Más de treinta educadoras infantiles están sentadas en círculo en un aula. Visten de amarillo, el color que ha teñido las movilizaciones con las que estas profesionales están reclamando unas condiciones más dignas para ejercer su labor. Llevan un mes en huelga indefinida y este fin de semana se han encerrado en una escuela de Rivas-Vaciamadrid para hacerse escuchar.

“Llevamos muchos años con muchas luchas pequeñitas y, como las pequeñitas no han dado resultado, nos hemos tirado a la piscina”, explica Lucía Martínez, miembro de la Plataforma Laboral Escuelas Infantiles y una de las organizadoras de este encierro. Entre sus principales demandas, destaca la reducción del número de niños y niñas que atienden en cada aula: “No podemos trabajar con las ratios que manejamos. Cualquier persona que ha tenido un hijo o una hija y ha pasado por tener un bebé en brazos sabe que es imposible tener más de uno, más de dos ni más de tres”.

Otra reivindicación que defiende es que haya dos profesionales por aula, lo que se conoce como pareja educativa. “Es una herramienta pedagógica muy potente en estas edades para tener dos visiones, dos modelos a los que mirar, y asegurar la vinculación de todas las criaturas”, expone esta profesional. También pide una subida “urgente” de sus sueldos: “Muchas compañeras están cobrando el salario mínimo interprofesional, que no es acorde ni a la categoría profesional ni a la responsabilidad que tenemos”.

Las educadoras iniciaron su encierro en la escuela infantil Platero este viernes por la tarde, una vez se había vaciado de niños y niñas. Más de treinta profesionales de la enseñanza de 0 a 3 años de distintos centros madrileños se reunieron en asamblea en una de las aulas y empezaron a organizarse. Hablaron de cómo confeccionar carteles, de en qué ámbito centrar sus reivindicaciones, de cómo se iban a administrar para comer… Y se repartieron en turnos con el objetivo de alargar el encierro durante todo el fin de semana.

“Estamos haciendo una red preciosa. Hemos tejido una red de lazos amarillos en la que hemos conocido a muchísimas compañeras que quieren participar. Está muy activo el equipo”, valora Martínez. “No esperábamos tanta respuesta. Sabíamos que la gente estaba cansada, que necesitaba un revulsivo, pero no esperábamos que desde el primer día hubiera un ‘Ya está bien, estamos cansadas y, para lo que cobramos, si un mes no cobramos, pues ya veremos’”, destaca sobre el seguimiento que ha logrado la huelga a lo largo del último mes.

La respuesta que han encontrado por parte de las administraciones es desigual. En el caso del Gobierno estatal, la activista pone en valor la disposición al diálogo que les han mostrado: “El primer día que nos concentramos en la puerta del Ministerio de Educación, bajaron a buscarnos para que subiéramos a hablar”. Desde entonces han mantenido tres reuniones, en las que reconocen avances: “Nos han dado un par de herramientas que creen que pueden ser los caminos para trabajar en una parte de las reivindicaciones que tiene que ver con las competencias del Ministerio, que son las ratios y las horas no lectivas”. No han encontrado la misma mano tendida en la Comunidad de Madrid: denuncian que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, con amplias competencias en el ámbito de la educación, no les ha recibido desde que empezaron la huelga.

En cuanto a los ayuntamientos, también hay respuestas desiguales. Mientras lamentan que el de la capital no ha tenido ningún acercamiento con ellas, en el caso de Rivas hay mayor sintonía. Su alcaldesa, Aída Castillejo (IU-Más Madrid-Verdes Equo), acudió este viernes a la escuela Platero a mostrar su apoyo a las trabajadoras movilizadas y se puso la camiseta amarilla de sus reivindicaciones.

“Las educadoras de 0-3 están pidiendo dignificar esta etapa, que a veces se considera solo de cuidados, como la etapa educativa fundamental que es”, valora Castillejo en declaraciones a elDiario.es. “Eso pasa por la mejora de las condiciones laborales de sus profesionales, pero en base a eso también solicitan una bajada de ratios que a quien primero beneficia es a los niños y a las niñas”, defiende la alcaldesa de este municipio de 100.000 habitantes, y traslada “la felicitación y el abrazo colectivo de esta ciudad a las educadoras, nuestro apoyo y nuestro acompañamiento” a una lucha que considera que es “muy difícil sostener” durante tanto tiempo.

Casi todas las profesionales que están participando en este encierro son mujeres, de diferentes edades. Una de ellas, Miriam, ve relación entre el género mayoritario en el sector y los salarios que reciben. “En las etapas en las que menos hombres hay, peores condiciones tenemos. Según van apareciendo hombres en el momento educativo… Vas a primaria y hay un salto en las condiciones, en el dinero y en todo. Vas a secundaria, donde ya hay muchos más hombres, y hay otro valor”, denuncia.

Miriam, que lleva un mes participando en la huelga, defiende que la educación infantil es un “pilar” en el que los niños y niñas adquieren “autonomía y valores” y “aprenden a ser ellos, a ser ellas, a identificar emociones y a ser adultos funcionales”. Por eso pide a la consejera madrileña de Educación, Mercedes Zarzalejo, que les escuche y “entienda el valor de esta etapa educativa”. “Hemos estudiado y seguimos formándonos. Estamos dando unos cuidados profesionalizados. Hay gente que dice ‘es que solo cuidáis’, pero cuidar es de lo más importante que le puedes regalar a una persona”, reivindica.

Esta maestra reconoce que la huelga está teniendo un impacto sobre los niños y niñas, a quienes tienen que reagrupar para que los atiendan las profesionales en servicios mínimos. “Están desconcertados, están sufriendo mucho y a nosotras nos da mucha pena, y creo que también hemos tardado tantos años en ponernos en una huelga así, aparte de porque es muy difícil de sostener, porque precisamente nos da pena. Pero tenemos que luchar y nos repetimos todos los días que es por su futuro y por su bienestar”, traslada.

Entre las familias hay quienes comparten que esta movilización es en beneficio de sus hijos e hijas y quienes no lo ven así. “Encontramos a familias muy implicadas, que entienden nuestra lucha y la apoyan de muchas maneras: nos hacen camisetas, nos mandan mensajes incluso en los pañales que nos traen de cada peque”, agradece Miriam. “Otras no terminan de entender esta lucha y nos llegan a decir que los niños del presente no tienen que sufrir para que los niños del futuro estén mejor. Frases que realmente nos duelen porque si estamos luchando precisamente es por ellos y por ellas, para que cuando se incorporen el 1 de septiembre tengan unos brazos que les acojan”, defiende desde el pasillo de la escuela infantil Platero.

Un rato después de comenzar el encierro, algunas de las trabajadoras leyeron ante sus compañeras un manifiesto en el que proclamaban: “Sin nosotras no hay educación infantil y sin educación infantil no hay futuro”. Un futuro que por el momento sitúan en permanecer en esta escuela durante todo el fin de semana y en continuar con su movilización más allá: “Seguiremos organizándonos, saliendo a las calles y alzando la voz todas las veces que haga falta hasta que se nos escuche de verdad. Lo que defendemos no es solo nuestro trabajo, es el futuro de la infancia y de toda la sociedad. Porque educar también es luchar, porque cuidar también es resistir”.

La escuela pública está en la calle. Una marea amarilla y verde de docentes, estudiantes y familias ha salido este domingo a recorrer el centro de Madrid bajo el lema “Salvemos la educación pública”. Miles de personas han acudido a una manifestación convocada por la red de asambleas de docentes Menos Lectivas y los sindicatos CGT y CNT, con el apoyo de otras organizaciones como la coordinadora de las plataformas por las universidades públicas o el Sindicato de Estudiantes.

“La educación no se vende, la educación se defiende”, ha proclamado una de las portavoces de la marcha en su arranque. “Basta ya”, ha exigido para dar comienzo a una protesta que ha partido de Atocha a mediodía para marchar por el Paseo del Prado y la calle Alcalá, entre gritos como “Dignificación de la educación”, “Ayuso, escucha, la pública está en lucha” o “Con esta ratio no entramos ni en el patio”.

“No estamos atendiendo bien a los niños porque no hay recursos suficientes”, lamenta una profesional de atención temprana en la cabecera de la manifestación. Vestida con la camiseta amarilla de la movilización de las educadoras infantiles y la sudadera verde de la escuela pública, esta trabajadora que atiende a niños y niñas con discapacidad pide una “bajada de ratios” que permita atender adecuadamente las necesidades tempranas.

Bea, orientadora en un instituto de secundaria, ha acudido a la marcha con su hija de tres años. Lo ha hecho porque le parece necesario “dotar de más recursos a los centros de todos los niveles y mejorar las condiciones laborales”. También pide una “bajada de ratios” y que haya “más orientadores por centro”. 

Los convocantes de la marcha protestan “contra los recortes, la privatización y la asfixia que desde hace años sufre la educación madrileña”. Denuncian que el “abandono institucional” y la falta de recursos están “desmantelando el sistema público”. Y cuestionan “los bajos salarios, las largas jornadas y las elevadas ratios de 0-3 a secundaria”, además de la “invisibilización de las trabajadoras” y la “degradación y represión en las universidades”, entre otros motivos para manifestarse.

Las organizaciones alertan frente a la “tendencia” de “recortar lo público para abrir paso a lo privado”. “Cada año aumenta la financiación de la educación privada y concertada por diversas vías mientras se cierran grupos en educación 0-3 y obligatoria o asignaturas en la universidad”, lamentan.

La atención a las necesidades educativas especiales es una de las demandas que han protagonizado la manifestación. “Educación especial digna ya: más recursos y menos barreras”, ha proclamado una de las portavoces cuando la marcha ha pasado por la sede del Ministerio de Educación, donde han parado y han protagonizado una pitada. “No pedimos privilegios, pedimos lo básico”, ha defendido.

Uno de los bloques que participan en la protesta es el de las familias de alumnado con TEA. “Autistas, familias y profesionales unidos por una educación inclusiva: lo llaman inclusión y no lo es”, reza su pancarta. Junto a ella marcha Rebeca, que ha acudido “para exigir más recursos” que permitan “acabar con la segregación en la educación especial”. Denuncia un sistema “colapsado, que no beneficia ni al alumnado ordinario ni al especial”.

A lo largo del recorrido han marchado personas diversas, de todas las edades, entre pancartas con lemas como “la educación especial existe”, “gastos militares para escuelas y universidades”, “la pública feminista y antirracista” o “Amar España es cuidar lo público. Lo otro, postureo”. La enseñanza superior también forma parte de la movilización. Alejandro, estudiante de ingeniería electrónica de 21 años, protesta por el “claro descenso a los abismos” que ve en la universidad pública. “La derecha busca hundir los servicios públicos a costa del derecho del ciudadano a estudiar”, acusa. A este joven le gustaría dedicarse a la investigación, pero ve un “futuro difícil para la ciencia en Madrid”.

Junto a él, Julia, que también tiene 21 años y es estudiante de Matemáticas, denuncia que en algunos centros el alumnado tiene que comprar su propio material de laboratorio. “He estudiado toda mi vida en la escuela pública y sin ella no me habría podido permitir una educación”, defiende. Recuerda los barracones en los que tuvo que estudiar en la ESO, en los que a veces “la gente se desmayaba” por el calor.

Los promotores de la marcha denuncian la “falta de financiación” de las universidades por parte de la Comunidad de Madrid, así como “el auge de las políticas represivas y la tentativa de aprobación de la LESUC”, la ley de universidades que promovió el anterior consejero de Educación, Emilio Viciana, y que quedó en un cajón ante el rechazo que provocó en el sector.

El pasado febrero, Isabel Díaz Ayuso cesó a Viciana, lo que provocó una crisis sin precedentes en las filas del PP madrileño que incluyó la dimisión de tres de sus diputados. Pocas semanas después, la presidenta y su nueva consejera, Mercedes Zarzalejo, firmaron un acuerdo con los rectores de las seis universidades públicas de la Comunidad para aumentar sus recursos económicos. Los convocantes de la manifestación lo consideran insuficiente: “Nos dejaría en una situación de precariedad e infrafinanciación muy parecida a la actual”.

La protesta se suma a otras movilizaciones que la comunidad educativa está protagonizando en Madrid. Las profesoras de las escuelas infantiles llevan ya 12 días en huelga indefinida y este jueves se concentraron en la plaza de Callao. El paro, promovido por la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles (PLEI), reclama mejoras como reducir el número de niños y niñas por aula, equiparar sus sueldos a los del segundo ciclo de educación infantil y que la etapa de 0 a 3 años sea gratuita y de calidad.

La manifestación ha concluido en la Puerta del Sol, frente a la sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid. Ahí, las portavoces han defendido que “la educación no es un negocio, es un derecho”. Han criticado que “se han firmado acuerdos y convenios de miseria”, que no tienen en cuenta las necesidades de la comunidad educativa.

Las promotoras de la protesta han reivindicado ahí el poder del movimiento social educativo. “Nuestra respuesta no ha sido amedrentarnos, no ha sido quedarnos calladas frente a los ataques a la educación pública. Hoy salimos a las calles con más fuerza si cabe, juntas, organizadas”, han defendido. Y, a escasos metros del despacho de Isabel Díaz Ayuso, la máxima responsable de las políticas educativas en la comunidad, han advertido: “Es el momento de redoblar nuestros esfuerzos e ir a por una huelga general educativa que lo pare todo”.

Entras a la consulta de tu psicóloga. Le cuentas algunos de tus secretos más íntimos. Habláis de tus problemas, probablemente lloras con ella. Puede ser una de las personas que mejor te conocen. Pero sales del despacho una hora después y, hasta la siguiente cita, es alguien que no está en tu vida. No te vas de cañas con ella, no te llama para contarte lo que ha hecho el fin de semana. No es tu amiga.

La relación entre una persona y su terapeuta puede llegar a ser muy estrecha dentro de la consulta, pero suele estar lejos de la amistad. Hay un porqué. “Los límites son importantes en la relación terapéutica”, afirma Paula, psicóloga especializada en perspectiva feminista y diversidad sexual y de género. “No puede haber una relación personal entre terapeuta y consultante porque interfiere en el proceso terapéutico. Parte de por qué funciona tiene que ver con que ese espacio es ajeno al resto de ámbitos de la vida de la persona”, explica esta profesional que trabaja en Madrid.

En su experiencia, es habitual que los pacientes lleguen a consulta con cierta vergüenza, y esta emoción “se mueve mucho a lo largo de todo el proceso, porque en él vamos desvelando una parte de la persona que está oculta para sí”. Por eso, “poder en ese espacio hablar de lo más íntimo requiere de ese anonimato, de crear un espacio ajeno al resto de la vida en el que la persona puede quitarse la máscara”. No solo considera que no se pueden dar relaciones de amistad: dice que incluso coincidir con tu terapeuta en entornos sociales, como por ejemplo tomar algo en un bar porque tenéis un conocido en común, puede ser negativo para el proceso terapéutico. “Ni espacios informales, ni de ocio, ni personales, ni mucho menos relaciones sexoafectivas”, defiende esta psicóloga, aunque matiza: “Hay personas que necesitan más distancia y personas que pueden manejar sin mucho malestar y sin que interfiera mucho en el proceso terapéutico una mayor cercanía, pero hablo de coincidir en un espacio o tener una persona en común, nunca de relaciones personales como tal”.

Maitane Llanos, psicóloga en Bilbao, tiene una visión similar. Sitúa el vínculo entre terapeuta y paciente en lo que en la profesión denominan “encuadre”, que define como “todo aquello que se va a mantener dentro de la terapia y no va a salir de ahí”. Incluye en él los roles que mantienen una persona y la otra, pero también el espacio físico y el objetivo de la consulta: “Tú vas a tratar ciertos temas personales y, si empiezas a hablar de otros que no tienen que ver, se diluye esa relación”, explica. Para ella, ni siquiera después de que haya acabado un proceso terapéutico es buena idea desarrollar una amistad con un antiguo paciente porque sería una relación desigual: “Una vez terminadas las sesiones, te lo puedes encontrar en la calle y hablar cinco minutos, pero mantener una amistad no lo veo posible. Como terapeuta tienes que gestionar muchas situaciones muy delicadas para la otra persona, y eso te pone en una posición de poder frente a la de la paciente, que es de vulnerabilidad”.

Aunque se evite generar una relación personal, a veces pueden surgir encuentros inesperados entre psicólogo y paciente. ¿Qué se puede hacer en esos casos? “Si coincido fuera del espacio terapéutico, en un entorno social, hay veces que me voy. Entiendo que soy yo la que tiene que retirarse porque como profesional tengo una responsabilidad de salvaguardar esa relación”, cuenta Paula. Pero añade que depende del contexto: en espacios más grandes en los que no tiene por qué haber interacción entre las dos personas, como una manifestación o la presentación de un libro, sí pueden coincidir. Para ella, en cualquier caso, cuando se dan ese tipo de contactos también es importante hablarlo después en consulta “para que, si se le ha movido algo a la persona, se pueda traer al espacio terapéutico y limpiar el vínculo”.

Si coincido fuera del espacio terapéutico, en un entorno social, hay veces que me voy. Entiendo que soy yo la que tiene que retirarse porque como profesional tengo una responsabilidad de salvaguardar esa relación

Maitane Llanos — psicóloga en Bilbao

Maitane Llanos explica que, cuando se encuentra con un paciente en un entorno social, espera a que sea él quien decida si quiere saludarla o no, ya que “no sabes si esa persona quiere que se sepa que va a terapia o no”. “Si decide no hacerlo, sigues con lo tuyo y no pasa nada. Y si se acerca y se pone a hablar contigo como si fuera una sesión de terapia, es importante decirle: ‘oye, podemos hablar esto el próximo día’. La gente lo suele entender bastante bien”, asegura.

