Hay personas que llegan a una isla buscando sol. Otras se aferran a la estacionalidad para encontrar una oportunidad profesional e incluso las hay que recalan en ella para fijar una jubilación tranquila. El londinense Silas Wager aterrizó en Mallorca hace cinco años con algo bastante menos habitual: una colección de aproximadamente 12.000 vinilos acumulados durante más de tres décadas. Lo hizo en una antigua panadería del casco histórico de Palma, espacio que reconvirtió para crear su tienda-estudio, Eclectic Journeys, un espacio que aspira a ser refugio para la curiosidad musical y un lugar donde nacen canciones y en el que todavía se cree en el poder de los encuentros inesperados.

Aquellos discos, reunidos desde que tenía 17 años recorriendo tiendas, mercadillos y colecciones privadas, no eran solo una afición, sino el hilo conductor de una vida entera atravesada por la música, la búsqueda y la escucha como forma de conocimiento. Hoy, a sus cincuenta y tantos años, esos mismos discos se han convertido en el centro de un proyecto vital que encontró en Palma el lugar adecuado para desarrollarse. Y es que la trayectoria de Wager difícilmente encaja en la imagen clásica del comerciante especializado o del emprendedor cultural. Antes de abrir su tienda, había encadenado una secuencia de oficios tan dispares como reveladores de una vida alejada de la linealidad y marcada por la adaptación constante: fue paperboy —repartidor de periódicos— en su adolescencia; trabajó como cartero, como instalador de moquetas y como diseñador gráfico. 

Su llegada a España se produjo hace una década. Lo hizo llevando consigo prácticamente todas sus pertenencias, incluidos los miles de discos que había acumulado durante años. Tras instalarse durante un tiempo en el campo valenciano, donde vivió alrededor de cinco años, comenzó a pensar en un nuevo destino. Mallorca aparecía en el horizonte por varias razones: el tamaño de Palma, su tradición cultural y un contexto musical y pasión por el vinilo que, según él, llevaba décadas formando parte de la identidad de la ciudad.

Una antigua panadería

El local que alberga hoy Eclectic Journeys posee una historia propia. Durante décadas funcionó como panadería y todavía conserva hoy el elemento que remite a aquel pasado. Entre las estanterías llenas de discos asoma el horno que se utilizaba para elaborar pan y que conserva cuarenta décadas de elaboración artesanal. Hace más de cinco años, la tienda de Silas abrió originalmente bajo el nombre de Got Blues Listen To Jazz, una elección que reflejaba las influencias musicales más importantes en la vida de su propietario. No era acaso una casualidad. Su madre era pianista y la música formó parte de su educación sentimental desde la infancia. Él mismo recibió clases, aunque resume con humor su experiencia con una frase que repite entre risas: “Mis oídos son demasiado buenos para mis manos”. Aquella sensibilidad auditiva fue la que terminó alimentando durante décadas una pasión coleccionista que acabaría transformándose en una profesión.

La tienda de Silas abrió originalmente bajo el nombre de Got Blues Listen To Jaz. En el establecimiento todavía hay elementos que remiten a la antigua panadería

Con el tiempo, sin embargo, el nombre de la tienda comenzó a quedarse pequeño. Muchos visitantes llegaban convencidos de que únicamente encontrarían jazz y blues cuando la realidad era muy distinta. Pero en las estanterías convivían el soul, el funk, el disco, el house, el techno, la música africana, la electrónica o el folk y toda otra clase de géneros y grabaciones difícilmente encasillables. Había discos de los años veinte del siglo pasado junto a lanzamientos contemporáneos y rarezas que escapaban a cualquier clasificación convencional. Silas decidió rebautizar el proyecto hace aproximadamente medio año y así nació Eclectic Journeys, un nombre que resume mejor la filosofía de una tienda donde el descubrimiento importa más que las etiquetas por géneros.

En la tienda, que se llama ahora Eclectic Journeys, conviven discos de los años veinte del siglo pasado junto a lanzamientos contemporáneos y rarezas que escapan a cualquier clasificación convencional

La importancia de dejarse sorprender

Acaso quien entra en Eclectic Journeys suele hacerlo con una idea concreta en la cabeza. Hay quienes preguntan por John Coltrane, Miles Davis, Pink Floyd o Led Zeppelin. Son referencias inevitables y muy repetidas en las conversaciones. No obstante, Silas intenta que la experiencia no acabe ahí. Y es que, más que vender un disco concreto, opta por despertar la curiosidad de quienes cruzan la puerta. Considera que la cultura musical “crece cuando uno se permite explorar territorios desconocidos y abandonar, aunque sea temporalmente, los caminos más transitados”. Por eso anima a los visitantes a escuchar, comparar y dedicar tiempo a géneros o artistas que jamás habían considerado.

La propia dinámica del espacio —pequeño pero cozy, como dirían los ingleses— favorece esa actitud. Los discos pueden escucharse allí mismo gracias a los tocadiscos a disposición de los clientes, de forma sosegada y sin presión crematística, y con recomendaciones inesperadas, historias sobre músicos olvidados o debates sobre escenas musicales lejanas. El visitante tiene la sensación de estar en un espacio donde la música sigue siendo una experiencia compartida y no únicamente un producto de consumo. Esa atmósfera evoca inevitablemente a determinadas tiendas londinenses donde el intercambio cultural importa tanto como las transacciones comerciales.

Los discos pueden escucharse allí mismo gracias a los tocadiscos a disposición de los clientes

Además, la imprevisibilidad y la magia son esenciales. Aquí nadie puede garantizar qué discos estarán disponibles la semana siguiente. Parte del encanto consiste precisamente en aceptar esa incertidumbre. Hay personas que llegan buscando un título concreto y terminan enamorándose de algo completamente distinto. Para Wager, esa posibilidad de sorpresa constituye uno de los grandes placeres asociados al coleccionismo y una de las razones por las que sigue creyendo en el valor cultural de los espacios físicos. 

La música del pasado se encuentra con la futura

Desde el principio, Silas concibió el espacio como algo más amplio. Una de las motivaciones que le impulsaron a abrir el negocio en Palma era la posibilidad de ayudar a otros músicos y creadores a desarrollar sus propios proyectos. Detrás de las estanterías funciona un estudio donde actualmente trabaja junto a artistas interesados en grabar o dar forma a nuevas composiciones. La idea no consiste en dirigirlos ni en imponer una visión determinada, sino en acompañarlos durante el proceso creativo respetando siempre sus decisiones artísticas.

Ese deseo de colaborar con otros músicos tiene raíces profundas. El mismo Silas produjo un elepé bajo el nombre de Neoteric Manoeuvres y, a pesar de que llegó a publicarlo, la experiencia estuvo lejos de convertirse en un éxito comercial. La mayoría de las copias no encontraron comprador y ni siquiera el sistema de sale or return —poder devolver aquello que no se ha vendido— consiguió darle una gran visibilidad. Solo una tienda apostó decididamente por aquel trabajo y únicamente logró vender alrededor de cincuenta ejemplares. Sin embargo, aquella experiencia le enseñó algo: a partir de entonces reforzaría su voluntad de crear un espacio que pudiera servir de apoyo a otros creadores.

Contra la lógica del algoritmo 

Para alguien que siempre se sintió más oyente que músico, trabajar junto a personas capaces de transformar ideas en canciones representa una forma distinta de participar en el proceso creativo. Habla de ello con entusiasmo y cautela, mientras apunta con el dedo a una pequeña escultura de color naranja con gafas de sol, que representa la imagen artística del creador con el que trabaja ahora y a quien facilita sus ideas y las condiciones para que la música pueda surgir de manera orgánica. Apenas desvela ahora más detalle sobre ello.

Esa filosofía —de escuchar, conversar y crear— guía sus planes de futuro, que incluyen recuperar conciertos íntimos, sesiones de DJ y cine para pequeños grupos. Durante la pandemia, las restricciones marcaron el inicio de una tienda aún en consolidación, con una gran incertidumbre porque acababa de llegar a la isla y no sabía si habría público suficiente, aunque con el tiempo llegaron clientes habituales, tanto turistas como residentes interesados en nuevas músicas.

Ahora quiere recuperar ese sueño cultural y planea reformar la zona del antiguo horno para casi duplicar el espacio, lo que permitiría organizar conciertos, proyecciones y encuentros con mayor comodidad. No lo plantea como un proyecto empresarial cerrado, sino como un espacio abierto a propuestas de artistas y creadores. Dentro del espacio, la sección ‘Música de la Isla’ —llama la atención una maqueta de 1981 del mítico grupo local Forats Negres—reúne grabaciones producidas en Mallorca y funciona como un proyecto personal para preservar y difundir su patrimonio musical.

Silas, que venderá vinilos en agosto en el festival de música electrónica Naguaifest y que participó en el evento de Las Dalias Ibiza en Calvià este pasado mayo, compra con frecuencia discos locales para acercarlos a nuevos oyentes y visibilizar una historia cultural a menudo desconocida para el turismo, lo que también le ha permitido conocer artistas y observar sus dificultades: admira su creatividad, pero cree que la difusión no puede recaer solo en una tienda, sino que requiere implicación del creador además del trabajo colectivo, fruto de su experiencia en la música independiente.

Con todo, Eclectic Journeys es difícil de definir: tienda, estudio, archivo musical y espacio cultural. Aunque sobre todo es una invitación a detenerse, escuchar y descubrir lo inesperado incluso en la era de los algoritmos.

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Palma ha aprobado el anteproyecto para reconvertir la antigua prisión en una residencia profesional temporal, tras ejecutar el desalojo de las personas sin recursos que residían en el inmueble.

La portavoz del equipo de gobierno municipal, Mercedes Celeste, ha explicado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno que también se ha aprobado el inicio del expediente de contratación para redactar el proyecto básico y de ejecución de las obras.

El proyecto prevé la creación de 139 viviendas dotacionales destinadas a dar respuesta a las dificultades de acceso a la vivienda que sufren determinados colectivos profesionales.

“Con este acuerdo se da un paso más para hacer realidad una iniciativa que permitirá continuar ampliando el parque de vivienda pública de Palma y ofrecer, además, soluciones habitacionales adaptadas a las necesidades actuales”, ha destacado Celeste.

La portavoz no ha dado más detalles del proyecto, argumentado que próximamente el Ayuntamiento ofrecerá una rueda de prensa para dar a conocer su alcance.

La quinta semana de huelga médica del año contra el Estatuto Marco ha supuesto hasta este miércoles en Balears la cancelación más de 195 intervenciones quirúrgicas y más de 4.700 consultas y pruebas diagnósticas.

Según los datos facilitados por el IBSalut, sólo este miércoles se han anulado un total de 62 operaciones y 1.362 consultas y pruebas diagnósticas.

El lunes, último dato disponible, se cancelaron 1.577 consultas en atención primaria.

Pere Vicenç Miró dio un respingo cuando el miércoles 3 de junio vibró su teléfono móvil y vio el nombre de su abogado en la pantalla. Aquella llamada le cogía por sorpresa, y no sólo porque acabara de volver a Mallorca después de una larga temporada viviendo muy lejos de la isla. Las noticias que empezó a contarle el jurista eran buenas, muy buenas, y, de golpe, trasladaron a Vicenç hasta noviembre de 2021.

Cuatro años y medio después, el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears obliga al Govern a estudiar una solicitud de la asociación Amics de la Casa del Poble que no se consideró en su momento. El origen de una batalla que esta entidad impulsada por decenas de vecinos del Eixample de Palma acaba de ganar. Al menos, en su plano judicial.

Porque el tuétano del asunto es la parcela que hay a espaldas de Vicenç. O que había: en el mismo lugar donde entre 1924 y 1975 primero se levantó la sede mallorquina de los principales sindicatos –hasta la Guerra Civil– y, después, la sede mallorquina de Falange, tras el triunfo de la rebelión fascista, ahora se construyen pisos. Inflados por los precios de la burbuja inmobiliaria, serán un producto de lujo. Como en la letra de Cambalache, la memoria histórica se mezcla con la especulación urbanística.

Antes de que empezara la obra, Amics de la Casa del Poble intentó que la Llei de Memòria de les Illes Balears protegiera y resignificara el solar, que lo incluyera en su catálogo de lugares relacionados con la represión franquista. Dice Vicenç: “La Casa del Poble fue un elemento de defensa democrático –allí dentro se debatió y se concienció a la clase obrera para conseguir derechos como la jornada de ocho horas o las vacaciones pagadas, todo lo que ahora mismo recula– y, por tanto, es un elemento memorialístico de primer orden. En el golpe de Estado, las columnas que salen de los cuarteles de Palma van primero a Gobernación Civil y, después, vienen aquí. Incluso los falangistas habían guardado una ametralladora en una de estas cocheras por si la cosa se ponía fea y tenían que utilizarla. La tarde del 18 de julio, Aurora Picornell [icono del republicanismo en Mallorca] había ido a ver a las autoridades para pedirles armas y le respondieron que no se preocupara, que estaba todo controlado”.

La Casa del Poble fue un elemento de defensa democrático. Allí dentro se debatió y se concienció a la clase obrera para conseguir derechos como la jornada de ocho horas o las vacaciones pagadas. En el golpe de Estado, las columnas que salen de los cuarteles de Palma van primero a Gobernación Civil y, después, vienen aquí. Incluso los falangistas habían guardado una ametralladora

Pere Vicenç Miró — Miembro de Amics de la Casa del Poble

Un día después, los militares ya habían ocupado la Casa del Poble. Fue allí mismo donde detendrían a la propia Picornell antes de trasladarla a la cárcel de mujeres de Can Sales y, tras el Año Nuevo de 1937, a son Coletes, Manacor, donde la asesinaron junto al resto de ses roges des Molinar, el nombre con el que se conoce a un grupo de mujeres republicanas asesinadas por los falangistas en Mallorca. Después, los golpistas usaron como centro de torturas aquel edificio que el banquero Joan March Ordinas regaló a los sindicatos para congraciarse con las fuerzas obreristas cuando ejercía como político liberal, un lugar, ya enclavado en el centro de Palma “de mucho valor simbólico”. Así lo define Vicenç y se apoya en el informe que entregaron al Govern balear para tramitar una solicitud que no salió adelante.

El informe del historiador Santana

Era un documento de seis páginas. Repleto de datos y sucesos. Desde las 450 butacas que tenía la sala de asambleas hasta la bomba que explotó junto a una de las entradas de la Casa del Poble mes y medio antes del golpe de Estado que luego entró en los libros de Historia como “Alzamiento Nacional”. El informe estaba narrado de forma ágil, un hilo que entrelazaba cifras, fechas, ideas. La conclusión no podía ser más clara: “La Casa del Poble es un espacio de memoria de la democracia en un doble sentido. Por un lado, un espacio donde se canalizó la participación de la clase obrera en favor de una sociedad más justa e igualitaria. Pero, al mismo tiempo, tras el golpe de Estado de julio de 1936 y el inicio de la Guerra Civil, fue un lugar vinculado a la represión. Un espacio en el que se vulneraron los derechos más elementales y donde personas demócratas sufrieron tortura y violencia”.

“Lo más irónico”, cuenta Vicenç, “es que el informe lo firmaba Manel Santana, que no es sólo un historiador especializado en el tema, sino que fue el director general de Memòria Democràtica que impulsó una ley apoyada por los mismos partidos que seguían gobernando: PSIB, Unides Podem, Més. Y, aun así, no nos hicieron caso”. Mientras el activista –de oficio, docente– habla, aparece a lomos de su bici –clásica y roja– Joan Segura Miró, otro de los miembros de Amics de la Casa del Poble. En cuanto toma la palabra, vincula la cuestión memorialística con la macro y la microeconomía: “Yo viví en este barrio hasta 2009. Luego me fui y, aunque he seguido vinculado gracias a esta asociación, ahora no podría volver. Quien hace menos de diez años pagaba 650, 700 euros por un piso ahora no paga menos de 1.300”. Que Palma sea la segunda ciudad española con el coste de vida más alto o que el precio medio de la vivienda en la capital balear doble –prácticamente– la media estatal es, para Vicenç y Segura, una de las claves de bóveda que impidieron resignificar aquella parcela mientras estuvo vacía. Un largo paréntesis de casi medio siglo.

En las 450 butacas de la Casa del Poble se celebraban asambleas de trabajadores. El recinto sufrió los estragos de una bomba que explotó junto a una de las entradas mes y medio antes del golpe de Estado

“En enero de 1975”, explica Segura, “cuando ya se sabía que a Franco le quedaba poco para morirse y ya se había producido la Revolución de los Claveles, el Ajuntament de Palma decide tirar la Casa del Poble porque, después de un incendio, se había quedado en estado de ruina. O eso dijeron para quitarse de encima un lugar que les incomodaba”. Entonces los sindicatos, en plena oleada de huelgas y manifestaciones para dotar de derechos laborales a los empleados del turismo, protestaron con fuerza. Y sin éxito. El edificio cayó. Su recuerdo, sin embargo, se escribió en mayúsculas granate en una de las tapias que delimitaron el perímetro del solar. Vicenç, que se crió cerca de allí, recuerda pasar por allí siendo niño y, poco a poco, mientras despertaba su “conciencia política”, enterarse de qué había ocurrido al otro lado del muro. “Igual que hay una memoria democrática también hay una memoria franquista: antes de que muriera el dictador la intentaron ocultar”, apunta Vicenç.

En enero de 1975 el Ajuntament de Palma decide tirar la Casa del Poble porque, después de un incendio, se había quedado en estado de ruina. O eso dijeron para quitarse de encima un lugar que les incomodaba

Joan Segura Miró — Miembros de Amics de la Casa del Poble

Como si fuera un presagio, todo empezó a cambiar a raíz del 15-M. Durante la efervescente primavera de 2011, la policía desmontó unos huertos urbanos que se habían plantado sin permiso de la propiedad: el Ministerio de Trabajo. En 2016, Vicenç descubrió “por casualidad” que los dueños eran otros. “Pasé por aquí y vi que había unas personas dentro del terreno. Me dijeron que eran los dueños. Así me enteré que dos empresarios mallorquines habían comprado una parcela que el Gobierno de Rajoy subastó… con nocturnidad. No se le dio publicidad a aquella venta, sólo se publicó en el BOE, ¿y quién se lee el BOE?”.

