Por qué la crisis de la vivienda se cobra vidas: “Para pagar nos quitamos medicinas o apagamos la calefacción”

“Maricarmen no ha muerto, la han asesinado”, fue uno de los gritos de los manifestantes por el derecho a la vivienda tras el fallecimiento de Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años que fue desahuciada de su vivienda en Madrid y falleció días después en el hospital. Con esta consigna los manifestantes responsabilizaban a los fondos inmobiliarios y denunciaban que el proceso para sacarla de su casa, que se prolongó durante años, había deteriorado su salud. El suyo es el más conocido, pero hay más casos en los que la pérdida de la vivienda se ha vinculado con un deterioro de la salud e incluso con suicidios.

Olga Matute, una vecina de L'Hospitalet de Llobregat, se quitó la vida el pasado 7 de septiembre, casi cinco meses después de ser expulsada de su hogar. Su caso recuerda a otros episodios ocurridos en España: en 2010, otro vecino de esa misma zona se suicidó tras ser desalojado de su piso; en 2013, un matrimonio se quitó la vida antes de quedarse sin casa en Mallorca; y en 2018, 2021 y 2022 se registraron otros cuatro casos, uno en Cornellá, otro en Barcelona y el de dos hermanas en Cantabria. 

Más allá de los casos particulares, los datos avalan esta relación entre las dificultades para acceder a la vivienda y el deterioro del bienestar psicológico. La incidencia de problemas de salud mental se duplica entre quienes destinan más del 50% de sus ingresos a viviendas frente a quienes dedican menos del 30%, según el estudio Habitar la incertidumbre. Vivienda, juventud y malestar estructural elaborado por Oxfam Intermón.

El impacto psicológico estuvo presente en el primer día de la acampada en la Puerta del Sol. Coincidiendo con el mes dedicado a la prevención del suicidio, una marea de camisetas amarillas –el color asociado a la prevención del suicidio– se acercó para concienciar y visibilizar esta problemática.

“Una crisis de salud pública”

“Supone perder la estabilidad y la sensación de control. Genera sentimientos de miedo, angustia, impotencia e incluso culpa o fracaso personal”, relata la Sociedad Española de Epidemiología (SEE) sobre el problema de la vivienda y tilda la situación como una “crisis de salud pública”. 

Aunque la relación de esta problemática es más evidente con la salud mental, “eso no significa que los efectos sobre la salud física sean menos importantes”. La salud colectiva, según la sociedad científica, no puede entenderse únicamente como una cuestión de asistencia sanitaria, también hay otra serie de factores socioeconómicos que influyen: “Cuando los costes de la vivienda representan una proporción elevada de los ingresos, pueden comprometer otras necesidades básicas y aumentar la inseguridad residencial”.

La propia ministra de Sanidad, Mónica García, ha relacionado las crisis de vivienda con la salud: “Las personas enferman por las condiciones de vida. Y lo hemos visto de manera dramática con el caso de Maricarmen y lo vimos también con el caso de Olga”. “El 40% de las familias describe el acceso a la vivienda en términos patológicos: ansiedad, insomnio, depresión, incertidumbre. No hay nada más patológico que no saber dónde vas a vivir”, añadió.

Guillermo Fouce, doctor en psicología y presidente de la Fundación Psicólogos sin Fronteras, comparte la idea de crisis de salud pública, puesto que el conflicto habitacional afecta los tres ejes principales de la salud “la física, la psicológica y la social”.

Sintetiza con las experiencias personales: “Lo que hace la gente para cuadrar cuentas, poder pagar el alquiler y no ser desahuciado es quitarse cosas. A veces nos quitamos medicaciones, comidas que son básicas, no podemos poner la calefacción o no tener gas o luz”.

El psicólogo insiste en que esto “tiene efectos en nuestro cuerpo”: “Imagina cómo tener una buena higiene sin tener agua caliente o no tener dinero para comprar esa alimentación equilibrada”, incluso afecta a los espacios de socialización: “Solemos sentir vergüenza y no salimos fuera, ni invitamos a nadie a nuestra casa”.

