La plaza de España de Palma vivió anoche una jornada en la que las reivindicaciones quedaron relegadas por los enfrentamientos, las provocaciones cruzadas y una tensión que terminó extendiéndose por las calles del centro. Más de un centenar de personas, muchas de ellas adolescentes, acudieron a la convocatoria de Blocus Mallorca, mientras que, a pocos metros, quienes mantienen la acampada por la vivienda intentaban seguir adelante con su propia agenda con dos actos socioculturales.

Sin embargo, la aparición de simpatizantes de la organización neonazi Núcleo Nacional, los desafíos a la Policía Nacional y, sobre todo, los insultos y las persecuciones racistas fueron desplazando el foco de las reivindicaciones y alimentando una espiral de tensión y confusión. Hubo varios detenidos e identificados tras una serie de peleas entre jóvenes que secundaban la proclama Blocus y los neonazis.

“Fuera fascistas de nuestros barrios; aquí están los antifascistas” y “vosotros, fascistas, sois los terroristas” fueron algunos de los gritos que lanzaron los acampados cuando varias decenas de simpatizantes, algunos declaradamente seguidores de Núcleo Nacional, aparecieron frente a las tiendas de campaña. La tensión fue creciendo hasta que alguien de entre los acampados lanzó una escoba y un vaso hacia el grupo de extrema derecha, momento en que los agentes establecieron entonces un cordón policial en el centro de la plaza para evitar males mayores, utilizando sus vehículos como barrera para separar a ambos grupos.

En ese clima de crispación, algunos jóvenes, que parecían no saber bien qué motivo les unía y les congregaba ayer, también dirigieron sus provocaciones contra los agentes. “Ven aquí y dispárame”, gritaba uno de ellos con evidente gesto amenazador. Se escucharon asimismo consignas como “fuera Pedro Sánchez” o “mierda el PP y mierda VOX”, mientras decenas de teléfonos móviles grababan lo que sucedía en una escena dantesca a caballo entre lo preocupante y lo penoso. En esa mezcolanza de ideologías e intereses, algunos asistentes reconocían que habían acudido allí para “grabar vídeos y conseguir visitas en TikTok”. Otros resumían su participación con un “ya me he hecho viral por las redes”.

Un dispositivo policial ante una tensión creciente

Con todo, la Policía Nacional y la Local desplegaron un dispositivo para evitar que la situación escalara: varios furgones y motos en la misma plaza y en las calles contiguas –como Sant Miquel y Olmos– y controles de mochilas ya desde al menos una hora antes a un acto que arrancaba a las 19.30 horas, agentes de paisano y un dron sobrevolando la zona. También había un vehículo de Bomberos ante la posibilidad de que se produjera algún incendio en una ciudad cuyos comercios reforzaron la seguridad, blindando escaparates, ante lo que pudiera ocurrir. 

Uno de los episodios más graves se produjo en las calles Olmos y Sant Miquel, donde jóvenes, supuestamente migrantes, fueron perseguidos y golpeados por personas de ideología de extrema derecha y con una comunicación tanto verbal como no verbal de odio hacia lo ajeno. En medio de esos desplazamientos entre calles, se escucharon insultos como “vete a tu puto país” y “puto moro de mierda”. Las persecuciones se repitieron entre la Plaza de España y las calles próximas, en una secuencia que llegó a percibirse como una cacería racista. Varios de los simpatizantes de ideología ultra acabaron identificados en la plaza de los Patines de la ciudad, frente a la puerta de la Fiscalía.

En esas, al menos dos petardos provocaron carreras desde la plaza hacia la zona de Olmos y Sant Miquel, en una jornada en la que la sucesión de grupos y proclamas hacía difícil distinguir quién perseguía a quién y qué motivaba cada enfrentamiento. La confusión, sin embargo, no debe ocultar la naturaleza específica de los insultos y las agresiones racistas y el odio creciente entre la población más joven, algo que lleva a pensar qué tipo de sociedad se está creando. 

Seis menores con líquido corrosivo y una pistola simulada

En ese contexto de caos, la Policía identificó a al menos seis adolescentes de nacionalidad española que se dirigían a la protesta y llevaban en sus mochilas líquido corrosivo y una pistola simulada. Un séptimo menor, con apenas trece años de edad, fue señalado por presuntamente arrojar piedras y una botella, hecho que motivó que los agentes contactaran con sus padres. Los agentes intervinieron esos objetos y trasladaron a los menores a dependencias policiales, donde permanecieron bajo custodia hasta la llegada de sus familiares. La Policía investiga su motivación y si existe algún plan para alterar el orden público, y contempla la posibilidad de abrir un expediente sancionador. De momento, no se ha acreditado, sin embargo, que tengan relación con Blocus Mallorca. 

Estos antecedentes ayudan a entender el contexto de la convocatoria, pero no permiten atribuir automáticamente a Blocus todos los incidentes de Palma ni dar por acreditada la pertenencia al movimiento de cada persona que acudió a la plaza. La noche estuvo marcada precisamente por la diversidad de motivaciones y la dificultad para distinguir responsabilidades.

En paralelo, esta semana se han producido en otros puntos del país una decena de detenciones de personas presuntamente vinculadas a Blocus. Entre los arrestados habría jóvenes considerados posibles responsables de la iniciativa. Uno de ellos sería quien contribuyó a crear y expandir el movimiento en España, detenido por la Guardia Civil en Picanya (Valencia). La investigación trata de esclarecer una posible participación en la preparación de saqueos, actos vandálicos y agresiones a agentes mediante actividad coordinada en Telegram y otras redes.

La acampada por la vivienda, desplazada por la confrontación

Antes de que la tensión llegara a su punto álgido ayer, las personas acampadas por la vivienda tenían prevista dos actividades: una acción de apoyo a la huelga internacional de estibadores contra el comercio de armas y una charla a cargo de Juan Carlos Pérez, autor del libro Anarquía relacional: La revolución desde los vínculos. A las ocho de la tarde se había anunciado una jam de baile contemporáneo, evento que quedó eclipsado por el aumento de la tensión en la plaza.

La protesta de los acampados responde a la dificultad de acceder a una vivienda y a su rechazo a la especulación y a la expulsión de vecinos de sus barrios. Sus reivindicaciones quedaron desplazadas por una confrontación que no compartía necesariamente sus objetivos. Aunque los promotores de Blocus habían afirmado que no pretendían enfrentarse a la acampada y que compartían la defensa de determinados derechos, la advertencia sobre posibles represalias contra las tiendas había aumentado la inquietud.

Entre los asistentes, también había jóvenes de nacionalidad española que afirmaban estar allí para “proteger lo suyo, lo local, lo nacional”, mientras se oían voces hostiles contra periodistas y fotógrafos allí presentes: “Vosotros también fuera de aquí, sois cómplices de todo esto”. Es por ello que ese “suyo/local/nacional” distorsiona el sentido de defender lo propio, al ser ambos colectivos parte de un poder, el cuarto, que sirve para proteger todo aquello que hace posible una comunidad democrática: los derechos, las libertades, la convivencia y el interés público. 

Cuando las consignas sustituyen a las ideas

La noche dejó una plaza atravesada por movimientos contradictorios: acampados que gritaban contra la extrema derecha, jóvenes que desafiaban a la policía, personas que corrían detrás de simpatizantes neonazi, migrantes perseguidos y comerciantes que protegían sus establecimientos. Todo sucedía al mismo tiempo, pero no todo respondía a la misma causa. La concentración de Blocus reunió a jóvenes con motivaciones diversas; algunos buscaban expresar reivindicaciones; otros, grabar vídeos y ganar visibilidad y también los que buscaban simple caos. En los canales digitales habían circulado mensajes que apuntaban a posibles acciones violentas. La búsqueda de repercusión parecía competir con cualquier propósito con un ideario político reconocible. Cada provocación alimentaba otra y cada grupo encontraba en el contrario un nuevo motivo para enfrentarse.

Horas antes de lo ocurrido ayer, Blocus Mallorca anunciaba en redes –sin corrección ortográfica alguna– lo siguiente: “Queremos algo pacífico y la gente no lo entiende y quiere arremeter contra nosotros. Pero, solo avisamos, si hay algún acto de violencia contra alguno de nuestros manifestantes, arremeteremos contra todos”. Su movilización, para reclamar “un futuro más justo” y “una Mallorca mejor para todos”, defendía que los jóvenes debían ser escuchados, por lo que anunciaban una protesta pacífica. Sin embargo, la convocatoria llegó precedida de intenciones y acciones contradictorias y violentas, como las ocurridas en otras ciudades de España y que fueron difundidas en medios de comunicación y redes sociales. 

Este pasado martes trascendió la existencia de un grupo de Telegram llamado ‘Gen Z’, desde el que se promovían movilizaciones para el viernes y el sábado. Aunque algunos participantes defendían una protesta pacífica, en el mismo entorno aparecieron mensajes que sugerían saquear comercios, algo que llevó a la policía a investigar las amenazas. El miércoles, el grupo desapareció y surgieron perfiles en Instagram y TikTok con el nombre de Blocus Mallorca. La convocatoria fue ganando visibilidad en un ecosistema digital en el que la movilización convivía con la búsqueda de repercusión y la exhibición de la propia participación.

El jueves circuló además un mensaje que advertía de la posible destrucción de las tiendas de campaña de la acampada por la vivienda si alguno de sus participantes –del movimiento juvenil– sufría un ataque. La advertencia llevó ayer por la tarde a comercios de la zona a tomar precauciones: la mayoría cerraron y protegieron escaparates y entradas con tablones de madera o contrataron vigilancia privada. Mientras, en la cristalera de una joyería la escena era otra: dos dependientas custodiaban el atril sobre el que descansaba una joya iluminada por un foco de luz blanca que concentraba toda la atención. Un pequeño expositor, dos chicas con cara despavorida y una luz blanca que dirigía a la escena, en una tienda cerrada a cal y canto, a resguardo del caos y la violencia indiscriminada. Una escena algo dantesca que puso la nota 'teatral'.

Acaso la guetificación social y residencial, la falta de espacios de encuentro y la distancia entre colectivos esté alimentando la desconfianza y facilitando que los discursos de odio encuentren terreno abonado, como ocurrió anoche. Son muchos los que defienden que la desigualdad no justifica el racismo ni convierte a la población migrante en responsable de los problemas de la ciudad. Cuando las reivindicaciones sobre vivienda, precariedad o convivencia se sustituyen por la identificación de un enemigo, las causas quedan en segundo plano.

Por último, y como le comentaba ayer un periodista a otro, en rescate del médico y escritor Gregorio Marañón, “la multitud ha sido en todas las épocas de la historia arrastrada por gestos más que por ideas; la muchedumbre no razona jamás”. Una reflexión sobre una noche en la que los gestos parecieron imponerse a las ideas y que terminó dominada por los gritos, las persecuciones y una confusión en la que las reivindicaciones apenas encontraron espacio.

Parece un cuento, pero, en realidad, es una charla de antropología. La ponente tiene un María Moliner en los estantes que quedan frente a sus ojos y una edición ilustrada de El infinito en un junco a su espalda. En las manos, un rollo, que despliega con mimo hasta convertirlo en un póster. Es una tormenta de colorines en tonos mate. Fantasmas, brujas, calaveras, velas, murciélagos, una calabaza de sonrisa desdentada. La iconografía es evidente, deja pocas dudas de la trama que está narrando la cuentacuentos.

–Los niños salían a la calle cuando oscurecía, llamaban a las puertas de las casas y, esperando que les dieran dulces, gritaban: paga o plora? ¿No os recuerda a algo? Paga o plora? [¿paga o llora?]. La pregunta que lanza Mabel Moreno todavía está resonando en la minúscula biblioteca de Son Roca –uno de los barrios más humildes de Palma, el final del final de su periferia norte– cuando un coro de niños –cinco, seis, ocho o nueve años como máximo– le responde:

–¡A Halloween! ¡Truco o trato!

–Pues eso se llamaba la capta. Y es una de las tradiciones de la Nit de les Ànimes que estaban muy vivas cuando vuestros abuelos y abuelas tenían vuestra edad.

Contesta, recogiendo el hilo invisible de los cuentos, la adulta, activista cultural y una de las voces que ha participado durante la última semana de octubre en las actividades organizadas por Mallorca Literària, un ciclo que incluye también conferencias para adultos o una excursión a pie por la necrópolis talayótica de Son Real.

El interés de Mallorca Literària por la festividad de Tots Sants no es caprichoso. Entre otras casas vinculadas a escritores, esta fundación gestiona el Museu de la Paraula. Se ubica en Sant Joan, uno de los centros geográficos de la isla, entre las paredes del hogar donde vino al mundo Rafel Ginard i Bauçà, justo cuando el siglo XIX exhalaba su último aliento.

Al vivir entre 1899 y 1976, este sacerdote y folklorista asistió a múltiples transformaciones. Sociales, económicas, políticas, tecnológicas. Ser testigo de una Mallorca que desaparecía llevó al Pare Ginard a compilar una especie de enciclopedia de saberes y costumbres tradicionales. Entre ello, todo lo vinculado al triduo que arranca el 31 de octubre con la vigilia de Todos los Santos y culmina el 2 de noviembre, Día de los Fieles Difuntos. Setenta y dos horas donde los vivos rememoran a sus muertos, donde lo cristiano se funde con el paganismo que le precedió. Territorio mágico que, como demuestra la explicación de Mabel Moreno, no resulta tan distinto de las costumbres que el marketing estadounidense ha expandido por muchos rincones del planeta. En apenas una generación, la que va desde el estreno de E.T., el extraterrestre (1981, donde muchos pequeños descubrirían la fiesta de Halloween) hasta la frontera del milenio. 

Ser testigo de una Mallorca que desaparecía llevó al sacerdote Pare Ginard a compilar una especie de enciclopedia de saberes y costumbres tradicionales. Entre ello, todo lo vinculado al triduo que arranca el 31 de octubre con la vigilia de Todos los Santos y culmina el 2 de noviembre, Día de los Fieles Difuntos

“El sentido de la fiesta no es sólo divertirse y entretenerse sino, en este caso, hacer frente a un misterio y una realidad que, a veces, nos espanta, como la muerte. Estas tradiciones nos ayudan a trabajar el duelo y a relacionarnos con la añoranza”, explica por teléfono Carme Castells, la gestora cultural que dirige Mallorca Literària. En compañía de Joana Serra –la responsable de museos, actividades y proyectos de la fundación–, Castells se encontró con “una serie de manuscritos inéditos del Pare Ginard” donde se describían pueblo a pueblo costumbres distintas.

En Sineu, higos secos y aguardiente; en Petra, unas monedas de en el bacinet de les ànimes, la bandeja de metal que aguantaba el monaguillo que se plantaba en la puerta del cementerio. Y, en la penumbra de los salones, cuentos de mòpies y bubotes, fantasmas mallorquines que, según quien cuente el cuento, dan más o menos miedo. Prácticas y seres que, “aunque perdidos en muchos casos, fueron y siguen vigentes”, afirma Carme Castells, “y conforman un marco común”. Con Halloween, pero también con el “Día de Muertos mexicano”, tan popular gracias a los personajes de Coco (2017).

El sentido de la fiesta no es sólo divertirse y entretenerse sino, en este caso, hacer frente a un misterio y una realidad que, a veces, nos espanta, como la muerte. Estas tradiciones nos ayudan a trabajar el duelo y a relacionarnos con la añoranza

Carme Castells — Directora de Mallorca Literària

Manualidades sin pantallas

Antes de que Walt Disney distribuyera hace casi una década una de las películas más exitosas dibujadas por Pixar, en Mallorca ya se plantaban altares cuando se alejaban los calores y se acercaba el tiempo de las matanzas. Junto a la lumbre, objetos, alguna foto, si hubiera, del ser querido. Iluminando la estancia, las luces de unos fanalets, guardados en el interior de una calabaza o un calabacín sin pulpa o, incluso, de un melón vaciado. Los mismos farolillos que una decena larga de criaturas decoran en otro de los talleres que Mallorca Literària ha organizado en el municipio de Consell. No hay pantallas. 

“Además de asar castañas o comer boniato frito o granadas, o llevar flores a las tumbas, cuando yo era niña, mis padres siempre ponían un altar, sobre todo pensando en la gente mayor, que ya no podían salir al cementerio. Así se recordaba a los difuntos. Como en casa nos encantan las manualidades, mis hijas y yo nos tomamos muy en serio esta tradición. A mí me parece muy bonita; es un tiempo que le dedicas a tu familia. Está claro que ahora los niños y las niñas quieren disfrazarse, y no se lo vas a prohibir, pero creo que las dos tradiciones pueden convivir”, cuenta Yolanda Torralba.

Esta mujer está en la puerta de la biblioteca de Consell, uno de los primeros pueblos que se encuentran los conductores que recorren la antigua carretera que une Palma con Alcúdia atravesando viñedos. Yolanda espera a que sus hijas –la mayor se llama como ella y tiene once años; la menor, Alma tiene ocho– salgan con unos botes que cuelgan de un cordel. Los untaron con cola para pegar encima del vidrio papelitos de colores. Llaman la atención bajo la luz mortecina de las farolas. Cuando lleguen a casa, encenderán una vela, la colocarán dentro del fanalet y, dice la madre, servirán para “tener presente al abuelo”, que falleció hace poco. 

“Lo recordamos todo el tiempo”, recalca la nieta mayor, “y hemos puesto muchas fotos de él en el salón, bailando con nuestra abuela, agarrados y en línea. Hace poco fue su cumpleaños y mi hermana y yo lo dibujamos, y le pusimos: molts d’anys [felicidades]”. Mientras escucha a su hermana, Alma abre la boca para confesar que, además de recordar al padrí (abuelo, en catalán de Mallorca) también cuentan las horas para que sus padrins joves (la fórmula que se utiliza en la isla para referirse al padrino de bautismo) les regale “un rosario”. Pero no un rosario cualquiera.

El rosari ensucrat es la fantasía de cualquier goloso –renacuajo o con canas– porque sus cuentas, en vez de ser de madera o metálicas, están formadas por caramelos, bombones y chuches, en una versión más moderna, o frutas confitadas, o panetets, una pasta dulce parecida al panellet, o lágrimas de mazapán en la más purista. Bocados de gloria para digerir la pérdida. Se iban comiendo entre padres nuestros y avemarías. El muerto al hoyo y el vivo al bollo. Literalmente. Hoy, más de una pastelería mallorquina los sigue preparando en estas fechas. Seglún los manuscritos del Pare Ginard, que Mallorca Literària ha editado en un Calendari folklòric de Mallorca, antaño, estos rosarios eran el regalo “de los padrinos más rumbosos”.

El rosari ensucrat es la fantasía de cualquier goloso –renacuajo o con canas– porque sus cuentas, en vez de ser de madera o metálicas, están formadas por caramelos, bombones y chuches, en una versión más moderna, o frutas confitadas, o panetets, una pasta dulce parecida al panellet, o lágrimas de mazapán en la más purista

“Rascar” para conocer la tradición perdida

La madre y la abuela de Queta Mas Rigo preparaban un altar, lleno de flores, “para el Mes de Maria, en mayo”. Eso lo recuerda bien de su niñez, en los años noventa. Pero cuando Mallorca Literària le ofreció el año pasado impartir algunos de los talleres de Tots Sants había muchas tradiciones alrededor del 1 de noviembre que esta traductora e integradora social nacida desconocía. Por completo.

–Yo creo que la razón es que, en cierto momento, en muchas familias hubo una desconexión muy grande con los ciclos de la tierra –dice Queta, justo al terminar la actividad que ha coordinado en Consell– y, antes, cuando se vivía de la agricultura y la ganadería, los cambios de estación eran muy importantes, y venían acompañados de una serie de ritos, relacionados con la religión o no. Se ve en el lenguaje. Me acuerdo perfectamente a mi padre diciendo: parece que el otoño llega con una guadaña porque arrasa con todo. La relación entre el final del verano y la muerte es muy clara.

–A veces, los niños son muy elocuentes cuando tienen que aceptar que se ha muerto un familiar, normalmente, los abuelos, y es nuestra angustia, como adultos, lo que les descoloca. ¿Eso se percibe en los talleres?

–Los niños y niñas que me he encontrado tienen una lógica aplastante. Una niña, por ejemplo, me dijo que desde que se murió su gato le deja una vela encendida en la ventana por la que entraba y salía de casa. Era una forma de recordarlo y de sentir que seguía ahí. Tantas cosas se perdieron, pero luego rascas un poco y ahí están. Yo soy de Sant Llorenç des Cardassar, al lado de Manacor, y resulta que las abuelas de mis amigas también ponían altares en sus casas. Creo que una parte de nuestra identidad, y más en estos tiempos, pasa por recuperarlas y actualizarlas.

Los niños y niñas que me he encontrado tienen una lógica aplastante. Una niña, por ejemplo, me dijo que desde que se murió su gato le deja una vela encendida en la ventana por la que entraba y salía de casa. Era una forma de recordarlo y de sentir que seguía ahí

Queta Mas Rigo

Integración ancestral

Entre los oyentes que ha tenido Mabel Moreno en Son Roca, había niños que hablaban sólo castellano, una niña que lo mezclaba con el catalán, y algunos que, a la tallerista, se dirigían en castellano, pero cuando le hablaban a la madre cambiaban catalán. De fondo, una niña subsahariana hacía los deberes con la suya, y en castellano. Sin participar en el juego de decorar un fanalet, aunque con la oreja puesta (daba la sensación de no poderlo evitar) un relato que no cambió de lengua en ningún momento. De arriba a abajo, la narradora utilizó un mallorquín con marcado acento palmesano.

En una sociedad como la mallorquina donde la mitad de sus habitantes ha nacido fuera de la isla –en algunos municipios, como Calvià, el porcentaje de nativos se reduce a un tercio– lo ancestral puede ser una llave para abrir puertas que parecen cerradas. Así lo ve la propia cuentacuentos, hija de un onubense que llegó a Mallorca a mediados de los setenta. Ella, de hecho, es la única en su familia que nació en la isla, unos años después:

–Soy la pequeña de mis hermanas y, claro, entre el gran salto adelante que dimos con la globalización, y el cine americano e internet, después, muchas de estas tradiciones las he aprendido de adulta. Creo que son muy importantes porque nos vinculan con el lugar al que pertenecemos. Basta ver la cara de los niños para entender que les interesa lo que les proponemos. A mí, de niña, me hubiera encantado comerme un rosari ensucrat [ríe]“.

La Policía Nacional ha detenido a un hombre por la muerte violenta de una mujer de 64 años que fue hallada sin vida en su habitación del hospital Can Misses de Eivissa el pasado 19 de septiembre. El caso, que inicialmente trascendió como el fallecimiento de una paciente ingresada en Medicina Interna, ha dado un giro con el arresto, mientras el Grupo de Homicidios de Palma continúa las pesquisas bajo secreto de sumario.

