Balears registró 14 ataques a la libertad religiosa durante 2025, once más que el año anterior, según el informe anual del Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia (OLRC). El documento incluye entre estos episodios el cartel de la ilustradora Lluïsa Frebrer para la fiesta reivindicativa 'Santa Punxada' -que mostraba a Sant Sebastià, patrón de Palma, con una sobrassada como pene-, las reivindicaciones de una entidad de fomentar la “escuela laica” así como distintas manifestaciones de Vox contra el islam, como la afirmación de que es una religión “misógina, homófoba y excluyente” y la petición de dejar de impartir religión islámica en los centros educativos.

El recuento del Observatorio mezcla así episodios de naturaleza y gravedad muy distinta: desde amenazas e insultos contra creyentes hasta pintadas, viñetas, artículos de opinión, iniciativas laicistas y declaraciones de representantes políticos. El propio documento advierte de que sus atribuciones no proceden de una investigación exhaustiva y que la identificación de personas o entidades no constituye una acusación formal.

El informe incluye también una categoría denominada “laicismo beligerante”, en la que encuadra iniciativas que, a su juicio, excluyen activamente la religión del espacio público. Esta concepción parte de una interpretación amplia de la libertad religiosa: el Observatorio sostiene que el laicismo puede convertirse en una forma de imposición ideológica. Desde este planteamiento, sitúa en el mismo recuento expresiones satíricas sobre símbolos católicos, propuestas para avanzar hacia una escuela laica y declaraciones políticas contra determinadas confesiones.

Sobre el cartel de la 'Santa Punxada', la entidad lo tilda de “ofensivo para los católicos” al señalar que en él “se podía ver a San Sebastián con una sobrasada en el pene y un diablo tocándole y chupándole, y una santa desnuda con una diablesa tocándole los pechos y la vagina. También se podía ver a una imagen de Jesucristo como si fuera un DJ. El partido político vendió camisetas con este cartel. El partido [en referencia a Podemos] vendió posteriormente camisetas con el diseño”.

Otra de las actuaciones recogidas es un cartel difundido por el sindicato Unió Obrera Balear (UOB) el 22 de diciembre. El documento señala que el sindicato tachó la imagen de un belén, reclamó una “escuela laica” y calificó los símbolos cristianos de “dogmas, supersticiones y oscurantismo”.

Los ataques de Vox hacia el Islam

Una de las actuaciones que recoge el informe es una intervención del diputado de Vox Sergio Rodríguez en una comisión del Parlament balear, el 19 de noviembre de 2025. Según el documento, el parlamentario afirmó: “El islam es una religión misógina, homófoba y excluyente”. El Observatorio clasifica el episodio como “insultos de un político al islam”. El informe alude a otra intervención de Rodríguez en el pleno de la Cámara autonómica, el 14 de octubre, durante un debate sobre los menús especiales por motivos religiosos en los centros educativos. El diputado cuestionó la oferta de menús adaptados a distintas confesiones.

“Nosotros tenemos que llevar menús especiales a las aulas, que mañana nos vendrá un alumno judío y pedirá un menú kosher, porque está el menú halal, pero también está el kosher, están los menús hindúes, hay partes del hinduismo que son vegetarianas..., ¡pues nada, oye, les damos un cheque restaurante y que se vayan a comer al restaurante!”, señaló el parlamentario. El documento clasifica estas palabras como “declaraciones de un político contra los menús especiales por religión”.

Entre las iniciativas parlamentarias que el Observatorio incluye en su balance figura asimismo una pregunta sobre el uso del velo islámico, registrada el 9 de abril de 2025. El informe atribuye la iniciativa a Vox y la clasifica como “pregunta parlamentaria contra el uso del velo islámico”. El 10 de octubre, la formación de extrema derecha formuló otra petición en el Parlament para que se dejasen de impartir clases de religión islámica en los colegios públicos. La iniciativa aparece atribuida a Manuela Cañadas Pinilla, portavoz del grupo parlamentario.

El Observatorio incorpora además una intervención del diputado de Més per Mallorca Lluís Apesteguia en una comisión parlamentaria. En respuesta a un diputado de Vox, el ecosoberanista cuestionó que se señalaran determinadas prácticas musulmanas sin criticar comportamientos que atribuyó a sectores de la sociedad cristiana. Entre otras cuestiones, mencionó la imposición social de la depilación femenina y los casos de hombres que prohíben a sus mujeres vestir minifalda. El informe clasifica sus palabras como “declaraciones de un diputado” y las vincula con la confesión cristiana.