El Ministerio subasta la parcela por menos de un millón de euros

En 2014, siendo ministra de Trabajo Fátima Báñez –que ya se había encomendado a la Virgen del Rocío para que bajara el paro–, el solar donde un día estuvo la Casa del Poble de Palma se privatizó. Una sociedad llamada Glicina SL desembolsó 880.000 euros por una superficie de 1.596 metros cuadrados. Una ganga: la normativa permitía construir un edificio de planta baja y tres alturas para uso residencial a menos de diez minutos caminando de la Estació Intermodal, el meollo de Palma. Según explican Vicenç y Segura, los planes de los compradores eran otros: “Tenían un proyecto para crear un AirBnB que no salió adelante. Al imaginarnos el barrio lleno de trolleys para arriba y trolleys para abajo, algo que ya ha ocurrido: la fisionomía de estas calles ha cambiado, hasta los bares de toda la vida están llenos de expats, nos organizamos”.

En 2014, el Gobierno de Rajoy privatizó el solar donde un día estuvo la Casa del Poble de Palma: una sociedad compró por 880.000 euros por una superficie de 1.596 metros cuadrados en pleno centro

La chispa que necesitaban fue la pandemia. Primero, se creó “una red de soporte mutuo entre vecinos” que se llamó Arxiduc fa pinya. Después, para celebrar el final del confinamiento, organizaron un sopar a la fresca junto a una parcela que seguía sin licencia de obra. Aquel 31 de agosto de 2020 nació Amics de la Casa del Poble. Una lechuza se posó en lo alto de un poste que habían decorado con guirnaldas y se convirtió en el emblema de una plataforma vecinal que no desligó le gentrificación del barrio de su historia reciente. El tiempo, no obstante, les corría en contra. Un año más tarde, el medio centenar de personas que de una manera u otra se habían involucrado en las actividades que ya se estaban organizando –conciertos, charlas, talleres de arteterapia, proyecciones de películas, restauración de aquellas letras que anunciaban en la tapia que al otro lado estuvo la Casa del Poble– leyó en la prensa local que el terreno tenía nuevo amo. Un fondo de inversión. Dinero extranjero.

Recaudación solidaria

–En el verano de 2021, ¿Amics de la Casa del Poble ya se había reunido con el Govern y con el Ajuntament de Palma?

–Sí, pero no hubo avances –cuenta Vicenç– porque no hubo interés por su parte, pese a que nuestra motivación fueron los libros y los artículos de historiadores que consultamos y que explican muy bien la importancia de la Casa del Poble. Nosotros, desde el primer momento, planteamos que se intentara recuperar la titularidad pública del espacio. Por ejemplo, ofreciendo una permuta a los dueños. Si tienen ánimo de lucro –algo que protege muy bien la arquitectura jurídica– y Cort posee propiedades en son Vida, ¿no se podría haber estudiado una permuta? Supongo que un terreno en una de las zonas más exclusivas del municipio satisfaría a estos compradores extranjeros. Pero no se hizo nada. [José] Hila [alcalde socialista entre 2017 y 2023] se negó a todo, excusándose en que había una licencia de obra en marcha, que se acabó concediendo. Dicen que hubo una Transición, pero yo no estoy tan seguro de que fuera así…

–Es muy representativo –le responde Segura– que tiraran la Casa del Poble y, en cambio, siga en pie sa Feixina [el mayor monumento franquista de las islas]. Lo que no tiene sentido es que, ahora, los partidos y las asociaciones que quieren tumbar aquel monolito no reivindiquen este espacio.

–El comunicado que envió Amics de la Casa del Poble a los medios de comunicación tras conocer que había ganado el contencioso-administrativo al Govern fue duro con Francina Armengol y Juan Pedro Yllanes: instaba a la ex presidenta y al ex vicepresidente de las Illes Balears a hacerse cargo “voluntariamente” de las costas del juicio. ¿El desencanto de vuestro colectivo también lo provoca la posición de Memòria de Mallorca?

–No fue fácil recaudar los fondos para presentar la denuncia –dice Vicenç–. Salieron de nuestros bolsillos, de las actividades que organizamos y de aportaciones que hicieron comercios y negocios del barrio (algunos ya no existen). Nos hemos jugado mucho y, por eso, nos sorprende que las llamadas de felicitación que hemos recibido tras la sentencia sean de asociaciones memorialísticas… de la Península. Hace ya años que Memòria de Mallorca nos dijo que no nos apoyaba porque no había edificio, pero la ley habla de espacios de memoria, no de bienes inmuebles.

“No se puede proteger un edificio que ya no existe”

Maria Antònia Oliver, presidenta de Memòria de Mallorca, considera que “no se puede proteger mediante la ley un edificio que ya no existe”. Y argumenta su punto de vista: “Otra cuestión sería, por ejemplo, el Fortí d’Illetes, lugar de detención y fusilamientos, que sí debe incluirse en el censo estatal de lugares de memoria y protegerse porque aún conserva la fisonomía que tenía durante la represión. Este es un espacio que Memòria de Mallorca ha solicitado en reiteradas ocasiones que se incorpore al registro estatal de memoria democrática”. Oliver también defiende la gestión que hizo del tema el pacto de centroizquierda que gobernó las Illes Balears hasta junio de 2023: “El Govern se retiró del proceso y la comisión de Memòria Democràtica acordó la inclusión [en el catálogo], además de incluir una placa conmemorativa y explicativa en el lugar. La resolución [judicial] confirma lo que ya se había acordado, lo cual es positivo”.

Amics de la Casa del Poble, por el contrario, “no tiene noticia” de que haya en marcha acción alguna para resignificar aquella parcela en construcción. En el comunicado de prensa que escribieron cuando supieron que los tribunales les daban la razón argumentaron que el Govern se desdijo cuando, “tras escuchar el criterio de la Abogacía de la Comunitat Autònoma”, aceptó las pretensiones del demandante. Ocurrió en mayo de 2023, justo antes de las elecciones donde el PP, sin alcanzar la mayoría absoluta, barrió a los socialistas y sus socios progresistas.

Después de derogar la Llei de Memòria para complacer a Vox, ¿obligará el PP a recordar que el edificio de pisos que se está acabando de construir se levanta sobre los escombros de una antigua sede sindical? Según Amics de la Casa del Poble, el alcalde Jaime Martínez les emplazó “a reunirse para considerar el tema” cuando tuvieran la sentencia. Todavía no ha habido comunicación. Desde la Conselleria de Presidència responden de forma más críptica: “La sentencia debe ser estudiada por parte de la Abogacía para decidir cómo se puede proceder jurídicamente. Aún no se pueden adelantar pasos concretos porque hay que valorar qué podemos hacer y, por tanto, no sería prudente hacer futuribles”.

El fondo de inversión se hace el sueco

En febrero de 2022, el Govern rechazó suspender “por falta de fundamento jurídico” la licencia de obra que se le había otorgado al fondo de inversión que adquirió la finca. Entonces, ya se puso sobre la mesa crear un centro de interpretación que recordara qué fue la Casa del Poble. Sobre ello reflexionan Vicenç y Segura. “Estamos contentos por haber reivindicado la importancia de este rincón de Palma”, dice el primero. “Pero si toda esta odisea no se materializa en algo concreto, habremos perdido. La memoria es abstracta”, dice el segundo. Y, entonces, por el mismo hueco del que van saliendo, ya sin casco, una docena de albañiles, emergen tres personas que no van vestidas con mono de trabajo. Una mujer y dos hombres, uno de ellos –así lo identifica Vicenç–, “propietario de la mitad de Beach Invest, el fondo que compró el solar”.

Efectivamente, es James von Eden. Socio y director de Perlentaucher, una empresa que se dedica “al desarrollo, construcción y venta de proyectos propios de alto nivel” según una web que otorga a la firma “más de cien millones anuales de ventas”. En su catálogo figuran decenas de casas de lujo –vendidas o en venta– construidas en Mallorca, algunas cerca de Port Adriano, el club náutico donde la promotora tiene sus oficinas. Los pisos que están desarrollando en el centro de Palma no aparecen, sin embargo. Y el empresario no quiere hablar con la prensa.

–Señor Von Eden, somos periodistas. ¿Tendría usted un momento?

–[silencio]

–Le queríamos preguntar por las reivindicaciones de Amics de la Casa del Poble. Sabemos que las conoce porque tuvieron contacto hace años. ¿Sabe que la justicia le ha dado la razón en su pleito con el Govern?

–Sí, lo sé. Nuestros abogados se pondrán en contacto con ellos.

–¿Habrá un espacio en su proyecto inmobiliario para recordar el edificio que desapareció en 1975?

–Sí, lo habrá.

Parco en palabras, Von Eden se sube a su todoterreno Mercedes, arranca y se pierde en el tumulto de la ciudad.

La Audiencia Provincial juzgará próximamente a Francisca Cortés, conocida como La Paca, y a otras 44 personas que se enfrentan a penas de prisión que suman 239 años acusadas de tráfico de drogas y pertenencia a grupo criminal.

La Paca se enfrenta a cinco años de cárcel y multa de 5.400 euros, mientras que para el resto de procesados las penas oscilan entre los dos y los seis años de prisión y multas que superan en total los 18 millones de euros.

Los acusados han comparecido este martes en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial a una vista preliminar en la que las partes han propuesto las pruebas a practicar y han planteado algunas vulneraciones de derechos que la Sala, según ha avanzado, abordará en la fase de juicio. Los procesados declararán en último lugar en un juicio para el que todavía no hay fecha.

La Fiscalía considera que los investigados, desde el mes de enero de 2021 y hasta el 31 de marzo de 2022, se dedicaron a la venta a terceros de cocaína, heroína, MDMA, marihuana y hachís. Cree el Ministerio Público que conformaban una estructura extensa y estable destinada a potenciar la distribución de dicha sustancia y ampliar su círculo de alcance.

La fiscal sitúa en la cúspide de la trama a un hombre para quien reclama ocho años de cárcel.

La causa deriva de la Operación Origen, que finales de marzo de 2022 desplegó la Guardia Civil contra el narcotráfico y durante la cual se practicaron medio centenar de registros en Palma y otros municipios de Mallorca y de la Península.

El avistamiento de un dron en las inmediaciones del aeropuerto de Eivissa ha obligado a paralizar las operaciones de forma temporal y a desviar cuatro vuelos.

Según han informado desde Aena, el vehículo aéreo no tripulado ha sido detectado este martes cerca de las instalaciones aeroportuarias.

Por motivos de seguridad se ha decidido paralizar durante 35 minutos las operaciones, tras lo que se ha recuperado la operativa con normalidad.

En este periodo de tiempo se han visto afectados cuatro vuelos, que han sido desviados, dos al aeropuerto de Palma y otros tantos al de Barcelona.

Uno de los técnicos caninos del centro de animales de Eivissa Can Dog, A.A., ha conseguido que triunfe la demanda contra P.A, ex explotador de la finca de Sant Llorenç, que lo condena a pagar una indemnización de más de 30.000 euros por impagos al trabajador. El rancho llevaba, hasta diciembre, funcionando tres décadas bajo todo tipo de denuncias por maltrato animal por parte del Partido Animalista con el Medio Ambiente (Pacma) y otros colectivos animalistas hasta que, hace seis meses, fue clausurado de forma definitiva por el Consell por sus condiciones insalubres: los perros malvivían entre roedores y heces, como ya publicó elDiario.es. Además, varios de los trabajadores del supuesto ‘refugio’, entre ellos el demandante, habían acusado al dueño de continuos retrasos en el abono de su salario.

Ahora, la jueza sustituta en funciones de refuerzo del Tribunal de Instancia Sección Social 1 d'Eivissa ha condenado al explotador de Can Dog, P.A., al pago de una indemnización por las irregularidades laborales que afectan a este trabajador, como recoge la sentencia judicial a la que ha podido acceder este diario. El afectado denunció a su padre, ya que es el hijo del antiguo explotador del centro canino.

La resolución prospera, según el auto, con la concurrencia del requisito de gravedad en el incumplimiento empresarial al no ser el impago un “mero retraso esporádico, sino un comportamiento persistente”. “La gravedad del incumplimiento se manifiesta así mediante una conducta continuada del deber de abonar los salarios debidos”, describe el escrito judicial.

El hijo llevaba 15 años en la empresa

El empleado, A.A., presentó demanda solicitando al juzgado la extinción de su relación laboral con la empresa Rancho Can Dog Ibiza, recibiendo la indemnización legal correspondiente al importe equivalente al que hubiera recibido en caso de haber sido despedido de manera improcedente. Además de los salarios no percibidos en los últimos cinco meses previos a su cierre, desde julio de 2025 y hasta diciembre del mismo año, cuando el Consell decidió clausurar el rancho definitivamente tras varias inspecciones.

La decisión de la jueza proviene de considerar que existen los requisitos necesarios al amparo del artículo 50.1b) y c) del Estatuto de Trabajadores para extinguir con las condiciones suplicadas por el demandante, técnico canino en Can Dog desde el año 2010. Es decir, tras 15 años de relación laboral con la empresa.

La normativa dispone que son justas las causas de rescisión siempre y cuando exista “falta de pago o retrasos continuados en el abono del salario pactado”. Entendiendo que existe una demora siempre y cuando se supere en quince días la fecha fijada para el abono del sueldo, concurriendo la causa cuando el empleador adeude, en el período de un año, tres mensualidades completas.

En el caso de A.A., el ex explotador del rancho le debía 8.395 euros en total correspondientes a los cinco meses de impagos que se suman al importe que le deberá pagar al demandante, su hijo, de indemnización. El perjudicado explicó en su momento a elDiario.es -y así lo recoge también la sentencia- que se celebró el Acto de Conciliación en el TAMIB (Tribunal de Arbitraje y Mediación de las Illes Balears) sin que las partes llegaran a un acuerdo. 

Por otro lado, el empresario no se presentó a la vista judicial a pesar de estar debidamente citado, lo que, a efectos probatorios, induce a la jueza a dar por acreditados los impagos referenciados por el técnico, señala el auto judicial.

El Tribunal de Instancia estima así la demanda y condena al propietario de la empresa al pago de una indemnización de 30.456 euros -equivalente a 45 días de salario por año de servicio antes del Real Decreto Ley 3/12 de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, y a 33 días tras su aplicación-. Así como al pago de los salarios atrasados a los que se suma un 10% en concepto de interés por la demora.

Contra el fallo judicial cabe ahora recurso de suplicación por parte del demandado ante el Tribunal Superior de Justicia de les Illes Balears (TSJIB). Este diario se ha intentado poner en contacto con el propietario de la empresa por vía telefónica y por correo electrónico sin haber recibido respuesta en el momento en que se publica esta información. 

El Consell le quitó la autorización y le multó

El Consell, por su parte, tramitó en diciembre un expediente sancionador a partir de informes técnicos proporcionados por el Ayuntamiento de Sant Joan tras las inspecciones. Como ha detallado la institución a elDiario.es, la resolución administrativa del expediente ya quedó notificada a las personas implicadas: en ella se acuerda la baja de Can Dog como núcleo zoológico, por lo que pierde la autorización municipal para desarrollar esta actividad.

Además, se han impuesto sanciones por las infracciones detectadas durante las inspecciones realizadas, por un importe total de 10.409,13 euros. Actualmente, el expediente se encuentra en fase ejecutiva para el cobro de dichas sanciones, detallan desde el Consell. 

Tres décadas de denuncias 

La demanda del trabajador por impagos y retrasos en el abono de las nóminas y el expediente sancionador del Consell llegan tras treinta años desde que abriera el 'refugio' de animales. Durante este largo periodo de funcionamiento, el negocio ha recibido decenas de denuncias por calamidades e insalubridad, con perros mal cuidados y rodeados de roedores, excrementos y basura, por parte de los animalistas de PACMA.

Estas negligencias fueron las que motivaron a las autoridades insulares a clausurar el centro el pasado mes de diciembre. Primero cautelarmente y, luego, tras la presión de Pacma, de manera definitiva. El partido animalista reclamaba desde hacía tiempo el cierre del rancho por presunto maltrato animal.

Las denuncias del partido venían respaldadas por los informes, sanciones y las numerosas acusaciones que envolvían al gestor del rancho, P.A. El empresario fue perdiendo, poco a poco, las concesiones públicas que se le habían otorgado, manteniendo, tan solo, el servicio de recogida de animales con el Ayuntamiento de Sant Antoni. Uno de estos perjudicados es el demandante e hijo del explotador, que tiene prohibida la entrada al centro desde que denunció públicamente el caso.

A finales de 2025, tras la resolución del expediente administrativo del Consell, Can Dog dejó de ejercer como residencia canina y también como núcleo zoológico, al constatar reiterados incumplimientos de la normativa de bienestar y sanidad animal en varias inspecciones realizadas entre octubre y noviembre. Tanto por parte de los técnicos del Consell Insular y del Ayuntamiento, como por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de Eivissa.

Inspecciones desde junio de 2025

La cadena de inspecciones al presunto ‘refugio’ por insalubridad y presunto maltrato animal comenzó hace un año, en junio de 2025, tras la apertura del expediente por parte del Consell Insular. Los servicios veterinarios de la institución se dirigieron entonces al centro de acogida y la vigilancia se intensificó en otoño al comprobar indicios de un escenario lleno de irregularidades. Sobre todo, referentes a la suciedad de las jaulas y las instalaciones en general, con una acumulación de escombros que atraían roedores y abandono del cuidado de los canes, que no recibían, entre otras cosas, la atención veterinaria necesaria.

La resolución administrativa impone sanciones por valor de 10.409,13 euros al antiguo responsable de las instalaciones tras detectar diversas irregularidades relacionadas con la gestión del núcleo zoológico y el estado de los animales alojados. La infracción más cuantiosa corresponde a la falta de vacunación antirrábica de 29 de los 31 perros que se encontraban en régimen de pensión durante una inspección, una conducta considerada grave y sancionada con 5.808,13 euros. A ello se suma otra multa de 3.001 euros por deficiencias en el libro-registro obligatorio y de los animales que entraban y salían del centro.

