Ya estamos con la cantinela electoral de precampaña y, por ahora, en clave vivienda, el PSOE bastante tiene con que le aprueben el decreto y empiece a dar resultado, con numerosas medidas que van de la protección al inquilino al impulso al parque público, aunque se quedarán cortas a la hora de atajar de lleno la crisis que vivimos. La ministra no quiso dar aún pistas en su último encuentro con los medios sobre qué otras medidas llevarán a la campaña. En cuanto al Frente Amplio y Podemos, aún falta que se asienten sus candidaturas y sus rifirrafes para que empecemos a escuchar sus medidas.

Al otro lado, ante la amenaza de que gane la derecha, sí que empiezan a sonar algunas medidas. Y no hay buenas noticias. Mientras que Vox ha insistido con vincular la inmigración a la crisis de vivienda, como hace con todos los problemas de España, el PP de Feijóo se ha sentido cómodo agitando bulos sobre ese miedo a la okupación que tanto espanta a algunos propietarios aunque el riesgo es ínfimo.

Que el PP haya encargado a Albiol un plan antiokupación y que ese sea el titular de sus propuestas de vivienda es una pésima noticia para las casi tres millones de personas que viven ahogadas por el alquiler.

Las medidas en materia de vivienda del PP se centran básicamente en tres patas que el PSOE ya ha ido avanzando a un ritmo mucho más lento del que necesitaba el país: las ayudas fiscales, subvenciones a la compra y construcción de “un millón de viviendas” en una nueva “España de los propietarios”. Ya lo dijo el franquismo: “No queremos una España de proletarios, sino de propietarios”. Aunque por mucho que bajen los precios o se moderen, el alquiler nunca va a desaparecer y debería ser un modelo de vida viable y estable.

Que ninguna de estas medidas va a tener un impacto a corto plazo es algo que reconoce él mismo, tal y como destacó en su cobertura el compañero Aitor Riveiro. Hasta que se construya el millón de viviendas que prometió, “vamos a pasar años difíciles”, dijo el propio Feijóo.

Sin contar con que la construcción de un millón de viviendas (no detalló cuántas serán públicas) puede moderar los precios pero no hacerlos bajar en picado y es difícil imaginar que los tres millones de personas que viven asfixiadas por el alquiler vayan a comprar una vivienda. En un mercado especulativo al alza en que la finalización de un contrato de alquiler permite subidas desorbitadas, no atacar este modelo contractual a corto plazo o los precios de mercado (todas las Comunidades del PP salvo Galicia se han negado) condena a los inquilinos al ahogo económico y les complica el ahorro para la compra de vivienda, cuyo precio también debería ser intervenido a estas alturas mientras no haya vivienda pública suficiente para competir.

Cuando el PP defiende que liderará una política de vivienda opuesta a la del Gobierno y le acusa del fracaso, esconde una realidad: que las principales competencias en vivienda las tienen las Comunidades Autónomas, donde el PP tiene un dominio absoluto, ya que gobierna en 13 de las 19 comunidades. Y no son, precisamente, las que tienen la mejor situación: Madrid, Baleares, Comunidad Valenciana, Murcia o Andalucía no son precisamente los mejores ejemplos.

Por otra parte, aunque la construcción, sobre todo de vivienda pública, debe jugar un papel clave en la recuperación de la crisis de vivienda, hay que andar con ojo. Una reforma de la Ley de Suelo que permita atrocidades en plena crisis climática puede ser contraproducente para la calidad de vida en una España que necesita espacios naturales. Pero es que además, los reparos de Podemos y Greenpeace a la propuesta del PSOE se veían avalados por la amenaza de pelotazos urbanísticos ilegales. Una reforma de la Ley de Suelo aún más permisiva con las empresas como la que puede proponer el PP puede ser nefasta. El pretexto de la vivienda, por urgente que sea, no puede servir para destrozar el medio ambiente o para alimentar fiebres especuladoras.

Las propuestas de unos y otros partidos se irán dirimiendo en las próximas semanas y PSOE y PP deben batirse en un debate de vivienda en breve. Pero mientras tanto, las calles y los sindicatos preparan la huelga general del próximo 11 de noviembre, motivada precisamente por la crisis de la vivienda. El Sindicato de Inquilinas tiene una web activa muy intuitiva donde te puedes apuntar a hasta 240 actividades (por ahora) alrededor de toda España, tal y como contó Guillermo Hormigo este jueves. Las protestas del sindicato, además, se han contagiado a Portugal, donde la policía desalojó la principal plaza con acampada, pero los manifestantes desafían al poder, contó desde Lisboa Ruben Martins.

No pasa un día, entretanto, sin que salga algún informe o estudio que ponga cifras a la magnitud de cómo nos atraviesa esta crisis. A principios de semana, Oxfam publicaba un artículo que explicitaba que 770.000 trabajadores se vuelven pobres tras pagar la vivienda, una situación que afecta tres veces más a inquilinos que a hipotecados.

Otro estudio de la misma entidad citado por Gemma Barra en un reportaje de esta semana detallaba que la incidencia de problemas de salud mental se duplica entre quienes destinan más del 50% del alquiler. “Nos quitamos de medicinas para pagar la vivienda”, resumía el doctor en psicología y presidente de la Fundación Psicólogos sin fronteras en el texto.

Y este jueves, una encuesta de GAD3 apuntaba a que el 65% de los menores de 30 años necesitó ayuda para emanciparse, mientras que el 70% de las personas de la misma franja de edad renunciaron en alguna ocasión a una vivienda por no cumplir los requisitos.

El dato

700.000

Son las personas con trabajo que pasan a ser pobres después de pagar un alquiler, según un informe publicado esta semana por Oxfam.

Poder público

El Ministerio de Consumo ha exigido a dos plataformas que retiren 8.300 anuncios de pisos turísticos que se ofertan como alquileres de temporada, algo que contradice expresamente lo aprobado en el último decreto de vivienda.

Por otra parte, el Gobierno vasco ha comprado 510 viviendas protegidas a Blackstone en San Sebastián por 100 millones de euros, contó Iker Rioja. A un precio medio de 200.000 euros la vivienda en una ciudad donde un piso de 80 metros cuadrados cuesta de media 417.000, parece una medida de lo más razonable. Y, mientras no acelera la construcción, esa debería ser la fórmula a aplicar por todas las administraciones: comprar vivienda usada a empresas con muchos pisos para destinarla al alquiler asequible. Justo lo que no hizo Madrid con los pisos de Blackstone que perdieron su protección cuando se los vendió Ana Botella, y que ahora viven en vilo pendientes de cuándo el nuevo propietario, Brookfield, decida venderlos.

Poder privado

Mientras la pobreza de inquilinos sigue apretando, al otro lado se demuestra que los caseros con varias propiedades suben más el precio que los que alquilan solo una vivienda, según un estudio de EsadeEcpol.

Un ejemplo de mala praxis entre propietarios de varios pisos de alquiler, en este caso de la empresa BCN Housing, propiedad de Azora, lo encontramos en Barcelona y lo contó Pau Rodríguez. Los inquilinos denunciaban precios por encima de los topes de alquiler que se disparaban con los precios del IBI y de comunidad. Los pisos parecían de lujo, pronto se encontró otra realidad.

El lector denuncia (o consulta)

Cuéntame tu movida con el alquiler o la compra en vivienda@eldiario.es

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha exigido a dos portales inmobiliarios que retiren hasta 8.300 anuncios de pisos turísticos que se ofertan como de temporada, una práctica expresamente prohibida por el nuevo decreto de vivienda aprobado el pasado 6 de octubre, que obliga a que el máximo de días en que se puede publicitar un piso turístico sea de 30 días y el mínimo de un alquiler de temporada sea de 31 días. De los 8.318 anuncios turísticos ilegales detectados, 6.772 están en la Comunidad de Madrid, entre ellos 6.523 en la capital.

Con los cambios introducidos el pasado 6 de octubre a partir de los decretos, estos anuncios estarían incumpliendo la Ley de Arrendamientos Urbanos. En el caso de las plataformas, según considera el Ministerio de Consumo, podría suponer “una práctica de comunicación desleal por engañosa y, por tanto, una infracción del artículo 47 del Texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.

Tal y como denuncian algunas asociaciones de vecinos en Madrid y ha llegado a confirmar el consistorio, muchos pisos turísticos utilizan la modalidad de temporada con tal de evitar la necesidad de licencia turística y evitar las multas por no disponer de ella. Pero el nuevo decreto es claro en contra de esta práctica y a los portales les corresponde también no publicar anuncios ilícitos.

Una vez los portales tienen conocimiento de esta comunicación del Ministerio, se exponen a la apertura de expediente y posibles sanciones si no cumplen con el requerimiento.

Recientemente, Facua denunció a seis portales inmobiliarios también por incumplir normativas vinculadas a los nuevos decretos de vivienda. En este caso, lo que demandaba era que los anuncios no especificaban los precios máximos aplicables en las viviendas de zonas tensionadas ni la condición de gran tenedor de los propietarios.

Por parte de Consumo, son varias las iniciativas vinculadas con vivienda que ha llevado a cabo en los últimos meses. Consumo ya sancionó a Airbnb por ofertar miles de alojamientos turísticos que incumplían la normativa, por lo que tuvo que pagar 64 millones de euros y retirar más de 65.000 anuncios, mientras que Booking tuvo que retirar más de 4.000 anuncios que no se ajustaban a la ley tras un requerimiento de Consumo.

El Ministerio liderado por Pablo Bustinduy, principal bastión de Sumar en el Gobierno en materia de vivienda, también sancionó a la inmobiliaria Alquiler Seguro con 3,6 millones por prácticas abusivas con los inquilinos y tiene un expediente abierto a otra inmobiliaria.

El acceso a la vivienda es ya la principal preocupación de los españoles, según el 54% de encuestados por GAD3, 12 puntos más que en el anterior barómetro. Especialmente complicada es la situación de los jóvenes: un 65% de los menores de 30 necesitó algún tipo de ayuda y un 70% de la misma franja de edad han renunciado a alguna vivienda por no cumplir los requisitos. El estudio también refleja que un 31% de españoles pretende comprar una vivienda en los próximos 5 años y un 8% alquilar, así como detalla las principales barreras de acceso a la vivienda, principalmente económicas.

La encuesta estudia por franjas de edad la capacidad de emancipación con recursos propios y un 65% de los jóvenes de 18 a 29 necesitaron algún tipo de ayuda para independizarse. Un 53% echó mano de ayuda económica familiar, un 6% necesitó un aval y un 5% se mudó a una vivienda cedida por familiares o amigos. Este porcentaje cae bruscamente en las siguientes franjas de edad. Un 46% de personas entre 20 y 44 años necesitó alguna ayuda para independizarse, por un 36% de quienes cuentan con entre 45 y 64 años y solamente un 24% de los mayores de 65 años.

Los jóvenes son también quienes en más ocasiones renuncian a una vivienda por no cumplir los requisitos, ya sean económicos o burocráticos. Un 70% de los jóvenes de entre 18 y 29 años han renunciado a una vivienda en alguna ocasión, por un 68% entre los 30 y los 44 años, cifra que se reduce al 52% entre los 45 y los 64 y que cae hasta el 30% entre los mayores de 65. De media, un 54% de los españoles ha renunciado alguna vez a una vivienda por no cumplir los requisitos.

Las dificultades económicas y laborales son según un 41% de encuestados la principal barrera de acceso a la vivienda, mientras que un 32% se encuentra con una falta de oferta vivienda adecuada y un 31% con dificultades de financiación, problema este que suele afectar más a la compra. Además, un 14% cree que la accesibilidad de las viviendas es la principal barrera.

Entre las personas que han visto impedido su cambio de vivienda por motivos económicos, a un 38% le genera inseguridad sobre su estabilidad personal y a un 26% le dificulta la planificación de un proyecto de vida a largo plazo. Un 13% retrasa su decisión de tener hijos.

El presidente de GAD3, Narciso Michavila, ha apuntado que la vivienda será un debate clave en las próximas elecciones y que “será una de las principales motivaciones de voto en menores de 30 años”, así como ha anticipado que seguirá entre las principales preocupaciones de los españoles en los próximos años.

El estudio apunta también las dificultades de habitabilidad en la vivienda, que afectan a un 53% de españoles, con el frío invierno y el calor excesivo en verano como principales problemas, con un 26% de afectación. Le sigue la falta de aislamiento acústico y problemas de ruidos, que afecta a un 18% de la población. Un 16% de vecinos relatan problemas de humedades o moho de forma habitual y un 10% problemas frecuentes de instalación. Además, un 6% denuncia hacinamiento o falta de espacio.

Un 56% de los encuestados relatan tener alguna barrera de accesibilidad en su vivienda, entre las que destacan las escaleras o desniveles sin alternativa accesible (un 15%) y la ausencia de ascensor o ascensor no accesible, retratada por un 12%.

Un 19% de los encuestados afirma sentirse solo siempre o de manera frecuente y un 39% ve que esa soledad tiene alguna o mucha relación con su vivienda.

Cuantas más viviendas tiene un casero, más tiende a subir los precios del alquiler. Según un informe publicado por EsadeEcpol con datos del Panel de Hogares de la declaración de la renta, y que, por tanto, se centra tan solo en arrendadores particulares y no en empresa, esta tendencia de aumentar más los precios entre aquellos que acumulan más de un piso de alquiler ha crecido en los últimos años.

Los caseros que tienen solo una vivienda en alquiler han subido el precio un 7,2% entre 2019 y 2023, un punto por debajo de los que tienen dos viviendas, que lo han hecho un 8,2%. Los que tienen tres viviendas han subido desde entonces el precio un 9,8% y quienes cuentan con 4 lo han hecho un 9,5%. Los que tienen 5 o más dan un salto considerable en sus subidas del alquiler hasta un 13,5% acumulado en los últimos cinco años, lo que supone casi 6 puntos más que los monoarrendadores y una subida de casi el doble.