Ella ha llegado a abandonar una discoteca por coincidir con un paciente: “Entendí que el espacio de fiesta igual no es el adecuado para que te vean a ti siendo la psicóloga”. En otra ocasión, se encontró en una cena a una persona teniendo una discusión con su pareja: “En ese momento decidí no saludar, irme directamente y luego comprobar si en la siguiente sesión quiso contarme esa situación o no”. Aunque se ha marchado de espacios por este motivo, esta psicóloga de Bizkaia también reflexiona sobre el derecho de los profesionales a estar en determinados espacios en su tiempo de ocio personal: “Si has pagado por estar en una piscina porque te gusta entrenar y te encuentras a un paciente, tampoco es justo para ti tener que irte de ese espacio”, ejemplifica. Señala que “te mueves en una línea muy delicada que es muy fácil traspasar, pero en todo momento tienes que tener en cuenta qué ocurre si te quedas, qué ocurre si te vas y en qué momento dejas de ser psicóloga y empiezas a ser persona”.

Cuando el psicólogo se convierte en tu amigo

En ocasiones, aunque alguien sea consciente de que la distancia con su psicóloga es necesaria, en algunos momentos puede echar en falta más cercanía fuera de la consulta. Marta, de 34 años, estuvo cuatro en terapia con una profesional a la que describe como “muy cercana y cariñosa” dentro del despacho. Tiempo después de recibir el alta, se acordó de ella y decidió escribirle un email para felicitarle las navidades, agradecerle su trabajo y transmitirle buenos deseos. La profesional nunca le contestó. “Puede ser que no me respondiera porque no lo viera, pero yo lo interpreté como su manera de marcar distancia”, recuerda.

“A veces es difícil ubicar cómo alguien que para ti es tan importante, que sabe tanto de ti, incluso cosas sobre las que no te abres con nadie, no es una persona que forme parte de tu vida más allá de las sesiones. Cuesta procesarlo”, reflexiona Marta. Pero también concede que “tal vez sea lo mejor para no generar confusiones ni abrir una conversación que no sabes dónde te va a llevar”.

A veces es difícil ubicar cómo alguien que para ti es tan importante, que sabe tanto de ti, incluso cosas sobre las que no te abres con nadie, no es una persona que forme parte de tu vida más allá de las sesiones

Marta — paciente

También hay quienes directamente mantienen una relación menos ortodoxa con sus terapeutas. Lola tiene 38 años y ha pasado por diferentes profesionales de la psicología en distintos momentos de su vida. Con el actual, que la atiende desde hace cuatro años, ha desarrollado una amistad. “Desde el principio me gustó mucho que era una relación muy distinta a la que yo había tenido con los otros psicólogos, era mucho más cercano. Es de mi edad y por eso había muchas cosas que no le tenía que explicar. Teníamos mucho colegueo, dentro de que las sesiones eran bastante profesionales”, relata. Ella es artista y en un momento dado decidió invitar a su terapeuta a una exposición para la que él le había apoyado. Desde entonces han seguido viéndose fuera de la consulta de vez en cuando.

Lola sostiene que ese vínculo no es un obstáculo para su proceso terapéutico, sino que incluso lo favorece: “A la hora de abrirme y contar ciertas cosas, saber que tengo delante a la persona que tengo me lo facilita. Es como si, con mi mejor amigo, de repente sé que los consejos que me da son buenos porque me los está dando mi psicólogo”. También valora que, con la confianza que tienen, aunque le esté contando un suceso traumático lo puede hacer “casi de risas”. “No es como ir a terapia y que la propia terapia sea un drama: es un momento superagradable con un colega”, comparte.

Entre ellos hablan de la peculiaridad de su relación. “Su opinión es que cada persona necesita un tipo de terapia distinta. A algunas les viene mejor un trato más aséptico y otras, como yo, necesitamos un entorno seguro de cariño y comprensión y saber que es una persona muy compatible contigo”, traslada Lola. Dice que también bromean sobre su relación y con la posibilidad de irse de cañas juntos tranquilamente en el futuro.

Desde el principio me gustó mucho que era una relación muy distinta a la que yo había tenido con los otros psicólogos, era mucho más cercano. Es de mi edad y por eso había muchas cosas que no le tenía que explicar. Teníamos mucho colegueo, dentro de que las sesiones eran bastante profesionales

Lola — paciente

Este tipo de vínculos desafían los límites de la ética profesional. Francisco Conesa, miembro de la Comisión Deontológica del Colegio Oficial de Psicología de la Comunitat Valenciana, explica: “Todos los psicólogos y psicólogas estamos sujetos a unas normas de conducta profesional, que marca el código deontológico. Hay muchos matices, pero en líneas generales viene a decir que no nos tenemos que prestar a situaciones o roles que puedan confundir al paciente. Ahí es donde podría caber el establecimiento de algún tipo de relación personal más allá de la terapéutica”. Entre los motivos está la “relación asimétrica” que se da entre las dos personas: “Como terapeutas partimos de una situación de superioridad, porque una persona busca nuestros conocimientos, busca un experto. No es una relación de igual a igual”, como deberían ser las amistades o las relaciones de pareja o sexuales, precisa.

Conesa añade que los profesionales cuentan con información que han recibido en terapia que podrían utilizar después en el contexto personal. Apunta que, cuando el psicólogo permite que se desarrolle una amistad, “antepone una especie de necesidad personal suya a los intereses de la relación terapéutica”, aunque reconoce que “a veces es muy difusa la línea entre lo que es estrictamente terapéutico y lo que puede ir más allá”. Según explica, es el profesional quien tiene la responsabilidad de detectar las señales de alerta de que la relación se está saliendo del marco terapéutico y poner límites: “Aclarar cuál es el papel del terapeuta, en qué consiste la relación y en qué contexto y espacio se da, o bien dar por finalizadas las sesiones y dar traslado a otro profesional porque ya se ha contaminado la relación terapéutica”.

Tener una amiga en común con tu terapeuta

Aunque no se desarrolle una amistad, hay otras situaciones que también pueden desafiar los límites de la relación terapéutica. Alba, de 33 años, ha pasado por terapia en diferentes momentos de su vida. La última vez que lo necesitó, le pidió a una de sus mejores amigas, que es psicóloga, que le recomendase a alguien. Ella le dio el nombre de otra profesional con la que ha trabajado y Alba se puso en sus manos. Pero saber que tienen una tercera persona en común le cohíbe a veces a la hora de hablar en consulta. “Aunque soy muy consciente de que las dos son muy profesionales y de que lo que yo diga jamás va a salir de terapia, y aunque no suelo hablar mucho de mi amiga, cuando alguna vez ha salido, inconscientemente soy más comedida. Me sale un: ‘uy, que estás hablando de ella, un poco de alerta’”, reconoce. Cree que, si tuviera que hablar más de ella en terapia, le afectaría.

Para la psicóloga Paula, que haya una persona conocida en común entre terapeuta y paciente puede ser un problema o no según el caso. “Depende de la relación terapéutica y de lo que se le mueva a la persona consultante. Hay quienes te pueden decir ‘yo estoy bien con esto’ y hay a quienes les cuesta más la confianza. También depende del momento del proceso terapéutico: no es lo mismo cuando se está iniciando y el vínculo todavía no está construido que cuando llevas ya un proceso largo y hay un vínculo fuerte”, reflexiona. Pone en valor la importancia de asegurar la confidencialidad para que la persona tenga la tranquilidad de que el espacio terapéutico es seguro para ella. Y cuando no lo sea, recomienda derivarla a otro profesional.

Como terapeutas partimos de una situación de superioridad, porque una persona busca nuestros conocimientos, busca un experto. No es una relación de igual a igual

Francisco Conesa — miembro de la Comisión Deontológica del Colegio Oficial de Psicología de la Comunitat Valenciana

Otro límite que se da en la relación terapéutica tiene que ver con cuánto revelan los psicólogos sobre sí mismos. Carlos, un joven de 32 años que ha pasado por dos terapias diferentes a lo largo de su vida, experimentó en la primera de ellas las implicaciones que puede tener esa frontera. Cree que, durante los primeros años, la profesional que le atendió le ayudó mucho a trabajar su ansiedad. Pero, a medida que cogieron confianza, la psicóloga empezó a introducir en la terapia ejemplos sobre su propia vida e incluso a manifestar sus posiciones ideológicas: “Me hablaba de que ella era católica. O a lo mejor yo mencionaba el poliamor o alguna otra cosa y me decía que ella era monógama y heterosexual”.

Ese tipo de manifestaciones le generaron distancia con su terapeuta. “Me llevaban a pensar que podría tener una ideología concreta, aunque no tiene por qué, y me hicieron no conectar tanto con ella”, recuerda. Y explica el motivo: “A mí me ha hecho muchísimo daño la religión católica: la culpa cristiana me la he llevado yo a todas partes y me ha metido mucha mierda en la cabeza. Entonces es algo que me chirría y me duele”. Acabó cambiando de psicóloga para optar por una especializada en personas LGTBI y con “una mirada más abierta hacia las relaciones”. “Noté un montón el cambio, he mejorado muchísimo con ella”, valora sobre una profesional que le ha contado “muy pocas cosas personales, en comparación con la anterior”.

Paula, como psicóloga, solo ve sentido a las revelaciones que puedan hacer las profesionales sobre sí mismas si tienen un fin terapéutico: “Si estoy trabajando con una persona la lesbofobia o la bifobia interiorizada y tiene sentido en ese contexto que yo me nombre como una persona bibollera, lo voy a hacer”. Pero alerta del riesgo de ponerse demasiado “en el centro de un espacio que es fundamentalmente para la otra persona”. También advierte de la autoridad e influencia que el terapeuta tiene sobre su paciente, por lo que “por responsabilidad es importante no desvelar opiniones políticas”. “Tenemos opiniones, pero cuanto menos de lo nuestro esté en el vínculo, más limpio va a ser”, defiende.

Más allá de las particularidades de cada situación y de las necesidades de cada paciente, los tres profesionales que participan en este reportaje coinciden en la importancia de mantener la relación terapéutica dentro de unos límites. Facilitan que las sesiones cumplan con su objetivo: ayudar a la persona.

*Los nombres de Marta, Lola, Alba y Carlos son ficticios porque prefieren no revelar su identidad real.

El PP echa de menos a Juan Carlos de Borbón. Aprovechando que la desclasificación de los documentos sobre el 23F no desveló novedades relevantes sobre su papel en el intento de golpe, Alberto Núñez Feijóo manifestó que “sería deseable que el rey emérito regresara a España”. Una petición en la que se quedó bastante solo: ni la secundaron otros partidos ni parece que en la propia Casa Real haya generado entusiasmo. Zarzuela respondió que puede volver cuando quiera pero le puso una condición: que también fije su residencia fiscal en el país que reinó durante casi 40 años y que ha seguido visitando a menudo desde que lo cambió por Abu Dabi.

Juan Carlos I se marchó por sorpresa en agosto de 2020. Al principio, y en un contexto de pandemia, se mantuvo casi dos años sin pisar suelo español. Permaneció en la capital de Emiratos Árabes Unidos mientras la Fiscalía de su país le investigaba por posibles delitos fiscales. Desde que en 2022 el Ministerio Público archivó esas pesquisas –no porque no cometiera los hechos, sino porque consideró que estaban prescritos o que le amparaba su inviolabilidad–, tardó apenas dos meses en visitar España.

Ese primer viaje estuvo rodeado de una gran expectación, que incomodó tanto a la Casa Real como al Gobierno. Cientos de personas le recibieron entre gritos de “Viva el rey” en el Club Náutico de Sanxenxo (Pontevedra). Allí acudió a una regata a bordo de su velero ‘Bribón’ y fue agasajado por autoridades locales y amigos millonarios. Fue donde pronunció su famosa frase “¿explicaciones de qué?”, cuando una periodista le preguntó si iba a rendir cuentas ante su hijo sobre sus finanzas.

Antes de volver a Abu Dabi pasó por Madrid, donde mantuvo con Felipe VI un encuentro discreto durante más de 10 horas que Zarzuela no incluyó en su agenda y de la que tampoco difundió imágenes. El Gobierno se mostró contrariado por cómo se desarrolló esa primera visita. Su entonces portavoz, Isabel Rodríguez, manifestó que “podría haber sido mucho más cuidadoso” y que perdió “una oportunidad que los españoles esperaban de dar explicaciones, de pedir perdón”. En ese momento también estaba pendiente de juicio por supuesto acoso a su examante Corinna Larssen, en un proceso ante la Justicia británica que acabó desestimado.

Desde entonces pasó casi un año hasta que el padre del actual monarca volvió a pisar España, pero a partir de ese momento se multiplicó la frecuencia de sus viajes. También pasaron a ser visitas más discretas, sin baños de masas, sin tanta exposición mediática y en la mayoría de ocasiones sin contacto con su hijo. Se desconoce cuánto gasta el Estado en su seguridad durante estas estancias, pese a que han solicitado esa información diputados de partidos como ERC, Compromís y el BNG, medios de comunicación como Maldita.es e incluso el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.

Su plan favorito en esos desplazamientos sigue siendo el que protagonizó la primera vez: subirse a bordo del ‘Bribón’ en Sanxenxo. Ahí su gran anfitrión es su amigo Pedro Campos, empresario y presidente del Real Club Náutico de la localidad. Juan Carlos de Borbón suele quedarse en su casa y disfrutar de regatas y mariscadas en compañía de su entorno. Además de sus visitas a Galicia, también es frecuente que pase por Vitoria. A esa ciudad no va tanto por ocio sino por motivos de salud: acude a consultas médicas en la clínica de su también amigo Eduardo Anitua.

Excluido de actos públicos, invitado a encuentros familiares

En otras ocasiones ha participado en eventos familiares, que la Casa Real ha tratado de acotar al ámbito privado. Fue el caso de la celebración de la mayoría de edad de la princesa Leonor, en octubre de 2023. En ese momento, el rey emérito fue excluido de los actos oficiales en los que la heredera al trono juró la Constitución y recibió el Collar de la Orden de Carlos III, pero sí participó después en una “celebración familiar y de carácter privado”, según describió entonces Zarzuela.

Dos meses después, regresó a Madrid para otro encuentro familiar: el 60 cumpleaños de la infanta Elena. La hermana mayor de Felipe VI consiguió reunir en un restaurante de Madrid a toda la familia, incluidos los reyes padre e hijo y las reinas Letizia y Sofía. No era una hazaña fácil, en un momento en el que el monarca actual había decidido poner aún más distancia con su predecesor.

Ya en el último año, los homenajes por los cincuenta años de la Transición democrática han repetido el esquema del 18 cumpleaños de Leonor. Juan Carlos I fue apartado de todos los actos institucionales que conmemoraban el aniversario del proceso democrático que él protagonizó, pero sí viajó a Madrid para participar en la comida privada con la que la Familia Real festejó la efeméride en el Palacio de El Pardo. Juan Carlos I también tenía intención de visitar Sanxenxo en marzo, pero finalmente decidió quedarse en Abu Dabi y sin planes de ser evacuado pese a la situación de Oriente Medio.

Sean para acudir a regatas, a consultas médicas o a celebraciones familiares, los viajes del rey emérito a España siempre han sido de unos pocos días y sin pernoctar en el Palacio de la Zarzuela ni en ninguna otra dependencia del Estado. Si superase los 183 días al año en el país, tendría que pagar aquí sus impuestos, algo que no hace desde que vive en Abu Dabi, salvo por las dos regularizaciones con las que pagó más de cuatro millones de euros para evitar una imputación por fraude fiscal.

Uno de los principales criterios que sigue la Agencia Tributaria para exigir que una persona pague sus impuestos en España es que pase más de la mitad del año aquí, con algunos matices. Es lo que motivó, por ejemplo, el caso Shakira, que se centró en investigar cuántos días había pasado la cantante en el país en unos años en los que no declaraba en él sus ingresos.

Por tanto, si Juan Carlos de Borbón decidiese volver a residir en su país tendría que someterse a las reglas fiscales españolas. Esto no solo implicaría que declare aquí su IRPF. También debería aflorar qué patrimonio tiene en el extranjero y, si recibiese donaciones de otras personas –él no tiene ingresos conocidos desde que su hijo le retiró la asignación que recibía como miembro de la Familia Real–, estas tendrían que tributar entre el 34 y el 81%. Son cuestiones que tendrá que valorar si finalmente decide volver y cumple con la exigencia que la Casa Real le ha dejado clara: “recuperar la residencia fiscal en España”.

Vox presume de defender a los cristianos del mundo. Se presenta como abanderado de los valores tradicionales de España, entre los que incluye la religión católica. Hace un par de semanas, su diputada Reyes Romero aseguraba en el Congreso que “los cristianos son el grupo religioso más perseguido del mundo” y cargaba contra la izquierda por su “silencio atronador” al respecto. Pero cuando a quien acusan los católicos de limitar su libertad religiosa es a Benjamín Netanyahu, el silencio atronador es el de Vox.

