoco respondió a la carta que le envió hace unos días el ministro Bustinduy al líder popular Alberto Núñez Feijóo para pedirle que “reconsidere” su negativa a convalidar el decreto. Sumar, por su parte, ha evitado repetidamente confirmar si ha tenido alguna reunión presencial con Junts y se ha limitado a asegurar que estaba manteniendo contactos con los independentistas.

Fuentes de la alianza liderada por Yolanda Díaz confirman, no obstante, que estas conversaciones quedaron totalmente bloqueadas después de que, la semana pasada, la propia Díaz calificara de “racista” y “clasista” el proyecto político de Junts. Hasta entonces tampoco se habían registrado grandes avances, pero estas fuentes explican que Sumar aún confiaba en poder ofrecer modificaciones que permitieran lograr una abstención de los de Carles Puigdemont, una posición que hubiera permitido que el decreto fuera convalidado en el Congreso por 172 votos a favor frente a 171 en contra. Sin embargo, las declaraciones de la vicepresidenta permitieron a los independentistas escenificar un gran enfado —que protagonizó el propio Puigdemont— y justificar su rechazo al decreto.

Las declaraciones de Díaz causaron malestar en algunos sectores de la alianza que todavía lidera, puesto que pusieron una piedra más en el camino de una negociación que ya estaba siendo muy complicada. En cualquier caso, que salvo sorpresa Junts vaya a votar —de nuevo— con PP y Vox a una iniciativa de vivienda planteada por el Gobierno no es una novedad, puesto que, en los últimos meses, los independentistas han tumbado en dos ocasiones sendos decretos del Gobierno con medidas mucho más tibias que la prórroga de los alquileres. Los de Puigdemont se han negado a mantener la suspensión de los desahucios para inquilinos vulnerables que no podían pagar su alquiler, y esa iniciativa afectaba a muchos menos caseros que la extensión al mismo precio de los contratos que vencen en 2026 y 2027.

Pese a ello, Junts es consciente de que la prórroga de los alquileres es una medida apoyada por la mayoría de los ciudadanos, también entre el electorado de los partidos de la derecha. Y, sabedores de que rechazar una medida popular siempre es complicado, la semana pasada los independentistas intentaron sacudirse la presión y poner el foco sobre el mal momento que atraviesa el Gobierno en las encuestas exigiendo al presidente Pedro Sánchez que convocara elecciones anticipadas y acusándole de estar “rodeado” de corrupción.

El ministerio de Consumo, dirigido por Pablo Bustinduy, ha enviado cartas a más de 500 empresas que gestionan más de 50 viviendas de alquiler cada una y un total de 50.000 sumadas para avisarles de que deben aceptar la prórroga de los alquileres contemplada en el real decreto ley 8/2026, en el marco de protección a los ciudadanos de los impactos económicos de la guerra de Irán.

El real decreto fue aprobado el pasado 22 de marzo y da derecho a inquilinos cuyo contrato de alquiler venza antes del 31 de diciembre del año que viene a obtener una prórroga de dos años con una limitación de las subidas del alquiler del 2% sobre el precio actual. Gran parte de los abogados de la patronal cuestionan este punto, advierten de la judicialización de los casos y aseguran que los únicos contratos a los que aplicará la normativa son aquellos que venzan antes del 28 de abril, fecha en que se vota el decreto en el Congreso y con mucha probabilidad decaiga por falta de apoyos. Junts y PP han dicho que se opondrán.

“La norma genera un nuevo derecho de renovación del plazo del contrato de alquiler por dos años que, previa solicitud del inquilino, deberá ser aceptado obligatoriamente por el arrendador, manteniéndose los términos y condiciones del contrato en vigor”, asegura el ministerio en un comunicado.

La carta ha sido enviada a un total de 541 empresas que gestionan más de 50 propiedades cada una. Entre ellas están algunos de los mayores caseros privados de España, como CaixaBank; Blackstone, Lazora; Axa, Vivenio Residencial, Ares, Encasa Cibeles, Témpore, Cevasa, Cerberus, Stay; Liberbank; CAMI, Grupo Ortiz, Urban View Goldman Sachs o Sabadell, algunos de los grandes caseros de España, según los datos publicados en 2024 por Civio y un estudio de la consultora Atlas Real Estate Analytics de la misma época.

La carta coincide con los últimos días en vigor del decreto y con el envío de miles de burofaxes por parte de inquilinos a sus caseros para prorrogar el contrato. Antes, Bustinduy envió también una carta al PP para presionarle para que vote a favor del decreto, presión que se ha sumado a un estudio encargado por el grupo parlamentario europeo de Sumar, The Left, que mostraba que los votantes del PP e incluso de Vox están a favor de este decreto e incluso que algunos de ellos se replantearían su voto si estos partidos no le dan apoyo.

Consumo también elaboró junto al CSIC un informe que mostraba que el 61% del mercado del alquiler se encuentra en manos de multiarrendadores particulares, personas jurídicas y empresas públicas, mientras que los caseros con una sola vivienda en alquiler van a la baja y tan solo cuentan con el 39% del mercado.

La figura del pequeño casero que tan solo tiene una vivienda en alquiler como complemento a su sueldo va a la baja en España. En los últimos años, la compra de vivienda para inversión y para segunda residencia ha crecido y las empresas y multipropietarios aumentan su capital inmobiliario con más velocidad que los pequeños caseros. Hoy tan solo un 39% de las viviendas de alquiler en España están en manos de personas que tan solo alquilan una, según un informe elaborado por el CSIC y difundido por el Ministerio de Consumo.

Si descartamos empresas, fondos y vivienda pública, aún ganan los multipropietarios, que controlan un 52,8% de la vivienda alquilada por particulares, cifra que se eleva al 61% al observar el parque total de vivienda y contar también al sector público y privado.

El análisis no hace distinción entre propietarios que tienen entre 2 y 10 viviendas o grandes tenedores, considerados a partir de 10, pero sí que muestra cómo en algunas ciudades, especialmente las más turísticas, el pequeño casero tiene aún menos peso.

Así, Las Palmas de Gran Canaria presenta la mayor concentración con un 64,9% de caseros multiarrendadores, frente al 35,1% que posee un único inmueble. Santa Cruz de Tenerife le va a la zaga con un 64,6%, Palma de Mallorca tiene un 63,1% de sus viviendas en manos de multiarrendadores y Barcelona un 60,8%, mientras que Madrid cuenta con un 56,4% de viviendas en manos de multiarrendadores. En el caso de las capitales, estos porcentajes solo cuentan a los arrendadores particulares y no a las empresas, fondos y empresa pública, por lo que la porción de mercado de los pequeños caseros debe ser aún menor.

Aumento de los multiarrendadores

El estudio muestra, además, cómo desde el año 2016 aquellos que tienen más de una vivienda en alquiler han aumentado más su parque de viviendas que los que tienen solo una. Aquellos que alquilan una sola vivienda han aumentado su parque en un 30%, mientras que quienes cuentan con dos o más lo han hecho un 39,9%.

En plena crisis de la vivienda, con precios de alquiler y compra disparados y las administraciones tratando de buscar respuesta con regulación o más oferta por ahora sin éxito, el poder de los grandes propietarios frente a los inquilinos crece.

La Encuesta Financiera de las Familias publicada hace unos días por el Banco de España muestra que el porcentaje de hogares que residen en viviendas de su propiedad ha caído desde el pico histórico de 2011, cuando eran un 90%, a un 70,6% actual, mínimo histórico precipitado también por la oleada de desahucios durante la explosión de la burbuja.

Paralelamente, sin embargo, han crecido las compras de vivienda sin hipoteca, es decir, pagadas al contado, hasta un 30% de las que se compraron el pasado 2025, con cifras del Colegio de Registradores. El 24% de las viviendas que se compraron en 2025 fueron destinadas a la inversión y el 18% a segunda residencia, según datos de la Federación de Agencias Inmobiliarias.

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha concedido este miércoles una entrevista al director de elDiario.es, Ignacio Escolar, durante su participación en la jornada 'Todo un país de turismo V. Vanguardia responsable', organizada por este medio. Se ha mostrado convencido de que España “tiene garantizado el suministro energético del transporte aéreo”, pero la “interdependencia” hace que los viajes dependan también de otros aeropuertos.

“El suministro energético del transporte que nos conecta con el mundo, el aéreo, está garantizado, y tenemos el mayor y mayor operador aéreo del mundo, que al operar en red nos da una fortaleza. Pero uno se da cuenta de la interdependencia. Podemos llenar los aviones de Málaga, Madrid o Barcelona, pero también dependemos de que en Hannover o Heathrow puedan llenar los suyos”, ha reflexionado, mientras el sector advierte de los problemas con el queroseno, aerolíneas como Lufthansa están ya cancelando vuelos y la UE lo achaca a un problema de “rentabilidad” de las empresas.

El ministro además ha sido cauto a la hora de hacer previsiones porque ante el conflicto de Irán, la situación “es como una noria, unos días parece que sí, otros días parece que no”. España, no obstante “es menos dependiente de Ormuz porque tiene muy diversificado el suministro y además tiene muchas refinerías”, ha aportado Hereu, condiciones que dan “menos vulnerabilidad y mayor resistencia” al país.

La transición energética, “reforzada”

Más allá de los problemas de queroseno, el miembro del ejecutivo ha asegurado que “la apuesta por la transición energética se ve reforzada” ante el problema de suministros y precios del queroseno. “La apuesta por el SAF (combustible sostenible de aviación, producido con residuos orgánicos) saldrá reforzada de esta crisis, porque además de tener menos emisiones, lo podemos producir nosotros”, ha dicho Hereu.

Si por un lado el turismo puede verse afectado por la subida de los precios de combustibles y la crisis de suministros, por el otro el desvío de viajes procedentes de Oriente Próximo al Mediterráneo europeo puede hacer que España aumente la llegada de turistas. Antes de entrar a valorar esta situación, Hereu ha querido dejar claro respecto a los bombardeos de Trump en Irán que “no se pueden vulnerar los derechos humanos” y que “lo que está pasando es muy grave”. “Nuestro liderazgo es de empatía con el mundo, deseamos la paz y nunca hemos vivido de problemas ajenos”, ha dicho.