Una comparativa entre las mismas viviendas desde 2019 a 2023, que no cuenta las viviendas nuevas que entran al mercado, muestra como la diferencia de precio entre quienes tienen una vivienda y quienes tienen varias ha ido aumentando desde 2019. Así, mientras que en 2020 los multiarrendadores, contando como tales todos los que tienen más de dos viviendas, subieron un 2% más el piso que los monoarrendadores, en 2021 la cifra se elevó al 3%, al 4 en 2022 y al 7% más en 2023.

Para depurar el impacto directo de ser multiarrendador en el precio, el estudio hace una segunda revisión comparando viviendas equiparables en barrios similares. Esto es para evitar que, en caso de que los multiarrendadores tengan viviendas de mayor tamaño o en mejor estado en zonas más caras, sea esta la causa principal de las subidas de precios.

Pero aun y comparando viviendas de mismos barrios, superficies y antigüedades, los multiarrendadores siguen subiendo más los precios del alquiler que los caseros con solo una vivienda de alquiler. Esta diferencia, en pisos de similares características, era del 1% en 2019 y subió al 3% en 2021 y al 3,5% en 2023.

Una brecha mayor cuanto más viviendas tiene

Los propietarios con dos casas de alquiler han subido el alquiler un 1,3% más que los que tienen solo una entre 2019 y 2023 en viviendas comparables, mientras que quienes tienen tres viviendas lo han hecho un 2% más, quienes tienen 4 un 3,4% más y quienes tienen cinco o más un 4,5%.

La brecha es mayor cuantas más viviendas acumula el multiarrendador y también se ha ido acentuando desde 2019 hasta 2023.

El estudio descarta, sin embargo, de entrada, que estos multiarrendadores suban los precios para presionar al alza en determinadas zonas, puesto que quienes tienen varias viviendas en diferentes municipios suben más los precios. Además, justamente los multipropietarios que concentran sus viviendas en una misma sección censal suben el precio un 3,8% menos que los monoarrendadores, en el sentido contrario a la tendencia general.

Las subidas de precios del alquiler año a año están limitadas por ley por el índice inflacionario que fija el Ministerio, pero los precios se pueden subir libremente una vez acaba el contrato, menos en las Comunidades Autónomas donde están topadas. Por ello, las subidas más acentuadas tienen lugar en la renovación de contratos o las nuevas firmas.

Renovaciones más duras

En las renovaciones, el monoarrendador sube de media el precio un 3,8% y un multiarrendador lo hace un 5,2%, o sea un 1,4% más. Pero mientras que quienes tienen 2 y 3 viviendas tan solo lo suben un 0,8% más que el monoarrendador, quienes tienen 4 lo hacen un 1,9% más y quienes tienen 5 o más lo hacen un 2,8% más que los caseros con una sola vivienda en alquiler.

El estudio apunta tres posibilidades, compatibles entre sí, por las que esto sucede. La primera es que cuando el mercado se encarece, los arrendadores con más viviendas suben antes el precio por mayor conocimiento del mercado. La segunda es que quien tiene una sola vivienda prefiere un inquilino estable aunque cobre menos por mercado y quien tiene varias, en cambio, depende menos de cada contrato y prioriza el precio. La tercera hipótesis es que quien acumula viviendas las compra como forma de inversión y escoge pisos más rentables, mientras que quien tiene solo una suele ser una herencia o una antigua vivienda.

El análisis de EsadeEcpol también desgrana las variaciones de precio por el tamaño de superficie, la antigüedad del edificio, la antigüedad del contrato o la localización para separar qué porcentaje de importancia tiene en la subida de precios el hecho de que alguien tenga más de una vivienda. El resultado es que el 17% de las subidas, o sea 17 euros de cada 100 euros que sube un alquiler, tienen que ver con la condición de multitenedor del arrendador.

El informe concluye que los multiarrendadores ponen el precio por encima de los que tienen solo una vivienda en alquiler pero descarta que sea para un mayor control de los precios y del mercado.

El centro de estudios universitario apunta que los incentivos fiscales a la no subida de alquileres, como el que ha aprobado el Gobierno en el nuevo decreto de vivienda, puede ser una medida eficaz para limitar estas subidas y reducir la brecha con los multiarrendadores. Desconfía en cambio de las prórrogas y apunta que una libre subida de precios mientras dure el contrato haría las subidas menos

El PP de Alberto Núñez Feijóo parece decidido a llevar la precampaña electoral al terreno de los bulos. Su última mentira, que se ha viralizado esta mañana, tiene que ver con la ocupación. “Hay propietarios con miedo, porque si un okupa entra en tu casa, con un papel de haber pedido una pizza, ya nadie le puede sacar hasta dentro de varios años”, ha dicho.

Cualquier ocupación que tenga lugar en una vivienda habitual o en una segunda residencia, que el Constitucional ya ampara como extensión de la primera, puede ser denunciada “por lo criminal, como allanamiento de morada, y la policía saca al okupa enseguida”, aclara Pablo Feu, abogado experto en vivienda.

El allanamiento de morada está regulado en los artículos 202 a 204 del Código Penal y prevé penas de prisión de seis meses a dos años a quien, sin habitar en ella, entra en la morada de otra persona o se mantiene en ella contra la voluntad del morador.

Las afirmaciones de Feijoo dieron lugar a un cruce de tuits entre los PP y PSOE, acusándose mutuamente de mentir.

Todos los bulos tienen una porción de realidad que se utiliza luego para tergiversarla o amplificarla. En el caso del bulo del ticket de pizza, tiene que ver con que en ocasiones ha sido utilizado como una forma de demostrar un domicilio en casas donde no vive nadie. “La Constitución defiende el domicilio, sea con título o no, y si alguien certifica que un domicilio es suyo (y nadie vive allí), la forma de echarlo es con una orden judicial”, explica Feu. Y parte de la base de que cualquier proceso puede tardar años en unos juzgados sobrecargados. Sin embargo, Feu aclara que este tipo de ocupación “es cada vez más infrecuente porque hay menos viviendas vacías”. La ocupación más habitual hoy en día es la de personas vulnerables con contrato que ya no pueden pagar el alquiler.

En 2018, para evitar este tipo de trampas, se creó la ley de desahucio exprés, que prevé que si el ocupante no tiene un título que acredite su alquiler, pueda ser desahuciado de manera inmediata. Esto invalidó fórmulas creativas como el ticket de pizza y obligó a las mafias a desarrollar estrategias más complejas, como crear contratos de alquiler falsos, para intentar impedir los desalojos.

Ocupación a la baja, allanamiento casi inexistente

Hoy en día, la mayoría de ocupas que existen en España, ante la caída de las viviendas vacías, son personas vulnerables con contrato de alquiler que no pueden pagar su renta o bien a las que la propiedad no ha querido renovarles el contrato. Y no están ocupando el domicilio de nadie, sino que están en su propio domicilio, pero no lo pueden pagar.

“El discurso de Feijóo de la pizza está trasnochado, vencido, no existe. No hay nichos de oportunidad de ocupaciones. Los pisos vacíos y mal gestionados, mal conservados, de entidades bancarias o fondos como la Sareb eran los nichos de oportunidad”, desarrolla Feu, que sentencia como “jurídicamente imposible” que ocupen tu casa con un ticket de pizza. “El allanamiento de morada es un delito y la policía lo resuelve en un santiamén”, sentencia.

En 2025, se abrieron 7.110 procedimientos judiciales de ocupación, una caída del 16,9% con respecto a 2024, informa El Periódico de España. Se estima que alrededor de un 0,16% de las ocupaciones corresponden a allanamientos, según contaron fuentes de Interior al mismo medio. En 2022, último año en que se detallaron, tan solo 96 de los casi 9.000 procedimientos por ocupación fueron allanamientos de morada. Y estos se resuelven con rapidez. “El okupa quiere quedarse el máximo de tiempo posible, así que evita ocupar viviendas que son el domicilio de alguien”, añade Feu.

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, también ha respondido a Feijóo. “Esto es mentira”, ha dicho sobre la afirmación de la pizza de Feijóo, y ha lamentado que el principal partido “no tenga ante el principal problema de los españoles más propuestas que un bulo”, ha dicho en Catalunya Ràdio.

De Pozuelo de Alarcón hasta Puertollano hay tan solo 255 kilómetros de distancia. Pero comprar una vivienda en el municipio al norte Madrid cuesta 907.000 euros de media, algo más que 15 pisos en la localidad de Puertollano, donde el precio medio es de 57.698 euros. El Instituto Nacional de Estadística ha publicado este miércoles esta lista con los precios de compraventa a cierre de 2025, que lidera el municipio mallorquín de Calvià, a las puertas del millón de euros con 981.485 euros de precio medio.

Los cinco municipios más caros de España para comprar están en Madrid o Baleares. Santa Eulària des Riu, en Ibiza, es el tercer municipio más caro, con 888.800 euros, por delante del también ibicenco Sant Josep de sa Talaia, 867.072 euros, y del madrileño Boadilla del Monte, donde cuesta 821.000 euros.

Marbella, en Málaga, con un precio de 742.000 euros, Alcobendas, con 703.369 euros, Majadahonda (668.000), Sant Cugat del Vallès (608.000 euros) y el gaditano San Roque (605.000 euros) completan el top 10 de municipios más caros para comprar una vivienda.

Ciudades con pisos por menos de 80.000 euros

En la otra cara de la moneda, hay nueve municipios donde comprar una vivienda cuesta menos de 80.000 euros, precio por el cual se pueden llegar a comprar más de 10 viviendas en los municipios más caros. Algo más caro que Puertollano es comprar una vivienda en los municipios asturianos de Mieres, con un precio de 61.000 euros, y Langreo (63.000 euros). Con un salto de 10.000 euros aparecen la granadina Loja, la murciana Archena y el municipio manchego de Hellín, con un precio de 76.000.

El estudio analiza también la evolución de precios desde 2013 y muestra que los municipios donde más ha subido el precio de la vivienda son Tías, donde el precio casi se ha triplicado al subir un 180%. En Marratxí y Torremolinos, siguientes municipios donde más han subido los precios desde entonces, se han registrado subidas del 176%.

Los precios de venta, sin embargo, han caído en Puertollano (-40%), Crevillent (-29%) y Mieres (caída del 19%), municipios con los mayores descensos de precios.

El estudio estadístico se fija en el precio por metro cuadrado en los distritos de las ciudades de más de 250.000 habitantes y 14 de los 15 más caros están en Madrid, con Recoletos y sus 10.952 euros por metro cuadrado liderando la lista, lo cual elevaría a un millón de euros el precio medio por un piso de 100 metros cuadrados. El primer barrio que no está en Madrid y aparece en la lista es Sant Gervasi, con 6.707 euros por metro cuadrado.

En la otra cara de la moneda, el distrito 6-A de Murcia, con 783 euros el metro cuadrado, y El Higuerón y Alcolea en Córdoba, con algo más de 800 euros por metro cuadrado, son los distritos más baratos.

Alquilar en Pozuelo, lo más caro

El INE aplica también una comparativa de precios según el gasto mensual en alquiler en municipios de más de 20.000 habitantes y Pozuelo vuelve a aparecer destacado, en esta ocasión con el mayor alquiler de España, 1.500 euros al mes de media. Boadilla del Monte, también en Madrid, con 1.478 euros, le sigue, por delante del municipio barcelonés de Sant Just Desvern (1.276 euros al mes de media), Majadahonda (1.268) y el ibicenco Sant Josep de sa Talaia (1.211 euros).

Los municipios más baratos de más de 20.000 habitantes para alquilar en España son Lalín, con 330 euros al mes de media, Priego de Córdoba (334) y Écija, donde cuesta 339 euros al mes.

Entre las ciudades de más de 250.000 habitantes, Madrid y Barcelona concentraron 94 de los 100 barrios con mayor gasto medio mensual en alquiler. Los más elevados se dieron en Recoletos (2.037 euros), Pedralbes y Piovera (ambos 2.002).

Algunos de los barrios con más renta de España coinciden con los que tienen mayores esfuerzos de alquiler. El Viso es el distrito con más ingresos medios de España, 49.654 de renta neta media anual, por encima de Recoletos, segundo barrio con más renta y el más caro para alquilar.

Si miramos la renta neta mensual, que en El Viso es de, 4.137 euros, comprobamos que pese a tener los ingresos más altos el alquiler medio de 1.855 euros al mes se come casi la mitad de un sueldo. En Recoletos, con una renta media de 3.850 euros al mes, el alquiler medio de 2.037 euros se lleva el 53% de un sueldo.

Si miramos esta proporción en algunos de los barrios de menor renta con menores precios del alquiler, encontramos que en el Sector Sur de Córdoba, con una renta anual neta de 10.418 euros y mensual de 868 euros, el alquiler supone también la mitad de un sueldo al elevarse a los 430 euros al mes, el segundo distrito de una ciudad de más de 250.000 euros más barato para alquilar.

El Gobierno ha aprobado este martes una subvención de 180 millones de euros a las 5 comunidades autónomas que aplican la Ley de Vivienda de 2023 y tienen, por tanto, topados los precios del alquiler. Es el doble de lo que ya anunció el ejecutivo en septiembre. El objetivo es “incrementar la oferta de vivienda asequible para reducir los precios del alquiler en los 317 municipios” que abarcan estos territorios, donde viven unos 9 millones de personas.

La mayoría de la subvención va destinada a Catalunya, con 119,4 millones para los 271 municipios tensionados, mientras que Euskadi contará con 31 millones para los 18 municipios tensionados y Navarra con 13,3 para 21 municipios. A Coruña y Santiago, municipios de Galicia, contarán también con una inyección de 10,2 millones de euros para políticas de vivienda, mientras que los 5 municipios de Asturias reciben 5,9 millones.