En un primer momento, la actuación se llevó a cabo por parte de agentes de Seguridad Ciudadana y de la UDEV (Unidad Central de Delincuencia Especializada y Violenta) de la Policía Nacional. El Grupo de Homicidios de Palma, posteriormente, se hizo cargo de la investigación tras desplazarse a Eivissa y conocer los detalles de las primeras pesquisas en relación al caso.

El pasado miércoles, los efectivos policiales detuvieron al hombre, que ha pasado a disposición judicial mientras los agentes del Grupo de Homicidios prosiguen con la investigación. La causa está declarada secreta.

El Área de Salud de Eivissa y Formentera (ASEF) informó el pasado 19 de septiembre de la muerte de la mujer, que permanecía ingresada en la Unidad de Hospitalización de Medicina Interna del hospital Can Misses, según informó Periódico de Ibiza. En aquel momento no se apuntaba a la posible implicación de otra persona en el fallecimiento.

De acuerdo a la información facilitada entonces por el Área de Salud, la paciente había sufrido un episodio de marcada agitación que ponía en riesgo su propia integridad, por lo que se le habían aplicado medidas de contención mecánica y farmacológica siguiendo las indicaciones correspondientes.

Alrededor de las 11.00 horas, durante una de las rondas de control, el personal sanitario la encontró sin vida en su habitación. De inmediato, se activaron los protocolos establecidos y se alertó a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Agentes de la Policía Judicial y de la Policía Científica se desplazaron hasta el hospital para investigar las circunstancias de la muerte. El centro puso a disposición de los investigadores la información y los elementos necesarios, incluidas las imágenes de las cámaras de seguridad, para contribuir al esclarecimiento de los hechos.

Finalmente, el Área de Salud de Eivissa y Formentera expresó “sus condolencias a los familiares y allegados de la fallecida” y trasladó “su disposición a colaborar plenamente con las autoridades durante el desarrollo de la investigación”, sin desvelar más detalles.

El Govern balear y la Policía Nacional han detectado en Manacor (Mallorca) un inmueble en el que llegaron a convivir hasta 30 personas en condiciones de hacinamiento, con 24 camas repartidas por la vivienda -algunas instaladas en los pasillos-, dos habitaciones cerradas con candado y sin un solo retrete.

La inspección conjunta, realizada la semana pasada por agentes del cuerpo policial y personal del Servicio de Inspección de Vivienda de la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad, permitió identificar a nueve personas, quienes manifestaron que en determinados momentos podían llegar a residir en el inmueble hasta una treintena de ocupantes. La vivienda presentaba graves deficiencias de salubridad e higiene y unas condiciones de habitabilidad extremadamente deficientes, según ha explicado este jueves la Conselleria.

A pesar de las condiciones en las que se encuentra el inmueble, los alojados aseguran que abonaban entre 80 y 100 euros por persona al propietario (independientemente de la cantidad de personas que hubiera en el interior de la habitación, incluyendo los que residían bajo el techado exterior), quien, denuncian, se aprovechaba de las necesidades habitacionales de quienes pagaban los alquileres.

Según los datos catastrales, el inmueble cuenta con 90 metros cuadrados destinados a vivienda, 103 a almacén y 35 a aparcamiento, todos ellos destinados íntegramente como espacio residencial.

El Govern ha abierto diligencias para la posterior apertura de un expediente sancionador. De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 5/2018, de 19 de junio, de la Vivienda de les Illes Balears, la sobreocupación de viviendas está tipificada como una infracción muy grave, que se sanciona con multas a partir de 30.001 euros y hasta 90.000 euros.

Desde la Conselleria aseguran que no se trata de un caso aislado y que han detectado otras situaciones similares, en las que tanto propietarios como arrendatarios subdividen espacios como el salón comedor para habilitar nuevas dependencias que después alquilan a terceros. El departamento agradece la colaboración ciudadana para detectar estas prácticas y reconoce que las denuncias por parte de los inquilinos son menos frecuentes, ya que pueden temer perder su vivienda si alertan de las irregularidades.

Por ello, recuerda que cualquier persona puede comunicar posibles infracciones a través del canal de denuncias de la Dirección General de Vivienda y Arquitectura, entre ellas la sobreocupación de inmuebles y la explotación de infraviviendas. Las denuncias pueden presentarse por vía telemática o presencialmente en un registro administrativo.

La inspección de las infraviviendas

El caso de Manacor se conoce poco más de un mes después de que el Govern presentara su Plan de Inspección de Vivienda 2026-2027, con el que pretende reforzar la vigilancia sobre la sobreocupación, las infraviviendas y el uso fraudulento de viviendas protegidas. El programa prevé inspeccionar 74 promociones de vivienda protegida y de precio limitado: 60 en Mallorca, diez en Eivissa y Formentera y cuatro en Menorca.

La campaña también contempla controles sobre las condiciones de habitabilidad, la actividad de los agentes inmobiliarios, el depósito de las fianzas de alquiler y el cumplimiento de las obligaciones de los grandes tenedores. Las inspecciones pueden iniciarse de oficio o a partir de denuncias de particulares y otras administraciones.

El episodio vuelve a poner el foco en las alternativas habitacionales a las que recurren quienes no pueden acceder a un alquiler convencional en las Islas. Según un estudio de Fotocasa publicado en septiembre, el precio medio de alquilar una habitación en Balears alcanzó los 622 euros mensuales en julio de 2026, un 11,5% más que un año antes. Palma llegó a los 653 euros de media.

La presión también se refleja en el mercado de viviendas completas. Según los datos de pisos.com difundidos este miércoles, el 89% de las viviendas anunciadas para alquilar en las islas superan los 1.500 euros mensuales, mientras que solo el 0,4% se ofrece por debajo de los 700 euros.

La organización de ayuda a personas migrantes Alarm Phone ha alertado de la desaparición de 20 personas que viajaban a bordo de una patera con destino a Balears desde la costa de Argelia. La embarcación zarpó el pasado lunes, 26 de octubre, desde la localidad argelina de Boumerdés y, tres días después, no se tiene constancia de que sus ocupantes hayan llegado a tierra.

La entidad, que documenta y alerta sobre emergencias y naufragios de personas migrantes en el Mediterráneo, ha difundido el aviso a través de su cuenta en la red social X y ha señalado que Salvamento Marítimo ha sido informado de la desaparición. Alarm Phone ha expresado su deseo de que las personas que viajaban en la embarcación puedan ser localizadas con vida.

Boumerdés es uno de los puntos de la costa argelina desde los que parten habitualmente embarcaciones precarias rumbo al archipiélago balear, como recoge un informe reciente de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Desde el lunes, día en que zarpó la patera desaparecida, han llegado a las costas de Mallorca, Eivissa y Formentera 258 personas migrantes a bordo de 16 embarcaciones, según los datos facilitados por la Delegación del Gobierno en Balears.

Una ruta marcada por las desapariciones y los naufragios

La nueva alerta se produce en una ruta migratoria en la que se han sucedido en los últimos meses los avisos por embarcaciones desaparecidas y los naufragios con víctimas mortales.

El pasado agosto, 28 personas murieron en el naufragio de una patera que había partido precisamente de Boumerdés rumbo a Balears. La embarcación transportaba a 32 migrantes y solo cuatro de ellos fueron rescatados con vida. Apenas unos días antes, dos supervivientes de otra travesía habían relatado la muerte de 17 personas después de que la patera en la que viajaban permaneciera 15 días a la deriva.

Las alertas por desapariciones tampoco son un fenómeno aislado. En febrero, la Guardia Civil localizó con vida a 22 personas que habían partido de Argelia en una patera, en el marco de un dispositivo de búsqueda activado después de que se perdiera el rastro de varias embarcaciones con un total de 81 ocupantes, entre ellos mujeres y bebés.

La magnitud de esta situación quedó reflejada en el informe anual de la organización Caminando Fronteras sobre las muertes en las rutas migratorias. Según los datos publicados por elDiario.es, 1.037 personas murieron o desaparecieron en 2025 durante la travesía entre Argelia y Balears, una de las rutas más peligrosas para alcanzar territorio español.

Las organizaciones que trabajan con personas migrantes han advertido de las dificultades para localizar embarcaciones desaparecidas y de los problemas de coordinación en las operaciones de búsqueda y rescate en el Mediterráneo. En muchos casos, las familias pasan días o semanas sin saber qué ha ocurrido con sus allegados.

Mari Carmen García, una joven mallorquina que viajaba en uno de los trenes implicados en el accidente ferroviario de este miércoles en Urda (Toledo), continúa desaparecida. En las últimas horas, varias publicaciones difundidas en las redes sociales han pedido colaboración ciudadana para tratar de averiguar su paradero.

Fuentes del Ayuntamiento de Inca, localidad de la que es natural, han confirmado a Europa Press que todavía no se ha podido localizar a la joven, que reside y trabaja en Madrid y que viajaba en un tren de la compañía Iryo con destino a Sevilla.

Según la información compartida en los mensajes, García viajaría en los vagones siete u ocho del convoy. Sus allegados solicitan que cualquier persona que disponga de información sobre ella se ponga en contacto con ellos.

La búsqueda se produce en medio de la incertidumbre que viven numerosas familias tras el grave accidente ferroviario registrado en Urda, donde colisionaron un tren de alta velocidad de Renfe y otro de Iryo. El siniestro ha dejado al menos 68 víctimas mortales y decenas de heridos, mientras los equipos de emergencia y las autoridades trabajan en la identificación de las personas fallecidas y en la localización de los pasajeros cuyo paradero todavía se desconoce.

Las familias recurren a las redes sociales para buscar a los desaparecidos

La desaparición de Mari Carmen se suma a la de otros viajeros a los que sus familiares y amigos intentan localizar a través de las redes sociales. Desde las primeras horas posteriores al accidente, se han difundido fotografías, nombres y datos sobre los vagones y los asientos en los que viajaban algunas de las personas con las que no se ha conseguido contactar.

Ante la magnitud de la tragedia, las autoridades han habilitado recursos para atender a los familiares y facilitar las tareas de identificación. La Guardia Civil ha establecido dependencias para recoger información y muestras de ADN de familiares de primer grado, con el objetivo de agilizar la identificación de las víctimas.

El accidente de Urda ha obligado a interrumpir la circulación de alta velocidad entre Madrid y Andalucía y ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias de la colisión. Según la reconstrucción publicada por elDiario.es, una avería en el sistema de señalización fue seguida de una cadena de errores en el centro de control de Adif en Atocha, que autorizó al tren de Renfe a reanudar la marcha a velocidad normal pese a que el convoy de Iryo permanecía detenido en la misma vía. La investigación deberá determinar las responsabilidades por lo ocurrido.e

El cambio climático amenaza con elevar 24 centímetros el nivel del Mediterráneo hasta 2050 y reducir drásticamente la anchura de las playas de Palma: Cala Estància podría perder el 96% de su arenal y Ses Troneres, el 80%. Además, sus efectos podrían reducir hasta un 17% el PIB per cápita de Balears en los próximos 25 años, con consecuencias para la actividad económica y especialmente para el turismo. Así lo advierte el informe de la Fundación AXA Cuidar el presente, proteger el mañana: adaptación climática de la ciudad de Palma, que analiza los riesgos del aumento de las temperaturas, la intensificación de las olas de calor y la escasez de agua.

Durante la presentación del estudio, llevada a cabo este miércoles en la Cambra de Comerç de Mallorca, la experta en riesgos por inundaciones Claudia Ylla ha explicado que la mayor de las Balears se enfrenta a un escenario de mayores riesgos climáticos de aquí a 2050. La subida de las temperaturas, la reducción de las precipitaciones y el aumento del nivel del mar amenazan con alterar las condiciones que han convertido a las islas en uno de los principales destinos turísticos del Mediterráneo.

El turismo, ha señalado Ylla, depende directamente de la disponibilidad de agua, la conservación de las playas y unas condiciones térmicas que permitan disfrutar del destino. El deterioro de estos factores podría reducir el atractivo de Mallorca y provocar un descenso del número de visitantes. Ante este escenario, la experta ha advertido de que las empresas tendrán que adaptarse si se mantiene la trayectoria actual de emisiones de gases de efecto invernadero. Entre las medidas necesarias, ha destacado el refuerzo de la cultura de la prevención de riesgos y la revisión de la oferta turística.

Palma podría registrar 99 noches tórridas al año

Las previsiones para Palma dibujan un escenario especialmente preocupante en relación con el calor extremo. Según el estudio, las temperaturas máximas podrían aumentar hasta cuatro grados de aquí a 2050, un incremento que podría traducirse en una caída del 16,3% del PIB per cápita de la ciudad. El número de días en los que la sensación térmica supera los 33 grados pasaría de los 15 actuales a 62 a mediados de siglo. Palma podría registrar hasta 98 días calurosos al año, frente a los 36 actuales, y 99 noches tórridas. La duración media de las olas de calor podría triplicarse.

El informe contempla también un escenario extremo de hasta 12.000 muertes relacionadas con el calor en Palma si no se adoptan medidas adicionales de adaptación. Ylla ha señalado que la aplicación de estas medidas podría reducir esa cifra hasta doce veces.

El impacto del calor no se limitaría a la salud pública. Las temperaturas extremas también afectarían a la actividad económica, el bienestar de la población y el atractivo turístico de la capital balear.

Playas que podrían perder casi toda su superficie

La subida del nivel del mar constituye otra de las amenazas identificadas por el estudio. Aunque Palma no es uno de los puntos más expuestos de Balears al riesgo costero, el nivel medio del mar podría aumentar unos 24 centímetros hasta 2050. Esta subida amplificaría los efectos de los temporales, el oleaje y las mareas, y elevaría el riesgo de inundaciones en el litoral.

Además, reduciría la superficie de las playas, algunas de las cuales podrían desaparecer casi por completo. Es el caso de Cala Estància y Ses Troneres. Según las estimaciones recogidas en el informe, la anchura de estas playas podría reducirse un 96% y un 80%, respectivamente, hacia mediados de siglo.

El avance del mar también tendría consecuencias sobre los acuíferos, al favorecer la intrusión de agua salada y reducir la disponibilidad de recursos hídricos. La amenaza resulta especialmente relevante para Palma, donde el 75% del agua consumida procede de los acuíferos.

Menos lluvias y acuíferos sobreexplotados

El estudio prevé que las precipitaciones disminuyan un 20% hasta 2050, mientras que la evaporación aumentaría un 10%. La combinación de ambos fenómenos limitaría significativamente la recarga de los acuíferos y agravaría el estrés hídrico, especialmente durante los meses de verano, cuando crece la presión poblacional por la actividad turística.

La situación de partida ya es delicada. Según Ylla, nueve acuíferos que abastecen a Palma están sobreexplotados y otros cinco lo estarán en 2027. Tres presentan actualmente un estado deficiente por la intrusión salina.

La disponibilidad de agua se perfila así como uno de los principales desafíos de la capital balear ante el calentamiento global. La reducción de las precipitaciones y el aumento de la demanda durante los meses de mayor actividad turística pueden agravar las dificultades para garantizar el suministro.

El 60% de la población, expuesta a inundaciones

Las inundaciones constituyen otra de las principales amenazas para Palma. Cerca del 60% de la población de la ciudad, unas 309.000 personas, estaría expuesta a este riesgo, según el estudio. Entre las zonas más sensibles figuran las Ramblas, Es Molinar y varios polígonos industriales.

Los episodios de inundación podrían provocar interrupciones del transporte, daños en las redes de saneamiento, problemas de acceso al agua, contaminación de los recursos hídricos y alteraciones de la actividad económica.

Ante estos riesgos, Ylla ha defendido la necesidad de combinar medidas de prevención inmediatas con transformaciones urbanísticas y ambientales de mayor alcance.

Entre las actuaciones más sencillas y económicas, el estudio propone reforzar la cultura de la prevención, utilizar materiales resistentes al agua e instalar sistemas de protección frente a las inundaciones, como muretes, barreras y válvulas antirretorno.

También plantea habilitar zonas de refugio, restaurar la vegetación autóctona del litoral y conservar los ecosistemas marinos. A más largo plazo, contempla intervenciones de mayor complejidad, como la renaturalización de la costa, la adquisición de terrenos agrícolas para devolverlos a la naturaleza, la reubicación de carreteras y la retirada de actividades situadas en zonas costeras vulnerables.

El Ayuntamiento defiende más zonas verdes y recursos hídricos

Durante la presentación del estudio, el alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha defendido que la adaptación al cambio climático requiere la implicación de las administraciones, las empresas y la ciudadanía. El primer edil ha señalado que Palma incorpora unas 5.000 personas empadronadas cada año y ha situado entre los retos de la ciudad compatibilizar el crecimiento con la protección del entorno. En este sentido, ha reivindicado la sostenibilidad como uno de los pilares de la adaptación climática.

Martínez ha destacado las actuaciones municipales en materia de agua y zonas verdes. Entre ellas, ha citado las mejoras en la depuradora de Palma, el desarrollo de una futura desaladora municipal y la ampliación de los espacios verdes. También ha mencionado la incorporación de 60 autobuses eléctricos a la flota de la Empresa Municipal de Transportes este año. El alcalde ha defendido, además, la creación de un centro de control que permita adoptar decisiones y actuar a partir de estudios sobre los riesgos climáticos de Palma.

El Tribunal Constitucional (TC) ha decidido mantener suspendida la derogación de la Ley de Memoria y Reconocimiento Democráticos de Balears, supresión a la que dio luz verde el Govern de Marga Prohens (PP) con el apoyo de Vox el pasado mes de marzo. De este modo, la norma continuará cautelarmente vigente mientras se resuelve el recurso de inconstitucionalidad que interpuso el Gobierno central contra la eliminación de la ley al considerar que su anulación constituye una vulneración de los derechos de las víctimas del franquismo y dificulta el cumplimiento de la legislación estatal en materia de memoria democrática.

Mediante un auto fechado el pasado 20 de octubre, al que ha tenido acceso elDiario.es, la Sala mantiene paralizado el núcleo del texto con el que fue revocada la ley de memoria, es decir, el artículo que deroga expresamente la norma y la disposición transitoria que la acompaña, que establece el régimen aplicable a los procedimientos de memoria democrática que estaban en marcha cuando se derogó la ley.

El tribunal justifica la decisión por la necesidad de evitar perjuicios que podrían resultar difíciles o imposibles de reparar si la derogación entrara en vigor antes de que se resolviera el recurso de inconstitucionalidad. Al respecto, el tribunal sostiene que “el carácter irreversible del paso del tiempo” en el ejercicio de estos derechos, unido a la importancia de contar con estructuras administrativas para garantizarlos, hace que los perjuicios derivados de levantar la suspensión deban calificarse como “irreparables o de muy difícil reparación”.

En su análisis, la mayoría de los magistrados considera que la desaparición del marco autonómico de memoria democrática puede afectar al reconocimiento y a la protección de los derechos de las víctimas de la guerra civil y la dictadura franquista y aluden, asimismo, a las consecuencias que tendría la derogación para las actuaciones públicas de investigación, localización y exhumación de personas desaparecidas, así como para las políticas de reconocimiento y reparación. Por ello, consideran que mantener la medida cautelar no resulta “excesivo o desproporcionado”. La decisión no supone todavía un pronunciamiento definitivo sobre la legalidad de la eliminación, pero impide que ésta despliegue plenamente sus efectos mientras se resuelve la impugnación.

El auto toma en consideración, además, las obligaciones relacionadas con la colaboración entre las administraciones públicas en materia de memoria democrática. En su recurso, el Gobierno central alegaba que el levantamiento de la suspensión podía perjudicar la efectividad de las medidas de reconocimiento y reparación, así como el desarrollo de las actuaciones previstas en la legislación autonómica.

El Ejecutivo balear, por su parte, defendió que no existían razones suficientes para mantener la medida cautelar y aseveraba que la derogación no suponía una desprotección de las víctimas al existir otros instrumentos legales y administrativos para atender sus derechos. El Constitucional no acepta estos argumentos en lo relativo a la derogación de la ley y su régimen transitorio y considera que, en este momento del procedimiento, la protección cautelar de los derechos en juego justifica mantener suspendidos ambos preceptos.

El tribunal permite recuperar la libertad de expresión y cátedra

Al contrario que con la parte esencial del texto derogatorio, el tribunal sí levanta la suspensión del artículo 2, que recoge el derecho a expresar y difundir pensamientos, ideas y opiniones, así como a producir y crear en los ámbitos científico, técnico, cultural y artístico. También ampara la libertad de cátedra y la investigación histórica. En este sentido, la exposición de motivos del texto acusa a la ley de memoria de perseguir el derecho a disentir y penalizar a los historiadores cuyas conclusiones no coincidieran con la interpretación histórica de determinados partidos.

El Constitucional señala, al respecto, que no se han acreditado suficientemente los perjuicios irreparables que justificarían mantener suspendido este artículo. Asimismo, levanta la suspensión de la disposición final única del texto derogatorio, relativa a su entrada en vigor.

El auto incorpora votos particulares de magistrados que discrepan de la decisión mayoritaria y consideran que debía levantarse la suspensión de la ley derogatoria en su conjunto. Los magistrados discrepantes cuestionan que se hayan acreditado de manera suficiente los daños irreparables que justificarían mantener la medida cautelar. También sostienen que el incidente debía resolverse atendiendo a los criterios constitucionales sobre la excepcionalidad de estas suspensiones y a la necesidad de ponderar los intereses en conflicto.

La ley balear de memoria, aprobada en 2018, articuló un marco institucional para investigar los crímenes del franquismo y el reconocimiento público de quienes fueron represaliados tras el golpe militar de 1936. Entre otros hitos, la ley balear de memoria democrática ha permitido delimitar y ampliar la consideración de víctimas de la guerra civil y la dictadura: no solo ha posibilitado reconocer a personas represaliadas directamente, sino también a organizaciones sociales, profesionales o culturales, partidos políticos y sindicatos, entre otros, además de víctimas de bombardeos, bebés robados o personas perseguidas por motivos ideológicos.

Bajo el amparo de esta normativa también se declaró la nulidad de pleno derecho de todas las sentencias y resoluciones dictadas por razones políticas en causas penales, civiles o administrativas durante la dictadura en las islas, una medida simbólica destinada a reparar jurídicamente a quienes fueron condenados por tribunales franquistas. La ley también introdujo medidas en el ámbito educativo para garantizar la transmisión de este periodo histórico a las nuevas generaciones. Entre otras disposiciones, establecía la incorporación de la memoria democrática en los currículos escolares, el impulso de programas pedagógicos sobre el conflicto bélico y el régimen franquista, así como actividades de investigación y divulgación en colaboración con centros educativos y universidades.

