La comunidad educativa del CEIP Son Pisà, en Palma, vive desde la semana pasada una situación sin precedentes. La incorporación de un profesor interino con una sentencia firme por acoso a un menor ha desencadenado una huelga de familias que ha llegado a superar el 60% de seguimiento y mantiene todavía a cerca de la mitad del alumnado fuera de las aulas. “El colegio ha dejado de ser un lugar seguro”, asevera Miguel Palou, uno de los progenitores.

La protesta comenzó tras conocerse que el docente, Miquel Roldán, se incorporaría como sustituto en una clase de primaria. El profesor fue sentenciado a un año de cárcel y al pago de 6.000 euros de indemnización por acosar a un exalumno y su presencia ya había desencadenado movilizaciones en otros colegios. La resolución judicial no lo inhabilitó. elDiario.es se ha puesto en contacto con Roldán, quien se remite a las manifestaciones que recientemente hizo públicas en redes sociales, donde defiende su posición y cuestiona el relato que sostiene la protesta. “Mi caso no es mediático por la gravedad de los hechos, sino por la gravedad de los bulos que lo rodean”, asevera.

Mientras el malestar crece entre las familias, la Conselleria de Educación afirma que su margen de actuación es limitado. El titular de este departamento, Antoni Vera, señala que la administración autonómica no puede apartar al docente y que la clave está en el marco legal estatal. El profesor, recuerda, no está inhabilitado, lo que impide tomar medidas disciplinarias o administrativas contra él. “Mis competencias acaban cuando comienza la ley estatal”, espetó el conseller durante el pleno celebrado el pasado martes en el Parlament balear, derivando responsabilidades al Gobierno central, al que urge a modificar la legislación vigente para impedir que casos como este vuelvan a repetirse. elDiario.es se ha puesto en contacto con el Ministerio de Educación para confirmar el margen de actuación de las autonomías en este tipo de casos, pero no ha obtenido respuesta hasta el momento de la publicación de este reportaje.

“Ninguna respuesta clara”

En el exterior del colegio, la escena refleja la fractura que atraviesa la comunidad educativa: mochilas que no cruzan la puerta, grupos de familias que se organizan y carteles que recuerdan la ausencia de decenas de alumnos. Es el ambiente que se respira y se respiraba la tarde del pasado martes. Acaba de llevarse a cabo una reunión con la directora de la Oficina Balear de la Infancia y la Adolescencia (OBIA), Esther Balaguer, en la que, lamentan las familias, no obtuvieron “ninguna respuesta clara”. Ante la previsión de que el docente continúe en el centro, decidieron mantener la huelga de forma indefinida.

La participación en el paro, no obstante, empieza a acusar el desgaste de los días. Las dificultades para conciliar han reducido el seguimiento hasta situarlo en torno al 48% en algunas jornadas, aunque el malestar se mantiene intacto. Las familias dan por hecho la continuidad del profesor, quien cubre una baja, y han decidido dar un paso más: llevar el caso al Defensor del Pueblo al considerar que se podrían estar vulnerando los derechos de los menores. Mientras tanto, preparan nuevas acciones de protesta, como una sentada en las inmediaciones del centro, en un pulso que, lejos de apagarse, amenaza con cronificarse.

La huelga en el CEIP Son Pisà no fue inicialmente una convocatoria organizada, sino una reacción inmediata de las familias ante la llegada del docente. “El primer día fue de manera espontánea, por miedo”, explica Palou, vocal de la Asociación de Padres y Madres (Apima) del colegio, en declaraciones a este periódico. Ese temor se tradujo en cifras: al día siguiente de la incorporación del profesor, cerca del 40% del alumnado no acudió a clase en un gesto que anticipaba la magnitud del conflicto.

Miedo y nerviosismo

Marina Covas, también representante de los padres y madres, detalla cómo se produjo ese primer punto de inflexión. “Las familias estaban muy asustadas”, señala. A partir de ahí, la reacción fue rápida: “El mismo miércoles [de la semana pasada] hicimos una reunión con unas 200 familias y se decidió hacer huelga, o sea, no llevar a los niños y niñas a clase”. El seguimiento creció en cuestión de días hasta superar el 60% en un centro con cerca de 500 alumnos. Sin embargo, la protesta convive con dificultades prácticas: “Muchas familias no tienen posibilidad de conciliación. Nos apoyan, pero no la han podido hacer de otra manera”, apunta Marina.

Más allá de las cifras, la percepción de inseguridad se ha convertido en el eje del conflicto. “Al final, las familias tienen miedo. Los niños tienen miedo. Estamos privando a nuestros hijos de su derecho a la educación”, subraya Palou. Ese clima, asegura, hace inviable la normalidad educativa: “¿Cómo puede un maestro ejercer su profesión si los niños están así? Al final, lo que está pasando en nuestro centro es que él [en referencia al docente] genera miedo y nerviosismo, con lo cual se corta el funcionamiento normal del colegio”.

La huelga, de hecho, está generando un fuerte conflicto interno entre las familias. Muchas aseguran sentirse atrapadas entre dos derechos: la seguridad y la educación. “Hagamos lo que hagamos, nos sentimos mal. Si no los traemos, no siguen su proceso educativo. Nuestros hijos se han quedado en medio de un fuego cruzado”. La situación ha tenido consecuencias directas en la vida escolar. Marina explica que actividades previstas, como las de Sant Jordi, fueron suspendidas debido a la baja asistencia. “Los niños tenían mucha ilusión porque había un concierto y un mercadillo”, relata. “Nos cuesta entender que por los derechos laborales de una persona se paralice el funcionamiento de todo un colegio”, reflexiona.

Ante este escenario, las familias han reclamado apoyo institucional, incluyendo asistencia psicológica. Sin embargo, Palou cuestiona la eficacia de estas medidas si no se aborda el origen del problema: “¿Cómo vas a apoyar psicológicamente a los niños con el maestro allí?”. Tanto Palou como Covas insisten en que no pretenden cuestionar la legalidad del caso, sino sus consecuencias. “Entendemos que esta persona tiene sus derechos laborales”, insiste ella.

Las familias reclaman soluciones que eviten el contacto del docente con menores y alertan de que el problema no se limita a este centro. Al tratarse de un profesor interino, éste puede ser destinado a otros centros cuando termine la sustitución actual, algo que inquieta especialmente a las familias: “Esto va a ir rebotando de colegio en colegio”, advierte Palou.

La versión del docente

Roldán, por su parte, publicó esta misma semana un mensaje en Facebook en el que denuncia una campaña de desinformación en su contra: “El problema es que se pretende que la administración actúe en base a esos bulos, algo que obviamente no puede hacer (faltaría más que pudiera), a la vez que se me pide a mí que adapte mis decisiones personales a esos bulos, algo que me resulta repugnantemente ofensivo”. Asimismo, critica tanto a las familias movilizadas como a las instituciones por no haber frenado lo que califica como un “circo”: “Si se hubiese actuado con rigurosidad a principio de curso no estaríamos en esta situación, pero entonces se optó por tolerar el absentismo del alumnado como forma de protesta y señalarme públicamente poniendo en duda mis facultades mentales, sin importar ni el peligroso precedente que se estaba creando ni el daño que se le estaba haciendo a mi imagen pública como docente”, asevera.

Frente al argumento central de las familias -la existencia de un vacío legal que permite a un condenado por acoso seguir dando clase-, el docente ofrece una interpretación completamente distinta: “No se me aplicó ningún tipo de inhabilitación no por un vacío legal, sino porque no se han producido hechos que justifiquen esa medida”, subraya tajante. En esta línea, cuestiona directamente la condena que le fue impuesta, asegurando que los testimonios “nunca presentaron prueba objetiva alguna”.

No es la primera vez que se desencadena una movilización de familias a raíz de la presencia de este docente. A comienzos de curso, su reincorporación en el colegio palmesano Maria Antònia Salvà ya provocó una huelga en la que los padres dejaron de llevar a sus hijos a clase en señal de protesta. Entonces, las familias reclamaban medidas inmediatas para apartarlo del aula ante la alarma generada por su condena en un conflicto que evidenció las dificultades de la administración para dar una rápida respuesta.

Aquel episodio no llegó a resolverse de forma estructural. La Conselleria admitió entonces que “no es fácil” encontrar una solución y trasladó el caso a una comisión paritaria con sindicatos que podía autorizar medidas como un examen médico para valorar si debía ser apartado del contacto con menores. Sin embargo, la falta de una respuesta clara y definitiva dejó el problema latente. Para las familias de Son Pisà, lo ocurrido enel CEIP Maria Antònia Salvà no fue una excepción, sino el precedente de un conflicto que ahora se repite, reforzando la idea de que el sistema carece de herramientas eficaces para evitar que situaciones similares vuelvan a reproducirse.

Miles de personas -más 1.100 en Palma, unas 200 en Menorca y cerca de un centenar en Eivissa, según la Delegación del Gobierno- han salido este viernes a las calles en Balears en la manifestación del Primero de Mayo, marcada por una reivindicación central que atraviesa ya todos los discursos sindicales: la vivienda se ha convertido en el principal factor de empobrecimiento de la clase trabajadora.

En Palma, bajo el lema Derechos, no trincheras. Salario, vivienda y democracia, la marcha ha partido de la plaza de España y ha recorrido las Avenidas hasta el Parc de la Mar, donde los sindicatos han endurecido el tono contra el Govern de Marga Prohens (PP) y contra lo que consideran una falta de respuesta ante la crisis habitacional. Durante el recorrido también ha habido espacio para el rechazo a la guerra en Oriente Medio y para las consignas contra la turistificación.

Antes del inicio, el secretario general de UGT en Baleares, Pedro Homar, ha subrayado la paradoja que atraviesa el mercado laboral: los salarios suben, pero no lo suficiente como para garantizar una vivienda digna. “El mundo del trabajo tiene que responder con un mensaje pacifista”, ha señalado, vinculando las reivindicaciones sociales con la oposición a los conflictos bélicos.

Desde CCOO, José Luis García ha ido un paso más allá al advertir de un deterioro estructural del poder adquisitivo. “La clase trabajadora es cada vez más pobre”, ha afirmado, insistiendo en que la crisis de la vivienda es hoy el principal vector de desigualdad. En este sentido, ha reclamado al Ejecutivo autonómico que declare Baleares como zona tensionada y ha acusado directamente a Prohens de priorizar las directrices del PP estatal frente a las necesidades de la ciudadanía: “Está haciendo más caso a lo que le dicen desde Génova”.

El dirigente sindical también ha situado el conflicto en el terreno democrático, alertando del avance de discursos de extrema derecha entre los jóvenes. “Quieren enfrentar a trabajadores contra trabajadores y llevarnos a las trincheras”, ha advertido, en línea con el lema de la movilización.

En clave política, el portavoz socialista en el Parlament y líder del PSOE de Palma, Iago Negueruela, ha coincidido en señalar la vivienda como el eslabón que impide consolidar las mejoras salariales y de pensiones. Ha denunciado que miles de familias -alrededor de 40.000, según ha indicado- no pueden beneficiarse de esas subidas por el encarecimiento del alquiler.

Ya en el Parc de la Mar, los sindicatos han acusado al Govern de legislar “solo para una parte de la sociedad” y han denunciado una deriva que, a su juicio, incluye la deshumanización en políticas como la regularización de migrantes. También han cargado contra las derechas por su oposición a medidas como la subida del salario mínimo, la limitación de los alquileres o la ampliación de derechos para personas migrantes. “Se han quitado la máscara”, han afirmado.

Durante el acto final, las organizaciones sindicales han reclamado un gran acuerdo estatal en materia de vivienda y han puesto sobre la mesa otras demandas, como la negociación de un convenio para la educación infantil.

En paralelo, una segunda manifestación convocada por CNT y CGT ha recorrido el centro de Palma hasta los jardines de s’Hort del Rei, evidenciando la pluralidad del movimiento sindical en la jornada.

Un niño pega la nariz a un mostrador repleto de helado artesanal. Hay más de veinte sabores, pero el pequeño cliente tiene claro qué quiere de merienda.

–¡Papá, pistacho y fresa!

Francesca Basta toma un cucurucho y lo corona con dos bolas –verde y rosa– mientras explica: “Ahora estamos en temporada alta porque nuestra clientela es sobre todo gente local. Como ya hace buen tiempo y apetece un helado, vienen familias enteras. Cuando empieza en serio la temporada turística es más difícil verlas: el padre o la madre está trabajando”. El acento italiano de la heladera está muy matizado porque lleva bastante tiempo en Eivissa. Hace más de una década que cambió los Alpes –es de Varese, muy cerca de la frontera entre la Lombardía y Suiza– por el Mediterráneo. Su negocio está situado dos metros por encima de es Caló des Moro, una caleta en la que termina el casco urbano de Sant Antoni de Portmany. 

Este tramo de costa en el que se mezclan vecinos y turistas al caer la tarde porque mira a poniente –la puesta de sol es espectacular– es un territorio abigarrado. Pisos de lujo construidos durante la última década, un edificio de tres bloques que se alzó entre los setenta y los ochenta para alojar a los currantes de hoteles y restaurantes, terrazas donde pinchan electrónica y varios hoteles de distinto tamaño. Todos tienen piscina. Que “tres establecimientos” las llenaran utilizando agua de la red pública provocó un corte en el suministro que afectó a ese bloque de tres edificios en el que Francesca tiene su heladería. Desde las siete de la mañana y hasta las seis de la tarde muchos vecinos se quedaron sin presión. Así lo reconoció a Diario de Ibiza un portavoz de la Sociedad de Fomento Agrícola Castellonense (FACSA), la empresa que controla el abastecimiento y el saneamiento hídricos de este municipio ibicenco.

En declaraciones a ese mismo medio, Josefa Torres, concejala de Medi Ambient, minimizó el problema: “Hubo un pequeño problema de presión durante unas horas. No es algo que suela pasar mucho, pero nos pasa a veces, y más ahora, pues todos los establecimientos hoteleros y comercios de la zona turística empiezan a abrir y se conectan”. Los testimonios de varios residentes que prefieren conservar el anonimato son completamente distintos. “Los grifos se secaron” en unos domicilios donde ya están “acostumbrados” a que el agua corriente mane sin fuerza “por la demanda del turismo”: “Apenas hay presión en los pisos más altos del edificio”. En julio o agosto puede ser una odisea ducharse en la séptima planta.

“El último corte, por suerte, no nos afectó, pero sé muy bien de qué se trata”, cuenta Francesca. “Cogí este local en 2013 y todas las temporadas ocurre dos, tres, cuatro veces. No le veo un patrón, puede pasar en cualquier momento de mayo a septiembre. Para nosotros es catastrófico. Si nos cortan el agua por la noche, lo pierdo todo”. La heladera subraya sus palabras señalando unas tarrinas –tiramisú, limón, chocolates, stracciatella, flaó eivissenc, vainilla– que no tardan mucho más de una hora en derretirse si el sistema de refrigeración –que se alimenta de agua– se detiene.

El único alivio para Francesca es sufrir el corte a plena luz del día. Aunque haga más calor, el contratiempo le pillará dentro del negocio. Entonces, se arremangará y transportará las cubetas de helado hasta una cámara frigorífica donde el producto podrá resistir hasta que vuelva a correr el agua. Lo que no podrá es seguir calmando la gula de sus clientes: “Ese es el problema: si nos cortan el agua, o si baja mucho la presión, tengo que cerrar. Ni puedo servir ni puedo producir helado. Está claro que en verano hay mucho consumo, pero lo que me extraña es que se pongan a rellenar piscinas con agua de la red pública. ¿No estaba prohibido?”

Ese es el problema: si nos cortan el agua, o si baja mucho la presión, tengo que cerrar. Ni puedo servir ni puedo producir helado. Está claro que en verano hay mucho consumo, pero lo que me extraña es que se pongan a rellenar piscinas con agua de la red pública. ¿No estaba prohibido?

Francesca — Heladera

Un documento guardado en un cajón

La duda de Francesca tiene diferentes respuestas. Todo depende del lugar de Eivissa en el que se pregunte. Sant Antoni de Portmany carece de reglas que controlen el despilfarro hídrico que provoca vaciar y llenar una piscina. En noviembre de 2024, la Aliança per l’Aigua presentó al Consistorio un borrador sobre el que se podía basar la normativa. Esta organización sin ánimo de lucro trabaja a nivel balear para lograr una gestión sostenible de un recurso tan básico como escaso y, anteriormente, ya había asesorado a los ayuntamientos de Santa Eulària des Riu o Sant Josep de sa Talaia. Allí es obligatorio realizar tratamientos de forma continúa, avisar a los técnicos municipales cada vez que se vacía una piscina y reutilizar el líquido sobrante. Rellenar con agua de la red es motivo de multa.

“Vivimos en una situación de crisis permanente: no se trata de seguir creciendo en infraestructuras, sino de ser más eficientes y aprovechar mejor el recurso. La relación es clara: menos agua y más demanda. Esa combinación nos hace cada vez más vulnerables. No se puede pedir esfuerzo solo a una parte –los residentes– cuando la presión turística sigue aumentando”, razona Juan Calvo Cubero, el científico que dirige la Aliança per l’Aigua. 

En la Badia de Portmany la emergencia hídrica es profunda: Sant Antoni –28.000 habitantes, 19.500 plazas turísticas– ha tenido que instalar una segunda desaladora –portátil– porque el sobreconsumo ha esquilmado sus acuíferos. Los vertidos son frecuentes, afectan al ecosistema marino desde hace décadas y obligan a cerrar playas como es Caló des Moro. Sin embargo, el documento que la Aliança per l’Aigua entregó hace un año y medio sigue en un cajón. Los ecologistas lamentan que el Ajuntament de Sant Antoni no haya desarrollado todavía ninguna ordenanza. En el pleno de abril, el PSOE también reclamará que se tomen medidas urgentes. Una de ellas, “sanciones graves para aquellos establecimientos que, por un uso negligente o masivo del agua de red, provoquen un desabastecimiento o la pérdida de presión en los hogares de los vecinos”. 

El equipo de gobierno –mayoría absoluta del PP, la formación hegemónica desde finales de los ochenta– ha rechazado realizar declaraciones a elDiario.es. Tampoco ha permitido que hable con este periódico un portavoz de FACSA. La empresa gestiona el servicio municipal de Sant Antoni desde hace siete años –cuando gobernaba un pacto de centroizquierda– tras firmar un contrato que no vencerá hasta 2043. En teoría, la privatización del agua dejará en las arcas públicas 38 millones de euros por los cánones sobre los beneficios que la adjudicataria debe ir abonando.

elDiario.es también se puso en contacto con los tres hoteles que están más cerca de los domicilios afectados por el corte de agua. Sólo uno de los establecimientos contestó, el Hotel & Spa Blau Parc, propiedad de una cadena ibicenca que responde al mismo nombre comercial. “Nosotros no hemos sido causantes de este tema”, explicó Sandra Rodríguez Tur –la directora del complejo– por correo electrónico: “Al revés, cuidamos mucho el gasto de agua y mantenemos las piscinas tratadas todo el invierno y para hacer las reparaciones, pasamos el agua, con bombas, de una piscina a otra para no tirarla. No hemos sufrido cortes, porque trabajamos con una cisterna, lo que también hace que podamos controlar la presión”.

Cubos de agua marina para poder ir al baño

Un perro chico corretea entre cuatro piernas. Son las siete de la tarde cuando Isabel y María vuelven a casa después de dar un paseo junto al mar. Antes de llegar al portal de su casa, estas amigas –que también son vecinas– dejan atrás la terraza de un hotel donde se celebran fiestas cada semana –en ese momento suena con fuerza A Night in the Room, un tema house del productor japonés Yuichi Inoue–; las obras de “unos apartamentos de alto standing en primera línea de mar con piscina y garaje” –eso dice el anuncio de la valla–; la piscina –vacía– de un hotel que aún no ha abierto puertas; una caleta de arena y rocas en la que guiris jóvenes se mezclan con las abuelas que bajan a bañar a los nietos; un gimnasio a reventar; la heladería de Francesca; una cervecería patas arriba: los dueños y un par de currelas se afanan en barnizar la barra y el mobiliario mientras un altavoz portátil reproduce Dogs Days Are Over de Florence and the Machine. La caminata de Isabel y María es un travelling a cámara lenta que anuncia una temporada turística a punto de inaugurarse. 