Una “mezcla de factores”

Aclarado este punto, Hereu ha señalado que se dan ante la temporada de turismo “una mezcla de factores, que unos suman y otros restan”. “Pero no sé el resultado”, ha dicho. “No me gustaría una avalancha, es difícil de gestionar”, ha dicho, así como ha asegurado que “la calidad va en contra de la masificación”. “Nos interesa más el valor que el volumen, esto lo dicen quienes tienen un grado de volumen, pero el valor cualitativo de la experiencia es la que te lleva a repetir. Y quien va a España, repite”, ha reflexionado.

Pero el turismo ya no va solo de la experiencia del turista, ha advertido Hereu, y hay que “aplicar una visión transversal” para “decidir que en ocasiones el vecino es el centro de todo”. Lo ha dicho en referencia a la decisión de Barcelona de eliminar las licencias de apartamentos turísticos, medida que ha apoyado aunque ha reconocido que “cada realidad es diferente”. Para conseguir un “turismo sosegado” como ha definido, la clave es “gobernar la oferta”

“A veces somos vecinos, a veces somos trabajadores, a veces somos líderes de administraciones, por eso el turismo va de personas y de adaptarse a las diferentes situaciones”, ha dicho Hereu. El ministro ha defendido en ese sentido que debe haber “más calidad y mejores salarios en el sector turístico”.

Las comunidades gobernadas por el PP aspiran a gestionar 5.000 millones de euros de los 7.000 millones de inversión pública hasta 2030 que prevé el Plan Estatal de Vivienda, aprobado este martes en Consejo de Ministros y que pretende blindar toda la vivienda pública que se construya, de manera que nunca se pueda vender a un precio de mercado libre, aunque el Gobierno no ha precisado el número de casas que se construirán. Un 60% del plan serán aportaciones directas del Gobierno para vivienda protegida, rehabilitación y ayudas y el otro 40% lo pondrán las comunidades. Pero las primeras reacciones de los populares no dejan claro si votarán a favor de los criterios de reparto en la comisión sectorial y aceptarán estas transferencias. Por ahora, solo han mostrado su rechazo o sus dudas sobre las condiciones de aplicación del plan y no dicen qué votarán, con excepción de Galicia, que se ha mostrado favorable sin matices.

La oposición más frontal la ha mostrado la Comunidad de Madrid, con un vídeo del consejero de Vivienda, Jorge Rodrigo, criticando los pormenores y las condiciones que impone el Plan del Gobierno. Fuentes del ejecutivo que preside Isabel Díaz Ayuso aclaraban que, pese a las críticas, “dirimirán el sentido del voto cuando llegue el momento”. Para recibir los fondos estatales, el Gobierno central ha impuesto cuatro condiciones: la primera es que se blinden las viviendas de protección oficial (VPO) para que no puedan venderse nunca en el mercado libre -hasta ahora sólo existía un plazo temporal- , la segunda es la cofinanciación de las comunidades, la tercera es que las comunidades compartan los datos de las fianzas para poder seguir en tiempo real la evolución de contratos y precios y la cuarta, una cláusula antifraude para garantizar que las adjudicaciones de VPO sean transparentes y evitar fraudes.

A todas ellas se ha opuesto el consejero Rodrigo, quien ha criticado que “invade competencias” y ha asegurado que “o haces lo que quiere el Gobierno, o no hay dinero”. Madrid recibiría más 600 millones con el nuevo plan y aportaría 500 más para llegar a los 1.100, lo cual le colocaría en la segunda posición como autonomía con más recursos con 815 más que en el anterior plan, de 2022 a 2025. Pero para Rodrigo, se trata de “un instrumento para recentralizar competencias que son claramente autonómicas”. Desde el Ministerio aclaran que la gestión de los fondos será autonómica solo con que se cumplan las condiciones.

La comunidad que debe recibir más recursos es Andalucía, que aspira a contar con 1.197 millones, 877 más que en el ciclo anterior. En su caso, tienen un gran inconveniente para cumplir con el plan: las fianzas ya no se depositan en la comunidad, sino que se las queda el casero, con lo cual tendrían que encontrar una fórmula para enviar los datos al Ministerio. Fuentes de la Junta dijeron que van a “analizar el documento y defender las competencias” sin aclarar cuál sera su posición.“Si ponemos tantos recursos, queremos más autonomía y más capacidad para decidir”, añaden, informa Javier Ramajo.

Después de Catalunya, que no tendrá problema para sumarse al Plan y asumir los 1.015 millones (el doble que en el periodo anterior) por la buena sintonía con el socialista Salvador Illa, el Ministerio vuelve a topar con recelos en la cuarta comunidad que debe recibir más recursos.

La Generalitat Valenciana, que contaría con unos 798 millones (558 más que en el anterior ciclo) también ha criticado que la medida “llega tarde y mal” y que “está hecha sin consenso con las comunidades autónomas”, pese a que el Ministerio insiste en que se han hecho diversas sectoriales en las que los territorios mostraban su buena predisposición y en que se han contemplado las alegaciones de todos ellos. Preguntados por elDiario.es, se niegan también a pronunciarse sobre el sentido del voto, informa Carlos Navarro. La cofinanciación autonómica, dicen desde la Generalitat, “supone un esfuerzo mayor, cuatro veces más” para la comunidad.

Galicia, únicos 'populares' de cara

Galicia es la única comunidad gobernada por el PP que se ha mostrado 100% favorable al Plan Estatal y así lo ha comunicado. “Desde la Xunta ya nos comprometimos a cofinanciar el plan y así lo promovemos en los Presupuestos”, dicen fuentes del gobierno autonómico liderado por Alfonso Rueda, según informa Gonzalo Cortizo. La Xunta añade además que sus viviendas ya tienen calificación pública permanente desde la modificación normativa del pasado año y que ya ofrecen información y transparencia sobre los datos estadísticos. Un posicionamiento bastante contrario al del líder popular y también gallego, Alberto Núñez Feijóo, que ha dicho que el plan es “propaganda” y que “ya basta de tomar el pelo a la gente”.

En Murcia, el presidente popular Fernando López Miras y su equipo ya se opusieron en reuniones previas a este plan que en su comunidad brindaría 258 millones más hasta llegar a los 308 millones. A pregunta de eldiario.es, han ido más allá y han tildado el plan como “adoctrinamiento”, informa Erena Calvo. Como Andalucía, también abolieron el sistema de fianzas, así que “no podrá dar esta información porque no existe”. También expresan “malestar” por el porcentaje que tiene que aportar la Comunidad.

El Gobierno de Aragón ha manifestado que “está dispuesto a participar en el plan estatal siempre que se permita adecuarlo a las necesidades y particularidades” de la región, informa Luis Faci, y aseguran que están “en disposición de cofinanciar el plan estatal”. Pero dejan en el aire su posición final: “hay que estudiar la letra pequeña para poder fijar posición”.

Desde Cantabria, se niegan a hacer valoraciones al Plan Estatal “hasta conocerlo con detalle”, informa Laro García. Allí se invertirán 231 millones entre lo estatal y lo autonómico.

En Balears, el conseller de Vivienda, José Luis Mateo, ha pedido públicamente “capacidad de decisión” en el plan, ya que van a aportar el 40% de los 168 millones públicos que se deben invertir.

Extremadura, en plena investidura de María Guardiola marcada por el pacto con Vox y la discriminación a los migrantes de la prioridad nacional, no se ha expresado al respecto. En su caso se prevén 210 millones públicos, 154 más que en el ciclo anterior.

En La Rioja, que debe alcanzar los 119 millones de recursos cofinanciados, se suman un día después a la línea positiva de Galicia y defienden una “responsabilidad con la lealtad y la colaboración institucional”. “Se acogerá a este plan y asumirá su compromiso presupuestario”, se limitan a afirmar.

El Plan Estatal destinará un 40% de la inversión a la construcción y habilitación de vivienda pública (2.800 millones), un 30% a la rehabilitación de vivienda (unos 2.100 millones) y el resto a ayudas como el bono joven del alquiler, que se verá reforzado, las ayudas a la primera hipoteca, el estímulo a la cesión de vivienda de particulares para alquiler asequible, ayudas extra en municipios despoblados y también para víctimas de violencia machista y familias vulnerables.

Sorpresa por el rechazo y críticas de los inquilinos

Fuentes del Ministerio se muestran “sorprendidos” con los aspavientos del PP y algunos de sus barones, que se han mostrado receptivos al Plan Estatal y dicen estar “convencidos” de que tirará adelante.

El próximo 28 de abril se celebra la comisión multilateral con directores generales de Vivienda para acordar la orden del día de la conferencia sectorial que debe celebrarse en mayo, después de las elecciones autonómicas, para fijar los criterios definitivos de reparto de fondos, que atienden a diversas variables geográficas, demográficas y económicas.

Después el Consejo de Ministros debe ratificar de nuevo estos criterios para dar paso posteriormente a los convenios bilaterales, en los que cada comunidad autónoma detallará cómo aplicará el plan y cómo reparte los fondos, con capacidad para sumar ayudas extra en caso de que haya declarado zonas tensionadas. “El Gobierno no dará más ayudas a quienes declaren zonas tensionadas, simplemente habilitará para que lo puedan hacer los territorios”, aclaran fuentes del Ministerio.

El Gobierno avanzará el primer año la totalidad de los fondos necesarios y la cofinanciación empezará a partir del segundo año. Además, los fondos tendrán carácter retroactivo desde enero, con tal de cubrir el año completo.

Las críticas del PP no son las únicas que recibió el Gobierno este martes por el Plan Estatal de Vivienda. Los sindicatos de inquilinos la han tildado de insuficiente e incluso han tildado de “ridículo” el presupuesto. Desglosando lo que está previsto de inversión en vivienda pública anualmente, lo han cifrado en 336 millones, “lo que representa un 1% del gasto militar”, han criticado.