Este complemento previo al Plan Estatal de Vivienda servirá a las Comunidades Autónomas para construir o rehabilitar vivienda asequible o social, comprar suelo, desarrollar o urbanizar suelo, comprar vivienda usada para destinarla al alquiler social o asequible o cubrir impagos de renta de contratos de alquiler.

Además, tal y como avanzó este lunes Pedro Sánchez, el Ministerio dará un impulso a las residencias universitarias con una inversión de 45 millones para crear 2.000 nuevos alojamientos que faciliten el acceso a los estudiantes.

La Universidad Autónoma de Madrid, con una ayuda de 13,3 millones de euros, será la principal beneficiada por estas ayudas, mientras que la Universidad de Castilla-La Mancha, en Albacete, recibirá 8,1 millones. La Universidad Pablo de Olavide, en Sevilla, obtendrá 6,5 millones de euros y la de Burgos 5,9 millones. Castelló y la Universitat Jaume I, con 4,5 millones, la Universidad de Jaén, con 3,5 millones, y el Ayuntamiento de Lleida, que recibirá 2,9 millones, son el resto de beneficiadas por esta inyección.

La ministra ha expresado, preguntada sobre la huelga general del próximo 11 de noviembre por el derecho a la vivienda su “respeto absoluto” al derecho constitucional. Sin responder concretamente a la pregunta de si considera que la huelga es contra ella, ha expresado que hay que “respetar y no criticar” esta medida de presión y ha instado al resto de administraciones a “tomar nota” y “tomar decisiones” para atajar los problemas.

“Cuando los salarios se absorben por las rentas por el alquiler, yo entiendo que los trabajadores y trabajadoras estén preocupados porque suban los salarios y bajen los alquileres”, ha añadido. “Todas las movilizaciones son importantes, pero esta además la lideran los sindicatos, que tienen un reconocimiento constitucional”, ha dicho. Y ha defendido las medidas tomadas por el Ministerio como respuesta a esta huelga.

Una madre soltera con un sueldo de 1.500 euros en un trabajo de oficina que vive en un pequeño piso en la periferia de Madrid o Barcelona y paga 800 euros por la vivienda. Ese es un ejemplo tan hipotético como probablemente real que sirve para ilustrar la realidad de 770.000 trabajadores en España. Son los que saltan a la pobreza laboral tras afrontar los gastos de vivienda en España. La pobreza laboral pasa del 11 al 15% tras pagar los gastos de la casa, esfuerzo que ahoga sobre todo a quienes viven de alquiler. Hasta un 34% de los inquilinos con trabajo sufren pobreza laboral después de haber pagado la renta a precio de mercado, una cifra tres veces mayor que quienes se encuentran con esta estrechez después de pagar la hipoteca (10,22%), según un informe de Oxfam Intermón. Un 7,95% de quienes tienen ya la hipoteca pagada también entran en pobreza tras afrontar los gastos de vivienda.

A partir de la definición de Eurostat, el estudio toma datos de la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto de Nacional de Estadística y de las declaraciones de la renta de 2024 y fija la pobreza laboral en 12.220 euros anuales por hogar unipersonal y 25.663 euros en hogares de dos adultos y dos menores, contando con personas que lleven más de siete años trabajando.

El resultado es muy diverso entre sectores, trabajadores a jornada parcial o completa, migrantes y personas de nacionalidad española y también afecta más a hogares con niños. Pero la vivienda juega un papel clave en el empobrecimiento de los trabajadores.

“La vivienda se está convirtiendo en uno de los factores que más empobrecimiento y desigualdad generan”, señala Alejandro García-Gil, responsable de empleo, vivienda y políticas sociales de Oxfam Intermón y uno de los autores del estudio. Apunta además que los nuevos decretos de vivienda “no resuelven un problema estructural, pero suponen un primer paso para aliviar el sufrimiento de millones de personas y avanzar hacia un cambio de paradigma”, que “anteponga el derecho a la vivienda frente a la especulación, proteja a quienes están en situación de mayor vulnerabilidad, dé estabilidad a quienes viven de alquiler” y seguridad jurídica a los caseros con alquileres por debajo de mercado.

“Los desahucios son la cara más extrema de la crisis habitacional, pero no la única. Hay otra realidad menos visible: personas que trabajan y consiguen pagar a duras penas su casa cada mes, pero que después de hacerlo no disponen de ingresos suficientes para sostener una vida digna”, añade García-Gil.

El informe advierte también de cómo la pobreza laboral golpea con mayor dureza a hogares con niños, lo cual expone más a la infancia a sus efectos. Un 39,5% de hogares con adultos y más de tres menores, pese a las ayudas que puedan recibir por ser familia numerosa, sufren pobreza laboral en España, colectivo más golpeado incluso por encima de familias monoparentales, entre las que hay un 29,6%. Esta situación se reduce a casi la mitad cuando la familia la forman dos adultos y dos menores (15,40%) y se va diluyendo entre las familias sin hijos.

Así, en los hogares con dos adultos la pobreza es del 10,50%, mientras que los adultos que viven solos presentan la tasa de pobreza más baja, del 4,24%. Eso sí, en estas variables el estudio no cuenta el impacto de la vivienda en la pobreza laboral.

Los trabajos a media jornada son otro factor que precipita la pobreza laboral: el doble de personas con jornada parcial la sufren, un 20,62% por un 10,67% de las personas con un trabajo a jornada completa. También entre los autónomos la tasa de pobreza laboral es del doble, 21,69%, que para los asalariados, un 10,26%.

Por sectores, entre los de mayor pobreza laboral se encuentra el trabajo doméstico, con un 27,48%, y la agricultura, que cuenta con un 26,24% de personas en lindares de pobreza pese a contar con empleo. La hostelería tiene una tasa de pobreza laboral del 21,17%, la construcción un 18,31% y las actividades administrativas y servicios auxiliares un 16,31%. En el comercio y reparación de vehículos de motor la pobreza laboral alcanza al 13,88%.

La pobreza laboral es también hasta cuatro veces mayor entre los migrantes de fuera de la Unión Europea que entre los españoles. Un 8,71% de españoles son pobres pese a tener un empleo, por un 31,42% de extranjeros no europeos y un 16,17% de extranjeros de la UE.

El documento de Oxfam concluye con ocho recomendaciones para combatir la pobreza laboral en España, entre las que destaca la contención de los precios del alquiler y la apuesta decidida por la vivienda asequible, así como refuerzos en el apoyo a la crianza, protección laboral y regularización de migrantes, unidades de medida oficiales de pobreza laboral antes y después de pagar la vivienda, blindar la subida del SMI vinculada al coste real de la vida e impulsar convenios sectoriales cuyos salarios reales están por debajo del SMI.

La vivienda es a la vez el principal problema económico de los españoles y uno de los activos que atraen más capital por su elevada rentabilidad. En plena crisis de acceso a la vivienda, con protestas en las calles y un decreto a modo de salvavidas a punto de ser aprobado en la Diputación Permanente del Congreso, la inversión inmobiliaria ha crecido un 28,2% hasta septiembre. Alcanza los 16.849 millones en los 9 meses de 2026 y es el único país de la Eurozona donde crece, según un informe de Colliers, consultora inmobiliaria internacional de referencia.

La inversión en vivienda, motivada por la falta de oferta y por los altos retornos que ofrece, es la que más ha crecido y se ha duplicado hasta llegar a los 6.000 millones entre enero y septiembre. Mientras que la inversión inmobiliaria ha caído en el mismo periodo en Reino Unido, Alemania, Francia, Países Bajos, Suecia, Italia y Portugal, España se sitúa entre los países del mundo donde más crece, por detrás de Taiwán (que sube un 46%) o Hong Kong, un 43%.

En términos absolutos, la inversión en España roza a la de Francia, que alcanza los 17.000 millones, y sigue por detrás de Alemania (21.400 millones) y Reino Unido (33.200), pero casi triplica los 5.800 millones de inversión inmobiliaria que atrajo Italia, pro debajo de los 9.300 millones de Países Bajos y los 8.500 de Suecia.

El informe de Colliers apunta a las elecciones del próximo 29 de noviembre y los cambios regulatorios como posible punto de inflexión para la inversión. Con todo y con eso, Colliers señala que la inversión en vivienda y en hoteles debe seguir a buen ritmo en el país. “Los inversores mantienen un fuerte interés por segmentos vinculados a las necesidades de vivienda y alojamiento, especialmente aquellos respaldados por tendencias demográficas de largo plazo. No obstante, algunos inversores podrían empezar a valorar otras estrategias de inversión si se mantuviera el entorno actual de incertidumbre jurídica y legislativa”, expresa Antonio de la Fuente, managing director de Living, como se ha rebautizado la vivienda, en Colliers.

A la inversión en vivienda, de 6.000 millones, y en hoteles, de 3.300, le siguen los capitales apostados en retail (2.630 millones) y en oficinas, hasta 2.000 millones. La inversión inmobiliaria industrial y logística, con 1.269 millones, es la menos atractiva. Todas ellas, de cualquier forma, han crecido de manera sustancial en 2026, pero ninguna tanto como la inversión en vivienda, que aumenta un 35,4%.

La aprobación de los decretos de vivienda el pasado 7 de octubre como respuesta a las protestas tras el desahucio de Maricarmen generó cierta tranquilidad entre los inquilinos cuyo contrato vence antes de 2029. Las prórrogas extraordinarias garantizan que no les echen de sus casas ni les suban el alquiler al vencer el contrato. En el sector inmobiliario, ha despertado una gran inquietud que, sobre todo, se traduce en una amenaza: la retirada masiva de pisos de alquiler en oferta ante la “inseguridad jurídica” a la que se enfrentan.

Unos pantallazos con datos falsos de Idealista, las cifras de la Federación de Asociaciones Inmobiliarias (FAI) asegurando que más de 4.000 viviendas han sido retiradas de la oferta de alquiler y la estimación de la asociación de propietarios ASVAL de que un 30% de la oferta “se retirará paulatinamente” han despertado unas alarmas que reflejan a medias la realidad. Son varias las voces del sector que apuntan a una suspensión temporal de los alquileres que podría retomarse una vez se apruebe el decreto en la Diputación Permanente o bien después de las elecciones. Y desde la propia patronal reconocen que el mercado del alquiler no va a desaparecer de la noche a la mañana.

Los decretos de vivienda, aprobados el pasado 7 de octubre tras la caída en el Congreso unos días antes y que debe convalidar en los próximos días la diputación permanente, crean además de las prórrogas extraordinarias un escudo antidesahucios que impedirá echar de sus casas a los inquilinos vulnerables, con la cobertura estatal de los impagos. Esta medida defiende el catedrático en economía y experto en vivienda José García Montalvo, “no es eficaz porque la cobertura del impago debe ser inmediata y no después de juicio”.

Un “descenso por prevención”

Desde la Federación de Asociaciones de Empresas Inmobiliarias, principal patronal inmobiliaria española, su portavoz Miguel Ángel Gómez Hueco cree que “sí que ha habido un descenso de oferta por prevención”, pero “no una salida masiva”. “El que tenga que alquilar lo va a seguir alquilando, porque a veces le conviene más que pagar los impuestos que supone una venta. Pero puede haber quien lo paralice a la espera de lo que pase en las elecciones”, añade.

Desde Pisos.com, el portavoz y director de estudios, Ferran Font, asegura que “lo que hay es una continuación de la dinámica que arranca con la LAU de retirada de oferta del alquiler, pero no un gran cambio repentino a raíz de los decretos”. Las cifras muestran una caída del 2,3% desde antes del decreto hasta la actualidad, que afecta mucho más al particular, que lo reduce al 7,6%, que al profesional, que retira un 2% de la oferta. El alquiler temporal aún cae más tras un decreto que obliga a acreditar la temporalidad del inquilino: se reduce un 9%. Las cifras son sobre unos 90.000 anuncios de alquiler en toda España y 3.000 de temporada.

“No vemos un comportamiento anómalo ni exagerado, la caída del 7% no es tan significativa porque con pocos anuncios que caigan ya tiene un impacto grande”, explica Font. Parte del cambio en la cantidad de ofertas, además, puede deberse a contratos que se firman, por lo que las oscilaciones son habituales. Después de que Facua denunciara a Pisos.com, Idealista, Fotocasa y otros tres portales, además, por no incluir los precios máximos de las zonas tensionadas ni la condición de gran tenedor del arrendador, es posible que exista una fuerte oscilación de oferta por los anuncios que se retiren y se modifiquen en los próximos días para adecuarlos a la ley.

Idealista, que es el portal con más oferta de alquiler y supera los 71.000 anuncios, no tiene estudios realizados a tan corto plazo. Pero elDiario.es tiene acceso a un vaciado de datos mensuales en las capitales de provincia. Ahí, el impacto es mayor: entre septiembre y octubre, la oferta de alquiler ha descendido un 33% de los 33.815 anuncios en septiembre a los 27.530 en octubre. El porcentaje de vivienda temporal ha descendido dos puntos, del 44% del total al 42%. La cifra de anuncios supone también una caída total de los anuncios de alquiler con respecto a los 33.067 de octubre del año pasado.

Caída entre el 2% y el 6% en los portales

Sí que realiza estas estimaciones Fotocasa, que con más de 40.000 supone un muestrario complementario a las cifras de Pisos.com. En su caso, detectan una contracción mayor, del 5,9% en la oferta de alquiler de larga duración, pero sí que la consideran “especialmente significativa”, porque “las fluctuaciones habituales del mercado no suelen superar el 1,5%”, advierte María Matos, directora de estudios de Fotocasa.

“Cuando se legisla sin contar con una de las partes esenciales del mercado, los propietarios, y se introducen restricciones y obligaciones que reducen su capacidad de decisión, se corre el riesgo de provocar el efecto contrario al que se busca”, añade Matos, que además observa un incremento del 7,5% en el alquiler de habitaciones, a pesar de que la aprobación del decreto lo regula para que los contratos se firmen con los tiempos de la LAU. Matos reconoce que “algunos propietarios buscan alternativas a las limitaciones de precios”, si bien en este caso, con el decreto en vigor, no deberían poder esquivarlo.