Cuando Israel impidió la semana pasada la tradicional misa del Domingo de Ramos en el Santo Sepulcro de Jerusalén, provocó un amplio rechazo internacional. Después de que el Patriarcado Latino de Jerusalén denunciase a mediodía que la Policía había bloqueado la celebración religiosa, el Gobierno italiano de la ultraderechista Giorgia Meloni tardó apenas una hora en condenar los hechos como una “ofensa” en “uno de los lugares más sagrados para millones de fieles del mundo” y convocar al embajador israelí. En España, Pedro Sánchez rechazó el “ataque injustificado a la libertad religiosa”. Otros gobiernos de ideologías tan dispares como Francia, Brasil o incluso Estados Unidos, el principal aliado de Netanyahu, también criticaron lo ocurrido.

A Vox le costó sumarse al rechazo. Durante toda la tarde mantuvo silencio mientras se sucedían las reacciones internacionales. Ya en torno a las diez de la noche, publicó un tuit en el que pedía al Gobierno israelí “explicar y corregir lo ocurrido en la Iglesia del Santo Sepulcro”. “Podemos entender que la situación es muy complicada en Jerusalén con el cierre de sacros lugares de las tres religiones, pero debe quedar claro que los cristianos mantienen intacta su libertad religiosa y que se procure su seguridad a pesar de los ataques islamistas”, añadía.

La tibieza del partido de Santiago Abascal ha generado críticas fuera y dentro de la extrema derecha. Juan García-Gallardo, exvicepresidente de Castilla y León con Vox y ahora enfrentado a la dirección del partido, se preguntó si “también es culpa de los ‘críticos’ que el presidente de Vox siga callado con este tema”. “Hasta el ateo anticlerical Sánchez ha condenado la acción de Netanyahu contra los católicos”, lanzó en la red social X. Vox no ha ocultado su adhesión al Gobierno israelí. En 2024, en pleno conflicto en Gaza, Abascal se reunió con Netanyahu en Jerusalén para trasladarle su apoyo.

La posición de la formación de extrema derecha ante lo ocurrido durante el Domingo de Ramos es la última muestra de sus dificultades para defender una política internacional coherente y alineada con sus principios. Apenas un par de meses antes, lo evidenció también ante las amenazas de Trump de anexionarse Groenlandia, que tuvieron en vilo a Europa. Vox, que alardea de la soberanía nacional como uno de sus grandes valores, no se atrevió a cuestionar que el presidente de Estados Unidos intentase conquistar un territorio que forma parte de Dinamarca, y, por tanto, de la Unión Europea y la OTAN.

“No pensamos sobre Groenlandia”

“Si tenemos que tener una opinión de todo en la vida, incluso de Groenlandia, yo la verdad... No pensamos sobre Groenlandia”, se excusó en enero el portavoz del partido, José Antonio Fúster. Y llegó a reconocer: “No ha habido ni medio nanosegundo que hayamos dedicado a Groenlandia. No es nuestra competencia. Nos declaramos incompetentes en esta materia”. El líder de la formación, Santiago Abascal, abundó hace poco en esa tesis durante la campaña de las elecciones de Castilla y León: “A nosotros no nos interesa Groenlandia, nos interesa Soria”.

Su preocupación por Soria no les ha impedido la contundencia en el posicionamiento ante otros asuntos internacionales que encajan mejor con sus alianzas, como Venezuela. Tras la captura de Nicolás Maduro por parte del Ejército de EEUU, Fúster se pronunció así: “¿Están los venezolanos mejor? Sí. ¿Tienen una puerta abierta a la esperanza? Sí. Confiamos en el buen hacer y las mejores condiciones de la administración estadounidense [para que] se produzca con el menor coste para la población. Confiamos en la Administración Trump”, dijo en la misma rueda de prensa en la que se declaró incompetente sobre Groenlandia.

Esa confianza en el presidente de Estados Unidos ha marcado la política internacional de Vox desde que llegó por segunda vez a la Casa Blanca a principios del año pasado. Sus posicionamientos han estado condicionados por el apoyo incuestionable a las decisiones de Trump incluso cuando chocaban con sus valores. Ya al principio del mandato, cuando el líder norteamericano anunció su agresiva política de aranceles, que ponía en serio peligro al sector agrícola español al que tanto dice defender Abascal, su partido se puso de perfil. Tras un tiempo en el que calificaba la medida de “legítima”, acabó reconociendo que causaría “algo de daño” a la economía española, pero le quitó peso al asegurar que lo que “más daño causa a España” es “la política que se pacta en Bruselas entre el PP y el PSOE”.

También se evidenció en su posición ante la guerra de Ucrania. Tras un apoyo más inequívoco a Zelenski durante los primeros años del conflicto, el distanciamiento de Trump con él llevó a Abascal a suavizar su respaldo. Llegó a culpar a la UE de “facilitar” la invasión que ordenó Putin y se puso del lado del presidente estadounidense cuando humilló al líder ucraniano en el Despacho Oval.

La última muestra de la adhesión incondicional de Abascal a Trump y a Netanyahu se ha visto en el último mes, al posicionarse a favor de sus ataques contra Irán. Como es habitual, se llevó la crisis internacional al terreno nacional: acusó a Pedro Sánchez de ser “el mejor amigo de los ayatolás” y aseguró que “el régimen iraní y Venezuela han estado tras la financiación de la extrema izquierda”.

El apoyo continuo a Trump no es la única alianza internacional incómoda que ha condicionado los posicionamientos de Vox. En 2024, tras las últimas elecciones europeas, el partido abandonó en la Eurocámara el grupo de los Reformistas y Conservadores, en el que está la formación de la italiana Giorgia Meloni, para sumarse a la nueva familia de los Patriotas, comandada por el húngaro Viktor Orbán y el partido de Marine Le Pen en Francia. Ahí tiene que hacer equilibrios para mantener su defensa de Ucrania, cada vez más suave, entre partidos prorrusos como el del propio Orbán, el principal defensor de Putin en el seno de la Unión Europea. También es importante para Abascal su vínculo con el argentino Milei, que hace unas semanas le visitó en Madrid. Se puso para la ocasión un mono de la empresa que Argentina expropió a Repsol, una de esas grandes compañías españolas cuyos intereses defiende Vox.

Hace unos siete años, la abuela de Sandra empezó a desorientarse mucho y a decir cosas sin sentido. Fueron los primeros signos de una demencia que con el tiempo se reveló como Alzheimer. A medida que esta enfermedad neurodegenerativa fue avanzando, su capacidad para valerse por sí misma se reducía y su necesidad de cuidados aumentaba.

Inicialmente, se ocuparon de ella sus hijos. “Son nueve hermanos y mi abuela vivía con uno de mis tíos. Se encargaban entre todos, por las tardes siempre estaba acompañada”, recuerda Sandra. Pero llegó un día en el que también necesitaba ayuda por las mañanas y ellos, por sus trabajos, no se la podían dar. Contrataron a una trabajadora que la acompañaba durante el día, mientras que por la noche se hacía cargo el hijo con el que vivía. Después de un tiempo, eso tampoco fue suficiente, así que optaron por una cuidadora interna que se ocupaba de ella de domingo a viernes, y los fines de semana se turnaban entre los hijos para llevársela a su casa. La enfermedad siguió haciendo cada vez más mella en las capacidades de esta mujer que vivía en Manresa (Barcelona), así que “llegó un momento en que tuvieron que tomar la decisión de meterla en una residencia porque necesitaba atención 24/7”, cuenta su nieta.

Las decisiones sobre cómo cuidar a una persona mayor en situación de dependencia pueden ser difíciles. Lucía González, trabajadora social de Jaén, explica que “muchas veces las familias no están preparadas para los cambios de vida” que surgen cuando una persona “pasa de ser totalmente autónoma a ser dependiente, de poder desarrollar su vida diaria a no poder hacerlo”. Señala que primero suelen pasar por “una fase de aceptación” y después deben hacer frente a diferentes inquietudes, como la falta de tiempo o de recursos.

A menudo las familiares sienten que deben hacerse cargo ellas mismas. “Estamos en una cultura muy mediterránea de los cuidados. En España tenemos ese sentimiento de responsabilidad, que es muy positivo, y esa red de protección que en muchísimos casos es la familia, algo que además ha estado históricamente muy feminizado”, indica González. Añade que esos valores llevan a menudo a retrasar la decisión de acudir a recursos como una residencia porque se da “un sentimiento de culpa, de decir: ‘se supone que yo tengo que cuidar de la persona mayor”.

En el caso de la abuela de Sandra, los dilemas sobre cómo cuidarla provocaron tensiones familiares. “Hubo dos bandos. El de ‘sí, la metemos en la residencia’ y el de ‘no, porque va a estar mejor en su casa”, relata. Precisa que “había unas hermanas que estaban muy acostumbradas a ir cada tarde a visitarla, y si la metían en una residencia tendrían que cumplir unos horarios”. Y describe “mucho conflicto” entre los hijos, con diferencias entre quienes se ocupaban más y quienes se ocupaban menos de los cuidados y reproches como “te quieres deshacer de la abuela porque te molesta”. Sin embargo, la siguiente generación tenía otra visión: “Los nietos lo veíamos muy claro. Mi abuela era una persona que siempre había estado rodeada de gente. Salía a pasear, hablaba con las vecinas... Al tener una interna salía a pasear, pero no se estaba relacionando de la misma manera que años atrás”. Sandra recuerda esos momentos como una etapa dura: “Mi madre sentía que estaba abandonando a su madre”.

Muchas veces las familias no están preparadas para los cambios de vida que surgen cuando una persona pasa de ser totalmente autónoma a ser dependiente

Lucía González — trabajadora social

La familia de Paula (no es su nombre real, pero prefiere no dar el suyo) pasó por algunas situaciones parecidas. Su madre, de 83 años, tiene una demencia que también ha degenerado progresivamente sus capacidades. “Estuvo unos años muy estable. Ella misma se manejaba: era autónoma y se podía mover bien. Pero en los últimos tres o cuatro años ha dado un bajón muy grande”, cuenta. Vivía con la hermana de Paula, que llegó un momento en el que ya no podía hacerse cargo ella sola, así que empezaron a turnarse entre los cuatro hijos e hijas para acudir a la casa de su madre a atenderla.

No era sencillo. “Ya había que hacerle todo: ducharla, vestirla… Lo único que hacía sola era comer”, explica desde el pueblo de Albacete en el que vive la familia. “A lo mejor querías ducharla y ella no quería que la ducharas”, recuerda sobre las dificultades de esos cuidados. Para los hijos tampoco era fácil compaginarlos con sus trabajos, y a eso se sumaba que ellos mismos tenían sus propios problemas de salud. Emocionalmente, era una situación dura: “La estás viendo sufrir y lo estás sufriendo tú y dándole vueltas a cómo hacerlo”. Barajaron opciones como contratar a una cuidadora interna, pero no podían permitirse ese desembolso. También acudieron a los servicios sociales municipales, que le asignaron una auxiliar de ayuda a domicilio que iba a su casa durante una hora al día. “No solucionaba nada: lo único a lo que le daba tiempo era a ducharla y poco más”, lamenta Paula.

Acabaron recurriendo a una residencia, aunque ese paso les costó: “No quieres llevarla, quieres atenderla tú, pero yo no estaba bien tampoco, tuve que coger una baja. Se complican mucho las cosas”. Su caso refleja el sentimiento de culpa que a menudo surge al plantearse estas decisiones: “Todos tenemos esa espina de ‘si ellos se han podido ocupar de nosotros, ¿por qué nosotros no nos podemos ocupar de ellos?”, reflexiona. Y cuenta cómo en el pueblo es fácil oír críticas a quienes deciden llevar a su familiar a una residencia. Más allá del juicio social, cree que en su caso pesaba el que se hacían a sí mismos: “Era como abandonarla, como decir ‘yo no quiero ocuparme de ella’. Pero no era ‘no quiero’, sino ‘no puedo”.

Sandra coincide en que existe cierto estigma social contra la decisión de llevar a un familiar a una residencia, especialmente en la generación de quienes tienen unos 50-60 años, que son quienes tienen a menudo a sus padres en situación de dependencia. Apunta que “les han inculcado que los hijos se tienen que hacer cargo de los mayores”, así que “tienen muy mal visto llevar a sus padres a una residencia porque es como que los están abandonando”. Sin embargo, cree que los más jóvenes, con “un estilo de vida totalmente diferente”, tienen una visión distinta.

En el caso de su abuela, la experiencia en la residencia ha sido positiva. “Al principio le costó, porque todo cambio conlleva un proceso de adaptación. Costó un poco hacerle entender que esa era ahora su casa”, cuenta. Pero añade que, a medida que se fue aclimatando, “la veías más contenta”: “Le fue superbien estar ahí porque volvía a relacionarse con gente igual que ella y participaba en todas las actividades”. Recuerda que ella misma acompañó a su abuela a una sesión de musicoterapia: “Era muy bonito ver dónde los colocaban emocionalmente todos los recuerdos que les generaba escuchar música de su generación”. También les hacían juegos, actividades de cocina, fiestas… “Mi abuela volvió a ser una niña, yo la veía muy contenta. Rejuveneció, porque estaba muy bien atendida. La trataban como a una reina”, valora su nieta. Así estuvo durante más de tres años, hasta que falleció este enero.

Era como abandonarla, como decir ‘yo no quiero ocuparme de ella’. Pero no era ‘no quiero’, sino ‘no puedo

Paula — hija de una mujer de 83 años con demencia

En su buena experiencia también influyó que siguió muy en contacto con su familia: “Al ser tantos hermanos, en eso se repartieron muy bien y cada día mi abuela tenía visita, de lunes a domingo”. “Cuando internas a un familiar en una residencia, no te tienes que olvidar de él. Lo suyo es que se siga sintiendo parte de la familia, porque lo es. Que sepa que está ahí pero que su familia está con ella”, reflexiona Sandra. Recuerda que las propias trabajadoras del centro les dijeron que ese acompañamiento familiar hizo que su abuela mejorase.

Paula también hace una valoración positiva de la experiencia en la residencia en la que su madre lleva en torno a un año: “Cambió, pero cambió para bien. Yo tenía mucho rechazo, pero al final está muy estable, está mejor”. “Tiene todo más organizado, un horario para cada cosa: para levantarla, para acostarla, los días de ducha, la medicación, las comidas… No es lo mismo que cuando estaba en casa, que cada uno teníamos una disponibilidad diferente”, compara.

La trabajadora social Lucía González, que también es vicepresidenta del Consejo General del Trabajo Social y coordina en él el grupo sobre atención a la dependencia, explica que “tenemos demonizadas las residencias”, especialmente desde la pandemia. Y defiende: “Habrá para todos los gustos, pero estoy segura de que hay muchos centros con personas trabajadoras excelentes y formadas que están deseando acometer ese cuidado”. Contrasta que, para esas profesionales, los cuidados son “su jornada laboral, y no las 24 horas que suponen para un familiar”. Añade que asumir ese papel desde la familia, algo que en la gran mayoría de los casos lo hacen las mujeres, tiene “un coste de oportunidad, porque si estás cuidando quizá no puedes tener otro tipo de trabajo o estás teniendo otra serie de pérdidas en tu vida”.

González también indica que las residencias están cambiando mucho: “Antes todo el mundo se tenía que levantar a la vez o comer a la vez. A día de hoy eso está evolucionando: hay un modelo de atención centrada en la persona en el que esto cada vez es más flexible, cada vez se centra más en los gustos y preferencias de la persona”. En su opinión, las residencias deben avanzar en esa línea: “Tienen que ir hacia un hogar colectivo, una casa para estas personas, no un centro hospitalizado en el que me tenga que levantar a la hora que me han dicho. ¿Por qué, si esta es mi casa?”. También cree que no deben estar lejos de las ciudades, sino integrados en ellas para que las personas tengan facilidades para salir y relacionarse con su familia, sus amistades y su entorno. Pero lamenta que ese horizonte “no siempre está en la agenda y en la visión de todos”.

Además, González defiende la necesidad de mejorar y profesionalizar la ayuda a domicilio, que tiene “un sistema de gestión precario y unas condiciones laborales precarias”. “La mayoría de las personas quieren envejecer en su casa, en su entorno, con sus objetos, con su historia de vida, con su familia. Por eso es tan importante que haya recursos de proximidad, como ayuda a domicilio y teleasistencia: que se articulen mejores herramientas para mantenerse lo máximo posible con calidad de vida en el propio entorno”, plantea. Y pide apostar por “la prevención de la dependencia y la promoción de la autonomía personal, un servicio que apenas se ha puesto en marcha”. El Gobierno aprobó en 2024 una estrategia que va en la línea de estas propuestas.

Sandra está de acuerdo con la necesidad de recursos de prevención. Echa en falta medidas de “detección precoz de enfermedades degenerativas como el Alzheimer” y “que desde los primeros signos se hagan terapias grupales para que ese deterioro no sea tan fuerte”. También cree que “falta muchísimo personal en las residencias y centros de día para poder atender a tanta persona mayor”.

Paula coincide en que “los servicios sociales se quedan un poco cortos”. Cuando asignaron a su madre una hora al día de ayuda a domicilio, la pusieron en lista de espera para ampliar ese tiempo, pero lamenta que “no llega nunca”. Al decidir finalmente recurrir a una residencia, lo hicieron en una privada a la espera de que le concedieran una plaza pública, algo que un año después siguen esperando. “Debería haber más ayudas y que se facilite más tenerla en casa”, plantea. Y precisa que, si hubiera recursos públicos suficientes para que estuviese bien atendida en su domicilio, no la habrían llevado a la residencia.