Ellas no le echan cuentas a lo que ven, ya son muchos veranos a sus espaldas, y van hablando de sus cosas en un castellano que no ha perdido su deje sureño pese a que ambas han pasado media vida en la isla. Desde que se construyó, el Jamaica –el edificio de tres bloques que se queda sin agua cuando el turismo tiene sed y las tuberías de Sant Antoni piden auxilio– es una pequeña Andalucía.

–Disculpen, ¿a ustedes les cortaron el agua hace un par de semanas?

Isabel pone cara de póquer, no quiere contestar. Con mucho recelo, María toma la palabra.

–Eso me dijeron algunos vecinos. Yo no me enteré. Estaba trabajando.

–¿Pero es algo raro que les corten el agua o les pasa a menudo?

–¿Que si pasa a menudo? Alguna vez he tenido que bajar para llenar dos cubos con agua de mar. Si no, ni al baño puedo ir. ¡No hay presión en casa!

El 29 de abril de 1986, Balears veía promulgada la ley de normalización lingüística, aprobada bajo el mandato de Gabriel Cañellas (AP/PP) con el respaldo unánime de todas las fuerzas políticas. Su objetivo, revertir la marginación histórica de la lengua catalana -reconocida como propia en el Estatut d'Autonomia aprobado tres años antes-, hacer efectiva su oficialidad y garantizar el derecho de la ciudadanía a utilizarla en todos los ámbitos, especialmente en la administración, la educación y los medios públicos. Cuatro décadas después, la efeméride llega cargada de simbolismo y de tensión: lo que entonces fue un acuerdo transversal para dignificar el catalán, hoy se conmemora en un clima político marcado por las políticas de retroceso impulsadas por PP y Vox durante esta legislatura.

Ese consenso es hoy uno de los elementos más recordados -y también más añorados- del texto, nacido con una idea clara: garantizar que cualquier ciudadano pudiera vivir en catalán en las Islas, un objetivo que, tal como acreditan datos oficiales, investigadores y estudios, dista aún de haberse cumplido plenamente: el imparable crecimiento de la población desde la década de los sesenta, cuando residían en Balears 400.000 personas –en contraste con los más de 1,2 millones actuales–, la presión turística y el predominio del castellano en ámbitos como el comercio, la justicia o el entorno digital han ido desplazando progresivamente su presencia cotidiana.

El informe, que apunta al incremento considerable de la “fragilidad” de la lengua catalana, subraya que el aumento de la población alóctona (originaria de otro país) y alóglota (hablante de otros idiomas) ha repercutido de forma directa en el retroceso de los conocimientos de catalán y de los usos que de él hace la ciudadanía en su conjunto. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el 94,1% de la población residente en Balears habla bien el castellano, porcentaje que desciende al 59,5% en el caso del catalán.

No en vano, la última 'Enquesta d'Usos Lingüístics a les Illes Balears', publicada por el Grup de Recerca Sociolingüística de les Illes Balears (Gresib) en 2014 y revisada en 2018, apunta al incremento considerable de la “fragilidad” de la lengua catalana y subraya que el aumento de la población alóctona (originaria de otro país) y alóglota (hablante de otros idiomas) ha repercutido de forma directa en el retroceso de los conocimientos de catalán y de los usos que de él hace la ciudadanía en su conjunto. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el 94,1% de la población residente en Balears habla bien el castellano, porcentaje que desciende al 59,5% en el caso del catalán.

El aniversario de la ley ha servido para escenificar el abismo político actual. Desde Més per Mallorca, su portavoz, Lluís Apesteguia, ha apelado este miércoles a recuperar el espíritu de 1986: un gran acuerdo que permita actualizar la norma y extenderla a ámbitos como el comercio, el cine o el ecosistema digital. En este contexto, el dirigente ecosoberanista ha señalado directamente a los “enemigos históricos” de la normalización, situando en esa línea al PP de José Ramón Bauzà -cuyo mandato dejó episodios de fuerte conflictividad lingüística, lo que llevó a una contestación social sin precedentes bajo el paraguas de la 'marea verde'- y, en la actualidad, a Vox, socio parlamentario del Govern de la popular Marga Prohens.

En la misma línea, la presidenta del Congreso y líder del PSIB-PSOE, Francina Armengol, ha recriminado el “arrinconamiento” progresivo del catalán, recordando que la ley oficializó el catalán como la lengua propia de Balears y fijó el objetivo de garantizar su uso normal en todos los ámbitos, desde la administración hasta la educación. “Esa ley fue fruto de un tiempo de consenso, de una mirada larga y de un compromiso profundo con nuestra identidad colectiva. Entendió que la lengua no es solo un instrumento de comunicación, sino también una manera de ser y de expresar nuestra identidad y cultura”, ha manifestado en un mensaje publicado en X.

La expresidenta del Govern balear ha lamentado que cuadro décadas después de la aprobación de esta norma, el catalán “continúa vivo, pero también amenazado”. A su juicio, el actual Ejecutivo lo va “arrinconando cada vez más” y “debilita” su presencia en las instituciones, en la educación y en el espacio público. “Esto no es casual, es una decisión política que pone en riesgo derechos que habían costado décadas de construir”, ha lamentado, para después hacer un llamamiento a alzar la voz para “decir claro que normalizar una lengua es garantizar derechos, es asegurar que cualquier persona pueda vivir plenamente en catalán”.

Frente a estas críticas, la presidenta autonómica, Marga Prohens, ha reivindicado la ley como una herramienta para garantizar la convivencia del catalán y el castellano “con normalidad, tranquilidad y desde el respeto”. La líder balear también ha destacado el papel de la norma en la conservación del catalán y sus modalidades insulares al garantizar su aprendizaje y difusión: “Ha acercado nuestra lengua de manera amable, haciéndola llegar a nuevos hablantes y manteniéndola viva como un legado para nuestros hijos”.

Durante esta legislatura, sin embargo, las políticas lingüísticas impulsadas por el Govern del PP con el apoyo -y la exigencia- de Vox han abierto una brecha entre ese discurso y la práctica. Las medidas impulsadas por ambos socios de investidura han girado en torno a la introducción de la “libre elección de lengua” en la enseñanza, la flexibilización o eliminación de los requisitos de conocimiento de catalán en la administración y el blindaje del español como lengua vehicular. En conjunto, se trata de un paquete de actuaciones que, según conservadores y extrema derecha, buscan garantizar la “libertad lingüística”, pero que colectivos educativos y sociales perciben como un cambio de orientación respecto al modelo de normalización lingüística vigente desde la década de los ochenta.

“Mi nombre es Yamile Elisabeth Mora”. La mujer que dice su nombre y apellido está sentada sobre una maleta, las lumbares recostadas contra la tapia grafiteada de un estadio de fútbol, las cervicales inclinadas hacia la pantalla del móvil. Junto a ella hay un arcón de plástico transparente repleto de bolsas –de plástico fino y de plástico duro– del que sobresale el manillar de lo que parece un patinete pero resulta ser un montacargas de aspecto ligero. El arcón está cerrado y en la tapa descansa una mochila de color de rosa. Son las diez menos diez de la mañana: unos minutos antes, Yamile cruzaba la calle empujando el montacargas, las asas de la mochila encima de los hombros. Estaba haciendo una mudanza –forzosa– hacia ninguna parte. 

Hasta hoy –y desde hace diez meses– esta venezolana –con NIE: en España desde 2019– vivía en un terreno situado en la periferia burguesa de Vila, el topónimo popular del municipio de Eivissa. Su casa era una furgoneta por la que pagaba un alquiler de 550 euros, pero a ojos de la ley era una okupa. Las imágenes de su desahucio son una réplica de los cinco desalojos que en menos de dos años han eliminado otras villas miseria situadas en el anillo que rodea la capital ibicenca. El drama desaparece –como la semana pasada en sa Joveria– para emerger en otro punto de la isla. El último caso documentado es Casa Lola, un lugar célebre por albergar villas turísticas que se derribaron tras un maratoniano proceso en los tribunales por haberse construido sin licencia. En este terreno del municipio de Sant Josep también se paga por aparcar una caravana para habitarla. Algo ilegal.

En el barrio de Can Misses –donde vivía Yamile– una orden con membrete del juzgado de instrucción número 1 de Eivissa que se emitió a mediados de marzo llenó esta mañana la parcela de agentes de la Policía Nacional y la terminó de vaciar de habitantes. Justo en la víspera del 1 de mayo, el arranque oficioso de la temporada turística. Cuando la venezolana salió del terreno apenas quedaban dos personas dentro. Hace unos días, sin embargo, eran cerca de un centenar.

“Todos se han ido, sobre todo los que tenían hijos”, dice Yamile. Pese a que acaba de cumplir su primer año en la isla, ya ha sufrido dos desahucios. Ninguno en una vivienda con paredes, techo, cédula de habitabilidad y referencia catastral: “Antes de venir para aquí vivía en el terreno del IKEA [otra zona del extrarradio vilero conocida como es Gorg]. Entré allí en marzo y en junio o julio nos estaban sacando y me vine para este lado. Yo alquilaba una furgoneta y el dueño de la furgoneta la había movido para aquí. No llegué a comprarla porque yo no tengo carné de conducir y decidí pagar alquiler. Ayer se la llevó la grúa. El dueño ha aprovechado [el desalojo] para llevarla al taller”. 

Yamile cuenta su historia y por delante de sus ojos pasan camisetas y zapatillas de tonos fosforitos. El miércoles se ha levantado fresco y hay quien aprovecha para salir a correr. Unos metros más abajo, los futbolistas de la Unión Deportiva Ibiza –sueldos de seis cifras– que juegan los domingos a mediodía en el campo que Yamile tiene a sus espaldas –una instalación municipal patrocinada Palladium, la hotelera de la familia Matutes– también sudan: están entrenando mientras culmina el desalojo de un terreno desde el que se podía seguir –con visibilidad reducida– sus partidos en la tercera categoría del fútbol español.

La comitiva judicial

Cuando los últimos residentes del poblado ya se han ido, entra la comitiva judicial. Recorren los 23.803 metros cuadrados con la carpeta bajo el brazo. Ven somieres, sillas de plástico, una macedonia de enseres esparcidos por los senderos abiertos entre bancales (que delatan el pasado agrícola de la finca) y una vegetación formada por arbustos y pinos (que debieron crecer cuando la tierra quedó baldía). Una de las funcionarias apoya la carpeta en uno de los muebles que se quedaron olvidados –una especie de aparador sobre el que se ven cestos de mimbre y una tabla de cocina–, toma unas notas, revisa sus papeles.

Horas después, los vehículos pesados –grúas y excavadoras– borrarán los hogares que no habían podido desmontar: alguna roulotte, chamizos de madera cubiertos por lonas, tiendas de campaña a la venta en cualquier gran superficie. Pero, a diferencia de otras ocasiones, no habrá forcejeos, gritos, llantos o activistas tratando de frenar –o al menos retrasar– lo inevitable. El campamento está vacío. Los antidisturbios no tendrán que quitarse el casco de la cintura para ponérselo en la cabeza ni blandir la porra, alguna con decoración rojigualda en el mango.

Sin imágenes dentro del terreno

Fuera, dos funcionarias de los servicios sociales del Ajuntament d’Eivissa –vestidas con chalecos reflectantes– observan cómo un policía se dirige con educación exquisita a los periodistas que cubren la noticia para hacerles un anuncio. La voz –acento canario– se hace oír entre el zumbido de los coches y los camiones que circulan rápido por la circunvalación de cuatro carriles que marca el límite del terreno:

–La propiedad no ha dado permiso para que entren las cámaras a grabar y hacer fotos. Sintiéndolo mucho, no les podemos dejar que pasen.

Nadie podrá cruzar la misma reja cuadriculada que los dueños instalaron para evitar –sin éxito– la okupación del terreno, Mariano Ramón Suñer, el abogado del principal propietario había recordado antes que esta demanda que termina en desahucio se presentó “hace catorce meses”. Su cliente es el grupo hotelero Inmo Sirenis. Desde hace años, hay infraviviendas en esa parcela. Es una de las pocas que están por construir en uno de los barrios más cotizados de la isla y, por su cercanía al centro, era un caramelo para quien tuviera que buscarse las habichuelas en una isla donde el acceso a la vivienda es cada vez más prohibitivo. Por eso, entre julio y agosto de 2025 brotaron las barracas en el terreno. Los desalojos de es Gorg y de Cas Bunets –conocido como Can Rova II– lo provocaron. 

Un futuro incierto

¿Y ahora qué? Para Yamile, el futuro es incierto, empezando por el más inmediato: “No sabría decirte dónde pasaré la noche. Si te dijera que en un hotel, te mentiría porque no tengo dinero”. Trabajo, según cuenta, sí tiene y formación, también. Va dos horas al día a limpiar una sucursal de Bankinter –“barro y friego el piso, saco el polvo…”– y se ha “movilizado” para echar otra temporada como “terapeuta de la rama muscular”.

–¿Es usted fisioterapeuta, como decimos en España?

–Esa es mi formación. El verano pasado trabajé para una empresa que ofrecía masajes descontracturantes en hoteles. He metido papeles en hoteles, a ver si este año me pueden hacer un contrato directamente. Yo tengo bisabuelo italiano y bisabuela española que emigraron a Venezuela, pero cuando arreglé mis papeles no me tuve que valer de mis antepasados. No se crea que me conformo con vivir así, quiero una habitación digna que pueda pagar.

–¿Cuánto ganaba el verano pasado?

–Unos 1.600 euros, trabajando seis días a la semana, que hay que aprovechar la temporada. Pero es que cuando una busca un alquiler le piden fácil mil euros –y tres o cuatro meses de fianza– por compartir un espacio chiquito con cinco personas más.

–¿La furgoneta que alquiló era más cómoda que las habitaciones que ha visto anunciadas? ¿Estaba camperizada?

–Sí, tenía su porchecito y todo. Una cama, de madera, en la parte de arriba y espacio abajo para guardar las cosas. Estaba bien equipada. Yo he vivido bien allí dentro. Me metía en mi furgoneta cuando volvía del trabajo y no tuve problemas con nadie. La mayor parte de la gente era paraguaya, simpática y trabajadora, todos con empleo. Pero no estábamos en casas de verdad. Lo peor, claro, era buscarte la vida para ducharte, traer agua cada dos por tres para llenar una ducha portátil, de las de Decathlon.

–¿Y qué va a hacer con sus pertenencias, Yamile? ¿Sabe, al menos, dónde las podrá guardar? ¿Lo ha podido solucionar?

–No… no he podido solucionarlo. Una amiga se ha ofrecido a alojarme en su casa, pero no quiero ir porque ella tiene dos hijos y también es un espacio muy pequeño. Mis cosas las tengo en la furgoneta de una señora que me está haciendo el favor de guardarlas. Esto que ves aquí [señala el arcón-cambalache y la mochila] son las cosas de un amigo que también vivía allá. Se las cuido porque él trabaja repartiendo en Eroski y ha tenido que ir a trabajar esta mañana pronto.

“En TikTok vi que la gente ganaba bien en Ibiza”

Entonces, el rompecabezas encaja: al cruzar la calle dentro de la caja de plástico transparente podía leerse una frase impresa en una bolsa: És bo que sigui d’aquí, es bueno que sea de aquí. La publicidad para promocionar el producto de km0 de la cadena de supermercados que, según el testimonio de Yamile, le paga un sueldo a un trabajador que no puede pagar una vivienda en Eivissa. Un equilibrio imposible a nivel financiero del que resulta “difícil escapar”.

–Claro que he pensado en irme –dice la venezolana antes de añadir con sorna– pero esta isla no me deja.

–¿No es lo que imaginó antes de venir, verdad?

–¡No! A mí me emocionó lo que veía en TikTok. Que la gente ganaba bien en Ibiza y eso… Y que se podía trabajar de lo que me formé. Por eso vine.

El scroll de vídeos cortos fue, según Yamile, lo que la llevó a abandonar el circo en el que tuvo “la suerte de conocer gran parte de España” durante unas giras en las que se metía en el papel de algunos personajes que aparecían en las funciones que representaban. Como Úrsula, la villana de La sirenita que dibujó la factoría Disney.

–¿Y no volvería al circo?

–Este… lo he pensado, pero no quiero rendirme. Donde tengo claro que no volvería es a Venezuela. Yo soy de Falcón [un estado caribeño justo entre Caracas y Maracaibo] y, aunque ya tengo siete años lejos de allí, sé que ahorita todo está peor que cuando me fui. Desde que entró el Chávez el país ha decaído. Yo tenía catorce o quince años cuando llegó al poder.

Formentera es el epicentro de la gentrificación turística en el archipiélago balear. El precio del metro cuadrado ha superado los 9.000 euros durante el mes de abril, muy por encima de los 5.100 metros cuadrados de Palma. La pitiusa del sur también pasa por encima de Santa Eulària des Riu (Eivissa), que ha alcanzado casi los 8.200 euros por metro cuadrado, siendo este municipio ibicenco uno de los más caros de España. En este contexto, residentes, temporeros y trabajadores públicos tienen cada día más dificultades para acceder a una vivienda digna. Pese a todo, la médica de urgencias Candela, que buscaba piso urgentemente para entrar este mes de abril, ha conseguido una solución hasta el mes de diciembre.

“Un trabajador del hospital [de Formentera] me dijo que su prima, que vive en Barcelona, tiene dos casitas en Formentera. Me dijo que estaba interesada en alquilar”, explica Candela a elDiario.es. Es una casa de campo situada entre los núcleos de Sant Ferran de ses Roques y Es Pujols. Una habitación, un baño, cocina reformada y una terraza por 900 euros al mes. Antes de la firma del contrato, negociaron que los caseros pudieran disfrutar de la vivienda durante el mes de agosto. “Es un mal menor”, afirma la médica.

Durante ese mes, estará viviendo entre el hospital [que tiene habitaciones para los sanitarios] y Denia, lugar de residencia de sus padres. La urgencióloga trabaja haciendo unas seis guardias al mes, lo que le permite desplazarse mucho a su ciudad natal, que está conectada con ferry directo hacia Eivissa. “Con el contrato que tengo, con seis guardias al mes, no me supone tanto, me encaja”, reconoce. Además, se ha encontrado con una casa bonita, bien amueblada y equipada con todo lo que necesita, lo que le ha facilitado decidirse por esta opción. Durante el mes de agosto, no tendrá que recoger su ropa y objetos personales, que podrá dejar en su piso. “Tengo absolutamente de todo, no necesito comprar nada”, comenta.

[Dejar la casa durante el mes de agosto] es un mal menor. Con el contrato que tengo, con seis guardias al mes, no me supone tanto

Candela — Médico en Formentera

Candela es una médica de urgencias que, como muchas especialistas de la Medicina, recaló en el archipiélago balear después de haber aprobado el MIR con el objetivo de ganar experiencia. Graduada en Enfermería y Medicina, hizo la residencia como médica de familia en el Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid, que terminó en julio de 2025. Los contratos que le empezaron a ofrecer en los hospitales públicos de la Comunidad de Madrid eran precarios y temporales, por lo que la sanitaria se planteó emprender el rumbo hacia un lugar que estuviera más cerca de Denia, su ciudad natal. Fue así cómo terminó en Formentera, como explicó a elDiario.es.