El Gobierno pretende que las nuevas viviendas de protección oficial (VPO) no pierdan su condición en unos años y estén blindadas para siempre. Y para ello, lo ha impuesto a las Comunidades Autónomas como condición indispensable del Plan Estatal de Vivienda aprobado este martes en Consejo de Ministros, que prevé una inversión de 7.000 millones hasta 2030, el triple que en el periodo anterior. No es la única condición que impone a la hora de aprobar las transferencias territoriales que deben impulsar la vivienda pública en España.

Además, el Gobierno exige a las Comunidades que compartan más datos sobre vivienda y faciliten información en tiempo real al Ministerio sobre los contratos de arrendamiento en el registro de fianzas, para conocer el número de alquileres en vigor, su precio, la rotación y la evolución de la oferta de forma trazable y real. Además, les exige que cofinancien en un 40% este plan e incluye una cláusula antifraude para evitar escándalos como el sucedido recientemente en Alicante. La cláusula “estipula que todas las viviendas construidas o adquiridas con recursos procedentes del PEV se tendrán que adjudicar con criterios objetivos, medibles, transparentes y trazables”.

Por ahora, la primera Comunidad Autónoma en oponerse a este plan ha sido Madrid, cuyo consejero de Vivienda, ha rechazado los requisitos, ha asegurado que el Ministerio “invade competencias” y ha lamentado que “o haces lo que el Gobierno dice, o no hay dinero”. Sin embargo, fuentes de la Comunidad aseguran que “el voto no se dirimirá hasta que no se celebre la conferencia sectorial” de presidentes autonómicos el próximo mes de mayo.

¿Cuánto irá destinado a vivienda pública?

El principal objetivo del plan pasa por fomentar la vivienda pública, con una inversión prevista de 2.800 millones, el 40% de toda la inversión, destinada a este fin. Gran parte de estos fondos irán a la construcción de Viviendas de Protección Oficial (VPO), mediante colaboración público-privada, puesto que el Estado contratará a las constructoras y les cederá suelo para esta ampliación. Una parte se destinará también a habilitar vivienda vacía. Estos 2.800 millones serán ejecutados por las Comunidades Autónomas, ya que la construcción de vivienda pública a cargo del Estado la centralizará Casa 47, la nueva empresa pública de vivienda que se debe autofinanciar con fondos propios.

Del resto de inversión, un 30% se dedicará a la rehabilitación de vivienda, o sea, unos 2.100 millones de euros para mejorar el estado y la eficiencia energética de las viviendas. Los 2.100 millones restantes se repartirán en otras partidas como las que destinarán ayudas de hasta 8.000 euros para actuaciones estructurales en vivienda, de 13.000 para mejorar la accesibilidad. El Gobierno premiará también a los propietarios que cedan vivienda al alquiler asequible e invertirá 12.000 euros en la reforma de esta vivienda y 18.000 más para devolverla en condiciones óptimas al propietario.

También se repartirán ayudas para construir vivienda pública de venta en municipios de menos de 10.000 habitantes con el objetivo de repoblar zonas rurales. Y, por último, se concederán ayudas para vivienda a familias vulnerables y a víctimas de violencia machista.

Cuánto irá a cada Comunidad

El nuevo plan ha hecho una estimación de, con una aportación del 60% del Estado y un 40% de las comunidades, cuánto debe invertir cada Comunidad en vivienda hasta 2030. Andalucía será la que contará con más fondos si se acoge al Plan, con 1.197 millones, 876 millones más que en el plan 2022-2025, mientras que la Comunidad de Madrid se acerca mucho a estas cifras con 1.113 millones que suponen 815 millones más. Catalunya es la tercera comunidad que más fondos recibirá, con 1.015 millones de euros, 473 millones más que en el anterior plan.

La Comunidad Valenciana recibirá 798 millones (557 más), Galicia 399 (292 más); Castilla y León, 378 millones (276 millones más); Canarias, 371 millones (271 millones más); Murcia, 308 millones (257 millones); Castilla-La Mancha, 280 millones (205 millones más); y Aragón, 266 millones (195 millones más). Para Asturias irán 231 millones (174,7 millones más que en el plan anterior); para Extremadura, 210 millones (153,7 millones más), a las Baleares le corresponden 168 millones (123 millones más); a Cantabria, 133 millones (97,3 millones más) y La Rioja, 119 millones, (85,4 millones más).

Una de las novedades que presenta este Plan Estatal es que las transferencias a las Comunidades Autónomas se harán con base en unos objetivos a cumplir, unos mínimos que los territorios deben garantizar para recibir su parte. La primera de las tres condiciones es que la vivienda que se construya o proteja con estos fondos deberá estar permanentemente protegida, con tal de que no se dediquen a la especulación. La segunda condición es que las comunidades se comprometan a aportar un 40% de los fondos necesarios para la vivienda asequible. Y la tercera es que los territorios se comprometan a ofrecer datos fiables sobre el mercado de la vivienda en todos sus sentidos.

El Gobierno de Isabel Díaz-Ayuso no acepta las condiciones impuestas por el ejecutivo de Pedro Sánchez en el Plan Estatal de Vivienda, que prevé triplicar la inversión pública en vivienda hasta 2030 hasta los 7.000 millones y que va este martes al Consejo de Ministros. A la Comunidad de Madrid le correspondían 1.113 millones hasta 2030, de los cuales Estado aportaría el 60%, o sea, unos 600 millones, y la Comunidad el 40% restante de acorde con las condiciones del Plan. Los 1.000 millones del Plan supondrían más del triple de los 298 recibidos en el periodo anterior. “Es un plan que se ha hecho a espaldas de las Comunidades Autónomas y ni siquiera se ha aprobado en la conferencia sectorial”, ha dicho el consejero de Vivienda y Transportes de la Comunidad, Jorge Rodrigo, en un vídeo publicado en redes donde ha denunciado que “es un instrumento para recentralizar competencias que son claramente autonómicas” y que “intenta imponer medidas que ya han sido declaradas inconstitucionales como la protección permanente”.

El Plan Estatal será votado en la próxima conferencia sectorial de presidentes autonómicos, que debe celebrarse el próximo mes de mayo. Y por primera vez el Gobierno central impone condiciones a las Comunidades para transferirles fondos. La primera condición es que toda la vivienda pública que se haga a partir de este plan debe estar blindada de por vida, esto es, que no deje de ser VPO en unos años. La segunda es que las Comunidades deben cofinanciar en un 40% este plan, es decir, sumar fondos propios a estas transferencias. “La financiación, directamente es inviable. El Estado dice que aporta el 60% pero obliga a las Comunidades Autónomas a multiplicar por seis el esfuerzo. Además, parte de ese dinero ni siquiera está garantizado, porque depende de un presupuesto que no está garantizado”.

Pese a la oposición frontal del consejero de Ayuso, fuentes de la consejería dejan en el aire acogerse al Plan. “El voto no lo dirimiremos hasta la conferencia sectorial de presidentes”.

La tercera condición impuesta por el Ministerio de Vivienda es que las comunidades compartan más datos sobre vivienda. Para Rodrigo, sin embargo, se trata de una medida que conlleva “menos transparencia, menos diversidad y más riesgo de manipulación” porque permite “concentrar los datos en el Ministerio de Vivienda.

“O haces lo que el Gobierno quiere, o no hay dinero”, ha resumido el consejero. “Y todo esto al servicio de una agenda política: reforzar la Ley de Vivienda, intervenir los alquileres y ampliar el control del mercado”, ha añadido el Consejero, que añade que “llega tarde, en un momento en que el problema de la vivienda es urgente”.

“En el Gobierno de la Comunidad de Madrid, defendemos otras cosas. Defendemos respetar las competencias autonómicas, aumentar la oferta, no intervenir el mercado, colaborar con el sector privado para generar vivienda asequible y no depender permanentemente de la administración”, ha dicho.

Como respuesta, además, el Gobierno autonómico ha anunciado que aprobará esta semana una nueva Ley de Medidas Urgentes para Vivienda, que prevé sumar 3.200 viviendas nuevas al Plan Vive de alquiler asequible. Prevé además rebajar impuestos para el acceso a la vivienda, subir el límite de edad de los avales a hipotecas a los 50 años y facilitar la transformación de oficinas en viviendas para que sumen 8.000 nuevos pisos al mercado. El programa Mi Primera Vivienda, además, aumentará su máximo subvencionable hasta los 425.000 euros.

En lo que respecta al Plan Estatal, la intención es repartir 7.000 millones entre las Comunidades, el 40% para vivienda pública, el 30% para rehabilitación y el 30% restante para otras ayudas como ayudas a jóvenes o al medio rural para combatir la despoblación.

El alquiler de habitaciones, que se firma en contratos a partir del Código Civil y queda fuera de la Ley de Vivienda y la Ley de Arrendamientos Urbanos, puede quedar más protegido si se demuestra que la habitación es la única vivienda permanente del inquilino. Así lo determina una sentencia de la Audiencia Provincial de Cantabria, a la que ha tenido acceso elDiario.es, y que puede abrir la puerta a que también quienes tienen este tipo de contrato se puedan acoger al decreto de la prórroga extraordinaria en vigor al menos hasta el próximo día 28, cuando se vota en el Congreso y presumiblemente caiga ante la falta de apoyos parlamentarios.

La sentencia, del pasado 10 de marzo, reconoce justamente el derecho a una prórroga forzosa de una inquilina con contrato de habitaciones, pese a que no estaba redactado al amparo de la LAU, que no reconoce las habitaciones como vivienda y, por tanto, abre la puerta a que estas se salten las regulaciones de precios en las zonas tensionadas y los 5 años de contrato mínimos que se establece para los contratos de arrendamiento.

La sentencia, en respuesta a un recurso de la inquilina después de que la justicia de primera instancia la instara a abandonar la habitación, dice que “el contrato litigioso es un contrato de arrendamiento sometido a la LAU”. Más allá de los términos del contrato y de que se haya redactado en el marco del Código Civil, “no es óbice a que estemos ante un contrato de arrendamiento sujeto a la LAU, pues lo esencial es la necesidad permanente de vivienda, no la exclusividad en el uso de todos y cada uno de los servicios esenciales”. El texto prosigue que la falta de exclusividad que supone el alquiler de habitaciones “no constituye un criterio de exclusión de los arrendamientos que quedan fuera de la LAU”, por lo que obliga al casero a prorrogar el contrato de acorde con la LAU y a pagar las costas judiciales, desestimando la demanda inicial.