El Consell también apreció dos infracciones leves. Por un lado, detectó la presencia de tres perros alojados sin la identificación electrónica obligatoria mediante microchip, lo que deriva en una sanción de 600 euros. Además, ha impuesto una multa de 1.000 euros por las deficiencias de higiene y bienestar animal observadas durante la inspección, así como por mantener animales en habitáculos considerados inadecuados para su alojamiento.

El Consell Insular constató la suciedad de las jaulas y las instalaciones en general, con una acumulación de escombros que atraían roedores y abandono del cuidado de los canes, que no recibían, entre otras cosas, la atención veterinaria necesaria

Por ello, el Consell ordenó, el 17 de octubre, la baja del núcleo zoológico y dictó medidas cautelares que prohibían la entrada de nuevos animales y obligaban a devolver a sus propietarios los perros que estaban allí alojados. Pese a ello, inspecciones posteriores revelaron todavía la presencia de entre 21 y 41 canes, la mayoría pertenecientes a personas ajenas al centro. 

A finales de octubre, los técnicos observaron cómo el centro seguía funcionando como residencia pese a no cumplir los requisitos legales y que las medidas cautelares impuestas no se estaban cumpliendo plenamente. El responsable aseguró entonces que necesitaría unos veinte días para completar las devoluciones de los perros, exceptuando los que aparentemente habían sido abandonados por sus dueños.

En noviembre la situación apenas había variado y se pudo verificar que varios perros del mismo titular seguían aún en el refugio, tramitándose, a través de la Policía Local, su reubicación por abandono múltiple a las instalaciones de Can Gossos, gestora animal que se hizo cargo de los animales tras el cierre definitivo de Can Dog. El Ayuntamiento no ha sabido especificar, sin embargo, el número exacto de canes que se trasladaron. 

Entonces solo quedaron en la parcela siete perros del propietario de la finca, que al principio P.A. decidió ceder al Consistorio. Aunque en menos de 24 horas había cambiado de opinión y decidió, finalmente, seguir cuidando de ellos, según explican fuentes municipales. El equipo municipal de gobierno firmó, en cumplimiento con la Ley de Bienestar Animal tras extinguir la licencia de Can Dog, un contrato con la empresa Natura Parc para que ofreciera los mismos servicios. 

El cierre definitivo del rancho, por otro lado, podría no estar jurídicamente blindado del todo. El propietario sostuvo que no había recibido el decreto de inicio del procedimiento, fechado el 16 de octubre, ya que fue remitido a un abogado que lo representó en el pasado pero que ya no ejercía como su defensor, según publicó El Periódico de Ibiza. 

De acuerdo a la misma información -y como precisaron fuentes de Pacma a elDiario.es-, el letrado remitió un escrito al Consell en el que explicaba que la resolución fue entregada en su despacho pese a no ser ya el representante legal actual de la sociedad gestora del centro, por lo que rechazó la notificación.

Medios aéreos y terrestres están trabajando para sofocar un incendio agrícola declarado la tarde de este jueves en una parcela entre Santanyí y Campos.

Según ha informado la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural, están actuando cinco medios aéreos, dos autobombas, 29 bomberos forestales y tres agentes de medio ambiente.

También están desplegados efectivos de los parques de Felanitx, Llucmajor y Manacor, así como un sargento y un técnico, de los Bomberos de Mallorca.

Incendio forestal en Sant Josep

En paralelo, efectivos del Instituto Balear de la Naturaleza (Ibanat) han estado combatiendo un incendio forestal declarado sobre las 13.35 horas en la zona de Porroig, en la localidad ibicenca de Sant Josep de sa Talaia.

La Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural ha declarado el fuego como de gravedad potencial cero. El incendio ha sido extinguido sobre las 17.00 horas tras quemar 0,086 hectáreas de pinar.

El horizonte de M. son las moles blancas de dos hoteles, las terrazas sombreadas de unos restaurantes, la playa atiborrada de hamacas. Un cuadro donde cada elemento se deforma víctima de la perspectiva; turistas pequeños caminando sobre una pasarela de madera que sigue el perfil de la costa. M. observa el paisaje desde una cuarta planta, tenga ganas de otearlo o no. Cada madrugada –cuando se despierta– y cada mediodía –cuando vuelve del trabajo–, la misma postal inevitable. Es el peaje de vivir sin cortinas ni persianas. Esta anomalía –al menos, en el Mediterráneo– no fue el capricho de un arquitecto calvinista, una sociedad que apuesta porque lo que ocurre dentro del hogar pueda verse desde la calle. El piso de M. no tiene ventanas porque –sencilla y llanamente– no es un piso.

Este hombre –pelo canoso, unos cuarenta años, apátrida del Sáhara Occidental– es un okupa. Al menos, con la ley en la mano. En una tienda de campaña duerme. En un hornillo a gas cocina. Con la malla de una obra se protege del sol, del viento, de un traspiés que podría ser fatal. Como cantaban Los Delinqüentes y Kiko Veneno, las paredes son de aire: M. vive en el esqueleto de un hotel de lujo que se quedó a medio construir cuando estalló la burbuja inmobiliaria. ¿El motivo? Este ayudante de cocina no encuentra un alquiler “digno” que no devore el sueldo que gana trabajando en otro hotel que sí funciona: 1.800 euros al mes, finiquito aparte cuando la temporada eche el cierre en octubre.

–En Ibiza no se puede alquilar, ¿sabes? Yo tengo que enviar dinero a mi país porque en los campamentos de Esmara, donde viven mis padres y mis hijas, nadie tiene trabajo.

–No es raro encontrar en internet habitaciones a más de mil euros. Así es imposible ahorrar con un sueldo como el tuyo.

–Lo más barato que he visto: 350 euros por una cama… pero en una casa donde viven treinta personas. ¡No puede ser! ¡Cómo puedes dormir allí! Para eso prefiero vivir aquí. Este es mi quinto año. Siempre, en el mismo hotel, pero no me dan alojamiento. Me dicen que quizás el próximo verano… pero yo creo que será el último. Ya no aguanto más aquí.

Lo más barato que he visto: 350 euros por una cama… pero en una casa donde viven treinta personas. ¡No puede ser! ¡Cómo puedes dormir allí! Para eso prefiero vivir aquí. Este es mi quinto año. Siempre, en el mismo hotel, pero no me dan alojamiento. Me dicen que quizás el próximo verano… pero yo creo que será el último. Ya no aguanto más aquí

M. — Residente en el esqueleto de un hotel

El alcalde: “Es un despropósito y un vertedero”

La intención del alcalde de Sant Josep de sa Talaia –el municipio ibicenco donde se encuentra el esqueleto de forjado y ferralla que M. y decenas, quizás cientos de personas más, han convertido en su hogar– es sacarlos de allí lo antes posible. “El asentamiento es un despropósito y se ha convertido en un vertedero. (...) Los okupantes no se molestan ni un poco por la limpieza. No hacen uso de los contenedores de la zona, y viven ahí de una manera que es difícil de entender”, dijo el alcalde Roig a Periódico de Ibiza. Pese a las peticiones que realizó elDiario.es a lo largo de las últimas semanas, el Ajuntament de Sant Josep no ha concedido declaraciones para este reportaje.

Como le ha pasado a Jaime Martínez con la antigua prisión de Palma, los residentes de este edificio fantasma se han convertido en una china en el zapato para el alcalde Roig, uno de los próceres del PP balear. Además de su cargo institucional, este antiguo empleado de agencias de viaje es uno de los hombres más poderosos de un partido que suma 20.000 afiliados en el archipiélago. También, uno de sus timoneles a nivel orgánico. Tres años después de coger la vara de mando, las infraviviendas son la asignatura pendiente de un político que preside un ayuntamiento célebre por acumular casos de corrupción urbanística. 

El alcalde Roig ha eliminado del mapa varios campamentos de chabolas, pero le nacen nuevas barracas bajo los náuticos. El Algarrobico en el que se refugian M. y –como se aprecia a simple vista– decenas de personas más es un ejemplo mayúsculo. El Ajuntament de Sant Josep tiene las manos atadas, no lo puede vaciar pese a las presiones que está recibiendo de lobbies como la Asociación Británica de Ibiza. La Policía Local no puede traspasar la valla que rodea los 16.733 metros cuadrados donde se quedó varada esta ballena de forjado y ferralla. Los propietarios y el equipo de gobierno no se entienden. El asunto ha acabado en los tribunales. 

El alcalde de Sant Josep de sa Talaia cree que "el asentamiento es un despropósito y se ha convertido en un vertedero", pero no puede haer nada: los propietarios y el equipo de gobierno no se entienden

De Cala de Bou a “Cala de Bronx”

A principios de mayo, el edificio fantasma –donde ya vivía gente, como M.– recibió –de golpe– a decenas de personas que se habían quedado sin techo. Llegaban los desahuciados –también saharauis– de sa Joveria, la villa miseria situada en la periferia de la capital insular se trasladaba a Punta d’en Xinxó. Así se llama el lugar donde se alza la estructura abandonada, un saliente que se adentra en la Badia de Portmany, el puerto por el que hace casi un siglo desembarcó el turismo en Eivissa.

En la última década, el escenario de reconversiones, reformas y revestimientos para elevar la categoría de decenas de hoteles que se entremezclan con pubs, licorerías, chalecitos familiares, bloques de apartamentos, un auditorio, algunos minigolfs oxidados. Una zona turística conocida como Cala de Bou a la que el ingenio popular –en las redes sociales, en los grupos de WhatsApp– le ha puesto un apodo muy gráfico: “Cala de Bronx”. El alcalde Roig llegó a pronunciar el neotopónimo para cargar contra Cala Xinxó SL, la promotora que hace dos décadas quería construir un alojamiento de cuatro alturas y cinco estrellas.

Las redes sociales han bautizado a la zona como 'Cala de Bronx'

“No se entiende que alguien quiera vender un inmueble por un valor de 55 millones de euros cuando, lo que está haciendo con el abandono de la estructura, es precisamente demostrar muy poco amor por la zona”, dijo el alcalde Roig en Periódico de Ibiza. Unos días más tarde, el popular fue más allá en Diario de Ibiza: “La propiedad de la estructura de Cala de Bou está dejando entrar a la gente a vivir para presionar al Ayuntamiento”. ¿Con qué motivo? Evitar que se terminara de hacer añicos un sueño empresarial que bañaría cada tarde la luz del crepúsculo y para el que se había elegido un nombre tan pomposo como descriptivo: Bahía del Mediterráneo. Iba a ser algo grandioso. Cuatrocientas suites y una discoteca al aire libre con capacidad para cuatro mil personas. Un presagio del rumbo que tomaría poco después una planta hotelera que no se había echado en brazos del turista VIP y la música electrónica. Aún.

La batalla legal de la promotora

El alcalde Roig defiende ahora con ahínco que la única alternativa posible es demoler la ruina y limpiar el solar. Así lo votó la junta de gobierno de Sant Josep en mayo de 2025. Los tres alcaldes anteriores –dos socialistas, una popular– no habían llegado tan lejos desde que se pararan las obras en 2010. Al estallar la burbuja inmobiliaria, el grupo empresarial donde se integra Cala Xinxó SL –Acintur, una referencia en el ladrillo de Benidorm– recogió cable. El proyecto se frenó sólo cuatro años más tarde de que José Ramón Escandell –el alcalde del PP que quiso cimentar el parque natural de ses Salines– otorgara la licencia para construir un macrocomplejo más enfocado al ocio que al descanso en primera línea de una bahía saturada por los vertidos del turismo. Aquel gigante de hormigón se quedó a merced de la humedad y el salitre. Y hasta hoy.

Los promotores querían construir cuatrocientas suites y una discoteca al aire libre con capacidad para cuatro mil personas. Las obras se paralizaron en 2010, en plena crisis inmobiliaria

Los responsables de Cala Xinxó SL rechazaron dar su punto de vista en este reportaje y no quisieron explicar los últimos movimientos que han llevado a cabo. Hace tres meses, esta sociedad limitada registró en el Ajuntament de Sant Josep una solicitud para reiniciar las obras dieciséis años después. En abril de 2025, los gestores de la promotora ya habían denunciado la okupación del terreno en el Juzgado de Instrucción número 4 de Eivissa. El pasado 11 de mayo –trece meses después de la denuncia–, los propietarios de la parcela volvieron a comunicarse con los tribunales.

En la resolución judicial a la que ha tenido acceso elDiario.es, el magistrado ordenaba a la Guardia Civil personarse en el edificio fantasma antes del 22 de mayo para “identificar a todos los moradores adultos”, “informarles que pueden aportar cualquier documento que permita valorar si tienen contrato legal de arrendamiento con el propietario legal” y “citarlos como denunciados por delito de usurpación de vivienda a un juicio que se celebrará el 23 de junio a las 12h”. 

Antes de llegar a las conclusiones, el documento se recrea en los detalles –la tardanza del Col·legi d’Advocats para designar a un letrado de oficio, la impugnación del abogado denunciante por incompatibilidad, la incomparecencia de “varios agentes” que debían realizar los señalamientos, la falta de respuesta de la Benemérita para llevar a cabo nuevas identificaciones– que han trabado el proceso. ¿Las consecuencias? Cuatro aplazamientos o suspensiones del juicio en apenas doce meses. Así lo afirma la resolución judicial. Ni el servicio de prensa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears ni el de la Guardia Civil han confirmado si se han llevado a cabo las diligencias para que el juicio pueda empezar dentro de dos semanas.

Miedo a la autoridad

Y, sin embargo, el miedo de algunos de los habitantes de estos pisos donde las paredes son de aire es verse frente a frente con un agente del orden.

– ¿Pero por qué tantas preguntas? ¿Sois policías, guardias civiles?

Pregunta un joven que no quiere dar detalles sobre su vida.

–No, somos periodistas. Estamos haciendo un reportaje sobre la historia de las personas que vivís aquí.

–¿Seguro que no sois policías? Han venido muchas veces estas últimas semanas. Nos dicen que tenemos que marchar.

La conversación tensa el ambiente en el rellano entre la tercera y la cuarta planta. Es entonces cuando M. entra en escena: la mochila a la espalda, el rostro cansado después de dar servicio durante el turno de desayuno, una sonrisa amable. Son las doce en punto. El ayudante de cocina acaba de recorrer bajo un calor de veintitantos grados el cuarto de hora largo que separa el hotel de lujo a medio construir del hotel de cuatro estrellas donde trabaja.

–Si queréis saber cómo se vive aquí –dice M., antes de meterse por un butrón que reabrió una escalera que alguien cegó algún día con ladrillos–, venid conmigo.

Este hombre –pelo canoso, unos cuarenta años, apátrida del Sáhara Occiental– no dejará de hablar mientras suba por la escalera y avance por una plataforma a la que le van saliendo brazos a izquierda y derecha. Durante el recorrido, M. contará que se ha acostumbrado a las tormentas que marcan el final del verano y al viento de poniente que sopla cuando acaba el día. Que sobre su tienda de campaña hay una lona porque los suelos del esqueleto de forjado y ferralla están llenos de agujeritos por los que se filtra el agua. Que su ropa la lava en el hotel donde trabaja, que se ducha en el hotel donde trabaja, que suele comer caliente en el hotel donde trabaja. Que otros vecinos no son tan afortunados porque se dedican a otros oficios, como dos albañiles que se gastan bromas para olvidar que mudarse de Menorca a Eivissa en busca de un sueldo mejor ha resultado un mal negocio. Que él no ha visto barullo, peleas ni disputas allí dentro; tampoco cuando el número de vecinos aumentó a principios de mayo. Que cada uno limpia su parte, aunque no todos la limpien igual; que los malos olores son difíciles de evitar y un problema con el que convivir. Que en los pisos altos duermen ellos, los saharauis, y en la planta baja “los senegaleses”. Que quien puede consigue unos tiestos, algo de tierra y planta hierbas aromáticas. Que hay niños en la vecindad. Que le gustaría invitar a un té, pero que no encuentra un mechero para prender la llama del hornillo a gas: “Es que no fumo”. 

Tras esta disculpa casi naif, M. derramará una lágrima y sin secarse la mejilla izquierda dirá: 

–Me da vergüenza, pero creo que se tiene que contar cómo estamos viviendo. Somos trabajadores.

La frase de M. deja un halo incómodo en el rincón que ocupa su jaima. Abajo y a lo lejos, los bañistas chapotean en el mar.

El 15 de diciembre de 1936, dos guardias civiles y varios falangistas irrumpieron en casa de los suegros de Joan Canyelles Capllonch, en Esporles (Mallorca). Tenía 32 años. Picapedrer y afiliado a la Casa del Pueblo, formaba parte de una generación que había abrazado con convicción los cambios impulsados por la Segunda República en un municipio conocido entonces como la “pequeña Rusia” por su intensa actividad sindical y obrera. Tras el golpe militar de julio, intentó esconderse en una barraca del Port des Canonge. Después regresó a Esporles, pero una vecina acabó delatándolo.

Aquel día, sin poder despedirse de su mujer, Francisca, con quien tenía dos hijas pequeñas, Catalina y Magdalena, se lo llevaron a la fuerza, lo ataron y lo arrastraron por la calle. Después lo trasladaron hasta un viejo almacén de maderas situado en el centro de Palma y reconvertido en una de las cárceles más oscuras y trágicas de la represión franquista en Mallorca: la prisión de Can Mir. Un mes después, los carceleros gritaron su nombre. Junto a otros doce presos, fue esposado y conducido en camión, a lo largo de más de 30 kilómetros, hasta el muro de la Cruz de Porreres, el lugar donde, noche tras noche, los escuadrones fascistas llevaban a cabo sus ejecuciones. Allí lo acribillaron a tiros. Las hipótesis apuntan a que fue el último en morir: lo sugieren los disparos hallados en sus piernas, quizás al intentar huir tras presenciar el asesinato de sus compañeros. Su familia tardó más de ocho décadas en recuperar sus restos.