Hernán, Víctor, Mikel y Albert tienen entre 28 y 39 años. Esa franja de edad en la que en tu entorno van naciendo cada vez más bebés y suele surgir la pregunta: y tú, ¿quieres tener hijos? A las mujeres, las expectativas de una sociedad patriarcal les generan presión por decidir ser madres cuanto antes. Para los hombres gays, como estos cuatro, plantearse ser padres implica otros muchos obstáculos.

“Es un tema que tengo aparcado porque siento una imposibilidad muy grande”, expresa Hernán. Desde que era pequeño, veía la paternidad como algo posible y que le gustaría experimentar, pero a medida que se ha acercado a la edad para hacerla real, ha ido siendo más consciente de su dificultad: “No tenemos un útero en el brazo donde podamos gestar. Tenemos una limitación biológica y necesitamos acudir a otros procedimientos”.

Los cuatro hombres gays que participan en este reportaje descartan la gestación subrogada por motivos éticos. Para Hernán, la alternativa que queda es la adopción, pero también la ve difícil: “Es un proceso en el que te fiscalizan, pasa mucho tiempo y necesitas una serie de requisitos que actualmente yo no tengo. Así que me encuentro con que voy a cumplir ya 34 años y ni siquiera lo he iniciado”. La precariedad económica, tan habitual en su generación, le impide ver un horizonte en el que sí pueda cumplir las condiciones que se exigen en una adopción: “¿Con qué edad voy a poder iniciar este proceso de una forma que sea real y pueda valorarse y llegar a buen puerto? No lo sé. Entonces mis expectativas van bajando”. “Con un poco de amargura, lo vas aceptando. O no lo aceptas y lo aparcas”, se resigna.

La precariedad en la treintena no es exclusiva de los hombres gays. La diferencia está en que las personas heteros pueden tener bebés de una manera más improvisada y la administración no examina su capacidad económica. El psicólogo Pablo Mola, investigador en la Universidad Rey Juan Carlos que estudia las familias LGTBIQ+, explica que, a menudo, en la población homosexual masculina “el deseo de ser padre está, pero tiene mucha reflexión”. “Lo que dicen muchos de los que entrevisto es que ellos no tienen una relación sexual y se quedan embarazados, sino que a la hora de acceder a la paternidad se plantean muchas cosas: yo quiero ser padre, pero ¿cómo puedo ser padre?”, apunta. Precisa que en eso también se diferencian de las mujeres lesbianas: “Ellas pueden gestar, así que pueden ir a clínicas reproductivas y el proceso no es tan largo”, frente a la limitación a unos procedimientos de adopción que pueden durar muchos años y son arduos.

La adopción es un proceso en el que te fiscalizan, pasa mucho tiempo y necesitas una serie de requisitos que actualmente yo no tengo. Así que me encuentro con que voy a cumplir ya 34 años y ni siquiera lo he iniciado

Hernán

“Cuando te quedas embarazada, nadie te pide requisitos, ni que tengas un dinero ni un trabajo. Nadie va a tu casa a ver cómo es”, reflexiona este investigador, que también aclara el sentido de esas comprobaciones que sí se hacen en un proceso adoptivo: “La adopción es una forma de proteger a una infancia que ha sido abandonada, entonces el Estado tiene que garantizar que esa infancia va a estar segura”. Esto dificulta la paternidad para muchos hombres gays.

En el caso de Víctor, ve tan complicado el acceso a una adopción que directamente no se plantea la paternidad como un escenario realista. Esa perspectiva cambió precisamente al tomar conciencia de su orientación sexual: “Antes de reconocerme como hombre homosexual, sí tenía la idea de tener hijos, por lo que se espera de ti en la sociedad y lo que esperan tus padres. Es algo que crees que va a llegar con el tiempo y ya está. Luego esa visión cambió porque al ser gay es mucho más difícil”. Sostiene que esa renuncia también implica una gestión emocional: “Hay que hacer una especie de duelo, porque hay que romper las expectativas que tienen tus padres sobre ti, que a veces no las comunican pero están ahí”. Pero defiende la importancia de asumir esa ruptura y decir: “Esto no es lo que quiero, o si no lo tengo no pasa nada, y mi vida está genial también, aunque no sea padre y no cumpla con los cánones de la heteronormatividad”.

Mola explica que, tradicionalmente, “las etiquetas ‘gay’ y ‘padre’ se entendían como algo excluyente”. “Tenías que elegir si preferías ser padre o ser gay. Muchos prefirieron tener un matrimonio y ser padres a salir del armario”, señala este investigador. Añade que “esto en los últimos años ha cambiado y la paternidad gay está empezando a ser pensable”.

Las etiquetas ‘gay’ y ‘padre’ se entendían como algo excluyente. Tenías que elegir si preferías ser padre o ser gay. Muchos prefirieron tener un matrimonio y ser padres a salir del armario

Pablo Mola — investigador sobre familias LGTBIQ+ en la URJC

El cuestionamiento de la capacidad de los hombres para criar

Aunque sea posible, esa paternidad se enfrenta a obstáculos como los roles de género, lo que la sociedad atribuye a los hombres y a las mujeres. Mola expone que “no se espera que un hombre sea capaz de la crianza” sin una mujer y que los padres gays a menudo “se enfrentan a preguntas por la calle como: ¿y quién le va a criar?, ¿y quién le peina?, ¿y quién le elige la ropa?”. “Se da por hecho que una mujer tiene la capacidad de ejercer la crianza, pero con los hombres se duda”, apunta. Por dificultades como estas, el deseo de ser padres “suele ser mucho menos realista que en mujeres lesbianas o en parejas heterosexuales”, compara el investigador, que agrega que “ese pensamiento, antes de que sea real, muchas veces puede llegar a abandonarse”.

Mikel siempre ha tenido cierto deseo de tener hijos o hijas, pero constata que “hay algunas cosas que te echan para atrás”. Por un lado, la falta del tiempo y la estabilidad que se necesitan para asumir una crianza. Por otro, no tener una pareja estable con la que compartir un proyecto de vida. En un momento dado, llegó a barajar tener un bebé junto a una amiga: “Con una colega bollera, nos planteamos qué sería necesario y nos pusimos a pensarlo más en serio. Luego, la vida a cada uno nos ha llevado por unos derroteros, ella se quiso enfrentar a ese proyecto de maternidad sola y yo encantado”.

También se ha planteado intentarlo sin nadie más, pero teme verse “en una situación de soledad”: “Quizá ligado a formar parte de una identidad marica, veo más necesario tener un soporte de apoyo afectivo cercano”. Además, le preocupa cómo ser padre soltero le influiría “cuando quiera volver a tener una relación con alguien”. “Si en general a los hombres nos cuesta a veces aquello que leemos como compromiso, comprometerte con una persona que tiene una crianza a su cargo puede resultar menos atractivo”, reflexiona.

Si ya he tenido que enfrentarme a situaciones de violencia a lo largo de mi vida por ser marica, ser padre de un peque, sea o no marica, no va a cambiar que tenga un padre marica

Mikel

Otro temor que le surge a Mikel al plantearse la paternidad es la LGTBIfobia que podría sufrir su hijo o su hija. “Si ya he tenido que enfrentarme a situaciones de violencia a lo largo de mi vida por ser marica, ser padre de un peque, sea o no marica, no va a cambiar que tenga un padre marica”, valora, así que se pregunta “qué le ocurriría a ese peque en su vida cotidiana, en la escuela, con sus grupos de amigos…”. Todas estas dificultades le llevan a “desistir un poco del deseo de ser papá”.

Hernán comparte la preocupación por la violencia: “He pensado muchas veces en qué tipo de comentarios recibiría ese posible hijo o hija simplemente por tener dos padres. ¿El bullying que yo he tenido va a salpicar de alguna forma a ese niño o a esa niña?”. Agrega que eso “no es responsabilidad nuestra, sino de los energúmenos sociales que hay por ahí sueltos, pero a nadie le gusta vivir violencia”.

Miedo a perder derechos

En relación con esa LGTBIfobia, el investigador Pablo Mola pone sobre la mesa otro problema: el poder que la extrema derecha está alcanzando en tantos países. “Muchas familias comentan que están bien, que son aceptadas y no hay discriminación, pero que la ola reaccionaria les produce mucho miedo porque está planteando retirar esos derechos”, alerta. Cree que ese temor puede estar afectando también a quienes están aún barajando ser padres: “Yo a lo mejor quiero acceder ahora a un proceso de adopción, pero es un proceso largo y no sé si dentro de tres años va a estar gobernando la ultraderecha y me va a quitar el derecho a ser padre o de repente en las listas de adopción me van a mandar más abajo”.

Hernán confirma que esta preocupación le influye. “Al ver lo que está pasando, tengo el cerebelo ahí atrás pensando: ‘Cuidado, ¿qué va a ser de nosotros?’. Si el mundo va así, después de los inmigrantes o al mismo tiempo que ellos vamos los LGTBI”, teme. Añade que hasta hace unos años “parecía que todo iba a ir bien” y pensaba: “Es un buen momento para ser padre, no creo que tenga tantos problemas como yo tuve en el colegio”. Sin embargo, ahora se pregunta “qué le van a decir a ese niño y cómo lo van a tratar”. Esto le lleva a lamentar que la situación política provoque “poner un freno a tu desarrollo como persona”.

Albert coincide en que “cuesta un poco ser optimista con el mundo que tenemos en este momento”. Defiende que “no hay que dar por garantizados los derechos ni las libertades”, y echa la vista a Italia, donde el Gobierno ultra de Giorgia Meloni prohibió en 2023 que las parejas de mujeres lesbianas registraran a sus hijos: “Es un claro ejemplo de que se puede retroceder y está aquí al lado”.

Muchas familias comentan que están bien, que son aceptadas y no hay discriminación, pero que la ola reaccionaria les produce mucho miedo porque está planteando retirar esos derechos

Pablo Mola — investigador sobre familias LGTBIQ+ en la URJC

Para él, la paternidad es un escenario que no ve cercano pero tampoco descarta: “Es una cosa en la que he pensado muchas veces. Tengo claro que en este momento de mi vida no me toca, pero no lo descartaría en el futuro. No es una aspiración vital, podría pasar sin hacerlo, pero sí creo que me gustaría en algún momento”. En su opinión, para los hombres gays es más difícil ser padres por la complejidad de los trámites de adopción, pero añade otro factor: “El entorno en el que nos movemos es una realidad un poco distinta a la que viven las parejas heterosexuales, que siempre han tenido más clara la evolución que iba a tener su vida”.

Albert considera que encontrar una pareja que “esté en tu mismo punto, comparta ese deseo y esté dispuesto es más complicado en el mundo gay”. “Creo que empezamos nuestra vida afectivo-sexual más tarde, entonces entre los veinte y los treinta y muchos estamos viviendo cosas que no nos permiten plantearnos tener hijos”, reflexiona. Todas estas dificultades le generan ciertas preguntas: “Me hacen replantearme las expectativas de futuro y si tenemos o no las mismas oportunidades de desarrollarnos en la vida”.

Para Víctor, la situación en el mundo también genera temores: “Si la derecha toma el poder, podemos perder derechos y facilidades para adoptar y vernos obligados a irnos a otro país para seguir con nuestra familia”. Pero al mismo tiempo, encuentra motivos para la esperanza: “Hace poco una amiga me hablaba de un colegio superinclusivo en el que hay un montón de familias no normativas que habían creado piña y con las que estaba super a gusto. Pueden surgir esos espacios seguros”.

Mikel coincide en la preocupación por cómo un gobierno reaccionario podría cuestionar su posible paternidad, pero a la vez es algo que le estimula: “Me da un poco de miedo, pero hay otra parte en la que me dan más ganas, porque es como ‘que les jodan’. Me sale un poco la rabia y me da más impulso”. Por eso admira a las personas LGTBI que sí están teniendo hijos e hijas: “Qué guay que haya familias disidentes construyendo una crianza desde otros lugares que no sean los que nos han enseñado siempre y que eso sea posible. Me parece superpotente y me da mucho orgullo”.

El 4 de febrero, los vecinos de Móstoles descubrían que una concejala acusó a su alcalde, Manuel Bautista, de acoso sexual y laboral y que el PP trató de esconder el caso. La edil pasó meses intentando que el partido en el que militaba y al que representaba en el Ayuntamiento la protegiera del calvario al que, según relató, la sometía el regidor. El equipo de Isabel Díaz Ayuso no solo evitó tomar medidas, sino que la presionó para que renunciase a denunciar el caso.

Cuando se conoció esta noticia, no fue la primera vez que la palabra Móstoles se escuchaba en los telediarios en los últimos años. Una exalcaldesa a juicio por prevaricación, una coalición de Gobierno entre PP y Vox que acaba de estallar... los vecinos de este municipio de unos 215.000 habitantes en el sur de Madrid, el más poblado de la comunidad después de la capital, están habituados a las crisis políticas.

Móstoles forma parte del —ahora desdibujado— cinturón rojo de Madrid, los municipios del sur tradicionales feudos de la izquierda, aunque en esta localidad la derecha sí había conseguido enlazar varias legislaturas previamente. La anterior alcaldesa, Noelia Posse, del PSOE, traspasó la vara de mando a Bautista en 2023. Lo hizo tras perder las elecciones con dos manchas sobre su expediente: acusaciones de nepotismo y un procesamiento judicial por prevaricación.

En 2019, solo un año después de su llegada a la alcaldía, estalló el primer escándalo: Posse colocó a dos familiares cercanos en jugosos puestos de responsabilidad en el Ayuntamiento. Nombró a su hermana como coordinadora de Redes Sociales, un cargo de nueva creación remunerado con 52.000 euros al año. A su tío, que ya era funcionario municipal, lo ascendió como director técnico administrativo y le otorgó un complemento de 1.607 euros mensuales, sin pasar por los mecanismos habituales de promoción interna.

Estas decisiones provocaron rechazo social y político en el municipio. Cuando la alcaldesa salió al balcón del Ayuntamiento a pronunciar el pregón de las fiestas locales, los abucheos y gritos de “ladrona” le impidieron terminarlo. Unas semanas después, Más Madrid abandonó el Gobierno municipal tripartito que compartía con los socialistas de Posse y con Podemos. El PP y Ciudadanos, entonces en la oposición, cuestionaron que el tío de la alcaldesa tuviera la titulación necesaria para el puesto que ocupaba. El propio PSOE la suspendió cautelarmente de militancia, aunque no llegó a expulsarla.

Apenas un año y medio después de que saltara esta polémica, Posse volvió a acaparar titulares por otro escándalo: el Tribunal de Cuentas investigaba al Ayuntamiento por perdonar dinero a empresas concesionarias. Las pesquisas se originaban en un informe del interventor municipal, que pronto fue cesado de su puesto. El conocido como caso ITV pasó a la vía judicial tras una denuncia de Más Madrid. Aunque en 2022 una jueza archivó inicialmente la causa, un año después la Audiencia Provincial ordenó procesar a la alcaldesa y a siete concejales. A pesar de esa situación, Posse volvió a liderar la candidatura del PSOE a las elecciones municipales de 2023. Las perdió en favor de Manuel Bautista, el ahora acusado de acosar a una concejala.

Ya como líder de la oposición, fue enviada al banquillo en septiembre de 2024. La jueza abrió juicio oral contra ella y ocho exconcejales por delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos. La Fiscalía pide 12 años de inhabilitación para Posse por condonar más de 600.000 euros a la empresa ITV Móstoles, que llevaba varios años acumulando deudas con las arcas municipales.

La coalición entre PP y Vox, por los aires

La legislatura actual no está siendo más pacífica que la anterior. La derrota de Posse en 2023 dio lugar a un Gobierno de coalición entre el PP y Vox, con Bautista al frente de la alcaldía. El mes pasado, esa fórmula saltó por los aires.

Hasta ese momento, el concejal de Cultura era Daniel Martín, uno de los tres representantes que Vox logró en el Ayuntamiento. Pero el 9 de enero, abandonó la formación de extrema derecha por “coherencia con sus principios”. No renunció a su acta, por lo que pasó a ser concejal no adscrito.

Bautista llamó entonces a sus socios a renegociar el acuerdo de Gobierno, al considerar que había cambiado la correlación de fuerzas, mientras posponía el cese de Martín como concejal de Cultura. Esa reacción del alcalde enfadó a Vox, cuya portavoz municipal, Nieva Machín, acusó al PP de romper el pacto y anunció que su formación pasaría a ejercer “la oposición más dura que ha habido en Móstoles”. “Daniel Martín no accedió al Ayuntamiento como concejal independiente, sino como integrante de las listas de Vox”, manifestó Machín, que acusó a su excompañero de “transfuguismo político”.

Poco después el alcalde firmó el cese de Martín, pero no trasladó las competencias de Cultura a otro edil de la extrema derecha, sino que se las atribuyó a sí mismo. La portavoz de Vox dimitió entonces como presidenta de la Junta de Distrito que tenía a su cargo, consolidando la ruptura de la coalición. Las acusaciones de acoso contra el alcalde han ahondado la brecha: Machín se ha sumado a las peticiones para que dimita.

Bautista fue una apuesta personal de Ayuso para la alcaldía. Un desconocido para el público que hasta esa inclusión en las listas era viceconsejero de Organización Educativa en la Consejería de Educación mientras la lideraba Enrique Ossorio y que antes había ocupado otros cargos en la Comunidad de Madrid. Ha encontrado en la presidenta madrileña a una de sus defensoras más férreas: Ayuso ha acusado al PSOE de intentar “hacerse” con el Ayuntamiento de Móstoles “de manera espuria” y ha asegurado que con ella “no cuenten para desguazar la vida de una persona”.