Al llegar a la isla, ya se encontró con un mercado del alquiler devorado por la especulación en torno a la vivienda. Le llegaron a ofrecer “compartir ya no un piso, sino una habitación”, lo que representa una vuelta de tuerca más al trilerismo inmobiliario que padece una isla que solo se lee en clave mercantil. En estos momentos, solo hay un piso en alquiler por debajo de los 1.000 euros: un chalet de 300 metros cuadrados con tres habitaciones que se alquila por 800 euros al mes. Sin embargo, el anuncio de este portal digital especifica que está disponible “para alquiler por temporada”. “Ideal para estancias cortas o medias, vacaciones tranquilas o teletrabajo”.

El siguiente piso más económico que se anuncia es un estudio de 30 metros cuadrados con otros 10 de terraza y zona ajardinada. 1.900 euros al mes. “Establecimiento de larga duración. Estancia mínima 31 noches”. “Precios especiales por: alquiler anual, temporada invernal”. Dispone de una cama doble extra grande, baño completo con ducha y cocina con “equipamiento básico”. “Los pisos de larga duración se encuentran por el boca a boca”, cuenta Candela cuando se le pregunta sobre cómo encontró el suyo. No parece posible acceder a un piso por ese precio –900 euros por un piso de 40 metros cuadrados con una habitación– si no es a través de compañeros de trabajo, amigos o conocidos.

“Cuando había firmado ya este piso, me ofrecieron otro, solo hasta octubre, pero a mí no me servía de nada”, asevera. La temporada turística ya en funcionamiento, va a resultar casi imposible encontrar vivienda en los próximos meses. Sobre todo porque gran parte de los pisos que se liberaron en marzo o abril se destinarán al alquiler turístico.

Tranquilidad hasta diciembre

Candela, pese a todo, se siente “agradecida”. No quería aceptar un piso “de cualquier manera”, en mal estado, con condiciones abusivas o un precio todavía más desorbitado. Y podrá vivir sola. Formentera tendrá, al menos hasta finales de año, una urgencióloga asegurada para dar servicio en unas islas bajo mínimos debido a las dificultades que tiene Balears para retener a trabajadores públicos.

“Los pisos que seguro que hay disponibles cuestan un dineral”, lamenta. En un primer reportaje, dijo que no iba a pagar “1.600 o 1.800 euros por un piso que no lo vale”. “No trabajo para pagar un alquiler, trabajo para vivir”. “Me da tranquilidad haber firmado un contrato tanto laboral como para el piso hasta diciembre”. La búsqueda, que iba fatal, ha terminado momentáneamente. “Estoy muy contenta”, concluye.

“Lo metieron enseguida en una furgoneta y desde ese día no lo volví a ver”. Décadas después de que, el 28 de agosto de 1936, Antoni Sitges Febrer fuese detenido por varios falangistas en Son Macià (Mallorca), uno de sus hijos recordaba con esas palabras el día en que se llevaron a su padre. Casi 90 años después, el Govern balear ha identificado sus restos en el cementerio de Son Coletes, en Manacor, tal como ha anunciado este lunes la directora general de Relaciones Institucionales, Francesca Ramis.

Antoni Sitges, conocido como Morret o des Clot, tenía 46 años, era foraviler -campesino-, estaba casado con Teresa Antich Bisquerra -con quien tenía tres hijos- y ejercía como delegado municipal en Son Macià durante la Segunda República. Un papel modesto, sin apenas poder, pero suficiente para convertirlo en objetivo tras el golpe franquista de 1936. El 28 de agosto de aquel año fue arrestado en su casa y asesinado el 7 de septiembre en Son Coletes. No hubo juicio ni acusación formal.

El relato de su detención y desaparición ha quedado preservado en proyectos públicos de memoria democrática como el Memorial de la Paraula, que recoge el testimonio de Jaume Sitges Antich, uno de sus tres hijos, ya fallecido. Como relata en el documento, varios hombres armados llegaron a su casa, lo obligaron a subir a una furgoneta y nunca regresó.

Su familia intentó salvarlo: al igual que otros dos macianers que junto a él habían sido encerrados en la cárcel de Manacor, Lluís y Tomeu, necesitaba reunir siete firmas que acreditaran que era “persona de bien”, pero solo consiguió seis. El clima de miedo en el pueblo hizo imposible recabar la última. En el caso de Lluís, su madre encontró a siete personas que firmaron por él. No así en el caso de Antoni: “Mi madre encontró seis firmas, entre ellas la del cura”, contaba Sitges Antich en una entrevista publicada por Cent x Cent.

Una tarde en que su madre hablaba con el cura en la calle, pasó a su lado l'amo en Martí Vives. El religioso le dijo: “¿No firmarías para ver si sueltan a Toni Des Clot?”. A unos metros de ellos se encontraba el nuevo alcalde, jefe de la Falange, quien, al ver dubitativo al vecino, le espetó: “Bastarán seis, ¡no importa que firme!”. “No firmó, y no encontramos a nadie más que lo quisiera hacer. Al día siguiente mataron a mi padre”.

Sin embargo, su asesinato se conoció mucho más tarde. Tras la detención, la familia recibió informaciones contradictorias sobre su paradero y, durante meses, las autoridades franquistas comunicaron que Antoni Sitges había sido trasladado a Can Mir, un antiguo almacén de maderas reconvertido en cárcel franquista.  Allí se implementó y normalizó la práctica de las 'sacas': los presos eran 'liberados' y, conducidos bajo engaño por grupos de falangistas, acababan asesinados en las cunetas de las carreteras.

“Nadie nos quería decir nada, y así pasamos los meses sin saber seguro si estaba muerto o vivo. Hasta que yo cumplí 16 años, siete años después. Nos llegó la fe de muerte, el primer papel que certificaba que a mi padre lo habían matado”, relataba Sitges Antich.

La represión que no terminó con la muerte

El testimonio familiar describe también las consecuencias que siguieron al asesinato. Sus hijos crecieron marcados por el estigma. “Los otros chavales no querían que jugara con ellos ni al escondite. Me decían: 'Porque eres rojo, igual que tu padre, que por eso lo mataron'”, recordaba Sitges Antich. Las autoridades locales intentaron imponerles símbolos del régimen, y la familia vivió bajo vigilancia y marginación social.

Un día -prosigue el relato-, el cura le dijo a su abuela: “Tengo que darte un paquetito”. Iba dirigido a su hija, Teresa, viuda de Antoni Sitges. “Eran los seis reales que habíamos enviado a mi padre para comprar tabaco en la prisión, y alguna cosa más, ahora no me acuerdo. El cura, que lo confesó antes de morir, lo guardó. Pasaron años antes de que esto llegara a casa”.

Con el paso del tiempo, la familia intuía que Antoni Sitges había sido enterrado en Son Coletes, uno de los principales escenarios de la represión en Mallorca: “Sale su nombre en algún libro y sabemos que es en Son Coletes, dentro de una fosa, pero no sabemos ni el lugar. Esto es lo duro. Por Todos los Santos no sabríamos adónde llevarle un ramo de flores”, relataba Sitges Antich.

La identificación mediante ADN pone fin ahora a esa incertidumbre. Con este caso, ya son 14 las víctimas identificadas en Balears desde el inicio de la legislatura.

El anuncio coincide con el inicio de nuevas excavaciones en el cementerio de Son Servera, dentro del V Plan de Fosas, donde los equipos buscan nuevas evidencias de enterramientos vinculados a la represión franquista. Las primeras intervenciones han sacado a la luz criptas con restos óseos en muy mal estado de conservación y han abierto una nueva línea de investigación en una zona ajardinada donde podría existir una fosa común con milicianos republicanos.

El Govern señala que continuará con los trabajos de exhumación para devolver los restos a las familias.

Entre el ritmo habitual de velas y maniobras del Trofeo Princesa Sofía, de carácter internacional, celebrado en la bahía de Palma, una escena inesperada interrumpió uno de los entrenamientos del equipo griego. Desde la zodiac que acompañaba a uno de los regatistas, uno de los miembros divisó un gran ejemplar de escualo que se desplazaba bajo la superficie. 

En un primer instante, la impresión fue clara: un tiburón blanco, una especie migratoria que hacía tiempo que no se veía en aguas de Balears. Sin embargo, los expertos han abierto ahora un abanico más amplio de posibilidades que entretejen el cambio climático, las medidas de protección y los cambios de tendencia en los movimientos migratorios de estas especies.

En aguas baleares solían ser comunes tres especies de la familia Lamnidae: el tiburón blanco, el marrajo y el cailón. “Se trata de especies que antes eran habituales, pero que en el Mediterráneo han ido claramente en declive”, explica Biel Morey, de Save the Med. Por el tamaño del ejemplar —entre dos y dos metros y medio—, los expertos apuntan a que podría tratarse de un juvenil de alguna de estas variantes, aunque con las imágenes disponibles no es posible confirmarlo con exactitud, añaden al ser consultados por elDiario.es.

Las diferencias entre ellas son principalmente las dimensiones. El marrajo puede alcanzar los cuatro metros de longitud, el cailón ronda los tres y el tiburón blanco, el de mayor tamaño, puede llegar hasta los seis metros, aunque rara vez los ejemplares alcanzan esas dimensiones máximas, indican desde la fundación medioambiental. En cualquier caso, todos comparten características clave: son tiburones pelágicos, grandes nadadores de aguas abiertas y con un comportamiento altamente migratorio.

No se puede, por lo tanto, hablar de una población balear en sentido estricto, sino de una presencia mediterránea. Aunque existe cierta conexión con el Atlántico, es limitada: pocos ejemplares cruzan el Estrecho y la mayoría permanece en el Mediterráneo, indica Morey. Aun así, seguir sus desplazamientos es complejo: “Las migraciones son muy difíciles de estudiar porque es necesario marcar satelitalmente a un número muy elevado de animales”.

Los estudios impulsados por Save the Med con tiburones, mantas o tintoreras —también frecuentes en Balears— empiezan, sin embargo, a dibujar un patrón. “Estamos viendo que la mayoría de grandes nadadores tienen un alto grado de residencia en el Mediterráneo”, añade. Un dato que refuerza la idea de que estos avistamientos no son necesariamente anecdóticos, sino parte de un ecosistema en transformación.

Cambios de distribución en las especies

Con la crisis climática y el calentamiento progresivo del agua, se está empezando a registrar un cambio en la distribución de las especies, así como la desaparición de algunas de ellas más ligadas al fondo marino. Es el caso de la mielga —también conocida como galludo o tollo de cacho—, que se ha extinguido en Balears, mientras que en zonas más frías como el mar Adriático o el mar Negro sigue siendo relativamente común. Este patrón hace pensar entre las organizaciones marinas que se trata de un impacto derivado del cambio climático.

La mielga —también conocida como galludo o tollo de cacho— se ha extinguido en Balears por el impacto del cambio climático

A la vez, la propia naturaleza migratoria de muchas de estas especies dificulta su protección. “Por mucho que se prohíba la pesca del tiburón blanco o de las mantas, al migrar a otros países seguirán estando en peligro. Las medidas de conservación deberían ser de ámbito internacional”, señala Morey.

Actualmente, ya existen convenios internacionales que buscan ese consenso a escala mediterránea, apoyados en la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Entre ellos, el convenio de Barcelona, que incluye un anexo que los países firmantes deben incorporar a su normativa. España lo ha hecho y, a día de hoy, la flota pesquera está obligada a devolver estas especies al mar en las mejores condiciones posibles.

Entre estas especies figuran el tiburón blanco, el marrajo o el cailón —posibles candidatos del ejemplar avistado en Palma—, además de mantas o peces sierra. Otras, como los angelotes o tiburones ángel y los peces guitarra, requieren aún un mayor grado de protección. 

En algunos casos, los avistamientos recientes -de los que no hay pruebas fehacientes- ponen en duda su desaparición total. También el alitán se encuentra en una situación crítica, con proyectos de repoblación impulsados por instituciones privadas y el Govern. En cuanto a las poblaciones que viven en el fondo del Mar Balear y que sí se consideran propias, son “esenciales” las reservas marinas para preservarlas. 

Por mucho que se prohíba la pesca del tiburón blanco o de las mantas, al migrar a otros países seguirán estando en peligro. Las medidas de conservación deberían ser de ámbito internacional

Biel Morey — Biólogo de Save the Med

Las aves migratorias, también afectadas

El impacto del cambio climático no se limita al medio marino. Las aves migratorias muestran paralelamente señales de deterioro. Es el caso del carricero común y la buscarla pintoja en Menorca, cuyo paso por enclaves clave como l’Illa de l’Aire se ha reducido en los últimos años, según un estudio científico publicado en 2023.

En total, el archipiélago balear cuenta con 67 zonas húmedas naturales —32 en Mallorca, 25 en Menorca, tres en Eivissa y cuatro en Formentera— y siete artificiales, todas en Mallorca. Pero la disponibilidad de agua en estos espacios es cada vez menor debido a los fenómenos extremos asociados al calentamiento global.

Algunos de estos espacios, como s’Albufera des Grau o el Parc Natural de ses Salines d’Eivissa i Formentera, fueron protegidos tras años de movilización social. Pero organizaciones como Oceana denuncian que en lugares como el Parque Nacional de Cabrera se siguen permitiendo actividades incompatibles con la conservación real de los ecosistemas, además del retraso en la actualización de su gestión hasta 2027, una decisión que califican de “irresponsabilidad”.

El Mar Balear, abierto a actividades “destructivas”

Por otro lado, España decidió proteger legalmente la guardería de cachalotes detectada al norte de la isla de Menorca. Estas aguas del Mediterráneo con una inusual concentración de crías de ballena se sumaron el año pasado a los planes para salvaguardar 3,1 millones de hectáreas marinas. 

La declaración de este espacio —anunciada por el presidente del Gobierno Pedro Sánchez en la Conferencia de los Océanos de la ONU en Niza— tenía el objetivo de reducir amenazas como el tráfico marítimo, especialmente el riesgo de colisión y el impacto del ruido submarino. En esta área, las crías de cachalote permanecen en superficie, mientras las madres se sumergen para alimentarse, lo que las hace especialmente vulnerables en un entorno con alta densidad de navegación. 

Según organismos europeos, el riesgo de colisiones entre buques y fauna marina ha aumentado en los últimos años. El santuario se sumó así a otras áreas en proceso de protección dentro de la Red Natura 2000, entre las que también se pretendían incluir los montes marinos del Canal de Mallorca.

España ha pasado así a disponer de 25,7% de su mar protegido, camino del objetivo del 30% fijado para el año 2030. Una cifra que, como declaró la Fundación Marilles a elDiario.es en otro reportaje sobre conservación marina, es “claramente insuficiente”. En un informe de la fundación se arrojaba que, tras el ambicioso objetivo, se esconde una “alarmante realidad”: solo un 2,8 % del océano está “bien protegido”. Las aguas marinas tanto del Mar Balear como del Mediterráneo en general son, a su juicio, zonas abiertas a que se desarrollen en ellas todo tipo de “actividades destructivas”. 

La amenaza se cierne sobre el Mediterráneo, donde el desarrollo del litoral, la contaminación y el cambio climático destruyen las praderas submarinas, cruciales para la salud del planeta. En Balears, el crecimiento de la población y la saturación turística ejercen presión sobre un territorio insular incapaz de soportar la explotación de recursos naturales y la ocupación marítima, y donde el fondeo ilegal de barcos agrava el problema. Es una valoración compartida por la Fundación Cleanwave, que, según su director general, Ali Vahlhaus, lidera desde Mallorca la zona de restauración pasiva y activa de aguas someras más grande de España. La entidad, que reclama más inversión privada, acaba de implementar un modelo validado científica y legalmente por expertos independientes para la recuperación de las 75 hectáreas de la bahía de Portocolom, al sureste de la isla.

En 2022 lanzaron el proyecto MedGardens con tres iniciativas piloto en Sant Elm, Formentor y Portocolom para evaluar varias técnicas de replantación de Posidonia (seagrass) y Cystoseira (seaweed). En 2024 ampliaron la actuación de Portocolom para cubrir toda la bahía. Su reto es recuperar un total de ocho bahías baleares hasta 2030, sumando una extensión de mil hectáreas. Pero para abordarlo necesitan fondos y por eso han importado un sistema basado en créditos de biodiversidad. “Es un modelo que puso en marcha en 2024 SeaTrees, una entidad sin ánimo de lucro que ha colaborado con nosotros en nuestras actuaciones en Mallorca”, expone Vahlhaus. La organización puso a la venta sus primeros bloques para un proyecto en Kenia. “Los mercados de biodiversidad son tan recientes que SeaTrees ha decidido retirar todos los bloques en nombre de los compradores para eliminar cualquier mecanismo de inversión con fines de lucro. Esto convierte todas las compras en donaciones benéficas”, indican en su web.

En el caso balear, se busca que los socios o patrocinadores aporten 3,5 euros para la restauración de cada metro cuadrado. “La validación aborda un reto de apoyo continuado para las empresas, especialmente en el sector turístico, que han dudado en financiar proyectos de conservación marina debido a la falta de verificación por parte de terceros, de una gobernanza responsable y de un impacto medible”, agrega Line Hadsbjerg, cofundadora y presidenta de Cleanwave. “Nuestro modelo ha sido aprobado por un equipo independiente integrado por dos biólogos marinos y un jurista y es extrapolable a la actuación en todo el Mediterráneo”, apunta Vahlhaus.

La posidonia, el pulmón del Mediterráneo

De momento, la Fundación ha abordado la recuperación activa con la siembra de 1.600 metros cuadrados con alga Cystoseira, de la que ha sobrevivido el 80%. Este organismo necesita una buena calidad del agua para desarrollarse, así que la buena noticia es que la bahía de Portocolom aún se encuentra en buenas condiciones medioambientales. Plantar posidonia, esa planta acuática endémica famosa por su alto valor ecológico, es menos rentable porque su desarrollo es muy lento. “Se ha perdido un 30% de posidonia en una década y crece muy despacio: entre dos y siete centímetros al año. Es decir, cada metro cuadrado que arrastra un anclaje, tarda muchas décadas en regenerarse”, explica el director. Así que es mejor protegerla. “Por eso trabajamos también la concienciación”, añade.

Se ha perdido un 30% de posidonia en una década y crece muy despacio: entre dos y siete milímetros al año. Es decir, cada metro cuadrado que arrastra un anclaje, tarda muchas décadas en regenerarse

Ali Vahlhaus — Director general de la Fundación Cleanwave

La posidonia, amenazada, forma auténticos pilares ecológicos: almacena carbono en grandes cantidades, sirve de refugio y zona de alimentación a cientos de especies y amortigua la erosión costera. Algunos estudios hablan de 12.000 kilómetros cuadrados de posidonia en aguas someras en el Mediterráneo hace una década, con una pérdida de un 34% respecto a medio siglo antes. La cifra aumentaría a unos 25.000 kilómetros cuadrados en zonas más profundas. El archipiélago balear tiene un área ocupada por posidonia de 592 kilómetros cuadrados entre 0 y 35 metros de profundidad, según un estudio de 2023, la gran mayoría ubicados en Mallorca.

Contaminación del mar

La credibilidad es fundamental para conseguir apoyos. Por ello Cleanwave ha trabajado en colaboración con la empresa que ha creado Landler, una aplicación que se presenta como la primera plataforma que “mide, gestiona, monetiza e informa sobre el valor económico de la naturaleza”. Así se ha desarrollado un gemelo digital de la zona submarina sometida a regeneración en Mallorca. “El 8 de junio, coincidiendo con el Día Mundial de los Océanos, lanzaremos esta iniciativa inmersiva, que hemos bautizado como ‘Window into the Sea’ (Ventana al Mar) y que creemos fundamental para la credibilidad porque permitirá a la comunidad sumergirse en los ecosistemas donde actuamos y observar a tiempo real su evolución”, cuenta Vahlhaus. 