Amenazas de muerte y pintadas

Más allá del ámbito político, entre los casos registrados en las Islas figura el incidente ocurrido en Palma el 16 de junio de 2025, cuando un hombre insultó y amenazó a varios testigos de Jehová que se encontraban en un puesto de información en el paseo del Borne. Según el informe, el individuo les dijo “os tendrían que matar a todos” y “si tuviera una metralleta acabaría con vosotros”. También les habría amenazado con matarlos si avisaban a la Policía y roció sus expositores con una bebida alcohólica.

El Observatorio recoge asimismo una pintada aparecida en agosto en la iglesia de la Virgen del Carmen, en Palma, con el mensaje “crees en Dios, la Iglesia es corrupta”. El caso fue clasificado como una agresión contra un lugar de culto y un símbolo religioso.

El documento también incluye varios episodios de carácter antisemita registrados en Balears. Entre ellos, una pintada aparecida en octubre en el antiguo barrio judío de Palma, en la que se combinaban una estrella de David, una esvástica nazi y otros símbolos. Además, recoge viñetas publicadas en medios de comunicación de las Islas que, a juicio del Observatorio, equiparaban la estrella de David con la simbología nazi. Uno de los dibujos lo clasifica como “viñeta antisemita”.

Un recuento elaborado con criterios propios

La metodología del OLRC se basa en noticias publicadas durante el año, diarios de sesiones y boletines parlamentarios, así como en hechos comunicados por colaboradores a través del correo electrónico y las redes sociales. La propia entidad reconoce que la atribución de responsabilidades no es fruto de una investigación exhaustiva, sino de una conclusión elaborada a partir de los datos de los que dispone. Por ello, advierte de que sus señalamientos no constituyen acusaciones formales contra personas o entidades.

El informe clasifica los casos en cinco categorías: violencia física contra creyentes, agresiones contra lugares de culto, insultos y vejaciones a personas por sus creencias, escarnio de la religión y laicismo beligerante. Para elaborar el estudio utiliza noticias publicadas durante 2025, diarios de sesiones y boletines parlamentarios, así como informaciones de colaboradores recibidas por correo electrónico y redes sociales. El resultado es un recuento propio del Observatorio, cuyo interés periodístico reside tanto en los casos que documenta como en el criterio con el que decide qué debe considerarse un ataque a la libertad religiosa.

El informe contabiliza 306 casos en el conjunto de España durante 2025, frente a los 243 registrados en 2024. De ellos, 173 afectarían directamente a católicos, mientras que otros 33 se dirigirían contra cristianos en general. El documento también recoge 40 casos contra la comunidad judía, 26 contra musulmanes y 11 contra testigos de Jehová.

El Observatorio pide un plan de prevención

La presidenta del Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia, María García, considera que el incremento de casos en Balears constituye una señal de alarma. “Amenazas de muerte en la vía pública, pintadas en iglesias, antisemitismo en los medios y laicismo beligerante desde las instituciones: el mismo patrón que vemos en toda España, pero con una aceleración especialmente preocupante en las islas”, afirma.

La organización reclama al Govern balear, al Parlament, a los consells insulares y a los ayuntamientos que elaboren un plan de prevención, formen a sus empleados públicos y refuercen la protección de los lugares de culto y del patrimonio religioso. El Observatorio también pide a los representantes políticos que eviten convertir las creencias religiosas en objeto de burla o en un instrumento de confrontación partidista.

Aunque la entidad se define como una organización dedicada a defender la libertad religiosa de todas las confesiones, su actividad pública está especialmente centrada en la protección de los símbolos y la presencia social del cristianismo. En su consejo asesor figuran profesores de universidades de tradición católica, representantes del ámbito evangélico y Polonia Castellanos, presidenta de la asociación ultra Abogados Cristianos. Recientemente, el Observatorio recogió un total de 5.110 firmas ciudadanas que reclaman la vuelta de la misa del Día de Covadonga a la radiotelevisión pública asturiana (RTPA), emisión que se mantuvo casi 20 años y que dejó de retransmitirse en 2025.