“Yo sabía que tenía que encontrarlo”. Guillem Mir habla despacio y visiblemente emocionado. Han pasado ocho años desde que pudo enterrar por fin a su abuelo, pero todavía recuerda con precisión el momento en que dejó de ser un desaparecido para volver a tener un nombre, una historia y una tumba. Hasta entonces, su familia, como las de tantos otros desaparecidos por el golpe militar de 1936 y la dictadura franquista, convivió con una ausencia suspendida en el tiempo y un duelo imposible de cerrar. “Cuando vives continuamente con años de angustia, malestar y dolor, sin poder expresar ni purgar, acaba convirtiéndose en un trauma. A mi madre le pasó factura. Nunca te lo planteas, pero te va mermando toda la vida”, confiesa Guillem a elDiario.es.

Cuando vives continuamente con años de angustia, malestar y dolor, sin poder expresar ni purgar, acaba convertido en un trauma. A mi madre le pasó factura. Nunca te lo planteas, pero te va mermando toda la vida

Guillem Mir — Nieto de Joan Canyelles Capllonch, asesinado por el franquismo

La ausencia heredada

La historia de Joan Canyelles Capllonch condensa la búsqueda incesante de aquellos que durante generaciones ignoraron dónde estaban sus muertos. Mientras los franquistas habían podido recuperar a los suyos casi desde el final de la guerra -el régimen facilitó la localización, exhumación y traslado de quienes habían fallecido en la retaguardia republicana-, los vencidos fueron condenados al silencio y al miedo. Las viudas -estigmatizadas y sin derecho a ningún tipo de reconocimiento ni pensión- recorrían cementerios, preguntaban a enterradores y, de forma infructuosa, seguían cualquier rumor con la esperanza de encontrar una pista, un botón, una prenda de ropa o cualquier rastro que las condujera hasta sus maridos. Los hijos -a quienes después se unirían los nietos- crecieron escuchando relatos fragmentarios, conversaciones susurradas y referencias imprecisas a cunetas, simas y pozos. En paralelo, la dictadura erigía monumentos, concedía honores y construía una memoria oficial que glorificaba a los 'caídos por Dios y por España'.

Sin embargo, casi cuarenta años de régimen no lograron borrar la memoria de los desaparecidos. Muerto Franco y encauzado el camino hacia la democracia, los descendientes republicanos se lanzaron a rastrear archivos y a recoger testimonios. Pero, sobre todo -cuando gran parte del país había decidido olvidar-, comenzaron a arañar la tierra. Harían falta, con todo, otras tantas décadas para que aquella labor comenzara, a principios de los 2000 -más de 60 años después de los asesinatos-, a abrirse paso en el debate público. Paul Preston lo llamó “la anomalía de España”: mientras el resto de países condenaban sus dictaduras, afrontando de una u otra forma el legado de sus regímenes autoritarios, la Transición española, en aras a la “reconciliación” nacional, había cerrado la puerta a la posibilidad de investigar los crímenes del franquismo, había optado por mantener a miles de desaparecidos en fosas comunes y había relegado la búsqueda de las víctimas al empeño de sus familias.

Muerto Franco y encauzado el camino hacia la democracia, los descendientes republicanos se lanzaron a rastrear archivos y a recoger testimonios. Pero, sobre todo, comenzaron a arañar la tierra. Harían falta, con todo, otras tantas décadas para que aquella labor comenzara, a principios de los 2000, a abrirse paso en el debate público

“Era como tener una pared de 20 metros de alto y decir: 'Vamos a saltar'”, ilustra Miguel Rabal, nieto de otro de los represaliados del franquismo en Mallorca, Emilio García-Peñuela, al recordar los inicios de un movimiento memorialista que se enfrentaba a décadas de desinterés institucional, silencio social y ausencia de políticas públicas para localizar a los desaparecidos. En aquel momento, recuerda, no faltaban quienes los consideraban “cuatro viejos dando la paliza” con una guerra que para muchos pertenecía a un tiempo remoto y una historia que gran parte del país creía definitivamente cerrada.

Sin embargo, aquel empeño cristalizó en Balears con la creación de la asociación Memòria de Mallorca. Era el año 2006. La madre de Rabal asistió al acto fundacional, celebrado en el edificio de Sa Riera de Palma. Muchos de quienes acudieron eran ya ancianos que llevaban toda una vida esperando respuestas sobre el paradero de sus padres, hermanos o maridos. En una de las fotografías de aquel día aparecía una larga fila de hijos de represaliados. La reivindicación de todos ellos podía resumirse en una sola frase: “Queremos encontrarlos”.

[La labor inicial del movimiento memorialista tras décadas de silencio] era como tener una pared de 20 metros de alto y decir: 'Vamos a saltar'

Miguel Rabal — Nieto de Emilio García-Peñuela, represaliado por el franquismo

La ley que cambió las reglas

Sant Joan (Mallorca), junio de 2014. Bajo el sol abrasador de aquel verano, arqueólogos, forenses y familiares asisten a una escena inédita en Balears: la apertura de la primera fosa común de la guerra civil excavada en las islas. En el pequeño cementerio de esta localidad de 2.300 habitantes, las palas retiran las primeras capas de tierra mientras decenas de ojos siguen cada movimiento con una mezcla de expectación y nerviosismo. Muchos de los presentes llevan toda una vida esperando aquel momento. La intervención no está exenta de dificultades: parte de las sepulturas se encuentran ocultas bajo construcciones de hormigón, lo que obliga a desarrollar una compleja labor previa de investigación histórica, prospección arqueológica y retirada controlada de estructuras.

Durante seis días, la excavación combina documentación de archivo, testimonios orales, arqueología y antropología forense. Coordinados por Memòria de Mallorca y gracias al trabajo voluntario de especialistas del Laboratori de Bioarqueologia Humana de la Universitat Autònoma de Barcelona, los equipos avanzan centímetro a centímetro. El 20 de junio aparecen los primeros indicios inequívocos de la fosa. Dos días después, en presencia de los familiares, emergen a la luz los tres primeros cuerpos exhumados: corresponden a Jaume Gual Mas, Joan Gual Genovart y Miquel Salom Ribot, tres campesinos de Maria de la Salut asesinados por los fascistas en octubre de 1936. Un año después, en junio de 2015, los análisis genéticos permiten devolverlos a sus familias.

El investigador Manel Suárez, autor de numerosas investigaciones sobre la Segunda República y el movimiento obrero de Mallorca, recuerda que la elección de Sant Joan para acometer la primera exhumación de una fosa de la guerra civil en Balears no fue casual. La entonces alcaldesa del municipio, la ecosoberanista Catalina Gayà -quien gobernaba con el apoyo del PP-, respaldó desde el primer momento la intervención, lo que facilitó que el proyecto pudiera salir adelante pese a la ausencia de apoyo institucional. “No recibimos ninguna ayuda”, rememora Suárez. Recuerda, asimismo, que, pese a hallar tres cuerpos con evidentes impactos de bala, ni jueces ni fiscales acudieron al lugar para investigar los hechos.

Con todo, el resultado superó todas las expectativas. La exhumación despertó un enorme interés social y mediático y se convirtió en un acontecimiento sin precedentes en las islas. Ya no había vuelta atrás: la apertura de la fosa de Sant Joan demostró que los desaparecidos podían ser encontrados y que décadas de silencio no habían logrado borrar sus huellas. Dos años después, en junio de 2016, Balears daba el paso decisivo: la aprobación, por unanimidad, de la Ley de recuperación de personas desaparecidas durante la Guerra Civil y el franquismo, una norma que convirtió en obligación pública lo que hasta entonces había sido una lucha sostenida en solitario por familiares y activistas.

“Con esta ley se pretende cumplir con las obligaciones que tiene España con las víctimas de las desapariciones de la Guerra Civil y del franquismo, y también con quienes son sus familiares”, reza la exposición de motivos del texto. El Govern, presidido entonces por la socialista Francina Armengol, pasaba a asumir la responsabilidad de localizar fosas, elaborar mapas de enterramientos, impulsar análisis genéticos y coordinar los trabajos arqueológicos. Esta semana, la 'ley de fosas', que marcó un antes y un después en esta historia de incertidumbre colectiva y cambió la relación de Balears con uno de los capítulos más oscuros de su pasado reciente, ha cumplido 10 años. En todo este tiempo, la norma ha permitido recuperar los restos de 334 víctimas e identificar a 68 mediante técnicas forenses y pruebas genéticas.

La apertura de la fosa de Sant Joan, en 2014, demostró que los desaparecidos podían ser encontrados y que décadas de silencio no habían logrado borrar sus huellas. Dos años después, el Parlament aprobaba por unanimidad su 'ley de fosas', que ha permitido recuperar los restos de más de 280 víctimas e identificar a más de medio centenar

Su impacto resulta significativo en un territorio donde la represión franquista fue especialmente cruenta. Después de que, el 19 de julio de 1936, el recién proclamado comandante militar de Balears Manuel Goded declarase el estado de guerra y asumiera el control absoluto de Mallorca y Eivissa, se desató una intensa violencia que, como sostiene el historiador Bartomeu Garí Salleras, ya había sido planificada meses antes del conflicto y sería perfectamente ejecutada por falangistas, militares, autoridades civiles, redes clientelares de derechas, capellanes e, incluso, por familiares de las propias víctimas. 

“Se inició una auténtica caza de sospechosos, que serían fusilados sin contemplaciones en las cunetas de las carreteras o en las tapias de los cementerios, sin ningún tipo de juicio y sin ningún motivo o muchas veces por motivos inconfesables”, afirma Garí, autor de La repressió a Mallorca durant la Guerra Civil espanyola, con base en lo arrojado en Guerra Civil i repressió a Mallorca, del historiador Josep Massot Muntaner, uno de los estudiosos que durante la Transición se volcó en esclarecer cómo se desarrolló el conflicto bélico en la isla. Cerca de 2.000 personas fueron asesinadas en las islas y más de 10.000 pasaron por prisión. A ellas se suman quienes sufrieron condenas consideradas injustas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. Se calcula que todavía existen 56 fosas repartidas entre la mayor de las Balears y las Pitiüsas.

Desde la aprobación de la 'ley de fosas', las exhumaciones se han llevado a cabo siguiendo protocolos arqueológicos y forenses homologados internacionalmente. Los equipos delimitan las áreas de búsqueda mediante el estudio de archivos, testimonios y planos históricos, excavando después de forma manual y estratigráfica para preservar cualquier evidencia. Una vez localizados los restos, los especialistas documentan la posición de cada individuo, recuperan objetos asociados y trasladan los huesos a laboratorios de antropología forense. Allí analizan lesiones compatibles con ejecuciones, determinan el perfil biológico de las víctimas y, cuando es posible, realizan pruebas de ADN para cotejarlas con las muestras aportadas por familiares.

La ley balear de fosas ha permitido recuperar los restos de más de 330 víctimas e identificar a más de medio centenar en un territorio donde la represión franquista fue especialmente cruenta. Más de 2.000 personas asesinadas. Se calcula que todavía existen 56 fosas repartidas entre Mallorca, Eivissa y Formentera

Mucho más que exhumar restos

Cada exhumación permite reconstruir biografías, documentar la represión y devolver historias al espacio público. Para Guillem Mir, la búsqueda de su abuelo acabó convirtiéndose en una parte inseparable de su propia vida. Cuando le comunicaron que el ADN había confirmado la identidad de los restos, Guillem sintió una punzada en el pecho. “Fue una emoción enorme”, rememora con lágrimas en los ojos. Durante años había perseguido documentos, testimonios y pistas dispersas para reconstruir la historia de su abuelo. De repente, aquella búsqueda dejaba de ser una hipótesis para convertirse en una certeza. “Lo encontramos”, resume. Por primera vez desde 1937, la familia sabía dónde había estado todo ese tiempo. Lo que comenzó como una inquietud familiar acabó transformándose en una necesidad íntima, casi en una obligación moral hacia un hombre al que nunca llegó a conocer, pero cuya ausencia marcó a varias generaciones.

Guillem reconoce que la desaparición de un familiar deja secuelas que atraviesan el tiempo. En su caso, el silencio heredado, las historias contadas a medias y la incertidumbre sobre el paradero de su abuelo acabaron formando parte de la identidad familiar. La identificación de los restos permitió poner fin a esa búsqueda.

“El día de la entrega fue un día que tampoco olvidaré nunca”, recuerda. Los forenses preguntaron a la familia si quería abrir la caja que contenía los restos de Joan Canyelles. Aceptaron. “Lo primero que vi fue el cráneo. Era muy pequeño, cabía en una caja así. Y había un agujero muy grande”. La emoción pudo más que las palabras. “No lo pude evitar. Fui hacia él, lo abracé y le di un beso”. Aquel gesto puso fin a más de ochenta años de incertidumbre y permitió que su abuelo dejara de ser un desaparecido para regresar definitivamente a su familia.

Guillem nunca conoció a su abuelo, asesinado por los franquistas, pero para él 'fue una emoción enorme' cuando le comunicaron que el ADN había confirmado la identidad de los restos. Recuerda, con lágrimas en los ojos, que sintió una punzada en el pecho: 'No lo pude evitar. Fui hacia él, lo abracé y le di un beso'

En conversación con elDiario.es, insiste en que la recuperación de los cuerpos va más allá del ámbito familiar. “La historia de mi abuelo es la historia de todos aquellos a quienes quisieron matar”, sostiene. Por eso considera que las exhumaciones no solo reparan a las víctimas y a sus descendientes, sino que ayudan a reconstruir una parte de la historia colectiva que durante demasiado tiempo permaneció enterrada. Desde entonces continúa investigando y recopilando documentación sobre otros represaliados de Esporles. “No paramos”, explica al hablar del archivo que ha construido junto a otros investigadores locales. Esa quizá sea la mayor herencia de la ley de fosas. No solo ha permitido recuperar cuerpos: ha contribuido a rescatar vidas enteras del olvido.

La historia de mi abuelo es la historia de todos aquellos a quienes quisieron matar

Guillem Mir — Nieto de Joan Canyelles Capllonch, represaliado por el franquismo

El ordenanza detenido en la sucursal del Banco de España

A cientos de kilómetros de Madrid, donde había nacido en 1899, Emilio García-Peñuela construyó una nueva vida en Mallorca. Había llegado a Palma en 1929 tras obtener una plaza de ordenanza en la sucursal del Banco de España. Socialista, laico y comprometido políticamente, frecuentaba la Casa del Pueblo y colaboraba económicamente con iniciativas obreras, incluso a pesar de las limitaciones económicas de una familia trabajadora con dos hijas pequeñas. Diez días después del golpe de Estado, la policía acudió hasta la sucursal para detenerlo. Desde allí fue trasladado hasta el castillo de Bellver, convertido entonces en prisión para centenares de detenidos republicanos. Era el 28 de julio de 1936.

Su nieto, Miguel Rabal, ha dedicado años a reconstruir aquella historia. La familia sabía que Emilio había sido detenido, pero desconocía muchos detalles de lo ocurrido. La investigación permitió descubrir cómo había sido vigilado durante años por sus ideas políticas y cómo acabó convertido en objetivo prioritario de la represión. “No era precisamente el 'Stalin' de Mallorca, pero sí lo suficientemente interesante como para no dejarlo suelto”, recuerda.

Mi abuelo no era precisamente el 'Stalin' de Mallorca, pero sí lo suficientemente interesante como para no dejarlo suelto

Miguel Rabal — Nieto de Emilio García-Peñuela, asesinado por el franquismo

Mucho antes de que los análisis genéticos confirmaran la identidad de su abuelo, Miguel ya albergaba una esperanza. Cuando comenzaron las exhumaciones y la recogida de muestras de ADN, su madre y su tía aportaron las suyas convencidas de que algún día podrían encontrarlo. Aquella posibilidad dejó de parecer remota durante la segunda campaña de excavaciones en la fosa de Son Coletes, en la localidad de Manacor, cuando decenas de familiares pudieron contemplar por primera vez los restos que emergían de la tierra tras ocho décadas de silencio. A apenas unos metros de distancia, dentro de la misma fosa, habían sido localizados los restos de Aurora Picornell, bautizada como la 'Pasionaria balear' e icono del republicanismo en Mallorca. Formaba parte de las conocidas como 'Rojas del Molinar', asesinadas por el franquismo la noche de reyes de 1937.

“Parecía que nos gritaban: 'Por fin nos habéis encontrado'”

El nieto de García-Peñuela rememora especialmente un pequeño acto celebrado junto a la fosa, sin tribunas ni grandes discursos. Los familiares se encontraban a escasos metros de los esqueletos recién exhumados. “Podíamos casi tocarlos”, recuerda. Sonaban un violonchelo y una flauta mientras los asistentes observaban aquellos cuerpos que, durante décadas, habían permanecido ocultos bajo tierra. Fue entonces cuando sintió algo difícil de explicar. “Parecía que los oías”, dice. “Como si nos estuvieran gritando: 'Por fin nos habéis encontrado'”. La imagen continúa emocionándole años después. “Hasta entonces todos ellos eran desaparecidos”, reflexiona. Frente a la fosa abierta, rodeado de familiares que llevaban décadas esperando respuestas, tuvo la sensación de que quienes yacían allí abajo recuperaban por fin aquello que les había sido arrebatado: un nombre, una historia y el derecho a ser encontrados.

Al igual que Guillem y tantos otros familiares, tampoco olvida la llamada que recibió en noviembre de 2022. Estaba solo, caminando por la Comuna de Bunyola, cuando sonó el teléfono. Al otro lado de la línea estaba Maria Antònia Oliver, presidenta de Memòria de Mallorca, quien lleva décadas luchando por localizar a los desaparecidos del franquismo. Dos días antes le había enviado varias fotografías de su abuelo para una exposición sobre las víctimas de la represión. Al ver su nombre en la pantalla, intuyó que se trataba de aquel asunto. Sin embargo, bastaron apenas unas palabras para confirmar lo que llevaba años esperando: “Miguel, tu abuelo ha sido identificado”, recuerda que le dijo.

“Fue como si se hubiera roto un dique”

Miguel recuerda que intentó contenerse durante la conversación. Sabía que la activista había acompañado a decenas de familias en momentos similares -“tiene un hombro para eso y para todo lo que le echen”, subraya- y no quiso derrumbarse al teléfono. “Aguanté como pude”, rememora. Apenas recuerda qué le respondió. “Ya daba igual lo que dijera. Lo importante era otra cosa”. Fue después de colgar cuando la emoción acumulada durante años terminó por desbordarse. “Fue como si se hubiera roto un dique”, explica. De repente afloraron décadas de preguntas, de documentos consultados, de historias familiares reconstruidas y de incertidumbre. La llamada confirmaba que la búsqueda había terminado.