El pulso del Gobierno contra la derogación de las leyes de memoria

La impugnación de la decisión adoptada por PP y Vox se enmarca en la senda ya iniciada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez con autonomías como Comunitat Valenciana, Aragón y Cantabria, cuyas normativas de memoria histórica han sido sustituidas por 'leyes de la concordia' que, so pretexto de “reconciliar” a los españoles en lugar de “reabrir heridas”, equiparan el franquismo con la democracia.

El Gobierno considera que estos textos “blanquean la dictadura franquista, niegan la existencia del golpe de Estado como causante de la Guerra de España de 1936 a 1939, pretenden que no se conozca la verdad de lo que ocurrió y, lo que es peor, condenan a las víctimas de nuevo al olvido”. Asimismo, sostiene que estas reformas mantienen aspectos vinculados a las exhumaciones pero eliminan elementos esenciales relacionados con el derecho a la verdad, la reparación y las garantías de no repetición.

Rubén Díaz (Palma, 1979) es fotógrafo, pero desde hace años dedica buena parte de su vida a acercarse a quienes viven en la calle y a movilizar a otras personas para ayudarlos. Su proyecto, Alma, no es una asociación ni una fundación, sino un movimiento cívico nacido de una convicción personal: nadie debería ser invisible cuando atraviesa una situación de vulnerabilidad. Con la colaboración de una comunidad de miles de personas, ya ha contribuido a que 26 personas salgan de la calle en Palma.

Su compromiso está ligado a su propia historia. Procede de una familia humilde, nunca ha tenido una vivienda en propiedad, ha vivido desahucios, lo echaron de casa cuando era niño y ha pasado por nueve hogares. Conoce la inseguridad de no disponer de un lugar propio y defiende que tener un techo es el primer paso para reconstruir una vida. “Quieren que trabajemos, que seamos productivos, etcétera, pero lo primero es tener una vivienda digna”, sostiene. Atribuye su sensibilidad a la educación que recibió de sus padres, basada en la compasión, el amor, el perdón y la justicia social. Cuando empezó a pararse a hablar con personas que dormían en la calle, se hizo una pregunta que acabaría marcando su camino: “Rubén, acércate a ellos; a ver qué puedes hacer para mejorar su situación”. Para él, esta forma de mirar a los demás constituye “la herencia más bonita” que tiene.

Al principio, Rubén actuaba solo. Deambulaba por las calles de la ciudad, escuchaba historias y las compartía con las personas más cercanas. Después comprendió que las redes sociales podían multiplicar el alcance de su iniciativa. “¿Por qué no visibilizar todo esto en las redes sociales?”, se preguntó, consciente del poder de estas plataformas. Allí dio a conocer un proyecto que empezó a tomar impulso durante la pandemia de la COVID-19, cuando decidió aprovechar aquel momento de cambio para despertar conciencias y conectar a personas dispuestas a ayudar.

Dejar de mirar hacia otro lado

Rubén centra su atención en quienes lo han perdido todo y viven en la calle, pero también quiere desmontar los prejuicios que los rodean. Rechaza que se los identifique automáticamente con las adicciones y recuerda que, detrás de la pérdida de una vivienda, puede haber problemas de salud mental, rupturas sentimentales, depresiones, duelos y otras circunstancias capaces de desestabilizar una vida. “He conocido y atendido a gente en la calle que lo tenía todo y que, por algún motivo, lo ha perdido todo”, explica.

Cuando se acerca a alguien que duerme en la intemperie, intenta imaginarlo de niño, antes de que las circunstancias lo condujeran a esa situación. No ve únicamente a alguien que necesita comida o alojamiento, sino a una persona con una historia que merece ser escuchada. “Han sido inocentes y han tenido una vida muy dura, pero no se merecen seguir siendo invisibles”, señala.

Han sido inocentes y han tenido una vida muy dura, pero no se merecen seguir siendo invisibles

Rubén Díaz — Responsable del proyecto Alma

Lo que más le indigna es la indiferencia con la que se ha normalizado el sufrimiento en el espacio público. “Hemos normalizado ver a alguien totalmente destruido en la calle y torcer la cabeza”, denuncia. Considera esa actitud “absolutamente inhumana” y recuerda que nadie está a salvo de atravesar una situación semejante: “Te puede pasar a ti y, cuando te pase, querrás que alguien te ayude”, sentencia, y de ahí reclama recuperar la empatía y la solidaridad. “Humanicemos de nuevo, recuperemos los valores, la empatía y la solidaridad que unen al pueblo”, sostiene.

Te puede pasar a ti y, cuando te pase, querrás que alguien te ayude. Humanicemos de nuevo, recuperemos los valores, la empatía y la solidaridad que unen al pueblo

Rubén Díaz — Responsable del proyecto Alma

Alma también responde a su desconfianza hacia las estructuras tradicionales. Rubén decidió no constituir una entidad formal para evitar los trámites, la burocracia y las obligaciones que, a su juicio, pueden complicar una iniciativa ciudadana. “Lo hice a propósito porque, cuando creas algo legal, tienes que rendir cuentas, hacer papeles y lidiar con la burocracia; es un lío”, explica. Y se pregunta: “¿Por qué tenemos que entrar siempre en el sistema?”, al considerar que cualquier ciudadano puede ayudar a los demás sin necesidad de crear una organización.

Modelo actual

Su crítica alcanza al modelo de sociedad actual, marcado, en su opinión, por el consumismo, las empresas que destruyen el planeta y el miedo como herramienta de control. Se define como apolítico y no se identifica con ninguna religión, aunque mantiene una profunda fe en las personas. También cuestiona el racismo y la xenofobia, que considera mecanismos para dividir a la población. “Son las personas las que son buenas o malas, no el color de su piel ni su lugar de procedencia”, afirma.

Rubén recuerda la época de sus abuelos como un tiempo en el que había más contacto entre vecinos, más vida familiar y más disposición a escuchar. Frente a aquella convivencia, lamenta que las pantallas, el miedo y el egoísmo hayan debilitado los vínculos comunitarios. También cuestiona la manera en que se percibe a las personas migrantes, a menudo presentadas como una amenaza, mientras que los españoles que emigraron a Sudamérica en otras épocas podían ser vistos como exploradores. Gracias a su pasión por el baloncesto, y rompiendo la imagen que acaso llene parte del imaginario colectivo, Rubén Díaz señala que ha conocido a numerosos sudamericanos que han llegado a Balears y han creado empresas que han dado trabajo a mallorquines y a otros españoles.

Viajar más hacia dentro

Para Rubén, recuperar la solidaridad exige también un ejercicio de introspección. Propone conocerse mejor, reconocer la parte oscura de cada uno y aprender a aceptarla, en lugar de proyectar las propias contradicciones sobre los demás. Solo así, sostiene, podemos reconocer las capacidades y posibilidades de quienes tenemos delante, sin reducirlos a sus errores o a las circunstancias que atraviesan. 

Esa mirada está presente en su manera de acompañar a las personas que encuentra en la calle. Uno de los casos que mejor ilustra su buen hacer es el de José, un joven que le pidió ayuda para abandonar su adicción al alcohol y a las drogas. Trabajaba en la construcción, pero gastaba todo el sueldo en consumir, hasta que terminó perdiendo su hogar. Rubén recuerda su historia como un ejemplo de la dificultad de reconocer a tiempo que algo debe cambiar. “Parece ser que hasta que no tocamos fondo no nos damos cuenta de las cosas”, reflexiona, mientras apostilla: “Todos tenemos esa parte de aprendizaje; lo bonito de la vida es aprender”.

José pasó dos años en un centro de desintoxicación, durante los cuales Rubén fue su persona de acompañamiento. Después se marchó a Andalucía y, otros dos años más tarde, ambos se reencontraron por casualidad en Palma. José había rehecho su vida: caminaba junto a su mujer y su hijo. El niño tenía un nombre que convirtió aquel encuentro en algo especialmente emotivo: Rubén, en agradecimiento a la persona que le había ayudado a salir de la calle.

Rubén ayudó a José, que le pidió ayuda para abandonar su adicción al alcohol y a las drogas. Tras pasar dos años en un centro de desintoxicación, se fue a Andalucía y, dos años más tarde, se reencontró con él en Palma. Había rehecho su vida: caminaba junto a su mujer y su hijo, a quien puso de nombre Rubén

El mallorquín considera que las adicciones pueden estar vinculadas a traumas no superados y a la dificultad de afrontar determinadas experiencias. Para romper los patrones de consumo, explica, es necesario construir una vida más atractiva que aquella en la que la adicción ocupa el centro. Eso puede implicar cambiar de amistades, modificar rutinas o pasar el día en otro barrio y regresar al lugar de origen únicamente para dormir, evitando así el entorno asociado al consumo. Para ello, destaca la importancia de la naturaleza, el deporte, la alimentación, el cuidado personal y la capacidad de pedir perdón a quienes estuvieron al lado de uno y no se supo valorar.

Belén: de la calle a ayudar a otras personas

En la entrevista participa también Belén Simón, la primera persona a la que Rubén ayudó a salir de la calle. Él la considera “su hermana mayor” y asegura que son familia. Hoy tiene trabajo y casa, y colabora en Alma acompañando a otras personas que atraviesan situaciones de vulnerabilidad. Su historia, sin embargo, está marcada por los malos tratos, la exclusión residencial y una grave adicción a la heroína.

Belén y Rubén se conocieron en noviembre de 2019, en el mercado del Olivar de Palma, cuando ella vivía en la calle con sus dos perros. “En ese momento nos reconocimos”, recuerda él, como si estuvieran predestinados a conocerse ese mes de otoño. Rubén creyó que podía ayudarla y ambos encajaron desde el principio. Antes de aquel encuentro, Belén había vivido una situación de extrema vulnerabilidad. En la pandemia, fue desalojada de una vivienda en la zona de Pere Garau tras una estafa relacionada con el alquiler. Según relata, había entregado una cantidad de dinero como reserva, pero no llegó a firmar un contrato. Días después, el arrendador denunció ante la policía que dos personas –ella y su pareja– habían ocupado su casa y les cortó la luz y el agua. Intentaba expulsarlos en plena pandemia, una dura experiencia a la que se sumaba la violencia machista que Belén sufría, una “auténtica pesadilla”.

Ella terminó en la calle con sus dos perros y se instaló en la zona del Olivar, donde convivió con personas que bebían y que, en aquellas circunstancias, constituían la mejor protección que encontraba. Allí, en la estacada, conoció a Rubén, su “ángel guardián”. En la calle, sin vivienda, sin apoyo familiar y sin una red de afectos que la sostuviera. A pesar de ello, su recuperación es especialmente significativa porque comenzó cuando todavía vivía con todo ese peso y dificultad. 

La adicción de Belén había alcanzado un punto devastador tras la muerte de su tío Juan, a quien quería mucho. Acabó en el poblado de Son Banya y pasó una semana fumando heroína sin parar. Lo hizo con una promesa: si sobrevivía, abandonaría aquel mundo. Una ambulancia tuvo que recogerla y trasladarla al hospital. Pesaba 22 kilos y era “un auténtico cadáver”, recuerda al evocar aquella etapa. Sin embargo, y por fin, “a mí, Dios me salvó de las cenizas”, afirma hoy.

Incluso viviendo en la calle, Belén buscaba la manera de trabajar. Cobraba cuarenta euros por ir a limpiar y, en esas, destinaba veinte a pagar a una chica que cuidara de sus perros. Con el tiempo, la ayuda de Rubén y su propia voluntad le permitieron dejar atrás la adicción, encontrar trabajo y conseguir una vivienda. Ahora, esta mujer de cincuenta y tres años, y gracias al programa de intervención social Housing First, del Consell de Mallorca, que ofrece vivienda a personas en situación de sinhogarismo crónico, dispone de una vivienda individual, utiliza la experiencia vivida para orientar a Rubén sobre las personas que encuentra en las calles de Palma.

Ha desarrollado, explica, una capacidad para reconocer las circunstancias de cada caso y detectar quién puede estar preparado para iniciar un proceso de recuperación. “Yo recibí el bien y ahora es lo que intento transmitir”, afirma quien ha comprobado el efecto de ese acompañamiento con una persona que llevaba más de 25 años bebiendo alcohol y que, gracias al cariño y la atención recibidos, ha decidido entrar en un programa para abandonar la bebida. “A veces es cuestión de hablar unos minutos con alguien que está peor que tú y devolverle la dignidad que le corresponde”, explica.

Rubén también ayudó a Belén, quien terminó en la calle con sus dos perros tras una historia marcada por la violencia machista, la pérdida de su casa y una adicción a la heroína. Ahora ha encontrado una casa y un trabajo y ayuda a Rubén: 'Yo recibí el bien y ahora es lo que intento transmitir'

Ponerse a la altura del vulnerable

Rubén Díaz pide a quienes sientan miedo o incomodidad ante las personas que viven en la calle que se acerquen a ellas con humildad. Propone agacharse, físicamente, darles la mano y empezar con una frase sencilla: “Aquí estoy, te escucho”. Acaso quienes han pasado años siendo invisibles pueden haber perdido la confianza en los demás; por eso, que alguien se detenga y escuche puede romper una barrera, expresa. Y es que “en ese momento surge la magia”, afirma el fotógrafo, que cada día recibe mensajes en las redes sociales de personas que necesitan ayuda. Prioriza los casos más urgentes, tanto de quienes ya viven en la calle como de quienes están a punto de perder su vivienda. La respuesta puede consistir en ropa de abrigo, una tienda de campaña o una habitación temporal. “Somos un grupo que ofrecemos ayuda en el momento; no damos cita”; cuenta.

Cada día, Rubén recibe mensajes en las redes sociales de personas que necesitan ayuda. Prioriza los casos más urgentes, tanto de quienes ya viven en la calle como de quienes están a punto de perder su vivienda

Antes de compartir una historia con su comunidad de miles de seguidores, comprueba que la situación sea real y pide permiso a la persona afectada para extender su caso. Después expone sus necesidades y coordina, junto con su equipo, los ofrecimientos que llegan: alojamiento, empleo, ropa, dinero u otros recursos. Las microdonaciones permiten pagar habitaciones y cubrir necesidades básicas mientras se busca trabajo y se intenta que cada persona pueda recuperar su autonomía. 

Ocurrió en uno de los casos. Una mujer alemana le escribió un lunes porque el jueves iba a ser desahuciada junto a sus cinco gatos. Había acumulado una deuda, no encontraba trabajo pese a tener formación en marketing y dirección de empresas y había acudido a varias ONG y a los servicios sociales sin conseguir una solución. El fundador de Alma se reunió con ella y, en dos días, encontró una habitación en una casa de campo ofrecida por una seguidora. Reunió los 500 euros necesarios para pagarla y consiguió que un amigo se encargara de la mudanza.

Esto, no obstante, no entra a desmerecer el dedicado y entregado trabajo en materia social que se pueda estar realizando desde las instituciones públicas (léase, por ejemplo el Consell de Mallorca, la Xarxa d'Inclusió o algunos consistorios) o desde entidades privadas en este momento y el hecho de que esta mujer, la chica alemana, no encontrara una respuesta a su situación se cuenta aquí como caso puntual. El propósito de esta pieza periodística es poner el foco en la iniciativa individual de Rubén y de otras personas dispuestas a ayudar, una acción que lleva a este mallorquín a emplazar a los gobernantes a seguir trabajando de forma conjunta y seguir buscando soluciones a la vulnerabilidad y a diversas situaciones precarias de algunos ciudadanos.

Con el tiempo, la mujer encontró trabajo y comenzó una relación sentimental con ese mismo amigo de Rubén que había tendido su mano. “Cuando estás en una vibración alta, cuando te entregas a los demás, ocurren cosas muy bonitas”, añade quien durante la entrevista recurre a la leyenda de los dos lobos de los pueblos cheroquis para explicar que la actitud con la que afrontamos la vida influye en nuestras decisiones. No plantea negar las dificultades, sino encontrar fuerzas y apoyos para no quedar atrapados en ellas.

Otra de las beneficiarias ha sido una mujer alemana sin casa que, en dos días, encontró una habitación en una casa de campo ofrecida por una seguidora de Rubén en redes sociales

Vivienda, salarios y respuesta pública

La labor de Alma pone de manifiesto las carencias de una respuesta social que, según Rubén, debe abordar tanto las urgencias como las causas de la exclusión. En Palma, asegura, hay pisos vacíos cuyos propietarios no quieren alquilarlos por miedo a que los ocupen. Es por ello que defiende la regulación de los precios y la creación de vivienda social para facilitar el acceso a un hogar. Apoya las manifestaciones ciudadanas, pero pide que las reivindicaciones no se radicalicen ni queden subordinadas a las banderas y voluntades de los partidos políticos. “Si quieres gobernar y te olvidas del pueblo, no existe el sentido”, sostiene. Reclama, además, una relación más equilibrada entre el índice de precios de consumo (IPC) y los salarios. “La gente no da para más”, afirma al describir a personas que necesitan dos trabajos para alimentar a sus hijos y que terminan agotadas, deteriorando su salud. Desde su perspectiva, no se puede exigir productividad sin garantizar antes unas condiciones de vida dignas.

El trabajo de Alma ha despertado el interés de responsables públicos de Palma. Rubén explica que la directora de Asuntos Sociales y la teniente de alcalde del consistorio le han pedido ayuda para estructurar un plan de actuación. Entre las cuestiones abordadas, está la necesidad de contar con más agentes de campo, capaces de salir de sus oficinas y hablar en un cara-a-cara con quienes necesitan ayuda. De esas conversaciones podría surgir un voluntariado destinado inicialmente a ofrecer apoyo emocional y psicológico a personas que viven en la calle, en caravanas, tiendas de campaña o asentamientos varios, y después acompañarlas hacia una vida mejor. Rubén reclama además una mayor coordinación entre los servicios sociales de la comunidad y más plazas en albergues que reduzcan las listas de espera. 

Dejar de juzgar para empezar a ayudar

Belén y Rubén rechazan que la situación de una persona pueda juzgarse desde fuera sin conocer su historia. “Las personas que más critican a los demás, que menos ven el sufrimiento ajeno, son las que más podridas están por dentro”, sentencia él. Su mensaje invita a revisar la propia conducta y a recordar que nadie está completamente a salvo de perder su hogar, su estabilidad o sus apoyos. Por eso insiste en que ayudar a los demás también transforma a quien ayuda. En amar al prójimo como a uno mismo y permitir que suenen las campanas de la solidaridad que hacen vibrar a las personas y permiten construir una vida más plena.

Con todo, Alma nació cuando Rubén decidió dejar de pasar de largo ante quienes dormían en la calle. Por su parte, Belén, que un día necesitó esa mano tendida, ahora la ofrece a quienes atraviesan situaciones similares. Y José demuestra que reconstruir una vida requiere voluntad, oportunidades y una red de apoyo. Todo en una misma receta: dejar de juzgar, volver a mirar a los demás a los ojos y reconocer que, detrás de cada persona que vive en la calle, hay una historia que merece ser escuchada.

Vídeos de DEVEGA PRODUCTIONS.

“Tras dos décadas en este oficio, muchas de nosotras tenemos el cuerpo destrozado y necesitamos medicarnos para poder afrontar cada jornada laboral. A la jubilación llegamos hechas polvo”. Rosa es camarera de piso y desde 1999 trabaja en el hotel Guadalupe, en Magaluf (Mallorca), donde limpia 21 habitaciones por jornada. A sus casi 62 años, arrastra una hernia discal, problemas en los tendones del hombro y lesiones en las rodillas. Las habitaciones de salida, explica, pueden exigir entre 45 minutos y una hora y media de trabajo, dependiendo de cómo las hayan dejado los huéspedes. “Encontramos basura, botellas, comida, arena y los baños en condiciones desastrosas”, relata a elDiario.es.

Rosa Fiteni es una de las decenas de 'kellys' que participan este martes y miércoles en las jornadas Coeficientes reductores. Una deuda histórica con las camareras de piso, organizadas por la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT (FeSMC-UGT) en Magaluf. Entre aplausos, abrazos y proclamas, las trabajadoras han reclamado una jubilación anticipada que tenga en cuenta el desgaste físico de su oficio, junto con una reducción de las cargas laborales y unas condiciones dignas que eviten que las nuevas generaciones terminen su vida profesional con el cuerpo destrozado.

Fiteni defiende que las camareras de piso puedan retirarse antes sin que ello suponga una penalización en su pensión. La reivindicación va más allá de adelantar la edad de retiro: exige también aliviar la carga de trabajo y mejorar las condiciones laborales para evitar que los años de esfuerzo pasen factura a su salud. Aunque se considera afortunada porque en su hotel hay personal dedicado a las zonas comunes y ella puede centrarse en las habitaciones, advierte de que esa situación no es generalizada: algunas compañeras deben limpiar 28 o incluso 30 habitaciones por jornada.

La vivienda agrava, además, la situación económica de quienes trabajan en el sector turístico en Mallorca. “Porque si te cuesta 1.500 y tú cobras 1.500, no se puede”, señala, aludiendo a las dificultades de afrontar el alquiler con un salario equivalente. La camarera de piso defiende que las trabajadoras que ya acumulan un importante desgaste físico puedan retirarse antes y que, al mismo tiempo, se adopten medidas para evitar que las generaciones que se incorporen al sector terminen en una situación similar.

“¿Qué menos que después de nuestra vida laboral podamos tener unos años con una vida digna?”, plantea. El objetivo de su reclamación, abunda, es que las 'kellys' puedan disponer de unos años de descanso en los que puedan vivir sin arrastrar las consecuencias de toda una vida laboral.

“No se puede dejar en el olvido a quienes levantan este país”

“España es un país que vive del turismo. No puede dejar en el olvido a quienes levantan este país. Y ahí estamos nosotras”, proclama por su parte Rosa Requena, quien asevera que el desgaste físico que implica limpiar entre 17 y 18 habitaciones al día le hace cuestionar que pueda seguir ejerciéndolo hasta la edad ordinaria de jubilación. Tras once años como camarera de piso en un hotel de Alicante, asegura que su cuerpo ya acusa las consecuencias de un oficio que, pese a sostener buena parte de la actividad turística, sigue sin tener reconocido el derecho a una jubilación anticipada por su penosidad. “Nuestro desayuno es un café con leche y un paracetamol o ibuprofeno para poder aguantar la jornada”, asegura a este periódico.

Aunque alrededor del 60% de las camas de su hotel ya son elevables, Rosa y sus compañeras todavía tienen que levantar manualmente las que no disponen de ese mecanismo. Si le corresponden 17 habitaciones, calcula que puede tener que levantar 34 camas de unos 32 kilos cada una, además de los elementos que se colocan sobre ellas, que pesan otros siete. A esa carga se suma el esfuerzo de limpiar baños, mover mobiliario y repetir los mismos movimientos durante toda la jornada. “Yo no tenía nada en la espalda. Tengo una hernia producida por mi puesto de trabajo”, relata a elDiario.es.