La entidad asegura que sus documentos se presentan ante gobiernos y parlamentos y que son utilizados como fuente por instituciones como la Secretaría de Estado de Estados Unidos y la OSCE. También afirma ser organización asesora de la Comisión de Seguimiento del Plan de Acción de Lucha contra los Delitos de Odio, dependiente del Ministerio del Interior.

La Fundación Franz Weber ha pedido que se prohíban los espectáculos con delfines y leones marinos en Marineland Mallorca, como “ejemplo” de lo que “no debería hacerse” en un recinto que tiene como objetivo “conservar” la fauna silvestre en cautividad.

La entidad ha lamentado este miércoles en un comunicado que, mientras Europa avanza hacia el fin de estas funciones, esta situación se mantiene en Balears “por culpa de una Ley de Protección de los Animales que vació de contenido cualquier propuesta para reconvertir zoológicos y acuarios”.

Según ha destacado la fundación, la legislación vigente avala los espectáculos públicos con cetáceos --como los delfines--, “cuyo interés científico o educativo es nulo”. Sin embargo, la ley prohíbe a otros animales silvestres criados en cautividad actuar en circos, algo que ha considerado “una contradicción evidente”.

Los estudios científicos “demuestran cómo la cautividad afecta la salud orgánica de los cetáceos” y constatan que “impacta negativamente” sobre el funcionamiento cerebral de estos animales, que tienen unas condiciones singulares por el tamaño de sus cuerpos y cerebros, comportamiento altamente social, rangos territoriales muy altos o una esperanza de vida elevada.

El cautiverio implica instalaciones pequeñas, falta o reducción de ejercicio y limitación de interacciones sociales con individuos de la misma especie, lo que impide el desarrollo de comportamientos normales de socialización, cuidados, búsqueda de alimentos o el recorrido de grandes distancias.

“Cosificación” de los animales

La fundación ha reivindicado que la ley “debería abordar el uso de animales” que realizan parques como Mundomar --en Benidorm--, en el que los espectáculos “barnizados” de actividad educativa “suponen una forma de cosificación” de los animales.

Según ha indicado, este recinto también ofrece la posibilidad de “encontrarse” con los cetáceos y leones marinos, algo que “todavía cuestiona más la pervivencia de estos espectáculos en la ley”.

Así, estos animales se convierten en “meros objetos de entretenimiento” y la dinámica diaria “no aporta en absoluto valor alguno a su conservación” ni a la “pedagogía con el público asistente”.

La entidad ha criticado que España sea el país con más delfinarios abiertos de la Unión Europea y que contribuya “a un modelo de cautiverio por simple negocio”.

De acuerdo con los datos de la fundación, cerca de un centenar de delfines y unas seis orcas son forzadas a realizar saltos y trucos “que nada tienen que ver con su comportamiento natural”.

Una bolsa del Real Madrid con cuatro kilos de cocaína, otro paquete oculto en el falso techo de un hotel y una persecución en la que un vehículo embistió a agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil. Así terminó una operación de narcotráfico que este lunes ha sentado en el banquillo de los acusados a la nuera de Francisca Cortés Picazo, 'La Paca' -histórica matriarca del poblado chabolista de Son Banya (Mallorca)-, quien ha reconocido haber introducido cinco kilos de cocaína en el considerado mayor supermercado de la droga de la isla.

La confesión se ha producido este lunes durante la primera sesión del juicio celebrado en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Balears, donde la mujer y otros cuatro procesados han alcanzado un acuerdo de conformidad con la Fiscalía. El sexto inculpado ha eludido pactar con la acusación pública, por lo que el juicio continuará con él como único acusado.

Los cinco procesados han reconocido los hechos que les atribuía el Ministerio Público y han respondido a las preguntas del fiscal superior de Balears, Adrián Salazar, y de sus abogados defensores. Está previsto que las condenas sean inferiores a las penas inicialmente solicitadas por la Fiscalía. La principal acusada se enfrentaba a una petición de 16 años y medio de prisión y una multa de 1,3 millones de euros por delitos contra la salud pública, pertenencia a organización criminal, atentado contra agente de la autoridad y contra la seguridad vial.