Liderazgo incierto en la izquierda municipal

En un momento de debilidad para la derecha, los partidos progresistas no tienen un liderazgo claro con el que hacerle frente. La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento sigue siendo Noelia Posse, pese a estar a la espera de juicio por prevaricación y malversación. Sin embargo, a principios de este año anunció que no se presentará a las elecciones municipales de 2027. Lo hizo en una publicación en redes sociales en la que se declaró “inocente” y denunció “titulares injustos, acusaciones falsas y bulos fabricados” contra ella, pero consideró que “las personas procesadas, a la espera de juicio oral, no deben formar parte de listas electorales ni ocupar cargos orgánicos en sus organizaciones”.

Por el momento se desconoce quién la relevará como candidata en 2027. La secretaria de Organización del PSOE madrileño, Pilar Sánchez Acera, ha asegurado esta semana que ya están trabajando en “un proyecto competitivo”, que estará liderado por “una candidata preferiblemente”. También ha explicado que la Comisión de Ética del partido está examinando la situación de su portavoz en Móstoles en cuanto a su militancia y responsabilidades internas. “La señora Posse tiene en los órganos federales un expediente abierto. Es una realidad que vamos a afrontar de una manera muy clara”, ha defendido.

Más Madrid, por su parte, también afronta una transición en su liderazgo en la ciudad. Hasta el mes pasado el portavoz municipal era Emilio Delgado, pero renunció a su acta de concejal para centrarse en su labor en la Asamblea de Madrid. Al frente del grupo en Móstoles queda Jesús Arrabé.

Delgado abrió la puerta hace unos meses a postularse como líder de Más Madrid en 2027, algo que la actual portavoz en la Asamblea, Manuela Bergerot, le reprochó. Su nombre también ha sonado en los últimos días por el acto que protagonizará con Gabriel Rufián este miércoles, que ha generado un amplio debate sobre el futuro de la izquierda de cara a las próximas elecciones generales.

Irene perdió a su padre a finales de 2023. Más de dos años después, aún no ha conseguido acabar con toda la burocracia que toca resolver cuando muere un familiar cercano. Tener que dedicar tanto tiempo y esfuerzo a los papeles le ha dificultado la gestión emocional que requiere un proceso de duelo: “Lo he bloqueado mucho. He sentido que lo tenía que posponer. Ha sido muy difícil compatibilizar el proceso de la herencia con atravesar la tristeza o todos los sentimientos que te vienen con el duelo”.

Para ella, es difícil separar el recuerdo de su padre de las dificultades burocráticas. “A día de hoy, todavía no he podido empezar un proceso de duelo sin que esté asociado a la herencia. Cuando pienso en mi padre, muchas veces los pensamientos derivan hacia las cosas que tengo pendientes de resolver”, relata Irene, que no se llama así pero prefiere no dar su nombre real.

Tras un fallecimiento, se abre un complejo horizonte de trámites en diferentes ventanillas y con distintos plazos. Primero hay que solicitar el certificado de defunción. Luego toca esperar quince días para pedir el de últimas voluntades y el de seguros de vida en el Ministerio de Justicia. Si no hay testamento, se debe tramitar la declaración de herederos. A partir de ahí, acreditar las propiedades y deudas de la persona fallecida y tramitar la aceptación o la renuncia a la herencia. Sin olvidarse de pagar los impuestos, de cambiar el titular en los registros, en los bancos o en la DGT y de dar de baja el teléfono o la luz.

En todo ese laberinto pueden surgir “innumerables” dificultades, según explica la abogada especializada en herencias Ana García Peralta, directora del despacho Allende Abogados. Una de ellas es la falta de testamento, que puede suponer una primera “piedra en el camino” porque ralentiza el proceso. Otra puede ser el conflicto entre los herederos: “Con que uno de ellos no quiera firmar, no aparezca o no esté de acuerdo, ya hay que ir a la vía judicial”, apunta. También menciona los problemas para localizar ciertos bienes o incluso a herederos desaparecidos. Y añade las dificultades con los impuestos, de los que a veces hay que hacerse cargo incluso antes de tener claro el reparto de la herencia: “¿Qué parte tengo que pagar yo de los impuestos si no me hablo con mi hermano?”, ejemplifica la jurista.

A día de hoy, todavía no he podido empezar un proceso de duelo sin que esté asociado a la herencia. Cuando pienso en mi padre, muchas veces los pensamientos derivan hacia las cosas que tengo pendientes de resolver

Irene

En el caso de Irene, se han juntado varios de esos obstáculos. “Mi herencia fue enrevesada, no tanto por la cantidad de bienes, que no es el caso, sino por cosas diferentes”, explica. Y detalla algunas de esas dificultades: “Era una herencia en una comunidad autónoma diferente a la mía. Mi padre no dejó cerrado nada, entonces tuve que empezar desde cero. Y a eso se sumó la falta de colaboración de mi familia paterna y que el asesoramiento legal del despacho de abogados que contraté no fue el ideal”. Su proceso, además, se complicó porque tenía “mucho desconocimiento” sobre la economía de su familiar. “Tuve que hacer trámites extra para averiguar la situación de mi padre respecto a deudas. Tenía mucho miedo a las posibles sorpresas que nos podíamos llevar”, cuenta.

Procesos de años y de miles de euros

Álvaro tenía 24 años cuando su padre murió. Recuerda que, ya unos días antes, mientras recibía cuidados paliativos en su casa, una médica les dijo: “Bajad a la farmacia a por un acta de defunción por si se muere esta noche”. “Yo ni sabía que existía eso”, señala. Fue su primer contacto con una burocracia que, siete años después, describe como “una barbaridad de trámites que se alargan un montón en el tiempo”.

No le parece un proceso fácil: “Para empezar, no sabes cuántos trámites tienes que hacer ni cuáles son. Acabas buscándote la vida en Internet, nadie te dice en el hospital o en el tanatorio o donde sea: esto es todo lo que tienes que hacer”. Lo define como “un jardín” en el que “no entiendes lo que te están pidiendo en cada trámite”. “Te mencionan impuestos, cosas que no sabes lo que son, modelos que no sabes que existen, te piden información de tu padre que no sabes dónde está…”, enumera.

Según la abogada Ana García Peralta, la duración de estos procesos varía mucho según el caso: de unos pocos meses 'si todo va bien', 'hasta 15 años si nos metemos en procedimientos judiciales

Álvaro y su familia tardaron unos dos años en resolver todo el papeleo. Según la abogada García Peralta, la duración de estos procesos varía mucho según el caso: de unos pocos meses “si todo va bien”, “hasta 15 años si nos metemos en procedimientos judiciales”. En cuanto al coste del procedimiento, también cambia mucho, y depende, entre otras cosas, del volumen de los bienes a heredar. Pero supone “miles de euros casi siempre”, apunta la jurista. Precisa que solo la escritura notarial de adjudicación de la herencia ya puede costar entre 300 y 500 euros.

Las familias que tienen más recursos se pueden permitir contratar a un abogado o abogada que facilite los trámites. No fue el caso de Álvaro: “Lo hice todo yo solo. Quien tiene dinero lo delega en quien sea y listo, pero quien no, tiene que buscarse la vida y hacerlo por su cuenta. Es un dolor de cabeza más”.

La psicóloga especializada en duelo Belén Tarrat, cofundadora del espacio Vida y Pérdida, explica que los procesos emocionales tras un fallecimiento no se viven igual en función de cómo se produce la muerte y de las circunstancias socioeconómicas: “El contexto y cómo está organizada la sociedad a veces añade sufrimiento. Si no tengo los recursos económicos suficientes, quizá no puedo darle espacio a mi duelo porque por ejemplo me tengo que poner a trabajar enseguida o tengo que pagar gastos extra”. Esas carencias materiales tienen un impacto emocional: “Cualquier cosa que nos genere un estrés no nos va a dejar centrarnos en nuestro proceso de duelo. Sumas piedras a la mochila”.

Cualquier cosa que nos genere un estrés no nos va a dejar centrarnos en nuestro proceso de duelo. Sumas piedras a la mochila

Belén Tarrat — psicóloga especializada en duelo

Un sufrimiento añadido al que supone perder a alguien

Independientemente de la situación económica, los trámites administrativos suelen ser un obstáculo para el duelo, que es un momento en el que la persona “necesita escucharse y permitirse”, indica Tarrat. “Cuando estás en todo este proceso de papeleos, no te estás escuchando y permitiendo: estás escuchando lo que la administración quiere de ti”, contrasta.

La experiencia de Álvaro confirma esa dificultad. “Hasta que firmas el último papel y queda todo listo, ni siquiera te paras a decir ‘ya está’ y empiezas a procesarlo todo. Tu cerebro está en modo ejecución, en modo ‘tengo que hacer esto, esto y esto’ y ni siquiera tienes tiempo para procesar lo que te está pasando”, relata. “Me sentía enfadado y solo. Nadie te prepara para la muerte de un familiar a nivel emocional, y a nivel burocrático mucho menos. Sientes que no puedes dedicar todo el tiempo que necesitas a llorar a tu familiar, sino que tienes que tener la mente ocupada en gestionar estas cosas”.

En el caso de Irene, la burocracia también ha tenido un impacto en su proceso de duelo: “He sentido un sufrimiento extra a todo lo que significa la muerte de un ser querido”. Habla de emociones de “enfado, rabia, frustración y miedo a que no se estuvieran haciendo bien las cosas”. “Durante mucho tiempo del proceso, al ver que no avanzábamos, me entraba mucha ansiedad”, describe. Cree que los trámites le han hecho “mantener la herida muy abierta”. “Me he sentido muy desamparada”.

Me sentía enfadado y solo. Nadie te prepara para la muerte de un familiar a nivel emocional, y a nivel burocrático mucho menos. Sientes que no puedes dedicar todo el tiempo que necesitas a llorar a tu familiar, sino que tienes que tener la mente ocupada en gestionar estas cosas

Álvaro

El papeleo dificulta el duelo, pero también el duelo dificulta el papeleo. La psicóloga Tarrat señala que ya de por sí “las tareas administrativas son difíciles en general”, pero que cuando alguien está en duelo, “la capacidad de ejecutarlas se vuelve más ardua todavía”. “Estamos en lo emocional y estas gestiones nos piden organizar, decidir y ejecutar unas tareas en un momento en el que nuestra capacidad de hacerlas está mermada por lo que el duelo supone físicamente”, valora. Añade que, ante un golpe emocional tan fuerte, nuestras capacidades de concentración, atención y memoria se ven alteradas.

Para la psicóloga, otro factor que suma malestar es el trato que se recibe en ocasiones desde la administración, los bancos u otros servicios. “Suelen estar desbordados y no siempre funcionan con la agilidad necesaria ni tienen tiempo para ir lentamente explicándonos cada paso. Eso muchas veces genera sufrimiento porque no se sienten bien acompañados”, lamenta. Por eso pide “paciencia, humanidad y compasión: parar, estar con esa persona y ayudarla a entender”, algo que “dependerá de la sensibilidad de con quién te topes y de con cuánta carga de trabajo le pilles”. También demanda “formación especializada en duelo para atender en estos servicios”.

Una ventanilla única y un asesoramiento mejor

Para la abogada Ana García Peralta, hay medidas que podrían hacer más llevaderos los trámites después de una muerte. Explica que su complejidad tiene cierto sentido jurídico: “El Estado debe garantizar que el que traspasa una vivienda, por ejemplo, es el dueño legítimo de eso. También se debe proteger a los acreedores para evitar un fraude. Y el notario debe dar fe de que la propiedad privada del fallecido se traspasa según su voluntad”. Pero cree que estos procesos se pueden simplificar.

La jurista no ve necesario que el heredero “actúe como un mensajero de la administración”, llevando papeles de un organismo a otro. Así que propone una “ventanilla única”: que al pedir el certificado de defunción se active un protocolo automático que aglutine el resto de trámites y que las diferentes instituciones se comuniquen entre ellas. “No tiene mucho sentido que el ciudadano aporte datos que el Estado ya tiene”, cuestiona. También sugiere que, cuando no existan inmuebles o solo haya un heredero, “sea una autoliquidación y adjudicación simplificada que se pueda hacer online, o directamente en un solo trámite en el notario”. Agrega que la administración podría ofrecer “mejor asesoramiento”.

Si pienso en tener que afrontar otra herencia similar, me vengo abajo. Mi mensaje hacia mi madre ha sido que lo arregle todo

Irene

Álvaro coincide en esa necesidad de información: “He echado en falta que, en el momento en que se muere una persona, el propio médico te dé un papel o un QR, te diga ‘esto es lo que va a pasar a partir de ahora’ y te dé el teléfono de un asesor gratuito de la administración que te explique a qué te vas a enfrentar de manera clara”. Pide que “pagar y hacer papeles no signifique parar tu vida y generarte una ansiedad horrible porque te da miedo que se te quede algún papel de por medio o que de repente, pasados dos años, te reclamen una declaración de la renta”.

Irene también sugiere “simplificar y actualizar los trámites”, además de hacerlos “más asequibles”. Añade que “los abogados tienen que estar muy concienciados de que están tratando con personas que han perdido a sus seres queridos”. Cree que “en muchos casos esto es un trámite doloroso que no tienes ningunas ganas de hacer”, así que ve importante que “tengan mucha empatía”.

Son ideas para mejorar un procedimiento por el que no le gustaría volver a pasar: “Si pienso en tener que afrontar otra herencia similar, me vengo abajo. Mi mensaje hacia mi madre ha sido que lo arregle todo”. Para Irene, los trámites burocráticos se han convertido en una montaña de obstáculos que no le han dejado atender bien las necesidades emocionales que implica haber perdido a su padre: “Estoy deseando cerrar el proceso para intentar atravesar el duelo desde otro lugar”.

Smail se levanta temprano cada mañana. A las ocho entra a trabajar en un punto limpio, donde atiende a quienes van a reciclar sus residuos. Se ocupa de ordenarlos y de limpiar, hasta que vuelve a casa a las dos. A veces, por la tarde, reparte revistas o alimentos a domicilio. Tiene 19 años y es marroquí, pero vive en Tremp, un pueblo de 6.000 habitantes en el noroeste de Catalunya, al borde de los Pirineos.

Llegó aquí en 2020 junto a otros nueve jóvenes migrantes no acompañados. Eran los primeros participantes en el proyecto Avenir, una iniciativa que les facilita vivienda y formación en una zona con problemas de despoblación. El objetivo es doble: a ellos les ayuda a construirse un futuro digno, al territorio le proporciona gente joven con ganas de trabajar.

“Son zonas rurales donde cada vez hay menos población joven que se quiera quedar”, explica Violeta Quiroga, profesora de Trabajo Social en la Universidad de Barcelona que ha participado en el programa. Eso da lugar a una población muy envejecida e inactiva. Al cruzar esa problemática con la necesidad de atender a los menores migrantes que llegan solos, la Generalitat de Catalunya y la Cámara de Oficios y de la Artesanía de Occitania, en Francia, pusieron en marcha este proyecto conjunto con una subvención de casi 700.000 euros del fondo FEDER de la Unión Europea.

Los participantes salen de los centros de menores para trasladarse a esta zona de montaña. Ahí se instalan en una vivienda en la que siete profesionales están con ellos las 24 horas y les ayudan en las tareas del día a día. “El objetivo es que encuentren un empleo y puedan salir, pero con todo un trabajo previo de acompañamiento a la emancipación”, cuenta la directora de ese equipo, Mireia Badia. Entre las habilidades cotidianas que trabajan con ellos está que sepan cocinar una dieta saludable, administrar su dinero o poner una lavadora.

Al mismo tiempo, el proyecto les proporciona formación para desempeñar los oficios de la zona. Como la oferta educativa en el entorno rural es escasa y no suele admitir a personas sin los papeles en regla, Avenir les organiza cursos a la carta teniendo en cuenta sus intereses, con prácticas en empresas locales. Han recibido formación en carpintería, peluquería, mantenimiento… “El curso que más me gustó fue el de mecánica”, asegura Smail. También les facilitan sacarse el carné de conducir, importante en una zona sin apenas transporte público.

La prioridad: encontrar un trabajo

De los diez participantes iniciales, ocho están ahora trabajando. “Para ellos la prioridad es encontrar un empleo, tener papeles y ahorrar dinero para ayudar a sus familias en Marruecos”, explica Mireia Badia. Otro de esos jóvenes que ya tienen trabajo es Mahjoub, contratado por el Ayuntamiento de La Pobla de Segur, un municipio de 3.000 habitantes cerca de Tremp. Su alcalde, Marc Baró, lo describe como un joven muy trabajador: “Nunca le he escuchado un ‘no’, sus compañeros están todos encantados”. Se dedica a tareas de limpieza, jardinería y albañilería, entre otras. Su acogida en el pueblo ha sido buena, afirma Baró: “Vienen a ganarse la vida, no a estar sentados en un bar”.

Llevan el estigma encima y han sentido ese tipo de racismo que está normalizado

Xavi Sánchez — educador del programa Avenir

Uno de los educadores, Xavi Sánchez, señala que los participantes sí han sufrido algunas actitudes racistas. “Llevan el estigma encima y han sentido un poco de rechazo, de ese tipo de racismo que está normalizado”, cuenta. Relata malas miradas al escuchar a alguien hablar árabe en una tienda, o acusaciones infundadas de robos en el supermercado. Pero cree que este proyecto permite precisamente “romper todos estos estigmas”, puesto que, a medida que la población local va conociendo a estos chicos, deja atrás los prejuicios: “Este intercambio cultural enriquece las comunidades”. Coincide con ello Violeta Quiroga: “Se crea sensibilización respecto a las personas que provienen de otros orígenes”.