La Sociedad Española de Epidemiología advierte de que las enfermedades físicas pueden “desarrollarse o agravarse a lo largo del tiempo”. En la misma línea, la Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) lo alertaba en nota de prensa tras el desahucio de Maricarmen: “Es un golpe devastador para la salud y el equilibrio emocional”.

La precariedad también puede complicar el seguimiento de enfermedades crónicas, según la SEE: “La inestabilidad dificultad el seguimiento de tratamientos y la continuidad asistencial”. Cuando la principal preocupación es resolver la situación habitacional, algunas personas relegan su propia salud y retrasan las visitas médicas, prosigue.

“Pierdes las referencias de toda una vida”

La crisis de la vivienda es “un problema generalizado en el que encuentras todo tipo de perfiles”, relata Fouce. Sin embargo, “hay vulnerabilidades que suman”, y especifica que los problemas de pobreza, de consumo o violencias son “piedras que se van echando a la mochila y complican la situación”.

La edad y el grado de dependencia son otros factores a tener en cuenta, sobre todo para personas que llevan décadas viviendo en el mismo entorno. La Plataforma de Mayores y Pensionistas calificó su desahucio como un “fracaso inaceptable” y su presidente, Jesús Norberto Fernández, pone sobre la mesa los datos de este colectivo vulnerable: “Actualmente hay 700.000 personas mayores de alquiler, hay mucha gente mayor que está amenazada con esta situación”.

La plataforma rechaza la solución que se le planteó a la mujer. “Con esta edad es lo peor que te puede ocurrir. A árbol viejo no se le puede trasplantar, porque se muere”, afirma Fernández, que alude al síndrome del desarraigo: “Pierdes todas las referencias de toda una vida de buenas a primeras”.

El presidente de la plataforma defiende que la residencia de ancianos debe ser una alternativa para quien lo desee, pero en todo caso, una decisión libre e informada, de lo contrario es “un internamiento involuntario”. Insiste en que “si una persona mayor no pide una residencia, no puedes dar esa solución”, y debe haber “un proceso de acompañamiento, de apoyo y de estudio en cada caso”.

Unas semanas antes del desahucio de Maricarmen, el Senado aprobaba de forma definitiva la reforma de la ley de dependencia, que vela por qué los cuidados se produzcan en casa. La PMP tilda de “incoherente” que ambas situaciones converjan, aunque el presidente entiende que hasta que la ley comience a aplicarse en las comunidades autónomas tomará su tiempo: “Con independencia de la reforma, hay suficiente amarre en nuestra Constitución para que estas situaciones no se den. Obviamente el tema de la discapacidad y de la dependencia es una agravante que debe ser valorado en cada caso”.

Desde “colectivizar el dolor” a “salud en todas las políticas”

Las respuestas a la problemática habitacional requieren de la actuación de distintas áreas, desde el acompañamiento a las personas afectadas hasta las políticas públicas que permitan reducir la incertidumbre.

Desde la perspectiva psicológica, Fouce señala que la intervención “depende en qué momento se llegue”. Si las dificultades son incipientes, los expertos tratan de ayudar en “marcar objetivos, planificar salidas o buscar fuentes de ingresos”, mientras acompañan “en el sufrimiento”. El psicólogo insiste en “colectivizar el dolor” para afrontar la “vergüenza y culpa”: “Ayudar a la persona para que vea, siente y piense que no es solo a él al que le ha pasado, sino que le pasa a más gente y no depende solo de uno mismo”.

Más allá de la intervención individual, la Sociedad Española de Epidemiología destaca “la necesidad de ampliar el parque público de la vivienda social y asequible”. También considera “fundamental” avanzar en el enfoque de 'Salud en Todas las Políticas', que permitiría incorporar evaluaciones del impacto en salud en las principales decisiones de vivienda.

La Plataforma de Mayores y Pensionistas reclama que los servicios sociales municipales y autonómicos “velen por la atención a las personas vulnerables” y puedan “articular una solución lo más adecuada posible o la carta, teniendo en cuenta todas las variables que rodean a la persona vulnerable”.