Rosa denuncia, en este sentido, las dificultades que las 'kellys' atraviesan para que algunas lesiones sean reconocidas como derivadas de su actividad laboral: cuando una trabajadora sufre una dolencia en el hombro, por ejemplo, el hecho de que pueda estar relacionada con movimientos repetitivos de su puesto puede complicar su reconocimiento como contingencia profesional.

El resultado, prosigue, es que las trabajadoras no solo sufren las consecuencias físicas del oficio, sino que también pueden encontrarse con dificultades cuando necesitan una baja: “Te cruje la espalda, notas un clic y cuando vas a la mutua te dice que no, que no es una lesión profesional porque es un movimiento repetitivo propio de tu puesto de trabajo o de limpiar un cristal. El manguito rotador del hombro tampoco te lo reconocen por ser consecuencia de movimientos repetitivos, con lo cual, encima, acabas perdiendo dinero cuando tienes que coger una baja”.

Las secuelas se prolongan más allá de la vida laboral. Rosa conoce a compañeras que han llegado a la jubilación con los hombros destrozados, operadas de las rodillas, los pies, las hernias o las cervicales. “Es un trabajo muy digno para acabar con una jubilación que no es para nada digna”, lamenta. Y advierte de que no basta con reconocer públicamente el problema: “Que no se queden palabras, que se queden en hechos y en escritos y que aparezca en el BOE. Que las palabras se las lleva el viento”.

“Que nos dejen jubilarnos con tiempo”

Desde Eivissa, Nusi, quien trabaja para una empresa auxiliar que presta servicios a una de las grandes hoteleras de la isla, reclama que las camareras de piso puedan jubilarse anticipadamente a los 56 años, una reivindicación que justifica por la dureza física del oficio. “Las camareras tienen que estar todos los días medicándose para poder sacar la jornada laboral”, denuncia al igual que sus compañeras. La falta de personal agrava la situación: cuando una trabajadora está de baja, sus habitaciones se reparten entre las compañeras, que pueden verse obligadas a prolongar su jornada para terminar las tareas asignadas.

Aunque asegura no tener quejas concretas por su parte, lamenta que el problema afecta al conjunto del sector hotelero, porque las cargas de trabajo son similares. Por eso, reclama contratar a más personal y reducir el volumen de tareas que asume cada trabajadora. La movilización, advierte, continuará hasta lograr compromisos concretos: “Necesitamos alcanzar un acuerdo. Si no, nos iremos a la calle a reivindicar”.

Fernanda -45 años de trayectoria en el sector hotelero a sus espaldas- comparte la misma preocupación. Comenzó como camarera de piso y después pasó por otros puestos y se formó profesionalmente. Desde esa experiencia, considera que la limpieza de habitaciones es una parte esencial del funcionamiento de los hoteles, pero que las trabajadoras que la realizan no reciben suficiente reconocimiento. Denuncia que los carros pesados, el movimiento constante de ropa y las cargas asignadas obligan a muchas empleadas a continuar trabajando pese a encontrarse mal.

Su testimonio subraya la contradicción entre la importancia de la limpieza para la experiencia del cliente y la invisibilidad de las condiciones en las que se desarrolla. Mientras los huéspedes disfrutan de una habitación preparada, las tareas necesarias para conseguirlo quedan fuera de su vista. La trabajadora reclama que las direcciones de los establecimientos tengan más en cuenta a un colectivo que considera uno de los pilares de la actividad hotelera.

Sabina y Cecilia, dos camareras de piso que trabajan en la zona de Calvià, denuncian que las cargas de trabajo impiden realizar las tareas con el tiempo y las condiciones que se les exigen. “Les da igual ponernos 24 que ponernos 27 que ponernos 30”, explica Sabina en referencia al número de habitaciones que deben limpiar durante una jornada. La presión aumenta cuando se trata de habitaciones de salida, que requieren cambiar las sábanas y hacer una limpieza más profunda.

A la carga física se suma la exigencia de mantener los estándares del hotel sin disponer siempre del tiempo necesario. “Si te has dejado un pelo te exigen. ¿Por qué no está en condiciones? Te exigen, ¿por qué corres? No corras, que da mala imagen”, relata una de las trabajadoras. La contradicción, explica, es que se les pide rapidez y, al mismo tiempo, que no se note que trabajan deprisa.

Las dos respaldan la reivindicación de una jubilación anticipada para las camareras de piso, pero insisten también en la necesidad de aumentar las plantillas y reducir las cargas de trabajo. “El trabajo de diez no puede salir entre siete”, resume Cecilia. La sobrecarga, añade, termina repercutiendo en las trabajadoras, a las que se responsabiliza cuando no alcanzan los objetivos marcados, pese a que no cuentan con suficiente personal para cumplirlos.

El trabajo invisible que no se cuenta

“Parece que solo es cambiar las sábanas, pero detrás hay muchísimo, muchísimo trabajo”, ilustra Montse, camarera de piso en un hotel de Elche y quien trabajó hace 35 años en Palmanova. A su juicio, medir la jornada únicamente por el número de habitaciones no permite reflejar el esfuerzo real que exige el puesto. Cada estancia requiere, además, una serie de tareas y detalles que condicionan el tiempo necesario para dejarla preparada para el siguiente cliente. Montse, durante su turno de tarde, calcula que puede mover entre 300 y 400 kilos de ropa al vaciar los contenedores de lavandería. “No es solo la carga de las habitaciones”, puntualiza. A todo ello se suman el transporte de ropa limpia y sucia, el manejo del carro y otras funciones, como la reposición de los minibares.

La experiencia de Montse también le permite comparar distintos tipos de turismo. En los establecimientos vacacionales de Baleares, señala, las habitaciones pueden llegar a presentar más suciedad que en hoteles con una clientela principalmente comercial o vinculada a congresos. Sin embargo, sostiene que el número de habitaciones asignadas y las dificultades físicas para limpiarlas no desaparecen por cambiar de destino. Su testimonio ayuda a explicar por qué la reivindicación de la jubilación anticipada no se limita a una zona turística concreta: las tareas y el desgaste pueden repetirse en establecimientos de distintas categorías y lugares.

Las trabajadoras reclaman que se reconozca ese desgaste acumulado y que puedan retirarse antes de la edad ordinaria de jubilación. La reivindicación, sin embargo, sigue pendiente de una respuesta normativa específica. La solicitud anunciada por UGT en julio de 2026 busca abrir el procedimiento para aplicar coeficientes reductores a la edad de jubilación de las camareras de piso, pero no supone que el derecho ya esté reconocido. Para todas ellas, el debate no es abstracto: se trata de que los años de trabajo no terminen convirtiéndose en una jubilación marcada por las lesiones y el dolor.

“No somos números, somos personas”

Sara del Mar, camarera de piso con 23 años de trayectoria y presidenta de Kellys Unión Balears, conoce de primera mano el desgaste físico de un oficio que exige trabajar a un ritmo acelerado y bajo una presión constante. Sevillana de origen, recuerda que muchas trabajadoras llegaron al archipiélago atraídas por la posibilidad de ganar un sueldo que les permitiera vivir y ahorrar durante la temporada, pero la realidad es que buena parte encadena meses de trabajo con periodos de desempleo. “Aquí trabajamos siete, ocho meses, pero luego nos vamos al paro”, explica. Frente al discurso que atribuye la falta de personal a la dependencia de las ayudas, reivindica la dureza de unas condiciones laborales que dificultan sostenerse durante todo el año.

En el diálogo que, en el marco de la jornada, ha mantenido con la directora general de Trabajo y Salud Laboral del Govern, Virginia Abraham, la trabajadora ha puesto el foco en la sobrecarga y en la necesidad de que las mediciones de las cargas de trabajo se traduzcan en cambios reales. No basta con elaborar informes: deben servir para reducir el número de habitaciones asignadas, modificar los procedimientos y rebajar el ritmo de trabajo. La presidenta de Kellys Unión Balears advierte de que, aunque algunos hoteles han empezado a medir esas cargas, muchas trabajadoras no saben si se han realizado evaluaciones o si sus resultados se han aplicado. “Eso tiene que implicar medidas preventivas, medidas correctoras de reducir la carga de trabajo, de modificar los procedimientos de trabajo y de reducir ese ritmo tan intenso”, recoge la transcripción de la intervención.

La otra gran batalla es el reconocimiento efectivo de las enfermedades profesionales. Del Mar denuncia que, pese a los avances, las camareras de piso siguen encontrando obstáculos cuando necesitan que sus lesiones se reconozcan como derivadas de su trabajo, con consecuencias también para las bajas médicas. “Las enfermedades siguen sin estar incluidas en el Boletín Oficial del Estado y, mientras sigan sin estar ahí metidas, aunque las tengamos aprobadas, hay mutuas que se niegan a darlas como enfermedad profesional”, afirma. Su mensaje a los responsables políticos y a los hoteleros es que dejen de tratar a las trabajadoras como piezas sustituibles de una cadena de producción. “No somos números, somos personas”, ha proclamado, valiéndose del aplauso de los asistentes.

Una demanda histórica

La demanda de una jubilación anticipada para las camareras de piso lleva casi una década presente en el debate político y sindical. En 2017, el Parlamento de Canarias aprobó una iniciativa para pedir al Gobierno central que pusiera en marcha el procedimiento. Ese mismo año, el Senado debatió una propuesta en esa dirección, que no salió adelante. En los años posteriores, los sindicatos han mantenido la reivindicación y han intentado implicar a las organizaciones empresariales del sector. En 2024, también en Canarias, las organizaciones sindicales y empresariales llegaron a plantear la posibilidad de una jubilación a los 58 años, aunque esa cifra formaba parte de la reivindicación y no constituía un derecho reconocido para el conjunto de las camareras de piso.

La cuestión volvió a llegar al Congreso mediante iniciativas parlamentarias, entre ellas preguntas de la diputada de Coalición Canaria Cristina Valido y del diputado balear de Sumar Vicenç Vidal. En septiembre de 2025, el Gobierno central respondió sobre el marco normativo aplicable y el procedimiento para estudiar la posible implantación de coeficientes reductores, sin reconocer un derecho específico para las camareras de piso.

El marco normativo cambió en 2025 con la aprobación del Real Decreto 402/2025, de 27 de mayo, que regula el procedimiento para determinar qué actividades pueden acogerse a coeficientes reductores de la edad de jubilación por razón de su penosidad, peligrosidad, toxicidad o insalubridad. La norma exige evaluar las condiciones de trabajo y sus efectos sobre la salud mediante indicadores objetivos, entre ellos la morbilidad, la mortalidad y la incidencia de la incapacidad temporal y permanente. También contempla la intervención de organismos especializados en prevención de riesgos laborales y de la Inspección de Trabajo, que debe analizar si es posible modificar las condiciones laborales para eliminar las circunstancias que justificarían anticipar la jubilación.

En el caso de las camareras de piso, la evaluación debe determinar hasta qué punto el esfuerzo físico sostenido y las condiciones en las que se desarrolla la actividad tienen consecuencias sobre la salud que justifiquen una reducción de la edad de jubilación. No basta, por tanto, con que el trabajo sea físicamente exigente: es necesario acreditar los requisitos previstos en la legislación y completar el procedimiento administrativo.

El real decreto establece, además, que las iniciativas relativas a trabajadores por cuenta ajena deben promoverse conjuntamente por las organizaciones empresariales y sindicales más representativas. Si la evaluación resulta favorable, será necesario establecer la regulación específica correspondiente para reconocer los coeficientes reductores al colectivo afectado. El último paso en esta reivindicación se produjo en julio de este año. El responsable estatal de Hostelería, Restauración Social y Turismo de UGT, Omar Rodríguez Cabrera, registró el día 9 una solicitud para iniciar el procedimiento dirigido a reconocer coeficientes reductores para las camareras de piso.

La Policía Nacional prepara diferentes dispositivos este viernes 30 de octubre en Palma ante la posibilidad de que grupos de jóvenes, organizados en torno a las redes sociales, inicien disturbios, destrocen escaparates, saqueen negocios o quemen contenedores, como ha ocurrido en el centro de Barcelona el sábado pasado. Gen Z, una rama de ‘Blocus’, ha convocado una protesta a partir de este viernes a las 19.30 horas en Plaza España, aunque todavía no ha sido solicitada oficialmente a las autoridades. Fuentes de la Policía Nacional, sin embargo, hacen un llamamiento a la “tranquilidad”.

Estas fuentes explican a elDiario.es que en ocasiones recientes ya se han difundido mensajes de este tipo –a través de grupos como WhatsaApp o Telegram– sin que luego haya ocurrido nada. No obstante, afirman que están en “prealerta” y que se movilizarán diferentes dispositivos “de mayor y menor envergadura” para evitar que se produzcan altercados, y tras la preocupación que se ha generado en torno a vecinos y comerciantes.

La “alarma” ha saltado este martes, después de que Diario de Mallorca haya publicado que un grupo de Telegram convoca una protesta “pacífica” para el próximo viernes a las 19.30 horas en Plaza España. “No quiero nada de saquear tiendas hasta que no nos ataquen. No queremos que se convierta en lo de Barcelona y París”, afirma el administrador del grupo, según el diario local. No obstante, otros participantes sí han hablado de la posibilidad de saquear tiendas de lujo. “El día 30 hay que saquear solo tiendas de lujo. No hagamos los 'mongolos' y vayamos a tiendas de comida”, afirma uno de los mensajes, según el periódico.

Fuentes de Delegación del Gobierno explican a elDiario.es que “trabajan conjuntamente, de manera muy estrecha y permanente” con la Policía Nacional, para “garantizar la seguridad ciudadana y prevenir cualquier tipo de incidencia”, relacionada con esta u otras convocatorias, que pudiera alterar el orden público. Así, señalan que estas acciones incluyen “el refuerzo de dispositivos que la Jefatura de Policía considera conveniente para el mantenimiento de la seguridad pública”.

El cartel con el que se está difundiendo esta concentración indica claramente que se trata de un acto de 'Blocus', el mismo que provocó los disturbios y altercados de Barcelona. Blocus, que viene de bloqueo en francés, ha sido la palabra que ha inspirado las protestas estudiantiles en París y otras ciudades francesas, y que ahora se ha trasladado al contexto catalán y balear.

Prohens pide un “amplio despliegue policial”

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha exigido a la Delegación del Gobierno que organice un amplio despliegue policial ante una posible concentración de “kale borroka”, como la que a su juicio tuvo lugar en Barcelona. Así se ha expresado la presidenta balear después de que Manuela Cañadas, portavoz de Vox en el Parlament, le preguntara sobre las medidas que iban a llevar a cabo las autoridades ante el “riesgo” de que tengan lugar estas protestas.

“Creo que los episodios en Barcelona, en París, en Lyon o en Milán solo pueden merecer una condena. No son manifestaciones ni protestas, son disturbios y episodios de violencia y delincuencia alentada por la extrema izquierda”, ha respondido Prohens, sin prueba ninguna que sustente tales afirmaciones. “Responde más bien a una dinámica desorganizada de la que se aprovechan muchos menores y muchos jóvenes con ganas de rapiña”, explicaron fuentes del servicio de información a este diario.

En cuanto a lo ocurrido en Barcelona, la presidenta del Govern ha considerado que “los saqueos y los robos a negocios y pequeños comercios” dan una imagen de que las administraciones “no son capaces de proteger” a la ciudadanía, algo que a su parecer “no se puede permitir”. Por estas razones ha exigido a la Delegación del Gobierno que “tenga preparados a todos los efectivos policiales para actuar con celeridad y contundencia ante el mínimo conato de violencia”.

“Que garanticen la protección de las fuerzas y cuerpos de seguridad, de los comercios y de los establecimientos. Que estén preparados para proteger a nuestra gente, a los ciudadanos de Balears. Que hagan identificaciones y detenciones, que caiga sobre ellos todo el peso de la ley”. Y ha aprovechado también para cargar contra los migrantes sin papeles. “Si alguno ha entrado de manera irregular, que le devuelvan a su casa el mismo día”, ha asegurado.

Por su parte, la portavoz ultraderechista Cañadas señala el origen ideológico de estos grupos en la izquierda, igual que Prohens. Por ello, a su juicio, Palma “no puede quedar a merced de quienes quieren ejercer la violencia, dirigidos por la izquierda y subvencionados por el globalismo”. También responsabiliza de lo sucedido en Barcelona a las personas migrantes, pese a que no está demostrado que entre los 130 detenidos hubiera mayoría de ciudadanos extranjeros.

Los convocantes rechazan “categóricamente” la violencia

El denominado grupo Gen Z, que estaría detrás de una convocatoria de protesta para este viernes en Palma y vinculado al movimiento ‘Blocus’, ha afirmado este martes que rechazan “categóricamente” cualquier acto de vandalismo, violencia o afectación al patrimonio público y privado. “Queremos dejar absolutamente claro que nuestra movilización se defenderá bajo los principios del pacifismo, la dignidad y el respeto”, han asegurado. “Quienes intenten desvirtuar nuestra lucha con actos vandálicos no nos representan”, han indicado en el grupo de Telegram en el que se está difundiendo la convocatoria.

De este modo, llaman a comportarse de manera “ejemplar” y a respetar la comunidad en ambiente de apoyo mutuo. “Lleven sus pancartas, sus consignas y sus exigencias con la cabeza en alto”, han indicado. Así, han manifestado que no necesitan “la destrucción” para que se les escuche. “Nuestra presencia masiva, firme y organizada es el mensaje más potente que podemos enviar”, han añadido, reiterando que la fuerza del reclamo reside “en la solidez de las ideas, la legitimidad de la causa y en la cantidad de personas dispuestas a dar la cara de forma consciente”.

Las dos jóvenes investigadas por su presunta vinculación con los daños ocasionados el pasado mes de mayo en varias inmobiliarias de lujo de Santa Maria del Camí (Mallorca) han denunciado este martes ante el Juzgado la posible vulneración de sus derechos fundamentales durante la detención practicada por la Guardia Civil el pasado 15 de julio. Su arresto provocó una oleada de movilizaciones y reacciones políticas dentro y fuera de la isla apenas unos días antes de la multitudinaria manifestación llevada a cabo ese mes para protestar contra la turistificación y la crisis de la vivienda.

Las dos activistas han comparecido de forma voluntaria ante el Tribunal de Instancia de Palma, en la plaza número 12 de la Sección de Instrucción, donde han expuesto las circunstancias en las que se produjo su detención y han cuestionado la legalidad de algunas de las actuaciones policiales. Ambas han asegurado que los agentes las presionaron para que admitieran su participación en los hechos antes de que pudieran hablar con un abogado en condiciones que, según su defensa, pudieran garantizar el ejercicio efectivo de sus derechos.

Al término de su declaración, en la que únicamente han estado presentes el juez y su abogado, Josep de Luis, éste ha explicado que las jóvenes no pudieron mantener inicialmente una conversación directa y privada con un letrado, sino que para su primera asistencia solo pudieron contactar con una letrada por teléfono, en manos libres y en presencia de varios agentes de la Guardia Civil. La defensa considera que esta circunstancia podría haber comprometido su derecho a la asistencia letrada y sostiene que existen elementos que deben examinarse para determinar si se vulneraron sus garantías durante el arresto.

El abogado también ha denunciado que los agentes instaron a las investigadas a entregar varias prendas de ropa que supuestamente podrían relacionarlas con los hechos. La defensa asevera que los guardias civiles habrían acompañado esta petición de advertencias sobre la posibilidad de registrar sus domicilios o prolongar la detención si no accedían a entregarlas y considera que estas circunstancias podrían tener consecuencias sobre la validez de las diligencias practicadas y estudia las vías legales para impugnarlas.

Otro de los aspectos que ha cuestionado el abogado es el uso de las grabaciones de las cámaras de videovigilancia incorporadas a la investigación. Tal como informó en su momento elDiario.es, el informe policial aportado a la causa se apoya en el análisis de cámaras de videovigilancia públicas y privadas, un hecho que generó la crítica de las entidades sociales ante las dudas sobre si varias de ellas, instaladas en la fachada de una de las inmobiliarias, grababa más espacio público del permitido por la normativa de protección de datos.

A partir del análisis de las grabaciones, la Benemérita reconstruyó los desplazamientos de las personas investigadas, identificó vehículos, ropa y mochilas y, posteriormente, recurrió a perfiles públicos en redes sociales para tratar de confirmar sus identidades y las relaciones existentes entre ellas. El abogado ha denunciado que algunos de los dispositivos no captaban únicamente las fachadas de los establecimientos, sino también una parte considerable de la vía pública, por lo que ha pedido examinar si la obtención de esas imágenes se ajustó a la normativa aplicable y si pueden utilizarse como prueba en el procedimiento.

Una investigación por daños y pertenencia a grupo criminal

Las dos jóvenes fueron detenidas el pasado 15 de julio en el marco de la investigación de la Guardia Civil por los daños ocasionados en cinco inmobiliarias de Santa Maria del Camí. Los hechos investigados se remontan a la noche del 31 de mayo e incluyen pintadas, daños materiales y la inutilización de cerraduras. Las actuaciones se produjeron en un contexto de creciente tensión por la turistificación y la crisis de acceso a la vivienda en Mallorca.

Tras su arresto, ambas se acogieron a su derecho a no declarar tanto en dependencias de la Guardia Civil como ante el juzgado, tras lo cual quedaron en libertad provisional.

La investigación policial atribuye a las dos mujeres y a un tercer investigado presuntos delitos continuados de daños, daños contra el patrimonio histórico y pertenencia a grupo criminal. Según el atestado de la Guardia Civil, los ataques habrían sido coordinados y premeditados. Las organizaciones sociales contrarias a la turistificación han cuestionado la calificación de los hechos como pertenencia a grupo criminal y han denunciado lo que consideran una respuesta desproporcionada contra el activismo por el derecho a la vivienda.

El operativo generó también controversia por la exposición pública de las detenidas durante los arrestos y su traslado a dependencias judiciales. El jefe de la Guardia Civil en Balears, el general de brigada Alejandro Hernández, defendió posteriormente la actuación de los agentes y aseguró que no se había producido “ningún tipo de desproporción”. El mando justificó el dispositivo por la gravedad de los daños investigados y rechazó que la actuación policial respondiera a motivaciones políticas.

Con su declaración de este martes, las dos jóvenes han trasladado al juzgado sus objeciones sobre las condiciones de la detención y la obtención de las pruebas. Su defensa considera que las circunstancias denunciadas podrían afectar a la validez de algunas actuaciones policiales e incluso abrir la vía a solicitar el archivo del procedimiento, una posibilidad que dependerá de la valoración judicial de los hechos y de las diligencias practicadas.