Más allá de la vivienda y la formación, Avenir también se preocupa por el tiempo de ocio de sus integrantes. “Las relaciones sociales son lo que acaba arraigando a una persona al territorio”, apunta la profesora universitaria, y por eso les ayudan a participar en actividades deportivas o a hacer voluntariado en asociaciones. Smail, cuando puede, sale a jugar al fútbol con sus amigos. “Soy del Madrid”, aclara ante la mirada escandalizada de una de sus jefas, que parece ser más del Barça. Xavi Sánchez corrobora que “el deporte ha sido un eje vertebrador” para la integración de los participantes, que tienen ya casi todos su grupo de amigos. “La vida no es solo trabajar y estudiar”, remarca.

Independizarse no es fácil

Aunque todos se apuntaron al programa con el objetivo de encontrar trabajo, lograrlo marca un momento agridulce. Desde que acceden a un empleo, les dan seis meses para abandonar el piso. Mireia Badia cuenta que, de los diez integrantes iniciales, “tres encontraron trabajo muy rápido, acababan de llegar, así que estaban aterrorizados por tener que dejar el proyecto tan pronto”. Ante ese problema, y con la escasez de ofertas de alquiler que hay en la comarca, las instituciones implicadas decidieron facilitarles una vivienda de transición en la que pudieran “trabajar cosas que les faltaban para acabar de plantear bien su itinerario”, explica la responsable. Dos de ellos ya se han emancipado del todo. A Smail le tocará dejar Avenir antes del verano, pero él ya tiene un plan: “Voy a alquilar con unos amigos en Tremp”.

Otra de las dificultades que afrontan a menudo es el problema de la documentación. Al haber llegado a España en situación irregular, la legislación de extranjería pone muchos obstáculos para que puedan acceder a un empleo o incluso a formación. Los responsables del programa hablan de una lucha continua contra la burocracia: los requisitos para que una empresa pueda darles un contrato que les permita conseguir un permiso de trabajo son casi imposibles de cumplir para ellas.

El director de la Oficina de Trabajo de Tremp, Joan Sarrias, uno de los coordinadores del proyecto, lamenta la rigidez de algunas normativas, cuyo cumplimiento es especialmente difícil en el entorno rural. Pero más allá de esos obstáculos, afirma con rotundidad que Avenir “ha sido todo un éxito”. Mireia Badia está de acuerdo: “Son chicos que venían con un perfil muy vulnerable y ahora han crecido y tienen buenas perspectivas de futuro”.

La iniciativa llegará a su fin en mayo, dos años después de su inicio. Era un proyecto piloto y, aunque sus responsables esperan que tenga continuidad, no saben aún en qué formato será ni, sobre todo, con qué recursos una vez se acabe la financiación europea. “Echaremos de menos el presupuesto”, reconoce Mireia Badia. Joan Sarrias apunta que Avenir ha servido precisamente para evidenciar la necesidad de una oferta adecuada de formación profesional en las zonas rurales, para lo que propone “una pequeña escuela de oficios” que acoja a estudiantes “de cualquier bagaje previo” y que sea “sostenible en el tiempo”.

14 personas aquí cambian cualquier estadística de población, de paro o de envejecimiento

Joan Sarrias — director de la Oficina de Trabajo de Tremp

Mientras tanto, Tremp y su comarca ya han ganado a algo más de una decena de chicos jóvenes y trabajadores, una cifra que, para Sarrias, no es desdeñable en un territorio pequeño: “14 personas aquí cambian cualquier estadística de población, de paro o de envejecimiento”. Casi todos se han quedado por el momento en la zona. A Smail este entorno le resulta familiar: su lugar de origen, en el centro de Marruecos, es un pueblo parecido a Tremp, también pequeño, montañoso y con un clima similar. Con su uniforme amarillo reflectante del punto limpio, cuenta que tiene claros sus planes: “Me voy a quedar aquí unos cinco años”.

Este artículo se ha redactado en el contexto del concurso Union Is Strength, organizado por Slate.fr con el apoyo financiero de la Unión Europea. El artículo refleja el punto de vista de su autor y la Comisión Europea no es responsable de su contenido ni de su uso. El artículo fue originalmente publicado en francés.

Yo no conocía a Samuel, pero su muerte me ha dolido como si lo conociera. He llorado al leer cada nuevo detalle que salía a la luz sobre la noche en que lo mataron, se me ha encogido el corazón al ver a sus amigas abrazarse con camisetas con su rostro, me ha cambiado la cara cada vez que su historia volvía a mi mente mientras estaba haciendo otra cosa. Y sé que no soy el único.

La muerte de Samuel ha producido una conmoción sin precedentes en la comunidad LGTBI, porque muchas y muchos sentimos que nos podría haber pasado a nosotras. Que Samuel podría haber sido yo, o podría haber sido mi pareja, o un amigo. Porque lo único que hizo fue existir, existir contra la norma, y eso lo hacemos muchas y muchos.

La conmoción ha sido más intensa porque este asesinato no ha sido un caso aislado. Se ha producido en una semana de Orgullo LGTBI que hemos vivido divididos entre la reclamación de derechos humanos de los que aún se nos priva, la celebración de los importantes logros conseguidos y el sufrimiento por las muchas agresiones LGTBIfóbicas que hemos conocido en los últimos días en Galicia, en Catalunya, en Euskadi, en Madrid... Insultos, bofetones y palizas que recibimos por ser como somos, por vestir como vestimos, por hablar como hablamos, por querer a quienes queremos, por desear a quienes deseamos y por tener sexo con quienes tenemos sexo. Muchas agresiones a muchos Samueles diversos que nos han provocado la necesidad de gritar “basta”.

Y eso hemos hecho: gritar “basta” en las calles de decenas de ciudades, en las redes, en nuestros entornos. Gritar que lo que te llaman mientras te matan importa y que no queremos ser la siguiente víctima. Pero no podemos quedarnos ahí. Debemos convertir el grito en acción. Debemos transformar el miedo, el dolor y la indignación en fortaleza para defender todos y cada uno de los derechos que hemos conseguido con mucho esfuerzo, para no tolerar ni un paso atrás en nuestra dignidad y para exigir aquellos derechos que aún no nos han sido reconocidos, como la autodeterminación de género, o que están en la ley pero no siempre en la realidad, como el derecho a vivir sin discriminación. También para que esos derechos los disfrutemos todas las personas, hayamos nacido donde hayamos nacido y vivamos donde vivamos.

Pero la primera acción en la que debemos convertir ese grito no es otra que existir. Seguir siendo como somos y mostrarnos como tal. Si la violencia LGTBIfóbica parece ser cada vez más dura, quizá se debe, además de al odio que promueve una extrema derecha con una influencia creciente, a que cada vez somos más visibles. Cada generación se esconde un poco menos que la anterior, y así debe seguir siendo. No podemos permitir que esa violencia nos vuelva a meter en el armario. No podemos volver a descruzar las piernas por miedo a que nos llamen “maricón”, ni soltar la mano de nuestra pareja por el temor a una paliza, ni cambiar nuestra forma de vestir porque alguien diga que no es acorde con nuestro sexo.

Decía Bob Pop hace unos días: “A veces, pienso que las agresiones LGTBIfobas son los últimos coletazos de una bestia herida que se ve acorralada. Y me parezco optimista. Otras veces, me vengo abajo y temo que estén más fuertes que nunca. No sé. Yo qué sé”. Yo tampoco sé. Pero quizá no se trata de preguntarnos cuál es la respuesta correcta, sino de provocarla nosotras. De asegurarnos de que la bestia esté dando esos últimos coletazos. Y tenemos una herramienta tremendamente poderosa para lograr eso: nuestra pluma. Saquemos nuestra pluma a pasear. Llenemos las calles de mujeres que se besan entre ellas, de maquillaje sobre la barba, de hombres que no han nacido con pene y mujeres que no han nacido con vulva y están orgullosas y orgullosos de serlo.

Al igual que la violación múltiple de 'la manada' provocó una oleada de feminismo que se ha demostrado imparable, hagamos que el asesinato de Samuel al grito de “maricón” sea el combustible para un movimiento LGTBI más fuerte que acabe con la bestia. Y más unido precisamente con el feminismo, porque otra de las cosas que el caso de Samuel ha puesto en evidencia es que el feminismo y el movimiento LGTBI son y deben seguir siendo movimientos hermanos, pese a que algunas personas hayan intentado últimamente crear divisiones ilógicas e inútiles.

Ambos movimientos han ido y deben seguir yendo de la mano porque luchan contra un enemigo común. El machismo y la LGTBIfobia son dos caras de la misma moneda: el heteropatriarcado. Ambos se basan en castigar a quienes desafían las normas de género. Cuando una mujer decide que su papel en la sociedad va más allá de cuidar y tener hijos, cuando un hombre se enamora de otro hombre, cuando una niña se da cuenta de que es una niña aunque hasta el momento le han dicho que es un niño o cuando una chica decide no hacer caso a lo que su novio ha decidido por ella, el heteropatriarcado responde con brecha salarial, con agresiones homófobas, con transfobia institucional, con asesinatos machistas y con otras muchas violencias que tienen una base común: son la reacción contra quien rompe con lo que alguien decidió una vez que debe ser una mujer o debe ser un hombre. La respuesta a esas violencias machistas y LGTBIfóbicas debe ser también común.

Por desgracia Samuel no va a volver a la vida. Pero podemos homenajearlo con nuestras acciones para lograr que su agresión sea la última. Tenemos mucho trabajo por delante para conseguirlo. Lo primero de todo: ser nosotras, ser nosotros y ser nosotres.

El 69,27% de los electores ha votado en las elecciones de Madrid hasta las 19.00 horas. Son 11,14 puntos más que en 2019, cuando a esa hora había acudido a las urnas el 58,13%.

Se trata de las elecciones con mayor movilización hasta las 19.00 horas al menos en la última década. Es un dato superior al 65,47% de 2011, el 59,51% de 2015 y el 58,13% de 2019. Hasta el momento, el mayor dato de participación en la jornada completa se dio en 1995, cuando se alcanzó el 70,4%.

La participación ha aumentado en casi todos los municipios de la comunidad. Lo ha hecho en los principales feudos de la izquierda, como Fuenlabrada (17 puntos más que en 2019), Getafe (13 puntos más), Rivas-Vaciamadrid (15 puntos más) o los distrititos madrileños de Villa de Vallecas (10 puntos de subida) o Villaverde (11 puntos de subida). Pero también ha crecido en los bastiones de la derecha, como Pozuelo de Alarcón (13 puntos más), Boadilla del Monte (15 puntos de aumento) o el distrito de Salamanca en la capital (10 puntos más).

En el avance anterior, a las 13.00 horas, la participación ya había crecido más de dos puntos respecto a hace dos años. Los politólogos piden cautela a la hora de interpretar los datos de participación, ya que estas elecciones tienen varias particularidades que hacen difícil compararlas con convocatorias anteriores. “Hay una pandemia que establece tramos horarios de votación recomendada, la fecha cae en jornada laboral, no coincide con otros comicios y dentro de dos años habrá nueva convocatoria electoral”, resume la experta Sandra León.

Las autoridades habían recomendado que la población general acuda a votar entre las 9.00 y las 10.00 y entre las 12.00 y las 19.00. De esta manera, se reservaba el tramo de 10.00 a 12.00 horas para los mayores de 65 años y la franja de 19.00 a 20.00 horas para las personas con COVID-19.

Al ser un día laborable, los electores cuya jornada de trabajo coincidiese en al menos dos horas con el horario de votación disponen de un permiso retribuido para ausentarse de su puesto de trabajo.

Puedes leer aquí todo lo sucedido en el día de ayer.

Unidos Podemos y el Gobierno prevén cambiar el sistema de becas promovido por el Ejecutivo de Mariano Rajoy y reducir las tasas universitarias. El texto del acuerdo alcanzado de cara a los presupuestos de 2019 incide en que el modelo impulsado por el exministro José Ignacio Wert ha perjudicado “a los estudiantes con rentas más bajas”, llegando en algunos casos a perder el “30% de la beca que recibía con anterioridad”. De hecho, la cuantía de las becas universitarias concedidas por el Ejecutivo del PP se redujo de media 332 euros entre el curso 2011/12 y el 2015/16.

Hasta ahora el Ministerio de Educación esconde tras una fórmula compleja y opaca los criterios con los que adjudica las becas. Con este sistema los estudiantes solo conocen la cantidad que perciben como ayuda al final del curso. De cara al periodo escolar 2019/20, PSOE y Unidos Podemos se comprometen a simplificar este sistema, así como hacerlo más transparente para que los solicitantes tengan antes constancia de si tienen derecho a ellas y conocer la cantidad que les corresponde.

Entre los objetivos que pretenden alcanzar si este acuerdo sale adelante, también prevén un aumento de becas concedidas por razones socioeconómicas. Estiman ese incremento, ya de cara al próximo curso, en un impacto global de 536 millones. Supone un aumento considerable teniendo en cuenta que de cara a este curso el aumento se limitó a los 50 millones de euros que anunció el Gobierno de Rajoy.  Con esta medida, el departamento de Celaá solo pudo aumentar en 100 euros las ayudas para las rentas más bajas.

120.000 alumnos tuvieron que devolver la beca

La fórmula impulsada por Wert y el endurecimiento de las condiciones para acceder a la ayuda –como la subida de la nota a un 5,5 para acceder a la cobertura de la matrícula– produjo que en los últimos cuatro años 120.000 estudiantes tuvieran que devolver la beca porque no habían cumplido los requisitos exigidos. El PSOE admitió que ese mecanismo de devolución ya existía pero con la reforma los expedientes se han multiplicado por cuatro, según sus datos.

Con el sistema que implantó el exministro Wert en 2013, las becas, universitarias y no universitarias, se dividen en dos partes: una fija y una variable. La fija incluye cantidades concretas en función de si se cumplen o no determinados requisitos: por ejemplo, a un universitario que vive en la Península, no supera el umbral más bajo de renta y estudia lejos de donde vive su familia le dan 3.000 euros. El estudiante puede saber de antemano cuánto debe recibir de la parte fija, según los requisitos que cumple.

Una vez que se han asignado todas las cantidades fijas, el Ministerio de Educación reparte el dinero que le sobra entre todos los becarios. Esa es la parte variable, que se reparte ponderando la nota y la renta de cada estudiante con la nota y la renta del resto de alumnos. Es decir, la cuantía que recibirá un estudiante no solo depende de sus resultados académicos y de su situación económica; también depende de los de todos los estudiantes que han recibido beca en el país y del dinero que le quede disponible al Ministerio. El Gobierno pondera todos esos factores con una fórmula matemática que los estudiantes no pueden aplicar de antemano porque no tienen los datos necesarios hasta final de curso.

50 millones para material escolar

Además de la modificación de este sistema, este acuerdo recoge otras medidas educativas. Entre ellas la dotación de 50 millones de euros a la partida para material escolar gratuito en las etapas obligatorias y la derogación de la normativa que permitió que las comunidades autónomas elevasen las tasas universitarias.

El Real Decreto 14/2012 de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo, promovido por el exministro José Ignacio Wert, autorizó a los ejecutivos regionales que subieran los precios de las tasas universitarias hasta el máximo del 25% del coste real de los estudios para compensar, en parte, la caída de la financiación pública de los centros.

Esta medida provocó que el precio medio para estudiar un grado universitario en Catalunya llegase a costar casi tres veces más que en Galicia. En el curso 2017/18 el crédito suponía 33,52 euros en los campus catalanes y 11,89 euros en los gallegos. Madrid (24,6 euros por crédito) y Castilla y León (23,3 euros) son las regiones que siguen a los catalanes en la lista de los precios más elevados en el curso 2017/2018. Por su parte, Canarias (14 euros), Cantabria (13 euros) y Andalucía (12,6 euros) son las regiones que acompañan a Galicia entre los grados más económicos.

El Gobierno ha aprobado en el Consejo de Ministros el Real Decreto que regulará las condiciones de las becas de enseñanzas universitarias y no universitarias del próximo curso. Con un presupuesto elaborado por el Ejecutivo del PP y ante la necesidad de que se aprobase esta normativa antes de que comience el nuevo curso escolar, el Ministerio de Educación ha mantenido el mismo proyecto de ayudas anunciado por el equipo de Mariano Rajoy.

El Ministerio ha mantenido el anunció que ya realizó hace varias semanas, una ligera modificación al texto presentado por los populares. Con este Real Decreto aumentan en 100 euros al año la ayuda que reciben las rentas más bajas, situadas en el denominado umbral uno. Desde el departamento dirigido por Isabel Celaá aseguran que estiman que ese cambio beneficiará a 250.000 alumnos. La ministra reconoce que este incremento es “es una cantidad modesta” pero que es la única de podían disponer.

Beca de excelencia

Una de las novedades incluidas para el periodo 2018-2019 consiste en que la nota de corte para tener una beca que cubra la matrícula en el primer curso universitario sea un 5,00 en lugar de 5,5 en el acceso. Cuando el exministro Íñigo Méndez de Vigo realizó este anuncio, la comunidad educativa lamentó que la nota media de 6,5 se siga manteniendo para intentar acceder a las becas que otorgan una cantidad de dinero y para acceder a las ayudas a partir de 2º curso. La calificación para optar a una ayuda en Bachillerato seguirá en el 5,5.