El abogado del CAES que trabaja con varios alquileres de habitaciones, Víctor Palomo, recomienda ante esta sentencia “pionera” a quienes residen con contrato de habitación que envíen el burofax solicitando la prórroga. “No es que con el burofax se garantice que estos contratos van a tener prórroga, porque no están bajo el paraguas de la LAU de entrada, pero esta sentencia es novedosa porque dice que, más allá de la ley, si una vivienda es permanente se tiene que aplicar la Ley de Arrendamientos Urbanos”, reflexiona. La sentencia no crea jurisprudencia, porque para ello se necesitan dos similares en el Supremo, pero sí que crea un precedente legal que permite interpretar el alquiler de habitaciones basándose en su uso y no solo en el contrato firmado.

Esto implica, por ejemplo, que la duración mínima deba ser de 5 años en caso de ser los dueños personas físicas y de 7 si el casero es una empresa. O que tengan derecho a acogerse a esta prórroga extraordinaria de dos años que protege además de subidas de precio aprobadas como real decreto en el marco de las medidas extraordinarias para proteger a los ciudadanos de los impactos económicos de la guerra de Irán.

Esta medida ya tiene su miga sin tener en cuenta el alquiler de habitaciones. Obliga a prorrogar los contratos que venzan entre el 22 de marzo de este año y el 31 de diciembre de 2027, pero solo mientras esté en vigor. Por eso el Ministerio de Consumo y los sindicatos de inquilinos recomiendan enviar un burofax para solicitarla antes de que decaiga, porque es la forma en la que queda activado el derecho a esta prórroga.

Los abogados de la propiedad y de las inmobiliarias, en cambio, consideran que tan solo podrán acogerse a la prórroga los contratos que venzan mientras el decreto esté en vigor y no todos los que comuniquen su intención en ese periodo. Así lo cree el abogado Íñigo Sánchez del Campo, del despacho Thomás de Carranza. “El efecto llamada no está siendo muy efectivo, no hemos recibido tantos burofaxes”, dice basándose en la cartera de 12.000 inmuebles que gestionan, de fondos de inversión.

Sánchez del Campo aclara, en relación con el alquiler de habitaciones, que para que un alquiler sea considerado de vivienda, “está la finalidad de vivienda permanente y también la exclusividad en el uso”. “Una habitación, en otras sentencias, se ha considerado que no es una vivienda permanente porque partes de la vivienda no se usan de manera exclusiva, sino compartida”, desarrolla.

En el artículo 3 de la LAU, se especifica que quedan fuera de la misma los usos “distintos” al de vivienda, que delimita en “los arrendamientos de segunda residencia, los de temporada, los tradicionales de local de negocio y los asimilados a estos”. El alquiler de habitación, en este texto de 1994, ni tan siquiera se contempla, es una palabra que no aparece en toda la ley.

Para empezar a poner coto al alquiler turístico y de temporada más allá de los controles autonómicos o locales (como la regulación de precios en Catalunya o la limitación de licencias en Barcelona), el Gobierno español creó en julio del año pasado un registro único de alquiler turístico y de temporada que permite mayor control y aplicar las regulaciones que se desarrollen.

El alquiler de habitación quedó fuera de esta regulación y está pendiente de votarse una modificación de la LAU que proteja en toda España tanto a inquilinos de temporada (desprotegidos pese al registro único) como de habitaciones, que quedarían incluidos en la ley, con los mismos plazos y términos que el alquiler de vivienda. Además, el precio de la suma de habitaciones no podría superar al precio total de la vivienda.

El borrador reconoce que “es necesario modificar la LAU” para que“se reconozcan los derechos de dicha normativa al inquilino temporal” y de habitaciones. Da cuenta de que el alquiler de habitaciones y de temporada “está siendo utilizada por miles de arrendadores para esquivar algunos de los preceptos más garantistas de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) y la regulación de los alquileres”.

El alquiler de habitaciones ha crecido hasta el punto que los 8.000 anuncios de habitaciones que hay en la ciudad de Madrid o los 11.000 en la provincia superan a los 7.000 de viviendas de larga estancia y a los 9.000 en el caso de la provincia. La diferencia es aún mayor en Barcelona. Los precios también se han disparado: en Madrid un cuarto cuesta de media 650 euros y en Barcelona, 711, según un estudio reciente de Spotahome.

Aunque aún existen los contratos de vivienda normal donde quienes comparten están registrados en el mismo apartamento, la tendencia a trocear el piso y alquilar las habitaciones por separado por el propietario va al alza.

Uno de los portales líderes en la oferta de vivienda de habitaciones es Spotahome, con 45.000 alquileres firmados en Europa y 24.000 en España, mayoritariamente de habitaciones. Su CEO, Eduardo Garbayo, explica que su modelo de negocio parte de las comisiones que pagan tanto propietarios como inquilinos. Estos últimos, reconoce, “no podrían pagar estas comisiones inmobiliarias, pero sí por servicios”, en caso de que estuvieran en la LAU.

Sobre la sentencia de Cantabria, explica que “el problema es que no está claro” si tiene que guiar o no a los contratos y aclara que “el perfil mayoritario es estudiante o trabajador joven que viene por un tiempo determinado”, aunque reconoce que hay gente que se ve abocada al alquiler de habitaciones como residencia habitual. “El problema es que los precios suben porque cae la oferta”, dice, pero niega que la división de apartamentos en habitaciones de alquiler para aumentar la rentabilidad o el cobro de comisiones por parte de plataformas como la suya tenga algo que ver en ello.

El ministro de Consumo, Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, no tira la toalla con el real decreto de prórrogas al alquiler que se vota el próximo 28 de abril. Y eso que todos los partidos de derecha, incluido Junts, ya han dicho que no votarán a favor. Después de difundir una encuesta que muestra que la mayoría de votantes, de izquierda y derecha, apoyan este decreto, este lunes ha augurado en una atención a los medios de comunicación “un gran coste político” a la derecha si vota en contra.

“Entre los votantes de derechas, hay el doble de inquilinos que de caseros”, ha dicho Bustinduy, que en contra de lo manifestado por los partidos se muestra “convencido” de que el decreto extraordinario va a salir adelante “no porque sea prioridad de Sumar, sino porque es de interés general”.

El real decreto fue aprobado el pasado 22 de marzo y obliga a los propietarios a prorrogar los contratos de alquiler que venzan entre esa fecha y el 31 de diciembre de 2027. Pero ante la posibilidad más que elevada de que el decreto decaiga en el Congreso, voces de la patronal ya han advertido de que los contratos que venzan una vez decaiga, no serán prorrogados. Los inquilinos, en cambio, así como Consumo, aseguran que todo burofax que se envíe antes de que el decreto decaiga da derecho a esta prórroga.

“No hay ninguna duda. Todas las prórrogas solicitadas al amparo de un decreto en vigencia serán válidos”, ha dicho Bustinduy, que ha dado por buenos los comunicados de sindicatos de inquilinos de que está habiendo un “clamor” y una “avalancha” de comunicados para solicitar la prórroga, si bien no existen cifras oficiales o estimadas de cuántos comunicados se han enviado.

Las declaraciones de Bustinduy coinciden con un estudio encargado por el grupo parlamentario europeo The Left, al que pertenece Sumar, que cifra en un 74% el apoyo de los ciudadanos españoles al decreto de la prórroga a los alquileres, que también cuenta con un 65% de apoyo entre los votantes del PP y un 60% entre los de Vox.

La encuesta plantea también a los encuestados si se replantearían el voto a su partido en caso de que no apoyen esta medida, cosa que harían un 48,7 de los encuestados, un 32% de los votantes del Partido Popular y un 36% de los votantes de Vox. Es por ello que Bustinduy plantea que los partidos de derecha y ultraderecha pagarán un coste político en caso de que no se apruebe.

La encuesta revela también que la mayoría de españoles, aunque por poco, creen que la prórroga se hará efectiva sin subida (18,6%) o con una subida moderada de precios (un 37,8%). Un 29% cree que se renovarán la mayoría de contratos con fuertes subidas, un 8,4% cree que la mayoría no renovarán y, por último, un 6,2% no sabe qué responder.

Muestra, además, que casi la mitad de encuestados (un 48,4%) han vivido o conocen en su entorno casos de personas que se han visto forzadas a cambiar de casa por la no renovación del contrato o la subida del alquiler.

Un 72,9% de los encuestados creen que los precios del alquiler son muy altos, por un 20,5% que cree que son altos y un 3,7% que cree que no son ni altos ni bajos. Tan solo un 1,1% cree que los precios son bajos y un 1,2% que son muy bajos.

Según datos de Idealista, el precio medio del alquiler en Madrid es de 23 euros por metro cuadrado y el de Barcelona de 24 euros por metro cuadrado, ante una media española de 15 euros por metro cuadrado, lo que llevaría a pagar 1.500 euros por un piso de 100 metros y por encima de los 2.300 en las principales capitales.

El real decreto aprobado por el Gobierno para conceder prórrogas extraordinarias a los alquileres que vencen en los próximos dos años cuenta con el apoyo de tres cuartas partes de la población y también de más de la mitad de los votantes de derecha, según un estudio financiado por el grupo parlamentario europeo The Left y realizado por Ateneo del Dato.

El 32,2% de los encuestados se muestra muy a favor de la medida y un 41,4% está bastante a favor, hasta alcanzar el 73,6% de posiciones favorables. Se acercan a esta proporción los votantes del PP, con un 65% de aprobación, e incluso los de Vox, que lo apoyan en un 60%, mientras que entre los votantes de los partidos de izquierda el apoyo es casi unánime. Un 91% de los votantes de Sumar están a favor de la medida, por un 81% de los votantes del PSOE.

La encuesta plantea también a los encuestados si se replantearían el voto a su partido en caso de que no apoyen esta medida, cosa que harían un 48,7 de los encuestados, un 32% de los votantes del Partido Popular y un 36% de los votantes de Vox.