La recuperación también implica la concienciación para la reducción del consumo de plásticos, que se ha convertido en un grave problema medioambiental. “Se estima que cada día se consumen en Baleares 1,5 millones de botellas de plástico y el 80% de ellas acaba en el Mediterráneo en forma de microplásticos, que a su vez entran en la cadena alimentaria de los animales marinos y de los seres humanos”, explica Elena Jaume, responsable de Soluciones Sostenibles de Cleanwave. Por eso una de las acciones que realizan, y que comparten otras organizaciones ecologistas de las islas, es un programa educativo con escolares y la limpieza de playas con la participación de ciudadanos, entre ellos niños y jóvenes. 

También la Fundación Mallorca Preservation, que precisamente dio apoyo financiero al proyecto MedGarden en su fase de Formentor, se ocupa de la recogida de basura en la costa. Esta entidad ha publicado un informe detallado a partir de muestreo de residuos en todo el archipiélago balear, que por primera vez cuantifica la basura bajo el mar. “El estudio se ha centrado exclusivamente en los residuos que se encuentran depositados en el fondo marino, es decir, aquellos que han sedimentado. Esto implica que no se han tenido en cuenta los residuos que permanecen flotando o en suspensión en la columna de agua, con mayor movilidad en la masa de agua”, explica Carla Alfonso, una de las coordinadoras del proyecto.

Mallorca registró los valores de contaminación más altos, con una densidad crítica de 2,59 objetos por cada 100 metros cuadrados en primavera. “En cuanto al tipo de residuos, en las cuatro islas predominan claramente los plásticos, sobre todo objetos de fibra de vidrio, fragmentos y artículos de plástico duro”, explican desde la entidad. La investigación, desarrollada a lo largo de 2025, también evidencia el origen de los residuos, que vincula mayoritariamente con la navegación (35,5%), el turismo y la hostelería (32,2%). Greenpeace también ha publicado un informe demoledor sobre la destrucción de la costa española, destacando la construcción desmedida, mucha ligada al turismo, y que Balears continúa liderando las matriculaciones de embarcaciones de recreo.

“La conservación marina hoy implica asumir que estamos gestionando un equilibrio muy frágil. Sabemos cuáles son muchas de las presiones que afectan al mar, como puede verse en el estudio de residuos marinos, pero el verdadero reto está en actuar a tiempo y, sobre todo, en sostener esas decisiones en el largo plazo”, señala Ana Riera, directora de Mallorca Preservation. La urgencia existe para que los mares y océanos no se conviertan en vertederos. Dejar la mínima huella es la medida más importante: no dañar para no tener que reparar. 

Entre la postal luminosa de la bahía de Palma y la crudeza del abandono, el Baluard des Príncep se alza hoy como una metáfora incómoda de la gestión del patrimonio y la relación de la capital balear con su propio pasado. Levantado en el siglo XVII como parte del sistema defensivo renacentista que rodeaba Palma -una compleja red de murallas y baluartes diseñada para resistir asedios y proteger la ciudad-, este enclave fue durante siglos una pieza clave de la arquitectura militar. Sin embargo, lo que antaño fue símbolo de protección y solidez histórica, en la actualidad languidece entre basura, grafitis y accesos forzados.

Tras cinco años de parálisis de las obras de rehabilitación que se estaban llevando a cabo en el bastión -interrumpidas por la quiebra de la empresa que se encargaba de ellas-, el Gobierno central acaba de adjudicar por 1,44 millones de euros los trabajos pendientes a una nueva empresa, Rigel Over, que se ocupará de culminar un proyecto largamente suspendido en el tiempo. La intervención, sin embargo, no es más que el último capítulo de una historia mucho más larga: la de una actuación que arranca en los años ochenta y que, más que una obra concreta, constituye una transformación urbana prolongada durante más de cuatro décadas. Porque este baluarte, aparentemente marginal en el actual paisaje urbano, es en realidad uno de los puntos donde mejor puede leerse la biografía profunda de Palma: una ciudad construida -y destruida- a golpe de muralla.

El origen de la transformación del Baluard des Príncep se remonta a los años 80, cuando los arquitectos Elías Torres y José Antonio Martínez Lapeña plantearon una idea radical para su tiempo: no limitarse a restaurar las murallas de Palma, sino reconvertirlas en un sistema de espacio público contemporáneo. Su proyecto -que se despliega a lo largo de todo el frente marítimo de la ciudad- parte de una premisa clara: las murallas ya no tienen sentido como infraestructura defensiva, pero sí como soporte urbano. La intervención no busca congelar el pasado, sino reinterpretarlo y hacerlo habitable.

Convertir una antigua estructura militar en un espacio transitable

Para ello, el diseño trabaja sobre una operación fundamental: coser los distintos niveles de la ciudad, articulando la relación entre la ciudad histórica -situada en cota elevada-, el foso -a media altura- y el frente marítimo, completamente abierto. La arquitectura se convierte así en un sistema de conexiones: escaleras, rampas, recorridos y plataformas que transforman un antiguo límite militar en un espacio transitable. El Baluard des Príncep no es, en ese sentido, una pieza aislada, sino un nodo dentro de ese sistema.

El proyecto de rehabilitación trabaja sobre una operación fundamental: coser los distintos niveles de la ciudad, articulando la relación entre la ciudad histórica, el foso y el frente marítimo, completamente abierto, transformando un antiguo límite militar en un espacio transitable

La ejecución del proyecto, sin embargo, ha estado lejos de esa coherencia conceptual. Ya en 2017, el Ministerio de Fomento había invertido más de 4,4 millones de euros en distintas fases del entorno del baluarte dentro del programa estatal de rehabilitación patrimonial. La intervención se fragmentó en múltiples etapas (A, B, C, D, E y F) y quedó interrumpida tras la quiebra de la constructora encargada de las últimas fases. El resultado: un espacio prácticamente terminado, pero inutilizable. La adjudicación actual llega para completar ese último tramo mediante la urbanización del foso, la ejecución de las conexiones de saneamiento, la construcción de una escalera y un puente que conectarán con la Porta des Camp, así como la finalización del edificio de recepción de visitantes. Es decir, no se trata de una nueva obra, sino del remate de lo que faltaba para que el proyecto funcione como fue concebido.

Para entender el significado del Baluard des Príncep hay que retroceder varios siglos. Más en concreto, al momento en que vio la luz la muralla renacentista de Palma, considerada la obra más colosal de cuantas se han construido en los más de dos mil años de historia de la ciudad y una de las de mayor envergadura de las erigidas en España. Proyectada en el siglo XVI ante las nuevas necesidades defensivas que trajeron los nuevos tiempos tras el abandono de la Edad Media, cercaba la ciudad a lo largo de un anillo de seis kilómetros. Sin embargo, más allá de sus portentosas dimensiones, su rasgo más revolucionario fue la irrupción de doce estructuras bajas, macizas y geométricas -ocho terrestres y cuatro marítimas- que transformaron por completo la lógica defensiva: los baluartes.

La imponente fortificación se construyó absorbiendo parte del trazado que desde el siglo XI había ocupado la muralla árabe: compuesta por una sucesión de muros verticales y torres cuadrangulares, presentaba un estado precario a pesar de los remiendos puntuales a los que había sido sometida y apenas ofrecía ya resistencia: había sido construida con sillares de marés y segmentos de tapia, material que había resultado eficaz para resistir el impacto de los disparos procedentes de las catapultas, los arcos y las ballestas, pero obsoleto ante la irrupción de los cañones y las bombardas, capaces de lanzar proyectiles de piedra o hierro con una potencia hasta entonces desconocida.

La revolución de los baluartes

Con la aparición de la pólvora, ya no se trataba de resistir tras muros verticales, sino de proyectar la ciudad hacia el exterior mediante salientes angulados capaces de cruzar el fuego y eliminar cualquier punto ciego. La muralla dejaba de ser un límite pasivo para convertirse en un sistema activo, donde cada pieza protegía a la siguiente en una cadena continua de defensa. A los baluartes -Chacón, Berard, Sant Pere, Príncep, Moranta, Sitjar, Jesús, Santa Margalida, Zanoguera, Sant Antoni, Socorrador y Sant Jeroni- se sumaban ocho puertas de acceso con sus respetivos puentes y un foso de 24 metros de ancho. Con el tiempo, la capacidad militar de la fortificación se completaría con un hornabeque y tres revellines. En total, la superficie que ocupaba el cinturón defensivo, con sus refuerzos exteriores y el foso, alcanzaba los 325.200 metros cuadrados. Palma dejaba de ser una ciudad simplemente amurallada para convertirse en una auténtica máquina de guerra geométrica.

Ya no se trataba de resistir tras muros verticales, sino de proyectar la ciudad hacia el exterior mediante salientes angulados capaces de cruzar el fuego y eliminar cualquier punto ciego. La muralla dejaba de ser un límite pasivo para convertirse en un sistema activo, donde cada pieza protegía a la siguiente en una cadena continua de defensa

Los baluartes, por tanto, no surgieron como una innovación estética ni como una evolución natural de las murallas medievales, sino como una respuesta urgente a la irrupción de la artillería en los siglos XV y XVI, como detalla en profundidad el arquitecto Fernando Cobos-Guerra en su trabajo La formulación de los principios de la fortificación abaluartada en el siglo XVI. La irrupción de los nuevos métodos de ataque hizo saltar por los aires el sistema defensivo tradicional: las torres altas y los muros verticales, eficaces durante siglos, se convirtieron en blancos fáciles para los cañones. Fue en ese contexto de experimentación, ensayo y error donde comenzó a gestarse una nueva forma de fortificar, basada no en resistir el impacto, sino en neutralizarlo mediante la geometría y el fuego cruzado.

Lejos de una invención puntual, el baluarte fue el resultado de décadas de debate entre ingenieros, militares y tratadistas que buscaban resolver un problema central: cómo evitar los puntos ciegos en la defensa. La solución consistió en transformar la muralla en un sistema angular, donde cada elemento pudiera proteger al otro. Así, el baluarte permitía algo revolucionario: defender los lienzos de muralla no desde arriba, sino desde los lados, mediante el llamado fuego de flanco. La defensa dejaba de ser frontal para convertirse en una red interconectada de ángulos, trayectorias y coberturas.

Lejos de una invención puntual, el baluarte fue el resultado de décadas de debate entre ingenieros, militares y tratadistas que buscaban resolver un problema central: cómo evitar los puntos ciegos en la defensa. La solución consistió en transformar la muralla en un sistema angular que pudiera defender los lienzos de muralla no desde arriba, sino desde los lados

Tras la derrota sufrida en la Goleta de Túnez en 1574, la monarquía hispánica asumió que las fortificaciones “perfectas e inexpugnables” que describían los tratados no garantizaban la invulnerabilidad, lo que llevó a los ingenieros a dejar de perseguir modelos ideales y a adoptar un enfoque más pragmático, adaptando cada sistema defensivo a cada lugar concreto, a su topografía, a la posición del enemigo y a las condiciones del terreno. La geometría, la aritmética y la experiencia militar se combinaron así en un complejo ejercicio en el que no existían soluciones universales. De hecho, los propios tratadistas del siglo XVI como Pedro Luis Escrivá -considerado el el primero en formular los problemas de la fortificación moderna- o Cristóbal de Rojas -autor de Teórica y práctica de la fortificación (1598)- reconocían que la fortificación era una ciencia llena de incertidumbres, donde cada decisión podía significar la caída o la resistencia de una plaza.

En ese contexto, el baluarte se convirtió en el núcleo del sistema defensivo. No era un elemento aislado, sino el lugar donde “estaba todo el arte de la fortificación”, en palabras de los ingenieros de la época: allí se concentraban las casamatas, las troneras y los mecanismos de fuego cruzado que garantizaban la defensa del conjunto. Su forma -baja, angulada, parcialmente oculta en el foso- respondía a una lógica precisa: ser menos visible, más resistente y, sobre todo, más eficaz en el control del espacio circundante. Los baluartes constituyeron así no una simple mejora técnica, sino una auténtica revolución en la manera de concebir la guerra y la ciudad. Allí donde antes había un límite estático, surgió un sistema dinámico, pensado para anticipar, cruzar y dominar el fuego enemigo.

Los baluartes constituyeron así no una simple mejora técnica, sino una auténtica revolución en la manera de concebir la guerra y la ciudad. Allí donde antes había un límite estático, surgió un sistema dinámico, pensado para anticipar, cruzar y dominar el fuego enemigo

Esta evolución alcanzaría su punto culminante en el siglo XVII con figuras como Sébastien Le Prestre de Vauban, ingeniero al servicio de Luis XIV, quien llevó el sistema abaluartado a su máxima perfección técnica. Lejos de inventar formas nuevas, Vauban sistematizó las ya existentes: su gran innovación fue entender la fortificación como un sistema dinámico y no como una forma cerrada y, frente a los modelos teóricos, defendió una arquitectura militar basada en la observación directa, la experiencia de campo y la optimización de recursos, perfeccionando elementos como los fosos, los glacis o las obras exteriores para crear defensas en profundidad.

En el caso de Palma, como documenta el historiador Jaime Escalas Caimary en su libro Las murallas de Palma (1955), en el que toma en consideración las descripciones que ya había efectuado el Arxiduc Lluís Salvador en su obra La Ciudad de Palma (1882), la forma de los baluartes era la misma en todos ellos, exceptuando los dos puramente marítimos, el de Chacón y el de Berard, más pequeños que el resto. Otros dos, con su gran elevación y su ubicación entre tierra y mar, sobresalían del recinto defensivo: eran el de Sant Pere y el de los Capellans o es Príncep -en honor a Felipe II-, los dos únicos bastiones que perviven en la actualidad.

El de Es Príncep, terminado de levantar en 1606, formaba parte del núcleo original de la muralla renacentista y ocupaba una posición clave en el frente marítimo oriental de la ciudad. El de Sant Pere, finalizado 40 años después, tuvo un destacado uso militar durante siglos y llegó a albergar instalaciones vinculadas a la formación y práctica de artillería, en línea con la función estratégica del sistema defensivo de Palma en época moderna.

El baluarte de Es Príncep, terminado de levantar en 1606, formaba parte del núcleo original de la muralla renacentista y ocupaba una posición clave en el frente marítimo oriental de la ciudad. El de Sant Pere, finalizado 40 años después, tuvo un destacado uso militar durante siglos

Comienza la demolición de las murallas

Sin embargo, lo que durante siglos fue imprescindible acabó convirtiéndose en un problema. Durante el tiempo en que buena parte del cinturón renacentista de Palma permaneció -la muralla terrestre fue terminada de construir en 1714, después de 139 años desde su inicio-, la expansión del imperio otomano fue considerada una amenaza y una preocupación de primer orden para Felipe II, que vio en Balears una posición estratégica para defender el territorio de posibles ataques. La construcción de la fachada marítima de la fortificación, sin embargo, no culminaría hasta comienzos del siglo XIX, cuando, paradójicamente, el imperio otomano ya se encontraba en decadencia y este tipo de muralla comenzaba a quedar obsoleto. Apenas unas décadas después comenzaría la demolición de una obra que podía considerarse recién acabada, un derribo del que se salvaría el Baluard de es Príncep.

La construcción de la fachada marítima de las murallas de Palma no culminaría hasta comienzos del siglo XIX, cuando, paradójicamente, este tipo de fortificación comenzaba a quedar obsoleto. Apenas unas décadas después comenzaría la demolición de una obra que podía considerarse recién acabada

La justificación popular que cobró más peso para impulsar el derrocamiento del recinto fue la filosofía higienista imperante en la época, encabezada en Mallorca por el ingeniero Eusebi Estada, una de las voces que con más ímpetu defendió el derribo en su obra La ciudad de Palma. Su industria, sus fortificaciones, sus condiciones sanitarias y su ensanche (1885) so pretexto de que, como consecuencia de la presencia de las murallas, la población vivía hacinada y en condiciones de insalubridad. Estada señalaba que a mediados del siglo XVII, el área edificada que ocupaba Palma era de 1.023.300 metros cuadrados, incluyendo sus calles y sus plazas, por lo que a cada habitante le correspondían unos 37 metros cuadrados. Sin embargo, advertía, a finales del XIX la superficie por habitante se redujo a 24 metros, cuando, a su juicio, la dimensión idónea por persona debía ser de 40 metros cuadrados.

Frente a quienes abogaban por echar abajo las murallas, otros se oponían fervientemente a ello, como Bartomeu Ferrà, maestro de obras de la Societat Arqueològica Lul·liana, o Pere Garau Cañellas, quien defendió un plan de ensanche de Palma en el que se preservaba el recinto renacentista, rodeándolo de zonas ajardinadas a partir de las cuales la ciudad podría ir creciendo. Garau alegaba así que las murallas sí podían armonizar con el desarrollo y la modernización de la capital balear, una postura que, en la actualidad, continúan compartiendo numerosos historiadores. El Ajuntament se decantó finalmente, en 1901, por el proyecto presentado por el ingeniero Bernat Calvet, el conocido como 'plan Calvet', que, bajo el lema Felix qui potuit rerum cognoscere causas (“Dichoso aquel que puede conocer las causas de las cosas”), contemplaba la eliminación de la fortificación, seguía los criterios de un plano radioconcéntrico y apelaba al aprovechamiento urbanístico de los terrenos afectos a las murallas.

Los baluartes sobreviven

Con todo, las murallas no desaparecieron del todo. Continúan presentes en el trazado urbano: las Avenidas de Palma siguen el recorrido del antiguo foso y su forma en zigzag reproduce la geometría defensiva renacentista. El casco antiguo mantiene la estructura heredada de una infraestructura militar que ya no existe, con excepción de sus baluartes Sant Pere y Es Príncep, dos de las puertas que daban acceso a la ciudad -Calatrava y Portella- y dos de los puentes -los que conducían a la Porta de Santa Catalina y a la des Camp-. El baluarte de Sant Pere pasó a manos privadas en la segunda mitad del siglo XX: sus nuevos propietarios proyectaron levantar edificios en toda la zona y en 1963 llegaron incluso a intentar derribar la muralla mediante cargas de cal. La reacción ciudadana, sin embargo, lo impidió: la presión social logró que el conjunto fuera declarado histórico-artístico y se impulsara su reconstrucción apenas dos años después, en 1965.

En la segunda mitad del siglo XX, los nuevos propietarios del baluarte de Sant Pere proyectaron levantar edificios en toda la zona y en 1963 llegaron incluso a intentar derribar la muralla mediante cargas de cal. La reacción ciudadana, sin embargo, lo impidió y logró que el conjunto fuera declarado histórico-artístico

No sería hasta finales de los años ochenta cuando los terrenos recuperaron su vocación pública, tras ser recalificados y sometidos a un proceso de expropiación que, sin embargo, quedó durante años en punto muerto. El espacio permaneció abandonado hasta 1997, cuando el Ayuntamiento de Palma cedió los terrenos para la construcción de Es Baluard Museu d’Art Contemporani de Palma, inaugurado el es bal.

En 2023, la polémica golpeó de nuevo al baluarte a raíz de las obras de instalación sobre el mismo de un exclusivo beach club, lo que desató una fuerte contestación social e institucional. Los trabajos fueron finalmente paralizados tras detectarse graves irregularidades, incluyendo la construcción de elementos no autorizados y la alteración del subsuelo protegido. Asociaciones como ARCA denunciaron que la intervención convertía el patrimonio en un “contenedor” al servicio de un uso privado y elitista, alejándolo de su función pública y de contemplación. El episodio reabrió un debate de fondo que atraviesa toda la historia reciente de las murallas: hasta qué punto deben adaptarse a nuevos usos y dónde se sitúa el límite entre su activación contemporánea y su desnaturalización.