Además, el decreto crea una cantidad fija de hasta 200 euros para los alumnos y alumnas becados que tengan una nota media de 8,00 o superior “tanto en las enseñanzas postobligatorias universitarias como no universitarias”. Celaá ha reseñado que esta partida se aplicará exclusivamente a “los becarios, no a otras personas fuera de la bolsa de becarios”. También crearán una bolsa para ayudas para los hijos de víctimas de violencia machista. Una muestra del “trabajo por la igualdad de este Gobierno”, ha incidido la portavoz del Ejecutivo.

El requisito de tener como mínimo un 5,5 de nota y no un 5 para acceder a una beca para la matrícula de un grado fue establecido en 2012 por el entonces ministro de Educación José Ignacio Wert y causó el descontento de estudiantes, rectores y partidos políticos de la oposición, que cada curso vuelven a pedir al Ministerio que lo rebaje al 5.

El Gobierno anterior envió en mayo al Consejo Escolar del Estado el borrador de decreto de becas para el próximo curso, en el que bajaba al 5 la nota . Tras la llegada del PSOE a Moncloa, la nueva ministra de Educación paralizó su tramitación para estudiar posibles cambios. “Habrá cambios de importancia”, adelantó Celaá en una entrevista en eldiario.es.

Sin embargo, finalmente han aprobado un texto muy parecido al que ya había enviado el PP y que el PSOE había paralizado. Desde el Ministerio aseguran que de cara al curso 2019-2020 habrá mayores modificaciones. “Vamos a hacer pequeños retoques y en septiembre se va a abrir un diálogo con todas las asociaciones de la comunidad educativa para poner en marcha un nuevo modelo de becas en el curso 2019/2020”, aseguró el director general de Planificación y Gestión Educativa del Gobierno, Diego Fernandez Alberdi, tras presentar el documento ante los miembros del Consejo Escolar del Estado.

La comunidad educativa ya expresó su rechazo a esta normativa. En la reunión mantenida ante el Consejo Escolar del Estado, el pasado 5 de julio, los sindicatos CCOO, STEs y UGT, así como la Confederación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA) y CANAE han presentado un voto particular porque consideran que el sistema de becas “compromete la igualdad de oportunidades en el acceso a la enseñanza”.

Con este posicionamiento exigieron la retirada del proyecto de Real Decreto. Para justificar esta decisión la comunidad educativa ha lamentado que el Gobierno de Rajoy haya mantenido en “ inactividad sistemática al Observatorio Universitario de Becas, Ayudas al Estudio y Rendimiento Académico”. Asimismo han incidido en los “efectos perversos” de la parte variable porque crea una “incertidumbre” sobre la cantidad a recibir. En relación al pago tardío, también han reseñado que el sistema “es tan ineficaz” que los becados están recibiendo la ayuda en el último mes del curso.

Elaboración: Ana Ordaz

El 13 de marzo de 2007 las personas trans en España estaban de celebración. Entraba en vigor una nueva ley que les permitía cambiar el nombre y el sexo en su DNI sin necesidad de pasar por un quirófano. Once años después, las demandas del colectivo van mucho más allá y el Congreso está tramitando varias leyes con medidas integrales contra la transfobia, pero muchas comunidades autónomas han avanzado por su cuenta durante ese tiempo.

En los últimos cuatro años se han aprobado trece nuevas leyes en once regiones para dar protección a las personas trans, bien a través de legislación específica o bien dentro de leyes dirigidas a todo el colectivo LGTBI+. Antes de eso, Navarra –con una ley trans que fue la pionera en 2009 aunque en 2017 quedó derogada por una norma LGTBI más amplia– y Euskadi –con su ley trans de 2012, aún en vigor– abrieron camino.

Andalucía y la Comunidad de Madrid cuentan cada una con dos leyes diferenciadas, una específica para las personas trans y otra para todo el colectivo LGTBI+. Canarias, Comunidad Valenciana y Euskadi tienen leyes solo para las personas trans, mientras que Aragón, Islas Baleares, Catalunya, Extremadura, Galicia, Murcia y Navarra han aprobado legislación que se refiere de forma conjunta a la comunidad LGTBI+.

Las cinco regiones restantes no tienen normas trans ni LGTBI+ en vigor. En Cantabria, Castilla y León y Castilla–La Mancha se han llegado a anunciar pero por el momento no se han tramitado.

El derecho a la autodefinición es el punto de partida

La base de la mayor parte de esta legislación autonómica es el derecho a la libre autodeterminación: es decir, a que cada persona construya de forma libre su propia definición sobre su género, orientación sexual, sexo y cuerpo. No debe mediar ningún tipo de informe psicológico o médico que “acredite” la identidad de género. A día de hoy, Canarias (2014) y Euskadi (2012) son las dos únicas comunidades con leyes trans o LGTBI+ que sí lo exigen. El texto es similar en la redacción de ambas normas, que piden un informe de psicólogo que acredite “que carece de patologías que le induzcan a error en cuanto a la identidad de género que manifiesta” y “que presente una disonancia igualmente estable y persistente durante al menos seis meses, entre el sexo morfológico de nacimiento y la identidad de género sentida”.

“¿Quién es trans según estas leyes? Aquella persona que lo acredite mediante un informe. Supone una vulneración del derecho a la libre determinación. Es un tercero quien acredita mi identidad. Las ley de 2012 del País Vasco, 2014 de Canarias… han sido leyes que han nacido con fecha de caducidad”, reflexiona Mar Cambrollé, presidenta de la Asociacion de Transexuales de Andalucía–Sylvia Rivera e impulsora de la Ley Trans Andaluza.

Para la activista, esta legislación nace “negando al sujeto político capacidad de ser sujetos de derecho” y, al mismo tiempo, “subrayando y reproduciendo la visión patológica de las identidades trans”. La libre autodefinición ha quedado también fuera de la ley gallega y de la catalana (ambas de 2014), pero ninguna cuenta con la exigencia del informe psicológico y la segunda sí incluye una referencia explícita a que la política sanitaria no debe tratar “directa o indirectamente la condición de estas personas, especialmente transgéneros e intersexuales, como una patología”.

¿Unidades especializadas o atención de proximidad?

Las primeras comunidades que desarrollaron una atención sanitaria a las personas trans apostaron por crear unidades hospitalarias específicas para ellas. En Euskadi, la Unidad de Trastornos de Identidad de Género del Hospital de Cruces (Barakaldo) es el servicio de referencia para toda la región. En Canarias, la ley establece dos unidades de identidad de género, una para cada provincia.

Para Mar Cambrollé, la existencia de estos servicios centralizados no es algo positivo. “Es un modelo antiguo, que se impuso en 1999 desde Andalucía y se extrapoló al resto del Estado”, explica. Señala que, en la práctica, esos servicios se convirtieron en “unidades de maltrato, de vulneración de la dignidad”. “Se nos estigmatizaba, ya que se nos segregaba del resto”, considera la activista.

La misma comunidad, Andalucía, aprobó en 2014 su ley trans, que inicia un cambio de modelo. “Se acabaron las unidades específicas. La puerta de entrada es la medicina primaria y no la de la psiquiatría. Si eres de Sevilla, vas al médico de familia y él te deriva al endocrino del hospital de tu ciudad”, cuenta Cambrollé. Subraya que “las necesidades de las personas trans son las mismas que las de las personas cisexuales” y que “hay que desmitificar los tratamientos específicos: yo soy una mujer con una carencia hormonal y esa es mi necesidad, así que voy como cualquier mujer que tiene una carencia hormonal fruto de un desarreglo menstrual o de ovarios poliquísticos”.

Madrid, Murcia y Aragón han seguido ese nuevo camino: incluyen el principio de proximidad como uno de los fundamentos de la atención a las personas trans y establecen que la derivación a centros especializados solo sea voluntaria. Navarra, que en su primera ley, la de 2009, apostó por una unidad de referencia, en la de 2017 acabó con ese sistema y se sumó al de la atención en proximidad.

La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales defiende que se combinen ambos modelos. “Quien tiene que decidir adónde ir es el usuario”, señala su vicepresidente, Mané Fernández. Explica que “si rascas un poco, incluso en esas comunidades sin una unidad, al final siempre terminas yendo a profesionales que realmente entienden y saben algo sobre nuestra realidad”. Pide, por tanto, “que existan servicios específicos para las personas trans no patologizantes”.

Las carteras de servicios sanitarios

Muchas de las comunidades con las leyes más recientes especifican en ellas una serie de servicios que la sanidad pública debe prestar a las personas trans que los requieran. Entre ellos están los tratamientos hormonales, las cirugías genitales y de pecho y los tratamientos de modulación del tono y timbre de voz. También prevén que se les preste acompañamiento psicológico si lo necesitan, con la precisión en algunos casos que esa atención sea la misma que recibe de forma común cualquier usuario de la sanidad pública.

Además, especifican el derecho de las personas trans menores de edad a recibir, cuando empiecen la pubertad, tratamientos de bloqueo hormonal que les eviten desarrollar caracteres sexuales no deseados, y más adelante, tratamiento hormonal cruzado para “propiciar el desarrollo de caracteres sexuales secundarios deseados”. Por otro lado, casi todas las leyes trans o LGTBI prohíben expresamente las “terapias de aversión o de conversión de las manifestaciones de identidad de género libremente manifestadas por las persona”.

Muchas comunidades no realizan en su propio territorio las cirugías de reasignación de sexo, sino que derivan a los pacientes que las requieren a otras autonomías que cuentan con equipos especializados. Uno de esos equipos está en el Hospital de Málaga, que lleva muchos años haciendo intervenciones de este tipo a personas trans de toda España. Según datos proporcionados a eldiario.es por la Consejería de Salud de Andalucía, Málaga ha operado desde 2015 a 17 personas residentes en otras comunidades autónomas: 5 de Asturias, 6 de Islas Baleares, 1 de Castilla–La Mancha, 2 de Murcia y 3 de Comunidad Valenciana.

¿Qué ocurre con los baños y vestuarios de los colegios?

La inmensa mayoría de las legislación autonómica aprobada incluye, con mayor o menor detenimiento, un apartado referido a la educación. Abarcan, por una parte, la inclusión dentro del currículo educativo del respeto a la diversidad de orientaciones sexuales e identidades de género y, por otra, medidas para el correcto trato a los menores trans en los centros. El profesorado debe referirse al alumnado con el nombre elegido –o el que decida su familia si es demasiado pequeño– y ese será el nombre que aparezca en toda la documentación pública, con independencia de las bases de datos de la administración, y el mismo que se utilizará en actividades extraescolares y exámenes.

Se especifica que el alumno o alumna tiene derecho a la libre elección de indumentaria y, si el uniforme es obligatorio, a vestir el que corresponda en función a su identidad manifestada. Ocurre lo mismo con los baños y vestuarios. La excepción son las leyes vasca, gallega y catalana, sin referencias ni a la indumentaria ni al vestuario.

La ley de Murcia, a mayores, recoge que la Administración no apoyará la concesión de subvenciones o cualquier tipo de ayuda pública, ni tan siquiera concesiones administrativas, a aquellos centros que discriminen al alumnado por razón de identidad sexual, orientación sexual o expresión de género. “Esta circunstancia ha de reflejarse nítidamente en el ideario de los centros y han de tener su correspondencia en las manifestaciones públicas de los responsables de los mismos”, dice la ley.

Sanciones de hasta 120.000 euros

Muchas de las leyes trans y LGTBI incluyen un régimen de infracciones y sanciones administrativas para garantizar su cumplimiento. En general establecen tres categorías: infracciones leves, como las expresiones vejatorias contra las personas trans en medios de comunicación o redes sociales; graves, como el uso de libros de texto que presenten a las personas como “inferiores en dignidad humana” en función de su identidad de género; o muy graves, donde se incluyen el acoso o las terapias de modificación de la identidad de género.

La ley LGTBI andaluza es la que estipula las sanciones más duras: multas de hasta 120.000 euros para las infracciones muy graves, junto con otras posibles medidas como la prohibición de recibir ayudas públicas de la comunidad autónoma durante cinco años. En Baleares, la multa máxima es de 90.000 euros, mientras que en Navarra, Comunidad Valenciana, Madrid, Aragón, Extremadura y Murcia llegan hasta los 45.000 euros.

Catalunya es la comunidad menos dura de las que establecen sanciones: sus multas máximas están en torno a los 6.000 euros. Canarias, Euskadi y Galicia no contemplan ningún régimen sancionador en sus leyes trans o LGTBI.

El Gobierno ha presentado en el Consejo Escolar el texto que regulará las condiciones de las becas de enseñanzas universitarias y no universitarias del próximo curso. Con un presupuesto elaborado por el Ejecutivo del PP y ante la necesidad de que se apruebe el Real Decreto antes de que comience el nuevo curso escolar, el Ministerio de Educación ha mantenido el mismo proyecto de ayudas anunciado por el equipo de Mariano Rajoy.

El Ministerio ha anunciado una ligera modificación al texto presentado por los populares. En el Real Decreto que llegará al Consejo de Ministros aumentarán en 100 euros al año la ayuda que reciben las rentas más bajas, situadas en el denominado umbral 1. El director general de planificación y gestión educativa, Diego Fernández, ha asegurado que estiman que ese cambio beneficiará a 250.000 alumnos.

Beca de excelencia

Una de las novedades incluidas para el periodo 2017-2018 consiste en que la nota de corte para tener una beca que cubra la matrícula en el primer curso universitario sea un 5,00 en lugar de 5,5 en el acceso. Cuando el exministro Íñigo Méndez de Vigo realizó este anuncio, la comunidad educativa lamentó que la nota media de 6,5 se siga manteniendo para intentar acceder a las becas que otorgan una cantidad de dinero y para acceder a las ayudas a partir de 2º curso. La calificación para optar a una ayuda en Bachillerato seguirá en el 5,5.

Además, el decreto crea una cantidad fija de hasta 200 euros para los alumnos y alumnas becados que tengan una nota media de 8,00 o superior “tanto en las enseñanzas postobligatorias universitarias como no universitarias” y ayudas para los hijos de víctimas de violencia machista.

El requisito de tener como mínimo un 5,5 de nota y no un 5 para acceder a una beca para la matrícula de un grado fue establecido en 2012 por el entonces ministro de Educación José Ignacio Wert y causó el descontento de estudiantes, rectores y partidos políticos de la oposición, que cada curso vuelven a pedir al Ministerio que lo rebaje al 5.

El Gobierno anterior envió en mayo al Consejo Escolar del Estado el borrador de decreto de becas para el próximo curso, en el que bajaba al 5 la nota . Tras la llegada del PSOE a Moncloa, la nueva ministra de Educación paralizó su tramitación para estudiar posibles cambios. “Habrá cambios de importancia”, adelantó Celaá en una entrevista en eldiario.es.

Sin embargo, la semana pasada remitió de nuevo al Consejo Escolar el mismo texto que ya había enviado el PP y que el PSOE había paralizado.

“Vamos a hacer pequeños retoques y en septiembre se va a abrir un diálogo con todas las asociaciones de la comunidad educativa para poner en marcha un nuevo modelo de becas en el curso 2019/2020”, ha asegurado el director general de Planificación y Gestión Educativa del Gobierno, Diego Fernandez Alberdi.

Este alto cargo del departamento de Celaá ha explicado que la modificación se va a realizar aprovechando el incremento de 50 millones de euros que anunció el Gobierno de Rajoy. Van a estudiar si tendrán que reducir las becas de excelencia anunciadas también por los populares para sacar adelante el aumento de 100 euros para las rentas más bajas.

Todas las enmiendas presentadas por la Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes, CANAE, han sido aprobadas. Este colectivo ha solicitado volver a las cuantías del curso 2011/2012, subir el umbral 1 hasta el umbral de la pobreza, pagar la segunda matricula universitaria [no penalizar los suspensos] y añadir un complemento de desplazamiento.

Voto particular

En la reunión mantenida este jueves ante el Consejo Escolar del Estado los sindicatos CCOO, STEs y UGT, así como la Confederación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA) y CANAE han presentado un voto particular porque consideran que el sistema de becas “compromete la igualdad de oportunidades en el acceso a la enseñanza”.

Con este posicionamiento han exigido la retirada del proyecto de Real Decreto. Para justificar esta decisión la comunidad educativa ha lamentado que el Gobierno de Rajoy haya mantenido en “inactividad sistemática al Observatorio Universitario de Becas, Ayudas al Estudio y Rendimiento Académico”. Asimismo han incidido en los “efectos perversos” de la parte variable porque crea una “incertidumbre” sobre la cantidad a recibir. En relación al pago tardío, también han reseñado que el sistema “es tan ineficaz” que los becados están recibiendo la ayuda en el último mes del curso.

Además, en el voto particular se han posicionado sobre la creación de una cantidad fija para alumnos con un ocho o más de nota media y critican que la subida presupuestaria se concentre en “una partida destinada a becas de excelencia, dejando el crecimiento de la partida general de becas y ayudas en el 2,1%”.

La Asamblea francesa aprobó este jueves un proyecto de ley contra las violencias sexistas y sexuales que recoge, entre otras cuestiones, multas para luchar contra el acoso callejero y una mayor protección contra la violencia hacia menores de edad. Por el camino ha quedado, sin embargo, la propuesta de fijar la edad mínima de consentimiento legal para tener relaciones sexuales en 15 años, que fue retirada durante la tramitación del proyecto.