Se emociona de nuevo al recordar el día en que la familia recibió los restos de su abuelo. El acto se celebró en el cementerio de Son Valentí siguiendo un minucioso protocolo, diseñado para respetar los tiempos y los deseos de cada familia. Los forenses les preguntaron si querían abrir la caja que contenía los huesos recuperados de la fosa. También les consultaron si permitían la presencia de representantes institucionales y observadores internacionales. “Todo estaba hecho con una delicadeza extraordinaria. Entendían que cada familia vive esto de una manera distinta”, rememora.

Entre los asistentes se encontraba Favián Salvioli, relator especial para la promoción de la verdad, la justicia, reparaciones y garantías de no repetición de la ONU. Lejos de percibirlo como una presencia ajena, Rabal lo interpretó como un reconocimiento a la dignidad de su abuelo. “Para mí fue un honor mayúsculo”, explica. “Era una persona que representaba a la humanidad acompañando a otra persona anónima y modesta en un momento tan importante”, añade. La imagen le sigue emocionando: un trabajador del Banco de España, asesinado y desaparecido durante décadas, recibiendo finalmente el amparo y el reconocimiento que le habían sido negados. Cuando abrieron la caja, Miguel vio por primera vez los restos de su abuelo. Se acercó al cráneo y lo tocó: “Lo conocí en aquel momento”.

Miguel Rabal continúa emocionándose al recordar el acto de homenaje a su abuelo: un trabajador del Banco de España, asesinado y desaparecido durante décadas, recibiendo finalmente el amparo y el reconocimiento que le habían sido negados. Cuando abrieron la caja, vio por primera al padre de su madre. Se acercó al cráneo y lo tocó: "Lo conocí en aquel momento"

Lejos de erigirse en protagonista, Miguel reivindica la perseverancia de activistas, historiadores y asociaciones memorialistas y cómo, con el paso de los años, demostraron que su empeño estaba lejos de ser una extravagancia. La aprobación de la ley balear de fosas en 2016 fue, para él, la prueba de que aquella obstinación había merecido la pena. Como Guillem, subraya que el verdadero alcance de las exhumaciones va mucho más allá de cada caso individual.

La arqueóloga Almudena García-Rubio, responsable de numerosas exhumaciones en las islas, explica que los planes de fosas impulsados en Balears fueron incorporando progresivamente nuevas disciplinas y herramientas para abordar las consecuencias de la represión. A la labor de arqueólogos, antropólogos forenses e historiadores se sumaron especialistas en restauración, juristas, antropólogos sociales e, incluso, equipos de acompañamiento psicosocial para atender a los familiares durante todo el proceso. Durante la jornada organizada este viernes por la Universitat de les Illes Balears (UIB) para conmemorar los diez años de la ley de fosas, la investigadora subrayó que este enfoque multidisciplinar convirtió a las islas en una referencia dentro del Estado, al entender que la recuperación de los desaparecidos no consiste únicamente en localizar e identificar restos, sino también en acompañar a las familias y preservar la memoria de las víctimas.

Detrás de cada esqueleto hay una persona desaparecida y una familia que lleva décadas esperando respuesta

Almudena García-Rubio — Arqueóloga

La semilla del movimiento memorialista

Se trata de una idea que conecta directamente con el origen del propio movimiento memorialista. Porque para las asociaciones y los familiares nunca se trató únicamente de abrir una fosa o devolver unos huesos a sus descendientes. También implica reconstruir las historias que la represión intentó borrar, explicar quiénes fueron aquellas personas y reconocer públicamente las vulneraciones de derechos humanos que sufrieron. Maria Antònia Oliver recuerda, de hecho, que el origen de Memòria de Mallorca nació de una convicción profundamente arraigada. “Tenía claro que en democracia tenemos derechos”, explica. No podía entender que hubiera familias que desconocían dónde estaban sus padres, hermanos o maridos y que las instituciones permanecieran al margen. Mucho antes de familiarizarse con conceptos como verdad, justicia y reparación, asegura que ya los sentía como una necesidad vital.

“No los conocía teóricamente, pero los sentía”, rememora. Le resultaba incomprensible que hubiera personas buscando a sus desaparecidos mientras jueces, fiscales y administraciones miraban hacia otro lado. “Me preguntaba cómo era posible que hubiera gente exhumando y que todo quedara ahí”, afirma, mientras observaba cómo en otros países las desapariciones forzadas eran abordadas desde la justicia y los derechos humanos. Aquella inquietud nació de una experiencia personal -la búsqueda de su abuelo, Andreu París- que pronto descubrió compartida por centenares de familias.

Me preguntaba cómo era posible que hubiera gente exhumando y que todo quedara ahí

Maria Antònia Oliver — Presidenta de Memòria de Mallorca

En los primeros años de búsqueda, Oliver acudía a historiadores, archivos y testigos con una sensación incómoda. “A veces me sentía violenta pidiendo información. Pensaba que no debía ser yo quien lo hiciera; tenían que ser las instituciones o un juez quienes me lo dijeran”. Lo que había vivido en su propia familia lo encontraba repetido una y otra vez en los relatos de otros hijos y nietos de represaliados. Recuerda especialmente las historias de mujeres que habían pasado décadas preguntando por sus maridos desaparecidos y soportando burlas o insinuaciones. “Ni siquiera sabían si los habían matado porque no se lo decían”, lamenta.

Por eso insiste en que los avances logrados durante las últimas dos décadas no surgieron de la nada. Antes de las leyes, de los planes de fosas y de las exhumaciones institucionales hubo años de trabajo sigiloso de familiares y activistas recopilando testimonios, localizando enterramientos y elaborando los primeros listados de desaparecidos. “Si hoy tenemos un mapa de fosas es gracias a los familiares de las víctimas”, subraya. Aquella documentación permitió demostrar que las fosas existían y que podían abrirse. “Era importante demostrar que se podía exhumar, que los políticos no tuvieran miedo de hacerlo”.

En un contexto marcado por la reciente derogación de la ley balear de memoria democrática -la otra gran norma memorialista de las Islas- por parte de PP y Vox, las víctimas insisten en que la reparación no termina cuando se localiza un cuerpo. Sin políticas públicas de memoria, advierten, las exhumaciones corren el riesgo de convertirse en simples operaciones arqueológicas desprovistas de contexto. Por eso continúan reclamando verdad, justicia y reparación para devolver la dignidad a quienes fueron asesinados y restituir una parte de la historia colectiva que durante demasiado tiempo permaneció enterrada bajo la tierra y el silencio.

El expresidente del Parlament balear Balti Picornell ha comparecido este jueves en los juzgados de Palma a raíz de la querella interpuesta por el diputado de Vox en el Congreso Jorge Campos por supuestamente referirse a él como “puto nazi”. El encausado no ha llegado a declarar dado que no le había sido notificada formalmente la querella y ha sido citado nuevamente para el próximo martes a las 13.00 horas.

Según ha explicado su defensa a las puertas del juzgado, Picornell había sido convocado únicamente mediante una llamada telefónica y un mensaje SMS. Ante esta situación, el juez ha acordado entregarle ahora la documentación y señalar una nueva fecha para su declaración en calidad de investigado. Su abogado, Josep Rosell, del colectivo Acció Cassandra, ha anunciado además que recurrirá la admisión a trámite de la querella al considerar que los hechos denunciados están amparados por el derecho fundamental a la libertad de expresión.

“No podemos tolerar que, aunque finalmente se archivara, se investigue a una persona por unos hechos que aunque fueran ciertos no serían constitutivos de delito”, ha expresado el letrado.

El propio Picornell ha enmarcado el procedimiento en un intento de la extrema derecha de restringir la crítica política: “Lo que no podemos permitir es que personajes como este intenten recortar nuestra libertad de expresión, intenten tenernos callados y que no podamos expresar lo que una persona reaccionaria dice en redes sociales”. “Tenemos que tener un derecho fundamental a la libertad de expresión y hay que hacerles frente”, ha incidido.

En esta línea, su abogado ha señalado que los estándares de protección de la libertad de expresión son especialmente amplios cuando afectan a responsables políticos. En este sentido, ha defendido que expresiones como la que ha motivado la querella deben analizarse en el contexto de la trayectoria pública del denunciante. “Estamos hablando de un político que se ha significado por homenajes al Valle de los Caídos, por posicionarse contra represaliados del franquismo o por afirmar que el 18 de julio es el día más importante de España”, ha argumentado.

La defensa prevé presentar directamente un recurso ante la Audiencia Provincial de Balears después de que el juzgado admitiera la querella por un presunto delito de injurias graves a la autoridad. Previsiblemente, el recurso no llegará a resolverse antes de la nueva comparecencia prevista para la próxima semana. “Veremos qué entiende del tribunal y hasta dónde llegan los estándares de la libertad de expresión española”.

A las puertas de los Juzgados de Vía Alemanya, una quincena de personas se ha concentrado para mostrar su apoyo al expresidente de la Cámara autonómica. Tras abandonar el edificio judicial, Picornell ha sido recibido con aplausos por parte de los asistentes.

La causa tiene su origen en una querella presentada por Campos después de que Picornell difundiera reiteradamente en sus redes sociales una fotografía en la que posa junto a un grafiti con el mensaje “J. Campos puto nazi”. La semana pasada, el diputado de Vox ratificó la denuncia ante el juzgado instructor y avanzó que no descarta ampliarla a otras personas que también hayan compartido o utilizado la citada imagen.

Picornell presidió el Parlament entre 2017 y 2019, durante el segundo mandato de la socialista Francina Armengol. Durante su etapa al frente de la Cámara autonómica trató de proyectar una imagen austera e institucional, marcada por la cercanía a los movimientos sociales y por gestos simbólicos contra los privilegios asociados al cargo. Entre ellos, renunció a utilizar el coche oficial y defendió una presidencia más próxima a la ciudadanía y menos ligada a la solemnidad tradicional de las instituciones.

El discurso ultra de Jorge Campos

Se da la circunstancia de que, en mayo de 2024, el propio diputado de Vox comparó la gran manifestación celebrada días antes en favor del catalán con la Alemania nazi, utilizando para ello la imagen de un desfile de antorchas celebrado apenas unos meses después de que Adolf Hitler ascendiera al poder.

Campos también señaló en otra publicación a catalanistas e independentistas en el contexto de la Diada de Mallorca. “Este día sabemos que, en Palma de Mallorca los separatistas pancatalanistas están todos en el mismo sitio. Estas oportunidades habría que aprovecharlas”, escribió en su cuenta de X. “Contra su enfermedad, nuestra inmensa ilusión de hacer un país mejor que el que ellos representan”, añadió. 

Cabe señalar que la trayectoria de Jorge Campos está marcada por un beligerante discurso contra la inmigración, las identidades LGTBI+, las políticas en favor la lengua catalana y la memoria democrática. En septiembre de 2022, la entonces presidenta del Govern, Francina Armengol, le reprochó que en una intervención en el Parlament balear vinculase la “tasa de criminalidad de Balears” con el “aumento constante de inmigrantes ilegales”. “No todo vale todo en política. En política no vale la mentira como norma en sus intervenciones, no vale el racismo ni vale la xenofobia que usted aplica”, le espetó la dirigente socialista.

El pasado mes de octubre, Campos emplazó al obispo de Mallorca, Sebastià Taltavull, a “acoger MENAS en su palacio” -reproduciendo la terminología con la que la exprema derecha alude de forma despectiva a los menores migrantes no acompañados- después de que el prelado hiciese una llamada a la ciudadanía y a los responsables políticos para frenar los discursos de odio contra las personas migrantes: “Llamarles delincuentes es una calumnia, una acusación muy grave contra gente que ha tenido que marcharse de su casa”, profirió el obispo.

El diputado ultra también convirtió el debate educativo en campo de batalla ideológica, al acusar al anterior Ejecutivo de izquierdas de “adoctrinar” a los alumnos y prometer “sacar de las escuelas” a quienes, según él, “atacan a la nación”. A su juicio, estos docentes debían ser expulsados “por higiene democrática”.

En otro mensaje en X, Campos, lejos de condenar la quema de una bandera LGTBI en un instituto de Muro (Mallorca), lamentó los hechos al considerar que la enseña “ensucia la pared” y “podrían haberse ocasionado daños materiales o personales”. “¿Qué pinta esa tela multicolor, que representa una ideología discriminatoria, en la pared de un instituto? Los centros educativos no deben ser murales donde se cuelguen pancartas, banderas o símbolos con carga ideológica o política, como esa bandera multicolor. Únicamente deben contar con las banderas oficiales”, manifestó.

Dos personas -una mujer sin identificar y un hombre de nacionalidad argentina y de 58 años- han fallecido en un incendio en un bloque de viviendas residenciales en Magaluf (Mallorca). Además, según la información facilitada por los servicios de emergencias, hay 24 heridos, entre ellos ocho bomberos. Una de las personas está en estado crítico. Se trata del edificio Trianon II de la zona de Torrenova, en Magaluf, situado en el número 18 de la calle Martí Ros García.

El incendio, según han informado los Bomberos de Mallorca, se ha originado en la tercera planta del edificio. El director insular de Emergencias, Joan Fornàs, ha explicado que, a su llegada, los bomberos se han encontrado con un fuego “muy violento”. El humo se ha desplazado por el hueco de la escalera, que se ha elevado por todo el edificio.

El incendio se podría haber originado por un fallo eléctrico en una nevera de una vivienda de la tercera planta. Desde Bomberos de Mallorca han indicado que el fuego se originó en la cocina de la vivienda, aunque todavía está por determinar si fue un fallo eléctrico en un electrodoméstico.

Uno de los moradores del bloque de pisos ha explicado a los medios que la persona que vive en el inmueble en el que se ha producido el incendio ha dicho que la nevera ha comenzado a arder. “Dice que empezó a arder el frigorífico, trató de apagarlo con un extintor y no pudo, le echó agua y tampoco pudo y luego ya se asfixiaba y salió corriendo del apartamento”, ha señalado el vecino. Asimismo, este inquilino ha explicado que notó un olor a fuego y que escucho ruidos y, al ver el fuego, salió de la finca junto con otros afectados.

El alcalde de Calvià, Juan Antonio Amengual, ha explicado las dos personas que han muerto eran residentes del municipio y vivían en la novena planta del edificio. Según las primeras hipótesis, han sido intoxicadas por humo al tratar de bajar por las escaleras que, en palabras del alcalde, “se han convertido en una chimenea”.

Todos los residentes del edificio, ya clausurado, han sido evacuados por los Bomberos de Mallorca.  El bloque de viviendas no presenta riesgo de derrumbe, pero será este viernes cuando se haga una valoración exhaustiva. El Ayuntamiento ha informado que todas las personas afectadas podrán ser realojadas en diferentes hoteles del municipio y de la capital, mientras se continúa trabajando en la valoración de la situación.

El jefe operativo de Bomberos de Mallorca, Xisco Bonín, ha explicado que el incendio ha roto ventanas y una puerta, de modo que el humo se ha propagado muy rápido por la escalera, entrando en las viviendas. Esto ha provocado nueve personas heridas leves por inhalación de humo y otras tres víctimas graves, dos de ellas son las que han fallecido y la tercera es la que está ingresada en Son Espases.

Tanto Bonín como el alcalde del municipio han incidido en la importancia de tratar de refugiarse en un lugar seguro cuando se produce un incendio de estas características. “Lo que se tiene que intentar es ir a punto de la vivienda donde al incendio le costará llegar, si puede ser un punto exterior mejor y, sobre todo, no salir por la escalera”, ha explicado el jefe operativo.

Condolencias

Por su parte, la presidenta del Govern, Marga Prohens, ha señalado que está en contacto con el alcalde de Calvià, y con los responsables de los servicios de Emergencias y del 061 para conocer la evolución de la situación y de los afectados. “Mi pésame a los familiares y seres queridos de las víctimas, todo mi apoyo a las personas afectadas y mi agradecimiento a bomberos y profesionales sanitarios por su rápida respuesta”, ha declarado la presidenta balear en su cuenta de X.

Por su parte, el alcalde de Calvià ha afirmado que se trata de “un día muy triste”. “La actuación de los bomberos ha sido espectacular, han hecho un gran trabajo. Todos los vecinos están desalojados y es un drama. Cuando hay un incendio, uno se tiene que quedar dentro de su casa e ir al balcón, porque las personas han ido hacia la escalera y eso ha sido el principal problema, según parece”, ha afirmado.

El alcalde ha informado también que desde primera hora de la mañana la presidenta del Govern y el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, han estado al tanto del suceso. Amengual ha mostrado sus condolencias y ha explicado que se trabaja en la atención de las víctimas. “Estamos desolados, estamos muy tristes. Vamos a ver a los familiares. De momento los vecinos están en un recinto, les estamos atendiendo en sus necesidades”, ha declarado Amengual.

El Ayuntamiento de Calvià ha decretado dos días de luto oficial por el grave incendio. El luto oficial ya ha comenzado y se mantendrá durante dos días. El Consistorio ha expresado su “profundo dolor” por lo ocurrido y ha trasladado sus condolencias a los familiares y allegados de las víctimas, así como su apoyo a todas las personas afectadas por el incendio.

La reforma que prometía hacer más ágil la Justicia está teniendo el efecto contrario en los juzgados de Balears, según denuncian abogados, jueces y otros operadores jurídicos. La nueva organización judicial impulsada por la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia —más conocida como Ley de Eficiencia Procesal— habría añadido nuevas complejidades a un sistema que ya arrastraba una grave falta de medios.

Expedientes ya instruidos acumulan meses de espera para recibir sentencia y algunos procedimientos comienzan a señalarse para dentro de tres e incluso cuatro años. La situación se extiende a todas las islas, pero empeora en Eivissa. En parte, por la actual crisis de la vivienda, pero también desde que los hermanos Cazorla incendiaron la antigua sede de los juzgados en 2019, lo que les mereció una condena de cuatro años de cárcel. 