El decreto 8/2026, aprobado el pasado 20 de marzo, obliga a los caseros a conceder una prórroga de dos años a todos los contratos que acaben entre el 20 de marzo de este año y el 31 de diciembre de 2027. Pero este decreto se votará en el Congreso el 28 de abril y no cuenta con los apoyos suficientes para ser validado, por lo que es muy probable que decaiga.

Si decae, dejará de estar en vigor y no se aprobarán más prórrogas extraordinarias. Pero muchos abogados, el sindicato de Inquilinas y el Ministerio de Consumo defienden que si esta prórroga se pide con un burofax en el periodo en que esté en vigor, esto es, antes del 28 de abril, debe concederse. La patronal, en cambio, se inclina a defender que tan solo se acogerán a la prórroga los contratos que acaben antes de decaer, independientemente de cuándo se envíe el burofax.

Ante tal incertidumbre, los inquilinos se debaten aún entre enviar o no este burofax, que muchos ya han hecho llegar, algunos con éxito y otros sin él.

La prórroga va acompañada de una limitación del 2% de subida de precios, que ahorrará a los inquilinos hasta 658 euros al año, según el cálculo que elaboró recientemente Sumar, principal impulsor del decreto a través del Ministerio de Consumo y Derechos Sociales que lidera Pablo Bustinduy.

La encuesta revela también que la mayoría de españoles, aunque por poco, creen que la prórroga se hará efectiva sin subida (18,6%) o con una subida moderada de precios (un 37,8%). Un 29% cree que se renovarán la mayoría de contratos con fuertes subidas, un 8,4% cree que la mayoría no renovarán y, por último, un 6,2% no sabe qué responder.

Muestra, además, que casi la mitad de encuestados (un 48,4%) han vivido o conocen en su entorno casos de personas que se han visto forzadas a cambiar de casa por la no renovación del contrato o la subida del alquiler.

Un 72,9% de los encuestados creen que los precios del alquiler son muy altos, por un 20,5% que cree que son altos y un 3,7% que cree que no son ni altos ni bajos. Tan solo un 1,1% cree que los precios son bajos y un 1,2% que son muy bajos.

Según datos de Idealista, el precio medio del alquiler en Madrid es de 23 euros por metro cuadrado y el de Barcelona de 24 euros por metro cuadrado, ante una media española de 15 euros por metro cuadrado, lo que llevaría a pagar 1.500 euros por un piso de 100 metros y por encima de los 2.300 en las principales capitales.

No obstante, estas cifras no son oficiales, sino que tan solo muestran la oferta disponible en el portal. Este fin de semana se dio a conocer la cifra oficial catalana y los alquileres habrían caído para costar 1.160 euros al mes de media en Barcelona y 880 en Catalunya.

Un Consejo Global para una Economía del Bien Común, liderado por la economista Mariana Mazzucato y con España como primer anfitrión e impulsor, guiará a las fuerzas progresistas a compensar y redistribuir las grandes riquezas acumuladas por las empresas como contrapeso al auge de la ultraderecha neoliberal. El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, lo ha anunciado este sábado durante su intervención en la Movilización Progresista Global, encuentro impulsado por el PSOE y el socialismo europeo que se celebra este fin de semana en Barcelona.

El Consejo surge como “espacio de reflexión y propuesta que aspira a transformar los cimientos del pensamiento económico dominante y ofrecer una alternativa rigurosa y progresista de políticas orientadas a un crecimiento compatible con la reducción de la desigualdad, la aceleración de la transición ecológica y el refuerzo de la democracia”, según han informado fuentes del Ministerio de Economía, que liderará este Consejo junto a Mazzucato.

Justicia, igualdad, sostenibilidad y solidaridad global serán los valores centrales que guiarán este Consejo, en el que participarán ministros de finanzas, representantes de la sociedad civil y economistas con trayectoria internacional reconocida. “El objetivo principal es pensar en cómo crecer económicamente con un propósito”, ha defendido Cuerpo, mientras que Mazzucato ha expresado que se trata de que “el Estado no solo se dedique a corregir a los mercados, sino que les dé forma” para que se reduzca la desigualdad entre las rentas del capital y las del trabajo, cada vez más amplias.

La primera reunión se celebrará en verano de 2026 y se convocará “en los márgenes” de eventos como las reuniones anuales del Banco Mundial y FMI o la COP. El segundo encuentro tendrá lugar en Madrid en la primavera de 2027 con el objetivo de marcar unos principios económicos claros y una agenda reformista de cara al otoño.

Teniendo en cuenta los asuntos abordados durante la cumbre del progresismo impulsada por el PSOE y con la participación de líderes de la izquierda europea y mundial, así como de activistas y académicos, el impuesto a los megarricos, la regulación de la IA y el control al gran poder de las tecnológicas, la agenda verde para reducir la huella de carbono y los precios energéticos y la crisis de la vivienda serán los temas principales a abordar.

Los debates se han celebrado casi sin discrepancias y los ponentes se han mostrado en general de acuerdo en crear mecanismos para redistribuir la riqueza de manera progresiva, para controlar y compensar el poder de las tecnológicas en Europa y para intervenir el mercado de la vivienda a la par que se fomenta la inversión en vivienda pública.

A la sombra del encuentro entre los presidentes de Brasil y de España, Lula y Pedro Sánchez, el socialismo europeo celebra en Barcelona dos jornadas de mesas redondas con líderes políticos y académicos que intentan marcar una agenda común frente al trumpismo del odio y el neoliberalismo. En la Fira de Barcelona, el mismo escenario que acoge grandes cumbres empresariales de la ciudad como el Mobile, ministros del Gobierno (ninguno de Sumar, todos del PSOE) y voces progresistas de todo el mundo han marcado una dirección difícil de seguir cuando están en el ejecutivo: subir los impuestos a los megarricos para mejorar el estado del bienestar, intervenir el mercado de la vivienda, controlar la voracidad de la inteligencia artificial y las empresas tecnológicas y apostar por las renovables ante la crisis energética desencadenada por la guerra de Irán.

Algunos de estos asuntos pasan por encima en el memorando acordado por Lula y Sánchez, que ya se mostraron de acuerdo en gravar a las grandes fortunas con un 2% durante la presidencia brasileña del G20 en el 2024, de forma que se conseguirían 250.000 millones de euros. Este acuerdo, por supuesto, sigue sin plasmarse en un gran acuerdo mundial, pero sobre el papel todos los grandes pensadores y políticos progresistas están de acuerdo. El asunto fiscal a las fortunas quedó fuera del memorando, que se centró en asuntos económicos más bilaterales como la cooperación en transición energética ante la crisis del petróleo por la guerra de Irán o garantizar la cadena de suministro de los minerales críticos, necesarios para esta transición y para la electrónica.

Hace tan solo un día, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, hizo viral un vídeo en el que anunciaba que impondrá un nuevo impuesto a las segundas residencias de más de 5 millones de dólares. En los últimos meses, el economista francés Gabriel Zucman ha vuelto a popularizar la idea del impuesto a los megarricos con la publicación de sus últimos libros La riqueza oculta de las naciones: investigación sobre los paraísos fiscales y de El triunfo de la injusticia: cómo los ricos evaden impuestos y cómo hacerles pagar.

Boric con gafas de sol

En la conferencia del economista en la cumbre de Barcelona, el diálogo entre realpolitik y academia cobró cuerpo cuando apareció entre el público y con gafas de sol a modo incógnito un exmandatario sudamericano. “Hola, soy Gabriel Boric, hasta hace unos meses presidente de Chile”, irrumpió, y preguntó cómo delimitar el patrimonio exacto de los megarricos y si debería ser un impuesto destinado a un país o internacional.

“Los analistas financieros deben determinar el valor patrimonial, a partir de los beneficios de las cotizadas, la investigación de las no cotizadas y las tasaciones que hacen los seguros de bienes como yates”, respondió Zucman, al tiempo que expresó que se puede “a la vez” imponer gravámenes internos para beneficios de un país y “un fondo global para ayudar a la educación y la sanidad en países en vías de desarrollo o la transición energética”.

Un superrico, defendió Zucman, es alguien que tiene más de 100 millones de dólares en riqueza. “La riqueza extrema es real, pero cuentan el cuento de que es virtual”, denunció, y puso como ejemplo el día en que Elon Musk, “que decía que no tenía efectivo, encontró 44.000 millones de dólares para comprar Twitter, convertirla en una máquina de propaganda y después llegar a ser ministro”.

“La Unión Europea requiere una unanimidad de los 27 para aprobar este tipo de impuestos que jamás podrá existir. Pero cualquier país solo podría aplicar este impuesto, con el único riesgo de la migración de bienes”, dijo, y detalló que hay fórmulas para que los millonarios que se lleven fortunas sigan pagando impuestos en el país de origen. “Si uno es ciudadano de los Estados Unidos, sigue pagando impuestos allí toda la vida. Un francés se va a Suiza y deja de pagar. Esto no tiene ningún sentido, al menos deberían seguir pagando unos años, diez o quince, en Francia”, dijo, con un ejemplo que podría servir para los españoles que se llevan sus fortunas a Andorra.

En España, recientemente el ministro de Consumo y Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, propuso un impuesto de estas características, aunque ya existe en España un impuesto estatal de solidaridad a grandes fortunas desde el año 2022, que grava a partir del 1,7% a fortunas de entre 3 y 5,3 millones, un 2,1% entre 5,3 y 10,6 millones y un 3,5% a los que tienen más de esta cantidad. El impuesto a los megarricos se sumaría en las fortunas superiores a los 100 millones de euros.

El impuesto a los megarricos fue también motivo de debate en una de las primeras mesas de la jornada, en la que el economista Tommaso Faccio, experto en impuestos, recordó que Donald Trump propuso en 1999 un impuesto más ambicioso en términos cuantitativos a las grandes fortunas para acabar con la deuda pública estadounidense. “Para acabar con la deuda de Estados Unidos, hacen falta 39 billones de dólares y para acabar con la pobreza extrema, 10 veces menos, 318.000 millones”, detalló.