Matos alerta que el 24% de propietarios encuestados por Fotocasa “prevé retirar su vivienda del alquiler y venderla cuando finalice el contrato” y advierte que también la inversión en vivienda asequible detecta “señales de inestabilidad regulatoria” y podría verse desincentivada a aterrizar en España, un sentido contrario al que apuntaron los fondos en las últimas ferias inmobiliarias The District.

Los fondos ya estaban vendiendo

Tampoco existe una salida masiva de los fondos de inversión del mercado de alquiler tras la aprobación del decreto. Esta salida fue previa y tuvo que ver no solo con la aprobación de la Ley de Vivienda en 2023, que alargaba los contratos y abría la puerta a los topes de precios, sino por un techo de rentabilidad del alquiler en un contexto en que la venta también subía y se convertía en una opción muy rentable tras años de revalorización. CaixaBank o Blackstone, dos de los mayores caseros de España, ya llevan tiempo retirándose del alquiler.

En el segundo caso, la compra de Brookfield de 5.000 viviendas que fueron de alquiler asequible hasta que las vendió Ana Botella en 2013 deben pasar a la venta individualizada, pero la prórroga de los alquileres hasta 2030 debe posponer estas operaciones y proteger de manera temporal a los inquilinos, que viven atormentados por la constante amenaza de tener que irse y por subidas de precios exageradas.

Desde el terreno de Amat, una inmobiliaria que factura unos 5 millones de euros anuales y ha ido saliendo del mercado del alquiler, su director general, Guifré Homedes, asegura que han congelado los pocos alquileres que tenían en oferta “a la espera de que se convaliden o no los decretos, por precaución”. Son, de todos modos, cuatro o cinco contratos tan solo los afectados. La “incertidumbre” es lo que les empuja a esta situación, pero Homedes se muestra más preocupado por algunas cuestiones menos mediáticas que por las prórrogas o el escudo antidesahucios.

La “incertidumbre” del casero

“Nos genera incertidumbre el apartado que dice que si el inquilino considera vitales unas obras las puede hacer y luego pasar cuentas. ¿Qué es o no vital? Por poner un ejemplo, si todos los inquilinos de un bloque consideran indispensable un aire acondicionado, puede romper el negocio al propietario”, apunta. “Si se aprueba el segundo decreto (que convierte los contratos en indefinidos de facto y que el PNV ya ha anunciado que tumbará), sí que se puede dar una salida mayor, pero no sé si masiva”, añade Homedes.

Ya durante el debate previo a la aprobación del decreto, el 6 de octubre, cuando este había decaído en el Congreso y se encaminaba a su segunda aprobación en Consejo de Ministro, el experto de EsadeEcPol, Jorge Galindo, mostró en un estudio que la caída del alquiler de ofertas de larga duración en Idealista había caído un 6% en ese periodo en las principales ciudades y hasta un 12,5% en Murcia y un 9,2% en Madrid. En Barcelona, sin embargo, la caída era mínima, posiblemente porque el ajuste ya se había producido desde que se toparon los alquileres y se regularon los pisos de temporada y habitaciones.

Galindo hablaba de una “retirada preventiva” del alquiler en su estudio. “El efecto del decreto se mezcla con el de convocatoria electoral”, advierte el sociólogo. “Endurecer todo no hace que de repente mágicamente el propietario decide hacer lo que nos parece más deseable”, defiende Galindo.

García Montalvo asegura que “al fondo de inversión que tiene menos peso sobre el total le preocupa la rentabilidad” y no tanto los impagos, que “puede asumir entre una cartera mayor”. “Pero el casero particular no puede asumir los impagos de un inquilino”, advierte.

En cualquier caso, al no poder topar estatalmente los alquileres de mercado ni garantizar una movilización significativa de nuevo alquiler a corto plazo, la menor rotación que supondrán en los próximos meses las prórrogas del alquiler tendrán como perjudicados a aquellos que quieran emanciparse, cambiarse de piso o los recién llegados a la ciudad. A menos expulsión de vecinos, menos oferta de alquiler disponible. Ahora bien, sin estos decretos, los inquilinos viven bajo la amenaza constante de expulsión de casa o subidas desorbitadas de alquiler a cada renovación de contrato. Una situación que, si no se aprueba el segundo decreto, volverá a producirse cuando finalicen las prórrogas extraordinarias. Para entonces, no obstante, ni siquiera se sabe qué Gobierno habrá en España.

Desde que el desahucio de Maricarmen, la acampada de Sol, los decretos y la convocatoria de elecciones pusieron la vivienda en primera línea de la actualidad, ha crecido mucho la comunidad de este boletín y me escribís cada vez más lectores. La muerte de Maricarmen puso un manto trágico a esta historia y dejó muy claro que los responsables de nuestro sufrimiento, incluso de nuestra muerte, son, en muchas ocasiones, las empresas, los caseros y el poder político que les permite abusar mientras su policía aporrea a estudiantes sin ningún sentido.

Yo os agradezco un montón los correos, porque una de las cosas que uno siempre se pregunta en estos tiempos de máxima interacción en redes es “¿quién hay al otro lado?”, “¿qué piensa el lector?”. Las respuestas te hacen sentir más acompañado en tu trabajo. Y en momentos sombríos, aun con briznas de luz como la acampada de Sol, eso reconforta más.

En los pocos meses que llevo en elDiario.es, un medio que rehúye del fatalismo tras la cantinela muy de periodista de “es que ya nadie lee los medios”, compruebo como nunca el impacto que tienen las investigaciones de mis compañeras y los textos que escribimos.

Entre los mensajes de respuesta al boletín, hay algunos de enhorabuena que reconocen mi trabajo y luego hay otros que comparten su historia mostrando cómo el problema de la vivienda nos atraviesa a todos. Hoy voy a repasar algunos de ellos y voy a inventar algunos nombres porque no he podido preguntar uno por uno si querían o no anonimato.

Mayteé Ortiz, que ella sí me ha dado permiso para usar su nombre, escribió dos correos en tonos totalmente diferentes sobre la situación en Cádiz. En uno contaba que las exigencias en la ciudad para tan solo visitar un piso de alquiler se elevan al absurdo: avales, exponer situación fiscal, etc. Creo que es algo que pasa en todas las ciudades.

“¿Cuándo se normalizó que para cruzar una puerta haya que abrir antes la intimidad económica de toda una familia?”, se preguntaba.

Y señalaba a dos propietarios con nombres y apellidos, que no voy a mencionar porque no he hecho la tarea de comprobarlo, que cierran puertas a inquilinos interesados que no presentan toda la documentación antes de la visita.

El otro correo de Mayteé era pura prosa poética sobre las sombras de Cádiz y su modelo residencial. Y lo voy a compartir entero:

“Cádiz huele a salitre y a trampa. Te venden el paraíso en una postal de barquitas en La Caleta, pero luego vas a buscarte un refugio, un pedazo de suelo donde tender la fatiga y mirar la tarde, y la isleta se encoge, como si el mar recuperara lo que prestó.

Aquí la vida digna dura diez meses. De septiembre a junio eres un ser humano con derecho a un colchón; en julio y agosto te tienes que volver humo para dejar paso a la marea tibia de los que solo vienen a consumir la sal. Porque llegan los que pagan la semana a precio de secuestro y los inquilinos de larga duración estorban. Los echan para hacer caja.

Mientras tanto, quienes administran la ciudad miran cómo se estrecha el lugar donde cabe una vida. Porque también se gobierna por lo que se permite: por las puertas que no se cierran, por las leyes que no llegan, por el suelo que se entrega al mejor postor. Cádiz se va llenando de camas para los que vienen y vaciando de casas para los que se quedan.

Nos piden tratar con extraños que se niegan siquiera a girar una llave si no exhibes tus cuentas, si no abres en canal las entrañas de la casa familiar, ni destapas la solvencia de quien te avala. Un certificado de pureza civil para cruzar un zaguán que ni siquiera has visto.

He visto nichos a precio de santuario: cajas de cemento donde la claridad no cruza el alféizar, habitaciones sin armario donde apenas cabe una cama estrecha, salones cuyo ventanal devuelve el golpe de un muro. Estancias que son la mitad de una vida anterior y pretenden costar mil euros.

Porque en la Cádiz de la especulación quien quiere un alquiler de 12 meses o compra el metro cuadrado a 3300 euros o está a merced de un dueño con una lista infinita de interesados, que prioriza funcionarios y residentes médicos.

Allá afuera la vida sigue desplegando su inmensidad sobre el mar, ajena a esta pequeña tiranía de pasillos oscuros y papeles timbrados. Pero qué difícil se vuelve sostener la belleza de un lugar cuando ya no hay sitio para quienes lo llaman casa“.

Otro correo muy interesante que muestra cómo los tentáculos de la vivienda también afectan a personas de mayores rentas era de una persona que trabajaba de directiva en una fundación, con un sueldo de 2.300 euros al mes. Se vio obligada a convivir con su pareja una vez separados y consiguió al fin un bajo con humedades para mudarse con su hijo en un pequeño pueblo por 925 euros. Explica que tuvo “la suerte” de competir en el alquiler con una familia afgana. Su sueldo entero se va en vivienda, salud, comida y gasolina. “No hay vacaciones, ni restaurantes, ni planes culturales como los de antes, ni ropa: la de mi hijo es toda regalada y la mía es la misma desde hace años. He vendido la moto y todo lo que no era imprescindible, y ahora vendo en Wallapop sudaderas de mi hijo a 5 euros”, contaba. Y después reconocía ser “consciente” de sus “privilegios”.

Entre los correos he recibido también algo que, en este tono más personal y menos periodístico que permite el boletín, creo que es importante señalar. Un agente inmobiliario, que es casero e inquilino, apoya gran parte de las medidas de los decretos y otras las cuestiona por los impactos que pueda tener en la población, no por cómo pueden perjudicar a un casero o al sector. Lo hace además sin ningún tipo de acritud ni con el tono alarmista de la patronal. Él teme que los contratos indefinidos serán contraproducentes porque los propietarios sacarán la vivienda del mercado. Y yo creo que es algo que tiene sentido (y que de hecho tiene que ir acompañado de la construcción de vivienda asequible y la compra de vivienda usada para tal fin) y que hay que plantearse, pero que a la larga tener un ingreso fijo que aumenta toda tu vida al ritmo de la inflación es una garantía estable como para estar conforme y satisfecho. Y es una sensación de hogar necesaria para el inquilino.

Otra persona, vecina de Málaga, explica que tiene un piso que heredó de 120 metros cuadrados alquilado por 400 euros a una persona que viene de una situación dura en su país de origen. “Y es ahí donde debería haber una respuesta de los particulares, que no necesitan ese dinero del alquiler para sobrevivir, y demostrar que la ciudadanía puede y debe apoyar a la ciudadanía”, cuenta. En otro correo, otro propietario que alquilaba su vivienda de 90 metros cuadrados por 1.000 euros en Madrid, por Puerta de Toledo, antes de venderla, contaba que era fácil encontrarse a gente, incluso de izquierdas, que le afeaban que “era tonto” por no poner el precio al límite del mercado.

Es importante detenerse aquí sobre quiénes son los objetivos y los responsables de la situación y matizar la “culpa del casero”. ¿Cuántos inquilinos no se convertirán un día en caseros abusivos si les sonríe una herencia? Seguramente bastantes, no todos, seguro, pero la experiencia nos enseña que no necesariamente aquel que ha sufrido una situación se vuelve luego más empático cuando se giran las tornas. Y a más de uno nos vienen ejemplos gráficos a la cabeza. Creo que los caseros abusivos, que son muchos, lo son porque hay una cultura del “sálvese quien pueda” arraigada en la sociedad. El poder y la propiedad tal vez no te hacen peor persona, pero sí que te dan más capacidad de dañar a quienes están peor que tú y, por tanto, hacen más evidente la falta de ética. Por eso existen leyes que intentan regular y limitar esos abusos de poder. Si estos llegan a límites que llega a sorprender que sean legales pero lo siguen siendo, es la ley quien falla.

Por eso no creo que alguien que sea propietario y tenga un piso en alquiler deba sentirse necesariamente cómplice de la situación. Alquilar una segunda propiedad es algo razonable y hacerlo como esta lectora de Málaga, a un precio inferior al mercado, es algo que incluso ayuda a tener una sociedad más justa y mejor. Porque la idea no es que todos seamos propietarios, sino poder elegir alquilar sin asfixiarse.

Pero mientras la cultura del sálvese quien pueda siga imperando, mientras la cooperación y la comunidad quedan apartadas, mientras la vida asfixie, los sueldos sean bajos y ganar dinero sea un objetivo, estaremos en manos del “buen casero”. Son muchas las personas que, en la protesta del 26s previa a la acampada y en otros contextos, al preguntarles por si situación de vivienda responden: “Yo tengo suerte, porque...”, y, generalmente, después viene una explicación sobre un casero benévolo, que en muchas ocasiones es conocido o familiar, o simplemente buena gente.

Me gusta ver también ese otro lado: si no fuera por esos caseros empáticos, aún estaríamos peor, porque aún queda algo de sentimiento de comunidad y de camaradería. Pero vistos los precios, la buena fe tiene un peso muy pequeñito en el mercado, aunque la mayoría de caseros sean particulares y no fondos ni empresas. Por eso las leyes deben cambiar y garantizar la sensación de hogar a un inquilino y unos precios que no te conviertan en pobre de una tacada.

El dato

43,6%

De las personas que viven de alquiler a precio de mercado están en riesgo de pobreza o exclusión social, según un estudio de la European Anti Poverty Network (EAPN).