A finales de 2025, el derrumbe parcial de una torre medieval integrada en el Baluard de Sant Pere -uno de los pocos vestigios visibles de la Palma islámica- volvió a encender todas las alarmas sobre el estado del patrimonio defensivo de la ciudad. Las entidades conservacionistas denunciaron la “inacción prolongada” de las administraciones pese a las advertencias reiteradas durante años sobre el riesgo estructural del conjunto, y alertaron de que el colapso afectaba a un tramo completo del lienzo histórico, construido en tapial y mortero.

El Baluard de Es Príncep, por su parte, vivió uno de los episodios más controvertidos del urbanismo de la capital balear: la construcción de varios bloques de viviendas militares que ocupaban directamente la muralla renacentista, en abierta contradicción con los criterios de protección patrimonial. El complejo, proyectado en 1966 por el arquitecto Juan Castañón de Mena -recién nombrado jefe de la Casa Militar de Franco y posteriormente ministro del Ejército-, se materializó en distintas fases a lo largo de las décadas siguientes, consolidando la ocupación de este enclave estratégico. Lejos de ser una intervención menor, se trataba de varios edificios residenciales que llegaron a albergar a más de un centenar de familias y que transformaron por completo la fisonomía del baluarte, ocultándolo tras una arquitectura ajena a su carácter histórico.

El Baluard de Es Príncep vivió uno de los episodios más controvertidos: la construcción de varios bloques de viviendas militares que ocupaban directamente la muralla renacentista, en abierta contradicción con los criterios de protección patrimonial. La edificación fue proyectada en 1966 por el arquitecto Juan Castañón de Mena, recién nombrado jefe de la Casa Militar de Franco

Durante años, su presencia simbolizó la tensión entre desarrollo urbano y conservación del patrimonio en Palma en un contexto en el que la propia muralla había dejado de entenderse como un elemento central de la ciudad. El desenlace no llegaría hasta finales de los noventa, fecha en la que se produjo el giro definitivo: tras un largo proceso de negociaciones, expropiaciones y realojos, el Ministerio de Defensa cedió los terrenos al Ayuntamiento, lo que permitió liberar un enclave hasta entonces inaccesible, abriendo la puerta a un ambicioso proyecto de transformación urbana que buscaba devolver el baluarte a la ciudad.

Desde entonces, el Baluard des Príncep ha transitado de recinto cerrado y degradado a espacio en proceso de reintegración, convertido hoy en una pieza clave -todavía inacabada- dentro de la relectura contemporánea de las murallas de Palma.

Un año y medio después de ser arrestado en Taiwan con varias órdenes de detención internacional a sus espaldas, el empresario mallorquín Salvador Llinás ha aceptado este miércoles una condena de cuatro años y diez meses de prisión por estafar 20 millones de euros mediante la venta fraudulenta de más de 3.500 de coches en varios países europeos. El acusado se apoderó de vehículos que previamente había alquilado a entidades financieras y concesionarios, jamás devolvió los turismos y acabó revendiéndolos de forma ilegal.

Llinàs se ha sentado este miércoles en el banquillo de la Audiencia Provincial de Balears, donde las partes han pactado una sentencia de conformidad que rebaja de forma notable la petición inicial de la Fiscalía, que se elevaba a nueve años de cárcel. Además de la pena de prisión, el empresario deberá abonar una multa de unos 2.800 euros, mientras que el resto de reclamaciones económicas seguirán su curso en la jurisdicción civil.

Los hechos se remontan a 2018, cuando Llinás era administrador único de IMT Holding Spain, matriz de las sociedades Balear Sport Car y Autoclik. Esta última operaba también en otros países europeos como Italia, Francia, Portugal y Bélgica bajo un modelo de negocio basado en el alquiler de vehículos sin conductor.

Tal como ha reconocido el propio acusado, el fraude consistió en vender coches que no eran de su propiedad. Aunque los contratos de renting o leasing prohibían expresamente su venta o cesión, Llinàs ignoró estas condiciones y procedió a comercializarlos a particulares y empresas, presentando facturas que simulaban que tenía plena capacidad para disponer de los vehículos.

En muchos casos, los compradores recibían el coche, pero no la documentación original, ya que el empresario no era el titular real. La operativa también se extendió al extranjero, donde llegó a vender decenas de vehículos adquiridos mediante financiación bancaria, vulnerando igualmente las condiciones contractuales.

La investigación calcula que se desprendió de forma fraudulenta de hasta 3.568 vehículos repartidos por distintos lugares de España como Barcelona, Madrid, Alicante, Málaga o Canarias y varios países europeos, generando un perjuicio económico millonario.

En 2019, su sociedad, con sede en la localidad mallorquina de Llucmajor, se declaró en quiebra, pero él ya había desaparecido. Cuando a finales de 2018 efectivos de la Guardia Civil, alertados por las múltiples denuncias de sus acreedores, se desplazaron hasta la sede de Autoclick, las oficinas se encontraban vacías. Nada ni nadie quedaba ya en ellas.

De acuerdo a las pesquisas llevadas a cabo en su momento, Llinàs había vaciado las cuentas de la mercantil antes de huir a Taiwán, desviándose a sí mismo cinco millones de euros para su fuga, tal como publicaron en su día Diario de Mallorca y Última Hora. En la isla asiática, Llinàs puso en marcha varias empresas, entre ellas Iberico Food Services Co. y, en julio de 2021, Mallorca Catering International Co., encargada de la explotación de un restaurante de comida española e italiana en el distrito Da'an de Taipei al que denominó Malavida, operado por chefs de España y Estados Unidos, de acuerdo a los datos de distintos ficheros empresariales consultados por elDiario.es. “La idea es que cada amigo que venga aquí, ya sea solo o en grupo, se sienta libre y cómodo en este ambiente, charlando y riendo con el vino en la mano y la deliciosa comida en la mesa... como la vida indulgente”, se promocionaba el local.

En 2021, el ahora detenido obtuvo la residencia permanente en Taiwán, lo que facilitó la labor de búsqueda de la Interpol. El 9 de octubre de ese año, la Fiscalía de Trento solicitó su imputación y Llinàs se armó de una importante equipo jurídico dedicado a la defensa frente a los delitos de delincuencia organizada.

Las autoridades taiwanesas, a través de la Agencia Nacional de Inmigración (NIA), acordaron su deportación al comprobar que estaba siendo reclamado a nivel internacional. Tras ser trasladado a Singapur, los funcionarios le denegaron finalmente la entrada dada la gravedad de los cargos en su contra, amparándose para ello en el artículo 18 de la Ley de Inmigración, que permite tomar medidas contra personas que puedan “poner en peligro los intereses nacionales, la seguridad pública, el orden público o las costumbres del Estado”.

Llinás fue detenido el 20 de octubre de 2024 en el aeropuerto internacional de Taoyuan. Sobre él pesaban varias órdenes de detención internacional, entre ellas una procedente Italia, donde los investigadores locales le acusan de haber alquilado 1.189 vehículos para después revenderlos de forma ilícita. Posteriormente, fue trasladado a Alemania, donde permaneció cerca de un mes en prisión provisional antes de ser entregado a España en virtud de una orden europea de detención.

El caso, que ha afectado tanto a empresas de renting como a compradores particulares, seguirá abierto en el ámbito civil para dirimir las indemnizaciones derivadas del fraude.

El director de elDiario.es, Ignacio Escolar, y la delegada del periódico en las Illes Balears, Angy Galvín, han conversado sobre el estado de la profesión y las presiones políticas y económicas. La actriz Aina Frau ha puesto el broche de oro a la jornada

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Bajo las bóvedas de un antiguo aljibe -el que en el siglo XVII abasteció Palma y los barcos que arribaban a puerto-, el museo Es Baluard ha reunido a socios y lectores de elDiario.es para participar en una cita que ha combinado reflexión política, debate periodístico y memoria cultural. En presencia del director del periódico, Ignacio Escolar, la responsable de la delegación balear, Angy Galvín, y de la actriz Aina Frau, y con la cercanía de un formato pensado para escuchar y preguntar, las palabras han dibujado un mismo hilo conductor: la defensa de la independencia -en el periodismo y en la vida- frente a las presiones del poder. Desde la trinchera de la actualidad hasta la memoria de quienes vivieron sin libertades, la conversación ha tomado cuerpo como un diálogo compartido sobre qué significa, hoy, resistir.

La primera parte de la tarde ha estado protagonizada por Escolar y Galvín en un diálogo abierto con el público que derivó en una radiografía sin concesiones del ecosistema mediático actual. Tras ellos han tomado el micrófono el periodista colaborador de este periódico Alejandro Alcolea y Aina Frau en una entrevista íntima que ha repasado más de medio siglo de trayectoria entre el teatro y la historia reciente de España.

Independencia económica: la base del periodismo libre

Durante su intervención en respuesta a las preguntas del público, Escolar ha defendido el modelo de financiación de elDiario.es como la clave de su independencia. “Hacemos información para una comunidad de lectores que nos apoyan económicamente”, ha explicado, subrayando que ese respaldo -que alcanza los 120.000 socios a nivel estatal y supone casi el 50% de los ingresos totales- permite ejercer un periodismo más libre y operar sin depender de grandes anunciantes o intereses externos. “No existe libertad editorial sin independencia económica”, señalaba el periodista en este artículo sobre las cuentas de elDiario.es relativas a 2024.

Esa libertad, ha subrayado, es lo que les permite investigar a grandes poderes económicos en España. Lo ha manifestado al responder a la cuestión con la que uno de los asistentes abrió el turno de preguntas: cómo los medios de comunicación abordan las informaciones acerca del presidente del Real Madrid. “Con Florentino Pérez y con todos los súper ricos es muy difícil informar en España”, asevera el director de elDiario.es, quien, frente a ello, reivindica que su redacción ha publicado informaciones incómodas sobre él.

“Fuimos el único periódico que informó de que [Pérez] había tenido que ir a declarar en el caso Kitchen”, ha puesto como ejemplo, señalando que elDiario.es publicó también cómo el conseguidor de la trama Púnica montó un falso diario al servicio del club blanco y su presidente, además de ser “uno de los pocos” medios que ha informado de los escándalos urbanísticos relacionados con la reforma del Bernabéu y sus parkings. “Esto lo hemos contado en exclusiva a través de los compañeros de Somos Malasaña y no tenemos ningún problema en informar de ello”, asevera Escolar.

Al hilo de esta cuestión, Galvín ha tomado la palabra para recordar que la delegación balear ha publicado temas relacionados con otra familia poderosa, los Matutes, en los que se explica cómo “controlan el negocio de la noche en Ibiza”: “Creo que son reportajes bastante valientes. Ya sabéis lo que es vivir en una isla, y creo que ese es el tipo de periodismo que nos permite contar lo que otros no. Es un modelo de prensa muy independiente respecto a otros medios que se ven influidos por la publicidad. Por ejemplo, las discotecas dan muchísimo dinero a la prensa local. Entonces, cuando no dependes de un anunciante o éste no es tu principal fuente de ingresos, puedes hacer un periodismo muchísimo más honesto”.

Creo que son reportajes bastante valientes [sobre la familia Matutes]. Ya sabéis lo que es vivir en una isla. Es el tipo de periodismo que nos permite contar lo que otros no. Es un modelo de prensa muy independiente respecto a otros medios que se ven influidos por la publicidad. Por ejemplo, las discotecas dan muchísimo dinero a la prensa local

Angy Galvín — Directora de elDiario.es en las Illes Balears

Combatir la polarización

En esta línea, y en un clima de “pim, pam, pum” de insultos y trincheras, Escolar ha señalado que el periodismo se enfrenta en la actualidad a una dificultad creciente para sostener un espacio de información honesta. Frente a esa lógica de bloques, su apuesta pasa por ejercer el oficio desde los hechos, aunque eso suponga incomodar a todos los lados: la credibilidad reside precisamente en ser capaces de publicar tanto los escándalos que afectan a la derecha como los que salpican a la izquierda, desde el máster de Cifuentes hasta casos que afectan al ámbito socialista o denuncias de agresiones sexuales y abusos laborales. El director ha incidido en que esa coherencia editorial, lejos de ser una debilidad, se plantea como la única forma de sostener un periodismo que no responda a intereses partidistas.

Incidiendo en este asunto, ha lamentado que la polarización ha erosionado el propio terreno del debate público, en el que las burbujas informativas impiden que determinadas informaciones atraviesen ciertos espacios ideológicos. Así, mientras algunas revelaciones tienen impacto inmediato en un sector político, otras quedan neutralizadas en el contrario, aunque sean igual de veraces y estén igualmente contrastadas: “Una de las cosas que peor llevo es que, cuando contamos algo de izquierda, tiene consecuencias inmediatas porque nuestros lectores fluyen mucho en ese espacio político. Pero si nosotros contamos las cosas que hace Isabel Díaz Ayuso, mientras ese mundo no hable de ello, da igual. Y son igualmente ciertas. No nos inventamos nada, ni cuando contamos una cosa o la otra. Lo hacemos con fuentes contrastadas y verificadas. Pero, en ese juego de la polarización, nosotros nos convertimos en una voz desautorizada completamente para media parte del país”.

Más allá de “comentarlo y de sufrirlo”, Escolar ha apelado a “intentar combatirlo”. “Tenemos que ser fieles a unos principios, no a unas siglas, y, en ese sentido, la única manera de combatir esa polarización es no jugando a ese juego donde solo cuentas media realidad”, ha anfatizado, invitando a los asistentes a leer el estatuto de elDiario.es, que, aprobado por su comunidad de socios y socias el 20 de mayo de 2023, rige el funcionamiento del periódico mediante el establecimiento de prioridades editoriales y de estándares de calidad en la información y en la opinión. Entre sus artículos, el director ha destacado el que se compromete a no fomentar la polarización, respetando a las personas que no piensen igual y rechazando su deshumanización.

La demanda de Julio Iglesias

En respuesta a otra de las preguntas del público, Escolar ha abordado la demanda de conciliación interpuesta por Julio Iglesias por supuestos delitos de injurias y calumnias contra elDiario.es por publicar los testimonios de dos mujeres que denunciaron al cantante ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional por presuntas agresiones sexuales en 2021. En este sentido, ha defendido con firmeza la investigación publicada sobre el cantante, en la que, según subraya, han trabajado durante tres años con asesoramiento legal en Estados Unidos y España, y junto a periodistas de investigación de primer nivel, como Gerardo Reyes, que participó en una investigación que recibió un premio Pulitzer: “Es uno de los periodistas de investigación más importantes del mundo”. Escolar enmarca esta demanda en una práctica habitual: amenazas judiciales que muchas veces no acaban prosperando.

El periodista ha recordado otros ejemplos en los que el proceso se quedó en una conciliación sin recorrido posterior, evitando así el demandante una sentencia que avalara la veracidad de la información publicada: sucedió con la investigación publicada acerca del economista Daniel Lacalle, quien obtuvo un doctorado 'cum laude' con una tesis plagada de “copia y pega” de textos ajenos y propios. En ese sentido, Escolar sugiere que dar el paso hacia un juicio podría no interesar al propio Iglesias, ya que obligaría a un tribunal a pronunciarse sobre el fondo del asunto y podría concluir que los hechos están “contrastados y son veraces”. En cualquier caso, ha aseverado que el medio no piensa rectificar: no habrá acuerdo en la conciliación y están dispuestos a llegar hasta el final si la vía penal se materializa.

Marivent: el palacio que debía ser de la ciudadanía

Acto seguido, otro de los intervinientes ha preguntado sobre el hecho de que el Govern prevea destinar cerca de 500.000 euros públicos a la reforma del Palacio de Marivent, la residencia veraniega de los reyes que había de convertirse en espacio abierto a la ciudadanía y acabó consolidándose como enclave institucional de acceso restringido. Galvín ha situado el debate en el centro de una crítica más amplia a las prioridades del Ejecutivo de Marga Prohens (PP), “condicionado por la extrema derecha”. “No es solo el gasto en Marivent. Son las rebajas fiscales a los más ricos y también el problema de la vivienda: en vez de ayudar a que la gente con menos recursos y especialmente a la gente joven, nos preocupamos más por el hecho de que los ricos tengan que pagar menos”, ha afirmado, advirtiendo de que esa dinámica acaba repercutiendo en la financiación de los servicios públicos: “Después tendremos que recordar que no tenemos dinero suficiente para poder pagar los servicios públicos. Es la pescadilla que se muerde la cola”.

La directora de elDiario.es en Balears recordó además el trabajo periodístico de elDiario.es que ha documentado “cómo se produjo el expolio del Palacio de Marivent al pueblo de Mallorca” y cómo un espacio que debía tener un uso público ha quedado reservado “para el uso y disfrute de la familia real”. A partir de ahí, ha ampliado la crítica a otras medidas recientes, como la derogación de la ley balear de memoria democrática, que ha considerado “un retroceso significativo” respecto a consensos alcanzados en legislaturas anteriores, recordando que un reportaje de este periódico sobre las invisibilizadas viudas republicanas de la guerra civil mereció el reciente reconocimiento por parte de la Asociación de Periodistas de las Illes Balears (APIB). En conjunto, ha dibujado un escenario en el que, según defiende, se están deshaciendo avances mientras se agravan problemas estructurales como el acceso a la vivienda.

El debate con el público también ha abarcado otra de las grandes tensiones del oficio: qué cubrir y qué ignorar en un contexto de sobreexposición mediática. Sobre figuras como Donald Trump, Escolar ha sido claro: “Nos guste o no guste, es la persona más poderosa del mundo ahora mismo y desde su comunidad se toman medidas que afectan a nuestra vida diaria. La gasolina, la seguridad en el mundo, los muertos en algunos países... No podemos permitirnos ignorarlo, no debemos. Nuestro trabajo, precisamente, es contar todo eso e intentar ponerlo en contexto”. En esta línea, ha señalado que entiende la “sensación de mucha gente que dice: 'No quiero saber más de este señor'”. “Si pudiera me lo quitaba de la dieta informativa porque es tóxico. Nosotros no estamos en ese debate de si hay que sacar cada tontería que dice, pero algunas cosas sí las tenemos que que cubrir”, añade.

En el evento también hubo espacio para abordar su papel en las tertulias televisivas, a las que Escolar ha asegurado que continúa yendo porque permiten dar mayor visibilidad al periódico: “El diario lo fundamos un grupo de periodistas con nuestros ahorros; no teníamos dinero para una campaña de publicidad, no podíamos darnos a conocer. La manera de la que mucha gente nos conoció fue precisamente a través de los programas de televisión y de radio. Lo hago como algo necesario para mi periódico”, ha confesado, admitiendo a continuación que en las tertulias no puede “poner las reglas de juego”: “Yo no decido de qué se va a hablar, aunque sí ha habido personas con las que me he negado a aceptar a ir. En una tertulia sí que puedo garantizar que todo lo que digo es lo que quiero decir, pero no el tema de conversación”.

Yo no decido de qué se va a hablar en una tertulia, aunque sí ha habido personas con las que me he negado a aceptar a ir. En una tertulia sí que puedo garantizar que todo lo que digo es lo que quiero decir, pero no el tema de conversación

Ignacio Escolar — Director de elDiario.es

En este sentido también ha aludido al “amplio rango” de periodistas que participan en tertulias: “Hay mucha diferencia entre los que manejamos información de primera mano y quienes no manejan el mismo tipo de detalles”. “Nosotros trabajamos en un periódico que tiene fuente directa de casi todo, y si no la tengo yo, directamente la tiene mi equipo, con lo cual [en las tertulias] manejo una información mucho mayor y eso acaba siendo a veces frustrante”, afirma.

Aina Frau: memoria, miedo y vocación

La segunda parte del encuentro ha camiado de tono para adentrarse en la trayectoria de la actriz mallorquina Aina Frau. Entrevistada por el periodista Alejandro Alcolea, colaborador de este medio, su relato ha arrancado en la dictadura, cuando estudiar teatro implicaba riesgos cotidianos: “Nos juntábamos… y venía la policía y nos decía 'dispérsense', y nos dispersábamos muertos de miedo”, ha recordado sobre aquellos años de formación en Madrid.