Faccio detalló que en los últimos 30 años, el 1% más rico ha visto aumentar su riqueza un 115% mientras los menos ricos lo hacían tan solo en un 65%, agrandando la desigualdad y ha querido desmentir un mito de la derecha contra las izquierdas: “No queremos acabar con la riqueza, sino con la pobreza”. “El 10% más rico concentra el 80% de la riqueza”, aportó la secretaria de política económica del Ministerio de Hacienda brasileña Deborah Freire. El exprimer ministro de Suecia, Stefan Lofven, también se mostró partícipe de gravar a las grandes fortunas.

Vivienda, IA y transición energética

Más allá del impuesto a las fortunas, otros temas centrales de la agenda económica como la vivienda, la IA o la transición energética han sido debatidas en el foro progresista con visiones más bien coincidentes. En la mesa sobre vivienda, sin presencia española, el más contundente fue el alcalde de Atenas, Haris Doukas, quien defendió la receta de “controlar precios, restringir la vivienda de corto plazo y turística, proteger contra desahucios y promover la inversión en vivienda social y asequible”, sin que nadie le rebatiera.

El líder de Vooruit en Bélgica, Conner Rousseau, diputado de 33 años, subrayó el hecho de que “hace unos años, un trabajador de la construcción y una limpiadora eran pobres, pero podían pagar una vivienda” y hoy en día “con dos carreras no puedes pagarte una”. Luca Menesini, presidente del Partido Europeo Socialista en el Comité Europeo de las Regiones, se mostró contundente con la idea de que “hay que intervenir el mercado ya”. “Solo eso no nos hará ganar las elecciones en Europa, pero es muy importante”, ha rematado.

En la mesa sobre Inteligencia Artificial, el investigador alemán Christian Kellerman, del German Research Centre for Artificial Intelligence, reconoció que todavía “no está claro” cómo será el impacto de la IA en el mundo laboral, entre visiones que muestran un “renacimiento de las clases medias”, una “canibalización de las clases trabajadoras” o un posible aumento del desempleo. Ante esta incertidumbre, defendió que “la socialdemocracia tiene un campo para crear políticas de rentas”. 

El eurodiputado italiano del Partido Democrático Brando Benifei defendió que las regulaciones “tienen que ser claras y evitar la discriminación” y combatir la visión de “unas empresas que quieren que no exista la regulación o la participación de sindicatos”. 

En el plano energético e industrial, las voces de izquierda coincidieron en defender la importancia de la transición ecológica para que Europa combata su dependencia de los combustibles fósiles, crítica en plena guerra de Irán, y, de paso, bajen los precios y se ayude a combatir el cambio climático.

La economista Mariana Mazzucato, una de las grandes expertas presentes, defendió que la sociedad “ha fallado” en los tipos de economía que ha permitido. “Las finanzas están en llamas y no tiene por qué ser así”, ha defendido, en una crítica al hecho de que vivamos “una sociedad en que los beneficios no son reinvertidos” en la mejora de las condiciones de vida. “La energía y la vivienda no pueden ser un juego de apuestas que hunden a miles de personas en la miseria”, sentenció.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha anunciado este jueves que el Plan Estatal de Vivienda hasta 2030, que prevé triplicar la inversión hasta los 7.000 millones de euros, será aprobado en el próximo Consejo de Ministros.

El plan prevé una inversión del 40%, 2.800 millones, a construir vivienda social y asequible, y del 30%, 2.100 millones, a rehabilitación de viviendas, es decir, a mejorar su eficiencia energética y su estado.

La ministra ha explicado que se darán ayudas de hasta 8.000 euros por vivienda para actuaciones estructurales, de hasta 13.000 para mejorar la accesibilidad y de hasta 20.500 para la rehabilitación energética, dependiendo de la reducción de consumo de energía primaria, el tamaño de la vivienda y el coste.

La ministra ha hecho el anuncio en el marco de una jornada por el mundo rural y ha anunciado que se darán 30.000 euros adicionales a la reabilitación de viviendas ubicadas en cascos históricos o con protección patrimonial. Esas viviendas podrán sumar estas ayudas a las anteriores.

El estado premiará también a través de las Comunidades Autónomas a los propietarios que cedan al alquiler asequible sus propiedades. El Gobierno invertirá hasta 12.000 euros en la reforma de esta vivienda si es necesario y 18.000 más para devolverla en condiciones óptimas al propietario.

Además, el Gobierno crea unas ayudas a la rehabilitación de viviendas vacías de hasta 35.000 euros si se pone en alquiler residencial a un precio asequible.

La ministra también ha avanzado que se darán hasta 85.000 euros para construir vivienda pública en municipios de menos de 10.000 habitantes, destinados a la venta.

Y sumará nuevas ayudas de hasta 15.000 euros a jóvenes de hasta 35 años que compran o construyan su primera viviened an estos municipios menores de 20.000 habitantes.

La Sareb, conocida popularmente como 'banco malo', que absorbió activos tóxicos de las cajas que quebraron para liquidar su deuda y sus inmuebles, da sus últimos pasos hasta que su suelo y sus viviendas pasen a formar parte de Casa 47, la nueva empresa estatal que debe impulsar la vivienda pública en España. Sucede que los 270 trabajadores de la empresa en liquidación no saben cuál será su futuro y exigen que Casa 47 cuente al menos con algunos de ellos para contratarlos. Fuentes de la nueva empresa pública explican a elDiario.es que contratarán a 48 personas antes del verano y a 36 más hasta final de año, un total de 84 profesionales, pero se harán por concurso-oposición, lo cual de entrada cierra la puerta a cualquier contratación directa procedente de Sareb, también pública con más del 50% de acciones en manos del Estado.

“Es una empresa nueva que, en parte, va a hacer lo mismo que ya hacemos aquí y nuestra experiencia les sirve. No puede ser que se queden nuestros activos y que, en cambio, nosotros nos vayamos a la calle”, denuncian fuentes sindicales de CSIF, que aclaran que ya están estudiando presentar una demanda por sucesión empresarial para que la nueva Casa 47 absorba también a algunos sus trabajadores en una contratación.

En el año 2012, se empezaron a incorporar estos 270 trabajadores en Sareb, que nacía tras la quiebra de cajas de ahorros españolas para dar salida a 50.000 millones de activos tóxicos entre préstamos e inmuebles, con la finalidad anunciada por el entonces ministro Luis de Guindos, que llegó a prometer una rentabilidad del 15%. Con una cartera aún pendiente de liquidar de 19.000 millones y una deuda de más de 25.000 que debe asumir, en parte, el Estado, Sareb tiene previsto entrar en liquidación entre finales de 2027 y principios de 2028, pero una parte de la plantilla deberá quedarse para seguir liquidando parte de esta cartera y adecuar las alrededor de 40.000 viviendas que traspasará a Casa 47. Para ello, ha licitado por un total de 147 millones dos contratos de licitación hasta liquidación, con opción a prórroga de dos años.

“No es coherente que nos digan que no nos pueden avanzar nada de nuestro futuro aún y, en cambio, estén licitando con los servicers con opción de alargar durante unos años”, denuncian las fuentes del CSIF, que aparte de una posible recolocación de algunos trabajadores en Casa 47, exigen un documento de compromiso para saber a qué atenerse en un futuro próximo. “Merecemos saber si va a haber un despido colectivo y cuándo, cuál es el mínimo que ofrecen de días por año trabajado de indemnización, qué planes de recolocación y formación plantean... Nos dicen que es pronto, pero el final de Sareb ya está anunciado y pueden ir trazando un plan”, denuncian. “Somos 270 familias las que estamos pendientes. Si nos garantizan que 50 seguirán en Sareb hasta después de la liquidación, que 50 más irán a Casa 47, pues ya vamos resolviendo algunas cuestiones”, demandan. “Pero no nos dicen nada”, denuncian.

Los trabajadores de Sareb, que tienen contrato de empresa privada porque era la mayoría del accionariado cuando fueron contratados (pasó a tener mayoría pública en 2022), no aspiran a ser funcionarios, sino que reclaman que se les contrate con la modalidad laboral de contrato a extinguir. Aseguran que existen precedentes en que tras la denuncia por sucesión empresarial se ha llegado a un acuerdo para ceder los trabajadores en empresas públicas como Tragsa o Icex. Reclaman lo mismo y se muestran, en cambio, pesimistas sobre la posibilidad de que las oposiciones de Casa 47 puntúen favorablemente la experiencia en Sareb. “Algunos profesionales se han presentado recientemente a otras oposiciones y pese a sacar buenas notas en los exámenes técnicos, no han pasado”, lamentan.

Después de no avanzar en la negociación amistosa, el sindicato trabaja ya en dos vías para escalar el conflicto. La primera es esta demanda por sucesión empresarial que, aun en fase inicial, están consultando con los letrados. La otra es “elevar la presión a entidades como el FROB (Fondo de Reestructuración de Ordenación Bancaria, accionista mayoritario de Sareb), a la secretaría general del Tesoro y al Ministerio”, apunta.

Mientras tanto, Casa 47 trabaja ya con más de 170 trabajadores para empezar a absorber tanto la vivienda como el suelo público de Sareb y buscar otras vías para impulsar la vivienda pública en España. Con una inversión prevista de 13.000 millones en la próxima década, buscan también comprar vivienda vacía a fondos de inversión para convertirla en pública, como ya intentan con la primera oferta pública de 100 millones, y adecuar otro suelo público como el nuevo barrio Campamento en Madrid con terrenos que eran del ejército.

Con todo, la mayor dotación de vivienda y suelo garantizada para Casa 47 son las 40.000 viviendas y 2.400 suelos, donde se pueden construir 55.000 más, de Sareb. Para gestionar todo ello, esperan contar con 250 trabajadores a final de año y con hasta 400 a corto-medio plazo.

El expresidente y fundador de Inditex, Amancio Ortega, se ha convertido en el mayor magnate inmobiliario del mundo, según ha publicado este martes Forbes a partir de las bases de datos internacionales Regrid y Real Capital Analytics. El gallego tiene más de 25.000 millones de dólares (21.000 millones de euros) en inmuebles repartidos en 200 propiedades en 13 países distintos.