Poder público

Repito el resumen del decreto de vivienda que pasé en el anterior boletín, que debe ser convalidado pronto en la Diputación Permanente y estará en vigor, al menos, hasta que acabe la legislatura. Podéis leer sobre él aquí, pero os resumo algunas medidas por si aún no lo habéis podido mirar antes:

Ayudas a la compra de vivienda: Hasta 50.000 euros de ayuda para pagar la entrada de la primera vivienda. Se devuelve cuando se acaba de pagar la hipoteca, o sea que en vez de una entrada, es una salida, y además se paga sin intereses en un máximo de hasta 10 años. Sale a poco más de 400 euros al mes si pides el importe máximo y lo devuelves en 10 años.

Poder privado

Publicaba estos días Sandra Vicente, compañera de Barcelona, que una finca de Barcelona inicia una huelga de alquiler para evitar que la propiedad convierta sus casas en colivings. El bloc Papallona, con fachada modernista en el barrio del Eixample, se planta ante la empres New Amsterdam Developers, que quería vaciar la finca para convertir los pisos en alquiler de habitaciones. Los vecinos denunciaron “presión psicológica” para echar a los inquilinos que ya se fueron.

Por otro lado, Facua ha denunciado a Idealista, Pisos.com, Fotocasa, Yaencontre y Milanuncios por no cumplir con el nuevo decreto de vivienda y no publicitar en sus anuncios el límite de precios en las viviendas de alquiler en zonas tensionadas ni si el propietario es o no gran tenedor.

En las redes

El lector denuncia (o consulta)

Cuéntame tu movida con el alquiler o la compra en vivienda@eldiario.es

Buen fin de semana.

El Gobierno estima que bonificar en la declaración de la renta a los caseros que pongan su vivienda por debajo del precio de mercado y a los inquilinos con ingresos inferiores a los 33.000 euros tendrá un coste de 1.200 millones de euros para Hacienda. Por otra parte, espera recaudar unos 230 millones de euros por la subida del IVA a los pisos turísticos hasta el 10%, con lo que puede compensar de manera indirecta parte del esfuerzo. Se trata de un cálculo estimativo anual realizado en base a los datos de 2024, según fuentes del Ejecutivo.

El Gobierno también ha aprobado una medida fiscal que eleva del 15% al 25% la tributación de las Sociedades Anónimas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (Socimis), que tan solo supondrá en principio una recaudación de 1,2 millones de euros.

El balance, sin contar con las subidas del IBI para pisos vacíos y turísticos que permite el decreto y que dependerán de los ayuntamientos (Barcelona ya ha anunciado que subirá al 150% a los turísticos), es de un coste aproximado de 1.000 millones de euros para las arcas del Estado. Es el 2% de lo que recauda España con impuestos en operaciones vinculadas a la vivienda, que asciende a 52.000 millones de euros, el 6,9% de los ingresos fiscales.

Con tal de incentivar la bajada de precios en las zonas no topadas, el Gobierno ha aprobado una medida que permite la bonificación fiscal del 100% a los propietarios que pongan pisos en alquiler por debajo del precio de mercado, de un 95% a quienes alquilen en zonas topadas por las zonas tensionadas a menores de 35 años y de un 90% al resto de alquileres en zonas tensionadas. También hay deducciones de entre un 70 y un 85% para otros alquileres que no aumenten en relación al contrato anterior y de entre un 15 y un 40% en otros supuestos. Esta medida tendrá un impacto de 330 millones de euros.

Por otra parte, para aliviar el esfuerzo económico de los inquilinos, el decreto también prevé deducciones a los inquilinos con una base imponible inferior a 33.000 euros, que debe afectar a 1,6 millones de contribuyentes. Se podrán deducir un 10% de las cantidades del periodo y esta medida tendrá un coste de 950 millones de euros, informan fuentes del Ministerio de Vivienda.

El Estado también prevé prorrogar el tipo del 1,1% del IRPF a viviendas vacías que afecta a 2,36 millones de declaraciones, con el que se recaudarán unos 154 millones de euros.

La deducción del 60% del IRPF por rehabilitación energética tendrá un coste de 370 millones.

El coste total de las ayudas fiscales puede ascender por encima de los 1.800 millones, según estimaciones del Gobierno, con una compensación de 354 millones entre el IVA a pisos turísticos y el IRPF a casas vacías, que se verá incrementado por los IBIS municipales a ambos tipos de vivienda.

Este viernes, Barcelona fue la primera ciudad en aprobar una subida del IBI del 150% a los 10.600 pisos turísticos que hay en la ciudad. De estos, 3.200 corresponden a titulares con una licencia, unos 1.200 a propietarios con dos o tres autorizaciones y cerca de 6.000 a titulares con cuatro licencias o más.

En abril de 2024, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró que “esta va a ser la legislatura de la vivienda”. Habían pasado cinco meses desde la creación del Ministerio de Vivienda, que este noviembre cumple tres años, y un año y un mes de la aprobación de una nueva Ley de Vivienda que, entre otras cosas, preveía topar los precios en las zonas tensionadas. Además, Sánchez llegó a prometer hasta 183.000 viviendas públicas. En esta legislatura, tan solo se han entregado 47.000.

El Banco de España advirtió que existe un déficit de vivienda en España de 750.000 viviendas que crece a un ritmo de 250.000 más cada año. Y los expertos tanto cercanos a la patronal como a los inquilinos coinciden en que la construcción o la movilización de vivienda pública es la única que puede contener los precios del mercado y facilitar el acceso a la vivienda. Esa carencia está entre las causantes de la crisis actual que ha encendido las calles y dificulta también que las administraciones tengan pisos sociales que ofrecer a personas desahuciadas como Maricarmen. El modelo de apuesta total por la vivienda pública es el que triunfa en Viena, donde el 60% de la vivienda es pública y el precio se acaba contagiando en parte al mercado privado. Apenas hay desahucios.

El porcentaje medio de vivienda pública en los países de la OCDE es del 7,1% según un informe del Banco de España y alcanza el 16,4% en Reuno Unido y el 14% en Francia, casi diez veces más que el 1,5% de España. Otros países como Alemania, con el 2,6% o Portugal, con el 1,1%, están lejos de la media. La falta de construcción o de compra y el vencimiento de protecciones son enemigos de esta apuesta en España, donde las Comunidades del PP siguen apostando por pisos protegidos que dejan de serlo al cabo de unos años.

La competencia principal en Vivienda está transferida a las comunidades autónomas y también los ayuntamientos disponen de suelo, por lo que no se puede culpar solo al ejecutivo central. Pero tal y como señala Pablo Tucat, economista experto en vivienda de KSNET, “cabe hacerse la pregunta de por qué Casa 47 no surge antes, es un buen instrumento que aún tiene que desarrollar su potencial”.

La tardanza de Casa 47

La Ley de Vivienda de 2023 prevé un impulso al SEPES, empresa pública de suelo público, para ampliar el parque de vivienda pública estatal. Pero Casa 47 no nace hasta diciembre de 2025 y, aunque la absorción de los pisos de la Sareb y el avance del barrio Campamento le dan un potencial de hasta 110.000 viviendas públicas estatales, ahora mismo tan solo se ofertan 600.

De estas 110.000, 40.000 son viviendas de la Sareb, muchas de las cuales estarán ocupadas, 55.000 serán nuevas en suelo de Sareb (aún por construir) y 10.000 más de la Operación Campamento de Madrid que deberían entregarse allá por 2028. Las cifras coinciden con la estimación que dio la ministra de Vivienda en entrevista con elDiario.es: 100.000 viviendas en los próximos 10 años.

Paralelamente, las comunidades autónomas también se movilizan para detectar suelo público y construir vivienda pública, pero, como el Gobierno, han tardado. En el caso de comunidades como Madrid, además, han apostado por un modelo de vivienda asequible que acaba no siéndolo por los costes extra que empujan al inquilino a precios iguales a los de mercado.

La movilización de suelo y la construcción de obra pública “es una medida lenta”, apunta Tucat, pero advierte que hay “otras formas” de movilizar vivienda pública como “la compra de vivienda usada”. En Catalunya, el derecho a tanteo y retracto le ha servido al Govern para adquirir unas 9.000 viviendas usadas, una de cada cuatro de las que tiene la Agència Catalana d'Habitatge.

Esta fórmula apenas se ha utilizado en otras comunidades y a escala estatal, aunque Casa 47 prevé hacerlo, hasta la fecha la única oferta pública de compra es de 100 millones de euros, con la que con precios de mercado de zona tensionada (a una media de 250.000 euros por vivienda) tan solo se podrían comprar unos 400 pisos.

Más esfuerzo que sus antecesores

Aunque parezca paradójico, el Gobierno de Sánchez es el que más ha hecho desde la caída en picado de la construcción después del estallido de la burbuja por recuperar la vivienda pública, el problema es que lo ha hecho tarde, de manera insuficiente para la magnitud del problema y con unos frutos que aún no se recogen y que bien podría reivindicar un futuro ejecutivo.

Las 47.000 viviendas, a falta de un semestre para completar los cuatro años completos, son sensiblemente superiores a su legislatura anterior, cuando se entregaron 45.000 viviendas públicas, y están muy por encima de las 18.000 de la última legislatura de Mariano Rajoy.

Además, ha triplicado los presupuestos del Plan Estatal de Vivienda, que suma 7.000 millones de euros adicionales hasta 2030 para construir, rehabilitar vivienda y otras ayudas. Aun con estas sumas, el Gobierno sigue gastando tan solo un 0,9% del gasto público en vivienda, y eso que se han duplicado los esfuerzos desde la pandemia. Una parte de esos presupuestos, además, no se ejecutan.

“El contraste con la vivienda pública y libre que se construía antes de la burbuja es enorme y probablemente no sea una comparativa sana, pero sí que debería haber aumentado más”, advierte Tucat, alertando de las trampas del gráfico de evolución. Con el derrumbe de gran parte del sector bancario y de la construcción, el frenazo en seco posterior a la burbuja inmobiliaria ha hecho que España no acabe de recuperar la creación de viviendas, mientras sí que se han creado miles de hogares por la llegada de migrantes que han dinamizado la economía y han cubierto vacantes de empleo.

La dificultad de movilizar suelo finalista, la falta de mano de obra y la lentitud administrativa son apuntados por algunos expertos como claves del estancamiento en la construcción, tanto pública como privada. Esto es lo que lleva al sector a presionar por aprobar una reforma de la Ley del Suelo que agilice trámites, que Podemos finalmente bloqueó de cara al decreto de vivienda aprobado recientemente. El experto en vivienda Ignacio Ezquiaga, sin embargo, apunta en reiteradas ocasiones basándose en informes del Ministerio de Vivienda que muchas empresas y fondos disponen de suelo “dormido” que no activan no por la lentitud burocrática, sino para evitar que los precios bajen al inyectar oferta.

Construcción estancada y descalificación

Pero el bajo ritmo de construcción o compra de vivienda protegida se enfrenta a otro enemigo seguramente peor: las viviendas protegidas que vencen su protección y pasan al mercado. Del millón y medio de viviendas protegidas construidas desde 1991, tan solo 147.000 estaban protegidas para siempre, casi 400.000 ya han dejado de serlo y esa cifra se podría elevar a 700.000 de cara a 2030, según una investigación publicada por Civio.

Contra esto, el Gobierno ha llevado a cabo también una medida “crucial”, según Tucat. Después de que en 2023 el Supremo tumbara un artículo de la ley de vivienda que establecía que la protegida lo fuera para siempre, la ministra de Vivienda vinculó la construcción financiada con fondos del Plan Estatal a que la vivienda protegida lo fuera para siempre y lo ha incluido también en el nuevo decreto. Las Comunidades Autónomas del PP, mientras tanto, siguen haciendo vivienda protegida con plazo de vencimiento, de forma que la vivienda en suelo público acaba pasando a manos privadas pasados unos años.

La movilización política en torno a la vivienda sí que ha conseguido, aunque a trancas y barrancas, que en 2026 su construcción se dispare. Las 11.270 viviendas protegidas finalizadas en junio duplican registros del año pasado y encaminan la cifra hacia un récord desde 2012 de unas 20.000 viviendas, aun lejos de las entre 40.000 y 100.000 anuales que necesita para ir cubriendo su déficit. El punto álgido de la vivienda protegida finalizada llegó en 1997, con 85.000 de las 300.000 que se construyeron (casi un tercio del total), mientras que las 12.858 de 2025, 7 veces menos, representa el 13% de las 92.000 construidas.

Si miramos comunidad a comunidad, Catalunya, Madrid, Euskadi y Navarra, que son cuatro de las comunidades con los precios más elevados, son algunas de las que más han elevado su esfuerzo en vivienda protegida. Madrid finalizó 3.802 viviendas protegidas en 2025 sobre un total de 17.000 viviendas construidas, un 22%, y Catalunya hizo 3.517 sobre un total de 14.000, un 25%. Es Catalunya, además, la que ha pegado el mayor acelerón en 2026: lleva 5.600 viviendas protegidas hasta junio, la mitad del total estatal.

Si nos fijamos en la vivienda libre, que también es importante para oxigenar la oferta en las zonas de elevada demanda, también hay un estancamiento entre las 70.000 y las 80.000 anuales en los últimos años, que mejora las menos de 50.000 anuales de antes de 2019, pero que está lejos de los años locos del ladrillo en que se llegaron a construir 700.000 viviendas entre pública y privada en 2026. Ese extremo no es deseable, pero sí alcanzar un ritmo de entre 90.000 y 100.000 anuales, las que estima el Banco de España necesarias para cubrir con el déficit.

Luces y sombras más allá de la construcción

Más allá de la construcción de vivienda tanto libre como protegida, existen otros motivos que han hecho que en la denominada “legislatura de la vivienda” no mejore el acceso. No todos son culpa del Gobierno central. Las Comunidades Autónomas del PP no han querido acogerse a la zona tensionada que permite topar los precios de alquiler, por lo que el mercado ha disparado sus precios en las principales ciudades.