Ese miedo, ha explicado, no desapareció de golpe con el final del franquismo, sino que siguió marcando momentos clave de la Transición, como el asesinato de los abogados de Atocha: “Teníamos miedo de que desde el palco nos ametrallaran. Esa sensación la recuerdo perfectamente”. A partir de esa experiencia, ha reinvidicado la importancia de transmitir esa memoria a las nuevas generaciones: “Ojalá fuera capaz de explicar lo que era no tener libertad… Nos íbamos muertos de miedo”.

Su vocación artística, sin embargo, no nació solo del impulso creativo, sino también de una conciencia social que ha empezado a forjarse en la infancia. Criada en una familia burguesa, ha pasado por un colegio religioso donde, según ha relatado, se escenificaban desigualdades que le dejaron una huella profunda. “Había pobres y ricas… y nos hacían coger un bollo y un chocolate y dárselo a las otras”, ha explicado, una práctica que vivió como una forma de humillación: “No entendía por qué había que humillar de esa manera… eso me ayudó a cambiar de manera de pensar”.

Esa mirada crítica atravesó después toda su carrera, en la que defendió el teatro como herramienta de reflexión colectiva: “El trabajo del actor era hacer que el pueblo viera lo que era la sociedad sobre el escenario”. Ya en el tramo final de la conversación ha lanzado una crítica directa a la industria cultural por la falta de papeles para mujeres mayores: “A partir de los 60 no se escribe para personas: los hombres son galanes hasta los 60, pero una mujer ya no es nada”. A sus 81 años, sin embargo, ha reivindicado una vida coherente con su vocación: “He vivido de lo que yo quería y eso es un regalo”.

Dos conversaciones, un mismo hilo

El encuentro ha dejado dos retratos complementarios: el de un periodismo que busca sostener su independencia frente a las presiones económicas y políticas y el de una actriz que atravesó dictadura, transición y democracia defendiendo su oficio. En ambos casos, la misma idea de fondo: que la libertad -de informar, de pensar, de crear- nunca es gratuita, pero sigue siendo el eje sobre el que se construye todo lo demás. En el fondo, tanto las palabras de los periodistas como las de Aina Frau apuntaban a una misma tensión: la de resistir. Resistir a la polarización que empuja a elegir bando antes que a buscar la verdad. Resistir a las inercias de una industria cultural que invisibiliza a quienes no encajan en sus moldes. Resistir, también, al olvido, a esa tentación de dar por superadas etapas -como la dictadura- cuyas huellas siguen presentes.

El diálogo ha dejado también una idea incómoda, pero necesaria: que la independencia, ya sea en el periodismo o en el arte, tiene un coste. En el caso de los medios, implica renunciar a determinadas dependencias económicas; en el del teatro, asumir trayectorias marcadas por la precariedad, el riesgo o la incomprensión. Como se ha puesto sobre la mesa durante el evento, es precisamente ese coste el que dota de sentido a ambos oficios.

En Palma, ante un público implicado y participativo, ese mensaje no ha sonado abstracto. Las preguntas, las dudas y los debates que se han abierto durante la tarde han reflejado una preocupación compartida por el estado del debate público, por el papel de los medios y por la memoria. No ha sido solo una conversación, sino un espacio de intercambio en el que el público también formó parte activa. Tras el acto, los asistentes han podido intercambiar de forma más distendida unas palabras con Escolar y el resto del equipo de elDiario.es. Entre saludos, comentarios y reflexiones todavía en caliente, el encuentro se fue diluyendo poco a poco mientras se degustaban unas ensaimadas de la emprea Samimada.

A las diez de la mañana, un goteo constante de turistas comienza a bajar del crucero Wind Star en el puerto de Palma. En apenas unos minutos, cerca de 200 pasajeros se dispersan por la ciudad tras atracar en la ampliación de Poniente Norte, operativa desde hace medio año. Es una escena cotidiana en temporada alta: llegadas concentradas, visitas rápidas y una ciudad que absorbe, en pocas horas, el impacto de un turismo que no pernocta en la isla. Se acercan con atuendo sencillo y delator hacia La Seu: gafas de sol, gorra o sombrero y, más que cámara de fotos, un smartphone que sirve para capturar cualquier monumento que se ponga de por medio.

“Hace unos años fuimos a Málaga y desde allí hicimos una ruta en coche por los pueblos blancos, pero así es mucho más fácil”, cuenta José Luis, chileno, que recorre el Mediterráneo junto a su mujer. En este viaje han pasado por enclaves como Ronda, Fuengirola, Valencia, Barcelona o Cartagena, además de hacer escala en la antigua ciudad internacional de Tánger. El recorrido continuará fuera del barco: tras regresar a la ciudad condal, volarán a Casablanca para iniciar una ruta por Marruecos con paradas en Chefchaouen, Fez y Marrakech.

La lógica del viaje es la de todos los cruceros que surcan aguas mediterráneas especialmente a partir de estas fechas: ver mucho en poco tiempo y cargando con poco o nada de equipaje. “Es más cómodo porque no tienes que ir moviendo las maletas”. Al principio, el plan de José Luis y Rosa María era solo viajar a España, pero finalmente decidieron extender la aventura por el país vecino. En total, tres semanas de unas vacaciones antes de poner rumbo a Chile. 

No solo en Palma, sino en el conjunto de Balears, la llegada de cruceros concentra en pocas horas miles de visitantes en destinos ya sometidos a una fuerte presión en temporada alta. En Eivissa, este verano se espera que lleguen a coincidir, en algunos días, hasta tres barcos de gran envergadura, según informaciones de la autoridad portuaria balear. 

Pero la misma idea de comodidad y de acceso rápido a distintos destinos no solo la albergan turistas atraídos por el atractivo del archipiélago. También sucede a la inversa: ciudadanos que padecen el problema ven a veces en los cruceros una posibilidad de impulso para el comercio local palmesano y eligen ellos mismos esta experiencia en otros destinos. 

“Nosotros -de Mallorca- hemos elegido muchas veces este tipo de viaje y nos ha parecido una buena experiencia”, valora Maria Antonia Riera, de 61 años, a elDiario.es. Su marido, desde hace años, tiene aerofobia, por lo que es una alternativa de viaje que les permite visitar muchos sitios sin pegarse la paliza de conducir largos kilómetros.

El modelo de turismo responde a una dinámica más amplia. Guillermo Inacio, otro viajero asiduo con formación en Relaciones Internacionales, sitúa los cruceros dentro de las expresiones más intensas del turismo global: permiten visitar varios destinos en poco tiempo, pero concentran en pocas horas grandes volúmenes de personas en lugares ya muy demandados. Roma, Marsella, Venecia o Dubrovnik son algunos ejemplos.

Infraestructuras colosales para atracar

Mientras los ocupantes del Wind Star descubren los tesoros arquitectónicos de Palma hasta las 16 horas -el barco tiene previsto partir hacia la costa catalana a las 17 horas-, el crucero permanecerá amarrado en el puerto de Palma. Durante las maniobras, el atraque o la estancia, los buques generan emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx), óxidos de azufre (SOx), partículas finas y CO₂, contribuyendo a la contaminación en entornos portuarios.

Lo hacen, además, en un contexto en el que la zona portuaria despierta interés entre más de cuarenta empresas internacionales, nacionales y locales -42 se han presentado al concurso convocado por la Autoridad Portuaria de Baleares (APB)- para redactar un importante plan de transformación: el Plan Maestro de integración puerto-ciudad, que establecerá las bases de la reordenación del recinto portuario en las próximas décadas.

El proceso de licitación se articulará en dos fases: en la primera -con un plazo máximo de tres meses-, la APB seleccionará un máximo de cinco equipos entre las trece candidaturas presentadas. En la segunda fase, los equipos seleccionados deberán elaborar un anteproyecto técnico y económico en el que planteen distintas soluciones para la reorganización del puerto. 

El proyecto forma parte de las iniciativas impulsadas por la entidad para redefinir la relación entre el puerto y la ciudad y prevé la reordenación de aproximadamente 400.000 metros cuadrados del recinto portuario. Mientras tanto, en la vecina Eivissa, el puerto de Vila, de menor tamaño, se prepara para recibir esta temporada un total de 205 escalas de cruceros con una nueva planificación que pretende evitar los episodios de saturación derivados de la coincidencia de varios buques. En cuando al puerto de Palma espera este año 517 barcos y el de Alcudia, dos.

Más de 3.000 cruceristas a la vez

La autoridad portuaria ha establecido un escalonamiento de las entradas para evitar flujos de más de 3.000 pasajeros por hora, una medida que busca garantizar la movilidad en el entorno portuario y reducir la presión sobre los servicios de transporte. Ya que la llegada simultánea de pasajeros desde los cruceros se traduce en una presión inmediata sobre taxis, autobuses o el bus náutico que conecta distintas zonas del puerto. Desde el sector del taxi, Toni Roig, presidente de la Federación Insular del Taxi de Eivissa y Formentera (FITIE), recuerda al ser preguntado por elDiario.es que esta situación es un problema recurrente en la ciudad de Eivissa. Una portavoz de la APB ha especificado a elDiario.es que únicamente habrá 14 días en los que coincidirán tres cruceros y uno, el 7 de julio, coincidirán cuatro, si bien uno iría al muelle adosado y tres de ellos son cruceros de pequeño porte.

Roig explica que cada vez que coinciden varios cruceros se dispara la movilidad y circular por las principales vías de acceso a la ciudad o hacia la zona de Marina Botafoch —conocida como la Milla de Oro de la pitiusa— se complica. El año pasado se aplicó una medida para escalonar los horarios de llegada y descarga de pasajeros, lo que permitió aliviar parcialmente la situación. Sin embargo, el volumen sigue siendo “muy elevado” y se concentra exageradamente en el núcleo urbano de Vila, muy limitado.

A ello se suma un efecto indirecto: el impacto en el servicio en otros municipios, donde se producen retrasos como consecuencia de la concentración de la demanda: “Está claro que todo lo que sea trabajo es positivo, pero somos una isla, el territorio es el que es y sufrimos una congestión y una densidad de tráfico brutal”.

Está claro que todo lo que sea trabajo es positivo, pero somos una isla, el territorio es el que es y sufrimos una congestión y una densidad de tráfico brutal

Toni Roig — Presidente de la Federación Insular del Taxi de Eivissa y Formentera (FITIE)

El plan: llegadas más escalonadas

Con esta nueva planificación, la autoridad portuaria balear -ha explicado la entidad en un comunicado- busca evitar esos picos de concentración y repartir la llegada de pasajeros a lo largo del día. El objetivo es reducir el impacto inmediato que generan los desembarcos simultáneos y facilitar una circulación más fluida tanto dentro del puerto como en su entorno.

Para ello, se ha establecido que los cruceros accedan a partir de las 11.30 horas —salvo excepciones autorizadas—, con la intención de no coincidir con los momentos de mayor actividad de las líneas regulares que conectan Eivissa con otros puntos del archipiélago y la península. El tráfico de cruceros seguirá concentrándose en el puerto de Botafoch —pantalanes, dique y muelle adosado—, mientras que el resto de muelles continuará destinado al transporte regular.

La previsión es que, en la mayoría de jornadas, el puerto reciba uno o dos cruceros. La coincidencia de tres buques quedará limitada a días concretos y se gestionará mediante la distribución horaria de las llegadas y el uso de distintos puntos de atraque. Solo en casos excepcionales podría superarse esa cifra, generalmente cuando alguno de los barcos es de menor tamaño o realiza escalas en horarios diferenciados.

En la mayoría de jornadas, el puerto de Eivissa recibirá solo uno o dos cruceros

Desde la APB defienden que este sistema permite compatibilizar la actividad turística con el funcionamiento del puerto y la movilidad de la ciudad, en un contexto en el que el tráfico de cruceros ha ido ganando peso en Eivissa en los últimos años. La planificación, en cualquier caso, es flexible y podrá ajustarse en función de necesidades operativas o cambios en los itinerarios de las navieras, añaden.

Los isleños por su parte ponen en tela de juicio la capacidad real de la isla para absorber estos volúmenes. “Aunque se adopten medidas para reducir el impacto, el territorio tiene límites”, dice Sandra, una residente. A su juicio, la llegada de tres cruceros simultáneos —con miles de visitantes por hora— supone una presión difícil de asumir en un contexto ya marcado por la saturación turística y una escasez hídrica preocupante que ha dejado estos días (cuando los hoteles se preparan para abrir y llenan sus piscinas) a un centenar de vecinos sin agua, como publicó Diario de Ibiza.

La presión territorial, al límite

El Informe de Sostenibilidad de 2024 de Ibiza Preservation ya advertía de que el tránsito en carretera, la demanda hídrica y los sistemas de depuración funcionan al límite durante la temporada alta, por lo que la incorporación de visitantes de un solo día añade una carga adicional sobre infraestructuras ya tensionadas.

“En Eivissa necesitamos hablar menos de cómo absorber más presión y más de cuáles son los límites ecológicos y territoriales que no deberíamos seguir sobrepasando”, señala ante elDiario.es la portavoz de la organización medioambiental, Inma Saranova. 

Entre ellos, preocupa el impacto sobre la biodiversidad marina, sobre todo sobre fauna, hábitats frágiles y áreas protegidas. En un entorno como el de Eivissa, donde el litoral y el ecosistema marino son especialmente vulnerables, el ruido submarino, la introducción de especies a través del agua de lastre o la contaminación marina -señalados por la Agencia Europea de Seguridad Marítima (EMSA) o la Agencia Europea de Medio Ambiente (EEA) como presiones relevantes- adquieren un peso añadido. Así como la incorporación de nuevas fuentes de vertidos en zonas costeras muy transitadas de un Mediterráneo muy afectado ya por la contaminación.

A esto se le suma la presión territorial provocada por la llegada simultánea de miles de pasajeros. “El problema no es solo el barco, sino el efecto acumulativo sobre un territorio con límites ecológicos claros”, afirman desde Ibiza Preservation. Esta saturación, aunque se concentre en pocas horas, se suma a la carga total que soporta la isla y reta su capacidad real para seguir absorbiendo determinados modelos turísticos.

El Pikes, uno de los hoteles más míticos de Eivissa, conocido por haber sido un predilecto lugar de vacaciones de Freddie Mercury, está bajo el punto de mira: la Asociación Empresarial de Ocio Nocturno de Ibiza (AEON) ha denunciado ante el Ajuntament de Sant Antoni y el Consell Insular al establecimiento por “presuntas infracciones urbanísticas” y ha reclamado a ambas instituciones “inspecciones para comprobar licencias de actividad” en el contexto de los openings de las grandes salas de fiesta y discotecas de la isla.

“Si el Hotel Pikes tiene algún problema urbanístico no me cabe duda de que el Ayuntamiento de Sant Antoni actuará como debe”, responde José Luis Benítez, gerente de Ocio de Ibiza (asociación en la que está integrado el hotel Pikes). “La regulación actual está bien, todos sabemos dónde estamos ahora, pero cuando quieres acabar con la competencia denunciando es donde reside el problema principal”, añade. El hotel Pikes no ha respondido a las preguntas de elDiario.es en el momento en que se publica esta noticia.

Este hotel-boutique se erige en el centro oeste de la isla, ubicado en el municipio de Sant Antoni de Portmany. La fama que le precede es fruto del trabajo de Tony Pike, un empresario australiano que falleció el 24 de febrero de 2019. Desde su fundación, el hotel se convirtió en refugio de todo tipo de artistas y celebridades excéntricas, que hicieron famoso el local por las desenfrenadas juergas que se corrían, lo que trajo también no pocas polémicas y enfrentamientos con los vecinos.

Para entender las disputas entre los grandes grupos de la isla hay que conocer su historia. El presidente de AEON es José Roselló, fundador de la mítica discoteca Space, que cerró en 2016. Éste, a su vez, ha estado históricamente enfrentado a Abel Matutes, exministro de Asuntos Exteriores con José María Aznar, y dueño del Grupo Empresas Matutes. De hecho, Space echa el cierre porque los Matutes –dueños de esos terrenos de Platja d’en Bossa– abren Hï, la discoteca de ocio nocturno que complementa la oferta diurna de Ushuaïa, que es tanto hotel como discoteca (y que forman parte de Ocio de Ibiza).

Los asociados a AEON consideran que la oferta del ocio diurno hace 'competencia desleal' a sus negocios. Y éste es, precisamente, el centro de todo el conflicto. Una guerra silenciosa que se lleva librando desde el año 2012, cuando el conseller de Turismo, Carlos Delgado (PP), hizo una modificación de la ley turística que permitía que hoteles y restaurantes pudieran llevar a cabo “actividades y servicios complementarios”. O dicho de otra manera: grandes fiestas, a plena luz del día, como si fueran una discoteca más.

Disputas por el control del ocio

El Pikes está controlado por la mercantil Grupo Ibiza Rocks SL, cuyo administrador único es McKay Andrew Charles, que es dueño a su vez del Ibiza Rocks. Este recinto, con capacidad para 2.500 personas, representa una ‘pesadilla’ para los vecinos de los alrededores de Sant Antoni. El ruido y las vibraciones que hay casi todas las tardes se les cuelan en las salas de estar, las cocinas, los cuartos de baño, las habitaciones y les torturan el sistema nervioso. Según sus dueños, es el negocio pionero en explotar la gallina de los huevos de oro: generar tanto o más dinero con una actividad secundaria, una fiesta o un concierto junto a una piscina. Más tarde, coge el testigo Ushuaïa, la joya de la corona de los Matutes.

“Hablan de la ley turística y de un hotel que cerró en Palma que hacía eventos, que no tenía licencia de actividad, cosa muy diferente de los casos que denuncian en Ibiza”, argumenta Benítez. Todos los locales que forman parte de la asociación denunciante son de Sant Antoni (o zona colindante aunque parte de Sant Josep, como Cala de Bou), la mitad de ellos dentro del West End, o en sus límites, mientras que la otra mitad se encuentra en los alrededores, muy cerca del Club Náutico. “Varios bares del West quieren controlar el ocio de Baleares. Sinceramente, creo que Sant Antoni es unos de los mejores pueblos, de los más bonitos, pero tiene una zona que nadie quiere”, analiza Benítez. “El Ayuntamiento de Sant Antoni ha intentado por todos los medios cambiar el modelo, y no solo este gobierno [local], si no los anteriores, que eran de diferentes ideologías. Hasta el propio Govern balear lo intentó, pero si sus empresarios no quieren cambiar el modelo, todo seguirá igual”, afirma.

La denuncia de AEON contra el Pikes, por tanto, es una batalla más dentro de una guerra más amplia. La interpretación que hacen los empresarios del ocio nocturno es que el hotel-boutique vulnera el plan urbanístico de Sant Antoni, así como la ley de urbanismo balear, debido a “obras, usos del suelo y actividades disconformes con la calificación del suelo o sin la preceptiva licencia”. En un informe jurídico registrado ante el Ayuntamiento, consultado por elDiario.es, se detalla que la finca se asienta sobre suelo no urbano. En concreto, 1.937 metros cuadrados están incluidos en un Área Natural de Especial Interés (ANEI), donde el uso residencial está prohibido. El resto de la parcela, de más de 35.515 metros cuadrados, se clasifica como suelo rústico común.

La interpretación que hacen los empresarios del ocio nocturno es que el hotel-boutique vulnera el plan urbanístico de Sant Antoni, así como la ley de urbanismo balear, debido a 'obras, usos del suelo y actividades disconformes con la calificación del suelo o sin la preceptiva licencia'

A partir de esta clasificación, la asociación presidida por Roselló sostiene que el uso de vivienda requiere autorización de la CIOTUPHA (Comisión Insular de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Patrimonio Histórico Artístico del Consell Insular) y que la edificabilidad permitida es de 0,014 metros cuadrados por cada metro cuadrado de suelo. Sin embargo, el informe jurídico de AEON, basado en referencias catastrales y normativa del PGOU y el PTI (Plan Territorial Insular), concluye que en la finca solo sería posible construir una vivienda unifamiliar, con un volumen máximo de 900 metros cúbicos sobre rasante, además de construcciones destinadas a usos agrícolas y actividades vinculadas al campo.