El texto, aprobado con los votos a favor del partido que encabeza Emmanuel Macron y el partido de centroderecha Union des Démocrates Indépendants pero con el voto en contra de las formaciones de izquierda, todavía tiene que pasar por el trámite del Senado para su entrada en vigor. La nueva legislación, promesa electoral de Macron, estaba ya prevista antes de que estallara el caso Weinstein pero adquirió peso en el debate social en el contexto del movimiento #MeToo y ha generado un gran debate. Estas son las principales claves de la legislación presentada por la secretaria de Estado para la Igualdad, Marlene Schiappa:

Violaciones y agresiones sexuales a menores

Inicialmente, el Gobierno tenía la intención de establecer los 15 años como edad mínima en la que considerar válido el consentimiento para mantener relaciones sexuales. De esta forma, todo contacto sexual con alguien menor de esa edad podría castigarse como violación -si hay penetración- o agresión sexual -si no la hay-. El Ejecutivo respondía así a la indignación social ante dos casos en los que la justicia consideró que niñas de 11 años consintieron tener relaciones y por tanto no eran víctimas de violación. Sin embargo, las advertencias de que una normativa así podría considerarse inconstitucional por vulnerar la presunción de inocencia llevaron a suavizarla.

El derecho penal francés considera violación cualquier “acto de penetración sexual” cometido “con violencia, coacción, amenaza o sorpresa”. Si el contacto sexual es sin penetración, se clasifica como agresión sexual, un delito de menor gravedad. Lo que hace la reforma aprobada esta semana es añadir que, cuando los hechos se cometen contra una persona menor de 15 años, la coacción o la sorpresa necesarias para condenar por violación o agresión sexual se caracterizan por “el abuso de la vulnerabilidad de la víctima que no tiene el juicio necesario para dar su consentimiento”. Además, endurece las penas para las “ofensas sexuales” (atteinte sexuelle, en francés), un delito de menor gravedad que se puede aplicar a cualquier relación sexual con menores de 15 años aunque haya consentimiento.

Estos puntos de la reforma son los que más debate han generado. El paso atrás en cuanto a considerar violación o agresión cualquier relación con menores ha provocado decepción entre los colectivos feministas y de defensa de la infancia. Muchos también temen que el endurecimiento de las penas por ofensa sexual lleve a la justicia a optar por esta vía, más fácil de probar, en lugar de la de violación, tipificada como delito de mayor gravedad y juzgada en un tipo de tribunal diferente.

Plazo de prescripción de las violaciones a menores

El primer artículo del proyecto de ley del Gobierno de Macron recoge el aumento a 30 años del plazo para que los casos de violación a menores prescriban una vez han cumplido la mayoría de edad, con el objetivo de dar a las víctimas más tiempo para tomar la decisión de llevar a cabo la denuncia. En el Código Penal actual ese plazo era de 20 años.

Sanciones al acoso sexual en lugares públicos

El cuarto artículo quiere sancionar el acoso sexual en espacios públicos con la creación de una infracción por “ultraje sexista” (outrage sexiste). Según el texto, dentro de esta figura están los comentarios o comportamientos “con connotación sexual o sexista por razón de sexo, identidad de género y orientación sexual” que puedan atentar contra la dignidad de la persona “por su carácter degradante o humillante”, o que puedan crear “una situación intimidatoria, hostil u ofensiva”.

La cuantía de la multa por esta infracción oscilará entre los 90 y los 750 euros. En el caso de que existan agravantes -por ejemplo, por abuso de autoridad o porque la víctima es menor de quince años o especialmente vulnerable por una enfermedad, una discapacidad o su edad-, la cantidad será de hasta 1.500 euros, con la posibilidad de que ascienda hasta los 3.000 en caso de una persona ya condenada y reincidente. Ha salido adelante una enmienda para ampliar los cuerpos que podrán identificar y multar el delito: la policía nacional, la municipal y los agentes de seguridad de la red de metro y tren.

La medida ha sido acogida de forma diferente entre los partidos del espectro político francés. Desde Francia Insumisa, Danièle Obono se mostró crítica con el artículo al entender que supone desvirtuar el delito de acoso sexual (aunque, para la secretaria de Igualdad, el acoso conlleva una repetición de los hechos); mientras desde la extrema derecha se ha calificado de “caza al hombre”.

Protección contra el ciberacoso

Había menos discrepancia entre las formaciones con respecto a la modificación del Código Penal para incluir el acoso realizado en grupo, con especial hincapié en el ciberacoso. Se ampliará la definición del acoso sexual y moral para incluir aquel realizado por más de una persona, “de manera premeditada o instigada por uno de ellos, aunque no se haya realizado de forma repetida”.

Se castigará cuando un grupo de personas envíe mensajes -u otro tipo de acción- a una misma víctima, aunque no se hayan puesto de acuerdo para hacerlo, si saben que sus actos individuales “caracterizan una repetición”: es decir, por ejemplo, en ataques a través de redes sociales en los que el autor envía un único mensaje a la víctima, pero sabe que con su acto está contribuyendo a un ataque más general. Aunque no se limita a Internet, el Gobierno pretende de esta forma actuar contra el acoso grupal y coordinado en redes sociales. Actualmente se pena solo la repetición de esos actos por un mismo individuo.

Ninguna mujer forma parte de la comisión que se encargará de estudiar la reforma del Código Penal centrada en cómo se recogen las agresiones sexuales. La sección de Derecho Penal de la Comisión General de Codificación, a la que el ministro de Justicia ha encargado el estudio, está formada por veinte hombres y ninguna mujer.

La Comisión General de Codificación es un órgano de asesoramiento adjunto al Ministerio de Justicia que funciona por secciones. El órgano cuenta con cinco secciones que se corresponden a los ámbitos del derecho -civil, mercantil, público, penal y procesal-. Cinco secciones dirigidas por hombres en un órgano presidido por Catalá y con un vicepresidente: José Amérigo Alonso, secretario general técnico del Ministerio.

Poco después de conocerse la sentencia de 'la manada', el ministro, Rafael Catalá, aseguró que había encargado a la Comisión General de Codificación un estudio sobre la tipificación de los delitos sexuales en el Código Penal. Según explican a eldiario.es fuentes de la comisión, el órgano suele trabajar por secciones; cada una de ellas se encarga de las materias de su competencia. Por lo tanto, los estudios sobre el Código Penal dependen de la sección de Derecho Penal, de la que no forma parte ninguna mujer.

De los 120 vocales permanentes que forman la totalidad de la Comisión General de Codificación, solo 17 son mujeres. Diez mujeres componen las secciones de Derecho Civil y Derecho Mercantil, formadas por 29 y 26 miembros, respectivamente. Las secciones de Derecho Público y Derecho Procesal, que cuentan con 26 y 19 vocales, solo cuentan con 3 y 4 mujeres, respectivamente. La sección de Derecho Penal la forman veinte hombres, como adelantó Elboletin.com. Todos los vocales son nombrados por el ministro de Justicia.

El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, se ha desentendido de la cuestión en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. “No sé cuál es la composición de esa comisión. El ministro de Justicia se puso en contacto con las personas que componen la sección penal, pero yo soy un modesto portavoz e ignoro cuál es la composición de la misma”, ha respondido cuando eldiario.es le ha preguntado al respecto.

En un primer momento los vocales que formaban esta última sección no figuraban en el listado de juristas de la web del Ministerio de Justicia. Una situación que desde la comisión atribuían a que la misma no solía reunirse habitualmente. Posteriormente han publicado el listado completo.

El PSOE registrará este viernes una proposición en el Congreso de los Diputados para cambiar los estatutos por los que se rige esta comisión. Con esta modificación los socialistas solicitarán que se incorpore un nuevo artículo para garantizar la paridad del organismo, cumpliendo lo que establece la legislación española sobre “igualdad efectiva de mujeres y hombres”.

Según destaca la portavoz de Igualdad de los socialistas, Ángeles Álvarez, encargada de redactar la petición, el 100% de los vocales natos que forman la Comisión General de Codificación -entre los que figuran el Presidente del Consejo General de la Abogacía Española, el Presidente del Consejo General de Procuradores de España o el Presidente del Consejo General del Notariado, entre otros- son hombres.

Como destacan los socialistas en su petición, los informes sobre la carrera judicial detallan que las mujeres suponen el 53,2% de la carrera judicial, con “2.858 juezas y magistrados en activo”.

Contar con escasos recursos y estar ya emancipado es uno de los motivos que contempla el Ministerio de Educación para denegar becas a estudiantes universitarios que las soliciten. Así le sucedió a Adriana. Gana 525 euros al mes y vive en un piso que comparte con su novio por el que pagan 550 euros. El departamento de Méndez de Vigo propone denegarle la beca porque sus “ingresos anuales son inferiores a los gastos de residencia del curso académico”, según figura en la respuesta a su solicitud.

“No me la dan por ser demasiado pobre”, incide esta joven de 24 años, que alegó a la desestimación que solo paga la mitad del arrendamiento (275 euros). “La otra mitad es abonada por mi novio”, aclara. En la solicitud aportó el contrato de alquiler, en el que figuran dos inquilinos. Incidió en esta situación al presentar las alegaciones.

Sin denegación explicativa del Ministerio

El Ministerio mantuvo su negativa en una nueva contestación emitida el 13 de febrero. En ella no da detalles del motivo concreto por el que no le concede la ayuda, sino que se limita a replicar palabra por palabra la respuesta genérica que ya le dio dos meses antes: “No acreditar suficientemente a juicio de la Comisión competente la independencia económica y/o familiar” y “Los ingresos anuales son inferiores a los gastos de residencia del curso académico”.

Las becas son la principal herramienta que tiene el Estado para garantizar que cualquier persona pueda acceder a la educación, independientemente de si su familia tiene dinero o no. La Ley de Universidades dice que “para que todos los estudiantes disfruten de las mismas oportunidades de acceso a los estudios superiores, el Estado establecerá un sistema de becas destinado a remover los obstáculos de orden socioeconómico que impidan o dificulten el acceso o la continuidad de los estudios superiores”.

Para conceder una beca, el Ministerio parte del supuesto de que el estudiante depende económicamente de su familia y valora cuántos recursos tienen todos sus miembros, para dársela en caso de que los ingresos no superen ciertos límites. Si el estudiante afirma estar emancipado, como Adriana, entonces la normativa le obliga a “acreditar fehacientemente que cuenta con medios económicos propios suficientes que permitan dicha independencia así como la titularidad o el alquiler de su domicilio habitual” y especifica que “siempre que los ingresos acreditados resulten inferiores a los gastos soportados en concepto de vivienda y otros gastos considerados indispensables, se entenderá no probada la independencia”.

El sentido de esta exigencia es asegurarse de que el estudiante no está mintiendo al declararse independiente para evitar que el dinero de su familia le impida recibir la beca, según explican algunas universidades contactadas. Así se evitaría el fraude de que personas cuyas familias tienen dinero acaben recibiendo una beca porque fingen haberse emancipado.

Pero genera situaciones paradójicas: personas que no tienen recursos para subsistir mientras estudian piden por ello una beca pero se la niegan precisamente por no tener suficientes recursos. Además, la normativa no detalla a cuánto ascienden los “gastos considerados indispensables” para los que requiere tener ingresos, por lo que depende del criterio subjetivo de la comisión que valora las solicitudes determinar si son suficientes.

“Este año he conseguido que mis padres no me tengan que mandar ninguna ayuda económica porque he empezado a trabajar. Mi novio y yo hacemos frente a los gastos”, explica Adriana, originaria de Badajoz, que no entiende por qué la universidad le deniega la ayuda cuando está comenzando a emanciparse. Graduada por la Universidad de Extremadura en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, ha optado por cursar un máster en formación del profesorado en la Universidad Rey Juan Carlos (Madrid) al comprobar que no encontraba un puesto de trabajo como investigadora.

Sobre la denegación a Adriana, la universidad delega la responsabilidad de la decisión en el Ministerio. Y desde este departamento del Gobierno no aclaran por qué se llegan a generar estas desestimaciones. eldiario.es ha solicitado en reiteradas consultas al gabinete de Méndez de Vigo que detallen el procedimiento y los parámetros que se tienen en cuenta, y por el momento no han contestado.

Cuando el Ministerio acepta una solicitud de beca, cubre el coste completo de la matrícula del estudiante. Además de eso, puede concederle ciertas cantidades de dinero en función de su situación: un componente de renta de 1.500 euros para quienes están en el umbral económico más bajo; un componente de residencia de 1.500 euros para los que tienen que vivir fuera del domicilio familiar durante el curso –que no se aplica a quienes se declaran independientes–; y una cuantía variable que pondera las notas y la renta del estudiante con criterios poco transparentes.

Dudas sobre la independencia y emancipación

El caso de Adriana no es una novedad. A Rosa le ocurrió algo parecido en 2012. Tenía 36 años, llevaba más de una década trabajando y viviendo lejos de su familia y, cuando se quedó en paro, decidió retomar su educación. Pidió una beca que le permitiera costear la matrícula y subsistir mientras estudiaba, pero el Ministerio se la denegó por el mismo motivo que a Adriana. “Decían que con mis ingresos era imposible mantenerme y lo justificaban con que en ese caso no usaría la beca para su cometido, sino como un complemento para subsistir”, recuerda que le respondieron cuando preguntó en la universidad, que es quien tramita las solicitudes y valora cada caso antes de remitirlo al Ministerio para que resuelva. Al final tuvo que incluir a su madre, de 69 años, en la unidad familiar para que contabilizaran su pensión como ingresos y le dieran la beca.

El Ministerio no aporta información sobre casos concretos, pero asegura a eldiario.es que el solicitante debe acreditar “fehacientemente que a 31 de diciembre de 2016 contaba con los medios económicos suficientes que permitan la independencia así como ser titular o arrendador de su domicilio habitual”.

La jurisprudencia del Poder Judicial también recoge alrededor de 20 recursos que han llegado a los tribunales después de que las administraciones hayan desestimado becas por este motivo. En uno de ellos, en 2013 una magistrada de Tarragona llegó a examinar los ingresos y ahorros que tuvo una estudiante para determinar finalmente que ratificaba la decisión de la Agencia catalana de Ayudas Universitarias.

Para la jueza era “evidente que la recurrente” contaba “con ayuda económica para su subsistencia” porque si no no entendía –explicaba en la sentencia– “cómo ha sobrevivido [la alumna] durante estos años”. Aunque también destacó la particularidad de este caso, reseñando que “el problema viene dado” por “la falta de estos recursos o medios económicos y/o familiares para subsistir durante sus estudios universitarios en los términos de la convocatoria” mientras generalmente se deniegan las becas por superar los umbrales económicos.

En la CRUE, la organización que agrupa a las universidades españolas, no tienen datos sobre cuántos estudiantes se ven afectados por esta problemática, pero consideran que un estudiante con pocos recursos debe recibir siempre una ayuda para pagar los estudios. “Por el mero hecho de no tener ingresos no puede quedar fuera del sistema de educación superior”, señala el secretario ejecutivo de Asuntos Estudiantiles, Julio Contreras.

También explica que cada vez es más habitual encontrar estudiantes que piden beca como independientes: “Tenemos muchos estudiantes que trabajan y estudian y que, en cuanto tienen unos mínimos ingresos, se independizan”. Y añade que las universidades gastan unos 150 millones de euros al año en ayudas propias para quienes quedan excluidos de las becas del Gobierno pese a tener necesidades socioeconómicas. “Es necesario revisar el modelo actual”, sentencia Contreras.

“Vivo con estrés”

La situación de Adriana también la ha experimentado una de sus compañeras de clase, Ángela. El Ministerio propone denegarle la beca a esta bióloga sevillana de 31 años por “no acreditar suficientemente a juicio de la Comisión competente la independencia económica y/o familiar”. En este caso, no le han aclarado en las resoluciones oficiales por qué no ha justificado esa independencia ni en la primera respuesta ni en la contestación a su alegación. “Como bien verán en el contrato del piso en alquiler en el que vivo con mi compañero, cada uno de nosotros pagamos 375 euros, lo que supone en torno a un 51% de mis ingresos”, alegó. Según las nóminas aportadas a la unidad de becas de la universidad, durante los primeros meses de curso estuvo cobrando 518 euros, en diciembre consiguió que le ampliasen unas horas el contrato y pasó a ganar 735 euros.

Ángela reconoce que viviría más desahogada si le concediesen la beca, ya que por lo menos le cubriría los 1.728 euros que le ha costado la matrícula del máster. “No tendría que trabajar tanto y tendría más tiempo para dedicarme a los estudios. Actualmente, ni en el trabajo ni en los estudios estoy al 100%. Vivo con estrés y eso me desemboca en jaquecas”, apunta.

Tanto en el caso de Adriana como en el de Ángela, las denegaciones son provisionales: aún tienen opciones para recurrirlas y que les acaben dando la beca, pero el proceso burocrático es complicado. El Ministerio no les explica en detalle el motivo de la denegación ni qué documentos tienen que aportar para que se la concedan, sino que se limita a dar una respuesta genérica. Hace falta que el estudiante sepa lo suficiente sobre procedimiento administrativo y resuelva correctamente unos trámites que la administración no siempre facilita para que, con suerte, le acaben dando una ayuda a la que tenía derecho desde el principio. Una ayuda que, en muchos casos, marca la diferencia entre poder estudiar o quedar excluido de las aulas.