El sudoeste de Eivissa es el kilómetro cero de la destrucción del paraíso. En las inmediaciones de Cala Llentrisca, la vista aérea resulta particular: villas de lujo levantadas sobre unos escarpados acantilados que descienden hacia el Mediterráneo. La mayoría de estas mansiones se construyeron durante los años 70 y 80 en una zona que los nativos evitaron como la peste durante siglos. Por la inclinación, fortísima, y el tipo de suelo, arcilloso. 

Cualquier familia de es Cubells –la parroquia donde se encuentra este enclave, municipio de Sant Josep de sa Talaia– sabía que aquellas marinas podían convertirse en un tobogán cuando cayeran las tormentas de otoño. La toponimia no engaña; el nombre del lugar –es Salt d’en Sit– incluía la palabra salto. Para actuar con sentido común, la sabiduría ancestral no necesita de estudios en Arquitectura, Ingeniería o Geología. 

Pero en plena dictadura, la codicia ganó la partida. Sin planes generales de ordenación urbana ni, mucho menos, leyes que protegieran la costa, la zona se convirtió en un enjambre de inversores, conseguidores, constructores y, al final de la cadena, compradores. Millonarios que no dudaron en derramar cemento para inventarse escaleras para alcanzar la orilla. Sin respetar la servidumbre, esa franja de entre seis y veinte metros que debe dejarse entre las edificaciones y el litoral. Basta un vistazo en Google Maps para localizar unos accesos que, de facto, son privados. 

La Administración, explican los expertos consultados por elDiario.es, podría actuar “de oficio” para eliminarlas. Sin embargo, los documentos que ahora mismo tiene sobre la mesa el Govern pretenden conseguir una concesión que dé cobertura legal durante las próximas cinco décadas a una de esas escaleras.

Thomas Friedrich Schlytter-Henrichsen. Así se llama el propietario que ha solicitado este permiso a la Direcció General de Costes i Litoral, el departamento que otorga o deniega la instalación de chiringuitos, lotes de hamacas y sombrillas, o muelles y embarcaderos desde que en julio de 2023 el Estado transfirió parte de sus competencias a la comunidad autónoma balear. 

Para tramitar el permiso, el Govern le ha puesto una condición a Schlytter-Henrichsen: abrir las puertas de su mansión a cualquiera que desee utilizar la escalera. Es decir, si el expediente –que ya se ha publicado en el Butlletí Oficial de les Illes Balears– se aprueba, quien quiera dirigirse a la costa tendría que pasear por un camino que recorre el jardín de la finca.

Thomas Friedrich Schlytter-Henrichsen, propietario de una mansión en la isla, tendrá que abrir las puertas de su casa a cualquiera que desee utilizar la escalera que da acceso al mar

En diciembre de 2024, Schlytter-Henrichsen presentó ante el Govern un proyecto técnico firmado por Antonio Garau Obrador, un ingeniero de caminos con despacho en Mallorca. El objetivo de la solicitud era obtener el título administrativo que le permitiera, en concreto, encargarse del mantenimiento y la conservación de las escaleras, que el documento sitúa entre los hitos 1100 y 1101 del deslinde costero vigente. 

La infraestructura está formada por unos escalones de hormigón que, adaptándose al terreno rocoso, dan a la mansión acceso directo al mar. A costa de ocupar 42,92 metros cuadrados del dominio marítimo-terrestre. Un descenso de más de 30 metros de altura que daría sentido al muro lateral y los cabos marinos anudados a una barandilla de madera que completan la escalera y figuran en los documentos elaborados por el ingeniero Garau. Según el proyecto, las obras se hicieron antes de la entrada en vigor de la Ley de Costas (1988) y se encuentran en buen estado, por lo que no sería necesario ejecutar nuevas actuaciones. 

Por eso, el proyecto que presentó Schlytter-Henrichsen ante el Govern contemplaba un presupuesto bajísimo: apenas 9.552,75 euros. Una minucia en el mantenimiento que conlleva una vivienda que, según el Catastro, ocupa una superficie de 278 metros cuadrados.

Pese a que el uso recreativo de las escaleras parece evidente –para disfrutar de una tarde de sol en una cala sin bañistas, para recibir a invitados que lleguen en yate–, el ingeniero Garau presentó otros argumentos, siempre apoyado en documentación. El proyecto asegura que obtener un permiso para evitar que los peldaños sigan en fuera de juego urbanístico se debe al interés de facilitar el acceso a la costa y puedan ser útiles para servicios de vigilancia, salvamento y uso de las fuerzas de seguridad.

El informe técnico sostiene, además, que la instalación no afecta a la dinámica del litoral y que su ubicación permite descartar perjuicios ocasionados por los efectos del cambio climático durante el plazo de concesión solicitado. ElDiario.es se ha intentado poner en contacto con el ingeniero Garau por vía telefónica y por correo electrónico. En el momento de publicar este reportaje, sin respuesta.

La infraestructura está formada por unos escalones de hormigón que, adaptándose al terreno rocoso, dan a la mansión acceso directo al mar

El requerimiento de Costas

La Direcció General de Costes i Litoral del Govern respondió casi diez meses después, en octubre de 2025, a la solicitud de Schlytter-Henrichsen. Para justificar el interés público de las escaleras y garantizar que la ciudadanía pudiera acceder al mar, el propietario tuvo que mover ficha de nuevo. En junio de 2026 presentó un anexo: proponía habilitar un itinerario que enlazara la calle con el primer escalón. Cruzando la villa de cabo a rabo.

El recorrido, de algo más de un metro de anchura, atravesaría su parcela usando una escalera y una pasarela que ya existen, y un tramo de jardín. Para delimitar el recorrido, se instalarían postes de madera –también unidos por cabos– para señalizar el paso. El anexo también prevé la apertura de una puerta peatonal –la villa cuenta con otra destinada exclusivamente a vehículos–, pero sólo “durante el horario laboral diurno”. Por la noche se cerraría por “motivos de seguridad”. 

Según el texto del ingeniero Garau, fue una solución planteada de forma independiente después de que un vecino –también propietario de un chalé de grandísimas dimensiones– se negara a coordinar un itinerario común para ambas escaleras. Esta parcela también trata de buscar un amparo legal para su escalera. Que también invade el dominio marítimo-terrestre.

Schlytter-Henrichsen también ha adjuntado a su petición una declaración responsable en la que reconoce que sólo es posible acceder fácilmente a las escaleras –y, por tanto, al mar en este tramo de la costa– a través de la propiedad privada. Y en la que añade: “Dado el carácter del uso para el que ahora se solicitan las obras objeto de la concesión, esto es público y gratuito, en beneficio de mejora del interés general y público de las mismas”.

Schlytter-Henrichsen reconoce que sólo es posible acceder fácilmente a las escaleras –y por tanto al mar en este tramo de la costa– a través de la propiedad privada

En el mismo documento se compromete a señalizar debidamente y a instalar los elementos desmontables necesarios para conectar el vial público. elDiario.es también se ha puesto en contacto con la Conselleria de la Mar i del Cicle de l’Aigua, que ha declinado hacer declaraciones sobre las respuestas administrativas o la habilitación del acceso. 

Cortar una calle pública

La hemeroteca recoge cientos de noticias –en la prensa local, nacional e internacional– sobre estas mansiones situadas entre la bucólica iglesia de es Cubells y las casetas de pescadores de Cala Llentrisca. Desde que en 1977 la actriz Ursula Andress –chica Bond en 007 contra el Doctor No– vendiera su casa, rajada por los deslizamientos que tanto temían los campesinos del terreno. Y hasta que el ex futbolista Marco Borriello recurrió la millonaria sanción que le intenta imponer el Consell d'Eivissa por construir cientos de metros cuadrados sin licencia de obra –un proceso judicial que empezó en 2023 y todavía no se ha resuelto–, las historias jugosas se acumulan. 

Marco Borriello ha recurrido la millonaria sanción que le intenta imponer el Consell d'Eivissa por construir cientos de metros cuadrados sin licencia de obra –un proceso judicial que empezó en 2023 y todavía no se ha resuelto–

La prueba de que quien compra en es Salt d’en Sit busca exclusividad durante todo el año puede leerse en este reportaje de elDiario.es. En enero de 2025, un vigilante negó el paso a unas excursionistas en una calle pública cortada por una valla. Cuando el grupo llegó a la garita de seguridad, el trabajador contratado por el complejo de viviendas de lujo les explicó que, si no vivían en la urbanización no podían continuar, unos hechos calificiados como “ilegales” por la Policía Municipal.

La calle que les querían cortar es la misma por la que circulan con sus coches cuando entran y salen de casa tanto Borriello como Schlytter-Henrichsen –el que fuera delantero centro del AC Milan, la Roma o la Juventus y este empresario de apellidos germánicos son vecinos, puerta con puerta—. Unos metros más allá, el asfalto desaparece y da paso a un camino de tierra que después se estrechará, transformado en sendero. Es la única forma –sin recurrir al trekking– de bajar por tierra a Cala Llentrisca. 

La urbanización privada está ubicada en un Área Natural de Especial Interés de Alto Nivel de Protección (AANP). Se trata de una de las áreas naturales de la isla declarada de especial interés mediante la Ley 1/1991, de 30 de enero, de espacios naturales y de régimen urbanístico de las áreas de especial protección.  

Explotación privada de un recurso natural

“Lo que pide el propietario de este chalé está en la estratosfera de nuestro ordenamiento jurídico. Se corre el riesgo de que el propietario de la concesión abra y cierre la puerta cuando le dé la gana. El acceso sería a través de su casa”, explica una fuente especializada en el ámbito del Derecho urbano y medioambiental.  Esta voz experta considera que una concesión para mantener una obra que invade el dominio marítimo-terrestre sólo puede concederse “por causas justificadas de interés público”. Y pone un ejemplo muy concreto: “Por usos industriales, como el acceso a un embarcadero o a una playa donde, de forma racional, se explote un recurso natural”. Como las antiguas canteras donde ibicencos y formenterenses arrancaron marès –arenisca dunar–, la pedra morta que convertían en cal, reforzaban las paredes de pozos y aljibes, o, ya en el siglo XX, levantaron casas y teatros de estilo indiano como el Pereyra. Un uso que no aparece en la solicitud de Schlytter-Henrichsen. 

Aparentemente, este empresario –que entre 2004 y 2019 administró Fairlane Trading SL, una sociedad domiciliada en Eivissa y dedicada al negocio inmobiliario– quiere seguir bajando unos peldaños que salvan un desnivel de más de treinta metros para pegarse un chapuzón en el Mediterráneo. Algo que, para la fuente consultada por elDiario.es, “nunca autorizaría la Demarcación de Costas ni la Abogacía del Estado”. Ahora, sin embargo, decidirá el Govern.

La escalera ibicenca será una de las primeras patatas calientes de Joan Cristòfol Jaume Mulet como director general de Costes i Litoral. Marga Prohens tuvo que recurrir a este veterano de la política mallorquina –concejal de Urbanisme y alcalde de Llucmajor, vicepresidente del PP durante el turbulento período de Juan Ramón Bauzá– para sustituir a Xima Ferrer Matas. 

Ferrer es funcionaria de carrera. Cuando el popular Carlos Simarro abandonó la dirección general para irse al Senado, el Govern la eligió como sustituta. Durante el año en que gestionó los 1.573 kilómetros de la costa balear, Ferrer se destacó por denunciar que un empresario le había intentado regalar una caja de bombones que contenía 20.000 euros en metálico. Los altos cargos del gobierno autonómico aplaudieron su integridad. Pero las alabanzas duraron poco. Al inicio del verano, la directora general trató de impedir que se plantaran más hamacas en las playas de Formentera. La destituyeron el 8 de agosto.

Poca garantía de recuperación del dominio público

“La situación puede ser muy enrevesada si esa escalera se construyó antes de 1988, cuando se aprobó la Ley de Costas (que es la que sigue rigiendo, aunque las competencias se hayan transferido a la comunidad autónoma), pero, teóricamente, esa invasión del dominio público se tendría que resolver con un expediente de recuperación”, reflexiona esta fuente experta en urbanismo y medio ambiente. 

La Illa de Toralla sería el paradigma de litoral colonizado: una docena de chalés con jardín y piscina a los que sólo un espigón separa de las aguas de la Ría de Vigo. Construidos durante el desarrollismo franquista, ahí siguen. La recuperación de algunos ríos cántabros –como el Asón– a base de limpiarlos de todo lo que se levantó en los terrenos inundables de sus márgenes sería, para esta voz experta, un buen ejemplo para explicar por qué lo individual no debería primar sobre lo colectivo:

–En el caso de Ibiza, ordenar la convivencia entre los chalés que están encima del acantilado y el acceso a la orilla, también es una cuestión de interés público. Lo que no se me ocurre es cómo se puede dar una concesión a un particular. Si yo soy la Administración, no le puedo dar una concesión a Pepe, Juan o Manolo.

–¿Aunque Pepe, Juan o Manolo abran las puertas de su finca para permitir que cualquiera baje hasta el mar? O, volveríamos a lo mismo: que el acceso del dominio marítimo-terrestre sólo se puede limitar por razones de interés público?

–Así es. Por ejemplo, para proteger una playa donde haya nidos de animales. Pero si es el dueño de un chalé que está bloqueando el acceso al mar, entiendo que no. Además, permitir que pase gente [a través de su propiedad], pero sólo por la mañana (para que por la tarde y por la noche nadie le moleste), no tiene ningún tipo de cobertura a través de nuestro ordenamiento jurídico. Si se lleva a cabo –que no te digo que no– será una chapuza porque al final se le intenta dar forma a toda. Lo que habría que garantizar es recuperar el dominio público con unas condiciones que sean positivas para el entorno. 

Alrededor de 70 vecinos de Manacor (Mallorca), movilizados por la Plataforma Macrogranjas No, han formado una cadena humana este domingo para oponerse a la nueva granja avícola proyectada en la finca de Son Brau, que podría llegar a explotar a unas 80.000 aves, y que está proyectada por la polémica empresa que gestiona otras 'macrogranjas de los horrores' en la isla: Avícola Ballester.

La acción de protesta, que ha tenido lugar la mañana en las inmediaciones de la citada finca, llega después de que la empresa promotora del proyecto, Avícola Son Perot (explotada por Avícola Ballester), haya sido denunciada en dos ocasiones ante la Fiscalía y la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural esta misma semana por las entidades animalistas tras la difusión de unas impactantes imágenes.

El viernes, además, las entidades animalistas Arde y Satya Animal, autoras de las investigaciones que han desembocado en las denuncias y que han sido publicadas en primicia en elDiario.es, entregaron a la Presidencia del Govern 50.000 firmas recogidas en toda España para reclamar que archive el nuevo proyecto, que se encuentra en fase de autorización ambiental.

Preguntada por la manifestación de este domingo, la empresa ha afirmado a elDiario.es: “Sinceramente no tenemos nada más que decir porque el proyecto está en fase de tramitación administrativa”.

“Nadie quiere la macrogranja”

La portavoz de los vecinos de Son Sureda, Sílvia Llull, ha alertado de los impactos que la construcción de esta explotación avícola tendría sobre la contaminación del agua y del aire y, en consecuencia, sobre la salud de los residentes de la urbanización. “No queremos que nos construyan esta macrogranja en Son Brau sabiendo los antecedentes que tiene esta empresa. Mallorca tiene recursos escasos y no es sostenible que nos pongan una granja ni aquí, ni en Campos, ni en Llucmajor, ni en Lloseta. No es que no la queramos nosotros, es que no la quiere nadie”, ha explicado en declaraciones a los medios de comunicación.

Llull ha advertido que los nitratos que esta actividad agrícola genera se filtran hasta llegar al agua de los acuíferos, lo que supondría una “muerte lenta” para los vecinos que la consuman, y que la granja se instalaría a pocos metros de la Red Natura 2000 y en medio de varios negocios, principalmente agroturismos. “No es solo el mal olor, el impacto va más allá. El ruido de las turbinas también afectará a todo el ecosistema que se mueve por aquí”, ha subrayado la portavoz vecinal.

Una vecina ha advertido que los nitratos que esta actividad agrícola genera se filtran hasta llegar al agua de los acuíferos, lo que supondría una 'muerte lenta' para los vecinos que la consuman, y que la granja se instalaría a pocos metros de la Red Natura 2000 y en medio de varios negocios, principalmente agroturismos

A su parecer, la administración debería analizar el impacto que tendría sobre una gran cantidad de residentes de la zona, que no ha sabido cuantificar. “Que lo miren los técnicos, que están para esto”, ha incidido. La plataforma de vecinos ya han expuesto sus preocupaciones al Govern a través de una batería de alegaciones al proyecto, redactadas con la colaboración de técnicos e ingenieros.

“Estamos tranquilos porque lo hemos presentado todo con gente profesional, no nos hemos inventado nada”, ha puntualizado. Ahora, ha sentenciado Llull, la decisión dependerá de “la conciencia” del conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, quien a principios de semana ya se mostró cauto al ser preguntado por la posibilidad de archivar el proyecto. A juicio del conseller, actuar en base a las denuncias que ha recibido la misma empresa por su manera de actuar en otras explotaciones podría suponer una “prevaricación” administrativa.

“El futuro de Mallorca depende de ellos. Hay 50.000 firmas, hay unas alegaciones que demuestran que esto no se puede hacer y tenemos todo el apoyo de organizaciones animalistas. Esto va más allá de colores políticos y de elecciones. Que hagan lo que tengan que hacer, que hagan su trabajo, simplemente esto. Nosotros no tenemos previsto parar”, ha sentenciado la líder vecinal.

La Fiscalía tiene constancia de las imágenes

Por su parte, la portavoz de la entidad animalista Arde, Julia Elizalde, ha destacado la necesidad de frenar el proyecto antes de que comience a funcionar. “Una vez empiezan se dificulta muchísimo el proceso”, ha asegurado. La activista ha considerado que los perjuicios que sufrirán los vecinos están acreditados por la experiencia de lo sucedido en otros municipios y en el propio Manacor, como es el caso de las granjas de Maribó y de Es Caparó, que fueron denunciadas esta misma semana.

Los animalistas ya han recibido un “acuse de recibo” por parte de la Fiscalía, que ahora deberá decidir si existen indicios de delito suficientes como para abrir una investigación. La Conselleria de Agricultura también les ha trasladado que han recibido las evidencias y que están valorando la posibilidad de aplicar sanciones.

Según Elizalde, de lo que todavía no han tenido constancia es de la demanda por falsedad documental que Avícola Son Perot dijo que presentaría contra los denunciantes. “Todavía no nos ha llegado nada al respecto, entonces no podemos decir mucho más de lo que vimos en el comunicado de la empresa. Hablaban sobre todo de alguna demanda por conciliación, anunciaban algún tipo de acción civil y penal, pero no entraban más en detalle”, ha explicado. De cualquier modo, ha enmarcado este anuncio en un contexto de “amenazas a periodistas, entidades vecinales y organizaciones por la protección animal”.

“Se basan únicamente en que podemos estar haciendo daño a su reputación. Pero cada uno es responsable de su reputación y esta empresa ha demostrado durante los últimos años, con muchas sanciones y expedientes, que no están teniendo en cuenta a los vecinos ni la legalidad vigente. Al final, los daños reputacionales están en la conciencia de cada uno de actuar como se debe y conforme a la legalidad”, ha zanjado.

La compañía ha publicado comunicados esta semana en los que ha asegurado que todo se trata de “una campaña de difamación y falsedades” por parte de las entidades animalistas denunciantes de la situación en la que viven las gallinas de las diferentes explotaciones. En las grabaciones puede observarse cucharachas, aves con lesiones graves, cadáveres putrefactos, canibalismo entre las gallinas y falta de higiene, entre otras graves circunstancias.

Supuesta denuncia contra elDiario.es

La empresa también aseguró en un comunicado que había presentado “hace meses” una demanda contra elDiario.es, la cual no ha llegado a este periódico. Además, acusó a este diario de “haber publicado hechos rotundamente falsos”, como la “inventada sanción de 200.100 euros” a Avícola Son Perot, que es “objetivamente falsa”.

En cuanto a la información mencionada, está contrastada y no solo fue publicada por elDiario.es, sino también por otros medios de comunicación del ámbito balear. El inicio del procedimiento sancionador lo anunció el conseller de Agricultura, Joan Simonet, el 30 de mayo de 2025, tras las irregularidades detectadas en la macrogranja de Llucmajor. Tras el informe elaborado por los técnicos se concluyó que se habían producido siete infracciones, calificadas todas ellas como graves, y que podían comportar una multa máxima de 60.000 euros cada una.

Este diario publicó en exclusiva, el 19 de junio de 2025, que Avícola Son Perot S.A. se enfrentaba a una multa de 200.100 euros por siete faltas graves y una leve, tras haber accedido al expediente sancionador. Esta sanción se podía reducir en un 20%, es decir, a unos 160.080 euros, si la explotación realiza el pago voluntario antes de que finalice la resolución del procedimiento administrativo.

En el plano judicial, el caso está siendo investigado por la Audiencia Provincial, que revisará el archivo decretado por el Juzgado de Instrucción número 11 de Palma. El juzgado de primera instancia acordó el sobreseimiento provisional al apreciar que había deficiencias que corresponden a infracciones administrativas, ya sancionadas, y no penales. La vía administrativa -la multa de 200.100 euros- no se reabrirá hasta que se resuelva la vía penal.

Carles Gispert y Jaume Barceló se toman una cerveza en la terraza del Chaparro. Este bar es un pedazo de Andalucía en la periferia de Palma: por las tapas, por los precios (el quinto cuesta un euro y poco) y por el escudo del Betis que adorna una pared. Frente a las barras verdiblancas se entremezclan las tertulias. Un taxista habla por los EarPods sobre los perros que cría. Unos hombres maduros se lanzan órdagos durante la partida que se juega en la mesa más discreta del local. Unas jubiladas vacían tazas de café recién hecho mientras llenan el cenicero de la mesa que comparten. Y, mientras tanto, los dos colegas de apellidos mallorquines analizan cuánto está cambiando el barrio en el que viven.

La Soledat es una joya en bruto. Las construcciones son humildes pero, si están bien conservadas, tienen mucho encanto. Además, como eran casas bajas con huerta, muchas tienen un patio. Luego está su patrimonio industrial, las fábricas y talleres, edificios que llevan muchísimo tiempo cerrados. Son espacios grandes, con muchas posibilidades. Creo que aquí va a pasar lo mismo que en Santa Catalina o en Pere Garau. Ya nos estamos poniendo de moda.

Dice Gispert. El comentario suena más crudo que lastimoso. Este activista y promotor cultural lleva cinco años viviendo en la barriada y alguno más visitándola por trabajo. Suficiente tiempo para ver la evolución de los precios. Del alquiler y la compra, “que suben como la espuma”: “Eso ya lo he vivido porque he pasado por muchos barrios de Palma. Antes de venir aquí estuve en la Plaça des Pes de sa Palla. Ahora suena a ciencia ficción que se pudiera alquilar allí, en pleno casco histórico. Pero era así. Igual que cuando empecé a venir por La Soledat, para organizar talleres y actividades con Aatomic Lab, mi proyecto cultural. Sería hacia 2019 y, entonces, nadie se imaginaba que esta zona pudiera gentrificarse. Y lo está haciendo. Si la cultura no es crítica y lo denuncia… mal vamos”.