Denuncian infracción urbanística y de actividades

“No consta otorgamiento de Declaración de Interés General”, sentencia la asociación del ocio nocturno. “Asimismo, se desconoce las licencias de actividad autorizadas respecto al referido establecimiento, si bien en su propia web [del Pikes] se publicitan gran número de actividades que difícilmente pueden tener cobertura legal”, interpreta AEON. Por ello, la agrupación empresarial solicita al Ayuntamiento las correspondientes inspecciones por “una presunta infracción de la ley balear de régimen jurídico de las licencias”, al ejercer, a su parecer, “una actividad clasificada sin la correspondiente licencia o comunicación previa”. Para justificar su postura, adjuntan fotografías aéreas donde “se ha documentado la instalación de contenedores que, al aparecer, podrían tener un uso como viviendas y que se encuentran en una zona donde el suelo tiene la clasificación de rústico y cuyo uso principal es agrario”.

Fuentes del Ajuntament de Sant Antoni explican a este diario que el establecimiento constituye “una actividad legalmente implantada, que dispone de licencia de apertura y funcionamiento otorgada con anterioridad a 1985”. “En consecuencia, no resulta exigible la obtención de declaración de interés general, tal como se indica en la denuncia presentada”, valoran. Por otro lado, indican que cuenta “con el correspondiente título habilitante y ha procedido a la regularización de su situación, quedando plenamente legalizado e integrado en la ordenación vigente”.

La patronal del ocio considera que el hotel no tiene licencia de discoteca y pide que sea sancionado, aunque el Ayuntamiento asegura que es una actividad legal

Además, las fuentes municipales consultadas aseguran que la parcela asociada al negocio “se corresponde exclusivamente con la parcela catastral que ocupa la propia actividad, ubicada en su totalidad en suelo rústico común”. En cuanto a las molestias ocasionadas por ruidos, así como por cuestiones de movilidad –vehículos mal estacionados en parcelas colindantes–, reconocen haber recibido “algunas denuncias puntuales”. Igualmente, señalan que el departamento de Urbanismo y Actividades tiene previsto “realizar una inspección con el fin de evaluar todos los aspectos relacionados con la actividad y verificar la posible existencia de incumplimientos hasta la fecha”.

“No tenemos ninguna información sobre que el Ayuntamiento de Sant Antoni haya tomado medidas, realizado inspecciones, ordenado la retirada de los contenedores o que se haya adoptado ninguna medida cautelar de suspensión de actividades, ante la gravedad de los hechos denunciados”, afirman desde AEON. Tampoco les consta que haya ninguna notificación o comunicado de la Policía Local del municipio, ni del área de urbanismo. Al tiempo, defienden los empresarios de AEON, sufren “la competencia desleal de este tipo de hoteles-discoteca que viven de la fiesta (sin control de licencias de actividad, aforos y horarios) y cuyas infracciones (también urbanísticas) parece que no tienen consecuencias”.

En el informe jurídico registrado ante el Ayuntamiento reflejan además que las actividades de este hotel “generan un gran impacto” y que han sido “objeto de quejas y denuncias vecinales por ruidos, por afluencia de multitudes que a simple vista exceden el aforo de la actividad y que además provocan problemas”, en una zona utilizada como “aparcamiento público”. Sin embargo, subrayan, se trata de un terreno clasificado “como rústico y cuyo uso principal es agrario”. Y añaden que lo relevante es que hay, según su interpretación, un ejercicio de “gran número de actividades dispares sin que consten las correspondientes autorizaciones administrativas”, y que ello supone “grave perjuicio para la seguridad de las personas y por ende el interés general”. Es decir, obras de ampliación sin licencia, actividad de bar musical sin licencia de apertura, ruidos molestos o habilitación de parkings, según la versión de AEON.

Exigen inspección al Ayuntamiento

En consecuencia, piden al Ayuntamiento de Sant Antoni que inicie los correspondientes expedientes relativos a disciplina urbanística y revisión de licencias de actividades, así como una inspección “por parte de los servicios técnicos y de la Policía Local para constatar los hechos denunciados”. Como medida cautelar, piden “la paralización inmediata de cualquier obra de ampliación o el cese de cualquier actividad irregular”. En el contexto de inicio de la temporada turística, exigen que dichas inspecciones se amplíen en cuanto a “licencias de actividad, aforos, controles sobre horarios de apertura y cierre, así como las sonometrías correspondientes” y que el Consistorio haga público el resultado de las mismas.

Fuentes del Consell Insular informan de que, en el ámbito de sus competencias, “no tenemos constancia por el momento de actuaciones ni expedientes vinculados a este asunto”. Asimismo, no les consta “la existencia de autorizaciones insulares asociadas al establecimiento”, por lo que han recomendado solicitar acceso al registro del Ajuntament de Sant Antoni.

Según AEON, los hechos denunciados son reiterativos desde, al menos, el año pasado. El registro turístico del Consell Insular indica que el Pikes figura como un hotel aunque no aparece como discoteca o sala de fiestas en el listado de oferta de entretenimiento de la institución insular. Por eso la asociación del ocio nocturno de la isla insiste en que haya un “control de licencia de actividades, aforos y horarios de las fiestas que organizan”.

El ruido de las obras rompe la calma de los jardines que, durante décadas, han permanecido casi intactos frente a la bahía de Palma. Dentro, operarios revisan muros agrietados, sistemas de riego envejecidos y piscinas castigadas por el salitre. En el palacio de Marivent, el sonido metálico de las herramientas, el ir y venir de los trabajadores y la tierra removida delatan una reforma a la que el Govern balear ha dado luz verde con un presupuesto que rondará los 500.000 euros de dinero público. El objetivo: frenar el deterioro acumulado durante más de dos décadas en la residencia veraniega de los reyes que había de convertirse en espacio abierto a la ciudadanía y acabó consolidándose como enclave institucional de acceso restringido. Solo en determinados periodos la ciudadanía puede pasear por sus jardines.

La intervención actual, sin embargo, no es un episodio aislado, sino una pieza más de un sistema de gasto sostenido que se reactiva especialmente durante los periodos de estancia de los reyes en Mallorca. Solo en limpieza y suministros, el Boletín Oficial del Estado (BOE) recoge contratos de más de 217.000 euros anuales, al que se añaden servicios de refuerzo adjudicados con fórmulas de contratación por horas que permiten ampliar el servicio durante los meses de verano. A nivel global, el Ejecutivo autonómico, titular del inmueble, destina más de 1,2 millones de euros cada año a su mantenimiento, una cifra que llegó a alcanzar los 1,7 millones en 2013, con José Ramón Bauzá (PP) como presidente.

No son las únicas inversiones que recibe el palacio. Sin precisar cantidades económicas concretas, la memoria de actividades de Patrimonio Nacional relativa a 2025, consultada por este medio, recoge que el año pasado se instalaron nuevos sistemas de detección y protección contra incendios en distintos inmuebles de su propiedad y, pese a no estar incluido entre ellos, también en Marivent -más en concreto en el edificio Camaretas-. Asimismo, se llevó a cabo la renovación de los baños en los apartamentos del personal de servicio y la demolición del forjado de la “antigua piscina” por problemas estructurales. En 2024, se llevaron a cabo estudios y tomografías en el arbolado con cargo a los fondos del Gobierno. Según datos obtenidos en su momento por Newtral a través del Portal de Transparencia, el ente encargado de la gestión de los bienes vinculados a la Corona destina -al menos hasta 2021- una medida de 220.000 euros anuales para sufragar gastos de personal y suministros.

En este contexto, la reforma actual reabre una cuestión de fondo: qué retorno público tienen las inversiones en una residencia institucional de uso limitado en un escenario, además, marcado por la crisis de acceso a la vivienda, la saturación turística y el debate sobre el modelo económico de las islas.

La reforma reabre una cuestión de fondo: qué retorno público tiene la inversión pública sostenida en una residencia institucional de uso limitado en un escenario, además, marcado por la crisis de acceso a la vivienda, la saturación turística y el debate sobre el modelo económico de las islas

Más de 25 años sin reformas profundas

En la propia memoria justificativa de la reforma actual, a la que ha tenido acceso elDiario.es, la Conselleria de Presidencia y Administraciones Públicas considera incluso que es “totalmente necesario incrementar la partida prevista” para el mantenimiento de Marivent ante el deterioro del palacio, que arrastra más de 25 años sin reformas profundas. El informe va más allá y advierte de que el coste del mantenimiento ordinario ya supera los límites de los contratos menores –reservados para gastos puntuales y de escasa cuantía–, lo que obliga a recurrir a nuevas licitaciones de mayor importe y a planificar intervenciones más amplias para evitar que los daños estructurales se agraven. Un hecho que confirma el carácter estructural y elevado del gasto asociado al complejo. Marivent ha dejado de ser un gasto puntual para convertirse en una estructura de gasto permanente.

La memoria de la reforma advierte de que el coste del mantenimiento ordinario ya supera los límites de los contratos menores -reservados para gastos puntuales y de escasa cuantía-, lo que obliga a recurrir a nuevas licitaciones de mayor importe y a planificar intervenciones más amplias para evitar que los daños estructurales se agraven

De acuerdo al documento consultado por este periódico, la reforma prevista abarca tanto elementos estructurales como instalaciones y espacios exteriores. Entre las actuaciones previstas se encuentran la restauración de pavimentos de piedra y empedrados, la sustitución de barandillas corroídas por la oxidación y la intervención en cubiertas, cornisas y fachadas expuestas al salitre y la reparación del vial de acceso dañado por raíces. También se contemplan actuaciones en la piscina –con filtraciones y maquinaria obsoleta–, vestuarios, caminos interiores y edificios auxiliares, así como la reparación de muros, canalizaciones y sistemas de drenaje. En el exterior, se prevén trabajos en jardines, la rehabilitación de fuentes ornamentales en desuso, la reparación de daños causados por los temporales y la mejora de los sistemas de riego.

El presupuesto base de licitación asciende, en concreto, a 470.444 euros (IVA incluido). Sin embargo, el expediente prevé la posibilidad de incrementar el importe hasta un 20% adicional en caso de aparición de vicios ocultos, es decir, defectos no detectados en la inspección inicial que suelen afloran durante la ejecución de una obra, lo que podría elevar el coste final por encima de los 560.000 euros.

Como explicita la memoria justificativa de la reforma, a raíz de la constitución de la Comunidad Autónoma, los inmuebles que conforman el recinto de Marivent fueron transferidos por el entonces Consejo General Interinsular, pasando así a formar parte del patrimonio autonómico. En consecuencia, su administración, conservación y protección es responsabilidad del Govern balear, tal como dispone la ley del patrimonio de la Comunidad Autónoma de Balears.

“Como cualquier otro inmueble de la cual es propietaria, la Comunidad Autónoma tiene la obligación de cuidar de la conservación y el mantenimiento de Marivent por un doble motivo: la protección de la finca, como conjunto arquitectónico que forma parte de un legado integrado en nuestro patrimonio, y la necesidad de que pueda servir a la finalidad a la cual el inmueble está destinado”, añade el documento. Al definir ese “destino”, el informe, lejos de hacer referencia al uso original del palacio –concebido como museo abierto a la ciudadanía–, asume plenamente que el complejo es, “desde hace mucho tiempo, no solo la residencia de verano de la Familia Real, sino lugar de descanso a lo largo del año, por lo cual es frecuentemente utilizado por todos sus miembros y pasan numerosas personalidades de todos los ámbitos”.

Un modelo de contratación fragmentada

Aunque el procedimiento de adjudicación es abierto, la reforma se inserta en un modelo de contratación fragmentada que caracteriza la gestión de Marivent desde hace décadas. El mantenimiento del complejo no se licita como un servicio integral, sino que se divide en múltiples contratos individuales –limpieza, jardinería, plagas, electricidad, climatización, obras– adjudicados a distintas empresas. En este caso, la contratación ha recaído en Bonfill Ingeniería, Arquitectura y Paisaje SL, una empresa mallorquina fundada en 2011 que ha incrementado su presencia en la contratación pública balear en los últimos años. Solo en 2025, el volumen de contratos superó los cinco millones. Su actividad se concentra en reformas de edificios públicos, infraestructuras y proyectos para distintas administraciones.

Aunque el procedimiento de adjudicación es abierto, la reforma se inserta en un modelo de contratación fragmentada que caracteriza la gestión de Marivent desde hace décadas

Cabe destacar que el gasto en Marivent no se limita a obras y contratos externos. Un acuerdo del Consell de Govern aprobado en julio de 2025 incluye explícitamente al personal que presta servicios en el palacio dentro de los colectivos que pueden percibir retribuciones por horas extraordinarias, lo que evidencia que la actividad del complejo genera también costes laborales adicionales vinculados a su funcionamiento ordinario. La medida se justifica, según el propio documento, por la imposibilidad de compensar esas horas con descanso, lo que refuerza la idea de que el mantenimiento y uso del palacio comporta una carga estructural de gasto público más allá de las partidas presupuestarias visibles.

En las últimas legislaturas, de acuerdo a la documentación analizada por este medio, el Govern ha adjudicado servicios de refuerzo por importes de hasta 100.000 euros, con sistemas flexibles que permiten ampliar el servicio durante los meses de mayor actividad. Dependiendo del periodo, las distintas contrataciones han recaído en una u otra empresa: así, en 2011 el Govern adjudicó por 47.200 euros a Hidráulica y Electricidad SA el mantenimiento de las instalaciones eléctricas del complejo, mientras que la climatización fue encargada a Refrigeración y Confort SA por importes similares en contratos de dos años formalizados en 2014. A ello se suman actuaciones puntuales de obra menor, como el contrato adjudicado en 2016 a Construcciones Llull Sastre SA por 56.562 euros para la reposición de pavimentos, muros y escaleras, y otros para el control de plagas, que recayó en mercantiles como Will Kill SA por 41.300 euros.

Incumplimiento de contrato

Mientras tanto, algunas de las contrataciones no se han librado de la polémica. En 2014, el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJIB) ratificó que 292.132 euros reclamados por Lireba Serveis Integrats -que operó como filial del grupo ACS- a raíz de la liquidación del contrato para la limpieza y mantenimiento del palacio de Marivent correspondían al Govern, que le adjudicó estos trabajos en agosto de 2007. La Sala declaraba probado cómo, durante la vigencia del contrato, la empresa facturó y cobró la anterior cantidad sin contraprestación alguna por su parte.

Posteriormente, el Tribunal Supremo validó la actuación del Ejecutivo balear de rescindir el contrato antes de su resolución definitiva, al considerar que la medida estaba justificada por razones de interés público y seguridad, especialmente en un entorno sensible como Marivent. Entre otros aspectos, el Alto Tribunal destaca que Lireba debía mantener un servicio permanente con un número concreto de empleados adaptado a las estancias de la Familia Real. Sin embargo, la empresa llegó a prestar el servicio con menos de la mitad del personal exigido, incumpliendo una condición que el propio contrato calificaba como esencial. La sala subraya que este déficit no era un aspecto menor, sino un “quebrantamiento” del núcleo del contrato, al afectar directamente a la calidad y viabilidad del mantenimiento del complejo.

La resolución, sin embargo, iba más allá: dejaba al descubierto relevantes disfunciones en la gestión de estos servicios públicos, no solo respecto a los fallos en el control de la ejecución contractual -el hecho de que la empresa llegase a facturar servicios no prestados conforme a lo pactado-, sino que pone de relieve la complejidad de un modelo basado en contratos fragmentados y altamente dependientes de condiciones variables, como las estancias de la Familia Real. El resultado es un sistema en el que el seguimiento efectivo del servicio se vuelve clave, pero también difícil de fiscalizar.

En 2014, el Tribunal Superior de Justicia de Balears ratificó que la empresa Lireba, que operó como filial de ACS, percibió 292.132 euros sin haber efectuado la correspondiente contraprestación por la limpieza y mantenimiento de Marivent que tenía encomendado desde agosto de 2007

El gasto público en Marivent ha sido –y continúa siendo– objeto de críticas políticas y sociales durante años. Además de los fondos públicos destinados a su mantenimiento, formaciones políticas y movimientos ciudadanos han denunciado la falta de transparencia sobre el proceso que convirtió el palacio en la 'residencia real' de verano en Mallorca. elDiario.es sacó a la luz la escritura con la que José Carlos Herrmann–Marconi, heredero del filántropo Ionannes Saridakis, renunciaba en 1978 al palacio, contraviniendo lo que había dispuesto en su testamento su padrastro. Saridakis, filántropo de origen griego, había hecho fortuna en Sudamérica y encontró en Mallorca su retiro dorado. La isla lo encandiló hasta tal punto que decidió donar a Balears un inmenso legado artístico y arquitectónico que incluía el palacio que hizo levantar a orillas del mar.

Fue su viuda quien, en 1965, cedió el edificio, el terreno de 33.905 metros cuadrados sobre el que había sido construido y la colección de arte del filántropo a la entonces Diputación Provincial bajo la condición de que los mallorquines –y la población en general– pudieran deleitarse con la cultura y el pensamiento que encerraban sus paredes. Un extremo que solo se cumplió entre 1965 y 1972. Durante varios años, el espacio museístico permaneció abierto al público, pero, tras su cesión a los reyes por parte de la franquista Diputación Provincial de Balears, nunca más volvió a abrir sus puertas, convirtiéndose en la residencia privada de la Familia Real durante sus estancias en Mallorca.

La escritura de renuncia, un documento de 14 páginas que nunca antes había salido a la luz, es el papel al que se agarran en la Casa Real para justificar el uso privativo de Marivent por parte de la realeza. En el documento, sin embargo, el heredero (José Carlos Herrmann-Marconi) no justifica los motivos que le conducen a incumplir la última voluntad de Ionannes Saridakis.

El documento deja constancia del momento en el que, seis meses antes de la promulgación de la Constitución, el 6 de abril de 1978 Marconi comparecía ante el notario Julio Albi, con despacho en Madrid, para formalizar la renuncia. De la mansión desistió en pleno proceso judicial impulsado por los herederos contra el Govern –que había absorbido a la Diputación Provincial– y a la Fundación Museo de Arte Saridakis –declarada entonces en rebeldía– por el mal uso de la donación de su ascendiente. Marconi recuperó la titularidad de los bienes de su padrastro, pero no el palacio. Durante cinco décadas, los reyes han invitado al palacete a presidentes del Gobierno e ilustres mandatarios extranjeros y han disfrutado de las vacaciones en la isla a costa de los contribuyentes, que se quedaron sin palacio y sin museo.

Los jardines con las esculturas de Miró, abiertos al público

En la actualidad, de todas las pinturas que cuelgan en el interior de Marivent, más de ochenta son propiedad del Govern, como consta en el Inventario General de Bienes y Derechos de la Administración de la Comunidad Autónoma de les Illes Balears (CAIB), consultado por elDiario.es. Junto a los cuadros, el Ejecutivo autonómico también posee la propiedad de buena parte del mobiliario del edificio, como varias camas mallorquinas de los siglos XVIII y XIX, un arcón gótico mallorquín, un banco neoclásico, un escritorio barroco e innumerables espejos y cómodas. Elementos de gran valor a los que ciudadanía, sin embargo, no tiene acceso.