En cuanto a los desahucios, el escudo que se alargó tras la pandemia y que frenaba los que afectaban a personas vulnerables sin alternativa residencial fue tumbado por el Congreso, que ha sido el gran escollo para desencallar algunas políticas. El propio decreto de vivienda se venía arrastrando desde julio, pero también hacía meses que estaba bloqueada en el legislativo una regulación del alquiler de temporada y de habitaciones.

De todos modos, el Gobierno podría haber incluido en su ley de 2023 estas dos regulaciones, de dos modelos de alquiler que han servido para inversores para evitar la ley y hacer contratos cortos con subidas de precio de año en año. Tampoco estaba entonces en el debate la posibilidad de recuperar un modelo de contratos de alquiler cercano al indefinido, con las prórrogas automáticas que incluye el segundo decreto, que de todos modos no pasará el filtro de la Diputación Permanente.

Este decreto, por tanto, aprobado a última hora de la legislatura, llega tarde para una situación que no se alivió tras la aprobación de la Ley de 2023, si bien sí que los contratos de 5 a 7 años (aprobados en 2019) mejoraron la estabilidad de los inquilinos.

En las Comunidades donde sí que se han topado los precios, “existe una estabilidad mayor del inquilino que está dentro del mercado, pero al que está fuera le cuesta más encontrar piso por la falta de oferta y de rotación”, alerta Tucat. Otro problema que se ha dado en las zonas tensionadas es que el tope parte de unos precios ya muy elevados, los fija el promedio del mercado, por lo que el alivio acaba siendo relativo.

Sea por estos topes o por la subida de los salarios, y aunque no lo parezca por el clima del país, el porcentaje de inquilinos que pagan más del 30% de su sueldo ha caído en los últimos años: tocó techo en 2021 con el 38,5% y ahora es un 12% menos, un 26% del total. Y eso que los nuevos contratos subieron en 2024 un 8,8% los precios de los alquileres. Compartir piso e incluso habitación es a veces la forma que tienen los inquilinos de aliviar esta asfixia.

Sin embargo, la subida de los precios de compra ha llevado a que ya se necesiten dos años de sueldo íntegro para pagar la entrada de una vivienda, cifra que se duplica hasta los 4 en Madrid y Baleares.

Las prórrogas de los próximos dos años deben también reducir la rotación en los pisos de alquiler en toda España y eso puede complicar de nuevo el acceso a viviendas de alquiler de quienes se emancipan o llegan a una ciudad, en las zonas no topadas con el agravante de que los precios pueden subir libremente. El incentivo fiscal a caseros que pongan los pisos por debajo de mercado puede compensar un poco estas subidas. Y esta tensión entre oferta y demanda nos vuelve a llevar al inicio del artículo: generar vivienda pública mediante la construcción o la compra y movilizar vivienda vacía o turística en un país con un 30% de viviendas no principales. Esto último lo intenta con el decreto la posibilidad de aumentar el IBI a pisos turísticos o inhabitados.

Llega un momento que uno no sabe qué más contar. Estas semanas, especialmente, le llevan a uno al borde del colapso informativo. Desahucio de Maricarmen en camilla, manifestación, acampadas, decreto de vivienda aprobado, decreto de vivienda tumbado, elecciones, decreto de vivienda aprobado otra vez, y la muerte de Maricarmen. Fue un silencio la muerte de Maricarmen. Ni siquiera pudo cruzar la puerta de su casa para descansar allí en paz. Un silencio ensordecedor con un mensaje claro: es insoportable. Es insoportable que te puedan echar así de tu casa, es insoportable que vivamos tan esclavos, o tan feudales sí se quiere, al servicio de los landlords, que en inglés la palabra tiene más evocación medieval.

Me interesa hacer una reflexión sobre la cultura que hemos construido entre todos, en la que prima siempre el individuo y el lucro, ante la falta de una estabilidad o un horizonte de estabilidad, ante la disolución del concepto de comunidad y el debilitamiento del estado del bienestar, y una vida marcada por el moverse de un lado a otro, sin echar raíces, sea por la vivienda, por buscar trabajo o a veces también por la aventura. Los fondos de inversión los forman personas y, de buitres, hay muchos que no son fondos. Porque lo que tenemos es una cultura buitre. O, al menos, en parte, porque hay quien se empeña en demostrar que no todo está perdido.

Recibí un correo hace poco de una mujer propietaria, con un piso alquilado a bajo precio, a quien algunos conocidos le decían que era “idiota” por no subirlo a precio de mercado. No es la primera vez que lo oigo. Se lo decían amigos, conocidos, seguramente algunos con piso y otros sin, porque la cultura de sacar el máximo rendimiento no es cosa de pocos, hoy día, sino de la mayoría, incluido de muchos que se dicen de izquierdas.

Decía Ayuso el otro día, en respuesta a la acampada de Sol, que representa a una España “de vagos, de mileuristas sin sueños, que quieren seguir siéndolo” y la contraponía a los “que tienen un taller, los curritos”. Pasó de parecer Trump a parecer el friki del Llados y le faltó hablar de las “fucking panzas” y de levantarse a las 5 y media de la mañana. Tira de cultura Llados, de referentes 'bros' porque sabe que la calle se está moviendo y, con Palestina y con la vivienda, el sentido común está arrastrando hacia el lado contrario a lo que representa la derecha, aunque es verdad que las encuestas de voto aún dicen lo contrario.

Según el INE, un 60% de los trabajadores en España ganan menos de 2.000 euros al mes y son, por tanto, mileuristas. Y, por cierto, cerca de la mitad de los autónomos declaran menos que el Salario Mínimo Interprofesional.

La cuestión es que la cultura del criptobro, del inmobro, del inversor, del ludópata, del que elogia como esfuerzo apostar su dinero al mayor rendimiento sin importarle lo que haya detrás (una industria de armas, unas viviendas alquiladas a precios inasumibles) se impone y parece que no hay otra visión.

Uno de los mayores paradigmas de esta cultura buitre es lo del “piso con bicho”. Así le llaman en el sector inmobiliario al piso que se compra con inquilino dentro. El problema fue el día que “el bicho” de Urbagestión pasó a tener nombre. Y menudo bicho, Maricarmen.

En la acampada de Sol, me impactó mucho la cara de rabia que se le puso a Tobías, un chaval de 19 años con la camisa de camarero que llegaba del trabajo, cuando le hablé de Maricarmen. No sabía ni lo que era el 15M, pero insistía e insistía en la empatía y en ver más allá del dinero y de cada uno. También estudiaba Formación Profesional.

No se me ocurre nada más opuesto a personas “sin sueños” o “vagos” a quienes son capaces de acampar en una plaza para cambiar el futuro político del país. Tampoco creo que investigadores universitarios, médicos o profesores, como los que había, merezcan ese calificativo. De hecho, no se me ocurre personas más “sin sueños” que quienes tienen como único objetivo hacer dinero en la vida a costa de quien sea.

Pero es que tampoco los mileuristas sin estudios (o con estudios en el extranjero y que no pueden convalidar) lo merecen. El día que las cuidadoras del hogar, los camareros, los albañiles o los jornaleros paren, lo notaremos. Si los periodistas, los project manager, los arquitectos, o los asesores financieros estamos un par de días sin trabajar, a lo mejor nadie lo sufre. Lo digo simplificando, porque sé que puede que no sea así, para venir a decir que el clasismo de Lladós y Ayuso me repugna y que nadie ejemplifica mejor la vida con sueños que Maricarmen, el de quedarse en casa y luchar por un derecho, o los acampados a los que ella odia.

Cuando pienso en alguien con sueños y ambiciones, no me viene a la cabeza un tipo que trocea pisos para sacar el máximo rendimiento de una vivienda, a los que Ayuso pone la alfombra roja.

Me viene a la cabeza una madre soltera, migrante, que trabaja muchísimo y se emociona al explicar que su hijo va a la universidad. Y tal vez ese hijo vive con ella en una habitación en un piso compartido con otra familia. O tal vez ese hijo no ha llegado a la universidad porque se cansó de vivir en un cuarto con su madre y se puso a trabajar antes. Como hijo de mileuristas que ha ido a la universidad (y que aun así ha seguido siendo mileurista hasta casi los 40 años) y no ha parado de currar, me repugna todo discurso que relacione el bien con el lucro, porque en la mayoría de casos he visto más bien lo contrario.

Nada da más asco que el clasismo que tilda a la clase trabajadora o a los activistas de vagos. Solo da más asco y rabia que, encima, no tengamos donde vivir.

El dato

1.248

Son las tiendas de acampada que llegó a haber en Sol el 30 de septiembre. Se organizaron con calles para abrir el paso a quienes allí dormían reivindicando un decreto de vivienda que acabó haciendo saltar por los aires la vida política del país.

Poder público

Ya tenemos el decreto de vivienda, que convalidará la Diputación Permanente y estará en vigor, al menos, hasta que el próximo Gobierno lo tumbe, si se atreve. Podéis leer sobre él aquí, pero os resumo algunas medidas:

Poder privado

Estamos viendo una campaña muy interesante en algunos medios, o de Junts con aquel ridículo correo de la casera indignada, para victimizar a quien está haciendo pasta con el alquiler y la pobreza de la gente.

Lo que más me ha llamado la atención de esa campaña es el artículo que firma en ABC Helena Beunza, presidenta de ASVAL, la patronal de propietarios de vivienda patrocinada por Blackstone.

Después de haber sido Secretaria de Vivienda en el Ministerio de Fomento del PSOE entre 2018 y de haberse dedicado a la investigación y a la asesoría, ha decidido representar a los propietarios de pisos.

El artículo en ABC se titulaba 'Su piso sigue a su nombre, pero ya no es suyo' y en El Mundo publicó otro que decía 'Quien alquila su piso no es su enemigo'.

El relato, en el artículo del ABC, era el de un casero ahogado a impuestos que seguirán subiendo mientras los precios quedarán congelados. Aseguraba que, encima, al que ponga el piso al precio de mercado se le penaliza, cuando es al contrario: se podrá desgravar impuestos de la renta el que lo ponga por debajo de mercado, y así, seguramente, podrá cubrir otros como el IBI o las reformas.

También narró en negativo otra medida que busca proteger al propietario: “Hasta 2030, si el inquilino deja de pagar pero es una persona vulnerable y no tiene otra vivienda, el juez suspenderá el desahucio hasta que la administración le ofrezca una alternativa, y esa suspensión puede durar hasta tres años. Mientras tanto, la administración le compensará, pero solo por la renta que ha dejado de cobrar, los suministros y las costas del juicio, y deja fuera otros daños que la legislación civil reconoce con carácter general. Solo el propietario de dos viviendas o menos tiene una protección adicional”.

O sea, que en caso de desahucios la administración garantiza cubrir la deuda por impagos al propietario y su narrativa es que “solo” le compensará por eso.

“Si su inquilino lo pide, tendrá que alargárselo hasta dos años más, con las mismas condiciones. Solo podrá negarse si necesita el piso para usted o su familia, o si firma un contrato nuevo con una rebaja de renta de al menos un 5 %. Nadie le compensa por ello”, dice. Lo que parece querer decir Beunza es que una persona que vive de alquiler no debe tener derecho a vivir en él una vez se le acabe el contrato, que cualquier motivo debería valer para echarlo a la calle. El texto elude la ansiedad, la angustia y la pobreza a la que son condenados miles de personas que viven de alquiler por depender de contratos tan abusivos.

También se le olvidó poner ejemplos concretos de esos precios de mercado, entre 1.500 y 2.000 euros cualquier piso mínimamente decente para una familia en Madrid. Y de ahí podría empezar a descontar todo lo que quiera.

El nuevo decreto de vivienda contiene una medida destinada a frenar el sobreesfuerzo de los inquilinos de nuevas viviendas asequibles: prohíbe que gastos extra como garaje o trastero impliquen una subida extra sobre el precio inicial de la vivienda, que acabe suponiendo un esfuerzo mayor del 30 o 35% de los ingresos para los inquilinos de los planes asequibles. Es justamente lo que hace la Comunidad de Madrid con el Plan Vive, tal y como han denunciado sus inquilinos a elDiario.es, que llegan a casi duplicar el precio que pagan sumando además gastos de comunidad y el IBI.

Concretamente, el artículo 14 del decreto de vivienda aclara que “los gastos asociados a los anejos no podrán suponer un incremento del precio de alquiler respecto al determinado para la vivienda de acuerdo con este artículo”. “Tendrá consideración de vivienda asequible aquella cuyas condiciones de precio de venta o alquiler, incluidos todos los gastos asociados al mismo, no supere el treinta por ciento de la renta mediana de la unidad de convivencia habitual del municipio en el que se ubique el inmueble”, determina.

Este nuevo artículo, por ser el último en vigor con respecto a la normativa autonómica de Madrid que sí lo permite, invalidaría el Plan Vive de Madrid, o al menos muchos de sus apartamentos, como proyectos de alquiler asequible. Fuentes del Gobierno estiman que “las Comunidades puede que encuentren formas de mantener estos proyectos o hacerlos en nuevo formato, pero no podrán denominarlos de alquiler asequible”.

El pasado mes de junio, más de 100 vecinos de 9 municipios de Madrid del Plan Vive se asociaron en una plataforma justamente para denunciar los sobrecostes del alquiler en forma de este tipo de gastos, así como todo tipo de problemas de mantenimiento como maleza que crece en los jardines comunes o inundaciones en las goteras.

Desde la asociación cuentan que la asamblea ha crecido ya hasta los cerca de 400 socios y que contando otros implicados hay hasta 600 que han expresado su descontento. Estiman que más del 70% destinan un esfuerzo superior al 35% y que incluso hay una parte que acaba gastando más del 70% de su sueldo al alquiler.