Lo que afirma Gispert lo corroboran los expertos del mercado inmobiliario que analizan la realidad de Palma. Algunas de las calles más pobres de una de las ciudades españolas más caras son un caramelo para los inversores. Sobre todo, para los extranjeros. Barceló asiente, como si le pusiera un doble check azul a la idea que acaba de exponer su compañero de tertulia. Este técnico de sonido se crio en La Soledat. Vive en la misma casa donde creció su madre, una planta baja construida en 1903 a la que sus abuelos añadieron un primer piso al poco de entrar a vivir.

–Nunca había visto guiris en la barriada… a no ser que se hubiera perdido –dice Barceló–, pero en los últimos años, después de la pandemia, cada vez es más fácil encontrárselos. Ya no les da respeto entrar en unas calles que siempre habían tenido muy mala fama por la delincuencia y el tráfico de drogas, aunque fuera una de las zonas de Palma donde más vida de pueblo podía hacerse.

Nunca había visto guiris en la barriada… a no ser que se hubiera perdido, pero en los últimos años, después de la pandemia, cada vez es más fácil encontrárselos.. cuando te encuentras a un extranjero paseando por mi calle, si ve a un vecino sentado delante de su casa no es extraño que se pare a preguntar si la tiene en venta

Jaume Barceló — Vecino de La Soledat

–¿Y ya están viviendo allí? ¿O alquilando pisos para pasar sus vacaciones?

–Yo creo que todavía son pocos… porque los turistas se quedan en los edificios del polígono de Nou Llevant… y allí no verás una persiana mallorquina [ríe]. Por aquí, cuando te encuentras a un extranjero paseando por mi calle, si ve a un vecino sentado delante de su casa no es extraño que se pare a preguntar si la tiene en venta.

El comprador más conocido de La Soledat

Es probable que el comprador más conocido de La Soledat sea Johann Nowak. Este empresario alemán adquirió hace dos años cinco propiedades situadas en un radio de cien metros. El eje de sus inversiones es el Carrer Siquier, una de las vías que atraviesan de sur a norte la barriada. Las operaciones inmobiliarias que realizó Nowak ocurrieron entre principios de junio y finales de septiembre de 2024, según la documentación consultada por elDiario.es.

En menos de un trimestre, una sociedad limitada en la que figura como socio y administrador único amasó un patrimonio nada despreciable. Una casona con corral de 272 metros cuadrados –dividida en un taller mecánico de 138 metros cuadrados; una primera planta de 69 y otra segunda de 70–; una panadería de 72; una segunda planta de 95; y otra vivienda de 59 metros cuadrados situada en un primer piso. Las motivaciones de Nowak para embarcarse en este Monopoly son fáciles de rastrear. Basta con leer el nombre de su empresa: ArtDistrict Soledad.

Al terminar 2024, la sociedad tenía casi 1,2 millones de euros en activos y más de 1,1 millones de patrimonio neto, después de haber destinado más de 600.000 euros a adquisiciones de inmovilizado. Pero también acumulaba pérdidas cercanas a 180.000 euros, tenía casi 96.000 euros de deudas a corto plazo y disponía de poco más de 7.400 euros en efectivo y bancos. Dos años después, tres de sus inmuebles quedaron afectados por un embargo de la Seguridad Social por una deuda de 8.451 euros.

Al terminar 2024, la sociedad de Johann Nowak, el comprador más conocido del barrio, tenía casi 1,2 millones de euros en activos y más de 1,1 millones de patrimonio neto, así como unas pérdidas de 180.000 euros

Las compras dispararon el balance de la empresa. En 2024, el valor de sus activos materiales pasó de 515.060 a 1.124.253 euros. La sociedad declaró 609.193 euros en adquisiciones durante ese ejercicio, una cifra que coincide en el tiempo con las cinco operaciones inmobiliarias registradas entre junio y septiembre. Al cierre del año, el conjunto de sus activos ascendía a casi 1,2 millones de euros, más del doble que en 2023.

Pero el tamaño del patrimonio contrastaba con la escasa actividad de la compañía. ArtDistrict Soledad facturó apenas 8.150 euros en 2024, frente a los cero euros del año anterior. Sumó otros 15.410 euros de ingresos, pero sus gastos de personal y funcionamiento superaron los 200.000 euros. El resultado de explotación fue negativo en 185.132 euros y el ejercicio terminó con unas pérdidas de 142.804 euros. Si se suman las de 2023, la empresa acumulaba casi 180.000 euros en números rojos en sus dos primeros años. La estructura laboral también era reducida: la plantilla media fue de 1,12 trabajadores en 2024, frente a uno el año anterior. Según las cuentas, durante el ejercicio trabajaron en la empresa dos mujeres con contrato fijo.

Un hub artístico en La Soledat

Nowak está convencido de que La Soledat puede convertirse en el hub artístico de Palma. Su epicentro. El alemán sueña con desplazar a los suburbios un foco que lleva más de una década alumbrando unos barrios históricos –Ca n’Amunt i Ca n’Avall– donde es más fácil tropezar con una galería que con los comercios que existieron durante siglos hasta que el turismo invirtió la proporción de residentes y visitantes. Cuando desembarcó en la barriada, el galerista concedió varias entrevistas en medios locales como Última Hora.

Nowak está convencido de que La Soledat, uno de los barrios más humildes y asociados a la droga de Palma, puede convertirse en el hub artístico de la capital balear

Se mostró confiado en atraer talento de ciudades –como Nueva York– donde un artista independiente lo tiene difícil para pagar con su obra vivienda y estudio debido a los altos precios del alquiler. En esos encuentros con la prensa, Nowak solía recibir en el mismo lugar. Un antiguo taller mecánico reconvertido en un espacio diáfano. Ideal para organizar exposiciones, proyecciones, desfiles de moda o conciertos, alguno de los eventos documentados en las redes sociales de Art District Palma; la marca comercial del proyecto usa el topónimo de la ciudad, no el del barrio. Curiosamente, aquella nave de 350 metros cuadrados es la única de las propiedades vinculadas a Nowak que no aparece a nombre de su sociedad limitada. La persona que lo explotaba anteriormente figura aún como el titular de unos garajes rebautizados como Studio 31 pese a que en la fachada se mantiene un rótulo donde se lee Talleres Soledad. Mecánica, chapa y pintura.

Un antiguo taller mecánico reconvertido en un espacio diáfano es el lugar escogido para organizar exposiciones, proyecciones, desfiles de moda o conciertos

“El arte vive en estas habitaciones y no necesita un cubo blanco. Por el momento, una arquitectura exagerada no sería propicia para la integración del proyecto en el vecindario. A largo plazo, hay varios planes de reconocidos arquitectos mallorquines”, explica Nowak. Por escrito, elDiario.es intentó entrevistarlo varias veces durante el último mes y medio. Al encontrarse en Alemania y alegar que debía atender problemas graves de índole personal, el galerista respondió –parcialmente– las preguntas planteadas durante la elaboración de este reportaje. “Me hubiera gustado enseñaros el espacio en persona. Quizás podamos hacerlo en otra ocasión”, escribió Nowak.

El Instagram de ArtDistrict Palma publicó por última vez el pasado 28 de abril pero, según los mensajes que envió el empresario por WhatsApp, la iniciativa está más fuerte y más vinculada a La Soledat que nunca. El alemán anuncia una muestra “de artistas coreanos” que ha recibido financiación pública del país asiático para mediados de noviembre y otra expo colectiva coordinada “por la curadora mallorquina María Muñoz”. Confía “a largo plazo” en “alquilar” Studio 31 a “eventos subvencionados”. Afirma que su proyecto se sostiene económicamente gracias a un préstamo a largo plazo concedido por un holding que posee en Alemania. Defiende que organizar fiestas como el Paella Fest ayudan al barrio a encontrarse con “su antigua tradición” de sopars a la fresca.

Así en Berlín como en Mallorca

La historia es vieja porque no deja de repetirse. Puede leerse en las fachadas de chapa de La Boca bonaerense y en los muros pintados de Wynwood, Miami. Un barrio deprimido –y conflictivo– resucita –y se encarece– gracias al impulso que le dan los artistas –casi siempre, jóvenes, modernos y alternativos– que se mudan allí. A veces, todo se acelera porque la ciudad organiza unos Juegos Olímpicos. Así ocurrió en las naves del Poblenou barcelonés o –veinte años más tarde– en los canales del Hackney Wick londinense.

Uno de los moldes originales de este proceso –al menos en Europa– es Berlín. El final de la Guerra Fría cambió de arriba a abajo barrios enteros. La capital alemana se convertía en la meca del turismo underground mientras Nowak daba sus primeros pasos en el negocio del arte. Así lo explicó el empresario en la entrevista que le hicieron en Mallorca Majorca, un podcast en inglés que conducen Vicki McLeod y Oliver Neilson, dos periodistas de acento británico que viven en la isla.

La estampa es la siguiente: un barrio deprimido –y conflictivo– resucita –y se encarece– gracias al impulso que le dan los artistas –casi siempre, jóvenes, modernos, alternativos– que se mudan allí

En aquella época –los noventa y los primeros años del siglo XXI–, Kreuzberg –el caso más conocido– pasó de ser la frontera entre socialismo y capitalismo –quedaba justo al oeste del Muro– a crisol étnico –refugiados de las guerras yugoslavas se unieron a turcos (y kurdos), libaneses, palestinos y sirios– y, por último, emblema de la gentrificación, un término que comenzó a aparecer en las páginas de los periódicos. Actualmente, algunos portales inmobiliarios sitúan el precio medio del metro cuadrado de Kreuzberg en casi 6.000 euros. Números que todavía quedan lejos de los que se piden en La Soledat. Aunque ya no tanto.

“Si en Balears ha subido la vivienda un 80% en los últimos diez años, en el distrito de Llevant hay que multiplicar ese aumento por dos. Era una zona deteriorada, especialmente La Soledat, el barrio donde los precios eran más bajos porque no tenía atractivo. Ahora, se asemejan a los que se piden en Palma Nord: 4.200 euros el metro cuadrado”, explica por teléfono José Miguel Artieda Ferragut. El presidente autonómico del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria considera que La Soledat no dejará a corto plazo de ser un lugar interesante para invertir. Todavía está por debajo del precio medio de mercado que se paga en Palma por una vivienda o un local de segunda mano, alrededor de 5.500 euros el metro cuadrado. Hay, además, proyectos públicos que están impulsando la revalorización del suelo. Los 100 millones de euros que el Ajuntament de Palma está invirtiendo para transformar al edificio de Gesa en una gran infraestructura cultural –instituto de artes plásticas, biblioteca, centro de innovación, macroaparcamiento subterráneo– es un “atractivo innegable” para Artieda.

Era una zona deteriorada, especialmente La Soledat, el barrio donde los precios eran más bajos porque no tenía atractivo. Ahora, se asemejan a los que se piden en Palma Nord: 4.200 euros el metro cuadrado

José Miguel Artieda Ferragut — Presidente autonómico del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria

–El este de Palma se está convirtiendo en el gran bulevar de entrada a la ciudad. Lo que hace cinco años te costaba vender por 120.000 euros, ahora se vende por más de 250.000… y las operaciones se cierran –analiza el agente de la propiedad inmobiliaria–. La raíz de este diferencial es que el desarrollo de las promociones del Nou Llevant ha irradiado a los barrios que quedan más cerca. La Soledat está justo al lado y, si pintas el barrio encima del mapa, también ves que está cerca del mar.

–¿Se puede dibujar un retrato robot del comprador más habitual en el distrito de Llevant?

–Cada vez más, son extranjeros, no de un nivel adquisitivo muy alto, pero sí de clase media, podríamos decir.

–¿No les preocupa la conflictividad de esos barrios? En La Soledat, sin ir más lejos, volvieron a desmantelar al Clan del Pablo, un conocido traficante.

–Esa percepción la tenemos más los mallorquines que los extranjeros. Quien compra, ve que hay oportunidad de cambio, que abren franquicias de supermercados y nuevos negocios. Eso se nota en la carretera de Manacor o en Son Gotleu, otra muestra clara: allí se ha agotado prácticamente la oferta de inmuebles okupados o por reformar que se vendían hace unos años por 30 ó 40.000 euros. Ahora te los puedes encontrar, vacíos, por 130, 140, 150.000 euros. O se están alquilando por habitaciones. Quien compra allí suele ser un perfil inversor.

–¿Cómo definiríamos a ese “perfil inversor”?

–Alguien que no compra para vivir.

Un pueblo dentro de la ciudad

Birra nunca se ha sentido extraña cuando su dueño la saca a pasear. Sabe que no tardarán en encontrar el descampado donde sentirse libre. La mascota de Jaume Barceló es un ca de bestiar, el perro favorito de los pastores mallorquines. Una pequeña bestia de casi cuarenta kilos que no desentona en un paisaje de calles estrechas y persianas pintadas de verde. La Soledat pudo quedarse atrapada en el casco urbano de Palma, pero nunca dejó de parecer un pueblo. Con su parroquia, su casino, sus fiestas populares, su club de fútbol, sus pequeños comercios, su movimiento obrero: tejido social. Un pueblo que primero fue agrícola, hasta que llegaron las fábricas, y, desde hace décadas, es un dormitorio para muchos trabajadores de zonas turísticas como s’Arenal, a tiro de piedra en autobús. Y, sin embargo, La Soledat ahora es un pueblo que se despuebla. Al menos, de los vecinos con los que Barceló recuerda haberse criado:

–Soy el raro porque he decidido (y he podido) quedarme, pero lo normal durante los últimos años es hacer lo de mis padres. Estoy en su casa porque ellos se han ido a Vilafranca de Bonany, de donde es mi padre; están más a gusto fuera de la ciudad. Esta barriada ha acogido a todos los migrantes que llegaban a Palma: mallorquines de ocho apellidos, peninsulares (payos y gitanos), ahora latinoamericanos o asiáticos… Esa mezcla es nuestra identidad, pero creo que será muy difícil mantenerla. En su generación era muy común que se crearan familias donde uno de los dos era de La Soledat y el otro, de la Part Forana. En los últimos años, muchas de esas parejas se han jubilado y, si no tienen familiares interesados en venir aquí, venden. Los precios son tentadores. He preferido alquilar la planta alta de mi casa a unos amigos que acababan de ser padres –y no encontraban vivienda– a un precio razonable. Me interesa estar rodeado de gente que haga barrio.

El turismo vende paisajes, cultura y formas de vida que no le pertenecen. Para Jarkko Saarinen, catedrático de Geografía Humana en la Universidad de Oulu (Finlandia), esta paradoja está en el centro de muchos de los conflictos que atraviesan hoy los destinos turísticos: una actividad económica que depende de los recursos naturales, culturales y sociales de un territorio, pero cuyos beneficios no siempre llegan a las comunidades que lo sostienen. Especialista en turismo sostenible, cambio climático y relaciones entre visitantes y población local, Saarinen ha estudiado estas dinámicas en escenarios tan distintos como la Laponia finlandesa y el sur de África, y ha colaborado con responsables políticos en cuestiones como la adaptación climática, la estacionalidad y la evolución de los destinos turísticos.

Sus investigaciones invitan a mirar más allá de las cifras de visitantes y los ingresos que genera el sector para preguntarse quién gana con el turismo, quién asume sus costes y qué capacidad tienen los residentes para decidir sobre la transformación de su entorno. Una cuestión especialmente relevante en los mayores destinos turísticos españoles, como Balears, donde la apuesta por atraer visitantes de mayor poder adquisitivo convive con una creciente dificultad para acceder a la vivienda y con el debate sobre los límites de la actividad turística. Este fin de semana, Saarinen participa en el Observatori COSTA, en Mallorca, para abordar los futuros del turismo de masas y reflexionar sobre los modelos de gobernanza que pueden hacer compatible la actividad turística con las necesidades de las comunidades locales.

¿Estamos asistiendo a una nueva fase en la que los destinos concebidos para el turismo de masas se convierten en espacios reservados a quienes tienen mayor poder adquisitivo?

La gran historia de éxito del turismo es que comenzó siendo una actividad exclusiva, con el llamado Grand Tour, cuando los aristócratas británicos viajaban a Italia y España. Después llegaron las guerras napoleónicas y la máquina de vapor, que abarató los desplazamientos y permitió democratizar los viajes. En las décadas de 1960, 1970 y, especialmente, 1980, la gente empezó a viajar de forma generalizada. En Finlandia, ir a Mallorca o Tenerife era algo extraordinario; hoy viaja gente corriente y las vacaciones se han normalizado. Pero nos estamos encaminando en otra dirección. 

Creo que el cambio climático será un factor clave. Las transformaciones geopolíticas y el encarecimiento de los vuelos también influirán. Viajar nunca había sido tan barato en términos históricos, pero algunos desplazamientos ya cuestan mucho más que hace una década y los salarios no han aumentado al mismo ritmo. Eso limitará los viajes de las clases media y media-baja.

Viajar nunca había sido tan barato en términos históricos, pero algunos desplazamientos ya cuestan mucho más que hace una década y los salarios no han aumentado al mismo ritmo. Eso limitará los viajes de las clases media y media-baja

¿Podría llegar un momento en que la gente corriente no pueda irse de vacaciones?

Es un proceso gradual. Los viajes de corta distancia seguirán siendo posibles, pero los de larga distancia plantearán más problemas, especialmente para los destinos del Sur Global. España seguirá siendo accesible, aunque quizá no tanto como ahora. Muchos destinos españoles dependen también de los propietarios de segundas residencias. ¿Podrán seguir invirtiendo en una vivienda en España quienes viajan desde Reino Unido o Alemania si no pueden permitirse desplazarse hasta allí con tanta frecuencia? Esto puede modificar la estructura turística en un futuro relativamente próximo. Dentro de una década, las cosas podrían ser bastante diferentes.

En sus investigaciones plantea la importancia de una gobernanza turística orientada a la sostenibilidad. ¿En qué consiste?

El turismo es un negocio extraño: nos vende algo que no posee. Comercializa la cultura local, la gastronomía, los paisajes, la forma de vida y los espacios protegidos, pero no es propietario de ellos. Por eso insistimos en la sostenibilidad: el turismo debe devolver algo a las comunidades. Los visitantes tendrán que contribuir cada vez más a los destinos que disfrutan. Las políticas públicas son fundamentales porque establecen el marco en el que se desarrolla la actividad y determinan cómo se distribuyen sus beneficios.

He estudiado estas cuestiones tanto en la Laponia finlandesa como en Botsuana. Allí querían desarrollar el turismo para diversificar una economía dependiente de los diamantes. Observaron la masificación de los safaris en Kenia y optaron por un modelo de bajo volumen: menos visitantes que pagaran más. Es una estrategia que recuerda al paso del turismo de masas al turismo de calidad que se plantea en Mallorca. 

Pero hay un problema: para ofrecer un producto turístico de alta calidad, a menudo es necesario importar capital, conocimientos y personal. Esto genera fugas económicas, porque el dinero termina regresando al lugar del que procede la inversión. En Botsuana, esas fugas superan el 70%. El producto puede ser excelente, pero la economía local apenas se beneficia. El mismo principio puede aplicarse a Europa. Por eso, la cuestión no es únicamente qué tipo de turismo queremos, sino quién obtiene sus beneficios.

Pero hay un problema: para ofrecer un producto turístico de alta calidad, a menudo es necesario importar capital, conocimientos y personal. Esto genera fugas económicas. En Botsuana, esas fugas superan el 70%. El producto puede ser excelente, pero la economía local apenas se beneficia

¿Cree que las protestas en las calles de distintas ciudades europeas tienen que ver con esta problemática, con el acceso a la vivienda y el encarecimiento de la vida? En España, el caso de Maricarmen, una mujer mayor desahuciada de su casa por un fondo de inversión, se convirtió en un símbolo de esta situación.

Conozco bastante bien el caso de Maricarmen. Estamos ante un proceso de gentrificación. El coste de la vida aumenta y las clases media y media-baja se ven obligadas a desplazarse a zonas más alejadas, donde también deben asumir mayores gastos de transporte. El turismo no es la única causa de estos problemas, ni culparía a los turistas como tales. Pero en las ciudades afectadas por el sobreturismo, la presión sobre la vivienda agrava la situación.

Tradicionalmente, distinguíamos entre los espacios destinados a los visitantes y aquellos donde los residentes desarrollaban su vida cotidiana. El autor Dean MacCannell planteó en los años setenta una distinción entre el escenario turístico y el trasfondo de la vida local. Mientras ambos espacios permanecían separados, los habitantes podían continuar con sus actividades. La economía de plataformas ha cambiado esta situación: ha llevado a los turistas a zonas residenciales y ha generado problemas de ruido, encarecimiento de la vivienda y desplazamiento de los vecinos. Cuando estas presiones coinciden con una crisis general de acceso a la vivienda, se acumulan y se retroalimentan. No atribuiría las protestas exclusivamente al turismo, pero sí creo que este agrava los problemas existentes.

Balears está apostando por la cultura como una herramienta turística. Lo dijo, hace pocos meses, la Comisión Europea en un informe para el proceso de selección de la Capital Europea de la Cultura 2031. Desde hace algunos años, las instituciones promueven ferias de arte, grandes exposiciones y acontecimientos culturales como parte de una estrategia para atraer un turismo de mayor calidad. ¿Puede la cultura transformar el modelo turístico o corre el riesgo de convertirse en otra herramienta de exclusividad? 

Ese peligro existe, especialmente cuando la cultura se utiliza para atraer más visitantes y hacer crecer el turismo. El objetivo original del desarrollo sostenible no era mantener el turismo y conseguir que creciera indefinidamente, sino preservar las comunidades locales, el medioambiente, su bienestar y su cultura. Sin embargo, el concepto de sostenibilidad turística ha sido secuestrado, en cierto modo. Ahora parece que el objetivo es mantener el turismo y seguir haciéndolo crecer. La cultura se ha convertido en una herramienta al servicio del turismo, cuando debería ocurrir lo contrario: el turismo tendría que estar al servicio de la cultura y de la comunidad local y no al revés.

En Oulu, donde vivo, somos Capital Europea de la Cultura en 2026. Se ha apostado por iniciativas que surgen desde abajo, con miles de acontecimientos de menor escala, en lugar de concentrar los recursos en grandes infraestructuras o eventos elitistas. Un estudio realizado en Australia concluyó que numerosas iniciativas culturales pequeñas pueden beneficiar más a la economía local que unos pocos grandes acontecimientos. Las primeras generan un flujo constante de personas y favorecen las relaciones entre visitantes y residentes. Los macroeventos, en cambio, atraen público de fuera y requieren infraestructuras cuyo futuro hay que resolver una vez terminados.