Esta fortuna supera a la segunda mayor particular, la del australiano Harry Triguboff, con 23.200 millones de dólares, y a la tercera, el estadounidense Donald Bren, con 19.200 millones de dólares.

El también hombre más rico de España cuenta con una fortuna de unos 109.900 millones de euros y ha acelerado sus inversiones inmobiliarias desde que dejó la presidencia de Inditex hace ya 15 años, el pasado 2011.

El año pasado, Ortega gastó más de 3.000 millones de dólares en ocho países diferentes, con la compra de 7 edificios de oficinas, dos hoteles, dos propiedades industriales, un complejo comercial de lujo y una torre de apartamentos, así como la compra del 49% de una empresa portuaria británica.

Las compras le sirven a Ortega para ahorrar una importante suma en impuestos, unos 800 millones de dólares desde 2001 por la reinversión de dividendos en puertos, parques de renovables y empresas de telecomunicaciones a través de Pontegadea, su brazo inmobiliario.

Lo hace gracias a diferentes exenciones como la que se les aplica a las empresas familiares en el caso de accionistas con al menos un 5% de la empresa que demuestren que se trata de una sociedad holding activa.

Ortega también elude el 30% de los impuestos sobre los dividendos, porque existe una exención a las rentas derivadas de ganancias de capital para empresas residentes que posean al menos el 5% de una filial local o extranjera, siempre que cumplan ciertos requisitos. Por ello, Ortega tan solo paga un 1.25% por estos dividendos anuales, que eran menos, absolutamente nada, antes de 2021, cuando existía una exención total. Según Forbes, esta exención ha permitido ahorrar unos 7.000 millones de dólares en impuestos sobre dividendos en los últimos 25 años.

Las dos compras inmobiliarias más destacadas están en Canadá: el Royal Bank Plaza en Toronto, por el que pagó 916 millones de dólares en 2022 y el edificio de Correos, en Vancouver, por el que pagó 855 millones en 2025.

El Gobierno esperará hasta un día antes de su fecha límite para llevar al Congreso el decreto de la prórroga de alquileres:se votará el 28 de abril, según ha confirmado Europa Press con fuentes parlamentarias. Ante la falta de apoyos parlamentarios, lo más probable es que el decreto decaiga, por lo que el Ministerio de Consumo y los sindicatos de inquilinos recomiendan enviar el burofax para pedir la prórroga antes de esta fecha, mientras el decreto esté vigente.

El decreto ley está enmarcado en las medidas para proteger a los ciudadanos del impacto de la guerra de Irán, pero se separó del resto de medidas por la falta de apoyos y cuenta con el decreto propio rdl 8/2026.

Este decreto recoge que los arrendatarios cuyo contrato de alquiler venza antes del 31 de diciembre de 2027 pueden pedir una prórorga por un máimo de dos años, que además no podrá ir acompañada de una subida de precios.

Ante la oposición de PP, Junts y Vox a apoyar esta iniciativa propuesta por Sumar, sindicatos de inquilinos y Ministerio de Consumo interpretan que la prórroga se hará efectiva si el burofax se envía durante la vigencia de este decreto, esto es, antes de que decaiga en el Congreso. Desde el sector inmobiliario y propietarios, en cambio, creen que tan sólo serán válidas las prórrogas de los contratos que venzan en este periodo comprendido entre el pasado 22 de marzo, cuando se aprobó el decreto, y el día de la votación.

Dudas ante el burofax

Durante la cuenta atrás para la votación, ya ha habido un envío de burofaxes a los propietarios con distinta suerte. Los hay que lo han hecho de acuerdo con la propiedad y la prórroga pactada y quienes no han recibido respuesta. Hay también inquilinos que han decidido no enviar el burofax para no tensar la relación con los propietarios y muchos de ellos aún valoran si llevar a cabo la comunicación.

Se estima que unos 2,8 millones de inquilinos en un millón de hogares en España tienen un contrato que vence antes del 31 de diciembre del próximo año, por lo que se pueden acoger a esta prórroga. El burofax es la comunicación que atorga validez legal ante el tercero y ante la justicia para acreditar remitente, contenido y fecha de recepción del mensaje.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha anunciado este martes en la comparecencia posterior al Consejo de Ministros un nuevo paquete de medidas destinadas a paliar los efectos de la guerra de Irán en el transporte. Se trata de medidas destinadas sobre todo a controlar la repercusión de los precios “para que ninguna empresa tenga que asumir en solitario el impacto de una subida de costes” y evitar así que las empresas de combustibles se aprovechen de la guerra de Irán para subir los precios por encima del aumento de costes.

Así, el nuevo decreto establece que “a partir del 5% de incremento de combustible, se tienen que revisar los contratos de carga” entre empresas de transporte y proveedores, con tal de flexibilizar la posición del transportista y facilitar su adaptación a los cambios.

Los incrementos de costes sufridos por las gasolineras y su aplicación en los precios “deberán reflejarse con transparencia” con tal de que si hay un incremento excesivo quede reflejado.

El ministro ha anunciado también que se sancionará a quienes incumplan “de manera puntual o reiterada” de las obligaciones.

Para reflejar estos cambios, “se actualiza la fórmula de cálculo” de la subida de precios y de su aplicación, ya que, según ha reconocido, la que se estaba utilizando hasta la fecha no estaba funcionando. La nueva fórmula para calcular la repercusión de las subidas de combustibles a su precio en mercado quedará ya fijada para otros escenarios de volatilidad, de forma que no serán necesarios nuevos decretos para adaptar las subidas.

“Existía un riesgo de rupturas en la cadena de suministro y no podemos permitir que los transportistas trabajen a pérdidas”, ha dicho Puente, que ha añadido un plan de ayudas de 15.000 euros a fondo perdido a las locomotoras de trenes de mercancías y un paquete de 7 millones de euros para el transporte marítimo.

La crisis de Rodalies

El ministro ha sido interpelado también por la crisis de Rodalies y sobre todo por la difícil situación de las mercancías derivada del cierre del túnel de Rubí después de los accidentes de Gelida.

Puente ha reconocido que “Rodalies tiene un triple problema”, por la red “más antigua de España”, por la afectación a las infraestructuras del cambio climático, que ha impactado con “derrumbamientos y colapsos”, y por último por “un problema de gobernanza”.

Con todo, Puente ha defendido la “mayor inversión en Rodalies de los últimos años, de 1.200 millones de euros”. “Aun y así, necesitamos seguir invirtiendo más”, ha añadido.

La borrasca Harry, ha dicho Puente, ha producido “100 limitaciones de velocidad que hay que sumar a las estructurales por las obras” y ha dicho que “a principios de junio, tendremos ya la red en las mismas condiciones en las que estaba pero con parámetros de fiabilidad mejorados”. “Estamos ya en el 95% de trenes en circulación”, ha añadido.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores ha publicado este lunes un estudio que alerta de que los modelos de inteligencia artificial no solo fallan cuando toman decisiones de inversión basándose en modelos predictivos, sino que también alucinan.

El estudio, elaborado por Ricardo Cristóstoma y Diana Mykhalyuk, técnicos de la Dirección General de Estrategia y Asuntos Internacionales, evalúa las previsiones de ChatGPT, Gemini, DeepSeek y Perplexity. Y concluye que “estas herramientas presentan fallos recurrentes de razonamiento, incluyendo errores computacionales, interpretaciones financieras incorrectas y uso de información desactualizada o inventada (alucinaciones”.

Todo ello puede provocar pérdidas en los inversores que decidan apostar su dinero mediante esas previsiones sin sumar una supervisión y verificación humana.

Las consultas simples, sin estructura ni contexto, son las que más conducen a error, señala la CNMV, que subraya por ello la importancia de dar instrucciones analíticas claras y aplicar mecanismos de supervisión.

El informe analiza las posiciones que toma cada modelo de inteligencia artificial en referencia a los cinco valores del Ibex con mejores rendimientos y los cinco con peores para inversiones en corto. Entre los meses de abril de 2025 y enero de 2026, el informe analiza los retornos recibidos por cada valor recomendado.

Ante preguntas genéricas cómo “¿qué acciones debería comprar?”, las previsiones de IA son menos fiables.

Unas tablas muestran el retorno financiero de inversiones realizadas a partir de preguntas inocentes, estructuradas y con pensamiento complejo (chain-of-thought, COT), es decir, con revisiones, cambios y argumentaciones más trabajadas.

Perplexity es la que tiene mejores rendimientos de previsión con altos retornos ante las preguntas más elaboradas, que ofrecen retornos del 2,3%, en el caso de las estructuradas, y del 3,5% ante preguntas más elaboradas COT.

Le siguen Gemini, ChatGPT y Deepsek, la peor clasificada en general, si bien ChatGPT es la más desastrosa en los consejos a preguntas inocentes, pues es la única instrucción que en lugar de beneficios genera pérdidas.

Los resultados mejoran, además, cuando a las preguntas concretas de inversión se le añaden aclaraciones o documentos adjuntos sobre novedades regulatorias, que “fortalecen aún más el contenido informativo de las señales generadas por el modelo”, apunta el estudio.

El estudio reconoce en sus conclusiones que la IA puede hacer “mejorar” los rendimientos de inversiones financieras, pero alerta que, sin las instrucciones adecuadas, se generan “un riesgo inestable y errores económicamente significativos”.

“Los mercados financieros reales constituyen una prueba particularmente exigente para las capacidades de los LLM, ya que requieren recuperación dinámica de información, razonamiento en múltiples pasos, precisión numérica y juicio específico del dominio”, alerta el informe.

Entre cajas de mudanza, Pedro, que prefiere no dar su nombre real, explica por qué ha preferido dejar su piso a enviar un burofax para pedir la prórroga a su casero. “No quería convivir dos años con una situación desagradable y una mala relación con mi casero”, explica, “y además, tenía alternativa”, remata. A unos 2,8 millones de inquilinos en un millón de hogares en España les vence el contrato de alquiler antes del 31 de diciembre y pueden acogerse al real decreto extraordinario por la guerra en Oriente Medio que prorrogará dos años los contratos vencidos. La medida inquieta o enfada a algunos caseros y los inquilinos se debaten entre el miedo al burofax por el conflicto que abre y la apuesta a la mejor carta ganadora para alargar un contrato sin que te suban el alquiler.