Aquel episodio supuso una paralización, reconocida por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), de la Justicia en la isla, que fue reactivándose de forma progresiva en edificios provisionales donde a día de hoy aún mantienen algunos órganos judiciales —el resto está en la sede principal—. Desde entonces, el sistema judicial de Eivissa y Formentera ha operado bajo una situación de sobrecarga.

Los trabajadores de los tribunales pitiusos perciben que el atasco de asuntos, lejos de aliviarse, continúa aumentando con la nueva Ley de Eficiencia. La aplicación de la norma habría afectado especialmente a la tramitación de denuncias, ya de por sí lenta, y que se ha visto aún más ralentizada tras la reorganización del sistema judicial, según su versión. elDiario.es se ha puesto en contacto con el Ministerio sin recibir respuesta en el momento de la publicación.

Esta reorganización se suma al problema crónico de falta de personal en Eivissa —donde el área forense lleva años prácticamente desmantelada— y contribuye a una mayor dilación en la resolución de los procedimientos, según señala un letrado con asuntos en la isla que prefiere no identificarse. El profesional, que también trabaja en ciudades como Madrid, Valencia o Barcelona, sostiene que, pese a su tamaño, estas no presentan la misma carga de trabajo que la isla, que cuenta con 164.265 habitantes, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Un beneficio para los acusados

“Para los demandantes -estos retrasos judiciales- suponen un estrés añadido al que ya se sufre durante los procedimientos. Se victimiza aún más a la víctima”, señala el abogado.  En cuanto a los acusados, añade, sucede justo lo contrario: en algunos casos pueden verse incluso beneficiados por las dilaciones indebidas, es decir, los retrasos en la tramitación de los procedimientos.

De hecho, el artículo 24.2 de la Constitución española reconoce el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas: “Todos tienen derecho a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías”. “Desde enero, hay expedientes que no se tramitan y ejecutorias -el documento mediante el que se hace efectiva una sentencia firme- que se están viendo afectadas. Esto puede beneficiar a los acusados”, explica el abogado especialista en derecho administrativo y penal David Salvà. 

Desde enero, hay expedientes que no se tramitan y ejecutorias -el documento mediante el que se hace efectiva una sentencia firme- que se están viendo afectadas. Esto puede beneficiar a los acusados

David Salvà — Abogado especialista en derecho administrativo y penal

En el caso de las víctimas, el letrado asegura que se ve obligado a presentar escritos ante el Letrado de la Administración de Justicia (LAJ) para instar la agilización del procedimiento, advirtiendo incluso de posibles denuncias por dilaciones ante el CGPJ. Por ahora, añade, esto no ha afectado a las condenas, aunque “puede llegar a hacerlo”.

Con la nueva norma se preveía resolver la saturación del sistema judicial, “pero no ha sido así”, advierten desde el decanato de los juzgados de Eivissa y Formentera. La reforma contemplaba una reorganización del sistema judicial, con la eliminación de juzgados, la creación de Tribunales de Instancia con secciones y la unificación de oficinas judiciales con personal común.

Más medios: la auténtica necesidad

El número de trabajadores resolviendo asuntos es, sin embargo, “exactamente el mismo”, y la cantidad de procedimientos tampoco se ha reducido, sino que se mantiene o incluso ha aumentado, asegura a elDiario.es el juez decano de las Pitiusas, Sergio González. “Todo lo que no pase por una inversión de medios personales y materiales no sirve para nada”, asevera.

A esto se suma que la redistribución de los funcionarios en distintas secciones habría sido deficiente. En el caso de Eivissa, en Tramitación -admisión de demandas, recursos y querellas, entre otros- se ha destinado poco personal, mientras que el área de Ejecución, encargada de hacer cumplir las sentencias, se ha reforzado con una mayor dotación de medios, según el decano.

Todo lo que no pase por una inversión de medios personales y materiales no sirve para nada

Sergio González — Juez decano de las Pitiusas

La falta de efectivos en el departamento encargado de todos los trámites previos al dictamen de la sentencia habría provocado que la documentación no llegue a esta segunda fase. “Se ha creado un tapón tremendo”, describe González.

Las quejas no se limitan a los representantes de la Justicia en Eivissa, sino que se extienden al Ilustre Colegio de Abogados de Baleares (ICAIB) y a su homólogo en Mallorca, así como a otros operadores jurídicos del archipiélago. En diciembre de 2025, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de les Illes Balears (TSJIB), Carlos Gómez, se reunió con los jueces y juezas de paz de las islas para tratar los cambios de la Ley de Eficiencia.

Los antiguos juzgados de paz se irán transformando en Oficinas de Justicia a medida que se constituyan los nuevos Tribunales de Instancia en Palma, Eivissa, Maó y Ciutadella. En total, más de mil funcionarios de todas las islas se han visto afectados por la irrupción de la nueva norma y por la reorganización derivada de su implantación durante la tercera y última fase, según publicó en su momento Diario de Mallorca.

La primera fase arrancó en enero de 2025, a los 20 días de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). La segunda se activó en abril, cuando entraron en vigor los MASC (Medios Adecuados de Solución de Controversias) como requisito previo en muchos asuntos civiles, además de reformas en la legislación procesal civil, penal, social y contencioso-administrativa.

Justicia defiende la norma

Tres meses después, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, aseguraba en la clausura de las XX Jornadas de presidentes y presidentas de Tribunales Superiores de Justicia, en Palma, que la nueva norma haría la administración de justicia “más ágil, más flexible y más cercana”.

De momento, esta nueva obligación de recurrir a los MASC ha reducido en un 20,4% el número de asuntos que han ingresado en los órdenes jurisdiccionales civil y mercantil —donde se ven desde divorcios o desahucios a cláusulas abusivas—. La legislación establece que, salvo las excepciones previstas —tutela de derechos fundamentales, filiación, concursales, medidas cautelares o casos de violencia de género, entre otras—, es obligatorio acreditar el intento de solución extrajudicial antes de interponer una demanda.

El objetivo es pasar de “una cultura del litigio a una del diálogo y del acuerdo”, según el Gobierno central. Además de reducir la carga de trabajo de los tribunales. En total, la bajada de la litigiosidad en los cuatro órdenes (incluyendo penal, social y contencioso-administrativo) es del 9,9% de abril de 2025 a abril de 2026. Son datos de las comunidades que no tienen la competencia de Justicia transferida, entre ellas Balears.

Sin embargo, a nivel nacional, los sindicatos también han denunciado cierto “caos” en la puesta en marcha de la reforma, con “problemas de coordinación y falta de información”. Fuentes sindicales consultadas en su momento por elDiario.es apuntaron, el pasado marzo, que la reasignación masiva de funcionarios había provocado que muchos desconocieran sus nuevas funciones, lo que ha derivado en suspensiones de juicios y retrasos procesales. Las mismas fuentes denunciaron el registro de incidencias técnicas y problemas con la asignación digital de expedientes antiguos, así como incompatibilidades de los sistemas operativos.

El CGPJ no encuentra “suspensiones o demoras” generalizadas

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) analizó en una reunión celebrada el pasado marzo un informe, basado en otros informes remitidos por los presidentes de la Audiencia Nacional y de los distintos Tribunales Superiores de Justicia, en el que se aprecian problemas de “insuficiencia de personal”. Así como de falta de adaptación de los medios informáticos y de “dispersión” de las sedes. Por otro lado, el documento concluye que la ley de eficiencia “no ha provocado suspensiones o demoras, más allá de casos puntuales”.

La nueva estructura judicial transforma 3.900 juzgados unipersonales en 431 Tribunales de Instancia organizados por jurisdicciones y secciones especializadas. Tras el análisis, el grupo de trabajo creado para analizar el seguimiento de la reforma se reunió la semana siguiente para abordar y tratar de resolver las disfunciones detectadas.

En materia de personal, el informe afirma que en muchos territorios no han concluido los procesos para acoplar al personal a sus nuevos puestos. A esto se suma una insuficiencia general de personal, escasez de plantilla, pérdida de refuerzos, desequilibrios entre secciones y un elevado volumen de personal interino “con falta de formación” y una inestabilidad en la plantilla que se acentúa en el caso de Balears.

El acuciante problema de la vivienda

González ya advirtió al Ministerio de Justicia, antes de la entrada en vigor de la normativa, de que en las islas existía un colapso derivado de la falta de medios, que la nueva ley iba a “empeorar”. “Ahora estamos peor”, resume.

Por su parte, la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de las Illes Balears (ICAIB) denuncia que la reforma se está aplicando en un contexto ya conocido, marcado por la falta de medios materiales y un acusado déficit de personal, tanto en jueces como en funcionarios de tramitación y gestión.

“Lo que se reclama siempre son más medios para la Justicia, porque, hagamos los cambios legislativos que hagamos, completar plantillas es complicado en todo el territorio nacional”, asegura Eva Cardona, miembro de la junta. “Y en Baleares aún más, porque aunque haya funcionarios dispuestos a venir, no hay vivienda para ellos”.

Lo que se reclama siempre son más medios para la Justicia, porque, hagamos los cambios legislativos que hagamos, completar plantillas es complicado en todo el territorio nacional. Y en Baleares aún más, porque aunque haya funcionarios dispuestos a venir, no hay vivienda para ellos

Eva Cardona — Miembro de la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de las Illes Balears

La emergencia habitacional genera desde hace años un déficit estructural de personal, una elevada rotación de plantillas y una inestabilidad permanente que complica la reorganización interna exigida por el nuevo modelo judicial.

La transición —según el colegio profesional— está agravando especialmente la situación en la jurisdicción civil. Entre las consecuencias, señalan la suspensión y el aplazamiento de juicios, con señalamientos fijados ya a tres o incluso cuatro años vista, frente a los dos años de espera anteriores. También apuntan a causas ya instruidas que tardan hasta un año en recibir sentencia.

Según el Colegio de Abogados de las Illes Balears, la reforma ha generado la suspensión y el aplazamiento de juicios, con señalamientos fijados ya a tres o incluso cuatro años vista, frente a los dos años de espera anteriores

Aumento de la inseguridad jurídica

La desaparición de canales unificados para la gestión de los procedimientos dificulta, además, el seguimiento de los expedientes y conocer con precisión en qué fase se encuentra cada asunto, señala el Colegio de Abogados. Ahora, varios juzgados de distintas jurisdicciones o especialidades —penal, instrucción o primera instancia, entre otras— se integran dentro de un único Tribunal de Instancia.

El objetivo de la reforma es equilibrar las cargas de trabajo mediante una distribución más flexible de las tareas. Sin embargo, según denuncia el Colegio de Abogados, esa reorganización todavía no ha dado los resultados esperados y ha provocado un deterioro en la atención que reciben tanto los profesionales como la ciudadanía. 

A ello se suman los problemas tecnológicos y las frecuentes incidencias de interoperabilidad entre sistemas informáticos, que ralentizan aún más el funcionamiento cotidiano de los órganos judiciales y aumentan la inseguridad jurídica. Un hecho que también reconoció el informe de la Comisión Permanente.

Otro de los factores que aumenta esta inseguridad jurídica, que critica el ICAIB, es la falta de criterios homogéneos sobre cómo acreditar que se ha intentado una solución extrajudicial del conflicto, requisito que la Ley de Eficiencia Procesal introduce mediante los denominados Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC). Esta exigencia ha dado lugar a interpretaciones dispares entre juzgados e incluso entre partidos judiciales.

Esta disparidad, advierten los abogados, abre la puerta a que algunas demandas sean inadmitidas por defectos formales relacionados con la acreditación de ese trámite previo. “Lejos de contribuir a descongestionar los tribunales, esta medida está provocando nuevos litigios derivados precisamente de las resoluciones de inadmisión”, lamentan desde el Colegio.

Dos tercios de la población de Palma no tiene acceso a zonas verdes, según recoge Amics de la Terra en un informe en el que analiza el acceso a zonas verdes en diez ciudades españolas y su relación con la renta de la población.

El estudio '¿Cómo garantizar el derecho a la naturaleza?, análisis comparativo del acceso a zonas verdes en las ciudades según la renta de la población' recoge que en Palma, pese a tener parques de gran superficie, hay alrededor de 285.000 personas, dos tercios de la población, que no tienen “acceso suficiente” a zonas verdes de más de una hectárea.

Según indica la entidad, en los barrios de menor renta la superficie de zona verde por habitante es inferior a las zonas de más ingresos debido a la mayor densidad poblacional.

“Mientras el 80% de la población española vive en ciudades, no tenemos garantizado nuestro derecho a la naturaleza. La situación es preocupante principalmente para las personas más vulnerables, que son las que disponen de menos zonas verdes y a su vez las que tienen menos opciones de adaptarse al cambio climático”, ha afirmado la responsable de Participación y Proyectos de Amics de la Terra Mallorca, Lucía Lami.

Además, al comparar las variables de acceso a áreas verdes y el nivel de renta se encuentran “grandes zonas con apenas verde” y con una población con dificultades para adaptarse a las olas de calor. Estas áreas son “zonas de acción prioritaria”, espacios donde ven urgente renaturalizar no solo desde un punto de vista “ecológico”, sino como una herramienta de bienestar y adaptación a las altas temperaturas para las personas con menos ingresos.

Para paliar esta situación, en Palma proponen intervenir principalmente en las zonas de Pere Garau y Son Canals, que responden a un tejido de ensanche, y Son Cladera, “que presenta una morfología mixta que combina bloque abierto con vivienda unifamiliar y otros usos no residenciales”.

Según alegan, realizar una planificación integral, estructural y a diversas escalas es indispensable para que las propuestas no se limiten a ocupar vacíos urbanos, sino que configure un sistema ecológico conectado y funcional. Así, piden renaturalizar los espacios libres asociados a edificios públicos, establecer corredores verdes, y paseos arbolados continuos que conecten espacios verdes a través de recorridos.

Por todo ello, la entidad insta a las instituciones a renaturalizar las ciudades con urgencia, prestando especial atención a las zonas de acción prioritaria, sin olvidar el componente social. “Reclamamos políticas de vivienda justas que eviten que reverdecer las ciudades pueda suponer la expulsión de las personas de sus casas debido a la especulación. A su vez demandamos la construcción de refugios climáticos comunitarios para que las vecinas y vecinos puedan decidir sobre sus barrios y que el verde sea también un lugar donde construir vidas dignas y plenas”, ha añadido Lami.

La Policía Local de Palma y la Policía Nacional han iniciado este miércoles a las 12.00 horas el desalojo forzoso de la antigua prisión de la ciudad, dando cumplimiento al auto dictado por el juzgado, que autorizó la ejecución de la actuación ante el grave riesgo existente para la seguridad de los que permanecen en el recinto. Unas 80 personas malviven en la antigua cárcel, que desde hace más de veinte años funciona como refugio precario de centenares de personas expulsadas del mercado de la vivienda.

Según ha informado el Ayuntamiento de Palma, el dispositivo, coordinado conjuntamente por ambos cuerpos policiales, tal y como se estableció en la Junta Local de Seguridad extraordinaria de la pasada semana, se prevé que se prolongue a lo largo de la jornada. Durante toda la ejecución del desalojo permanecerán en el lugar los servicios sociales municipales y la presencia de una ambulancia del 061.

Según el censo realizado al inicio del procedimiento, en el interior de los módulos de la antigua prisión residían 206 personas, si bien a lo largo de estos meses la cifra se ha ido reduciendo progresivamente hasta situarse actualmente en torno a 70 u 80. Asimismo, en coordinación con el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), 45 han sido derivadas a centros de acogida temporal y a programas de inserción social y laboral.

La resolución fundamenta el desalojo en los informes elaborados por la Policía Local, los bomberos y las autoridades sanitarias, que alertan de un “riesgo real, grave y actual” para la vida y la integridad física de los residentes debido al deterioro del inmueble. El auto judicial advierte de las deficientes condiciones de salubridad, las dificultades para una eventual evacuación y el elevado riesgo de incendio existente en el edificio.

Una vez ejecutado el desalojo, la Policía Local mantendrá en el entorno un dispositivo permanente de vigilancia las 24 horas del día para garantizar la seguridad y evitar nuevas ocupaciones y, posteriormente, el Ayuntamiento procederá al tapiado del recinto.

La vieja cárcel, símbolo de la crisis habitacional

La antigua cárcel de Palma fue inaugurada en 1968 y funcionó como prisión provincial hasta 1999, cuando los internos fueron trasladados al actual centro penitenciario, en las afueras de la ciudad. Tras su clausura, el recinto quedó abandonado entre promesas políticas de reconversión que nunca llegaron a materializarse. Con el paso de los años, las celdas vacías, los patios interiores y las dependencias en ruinas fueron ocupados progresivamente por personas sin alternativa habitacional que, en los últimos tiempos, han sobrevivido entre escombros, montones de basura y muros agrietados que apenas logran contener el frío y la humedad del exterior.

Como si de un termómetro extremo de la fractura habitacional de Palma se tratara, entre los muros del inmueble han convivido perfiles muy distintos: trabajadores de la construcción y de la hostelería, jubilados con pensiones insuficientes, personas migrantes en situación irregular o mujeres víctimas de violencia, a quienes en los últimos años se han sumado jóvenes abocados a encontrar soluciones alternativas para proteger su integridad física y mental.

Muchos compartían y comparten una misma trayectoria: habitaciones cada vez más caras, empleos precarios, desahucios silenciosos y la imposibilidad de acceder incluso al alquiler más básico en una ciudad donde la presión inmobiliaria no ha dejado de aumentar y en la que incluso quienes trabajan han dejado de poder permitirse una vivienda.

El mar Mediterráneo se halla en una profunda crisis por la contaminación de residuos, fruto del modelo de sobreproducción y de la mano del turismo de masas. Ello propicia también que zonas vírgenes se hayan visto deterioradas por el efecto de un turismo masivo potenciado en parte por el efecto de las redes sociales. De estos desechos, el plástico y sus derivados, de acuerdo con el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), en la actualidad suponen el 95% de los residuos que flotan en el Mediterráneo y sus playas. WWF sostiene, además, que entre 70.000 y 130.000 toneladas de microplásticos –aquellos fragmentos de tamaño inferior a 5 milímetros– acaban en el Mediterráneo y otros mares europeos cada año.