Balears batió el récord de 19 millones de turistas en 2025, mientras los precios de la vivienda siguen aumentando. ¿Puede considerarse exitoso un modelo que incrementa los visitantes y los ingresos mientras parte de la población tiene cada vez más dificultades para acceder a una vivienda?

Puede ser un buen negocio durante un tiempo. Pero los inversores que vienen de fuera pueden invertir, obtener beneficios y marcharse después a otro lugar. En los estudios turísticos hablamos del ciclo de evolución de los destinos: primero crecen, después llegan la consolidación y el estancamiento. A partir de ahí, pueden renovarse e iniciar otra etapa de crecimiento o entrar en declive.

Los inversores que vienen de fuera pueden invertir, obtener beneficios y marcharse después a otro lugar. En los estudios turísticos hablamos del ciclo de evolución de los destinos: primero crecen, después llegan la consolidación y el estancamiento

Torremolinos es un ejemplo. Tras sufrir un deterioro relacionado, entre otras cosas, con el exceso de desarrollo urbanístico, necesitó mejorar las condiciones sanitarias y medioambientales y sus sistemas de saneamiento para recuperar su atractivo. Mallorca debería adoptar una perspectiva más proactiva y preguntarse qué dirección quiere seguir. También debería plantearse si un modelo de gobernanza que permite el sobreturismo beneficia realmente al destino. Nada puede crecer para siempre: tarde o temprano, el crecimiento encuentra sus límites.

Si pudiera recomendar una sola medida al Govern para reducir los efectos negativos del sobreturismo, ¿cuál sería?

En muy pocos lugares el sobreturismo se debe principalmente al alojamiento reglado, es decir, a los hoteles. El problema está en los alquileres de corta duración, que son ante todo un negocio inmobiliario. Forman parte del urbanismo, del desarrollo urbano y de la gobernanza de las ciudades. Por eso, deberían establecerse límites. La capacidad de alojamiento sin regular ha generado problemas en Barcelona, Ámsterdam, Londres y París. En ciudades como Ámsterdam y París, las regulaciones han contribuido a reducirlos, aunque no los hayan resuelto por completo. También hace falta regular estrictamente los cruceros, estableciendo cuántos barcos pueden llegar al mismo tiempo.

Una regulación firme y sostenida a largo plazo puede beneficiar al destino, a las comunidades y también a las empresas, al contribuir a un turismo más sostenible. Hay una última cuestión fundamental: el turismo depende no solo del atractivo de la naturaleza y la cultura, sino también de la aceptación social; es decir, de que la población local considere legítima la actividad turística y esté de acuerdo con ella. Si los residentes se muestran hostiles, eso acaba repercutiendo en la experiencia de los visitantes. Estos se preguntarán si son bienvenidos y, si sienten que no lo son, pueden marcharse a otro lugar. Por eso, la comunidad local es un actor fundamental y debe ser tomada en serio. Aunque el turismo sea un negocio privado, vende algo que no le pertenece: algo que pertenece a la comunidad. Por esa razón, debe devolverle algo a cambio.

Las entidades animalistas Arde y Satya Animal han entregado este viernes al Govern 50.000 firmas para reclamar que frene el proyecto de una nueva macrogranja de 80.000 gallinas en la finca de Son Brau, en Manacor, impulsado por Avícola Son Perot. La entrega ha tenido lugar en el Consolat de Mar, coincidiendo con la celebración del Consell de Govern, donde han anunciado, además, la realización de una cadena humana este domingo en la finca para reclamar que no se autorice la explotación.

La movilización llega después de que ambas organizaciones hayan presentado ante la Fiscalía dos denuncias relacionadas con otras dos explotaciones avícolas de la misma empresa en Manacor. La documentación aportada, de la que informó en primicia elDiario.es, incluye imágenes del interior de las instalaciones en las que se observan gallinas vivas junto a cadáveres en descomposición, huevos con ácaros, acumulaciones de excrementos y cucarachas. Las imágenes han reavivado la controversia sobre las condiciones de las granjas de Avícola Son Perot y la conveniencia de autorizar una nueva explotación de mayor capacidad.

Las entidades animalistas consideran que los hechos denunciados deberían tenerse en cuenta antes de dar luz verde al proyecto de Son Brau. Su portavoz, Julia Elizalde, defiende que existe una relación directa entre las condiciones documentadas en las instalaciones que ya están en funcionamiento y la futura explotación. “A ojos de cualquiera existe una relación absoluta”, sostiene. “Si esto ha pasado en una granja de 40.000 gallinas, ¿qué pasará en una de 80.000?”, se pregunta.

Simonet, sin embargo, rechazó el pasado martes que las denuncias deban determinar la tramitación del nuevo proyecto. “La inspección que se hizo en la granja de Mirabó y el proyecto de Son Brau son dos cosas diferentes”, afirmó. El conseller recordó que la iniciativa se encuentra en fase de autorización ambiental integrada, un procedimiento en el que se recaban informes de los ayuntamientos y de organismos competentes en materias como recursos hídricos o movilidad.

“Administrativamente no podemos entrar en una cosa de estas; si hiciésemos una suposición así estaríamos prevaricando”, zanjó el responsable de Agricultura, que defendió así la separación entre la investigación de las instalaciones existentes y el expediente administrativo de la futura macrogranja.

La entrega de las 50.000 firmas pretende trasladar esa disputa al Govern y reclamar que las denuncias sobre las condiciones de las explotaciones actuales tengan consecuencias sobre la decisión de autorizar una instalación que duplicaría la capacidad de la granja de referencia citada por las organizaciones. El proyecto de Son Brau continúa pendiente de los trámites ambientales.

Cadena humana contra la nueva explotación

La oposición al proyecto tendrá una nueva expresión este domingo. La Plataforma No Macrogranjas ha convocado a las 11.00 horas una cadena humana en la finca de Son Brau para reclamar que no se autorice la explotación de 80.000 gallinas.

El portavoz de Satya Animal, Kike Gimeno, ha calificado estas instalaciones de “fatídicas” para los animales, los vecinos y el medioambiente. Las organizaciones sostienen que la concentración de tantos animales en una misma nave plantea problemas de bienestar animal y de gestión ambiental. También han recordado los informes desfavorables que, según afirman, han emitido el Ayuntamiento de Manacor y otras entidades, y han invocado el precedente del macroproyecto de Sineu, cuyos análisis ecológicos advirtieron de riesgos para los ecosistemas y la población.

Gimeno ha defendido que la entrega de las firmas busca trasladar a la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural el rechazo ciudadano y presionar al Govern para que se pronuncie sobre el proyecto. El portavoz ha asegurado que la empresa ya ha comprado los terrenos y está realizando los trámites necesarios, aunque ha admitido que las entidades desconocen en qué punto exacto se encuentra el expediente. A su juicio, la iniciativa sigue avanzando y la Conselleria no se plantea paralizarla.

La protesta llega en plena controversia por las condiciones documentadas en otras explotaciones de Avícola Son Perot y Avícola Ballester en Mallorca. Tras las denuncias presentadas por Arde y Satya Animal ante la Fiscalía, la Conselleria inspeccionó el martes la granja de Mirabó, en Manacor. El conseller Joan Simonet explicó que sus dos naves, con capacidad para unas 40.000 aves, estaban vacías desde la semana anterior y que las gallinas habían sido trasladadas a un matadero de Murcia con las autorizaciones pertinentes.

A esta disputa se ha sumado la respuesta de las empresas, que este jueves anunciaron acciones legales por presunta difamación y falsedad contra las entidades animalistas. Las compañías avanzaron que presentarán una demanda de conciliación contra Gimeno por sus declaraciones sobre la posible presencia de salmonelosis en los huevos de Son Perot y advirtieron de que podrían emprender acciones penales si no se retractaba.

Las entidades memorialistas de Balears han abandonado en bloque las comisiones técnicas del Govern de Marga Prohens (PP) tras denunciar que el Ejecutivo margina a las asociaciones y a los familiares de las víctimas del franquismo, ignora sus propuestas y toma decisiones al margen del marco legal, es decir, de espaldas a los órganos competentes en materia de memoria democrática. Memòria de Mallorca, el Fòrum per la Memòria d’Eivissa i Formentera y Memòries de Menorca han presentado este jueves su renuncia al considerar que estos órganos han quedado vaciadas de sus funciones y que la presencia de las tres organizaciones se ha convertido en una presencia meramente testimonial y sin capacidad real para influir en las decisiones que afectan a las víctimas del golpe militar de 1936, la guerra civil y la dictadura franquista.

Así lo han dado a conocer en un comunicado conjunto, en el que denuncian el incumplimiento de los compromisos institucionales por parte del Govern en relación a la organización de memoriales y homenajes y alertan del desmantelamiento de instrumentos esenciales para garantizar sus derechos.

La decisión se produce tras meses de controversia por las políticas memorialistas del Ejecutivo de Prohens, que, de la mano de Vox, derogó el pasado mes de marzo la Ley de memoria democrática de Balears. El Tribunal Constitucional admitió a trámite el recurso presentado por el Gobierno central contra la medida y suspendió cautelarmente la eliminación de la norma mientras se resuelve el procedimiento.

En un escrito presentado durante la reunión de la Comisión de la Ley de Fosas, Memòria de Mallorca relata los detalla los episodios que, asevera, ilustran esa pérdida de capacidad de intervención. La asociación precisa que la ruptura “no es fruto de un desacuerdo puntual”, sino “de la constatación” de que el funcionamiento de este órgano y la gestión de las políticas de memoria democrática del Govern “se han alejado de las finalidades por las cuales fueron creados”.

La entidad critica que las actuaciones del Ejecutivo se deciden y, en ocasiones, se ejecutan antes de que las comisiones puedan valorarlas. También denuncia que sus propuestas y preguntas son ignoradas de forma reiterada, que no se incorporan asuntos al orden del día y que las entidades no reciben información adecuada sobre decisiones que las afectan directamente. “La participación no puede limitarse a asistir a reuniones y expresar opiniones que después no tienen ninguna incidencia real”, advierte la entidad en el documento. Su renuncia afecta tanto a la comisión vinculada a la ley para la recuperación de personas desaparecidas durante la Guerra Civil y el franquismo -más conocida como 'ley de fosas' como a la de la Ley de Memoria y Reconocimientos Democráticos de las Illes Balears.

La asociación también cuestiona el funcionamiento interno de estos órganos. Asegura que el Govern no aplica un reglamento aprobado por mayoría absoluta porque sostiene que no se ha localizado el acta de su aprobación, pero tampoco ha procedido a aprobarlo de nuevo por el procedimiento legalmente exigido. Asimismo, denuncia que no se incorporan al orden del día asuntos que las entidades solicitan tratar y que se impulsan actuaciones sin recabar previamente el parecer de las comisiones correspondientes.

Uno de los ejemplos que aporta es la información sobre la derogación de la ley autonómica. Memòria de Mallorca asegura que tuvo que conocer por los medios de comunicación tanto la decisión de suprimirla como su posterior suspensión cautelar pese a formar parte de las comisiones y ser una de las organizaciones directamente afectadas. La entidad también critica que el Govern haya promovido actuaciones relativas a los bombardeos de la aviación republicana sin consultar previamente a la comisión de memoria democrática pese al papel que la legislación atribuye a este órgano.

El choque por el Columbari de la Dignitat

Entre los incumplimientos que han contribuido a la ruptura, Memòria de Mallorca señala el caso del Columbari de la Dignitat, inaugurado el pasado 28 de septiembre en el cementerio de Palma. La asociación afirma que presentó una propuesta para el texto del memorial y fijó dos condiciones irrenunciables: que se incluyera una referencia expresa al golpe de Estado de 1936 y que la comisión asumiera el texto como propio, de modo que así constara en la placa. Según alega, el Govern les aseguró verbalmente que ambas condiciones se habían incorporado. Sin embargo, el memorial se inauguró y la placa se descubrió sin respetar ninguno de esos dos requisitos.

Para la entidad, la discrepancia va más allá de una cuestión de redacción. La referencia al golpe de Estado es, sostiene, fundamental para contextualizar la represión franquista y reconocer a sus víctimas. La participación de la comisión debía garantizar, además, que el texto fuese resultado de un proceso colectivo y de un acuerdo institucional, y no de una decisión unilateral. “No podemos aceptar que se nos asegure que unos compromisos se cumplirán y que, finalmente, se incumplan”, arguye la asociación.

Otro de los episodios que denuncia se remonta al pasado 2 de septiembre, cuando registró una propuesta para instalar memoriales en las vías públicas de Palma. La iniciativa pretendía recordar a las más de 2.000 víctimas de desaparición forzada en Mallorca y a las más de 6.000 víctimas mortales de los bombardeos de la aviación fascista procedente de la isla contra otros territorios. Según Memòria de Mallorca, la propuesta ni siquiera se incluyó en el orden del día de la reunión de este jueves. La entidad también asegura que se elaboran planes de fosas sin la gestión ni la participación de las comisiones correspondientes.

El desmantelamiento de los instrumentos de memoria

La renuncia no responde únicamente a los problemas de funcionamiento de las comisiones. Memòria de Mallorca la vincula también a la política general del Govern, que, según denuncia, ha debilitado los instrumentos públicos destinados a garantizar los derechos de las víctimas del franquismo y sus familias. La asociación señala expresamente la eliminación de la Dirección General de Memoria Democrática y de la oficina de información y atención a las víctimas y sus familiares. Considera que ambos instrumentos fueron posibles tras años de reivindicación y que resultan esenciales para mantener una política pública de memoria continuada.

A ello suma la derogación de la ley autonómica, una decisión que las entidades consideran incompatible con el reconocimiento y la defensa de los derechos de las víctimas. La suspensión cautelar acordada por el TC mantiene la norma vigente mientras se estudia el recurso del Gobierno central, pero no ha resuelto el enfrentamiento político sobre el modelo de memoria democrática que debe aplicar la comunidad.

La salida de las tres organizaciones supone un nuevo revés para los mecanismos de participación vinculados a estas políticas. Las asociaciones, que trabajan en la localización de desaparecidos, la investigación y la reparación de las víctimas consideran que no pueden seguir formando parte de unos órganos en los que, según denuncian, no se les permite intervenir de manera efectiva.

Más de veinte años de trabajo por la memoria

Por otro lado, Memòria de Mallorca reivindica una trayectoria de más de dos décadas en la defensa de los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. En su escrito recuerda que ha participado en más de sesenta reuniones relacionadas con las dos leyes autonómicas y que ha aportado testimonios, documentación, contactos de especialistas y familiares de víctimas. La asociación destaca su contribución a proyectos de investigación y exhumación como los de las fosas de Porreres y Son Coletes. También señala que consiguió incorporar por primera vez veinte estudios al último Plan de Fosas y Memoria Democrática desde una perspectiva transversal.

Entre sus propuestas figuran la elaboración de un censo de víctimas, la incorporación de la perspectiva del derecho internacional de los derechos humanos y el estudio del trauma transgeneracional. La entidad reivindica estas aportaciones para subrayar que su participación en las comisiones nunca fue testimonial y que ha contribuido activamente a construir las políticas autonómicas de memoria. Por ello, la entidad considera que mantener su presencia sin capacidad de decisión podría terminar legitimando una forma de actuar con la que discrepa profundamente.

La renuncia, sin embargo, no supone un cierre definitivo a la participación institucional. Memòria de Mallorca no descarta regresar si se produce un cambio efectivo en el funcionamiento de las comisiones, se respetan las normas vigentes y se garantiza a las entidades memorialistas y a las víctimas una capacidad real de intervención. “El diálogo exige voluntad de escuchar, la participación exige capacidad de incidencia y la confianza exige que los compromisos se cumplan”, resume la asociación, que asegura que continuará trabajando de forma independiente y fiscalizando la actuación de las administraciones públicas.

“Por respecto a las víctimas del franquismo, a sus familias y a los más de veinte años de trabajo de Memoria de Mallorca, no podemos continuar legitimando con nuestra presencia una situación que se ha alejado de los objetivos y del espíritu de las leyes autonómicas de memoria democrática”, concluye el documento.

La empresa mallorquina que gestiona las macrogranjas de Mirabó, Es Caparó y Llucmajor –todas ellas han estado en el punto de mira por presuntas irregularidades– ha anunciado “acciones legales, penales y civiles” por lo que consideran “una campaña de difamación y falsedades” por parte de las entidades animalistas denunciantes de la situación en la que viven las gallinas de las diferentes explotaciones. Este lunes, elDiario.es ha publicado imágenes de la granja de Mirabó, de julio de 2026 –facilitadas por ARDE y Satya Animal–, donde se ven gallinas con heridas abiertas, aves que se picotean hasta llegar a los tejidos internos y cadáveres en descomposición junto a animales vivos. Este jueves, se han revelado imágenes de la granja de Es Caparó, también de julio, que muestran gallinas canibalizadas por otras; cadáveres desmembrados y en diferentes estados de descomposición y aves desplumadas y enfermas.

Avícola Ballester (que opera bajo las sociedades Avícola Son Perot S.A. y Avícola Ballester S.A.) ha anunciado este jueves una demanda de conciliación contra Kike Gimeno, portavoz de Satya Animal, por “desaconsejar el consumo de huevos” de las naves de Mirabó bajo la “falsa premisa”, a juicio de Ballester, de una “contaminación por salmonela”. En declaraciones a elDiario.es, Gimeno explica que cuando se ha referido a los riesgos, habla de “probabilidades en base a las imágenes que tenemos contrastadas y verificadas”, y que se sustentan en un informe veterinario pericial, firmado por Alba Nieto. “Este informe también menciona estos posibles riesgos”. “Estas afirmaciones en ningún caso son rotundas, no hacemos acusaciones directas. Quien tiene que hacerlas es, en todo caso, la Conselleria competente”, afirma.

Respecto a Mirabó, la Conselleria de Agricultura explicó a este diario que, en estos momentos, la explotación avícola no tiene “ninguna gallina en sus instalaciones” después de que la empresa comunicara esta decisión al Govern en este mes de octubre. También afirma que la macrogranja ha sido sometida a controles oficiales desde 2021 sin que “se hayan detectado deficiencias”, excepto un brote de salmonela en agosto de 2025. Y añadía que no existe una fecha “para la reintroducción de las gallinas”. “Cuando se reanude la actividad, la Conselleria llevará a cabo una nueva inspección para comprobar el cumplimiento de la normativa”, aseguró.

Por otro lado, la empresa respondió a este diario que se reservaba “las acciones civiles y penales” que les pudieran corresponder “a raíz de la publicación de imágenes sin certificación de procedencia, así como del contenido anunciado”. Es decir, el contenido del reportaje que fue trasladado a la empresa antes de su publicación, con el objetivo de contrastar la información y obtener su versión de los hechos, un extremo al que la empresa no quiso acogerse. Las imágenes, por otro lado, están geolocalizadas, y fueron grabadas junto a diarios locales del día.

La empresa acusa falsamente a elDiario.es de mentir

Avícola Son Perot ha explicado que, hace unos meses, interpuso una demanda sobre derechos fundamentales contra Diario de Prensa Digital, SL, la sociedad que edita elDiario.es, por “haber publicado hechos rotundamente falsos”, como la “inventada sanción de 200.100 euros” a Avícola Son Perot, que es “objetivamente falsa”. “Confiamos en que la Justicia, con sus tiempos, corregirá esta grave desviación de la realidad que nos ha perjudicado”. Esta demanda, no obstante, no ha llegado a Diario de Prensa Digital, SL.

En cuanto a la información mencionada, está contrastada y no solo fue publicada por elDiario.es, sino también por otros medios de comunicación del ámbito balear. El inicio del procedimiento sancionador lo anunció el conseller de Agricultura, Joan Simonet, el 30 de mayo de 2025, tras las irregularidades detectadas en la macrogranja de Llucmajor. Tras el informe elaborado por los técnicos se concluyó que se habían producido siete infracciones, calificadas todas ellas como graves, y que podían comportar una multa máxima de 60.000 euros cada una.

Este diario publicó en exclusiva, el 19 de junio de 2025, que Avícola Son Perot S.A. se enfrentaba a una multa de 200.100 euros por siete faltas graves y una leve, tras haber accedido al expediente sancionador. Esta sanción se podía reducir en un 20%, es decir, a unos 160.080 euros, si la explotación realiza el pago voluntario antes de que finalice la resolución del procedimiento administrativo.

En el plano judicial, el caso está siendo investigado por la Audiencia Provincial, que revisará el archivo decretado por el Juzgado de Instrucción número 11 de Palma. El juzgado de primera instancia acordó el sobreseimiento provisional al apreciar que había deficiencias que corresponden a infracciones administrativas, ya sancionadas, y no penales. La vía administrativa -la multa de 200.100 euros- no se reabrirá hasta que se resuelva la vía penal.

Una granja tuvo un brote de salmonela

Este martes, Simonet, conseller de Agricultura, insistió en que las dos naves de Mirabó estaban vacías, pero que su departamento iniciaba una una investigación para comprobar si las imágenes del interior de la granja pudieran “constituir un motivo para que abramos los expedientes administrativos correspondientes”. En cuanto a los animales, después de que la empresa recibiera las autorizaciones pertinentes, trasladó las aves a un matadero de Murcia, según el titular de Agricultura. Respecto a la nave que registró un brote de salmonela en agosto de 2025, la Dirección General de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural adoptó medidas cautelares y sanitarias urgentes, según un expediente consultado por elDiario.es.

Cuando se registra un positivo por salmonela hay dos opciones: eliminar la producción de huevos de gallina o pedir una autorización especial para la producción de huevo líquido. “Esta autorización se dio: esta nave ha estado produciendo huevina hasta que ha finalizado”, afirmó Simonet. En cuanto a la otra nave, la resolución contemplaba el sacrificio de las aves. Después se deben realizar una serie de medidas relacionadas con la limpieza, desinfección, desinsectación y desratización para evitar problemas de salud pública.

En cuanto al plan de control de la salmonela, el conseller explicó que en los dos últimos años la Conselleria ha hecho 25 inspecciones en diferentes granjas de Balears. “En este programa de seguimiento se han detectado cinco positivos”, afirmó, de los cuales uno de ellos se detectó en una de las naves de Mirabó. En este sentido, aclaró que una vez una nave da positivo en salmonela, si recibe la autorización especial para producir huevo líquido, ya entra dentro del plan de control y no se realizan más inspecciones.