El burofax es el servicio de envío de documentos que proporciona validez legal ante tercero y ante la justicia para acreditar de forma fehaciente el remitente, el contenido de un mensaje y su fecha de recepción y es la forma de comunicación recomendada por abogados para solicitar esta prórroga. El problema es que el real decreto aprobado en Consejo de Ministros no cuenta con apoyos en el Congreso, el PSOE ha desistido siquiera de negociarlo y Sumar se encuentra solo defendiendo el texto, por lo que lo más probable es que decaiga antes del próximo 29 de abril, fecha límite para aprobarlo después de que saliera en el Boletín Oficial del Estado el pasado 21 de marzo.

Confianza en la medida

El abogado de la cooperativa CAES, Víctor Palomo, que trabaja con el Sindicato de Inquilinos de Madrid, reconoce que existe un “miedo a levantar la liebre o a confrontar al casero” con el burofax. En una asamblea celebrada en Puerta del Ángel, un inquilino preguntaba si no había otra forma menos agresiva: “Es muy drástico”. Pero desde el sindicato, los asesores le advertían: “Esta es la forma legal más segura. Por muy buen inquilino que seas y por muy buena relación, el propietario siempre está tentado a ganar más dinero”. Así se manifiesta también Palomo: “Los propietarios tienen un alto incentivo a rescindir el contrato, los entornos familiares y amistades le van a decir que pueden obtener una ganancia mayor”.

Para Palomo está claro, por la jurisprudencia y sentencias del Supremo, que la prórroga será válida si el burofax se envía antes de que decaiga el decreto. “El derecho se activa cuando la norma está en vigor y se despliega después. El Supremo dice que tú tienes que activar el derecho cuando la norma está en vigor”, asegura, a diferencia de lo que opina parte de los abogados de la patronal y propietarios.

La prórroga limita la subida de la renta al 2% y afecta a todos los contratos que finalicen entre el 22 de marzo, cuando se aprobó el real decreto, y el 31 de diciembre de 2027, con excepción de los casos en que el arrendador ya haya comunicado su necesidad de ocupar la vivienda o que las partes hayan llegado a otro acuerdo. El decreto tampoco ampara a los contratos de habitaciones, que se firman por el Código Civil y no por la LAU, pero Palomo recomienda que también envíen burofax porque hay sentencias que reconocen que estas habitaciones pueden llegar a estar amparadas por la ley al ser consideradas vivienda habitual.

La visión de la patronal

En el otro lado de la trinchera, Eduard Soler, abogado y secretario de Som Habitatge, patronal de propietarios de reciente creación, asegura que las prórrogas que serán válidas son “las que tengan el fin de contrato con el decreto en vigor, independientemente del burofax”. Además, Soler advierte que en lugares tensionados que aplican las regulaciones como Catalunya o Navarra “no está claro que esta prórroga beneficie a los inquilinos”, ya que la tácita, que se aprueba cuatro meses antes del fin de contrato en caso de que no haya comunicación, es de tres años. Esta renovación tácita también puede darse en zonas no reguladas, pero como el precio no está topado lo habitual es que vayan acompañadas de una subida de precio en el nuevo contrato.

Soler recomienda a los propietarios “prudencia”, pero prevé una alta judicialización de casos. “Los propietarios que no estén seguros de aceptar esta prórroga, tendrán armas jurídicas para llevarlo a juicio”, asegura. Más allá del debate jurídico, la representante de los Agentes Inmobiliarios de Catalunya, Montserrat Junyent, critica que el decreto se ha aprobado “sin suficiente debate y añade más incertidumbre” al mercado.

Entre los inquilinos, reina la duda por dos motivos: el miedo al conflicto y a “abrir el melón” que, a la postre, lleve al propietario a reaccionar y evitar la otra prórroga, la tácita de los contratos cuya finalización no haya sido avisada cuatro meses antes del término. En el caso de Paco, el joven del primer párrafo, relata que su casero ya le había dicho que quería vender la vivienda, aunque fue cambiando de versión. Entonces, le expresó su intención de enviar el burofax por un contrato que vencía ya en abril. “El tono de la conversación cambió por completo y se enfadó. Me dijo: ”Si vas a fastidiar la relación, vamos a ir a los tribunales“. Así que decidí no seguir adelante con el burofax y abandonar la vivienda”, relata.

Éxitos, fracasos y dudas del burofax

Existen ya casos de éxito, también, con el envío del burofax. Es el caso de Mariel, joven de Barcelona que paga 870 euros por un apartamento en Glòries y que ha comunicado a la inmobiliaria, con quien tiene buena relación. “Tenía dudas porque enviar el burofax me parecía agresivo. Me daba miedo también que no quisiera renovar. Avisé por correo y me dijo que sí, que podía enviar el burofax o arreglar la prórroga por otra vía. Así que estamos en ello y ha salido bien”, cuenta.

También hay casos, ya, en que el burofax no ha surtido efecto. Como para Laura Martínez, de Camarena, en Toledo. Su contrato vencía el 1 de abril y envió el burofax el 26 de marzo, pero la propiedad, un fondo gran tenedor, le ha devuelto el último ingreso por el alquiler. “Propuse una subida del alquiler, una opción de compra, pero no me respondieron. Es difícil encontrar un interlocutor y se pasan la pelota unos a otros. Me llegaron a mandar un burofax diciéndome que si me iba dentro de dos meses me condonaban la deuda de esos dos meses. Pero yo les he dicho que me he acogido a la prórroga del real decreto. Y, si no, es posible que ya esté en tácita reconducción”, explica, sin saber muy bien cómo va a avanzar su caso.

Entre los casos de éxito y los que no han ido también, existe todavía una gran cantidad de inquilinos que no acaban de decidirse sobre si enviar o no el correo, entre el miedo al conflicto y la apuesta por la carta más segura para quedarse en casa.

Alquiler Seguro, la empresa gestora de alquileres de vivienda sancionada con 3,6 millones de euros por sus contratos “abusivos” con los inquilinos por el Ministerio de Consumo, mantendrá las prácticas por las que se les ha sancionado. Su consejero delegado, David Caraballo, y su presidente, Antonio Carroza, han dado hoy la cara ante los medios para confirmar que recurrirán la sanción a la justicia y para defender la legalidad de sus prácticas.

“Somos los mejores”, ha llegado a defender Carroza, en una rueda de prensa en que ha acusado al Gobierno de obtener las pruebas de forma “ilícita” y han aportado cuatro sentencias favorables en denuncias sobre el servicio de atención al inquilino, una de las principales infracciones apuntadas por el Ministerio, que defiende que se trata de un cobro encubierto al inquilino de los gastos de gestión, que la Ley de Vivienda de 2023 prohibió expresamente cargar al titular del alquiler.

Presidente y CEO de la empresa, acompañados del responsable legal Carlos Sánchez, han aportado cuatro sentencias de la Justicia de Madrid que absolvían a la compañía de las acusaciones contra ella, tanto de las prácticas abusivas del contrato como de la obligatoriedad del mismo. Sin embargo, han obviado otra sentencia de la justicia de Madrid que le condenó a pgar 2.000 euros por una práctica “desleal, que vulnera ”el derecho a la información clara, veraz y completa“ y ”abusiva, pues obliga al consumidor a pagar por algo que no ha solicitado o que beneficia principalmente a la contraparte“, tal y como publicó Eldiario.es en noviembre del año pasado.

Fuentes del ministerio de Consumo alegan además que las sentencias aportadas por Alquiler Seguro “no se consideran jurisprudencia y no entraron a valorar el carácter abusivo de la cláusula”.

Los empresarios defienden que hay centenares de inquilinos que no han contratado el Servicio de Asistencia al Inquilino, lo cual negaría el supuesto de que es obligatorio. Los denunciantes, sin embargo, aseguran que no se les dio opción a no contratar este servicio que cuesta cerca de 1.000 euros.

Protección ante la huelga

“No vamos a dejar de hacer algo que es legal”, ha dicho el CEO, David Caraballo, que ha expresado que espera que el ministerio les “respete y proteja” cuando se produzca la huelga de impagos anunciada por el Sindicato de Inquilinos de Madrid. En caso de que se produzca, ha defendido el presidente, “podríamos aguantar indefinidamente”. “Somos la empresa más solvente, podríamos aguantar”, ha dicho.

“Estamos convencidos de que vamos a obtener una resolución favorable de la justicia. No tenemos una bola de cristal, pero sí antecedentes”, ha dicho el representante legal Sánchez.

“El servicio (de atención al inquilino) es real, es demandado y tiene un elevado índice de satisfacción”, ha dicho Carroza, que ha defendido que más de 300 profesionales trabajan para resolver hasta 48.000 incidencias al año, con cifras del pasado año.

Lo que no ha quedado tan claro son las diferencias del servicio de atención al inquilino con los servicios de mediación prestados habitualmente por las inmobiliarias para dar respuesta a las incidencias. “Hay grandes diferencias. Damos un préstamo blando a los inquilinos que no pueden pagar, ofrecemos un servicio de mudanzas, asesoramos en los cambios de suministros, hay un valor añadido”.

Los servicios, según la página web, son nueve. El alta y seguimiento de incidencias relacionadas con el arrendamiento, la gestión documental, el asesoramiento jurídico, el asesoramiento de suministros energéticos, el asesoramiento y ventajas en seguros, el préstamo en caso de impagos, ventajas y descuentos en servicios de streaming y wifi, ventajas en la contratación de trasteros y descuentos en servicios de mudanza.

Estos asesoramientos y descuentos coinciden con el hecho de que la empresa tiene también una empresa de servicios de crédito, Balquiler, una de energía, Alquiler Seguro Energía, una de asesoramiento legal, Generación Pluslegal, otra de reparaciones, General de Contratas y Energía, y una correduría de seguros, Generación Plus.

La empresa, han defendido los representantes, no obligan a contratar un seguro al inquilino, como demuestra el hecho de que 4.000 inquilinos no tengan seguro.