Los inquilinos ya han puesto denuncias, y preparan algunas más, por el cobro del IBI, que la ley prevé que corra a cargo de los propietarios. De hecho, una sentencia de 2023 ya declaró ilegal cobrar el IBI en la vivienda pública.

En el caso más extremo de los costes añadidos al de la vivienda, una persona que pagaba 900 euros de alquiler por un piso de tres habitaciones en Valdebebas, Sergio Montero, llegaba a abonar 1.500 euros al sumar los 60 del IBI, los 200 de comunidad (en el máximo legal), dos plazas de garaje obligatorias a 100 euros cada una, por encima del valor de mercado en el barrio, y un trastero por 80 euros. Eso llevaba a la pareja a gastar la mitad de su sueldo en el alquiler.

En algunos casos que pudo comprobar elDiario.es, el Plan Vive llega a obligar a coger dos plazas de garaje a viviendas pequeñas donde vive una sola persona. Era el caso de Núria, cuyo alquiler se duplica de los 514 euros del alquiler a los más de 1.036 que acaba pagando sumando dos plazas de garaje a 154 y 123 euros cada una (aunque solo tiene un coche), 40 euros del trastero, 150 de comunidad y 56 de IBI. Otro inquilino se veía obligado a pagarlas sin ni siquiera tener coche.

Los sobrecostes, antes incluso de sumar los suministros, llevaban a varios vecinos a pasar de esfuerzos de entre el 20 y el 30% de los ingresos a varios por encima del 40 y hasta del 50%, tal y como pudo comprobar con documentación elDiario.es.

El Plan Vive cuenta ya con 14.000 viviendas de las que 4.875 se han entregado en municipios como Alcorcón, Alcalá de Henares, colmenar Viejo, Getafe, Madrid, Móstoles, San Sebastián de los Reyes, Torrejón de Ardoz y Tres Cantos. En todas ellas hay vecinos descontentos que se han interesado por la acción de la asociación en contra de los cobros.

Blindaje del derecho a compra del inquilino

La Comunidad de Madrid cede suelo público a la iniciativa privada para construir y gestionar el alquiler asequible durante 50 años. Después de ese periodo de tiempo, las viviendas se quedan en manos privadas, por lo que Avalon, socimi de la norteamericana Ares Management, las ha puesto a la venta en paquetes. Y comunicó a los inquilinos que no pueden acceder al derecho de compra preferente que prevé la ley para quien vive de alquiler.

Pero eso también contradice otro artículo del nuevo decreto de vivienda. Concretamente, en la modificación del artículo 3 de la Ley 29/1994, se incorpora que “en las ventas conjuntas se preserva el derecho de adquisición preferente de la persona arrendataria cuando la vivienda sea jurídicamente individualizable, con imputación del precio mediante criterios objetivos, y se impide la renuncia a ese derecho”.

El Plan Vive cuenta con una normativa específica que prevé que “de forma adicional a los importes de rentas indicadas”, se repercutan a los inquilinos los gastos de comunidad (la mayoría tienen jardín, piscina y conserje, lo que eleva el coste) hasta un máximo del 18% de la renta mensual del inmueble.

También precisa que se pueda repercutir el IBI mediante un prorrateo mensual, las tasas de basuras y “cualesquiera otras tasas municipales” con tal de liberar a las empresas de esos gastos.

La normativa prevé que las viviendas con una plaza de aparcamiento y un trastero puedan llegar a suponer un coste máximo del 50% del alquiler de la vivienda y en las segundas plazas de garaje hasta un 40%. Esto ya prevé la posibilidad de que dos plazas de garaje y un trastero puedan suponer un coste adicional de hasta el 90%.

Los abogados de UGT Vivienda, que se han implicado en la denuncia de los inquilinos del Plan Vive contra los cobros, están estudiando el impacto de esta medida tanto en los contratos vigentes como en los que puedan firmar futuros vecinos.

Además de esta concreción con respecto a los gastos anejos al alquiler, el decreto incluye otras medidas para la promoción de vivienda asequible. Entre ellas, la creación de un Fondo de Vivienda de Impacto Social de 400 millones de euros para financiar proyectos de vivienda social por parte de entidades sociales.

También prevé la creación de una línea de financiación de 2.000 millones para constructores de vivienda pública y prevé que toda vivienda pública estatal deba estar protegida para siempre.

Por último, prevé la absorción por parte de Casa 47 de viviendas de otros entes públicos, entre ellas las más de 4.000 viviendas que posee la Seguridad Social.

La situación de la vivienda en España exprime a los ciudadanos y preocupa a una mayoría. Según el CIS publicado este jueves, un 7,5% de españoles comparte piso con amigos o amigas u otras personas y, entre ellos, un 13% comparte su habitación con personas que no son su pareja.

Un 66,3% cuenta con una habitación para ellos solos y un 14% la comparte con su pareja. Un 10% vive además con sus hijos o los de su pareja y un 5% comparte la habitación con otras personas de su familia. Un 8% lo comparte con personas que no son familiares.

Aunque la situación de la vivienda perjudica a un 40% de los encuestados, preocupa bastante o muchoa un 85% de la ciudadanía.

Un 37% de los encuestados tiene intención de trasladarse a una vivienda independiente para dejar de compartir o independizarse. Pero un 85% alegan no haber podido abandonar el piso compartido o la vivienda familiar porque los alquileres o el precio de compra son demasiado elevados. Un 77% explicita que no tiene dinero para pagar la entrada de la compra de una vivienda.

Mientras son muchos los que descartan la compra o el alquiler por los elevados precios, muchos otros se han visto obligados a mudarse por no poder afrontar los costes. Así lo reconoce un 8% de los encuestados, que se han tenido que mudar por no poder pagar su vivienda. Son más, un 11,8%, quienes han tenido que volver con su familia o compartir piso por no poder pagarla. En total, un 19% de mudanzas forzosas por precios inasumibles. Un 14% se ha tenido que mudar lejos de su familia para poder pagar el alquiler o la hipoteca.

Además, un 10% se han sentido discriminados por su edad a la hora de buscar vivienda y a un 6% les ha pasado lo mismo por su nacionalidad u origen étnico. Un 8% ha recibido presiones para abandonar la vivienda y a un 14% les han subido el alquiler por encima de la inflación. Un 24% de los encuestados dice haber vivido en los últimos años en una vivienda con frío o calor extremos y un 10% reconoce haber sufrido prácticas ilegales de inmobiliarias o empresas de alquiler, como pagos o penalizaciones abusivas.

Un 32% de los españoles tiene perspectivas de heredar total o parcialmente una vivienda y un 18% espera poder comprarla, entre ellos un 36% solos y un 63% con su pareja o cualquier otra persona.

Tan solo un 22% tiene planeado comprar una vivienda protegida, mientras que un 50% de los encuestados lo descarta porque no hay suficiente oferta y un 58% porque no cumple los requisitos.

Entre las personas encuestadas, tan solo un 6% no paga nada por su vivienda. La franja mayoritaria gasta entre 700 y 1.000 euros por su hipoteca o alquiler, mientras que un 10% paga más, entre 1.000 y 2.000 euros. Un 12% paga entre 600 y 700 euros, un 13,7% dedica entre 500 y 600 y un 12,4% paga entre 400 y 500 euros. Un 10% se gasta entre 300 y 400 euros y un 8% menos de 300 euros.

Si tenemos en cuenta que el salario mediano es de 2.000 euros brutos al mes, unos 1.600 euros netos, y que la recomendación es no dedicar más de un 35% a la vivienda, tan solo un 36% dedica menos de 500 euros al mes al pago de la vivienda.

En plena precampaña de unas elecciones generales precipitadas por la crisis de vivienda, el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha publicado este jueves una encuesta sobre el principal problema para gran parte de la ciudadanía. En el estudio, basado en 6.000 entrevistas, se recoge un apoyo mayoritario a las medidas aprobadas en el decreto de vivienda. La encuesta se hizo antes del desahucio de Maricarmen y la acampada de Sol, entre el 22 y el 30 de junio.

Un 76% de los españoles se muestran favorables a que el estado intervenga en el mercado “tanto como sea necesario para garantizar el acceso de todos a la vivienda” y un 79% creen que la prioridad debe ser el derecho a la vivienda como derecho constitucional, por solo un 13,5% que cree que se debe garantizar como bien de mercado.

En cuanto a las medidas concretas del decreto de vivienda, un 70% defiende la congelación de los precios del alquiler durante dos años y un 76% la limitación de los pisos turísticos. Un 72% está a favor de subir impuestos a los propietarios de 10 o más viviendas y un 95% cree que hay que bajar impuestos a la compra de la primera vivienda.

La encuesta, sin embargo, no pregunta por los contratos temporales de alquiler y un posible cambio hacia prórrogas automáticas o contratos indefinidos o por el tope a los precios que ya aplican algunas Comunidades Autónomas.

Los encuestados ven con más recelo la expropiación, que no tiene un apoyo mayoritario. Tan solo un 40% defiende expropiar viviendas vacías y un 50% ve con buenos ojos expropiar suelo para construir vivienda pública. Ninguna de esas medidas está en los decretos de vivienda aprobados por el Gobierno el martes y en vigor desde este jueves.

En lo que sí que existe un gran consenso es en la necesidad de construir vivienda pública. Así, un 91% apoya esta medida y un 76% está de acuerdo con la creación de una empresa pública estatal de vivienda.

A un 86% de los españoles la situación de la vivienda le preocupa mucho o bastante, mientras que a un 41% le está perjudicando personalmente.

El decreto de vivienda aprobado el pasado martes por el Consejo de Ministros ha entrado en vigor este jueves, un día después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y justo pocas horas después de la muerte de Maricarmen, la persona que encendió a las calles y precipitó las medidas. Y cambia de un día para otro la situación de unos 5 millones de inquilinos bajo 1,8 millones de contratos que vencen antes del último día de 2028.

Todos ellos cuentan a partir de hoy y por lo menos durante un mes, hasta que se vote en la Diputación Permanente del Congreso, con la posibilidad de solicitar una prórroga de alquiler de dos años que impedirá que su casero le eche de casa para alquilarle a otra persona o bien le suba el precio. Es una prórroga extraordinaria casi idéntica a la que tumbó el Congreso en junio, pero esta vez está garantizado que durará más tiempo, porque en la Diputación Permanente el Gobierno no depende de Junts y el PNV ya ha anunciado que la apoyará.

Así pues, todos los inquilinos con contrato de alquiler en vigor que finalice antes del 31 de diciembre de 2028 podrán solicitar una prórroga de dos años que tendrá obligatorio cumplimiento. Los caseros, por tanto, no podrán subir el alquiler libremente con el cambio de contrato durante estos años a no ser que el inquilino decida irse. Dicha prórroga podrá quedar sin efecto si hay un acuerdo entre las partes para un nuevo contrato o el propietario o familiares necesitan la vivienda para residir. Si se aprobara la prórroga automática indefinida del otro decreto que no está vigente (y que el PNV no aprobará), esta quedará anulada.

Antes de que venzan estos contratos, los precios de alquiler tampoco pueden subir. Las novaciones anuales están congeladas en caso de que el piso esté a un precio por encima del que marca el índice de referencia y topadas a un máximo del 2% en los pisos que estén a un precio por debajo del índice.

Los inquilinos que tengan un contrato en vigor de temporada o de habitaciones, y sus caseros, también verán cómo su situación cambia. No se aplicará en el contrato actual, pero en el futuro, si quieren firmar un contrato de temporada se deberá acreditar con pruebas la temporalidad del inquilino. En caso contrario, el contrato será de vivienda habitual.

En cuanto al contrato de habitaciones, ya no será regido por el Código Civil, sino por la LAU, con la cual cosa tendrá el mismo tipo de protección que el inquilino de una vivienda entera. Principalmente, el tiempo, que será de 5 años como el resto de alquileres, pero también estará protegido de cláusulas abusivas como la de que el casero pueda entrar cuando quiera en la vivienda. En las Comunidades con precios topados,

Los inquilinos vulnerables que estén amenazados de desahucio por impago estarán más protegidos, pero también sus caseros. El nuevo escudo reitera la obligación de las administraciones autonómica y local de ofrecer alternativa residencial a las personas vulnerables amenazadas de desahucio. Si no lo hacen, deberán cubrir las deudas por impago del inquilino, que posteriormente abonará el Gobierno central.

Los inquilinos también estarán más protegidos de desahucios motivados por operaciones especulativas. Como se limita la compra de viviendas a un precio del 70% del valor de mercado o inferior por parte de empresas, se debe reducir de manera considerable la compraventa de casas con inquilino, que en ocasiones motivan estos desalojos forzosos para aumentar el lucro a corto plazo con alquileres más elevados o una venta rápida ya sin inquilino.

Otra cosa que puede mejorar para el inquilino es que, si quiere dejar el mercado del alquiler y comprar una vivienda, podrá pedir un préstamo mediante el programa Tu Casa de hasta 50.000 euros sin intereses al Gobierno, que a través del Instituto de Crédito Oficial se lo prestará con carencia de hasta 30 años mientras dure la hipoteca. Después, podrá abonar el importe durante 10 años a interés cero.

Después de 87 años en el más absoluto anonimato, Maria del Carmen Abascal, Maricarmen, ha muerto este jueves en el Hospital Gregorio Marañón convertida en un icono, tan solo dos semanas después de que agentes de la policía, por denuncia de la propietaria Urbagestión, la desahuciaran en camilla de la casa que alquilaba en el barrio del Retiro de Madrid. Después de meses de amenazas de desahucios que se cancelaron en dos ocasiones, esa imagen la acabó de convertir en un símbolo de resistencia que desembocó en una gran protesta por la vivienda en Madrid y en una histórica acampada en la Puerta del Sol que precipitó la aprobación un decreto de vivienda, primero, una anticipación de las elecciones tras el rechazo del Congreso, después, y finalmente una huelga general convocada para el próximo 11 de noviembre.