A partir de ese momento, el control y seguimiento corresponde a Salut Pública –que depende de la Conselleria de Salud–, en el marco de sus competencias en materia de seguridad alimentaria. “En principio, nosotros no tenemos constancia de ello”, respondió Simonet, sobre si habían detectado riesgo para la salud pública. En cualquier caso, argumentó que cuando los huevos entran dentro de la producción de huevo líquido, se someten a un proceso térmico, y está permitido que los huevos con salmonela pasen por ese proceso. “Si fueran huevos frescos, no se podrían comercializar de ninguna manera”, aclaró.

Tras las declaraciones de Simonet, los animalistas pusieron en conocimiento a la Conselleria de Salud estos hechos, lo que podía implicar, a juicio de las entidades, la retirada de los huevos de los supermercados “por riesgo de salmonela”. Asimismo, solicitaron “la emisión de una alerta sanitaria” a las autoridades competentes. A juicio de las organizaciones, el riesgo está en que los huevos de una de las naves se dedicaban a la transformación en huevo líquido, mientras que la otra nave continuaba suministrando a supermercados hasta el vaciado de ambas. Se basan, además, en un informe veterinario que alerta de dicho riesgo “sanitario, zoonótico y de salud pública”.

“Es altamente probable que la salmonela presente en una de las naves haya saltado a la otra”, afirmó este miércoles Gimeno. En el informe pericial remitido a Salut Pública, firmado por la veterinaria Alba Nieto, señalaban que la permanencia de cadáveres en descomposición en contacto directo con animales vivos “es una vía eficaz de transmisión de agentes infecciosos”. Entre otras cuestiones, también ponían en conocimiento que la infestación por artrópodos –insectos– agrava el riesgo sanitario, porque son “agentes patógenos aviares con capacidad de mantener comunidades microbianas en su tracto digestivo” durante cinco semanas o más.

Tras las declaraciones de los animalistas, Avícola Ballester asegura que ha presentado un escrito ante Fiscalía para “esclarecer el origen de las informaciones y defender con contundencia la legalidad de la actividad”. A juicio de la compañía, se trata de una campaña de “difusión de informaciones falsas” y de un “constante acoso” orientado a dañar su reputación, así como al modelo de producción local, de lo que ya se hizo eco este diario.

Una demanda contra los animalistas

Así, se anuncia una demanda de conciliación contra el portavoz de Satya Animal por esta “campaña de desinformación”, que buscaría “perjudicar la imagen de los negocios consolidados”, según la versión de Ballester. El objetivo de la empresa avícola es que Gimeno se retracte por haber llegado a “desaconsejar activamente entre los consumidores la compra de huevos de Son Perot, bajo la excusa infundada de una presunta salmonelosis”.

“Si realmente les preocupa el daño a su negocio, deberían preocuparse por las condiciones de la granja, que consideramos contrastadas mediante las imágenes y el informe pericial”, responde Gimeno. El portavoz de Satya Animal lamenta que Ballester se presente como víctima de una “supuesta agresión” por parte de las entidades animalistas cuando a su juicio “hay otros intereses afectados”. “Las víctimas, para nosotros, son los animales, los consumidores y el medio ambiente, entre otros”.

En el comunicado, remitido a este diario, la compañía insiste en que actuó “de manera inmediata y rigurosa” cuando se detectó el brote, aplicando “los protocolos sanitarios pertinentes para erradicarla de forma absoluta”. Según Ballester, se trata de “un hecho pasado, ya resuelto y controlado”. En cuanto a las inspecciones que se han llevado a cabo estos días en las tres explotaciones del grupo empresarial, explican que la Conselleria calificó el resultado de “satisfactorias”, y que solo ha habido “subsanaciones puntuales”.

Sobre la granja de Mirabó, Julia Elizalde, portavoz de ARDE, afirma a este diario que “nos llama la atención que el año pasado se detectara un brote de salmonela y que las gallinas permanezcan allí sin que tengamos constancia de que se hayan realizado inspecciones de seguimiento”. “Nos preocupa que la Conselleria de Agricultura no haga un seguimiento del brote cuando en la misma granja hay una nave contaminada y otra que no lo está”, continúa.

Elizalde añade que el informe pericial veterinario explica que la presencia de ácaros hematófagos y otros artrópodos “puede actuar como vector de transmisión de enfermedades como la salmonelosis”. “También señala que estos animales pueden contribuir a transmitir la salmonela entre varios lotes sucesivos de gallinas”. “Es un asunto serio y por eso hemos puesto la información en conocimiento de la Dirección General de Salud Pública”, explica. La portavoz de ARDE insiste en que la preocupación de las entidades está en que durante estos días no se había aclarado “si existe riesgo de transmisión entre las naves” y que los huevos de una de ellas –donde no se produjo el brote– se han continuado comercializando como frescos.

Sanidad no identifica riesgo para la salud pública

Las valoraciones de las entidades animalistas se hicieron antes de que Salut Pública informara a este diario –este jueves– que está “evaluando la información disponible y el informe pericial aportado por las entidades denunciantes, que describen posibles deficiencias higiénicas y un posible riesgo de salmonela”. Antes de determinar posibles medidas, señalan fuentes de la Conselleria, es necesario “contrastar los hechos mediante controles oficiales, ratificación analítica y evidencia confirmada”. Por el momento, no se han identificado riesgos para la salud pública. “Cualquier medida de protección que sea necesaria, se adoptará en función de los resultados de los controles oficiales y de la evaluación técnica del riesgo”, concluyen.

En cuanto a la situación de la macrogranja de Es Caparó, donde la Conselleria no ha encontrado irregularidades graves, Elizalde considera que el departamento de Agricultura “ha mantenido una actitud laxa en distintos aspectos relacionados con Avícola Ballester”. “Creemos que podría estar relacionado con el poder económico y la influencia que tiene esta empresa en Mallorca”, afirma y añade que, tras haber revisado diferentes expedientes, la Dirección General de Agricultura y Ganadería solicitaba “subsanaciones” en lugar de “aplicar medidas más contundentes”.

“En el comunicado de Avícola Ballester se reconoce que se han solicitado subsanaciones por determinadas cuestiones detectadas en las inspecciones. No conocemos todos los detalles de esos hallazgos, pero sí tenemos antecedentes. Por ejemplo, en el caso del estercolero de Llucmajor, inicialmente también se pidieron subsanaciones”, afirma la portavoz de ARDE, que recuerda que “en distintas ocasiones hemos visto expedientes en los que se han aplicado sanciones económicas mínimas”. Por ello, Elizalde cree que ante los antecedentes de la empresa “no siempre es suficiente pedir que se corrijan las deficiencias”.

Siguen saliendo a la luz nuevas presuntas irregularidades en torno al grupo Avícola Ballester (que opera bajo la sociedad Avícola Son Perot S.A. y Avícola Ballester S.A.), que tiene tres granjas de gallinas ponedoras en Mallorca. En este caso, se trata de la granja de Es Caparó, que en los últimos años ha ampliado su capacidad de dos a tres naves, pasando del máximo autorizado de 116.928 a 175.392 gallinas. Las nuevas imágenes que avanza este miércoles elDiario.es revelan cadáveres en descomposición en contacto con las gallinas vivas; agonizando o caídas al foso sin acceso a la comida, entre otras. Las imágenes fueron grabadas los días 11 y 13 de julio de 2026 y facilitadas a las entidades ARDE y Satya Animal.

El lunes de esta semana, este diario avanzaba las condiciones de insalubridad y posible maltrato animal, según denuncian las entidades animalistas ARDE y Satya Animal, en otra de las tres granjas de Avícola Ballester, la de Mirabó, donde las imágenes facilitadas por las mismas entidades –grabadas los días 12, 15 y 17 de julio– muestran gallinas canibalizadas por otras; cadáveres desmembrados y en diferentes estados de descomposición y aves desplumadas y enfermas. Además, en las instalaciones se observan multitud de excrementos sin retirar, decenas de cucarachas e incluso una rata momificada. Esta explotación avícola es más pequeña que la de Es Caparó, con una capacidad máxima de 40.000 gallinas ponedoras divididas en dos naves.

Avícola Ballester ha enviado un comunicado este martes en el que ha denunciado ser víctima de una “trama” y una “campaña de acoso” orquestada por entidades animalistas. Además, según su versión, esta “ofensiva” se ha desplegado utilizando “material audiovisual de origen no certificado y la procedencia exacta del cual no ha sido acreditada ni validada oficialmente”. Sin embargo, este diario ha comprobado que las imágenes se grabaron con un sistema de geolocalización y junto a periódicos locales de los días 12, 15 y 17 de julio. Además, la responsable veterinaria de la explotación ha desacreditado la validez del informe en el que se desgranaba el estado de salud de las aves. Sobre las imágenes difundidas este lunes, Joan Simonet, conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, reconoció que eran “preocupantes” y explicó que la Conselleria había enviado a técnicos del Servicio de Producción Ganadera a la explotación con el objetivo de iniciar una investigación.

Este lunes, elDiario.es ha publicado las imágenes de la macrogranja de Mirabó y este miércoles de la de Es Caparó. Ambas son de la misma empresa

De las nuevas imágenes de Es Caparó se desprende la presencia reiterada de gallinas con pérdida extensa de plumaje, zonas de piel expuesta y lesiones compatibles con picaje severo. También aparecen numerosos cadáveres repartidos por la granja: en los diferentes niveles de la estructura de alojamiento para las gallinas, junto a animales vivos, en los pasillos, sobre el enrejado y en la zona de acumulación de excrementos. Algunos se encuentran desecados o esqueletizados y otros presentan distintos grados de descomposición.

Las imágenes muestran además acumulaciones de cadáveres directamente sobre el suelo de la nave, junto a cables y conducciones, así como un animal muerto depositado en un recipiente que no estaba bien cerrado. Las imágenes enseñan también gallinas atrapadas en la estructura del aviario, una de ellas muerta, y otra viva que había quedado atrapada en una masa compacta de excrementos.

elDiario.es se ha puesto en contacto con la empresa para recoger su versión sobre el estado de sus gallinas y de sus instalaciones de Caparó. Sin embargo, la empresa ha rechazado hacerlo. Este diario también ha consultado a la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural, que ha explicado que el pasado 2 de junio de 2026 se realizó un control oficial de salmonela en la granja de Es Caparó, cuyo resultado fue negativo. Asimismo, el martes 20 de octubre, los técnicos de la Conselleria llevaron a cabo una inspección presencial de bienestar animal en toda la explotación, sin que se detectaran deficiencias ni incumplimientos en las instalaciones inspeccionadas.

La Conselleria también ha explicado que tuvo conocimiento, a través de una comunicación de la empresa, de que el 4 de julio de 2026 se produjo una avería en el sistema de ventilación de una de las naves, que provocó la muerte de animales. A raíz de esta comunicación, los técnicos de la Conselleria se desplazaron a la granja para inspeccionar los hechos y, una vez efectuadas las comprobaciones correspondientes, concluyeron que se trataba de un accidente.

Un informe veterinario detecta “gallinas moribundas”

Tras el análisis de las imágenes –un total de 28 minutos–, en un informe pericial, la veterinaria Alba Nieto Palau observa numerosas gallinas con una pérdida extensa de plumaje, hasta el punto de que algunas tienen la piel prácticamente al descubierto. Las imágenes muestran aves con plumas rotas y deterioradas en distintas partes del cuerpo, desde el lomo y el cuello hasta el pecho y la cola. También se aprecian diferencias importantes entre animales que comparten un mismo espacio: mientras algunos conservan buena parte del plumaje, otros presentan un desplume severo.

Las imágenes muestran aves con plumas rotas y deterioradas en distintas partes del cuerpo, desde el lomo y el cuello hasta el pecho y la cola

Según se desprende del análisis de Alba Nieto, este patrón es “compatible con picaje de plumas”, una conducta por la que las gallinas picotean las plumas de otras aves. “El picaje severo es reconocido como uno de los principales problemas de bienestar en la avicultura de puesta y como precursor directo del canibalismo”, sostiene. La veterinaria distingue estas lesiones de la muda natural, que suele producirse de forma más homogénea. El informe advierte de que la pérdida de plumaje deja la piel expuesta a heridas e infecciones y dificulta que los animales regulen su temperatura corporal.

La profesional también observa heridas en la cabeza y la cara de varias gallinas, algunas con costras y pérdida de tejido. En ciertos animales se aprecia sangre en esa zona, mientras que muchas aves presentan la cresta pálida. Según explica Alba Nieto, estos hallazgos son “compatibles con lesiones derivadas de picaje lesivo” o con golpes contra la estructura del alojamiento. La palidez de la cresta, añade, puede ser un indicio de anemia, deshidratación u otros problemas de salud, aunque no permite determinar por sí sola qué le ocurre al animal.

“La permanencia de animales con lesiones abiertas en el alojamiento colectivo es compatible con la ausencia de retirada y aislamiento de los animales heridos”, lo que incumpliría el anexo I, punto 2, del Real Decreto 348/2000. La veterinaria advierte de que estas heridas están asociadas a “dolor y sufrimiento evitable” y entrañan un riesgo elevado de hemorragia, infecciones e incluso muerte. La presencia de animales heridos en las instalaciones también apunta, según el informe, a posibles fallos “en la detección y en la atención de los animales heridos”.

Una veterinaria, en un informe pericial, advierte de que las heridas de las gallinas están asociadas a 'dolor y sufrimiento evitable' y entrañan un riesgo elevado de hemorragia, infecciones e incluso muerte

Entre las escenas que describe la veterinaria, se observa una gallina muerta con la cabeza y el cuello atrapados entre los barrotes de la parte frontal del aviario, a la altura del comedero. El animal tiene el pico entreabierto y presenta restos de sangre. En otra secuencia aparece una gallina viva parcialmente hundida en una masa compacta de excrementos acumulados bajo las estructuras. Las imágenes muestran también aves atrapadas entre distintos elementos de la instalación, cubiertas de excrementos secos y junto a restos de animales muertos adheridos a esas estructuras.

Entre las escenas que describe la veterinaria, se observa una gallina muerta con la cabeza y el cuello atrapados entre los barrotes de la parte frontal del aviario, a la altura del comedero

“Los animales que quedan atrapados en la estructura sufren compresión, imposibilidad de acceder a agua y alimento, y desenlace habitualmente fatal por deshidratación, inanición o asfixia”, interpreta Nieto. La permanencia de estos animales en tal situación, sin evidencia en el material analizado de asistencia, liberación ni sacrificio humanitario, es “compatible con un fallo en la inspección diaria de los animales”, sostiene, lo cual es un requisito exigido por el anexo I, punto 2, del Real Decreto 348/2000 y el anexo I, punto 1, del Real Decreto 3/2002. La situación descrita, según la veterinaria, “no constituye un hecho aislado y reciente”.

El informe recoge asimismo imágenes de gallinas vivas en el foso donde se acumulan los excrementos, sin acceso aparente a los comederos ni a los bebederos. Otras aparecen tumbadas, inmóviles, con las patas extendidas y sin capacidad aparente para levantarse o desplazarse. La veterinaria identifica también animales que apenas reaccionan a lo que ocurre a su alrededor, lo cual podría ser un estado compatible con la agonía.

El informe recoge asimismo imágenes de gallinas vivas en el foso donde se acumulan los excrementos, sin acceso aparente a los comederos ni a los bebederos. Otras aparecen tumbadas, inmóviles, con las patas extendidas y sin capacidad aparente para levantarse o desplazarse

En otra de las escenas, una gallina permanece tumbada en uno de los niveles del aviario, junto a un cadáver en descomposición, sobre una superficie compartida con el resto de las aves para descansar y alimentarse. Advierte, además, del riesgo sanitario que supone mantener cadáveres en descomposición junto a animales vivos. Estos restos pueden favorecer la proliferación de bacterias y atraer insectos y roedores, lo que aumenta el riesgo de propagación de enfermedades dentro de la explotación, interpreta la profesional.

Falta de limpieza

El informe de Alba Nieto también analiza las condiciones higiénicas de la granja. Las imágenes muestran grandes acumulaciones de excrementos bajo las estructuras del aviario, así como plumas, restos de comida, polvo y otra materia orgánica adherida a comederos, cintas y elementos metálicos. “Las condiciones observadas son compatibles con deficiencias significativas en los protocolos de limpieza, desinfección y retirada de deyecciones (excrementos)”, sostiene.

En los pasillos se observan además líquidos de aspecto orgánico y restos de aves mezclados con los excrementos secos. La veterinaria señala también la presencia de un envase de tabaco en el suelo enrejado de uno de los pasillos. Según se desprende de su análisis, estas condiciones son “compatibles con deficiencias significativas en los protocolos de limpieza, desinfección y retirada de deyecciones”. La acumulación de suciedad en distintos puntos de las instalaciones, añade, apunta a una falta de limpieza reciente.

La veterinaria señala también la presencia de un envase de tabaco en el suelo enrejado de uno de los pasillos. Según se desprende de su análisis, estas condiciones son 'compatibles con deficiencias significativas en los protocolos de limpieza, desinfección y retirada de deyecciones'

Alba Nieto advierte de que la acumulación prolongada de materia orgánica favorece “la generación de amoníaco y de polvo respirable”, además de facilitar la permanencia de agentes patógenos y de insectos y otros animales considerados plagas. Estas condiciones, según explica, pueden perjudicar la salud respiratoria y la piel de las gallinas, además de reducir la eficacia de las tareas de desinfección.

La veterinaria también llama la atención sobre la presencia de residuos ajenos a la actividad de la granja. En concreto, considera que encontrar objetos personales dentro de la nave resulta “incompatible con una aplicación rigurosa de los protocolos de bioseguridad e higiene” exigibles a una explotación dedicada a la producción de alimentos.

Un extintor con la revisión de mantenimiento caducada

El informe de Alba Nieto recoge también un detalle relacionado con la seguridad de las instalaciones. La etiqueta de un extintor muestra que la última revisión de mantenimiento anotada corresponde a enero de 2023 y que la siguiente estaba prevista para enero de 2024, más de dos años antes de que se grabaran las imágenes, en julio de 2026.

La veterinaria aclara que determinar si se cumple la normativa de protección contra incendios “excede del ámbito competencial de la perito firmante” y corresponde a las autoridades y a los técnicos especializados. No obstante, considera relevante dejar constancia del hallazgo por el riesgo que podría suponer para los animales. En caso de incendio, advierte, las gallinas tienen una capacidad muy limitada para escapar de una nave en la que permanecen confinadas.

La profesional señala además que el estado de la etiqueta del extintor constituye “un indicador objetivo y documentado del estado general de mantenimiento de la instalación”, en consonancia, según su análisis, con el deterioro de las estructuras metálicas y las deficiencias higiénicas descritas en el informe.

La veterinaria advierte de riesgos sanitarios

Las condiciones descritas en el informe también preocupan a Alba Nieto por sus posibles consecuencias para la sanidad animal y la seguridad alimentaria. La veterinaria advierte de que la presencia prolongada de cadáveres en descomposición en contacto con gallinas vivas y con las superficies donde se alimentan puede favorecer la transmisión de agentes infecciosos entre las aves.

A ello se suma la acumulación de excrementos y otros restos orgánicos, que, según la profesional, dificulta la limpieza y desinfección de las instalaciones y favorece la presencia de insectos y roedores. Estas circunstancias pueden comprometer las medidas de bioseguridad destinadas a evitar la propagación de enfermedades dentro de la explotación.

El informe también pone el foco en la seguridad de los huevos destinados al consumo humano. Las gallinas ponedoras están sujetas a programas de control de salmonela y, según la veterinaria, las condiciones higiénicas observadas y el contacto de los huevos con excrementos y materia en descomposición constituyen factores de riesgo de contaminación. La veterinaria advierte de que esta contaminación puede afectar a la cáscara y, en determinadas circunstancias, también al contenido del huevo.

El informe también pone el foco en la seguridad de los huevos destinados al consumo humano

Otro de los aspectos que señala es la vigilancia de enfermedades como la gripe aviar, que puede afectar a las aves y requiere medidas específicas de prevención y detección. Según el informe, una mortalidad elevada que no se investigue, unida a deficiencias en la retirada de cadáveres, puede dificultar la detección temprana de enfermedades de declaración obligatoria.

Posibles incumplimientos de la normativa

A partir de las condiciones documentadas en las imágenes, la veterinaria Alba Nieto considera que podría haber incumplimientos de varias obligaciones legales en materia de bienestar animal, higiene y bioseguridad, lo que incluye normativa autonómica, estatal y europea. Entre ellas, la obligación de mantener a las gallinas en condiciones que no les causen “dolores, sufrimientos ni daños inútiles”, recogida en el Real Decreto 348/2000 y en la Ley 32/2007.

Además, la normativa obliga a inspeccionar a todas las aves al menos una vez al día y atender sin demora a las que estén enfermas o heridas, como se recoge en el Real Decreto 3/2002 y en Real Decreto 348/2000. Este último también establece la obligación de disponer de iluminación apropiada para realizar una inspección completa de los animales.

Las imágenes de animales atrapados, caídos o moribundos, junto con la presencia de heridas sin que se aprecie atención veterinaria, llevan a la profesional a señalar posibles deficiencias en la vigilancia y el cuidado de las aves. El Real Decreto 637/2021 establece en su artículo 6.12.h) que las explotaciones deben disponer de medios adecuados para la observación y el confinamiento de los animales enfermos, heridos o sospechosos de padecer una enfermedad contagiosa. En las instalaciones con varios niveles, estos deben poder inspeccionarse directamente y sin obstáculos, como apunta el Real Decreto 3/2002.

El informe señala asimismo posibles incumplimientos relacionados con la retirada de cadáveres y la limpieza de las instalaciones. El Real Decreto 3/2002 exige retirar diariamente las gallinas muertas en el anexo y el Real Decreto 637/2021 mantener las instalaciones suficientemente limpias y efectuar su limpieza y desinfección entre manadas, con medidas de desratización y, cuando proceda, desinsectación.

Además, las acumulaciones de excrementos, los cuerpos en distintos estados de descomposición y la falta de un sistema adecuado de almacenamiento descritos en el informe son algunos de los hallazgos que podrían apuntar a deficiencias en el cumplimiento de estas obligaciones.

El Real Decreto 637/2021 establece la obligación de disponer de medios suficientes para la recogida y el almacenamiento de cadáveres y otros subproductos animales no destinados al consumo humano. Por su parte, el Real Decreto 348/2000 exige que los materiales y equipos en contacto con los animales no resulten perjudiciales y puedan limpiarse y desinfectarse a fondo. El Real Decreto 637/2021 contempla la obligación de disponer de sistemas efectivos para proteger a las aves del contacto con animales silvestres.

“La determinación definitiva del cumplimiento o incumplimiento normativo, así como la eventual calificación administrativa de los hechos, corresponde a la autoridad competente, previa inspección oficial y acceso a la documentación de la explotación”. El informe, concluye, se limita a señalar la “compatibilidad de los hallazgos observados con posibles incumplimientos” de las obligaciones legales citadas.