La necesidad inminente de actuar contra la contaminación de los plásticos es lo que empujó a Danna Ayelén Bosch a crear el documental Un darrer capfico, el cual aborda desde diversas perspectivas cómo se afronta esta lucha contra la contaminación por plásticos en el mar a través de entrevistas con diferentes expertos y artesanos que trabajan con este material. Dichos testimonios ponen el foco en que lo más importante es reducir el consumo individual antes de generar nuevos residuos. No obstante, Bosch recuerda que “además de la responsabilidad individual, es fundamental el papel de las instituciones y los marcos regulatorios”.

Efectos sobre la fauna marina

Uno de los testimonios que mayor énfasis pone en el daño de los plásticos en el ecosistema marino es el de Xisca Pujol, responsable de la Red de varamientos de Fauna marina de la Fundación Palma Aquarium. Entre su equipo, Pujol se encarga de atender animales dañados en el mar. El caso que más se pone de manifiesto en la pieza es la atención a las tortugas, aunque, además, también atienden “casos relacionados con cetáceos y condrictios”, señala Pujol. En estos dos últimos casos, “las actuaciones se realizan in situ en el mar, ya que no suelen ingresar en centros de recuperación como ocurre con las tortugas marinas”, añade.

Desde la Fundación Palma Aquarium también llevan a cabo “investigaciones post-mortem” que les permiten “evaluar el impacto real de estos contaminantes”, explica Pujol. La especialista desgrana que los cetáceos tienen la capacidad de diferenciar entre alimento y residuos, pero, por ejemplo, “en animales como el cachalote” han encontrado “bolsas de rafia en el estómago y en una tintorera se hallaron fragmentos de un vaso de plástico”. Estos casos “evidencian que incluso especies con sistemas sensoriales muy desarrollados no están completamente a salvo del problema de la contaminación marina”, agrega Pujol.

Aunque los cetáceos tienen la capacidad de diferenciar entre alimento y residuos, en animales como el cachalote han encontrado 'bolsas de rafia en el estómago y en una tintorera se hallaron fragmentos de un vaso de plástico', según la investigadora Xisca Pujol

Pese a que, como señala la técnica, en la Fundación Palma Aquarium, “la tasa de supervivencia de los animales que ingresan en el centro de recuperación se sitúa entre el 80 y el 90%”, los animales que son tratados suelen tener un patrón común. “En el caso de Baleares, la principal problemática es el enmallamiento en dispositivos de agregación de peces perdidos o abandonados, que provocan enredos, heridas graves y dificultades para nadar y alimentarse”, relata Pujol.

En el caso de Baleares, la principal problemática es el enmallamiento en dispositivos de agregación de peces perdidos o abandonados, que provocan enredos, heridas graves y dificultades para nadar y alimentarse

Xisca Pujol — Responsable de la Red de varamientos de Fauna marina de la Fundación Palma Aquarium

En caso de avistamiento de animales enmallados o atrapados en plásticos fruto del enmallamiento, Pujol recalca que “el primer paso debe ser llamar al 112, ya que este servicio activa el protocolo oficial de rescate y pone en marcha al equipo especializado de la red de varamientos”. También es igual de importante saber qué no hacer: “No se deben retirar plásticos, redes ni anzuelos, ya que una manipulación incorrecta puede agravar las lesiones. Tampoco se debe devolver al animal al mar ni darle la vuelta, ya que esto puede causarle un alto nivel de estrés o incluso daños internos”, insiste.

El caso de Balears y el Mediterráneo

La insularidad característica de Balears se aprecia también como un factor añadido: “En el caso de Mallorca, la problemática se ve especialmente acentuada. Según WWF España, la concentración alcanza los 1,25 millones de fragmentos de plástico por kilómetro cuadrado en el mar Mediterráneo”, recuerda Bosch. Algo que se explica, en gran parte, porque, según apunta Xisca Pujol, el Mediterráneo “es un mar semicerrado, con una renovación de aguas lenta y rodeado de zonas muy pobladas, lo que favorece la acumulación de residuos”.

Dicha insularidad, “además, introduce limitaciones claras en términos de espacio y capacidad. La gestión de residuos es más compleja, y cualquier exceso tiene un impacto inmediato y muy visible en el entorno”, explica Bosch. “A esto se suma que la contaminación no entiende de fronteras. Aunque una isla implemente buenas prácticas, sigue recibiendo residuos que llegan a través de corrientes marinas desde otros puntos del Mediterráneo”, recuerda.

Unos impactos en el mar Mediterráneo que, como destaca Pujol, “ya son evidentes” en los ecosistemas marinos. “Por un lado, están los efectos físicos directos, como la ingesta [de plásticos] y los enmallamientos, que afectan especialmente a las tortugas marinas. Impactos que provocan lesiones, problemas de flotación, obstrucciones digestivas e incluso la muerte”, apunta la especialista.

Precisamente, como consecuencia de este movimiento de residuos, “por otro lado, existe un problema menos visible, pero igual de importante: la fragmentación en microplásticos, que ya están presentes en toda la columna de agua y en los sedimentos”, resalta Pujol. “El mayor riesgo es que estos microplásticos se integren cada vez más en la cadena trófica. Esto puede afectar a la salud de los organismos marinos, alterar procesos biológicos, como la reproducción o el crecimiento”, añade.

Un modelo que atenta contra la sostenibilidad

La responsabilidad ciudadana es significativa para revertir este problema acuciante aunque, como recuerda Bosch, “por sí sola no es suficiente para frenar este problema a gran escala. El volumen de producción y contaminación actual supera ampliamente lo que puede compensarse únicamente desde lo individual”. Esta situación, “cada vez más difícil de revertir”, en palabras de Xisca Pujol, llega al punto de que “incluso si se detuviera hoy el vertido de plásticos, los residuos ya presentes seguirían degradándose durante décadas, con consecuencias todavía difíciles de cuantificar en su totalidad”.

Incluso si se detuviera hoy el vertido de plásticos, los residuos ya presentes seguirían degradándose durante décadas, con consecuencias todavía difíciles de cuantificar en su totalidad".

Como factor influyente en el consumo de plásticos y en la contaminación de los mares, no pasa inadvertido el turismo de masas, especialmente en zonas tensionadas como son las Illes Balears. “En los meses de mayor afluencia, la presión sobre el territorio se multiplica, y eso se traduce directamente en un aumento de residuos, incluido el plástico, que acaba afectando a nuestros mares”, resalta Bosch, quien añade también un matiz: “Creo que es importante no simplificar el problema ni responsabilizar únicamente al turismo. El verdadero problema es el exceso. Mallorca recibe un volumen de visitantes muy elevado en un corto periodo de tiempo, lo que genera un uso intensivo de recursos y una gran cantidad de residuos en muy poco tiempo”.

Tratar y dar una segunda vida al plástico

Aina Canaleta, jefa de Economía Circular y Desarrollo Sostenible del Parque de Tecnologías Ambientales de Mallorca (TIRME), explica también en la pieza cómo se procede al tratamiento y separación de los residuos plásticos y se hace énfasis en la dificultad de dicho tratamiento una vez los residuos llegan a la planta de reciclado. Algo que sucede por la naturaleza del material: “Muchos plásticos están diseñados para ser funcionales, pero no para reciclarlos, y eso dificulta su aprovechamiento”, insiste Bosch.

“A esto se suma una cuestión clave: la escala. Para que el reciclaje sea realmente eficiente, se necesitan infraestructuras muy especializadas y, en territorios como Mallorca, con limitaciones de espacio y capacidad, resulta difícil disponer de plantas específicas para cada tipo de plástico”, subraya.

Pese a los riesgos del uso de ese uso excesivo de los plásticos, existen alternativas que, lejos de ser utópicas y, como recuerda Bosch, “todavía no están lo suficientemente extendidas como para sustituir de forma real al modelo actual”, empiezan a vislumbrar un rayo de esperanza. “Hoy en día, ya vemos avances en materiales biodegradables, sistemas de reutilización o iniciativas que apuestan por reducir envases innecesarios”, afirma Bosch. “Sin embargo, muchas de estas soluciones aún no son las más accesibles ni las más económicas para el consumidor medio”, lamenta la creadora.

Aunque el número de alternativas de segundas vidas al plástico siguen siendo muy concretas y tienen lugar a pequeña escala, no son inexistentes. Muestra de ello es Elena Fensie, de Cleanwave, quien explica cómo han desarrollado un sistema para reducir el uso de botellas de plástico de un solo uso mediante la instalación de fuentes de agua potable por toda Mallorca. “Esto permite algo tan sencillo como que las personas puedan rellenar su propia botella reutilizable, eliminando la necesidad de comprar agua embotellada de forma repetida. Es una solución práctica, accesible y basada en la transformación de hábitos cotidianos”, desgrana Bosch.

Por su parte, Rocío Taberner, de Thalassa Surf Wax, ofrece también una alternativa a la cera tradicional de surf, la cual suele estar hecha a base de parafina, un derivado del petróleo. Dicha alternativa consiste en una cera ecológica elaborada localmente. “Estos ejemplos reflejan que el cambio no depende de una única gran solución, sino de muchas iniciativas que, desde distintos ámbitos, replantean la forma en la que consumimos”, destaca Ayelén Bosch. “El reto está en que estas alternativas dejen de ser un nicho y pasen a estar al alcance de la mayoría”, añade. Llamativa es también la incorporación de los plásticos que el artista conceptual mallorquín Julià Panadès, (quien también interviene en el documental) realiza en sus obras, en las que da una ‘segunda vida’ a objetos como latas de refresco, botellas, tapones, mecheros o pajitas.

Un tema que “atraviesa personalmente”

Con este documental, que cuenta con la grabación en cámara de Samuel de Pau y con la edición a cargo de De Pau, Gabriel Martínez y la propia Ayelén Bosch, se traza “un viaje por mi isla para conocer a quienes luchan por protegerla. Personas que, desde la tradición, la ciencia y la innovación, buscan soluciones locales a un problema global”, relata la creadora.

En este documental, además de los anteriormente mencionados, Bosch incluye también los testimonios de Elena Fensie y Lucian Fernández, de CleanWave Foundation, la científica Carme Alomar, del Centro Oceanográfico de Baleares del Instituto Español de Oceanografía y Francisco Panario, de UpSailing Mallorca.

Bosch, como ella misma narra en la pieza, ha sentido desde niña “una profunda conexión con el mar”. Por ello, la cuestión sobre la que versa el documental no es baladí. “Es un tema que me atraviesa personalmente. Soy mallorquina y he visto con mis propios ojos cómo la isla en la que nací se deteriora poco a poco”, subraya Bosch. 

Es un tema que me atraviesa personalmente. Soy mallorquina y he visto con mis propios ojos cómo la isla en la que nací se deteriora poco a poco

Danna Ayelén Bosch — Creadora de 'Un darrer capficó'

Su formación también influye en la perspectiva tomada: “Aparte de vivir esta realidad, estudié un máster en empresas de moda sostenibles, donde profundizamos en los impactos negativos que generamos sobre el medio ambiente; entre ellos, el uso excesivo del plástico”, añade. Como ejemplo, Bosch ilustra que “la industria del fast fashion utiliza mayoritariamente materiales sintéticos, que no dejan de ser derivados del plástico”.

Pese a que pueda parecer que estemos en un panorama lejos de ser idílico, Bosch inocula en su documental un sentimiento de esperanza ante una posibilidad de revertir esta situación. De hecho, una de las cosas que más le marcó de manera positiva a Bosch fue “lo fácil” que le resultó “conectar con todas las personas que participan en el documental, la cantidad de gente comprometida, dispuesta a implicarse, a compartir su trabajo y a regalar su tiempo de forma totalmente desinteresada. Eso, en sí mismo, ya es un indicador de que algo está cambiando”, subraya.

Por este motivo, concluye Bosch, cree que “este cambio ya está en marcha, pero es un proceso que requiere tiempo”. Recalca, además, que “estas asociaciones y entidades no solo están actuando directamente sobre el problema, sino que también están generando conciencia, inspirando a otros y demostrando que hay alternativas reales”.

La Policía Nacional ha detenido en Palma a un hombre por supuestamente realizar tocamientos a una turista en una discoteca de Playa de Palma y agredir a su pareja cuando se lo recriminó.

Según ha informado la Jefatura en nota de prensa, sobre las 23.00 horas del pasado martes, se recibió llamada en el 091 en la que el personal de seguridad de una discoteca de Playa de Palma informaba de que tenían retenido a un varón alemán por haber agredido sexualmente a una joven en el interior del recinto.

Varias patrullas del Grupo Operativo de Respuesta (GOR) acudieron al lugar. La víctima les contó que el presunto autor, al menos dos veces, le había agredido sexualmente mientras se encontraba bailando junto a su pareja.

La joven manifestó, además, que el ahora arrestado agredió a su pareja, que tenía un golpe en el rostro, cuando le recriminó la acción. Los agentes detuvieron al presunto agresor y lo trasladaron a dependencias judiciales.

Se da la circunstancia de que, el pasado mes de mayo, la Policía Nacional detuvo a dos hombres acusados de agredir sexualmente a una mujer que se encontraba de vacaciones en Mallorca y que logró escapar del vehículo en el que presuntamente ocurrieron los hechos para pedir auxilio en una vivienda cercana. La autoridad judicial decretó el ingreso provisional en prisión de ambos detenidos.

El Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJIB) ha estimado el recurso presentado por los impulsores de la protección de la antigua Casa del Pueblo de Palma, obligando al Govern balear a tramitar su solicitud para incluir el solar en el Catálogo de Espacios de Memoria. La sentencia anula la resolución administrativa que inadmitió la petición en 2021 y ordena a la Administración autonómica iniciar el procedimiento, tramitarlo íntegramente y dictar una resolución sobre el fondo del asunto.

La Casa del Pueblo fue durante más de una década uno de los principales centros de organización de la clase trabajadora de Mallorca. El edificio original fue donado por el banquero y financiador de la trama golpista de Franco Juan March al movimiento obrero durante la Segunda República y se convirtió en un referente del sindicalismo y del asociacionismo popular en Palma.

Sin embargo, tras un largo proceso de transformación urbana y revalorización inmobiliaria del barrio, el inmueble desapareció. Tal como contó elDiario.es en un reportaje publicado en 2022, el histórico edificio no sobrevivió a la presión especulativa y fue demolido para dar paso a una promoción residencial de lujo, un desenlace que los activistas consideran paradigmático de cómo la gentrificación ha borrado parte del patrimonio popular de la ciudad.

Con todo, la piqueta borró el edificio, pero no la batalla por su memoria. La solicitud presentada en 2021 perseguía precisamente proteger el solar como espacio de memoria democrática, con el objetivo de reconocer el papel histórico que desempeñó en la organización de las clases trabajadoras y evitar que su significado desapareciera definitivamente del paisaje urbano.

El fallo supone ahora una victoria para la plataforma que desde hace años reclama la preservación de este emblemático enclave del movimiento obrero mallorquín, aunque no implica automáticamente que el solar vaya a ser protegido. La sentencia deja claro que la cuestión no es si la Casa del Pueblo debe ser inscrita o no en el catálogo, sino que la Administración no podía impedir que esa posibilidad fuese examinada mediante el procedimiento previsto en la ley.

La resolución llega más de cuatro años después de que se presentara la solicitud de inscripción al amparo de la Ley balear de memoria democrática de 2018. Según recuerdan los promotores de la iniciativa, el propio Govern presidido entonces por Francina Armengol acabó allanándose al recurso contencioso en mayo de 2023 tras asumir el criterio de la Abogacía de la Comunidad Autónoma, que consideró insostenible la inadmisión inicial. Pese a ello, la Sala ha tardado hasta mayo de 2026 en dictar sentencia.

Derogación de la ley de memoria

La decisión se produce además en un contexto político especialmente complejo. Los promotores de la iniciativa recuerdan que PP y Vox derogaron el pasado mes de marzo la ley balear de memoria democrática. No obstante, destacan que el Gobierno central ha anunciado un recurso de inconstitucionalidad contra esa derogación, lo que, de admitirse a trámite, supondría la suspensión de la norma aprobada por el Parlament balear y la recuperación provisional de la ley de 2018 mientras el Tribunal Constitucional resuelve el conflicto.

A juicio de la plataforma, este escenario vuelve a abrir la puerta a que el solar pueda ser inscrito en el Catálogo de Espacios de Memoria. Sus integrantes sostienen que la reivindicación trasciende el ámbito memorialístico y plantea un debate sobre quién decide el uso de los espacios urbanos en una ciudad marcada por la crisis de vivienda y la presión inmobiliaria.

Corazón del movimiento obrero mallorquín

Durante más de una década, la Casa del Pueblo fue el corazón del movimiento obrero mallorquín. Inaugurada en enero de 1924 tras un proceso impulsado años antes por sindicatos y organizaciones de trabajadores, el edificio y el solar fueron donados por March. Según el historiador David Ginard, el financiero se había comprometido inicialmente a financiar únicamente la construcción, confiando en que el Ayuntamiento cediera los terrenos, pero la negativa de la corporación municipal, entonces dominada por sectores conservadores, lo llevó a asumir también la compra y cesión del solar.

Durante sus doce años de existencia hasta el golpe militar del 19 de julio de 1936, la Casa del Pueblo se convirtió en mucho más que una sede sindical. Además de albergar reuniones de organizaciones obreras, acogía conferencias, clases, representaciones de teatro, ensayos de corales, una biblioteca, una sala de actos y las actividades de cooperativas y sociedades de socorro mutuo. Su relevancia la convirtió también en objetivo de la violencia política: un atentado perpetrado por la Falange dejó siete personas heridas.

Tras el triunfo de los sublevados, el edificio fue ocupado por la Falange y transformado en un centro de detención y tortura durante la represión franquista. Entre las personas que pasaron por sus dependencias estuvo Aurora Picornell, conocida como la Pasionaria de Mallorca. La Casa del Pueblo sobrevivió a la dictadura, pero no a la especulación urbanística del tardofranquismo: en 1975 fue derribada después de que el Ayuntamiento alegara que se encontraba en estado ruinoso, una versión que los vecinos siempre cuestionaron.