Se ejecutan miles de desahucios al mes en España, pero ninguno ha tenido tanto impacto como el de Maricarmen, que de la mano del Sindicato de Inquilinas defendió su hogar hasta el último día y defendió que de ahí no se marchaba. Con lengua afilada y un carisma único, recordaba en entrevista con elDiario.es una adolescencia feliz jugando a cartas con su hermano cuando llegó al piso en 1956, con solo 17 años de edad. La vivienda, con estucado color salmón en la pared, mantenía la esencia de hogar de toda la vida, y ella sonreía al recordar la figura del sereno, “no sé por qué lo quitaron” y una vida de barrio que sentía que se había perdido. “Que el Gobierno compre mi casa y la ponga en alquiler social cuando me muera”, sugería. Y el Gobierno llegó a intentarlo, pero no lo consiguió.

Funcionaria pública de carrera, ha vivido sus últimos días en el hospital mientras las calles se movilizaban para evitar más desahucios como el suyo, acampaban en la Puerta del Sol y el Gobierno reaccionaba con un decreto de vivienda con escudo antidesahucios y medidas para proteger al inquilino que, ante la negativa del Congreso, han precipitado la convocatoria de elecciones para el próximo 29 de noviembre.

El contrato de vivienda de Maricarmen lo firmó su padre porque, en aquella época, el franquismo impedía a las mujeres ser titulares de contrato de alquiler. Al fallecer el padre, la madre quedó como subrogada. Y al fallecer la madre en 2007, Maricarmen se quedó sola en el piso y se dio por hecho que seguía con el contrato de renta antigua que había firmado.

El particular entonces propietario de la vivienda le mantuvo las condiciones y, en 2018, vendió el piso a Renta Corporación, que le ofreció a Maricarmen comprarla por 250.000 euros. Posteriormente, se lo vendería a Urbagestión. Urbagestión, una “pyme buitre” según la definió la ministra de Vivienda Isabel Rodríguez, le ofreció un alquiler de 2.600 euros que ella, con una pensión de 1.400, no podía pagar. Y decidió quedarse sin dejar de pagar el alquiler.

Ese mismo año, Urbagestión inició el procedimiento judicial de desahucio, bajo el argumento de que el contrato de 2007 no era válido porque solo era posible una subrogación. Por ley, una segunda subrogación solo se puede dar con el 60% de discapacidad. Y Maricarmen tenía un 50%.

La jueza de primera instancia, Elena Cortina Blanco, le dio en 2022 la razón a Maricarmen en su defensa de que al mantener el alquiler desde 2007 se había aceptado tácitamente la subrogación. Pero la Audiencia Provincial, primero, y el Supremo, después, sentenciaron que no, que esa subrogación no era válida.

La primera vez que contó su historia lo hizo en abril de 2025, en una conversación en vídeo para elDiario.es con varias voces afectadas por el problema de la vivienda en España. “Yo soy la viejita del grupo”, decía con humor ante interlocutores más jóvenes. “Somos muchas personas las que estamos en esta situación”, lamentaba. “Por ese piso pueden sacar 800.000 euros y a nadie le amarga un dulce”, reconocía, y explicaba cómo el Sindicato de Inquilinas le estaba asesorando. “¿Qué puedo perder? Mala suerte, pero que no sea porque deje de luchar. Y yo pago la renta. Cada mes les hago una transferencia”, decía.

El 26 de octubre de 2025, a tres días de su primer intento de desahucio, una Maricarmen enérgica que caminaba sin problemas de un lado a otro, aseguraba, en entrevista con elDiario.es: “Si me van a cortar el cuello, será luchando”.

Un icono a los 87 años

Sin saberlo, estaba naciendo allí un símbolo de la resistencia y la lucha contra el desequilibrio de poder que existe entre los caseros y los inquilinos en España, que les ha llevado a pagar un 40% más en una década mientras los sueldos han subido la mitad.

Además, los contratos temporales de cinco o siete años (ampliados por el Gobierno en 2023) permiten al propietario echar a los inquilinos sin explicación cuando termina la relación contractual. Así, pueden convertir el siguiente contrato en un piso turístico, en un alquiler de temporada o simplemente subirlo lo que quieran. Los inquilinos, ni aun pagando la mitad del sueldo en el alquiler, como sucede de forma muy frecuente sobre todo en las grandes ciudades, pueden vivir tranquilos con respecto a mantener su hogar más allá de cinco años.

Pero Maricarmen decidió quedarse porque su identidad estaba arraigada a su hogar. Y decidió luchar. Le aplazaron el primer desahucio y, antes del segundo, de nuevo en entrevista con elDiario.es, ya se mostraba mucho más deteriorada. Caminaba con andador y lo achacaba a un proceso que le atormentaba ya desde hacía tres años. “Esta lucha me ha costado la salud, no puedo ni mantenerme en pie”.

Una gran movilización consiguió frenar también el segundo intento de desahucio el pasado mes de junio. Ni el Ayuntamiento, ni la Comunidad de Madrid le ofrecieron, como es su obligación, una alternativa habitacional estable, más allá de una plaza en una residencia de ancianos.

La ONU pidió parar el desahucio

Hasta la ONU pidió al Estado que impidiera el desahucio, mediante un comunicado del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En entrevista con este medio, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, dijo que harían “todo lo posible por evitarlo”.

Trataron de convencer a Urbagestión para comprarle la vivienda, pero no daban respuesta. Y llegó el día del desahucio, con miles de personas acampadas en la puerta de la casa de Maricarmen, con muebles agolpados frente a la puerta. “Te habla la policía. Ábrenos, anda, Maricarmen”, le dijeron los agentes. Y abrieron la puerta con una radial, echaron a tierra los muebles y enseres que la sostenían y la echaron de casa. Salió en una camilla de la ambulancia que llegó a asistirla.

De su casa la llevaron al hospital y, mientras llegaban centenares de ofertas al sindicato de inquilinas para ofrecerle una vivienda, ella tuvo que seguir postrada en una cama donde ya yacía casi sin fuerzas. Las suficientes como para grabar algún vídeo más, los primeros en pie, el último ya sin ser capaz de levantar el cuerpo de la cama, el último el 27 de septiembre. “Me gustaría estar allí con vosotros, acompañaros en la acampada, pero no tengo esa suerte. Pero os pido a todos valor, luchad, defended lo que es vuestro, tened cuidado, seguid acampados hasta que el cuerpo aguante”, dijo.

El Sindicato de Inquilinas bautizó el decreto de vivienda que exigía al Gobierno como 'decreto Maricarmen'. Al día siguiente, a través de una mediación del mismo alcalde de Madrid que nunca se mojó por el tema, Urbagestión reculó y aceptó poner un alquiler social a Maricarmen, que no superara el 30% de sus ingresos. Los días pasaban y, sin embargo, ella no estaba para recibir el alta y salir del hospital.

Empezó allí una campaña de los medios de derecha para desacreditar a la inquilina, entrevistando a sus vecinos y tratando de manchar su imagen. Pero, paralelamente, la vida política del país vivía su mayor sacudida en años. El Gobierno aceptó llevar la mayoría de reivindicaciones del Sindicato de Inquilinas a un decreto de vivienda partido en dos, con el primero ofreciendo mayor defensa antidesahucios y el segundo, más complicado de sacar adelante, planteando un cambio estructural en los contratos de alquiler para que pudieran renovarse automáticamente y volvieran a ser, a la práctica, indefinidos.

Desató una crisis política

El primer texto estaba negociado para obtener la mayoría en el Congreso, pero Junts cambió de opinión y votó en contra, precipitando una convocatoria de elecciones por parte de Pedro Sánchez. Este martes, sin embargo, el ejecutivo volvió a aprobar unos decretos casi idénticos, el primero de los cuales ya está en vigor. Los votará la Diputación Permanente, que hace la función del Congreso cuando las cortes están disueltas, y en la que el Gobierno no depende de Junts. Le aprobarán el primer decreto y las víctimas de desahucio estarán cubiertas por las administraciones en caso de impago, lo cual debe proteger a muchas Maricármenes. En cuanto a los contratos de alquiler, ganan oxígeno hasta 2028. Los contratos indefinidos tendrán que esperar, si algún día llegan.

Pero Maricarmen no podrá regresar a su casa tras la gran recogida de cable de Urbagestión después de su trato inhumano, seguramente gran responsable junto a la falta de respuestas de las administraciones y la justicia de su deterioro físico. La empresa podrá ahora hacer lo que quería: sacar lucro de esa vivienda. Las calles la llorarán y seguirán en guerra en una huelga general convocada para el próximo 11 de noviembre que tampoco existiría si ella no hubiera luchado.

Los nuevos decretos de vivienda aprobados este martes y publicados este miércoles en el Boletín Oficial del Estado respetan en lo esencial las medidas publicadas la pasada semana y tumbadas en el Congreso, con algunas novedades como las cuantías destinadas a préstamos para la compra de primera vivienda o una ampliación hasta 2030 de la prohibición de la compra especulativa. La Diputación Permanente será esta vez quien deba convalidar estos decretos tras la convocatoria de elecciones. Estas son las principales medidas:

Veto a la compra especulativa

El decreto amplía de 2028 a 2030 la prohibición de compra por parte de empresas de inmuebles por debajo del 70% de precio de mercado, pero amplía las excepciones a todos aquellos que lo dediquen al alquiler asequible o para personas vulnerables o en exclusión social. El nuevo artículo incluye la excepción a empresas que cumplan códigos de buenas prácticas, que en todo caso no podrán desahuciar a personas vulnerables en inmuebles de este tipo. El objetivo es que no se cierren compras de viviendas ocupadas o degradadas para obtener un lucro rápido y especulativo.

Escudo antidesahucios

La protección contra los desahucios se mantiene también como en el anterior decreto, con la excepción de que añade una obligación de las administraciones de cubrir las costas procesales. Los desahucios a personas vulnerables quedan suspendidos hasta 2030 si las administraciones no ofrecen alternativa residencial. Pero además, crea una forma de rescate estructural con la incorporación de una figura: la enervación extraordinaria. Esta consiste en que, en caso de que las administraciones no puedan ofrecer una alternativa de vivienda a las personas vulnerables en riesgo de desahucio, deberán cubrir el impago de la deuda del inquilino al propietario con tal de que, también, se suspenda el desahucio, siempre y cuando estos dueños sean particulares y no grandes tenedores. No prevalecerá la protección del desahucio a partir de 2030 cuando el propietario sea vulnerable o tenga solo dos viviendas o menos.

Prórroga extraordinaria

El decreto contempla que todos los contratos que venzan antes de diciembre de 2028 puedan solicitar una prórroga extraordinaria de su alquiler por dos años firmados año a año y sin subidas de precio más allá de la limitada por la congelación, a un máximo del 2%. Además, quedan amparados por este derecho aquellos que fueron solicitados durante la vigencia del anterior decreto, que decayó un mes después de su aprobación porque lo rechazó el Congreso.

Alquiler de habitaciones

El alquiler de habitaciones entra en la Ley de Arrendamientos Urbanos, que incluye “el arrendamiento parcial de una habitación o estancia de la vivienda” dentro del arrendamiento de vivienda habitual. Esto implicará que se deban aplicar los mismos tiempos y protecciones de contrato que el alquiler de vivienda, esto es, de cinco años en caso de que el propietario sea particular y siete una empresa. En mercados declarados tensionados, la suma de las rentas de las habitaciones no pueden superar el precio total de la vivienda marcado en el índice. Se fija un máximo de 30 días para el alquiler de viviendas turísticas. Se prevé que los alquileres de habitación de entidades del tercer sector puedan tener un tiempo de contrato vinculado al proyecto sin tener que cumplir con el tiempo de la LAU.

Vivienda temporal

Como el decreto anterior, el publicado este miércoles prevé que el alquiler temporal deba justificarse con pruebas para poder firmar un contrato de alquiler de temporada, que tendrá un mínimo de un mes y un máximo de doce. En caso de que no se demuestre esta temporalidad o de renovaciones de contrato que superen el tiempo límite de un año, el contrato se considerará de vivienda habitual con contrato de cinco años, siete si el propietario es una empresa.

Ayuda de compra a la vivienda

El nuevo decreto fija el presupuesto destinado al nuevo proyecto Tu Casa, que será de 10.000 millones. A un máximo de 50.000 euros de ayuda, limita los préstamos a un máximo de 200.000 ayudas. El comprador podrá pagar este préstamo cuando acabe de pagar la hipoteca, un máximo de 30 años después de recibir la ayuda, y lo hará a un 0% de interés. El objetivo es facilitar la compra de vivienda a personas y familias sin ahorros.

Deducciones de IRPF a caseros e inquilinos

Los inquilinos con una base imponible de su sueldo de hasta 33.000 euros, podrán deducirse hasta una mensualidad del alquiler en la declaración de la renta. En el caso de los propietarios, se bonifican hasta un 100% en quienes rebajen el precio del alquiler por debajo de un 5% del precio de mercado.

Congelación de alquileres

En su subida anual, los propietarios no podrán subir el alquiler si lo tienen a un precio superior al índice de mercado. Si el precio está por debajo de este índice, la subida máxima durante los próximos dos años será del 2%.

Prórrogas automáticas

El segundo decreto, que difícilmente sea aprobado por la Diputación Permanente ya que no cuenta con apoyo del PNV, prevé un cambio estructural en los contratos de alquiler. Cada vez que venza un contrato, se renovará automáticamente sin subida de precios más allá del IPC de manera indefinida. El propietario puede anular estas renovaciones si necesita el piso para él o para un familiar y si exige la salida del inquilino sin esta justificación, deberá indemnizarle. Lo hará abonando un valor de un año de alquiler o un mes por año de contrato si el contrato lleva en vigor más de doce años, o sea, con la mayor de estas dos cuantías según el índice de vivienda o, cuando no se pueda, según el precio del contrato en vigor.