Por el contrario, los jardines de Marivent, que ocupan una superficie total de 9.155 metros cuadrados, sí se encuentran abiertos al público tras el acuerdo alcanzado en mayo de 2017 entre el Govern de Francina Armengol y la Casa Real para conjugar el proyecto de apertura de la zona exterior del complejo con el uso del palacio como residencia de la familia real. En ellos se exhiben doce esculturas en bronce que Joan Miró realizó entre los años 1969 y 1981 y que la familia del pintor cedió para dar un valor añadido a las visitas. Una iniciativa que pretende, además, poner de manifiesto el vínculo de la obra del artista catalán con el barrio de Cala Major, que él mismo escogió para vivir y trabajar. 

Un hombre de 65 años y nacionalidad alemana ha fallecido este jueves tras precipitarse por un desnivel de unos 30 metros en el término municipal de Valldemossa, en Mallorca, según ha informado la Guardia Civil.

El accidente se ha producido poco antes del mediodía, cuando la víctima realizaba una excursión junto a un grupo de once personas. En un momento del recorrido, el senderista se habría separado ligeramente del grupo, que perdió su rastro al no regresar.

Ante la ausencia, los excursionistas decidieron retroceder sobre sus pasos y localizaron al hombre tras comprobar que había caído por una zona escarpada, con un desnivel de entre 30 y 40 metros, en las inmediaciones del torrente de sa Marina, ubicado en un entorno abrupto de la Serra de Tramuntana, con tramos de fuerte pendiente, terreno rocoso y pasos estrechos.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de emergencias, aunque los servicios sanitarios no pudieron hacer nada por salvarle la vida. El cuerpo sin vida fue recuperado por el helicóptero de la Guardia Civil. En el operativo también han participado bomberos del parque de Sóller con el apoyo del helicóptero Milana.

Un hombre ha aceptado este miércoles una condena de dos años y tres meses de prisión por intentar matar a su pareja en Palma, a la que intentó cortar el cuello con un machete. El acusado tenía en vigor una orden de alejamiento tras haberla agredido previamente.

El inculpado se ha sentado este miércoles en el banqullo de la Audiencia Provincial de Balears, donde ha reconocido los hechos. El tribunal ha dictado sentencia de conformidad después de que las partes hayan alcanzado un acuerdo que ha rebajado la condena inicial de seis años de cárcel que reclamaba la Fiscalía.

El condenado ha admitido que el 20 de octubre de 2024 acudió al domicilio de la víctima, a sabiedas de que incumplía la orden judicial que le prohibía acercarse a ella. Una vez allí, inició una acalorada discusión y comenzó a propinarle varios golpes y puñetazos en la cabeza y en las piernas, para acto seguido coger un machete de grandes dimensiones y provocarle un corte en el cuello en forma de 'y'.

La sentencia lo considera autor de un delito de tentativa de homicidio y otro de quebrantamiento de condena. Además, se ha aplicado la atenuante de reparación del daño después de que el acusado entregara 4.000 euros a la víctima como indemnización.

Es Canar vive en una doble realidad que apenas se toca: en verano, sus calles se llenan hasta cuadruplicar la población residente; en invierno, el silencio se impone en un núcleo que queda prácticamente vacío. Entre esas dos imágenes se mueve este núcleo poblacional del este de Eivissa que suma 7.645 plazas turísticas frente a 1.689 habitantes empadronados y que, sin ser un pueblo en sentido estricto, ha terminado funcionando como uno de los motores del turismo familiar de la isla. Ahora, ese modelo empieza a dar un giro con la construcción de un hotel de cinco estrellas que apunta hacia un perfil de visitante más exclusivo.

Desde la playa se divisan dos islotes llanos, la isla de es Canar y sa Galera, que inspiran la misma calma y tranquilidad que la zona junto a la que existe su morfología. Turística, pero familiar, con visitantes que han ido aumentando desde mediados de los años sesenta, a la par que lo hacían los complejos hoteleros, apartamentos y campings para albergarlos. 

No es un pueblo ni una parroquia –aunque cuenta con una capilla al aire libre, como Cala Llonga– sino un antiguo diseminado ligado a tradición de cultivos al estilo ibicenco (que combinan cereales y árboles frutales) y que hace décadas llegaban hasta primera línea de mar. Algunos todavía sobreviven, como en es Figueral –otro núcleo parecido–, aunque ya ambas sean áreas turísticas concentradas con tramos urbanos.

El paraíso de es Canar pegó el boom a la vez que lo hacía la industria turística en Eivissa en general, pero aún más en 1973 de la mano de la creación de su mercadillo hippy –el primero y más grande de la isla, con 400 puestos en la actualidad– en el Club Punta Arabí. Su fundador fue el vendedor más veterano de entonces, el brasileño Lucio Moreira. El detonante de esta apertura a nivel insular fue la apertura en 1966 del aeropuerto de es Codolar al tráfico internacional, que ya había funcionado como aeródromo militar durante la guerra, lo que supuso el inicio de la gran transformación económica y social de la isla.

Fueron los visitantes que llegaban de la Península y de todos los lugares del mundo quienes empezaron a vender artesanías en es Canar utilizando el suelo como punto de venta, así como a tocar instrumentos durante esos encuentros. “Era una celebración y un intercambio”, recuerda Maiki, artesana de ropa de algodón y actual miembro de la Junta de la Asociación de Vendedores: “Con el tiempo empezaron a llegar los primeros turistas, también gente de dinero y artistas y con esa afluencia se empezaron a vender las primeras artesanías”. 

Con el tiempo empezaron a llegar los primeros turistas, también gente de dinero y artistas y con esa afluencia se empezaron a vender las primeras artesanías

Maiki — Artesana y miembro de la Junta de la Asociación de Vendedores

El mercadillo: símbolo del ‘boom’

Algunos vendían objetos hechos a mano en Perú y otros cinturones de plata que venían de la India. Incluso piezas bastante caras que eran obtenidas por gentes que se querían “hacer ver” a través de sus looks, por entonces muy llamativos. “Existía un pseudo hippismo vinculado al dinero”, añade, que todavía sobrevive, por otro lado, en la actualidad.

Con el tiempo, los vendedores se empezaron a congregar entre las paredes del club –que alberga un hotel– y más tarde se fueron organizando con números y carnets que más tarde se convertirían en puestos propios por los que tuvieron que empezar a pagar por estar allí y desarrollar la actividad que desarrollaban libremente al principio y que cada vez se fue volviendo más comercial.

En paralelo, los turistas se fueron asentando entre las calles del núcleo turístico durante sus vacaciones buscando la slow life que no ofrecían otras zonas que ya habían crecido con el negocio del ocio nocturno, como Sant Antoni. En este rincón del este de la isla también empezaba a haber chiringuitos y lugares para ir de fiesta, como la discoteca La Cancela –que en los años ochenta y noventa atraía hasta a residentes de otras partes de Eivissa–. Sin embargo, el leitmotiv de es Canar era muy diferente: ofrecer a grupos familiares y jóvenes provenientes de distintas partes de Europa todo lo que necesitaban dentro de un mismo complejo. Mientras esto sucedía, aumentaban los puestos de trabajo que favorecieron en la época la migración peninsular.

La demanda fue derivando progresivamente en una saturación (el cuádruple de plazas turísticas que de personas empadronadas) que la Federación Hotelera de Eivissa i Formentera no ha considerado, al ser consultada por elDiario.es, particular del antiguo diseminado, sino habitual en la mayoría de zonas turísticas de las islas y del conjunto de España. 

En el caso del norte de Santa Eulària el crecimiento se ha producido de forma especialmente desordenada, no solo en es Canar, sino en otros puntos como Cala Pada, es Figueral o Cala Llenya, que presentan un desarrollo caótico desde el punto de vista de la planificación, apunta el geógrafo y experto en turismo de las Pitiüses Maurici Cuesta.

Más de cuatro turistas por residente

Hoy, las 7.645 plazas turísticas –según datos de la Federación– contrastan con los 1.689 residentes registrados en el padrón municipal: 863 hombres y 826 mujeres, según cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE). Entre ellos, muchos conviven con esta realidad que, en temporada alta, se traduce en una saturación evidente del espacio público, dificultades de aparcamiento y una presión constante sobre la vida cotidiana.

A ello se suma el contraste estacional: en invierno, es Canar se convierte en un pueblo fantasma, no hay nada para la gente local que vive allí todo el año: solo un bar. Mientras que en verano la actividad se concentra al máximo y el núcleo multiplica su población.

Las 7.645 plazas turísticas contrastan con los 1.689 residentes registrados. En invierno es una zona fantasma, no hay nada para la gente local que vive allí todo el año: solo un bar

“Agobia un poco, evidentemente, porque a quién no le agobia que de repente en la zona en la que vive haya un montón de gente, te cuesta más encontrar aparcamiento”, explica Sofía (nombre ficticio a petición propia), una vecina. “Pero la verdad es que es un turismo, dentro de lo que cabe, muy familiar –casi todo son familias británicas– y muy respetuoso. Desde el COVID parece que hay también turismo más nacional, no es como en Sant Antoni o Platja d’en Bossa existe un público más hooligan”.

Sofía también percibe un contraste estacional muy fuerte: “Lo que más nos choca –a mi pareja y a mí– es el invierno, porque es Canar se convierte en un pueblo fantasma”. Los miércoles –cuando hay mercadillo hippy– son un “terror”, añade. Aún teniendo parking propio y cerrado con una barrera, los turistas aparcan en su vado.

El escenario dista mucho de la playa con muelle y actividad pesquera rodeada de cultivos que había sido. El desarrollo de este núcleo poblacional ha sido paralelo, desde los años sesenta, al del turismo en la isla y con el tiempo se ha convertido en un continuo urbano junto a Punta Arabí y Cala Nova muy importante dentro del término municipal de Santa Eulària. 

“Era una zona bastante normalita, con souvenirs, bares, restaurantes, servicios de playa, hoteles, hostales y apartamentos”, explica Cuesta. “Ahora ha cambiado de escala, con muchos establecimientos reconvertidos o con nuevos nombres para adaptarse a otros tipos de turismo”, añade.

Es Canar cuenta ya con una treintena de complejos turísticos, en su mayoría de dos y tres estrellas –de grandes dimensiones y con amplios servicios destinados al turismo de masas–, como el hotel Caribe o el de la cadena hotelera pitiusa Invisa, con 270 habitaciones. Pero a lo largo de los últimos años han ido brotando, sobre todo en los alrededores (s’Argamassa o Cala Nova), alojamientos de mayor categoría, en línea con una evolución hacia un perfil más high class. 

Un nuevo complejo de cinco estrellas

El reducido vecindario se prepara para seguir ampliando su oferta turística con un nuevo hotel de alta gama previsto, si se cumplen los plazos, para la temporada de 2027, como ha publicado El Periódico de Ibiza. El proyecto, promovido por un inversor nacional del sector inmobiliario, plantea la construcción de un establecimiento de 116 habitaciones que aspira a alcanzar la categoría de cinco estrellas, aunque esta dependerá del Consell Insular.

El inmueble, cuya construcción ejecuta Hermanos Parrot, tendrá planta baja y una altura, además de servicios como piscina, spa y aparcamiento. Se tratará de un edificio de estilo mediterráneo ibicenco y estará rodeado de especies autóctonas –pretende ser respetuoso con el medio ambiente–. “Si el hotel –que está en construcción– es de cinco estrellas y viene el mismo tipo de cliente [más familiar], será de bien también”, valora Anabel, otra residente de 28 años. 

Las obras comenzaron el pasado mes de diciembre y tienen una duración estimada de dos años. En estos momentos, la promotora negocia qué cadena hotelera operará el establecimiento. La llegada de este nuevo complejo supone la materialización de un viraje que ya estaba en marcha: el paso de un turismo familiar y de escala media a un modelo progresivamente orientado al lujo. Un cambio que no rompe con lo que es Canar ha sido, pero redefine hacia dónde se dirige, igual que el resto de la isla, cada vez más enfocada al cliente de alto poder adquisitivo.

El Parlament balear ha aprobado este martes, con los votos a favor de PP y Vox y el rechazo mayoritario de la izquierda, a la ley que permitirá la creación de la Universidad de Mallorca (Umac), un nuevo centro privado impulsado por Adema. La iniciativa reconoce a la UMAC como una universidad privada con personalidad jurídica propia y forma de sociedad limitada en un contexto de creciente debate sobre el auge de la enseñanza superior privada en Balears y en el resto de España.

El nuevo centro, que se ubicará inicialmente en Palma e Inca, ofrecerá titulaciones en ámbitos como Medicina, Odontología, Ingeniería, Bellas Artes o Ciencias Políticas, además de másteres y doctorados. Aunque no recibirá financiación directa de los presupuestos autonómicos, sí podrá concurrir a convocatorias públicas competitivas. La ley también regula su relación con el sistema sanitario público para la realización de prácticas, estableciendo que los estudiantes de la Universitat de les Illes Balears (UIB) tendrán prioridad en el acceso a hospitales y centros sanitarios.

El impulso parlamentario de la Universidad de Mallorca llegó después de que los servicios técnicos del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades emitieran un informe desfavorable que cuestionaba la viabilidad financiera y las garantías docentes e investigadoras del proyecto, tal como informó El País, lo que Adema atribuyó en un comunicado a que no habían podido valorarse algunos de los documentos que acompañaban al proyecto porque se habían perdido en su “conversión a PDF”. Con todo, dado que el dictamen no era vinculante, la Conselleria balear de Educación inició su propio procedimiento con el objetivo de evaluar la viabilidad del nuevo centro.

Finalmente, la Conferencia General de Política Universitaria emitió el informe preceptivo necesario para avanzar en el proceso, un paso que, según denunció Adema, se produjo “18 meses después de haberse remitido la memoria por parte de la Conselleria”, atribuyendo esta demora a una “decisión política” del Ministerio.

La aprobación de la ley ha evidenciado, una vez más, un fuerte choque ideológico en la Cámara: desde MÉS per Mallorca, la diputada Maria Ramon ha advertido de que el Govern impulsa una política que “apuesta por la educación como un activo de mercado y no como un derecho” mientras que, en términos similares, el diputado de Unidas Podemos, José María García, ha denunciado que esta ley es la prueba de que los “lobbies” de las universidades privadas “trabajan codo con codo con el Govern para implantarse en Balears”. “Hablan de libertad pero solo quieren favorecer la enseñanza privada”, ha criticado. En una intervención anterior, García ya alertó de que el texto de la ley contiene “varias cuestiones que generan dudas”, como la figura jurídica de Adema, constituida a través de una sociedad de responsabilidad limitada (Academia Dental de Mallorca S.L.).

El PSIB-PSOE, por su parte, ha optado por la abstención, marcando distancias con el proyecto pero evitando el rechazo frontal. Los socialistas reconocen que esta iniciativa presenta diferencias respecto a otros proyectos privados, al haberse desarrollado -a su juicio- con mayor diálogo y sin operaciones urbanísticas controvertidas. Aun así, han advertido de “riesgos” y han asegurado que estarán “vigilantes” para que el Govern no relegue a la universidad pública. “En este caso sí que ha habido debate y diálogo con la comunidad universitaria y se ha hecho sin imposiciones ni operaciones urbanísticas dudas. La oferta de titulaciones no entra en competencia directa con la universidad pública”, ha expuesto la socialista Mercedes Garrido.

PP y Vox defienden la privada como “oportunidad”

Desde la derecha, el PP ha defendido la ley como una ampliación del sistema universitario y no como una alternativa a la pública. “No hemos elegido entre reforzar la pública o ampliar el sistema, sino las dos cosas”, ha aseverado la diputada Ana Isabel Curtó. Vox, por su parte, ha enmarcado el debate en términos ideológicos, defendiendo la universidad privada como garantía de “libertad” frente a lo que ha calificado como “wokismo” en la educación pública, y cargando contra la UIB por un supuesto sesgo ideológico.

El texto de la norma incorpora algunas condiciones tras su paso por el Parlament, como la obligación de destinar al menos un 5% de los ingresos a becas o el derecho del Govern a intervenir en caso de cambio de accionariado. Además, cualquier nueva titulación deberá contar con el aval de la agencia de calidad universitaria y la autorización del Consell de Govern.

Por su parte, Adema, promotora del proyecto, ha celebrado la aprobación de la ley y ha asegurado que la nueva universidad permitirá reforzar la conexión entre la formación superior y el tejido productivo de Baleares. La entidad prevé destinar 6,8 millones de euros en becas durante la próxima década para atraer talento y perfiles de alto rendimiento.

Cabe recordar que, el pasado mes de septiembre, el Govern ya declaró como proyecto de especial interés estratégico el nuevo centro universitario Beato Luis Belda, adscrito a la institución católica privada CEU San Pablo. Con esta decisión, el Ejecutivo otorgaba un trato preferente a una iniciativa educativa confesional, situándola en la misma categoría que proyectos empresariales considerados esenciales para la transformación económica de las Islas.

Posteriormente, el Ejecutivo anunció su intención de recurrir ante el Tribunal Supremo el decreto del Gobierno central que endurecerá los requisitos para la creación de universidades privadas, El vicepresidente primero, Antoni Costa, afirmó en su momento, de hecho, que “no pondrán palos a las ruedas” en el proceso de puesta en marcha de estos centros: “Creemos que la oferta de la UIB [Universitat de les Illes Balears] debe ser complementada con la privada. Se llama libertad”.

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJIB) ha condenado a dos años de inhabilitación a una magistrada por dictar dos resoluciones judiciales que no permitieron a una empresa en concurso interponer recurso, pese a que la ley sí lo contemplaba. La Sala considera que la acusada actuó con grave imprudencia, si bien descarta que lo hiciese con dolo.

El caso se inscribe en el procedimiento concursal de Grupo 4 Islas Balears S.L., empresa que explotaba el hotel Torre Azul en s'Arenal de Llucmajor. Según la sentencia, la jueza, quien ejercía como sustituta en el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Palma, incurrió en un “error inexcusable” al considerar que las decisiones que adoptó en este procedimiento eran de trámite y, por tanto, no podían ser recurridas, lo que impidió que la mercantil recurriera dos providencias dictadas en julio de 2023.

El tribunal subraya que estaba “convencida, aun cuando ello no era así, de su carácter irrecurrible”. Los magistrados descartan, con todo, que actuara con dolo -lo que evita una condena por prevaricación-, pero concluyen que sí incurrió en grave imprudencia al dictar resoluciones “manifiestamente injustas” y de “flagrante ilegalidad”.

Vulneración del derecho a recurrir

La Sala es contundente al señalar que “ninguna interpretación” del artículo 448 de la Ley de Enjuiciamiento Civil amparaba impedir el recurso contra las dos providencias. Es más, sostiene que la negativa a permitir la impugnación “no solo es errónea”, sino que “se aparta de cualquier interpretación aceptable de la Ley” e incluso “contraviene el tenor literal de la misma”, vulnerando el principio de acceso a los recursos.

“Nos encontramos ante el caso de que la magistrada querellada actuó creyendo temerariamente que la resolución que dictaba era correcta, cuando era flagrante su ilegalidad”, apunta la Sala, qye llega a la convicción de que la jueza acusada actuó con grave imprudencia y dictó unas resoluciones manifiestamente injustas.

Con todo, la Sala no aprecia reproche penal en la conducta que se le atribuye a la magistrada por parte de la acusación de no haber ejecutado inmediatamente un anterior auto de remoción del administrador concursal cesado. En este sentido, los magistrados consideran que su actuación era defendible, teniendo en cuenta que en el hotel sucedieron una serie de altercados que exigían auxilio judicial y que el administrador cesado había anunciado y presentado un recurso de reposición contra su cese. En la práctica, añaden, no es inusual esperar a que se resuelva el recurso antes de hacer efectivo el relevo.

La magistrada ha sido condenada a dos años de inhabilitación y al pago de la mitad de las costas del proceso al Ministerio Fiscal y a la acusación particular. Por el contrario, el tribunal la absuelve de otro de los reproches planteados: no haber ejecutado de forma inmediata un auto que ordenaba la remoción del administrador concursal. La decisión no es firme, cabe recurso de apelación ante el Tribunal Supremo.