La escena se repite cada año. Un grupo de turistas entusiasmados con la isla abandona Menorca tras unas vacaciones idílicas, convencidos de su amor platónico por el territorio insular. Antes de partir, reciben el alto del personal de seguridad del aeropuerto tras pasar el equipaje por rayos X. Una maleta de diseño se abre en canal mostrando al mundo un interior fascinante: piedras, arena, fósiles, conchas, caracolas y guijarros de mil colores y formas distribuidos entre los atuendos de lino del verano. Según el Departamento de Medi Ambient del Consell Insular de Menorca, en los últimos 10 años se han requisado más de 15 toneladas de material geológico extraído por turistas de las playas y calas de la isla.

El argumento es el souvenir, el recuerdo, la apropiación de un pedazo de Menorca a modo de obsequio. El daño ambiental, sin embargo, es mucho más grave de lo que se podría suponer. “El problema de la retirada de este tipo de sedimentos no tiene que ver solamente con las cifras de material que se interceptan en el aeropuerto y que son más o menos estables cada año. La erosión más preocupante se produce por lo que llamamos efecto hormiga, es decir, que si cada uno de los turistas que pasa por las playas de Menorca cada verano se llevase 100 gramos de arena, al final de un año tenemos 100 toneladas menos en una playa. Dada la magnitud y el volumen de turistas que visitan la isla cada año. El problema al final es la masificación”, explica Agustí Rodríguez, científico del Centre Geològic de Menorca.

La erosión más preocupante se produce por lo que llamamos efecto hormiga, es decir, que si cada uno de los turistas que pasa por las playas de Menorca cada verano se llevase 100 gramos de arena, al final de un año tenemos 100 toneladas menos en una playa. Dada la magnitud y el volumen de turistas que visitan la isla cada año. El problema al final es la masificación

Agustí Rodríguez — Científico del Centre Geològic de Menorca

Según datos del Departamento de Medi Ambient del Consell Insular, las cifras de material extraído cada año rondan la tonelada, aunque en 2021 –el primer año de apertura total tras el encierro de la pandemia– se contabilizaron 3.904 kilos retenidos en el aeropuerto. Al finalizar la última temporada de verano, en octubre de 2025, el material recogido pesaba 987,55 kg. “Al constatarse la fuga de material y debido a la masificación turística se puso en marcha este programa en 2015 como un acuerdo entre AENA y Mestral –organismo que depende de Cáritas–, a través de un programa de inserción laboral. Nosotros desde el Centro de Geología colaboramos realizando las tareas de clasificación y finalmente se lo entregamos al Servicio de Limpieza de Playas que devuelve el material al territorio”, explica Rodríguez.

Menorca batió un récord –nuevamente– en 2025. Según las cifras del Instituto de Estadística de las Islas Baleares (IBESTAT), pasaron por la isla 1,7 millones de turistas. Nunca antes desde que existen cifras se habían paseado por sus playas tantos visitantes durante una temporada de verano. La pregunta sobre si puede una Reserva de la Biosfera soportar este nivel de presión humana queda opacada por otra quizás más acuciante: ¿cuántas temporadas aguantará la costa menorquina antes de que el impacto sea irreversible?

“Claro que la masificación trae problemas ambientales. Con cada extracción de material se pierden cantidades de carbonato cálcico –la arena de las Baleares es esencialmente bioplástico procedente de fragmentos de conchas– que sirve para que otros seres vivos puedan reutilizar, para protegerse, en fin, para sobrevivir. La erosión de arena rompe el equilibrio químico y natural de las playas de Menorca. Para nosotros está claro que el problema central es la cuestión de la masividad”, explica Agustí Rodríguez, quien, sin embargo, reconoce que la erosión natural también es un factor clave en la pérdida de arena de algunas playas. “Es cierto que las playas y litorales tienen mecanismos de alta y baja producción de arena dependientes de muchos factores ambientales y climáticos, pero cuando se incorpora el factor masividad humana cada año, la pérdida tiene un impacto claro”, concluye.

Con cada extracción de material se pierden cantidades de carbonato cálcico que sirve para que otros seres vivos puedan reutilizar, para protegerse, en fin, para sobrevivir. La erosión de arena rompe el equilibrio químico y natural de las playas de Menorca

Agustí Rodríguez — Científico del Centre Geològic de Menorca

El protocolo y la devolución

El primer filtro para detectar la extracción ilegal de material geológico se encuentra en los controles de seguridad del aeropuerto. Los trabajadores encargados de esta tarea explican que, cuando los escáneres de rayos X revelan la presencia de recipientes que podrían contener arena, piedras o fósiles —habitualmente pequeños frascos, botellas de plástico o paquetes ocultos entre la ropa—, se solicita al pasajero que abra su equipaje para comprobar su contenido.

Si se confirma la presencia de material geológico, se activa el protocolo de colaboración con el Departamento de Geología del Consell y con Mestral para su clasificación y posterior devolución a la zona de origen. Según relatan los propios empleados, la reacción más habitual entre los viajeros es la sorpresa. “Cuando les explicamos el motivo de la intervención, casi siempre lo entienden y piden disculpas. Algunos hacen preguntas, pero en general siempre colaboran”, señalan e insisten en que una campaña informativa sería clave para frenar la erosión geológica en Menorca. “Nos ahorraríamos mucho trabajo si hiciéramos concientización, tanto en el aeropuerto como en los puertos. Muchas veces nos topamos con que hay más desinformación que mala fe”, concluyen.

Áreas geográficas

Para proceder a la devolución del material incautado, los geólogos dividen Menorca en dos grandes regiones geológicas: Tramuntana, al norte, y Migjorn, al sur. La primera se subdivide, a su vez, en tres categorías conocidas como la Menorca oscura, la roja y la gris, mientras que en la mitad sur predomina la llamada Menorca blanca, la más extensa de la isla. A ellas se suman pequeñas áreas dispersas que los especialistas agrupan bajo la denominación de Menorca amarilla.

“Esta clasificación por colores es una herramienta didáctica que facilita la identificación de las distintas unidades geológicas de la isla y permite devolver el material requisado a su zona de origen”, explican desde el Departamento de Geología del Consell. En los últimos años, este servicio ha ampliado además el mapa geológico de Menorca mediante un catálogo de Lugares de Interés Geológico (LIG), que, según indican los expertos, coincide en gran medida con las zonas donde se registra una mayor extracción de material geológico, fósiles y minerales. “Esto tiene un efecto directo sobre la pérdida de microhábitats, ya que la retirada de piedras y conchas afecta a pequeños invertebrados que quedan expuestos y desempeñan un papel clave en el equilibrio del ecosistema”, advierten.

El Consell Insular advierte que este fenómeno 'tiene un efecto directo sobre la pérdida de microhábitats, ya que la retirada de piedras y conchas afecta a pequeños invertebrados que quedan expuestos y desempeñan un papel clave en el equilibrio del ecosistema'

Las malas costumbres

Pero la costumbre de llevarse un recuerdo de la playa no es exclusiva de Menorca. Se trata de un fenómeno que afecta a numerosos enclaves costeros y espacios naturales protegidos tanto en el Estado español como en otros países. El pasado mes de mayo, una pareja de turistas alemanes fue interceptada por agentes de Medio Ambiente del Cabildo de Tenerife acusada de arrancar varios ejemplares de tajinaste rojo —una especie protegida, conocida como la “sangre del Teide”, que puede alcanzar los tres metros de altura— y de extraer piedras volcánicas del Tabonal Negro, una zona de especial protección ambiental dentro del Parque Nacional del Teide.

Casos similares se han registrado en Cerdeña, donde en agosto de 2020 dos turistas franceses fueron sorprendidos cuando intentaban abandonar la isla en un ferry rumbo a Toulon con 40 kilos de arena y fósiles procedentes de una playa de Chia. La aduana italiana interceptó el material y ambos fueron sancionados con una multa de 3.000 euros. Sin embargo, el problema trasciende el ámbito del “souvenir” turístico. En 2022, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente dedicó un informe específico a este recurso, Sand and Sustainability, en el que advertía de que la arena es el segundo recurso natural más explotado del planeta después del agua, con un consumo estimado de 50.000 millones de toneladas al año.

Aunque pueda parecer un gesto inocente, todos los expertos coinciden en que la extracción de material geológico supone una alteración innecesaria del entorno y reclaman una mayor protección. En el caso de Menorca, los geólogos se lamentan. “Nos llenamos la boca de decir que somos Reserva de la Biosfera, pero a ratos no lo parece. Necesitamos una regulación específica de esta actividad”, comenta Xavier Bosch. Aun así, los especialistas insisten en que el objetivo no es alarmar sobre un riesgo inminente de degradación irreversible, sino actuar antes de que el problema alcance mayores dimensiones. “Es una práctica que hay que detener, no porque exista un peligro inmediato de colapso sedimentario en ninguna playa o cala concreta, sino porque todavía estamos a tiempo de prevenirlo”, concluye.

Para llegar a la Estación Marítima de Botafoc –de donde salen los ferris desde Eivissa con destino a Dènia, València o Barcelona– hay que pasar por el emblemático monumento de los podencos, cruzar l’Avinguda Vuit d’Agost, pasar por un hotel de lujo y dejar atrás la discoteca de las dos cerezas, Pachá, una de las más famosas del mundo. En esta localización, la urbanización de vecinos de s’Illa Plana está en pie de guerra porque está previsto que el Lío se traslade a la ubicación actual del Ibiza Hotel Corso de cara a 2027. El Lío es un cabaret de lujo –el precio mínimo para reservar un menú con espectáculo son 500 euros para dos personas– que funciona también como sala de discoteca, pero que dejará su actual emplazamiento situado en Marina Ibiza, en la denominada Milla de Oro.

“La ley se tiene que aplicar para todos”, afirma a elDiario.es Alberto Sánchez, portavoz de la Comunidad de Vecinos de s’Illa Plana. Quienes residen en esta urbanización interpretan que Lío no puede funcionar como sala de espectáculos o discoteca cuando se traslade a su nueva ubicación debido a que presuntamente incumpliría la normativa urbanística. El Plan General de Ordenación Urbana de Eivissa, aprobado en 2023, establece en su artículo 47.5.4 que “queda prohibida –en todo el término municipal– la instalación de nuevas discotecas o similares”, una cuestión cuya interpretación en este caso concreto corresponde a los servicios técnicos y jurídicos del Ayuntamiento. “No puede ser que venga un fondo de inversión o capital extranjero y pueda hacer lo quiera”, lamenta Sánchez.

Por otro lado, los vecinos ven con preocupación que se puedan generar nuevos problemas de convivencia. La zona que comprende desde la rotonda del monumento de los podencos –una de las entradas a la ciudad– hasta la Estación Marítima Botafoc está repleta de establecimientos de todo tipo –cafeterías, bares, restaurantes, hoteles, clubes, discotecas–, lo que la convierte en un lugar muy visitado durante la temporada turística. A esta situación de saturación se añade el hecho de que sea una zona muy transitada por vehículos de todo tipo que entran y salen de la Estación Marítima.

“La convivencia es primordial”, advierte Sánchez. El portavoz detalla que la estrategia del grupo empresarial se basa en la utilización de una figura legal que, a su juicio, se está forzando para encajar el proyecto en s'Illa Plana. Sánchez explica que la promotora se ampara presuntamente en que el establecimiento adquirido –Ibiza Hotel Corso– dispone de una licencia para actividades complementarias, una categoría que los vecinos consideran que se está pretendiendo usar de forma irregular. “El tema es que las actividades complementarias son para uso exclusivo de los clientes del hotel”, recalca el portavoz.

La comunidad de vecinos interpreta que el traslado de un negocio como el Lío —cuyo modelo se basa en un espectáculo y sala de fiestas abierto al público general y no restringido a los huéspedes— a una ubicación con este tipo de permiso supone, en la práctica, la creación de un “nuevo concepto”. “Requiere una solicitud de licencia nueva”, argumenta Sánchez.

Los vecinos consideran que Lío no podría trasladarse al hotel que ha adquirido la empresa, el Ibiza Hotel Corso, porque este tiene licencia para 'actividades complementarias', exclusivas par los clientes del hotel, mientas que Lío se basa en un espectáculo y sala de fiestas abierto al público general

“Requiere una nueva licencia”

“Ellos han pedido un traslado para la ubicación de Lío a un hotel que tiene actividad complementaria –de sala de fiestas– solo para uso de hotel, pero ellos quieren llevar a cabo una actividad secundaria, que es un nuevo concepto”, puntualiza el portavoz. “En primer lugar, requiere solicitar una nueva licencia que ya no se puede dar por el Plan General de Ordenación Urbana”, insiste, ya que prohíbe la apertura de nuevas discotecas en todo el término municipal. Por tanto, la licencia antigua de la que dispone el hotel no serviría, según interpretan.

Es la misma interpretación que hace la Asociación Empresarial de Ocio Nocturno (AEON), que recuerda que “no existen licencias específicas para hoteles que puedan funcionar como discotecas, ya que las salas de fiestas tienen su propia licencia de actividad, distinta a la de un hotel o un restaurante”. “En ese caso, se trataría de la concesión de una licencia nueva en un hotel, con los consiguientes perjuicios para la convivencia, y que además requiere los preceptivos estudios de movilidad y evacuación, para casos de emergencias, que el Ayuntamiento de Eivissa debería hacer públicos, tal y como piden los vecinos afectados y también reclamamos desde la Asociación”, según manifiestan en un comunicado trasladado a este diario.

El Plan General de Ordenación Urbana prohíbe la implantación de nuevas discotecas en el municipio. La Asociación Empresarial de Ocio Nocturno (AEON) recuerda que 'no existen licencias específicas para hoteles que puedan funcionar como discotecas'

Sánchez profundiza en que en la zona de s’Illa Plana se han concedido en el pasado licencias para determinadas actividades en los hoteles, que permiten pequeñas actuaciones o espacios de baile. A veces incluso con música ambiental o la utilización de algún equipo de sonido. De este modo, cuando los clientes del hotel terminan de cenar, o mientras disfrutan de la cena, pueden contar con una oferta de ocio limitada, así como música y baile. “No tiene nada que ver con abrir una macrodiscoteca, al público, como la de Lío”, lamenta el portavoz.

La zona está “absolutamente colapsada”

Asimismo, señala los problemas de tráfico que se van a generar, ya que esta zona está “absolutamente colapsada”, debido a la cantidad de motos, coches, taxis, camiones y transportistas que circulan entre abril y octubre. Además, recuerda que s'Illa Plana cuenta con únicamente una calle de acceso de un solo carril y sentido obligatorio, además de otra vía destinada a la salida. Y añade la cantidad de cruceros que llegan a Eivissa a través de la Estación Marítima, lo que suma más cargas y descargas de motos, coches, taxis, autobuses y pasajeros. “Illa Plana está colapsada a cualquier hora del día”. “No podemos tensionar más el barrio”, advierte.

Consultado sobre si han podido hablar con el Lío, Sánchez aclara que el problema lo tiene el Ayuntamiento. “Nos prometieron una respuesta en breve, pero aún no la han dado”, señala el portavoz. El Ajuntament d’Eivissa no ha respondido a las preguntas de este diario en el momento en que se publica esta noticia. Concretamente, al Consistorio se le preguntaba si considera que el traslado del Lío al Ibiza Hotel Corso puede ampararse en las licencias actualmente vigentes o si requiere una nueva autorización, dado que el PGOU prohíbe la implantación de nuevas discotecas en el municipio.

También se solicitó información sobre las denuncias vecinales que apuntan a que supuestamente las obras en el Ibiza Hotel Corso habrían comenzado antes de obtener la correspondiente licencia y sobre la posibilidad de revisar de oficio las autorizaciones concedidas. Asimismo, este diario preguntó si la empresa promotora ha presentado los estudios de movilidad y evacuación exigibles para una actividad de estas características en una zona que los residentes consideran ya saturada de tráfico durante la temporada turística.

“Nosotros vamos a seguir nuestros pasos”, apunta Sánchez. Los vecinos advierten de que están dispuestos a llegar “hasta donde haga falta” con tal de defender la convivencia del barrio, así como la legalidad urbanística del municipio, mediante la cual interpretan que no se puede abrir una nueva discoteca en el municipio.

El Lío afirma que cumple la ley

El Lío de Ibiza, que opera bajo Lío Ibiza SL, no ha respondido a las preguntas de elDiario.es en el momento en que se publica esta noticia. El primer mensaje –en el que se puso en conocimiento el contenido de este reportaje– se trasladó el pasado 27 de mayo, con el objetivo de incorporar la versión oficial de la empresa. Sin embargo, el cabaret-discoteca mantiene que el “traslado previsto” se está desarrollando “dentro del marco administrativo y urbanístico correspondiente, con pleno y absoluto cumplimiento de todas las exigencias legales, técnicas, medioambientales y de convivencia que resulten aplicables”, según explicó a Diario de Ibiza.

En la misma línea, Lío Ibiza insiste en que no quiere “alimentar polémicas ni entrar en confrontaciones estériles”, rechazando que el traslado no se esté realizando en base a la ley. “Este proyecto se desarrolla con pleno respeto a la normativa vigente, a las licencias aplicables y a los procedimientos administrativos correspondientes”, insistieron.

La empresa afirma que ejercerá, como siempre, “sus derechos con responsabilidad y seriedad en defensa de su actividad, de su proyecto empresarial y de los puestos de trabajo que genera”. Finalmente, señala que su “nueva etapa en el Hotel Corso” tiene como objetivo mejorar la calidad, diseño y posicionamiento turístico de la empresa, y supone una oportunidad “para seguir aportando valor a la isla, al tejido económico local y a la imagen de Ibiza como destino internacional de excelencia”.

El administrador único de Lío Ibiza SL es la sociedad Galaxia Estelar SL. El presidente del consejo de administración de esta sociedad es Julio Bruno Castellanos, mientras que los consejeros son Manuel Garí Eguillor, Javier Bañón Treviño, María Iria Urgell Calderón, Víctor Manuel García Reymundo, Javier Fernando Olascoaga Palacio y Mediterranean Sky International SA. Excepto el presidente, todos ellos estuvieron vinculados a Pachá, antes de que el grupo vinculado a la icónica discoteca se separara del Lío, lo que coincidió con la entrada de Trilantic Capital Partners en la marca de las dos cerezas.