La Fiscalía solicitaba además una indemnización de 3.087 euros. Para otros cuatro procesados, el Ministerio Público reclamaba nueve años y medio de cárcel y una multa de 1,3 millones de euros por delitos contra la salud pública y pertenencia a organización criminal. El juicio continuará contra un sexto acusado, que ha rechazado pactar con la acusación. En su caso, la petición asciende a diez años y medio de prisión al concurrir la agravante de reincidencia.

Los hechos se desarrollaron entre junio y noviembre de 2024. Durante ese periodo, la principal acusada, que mantenía una estrecha relación familiar con Son Banya, se desplazó en varias ocasiones hasta el poblado para introducir cocaína y retirar los beneficios económicos derivados de su venta. La investigación policial situó a otros de los acusados, algunos de ellos familiares de la principal procesada, en una operación de transporte de droga desde Alicante hasta Mallorca. El objetivo era realizar una entrega de cocaína en Son Banya.

Cocaína en una bolsa del Real Madrid

La Fiscalía sostiene que los inculpados transportaron cinco paquetes de aproximadamente un kilo cada uno. Cuatro de ellos fueron entregados a la nuera de 'La Paca' dentro de una bolsa con el escudo del Real Madrid. El quinto paquete quedó en manos del resto del grupo.

La operación fue detectada por la Policía Nacional, que vigilaba los movimientos de la acusada. Cuando los agentes observaron la transacción, un vehículo policial trató de bloquear el paso del coche en el que viajaba la mujer. Según el relato del Ministerio Público, la procesada intentó escapar y arremetió a gran velocidad contra los agentes.

La huida continuó cuando una patrulla de la Guardia Civil trató de interceptarla. Tras varios intentos de evasión y un disparo disuasorio al aire, los agentes consiguieron detener el vehículo. En su interior encontraron la bolsa con cuatro fardos de cocaína, que pesaban algo más de cuatro kilos y cuyo valor se situaba, según la acusación, por encima de los 400.000 euros.

El resto de los acusados fueron detenidos en distintos puntos de la operación. Varios fueron interceptados cuando viajaban en una furgoneta. Otro fue localizado en una habitación de un hotel de s'Arenal, en el municipio de Llucmajor, donde los agentes encontraron el quinto paquete de cocaína escondido en el falso techo.

La nuera de la 'Paca' es mujer de Francisco Fernández Cortés, 'El Ico', quien acumula varias condenas a sus espaldas, entre otros numerosos episodios, por asuntos de drogas y por protagonizar un tiroteo en un club de alterne de Palma. Su nombre apareció además en el caso Cursach en 2015, cuando decenas de testigos comenzaron a declarar ante el exjuez Manuel Penalva y el exfiscal Miguel Ángel Subirán sobre supuestas irregularidades en torno al empresario nocturno Bartolomé Cursach, acusaciones que terminaron desvaneciéndose en sede judicial y, finalmente, descartadas.

El fantasma de una nueva avalancha migratoria sobre Balears ha vuelto al debate político, pero las cifras dibujan por ahora un escenario mucho menos excepcional. Mientras el PP reclama al Gobierno central explicaciones por un informe policial sobre llegadas de migrantes al archipiélago -que los conservadores interpretan como una confirmación de que las islas se encuentran bajo una alerta de “alto riesgo” ante una posible “entrada masiva” de migrantes-, la ruta argelina se mantiene prácticamente estable: 4.934 personas llegaron por vía marítima entre enero y agosto, apenas un 1,7% más que en el mismo periodo de 2025, según datos del Ministerio del Interior.

Frente al temor a que puedan desembarcar de golpe “100 o 200 pateras” -en palabras del presidente del Consell de Eivissa, Vicent Marí-, las entidades como la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) señalan que la ruta está “más o menos controlada”, como señala la directora general de esta organización, Mónica López, en declaraciones a elDiario.es.

La polémica saltó durante la semana pasada. En una comparecencia en el Congreso de los Diputados, el presidente del Gobierno Pedro Sánchez negó que la Policía Nacional hubiera advertido de un “riesgo alto” en la ciudad autónoma en los días previos a la crisis fronteriza en Ceuta, si bien confirmó la existencia de un informe que se refería a la Península y a Balears: “Se ha dicho también que la Policía Nacional había advertido una semana antes de un riesgo alto en Ceuta. Y no es correcto. Ese informe existió, pero hablaba exclusivamente de las llegadas marítimas a la península y a las Islas Baleares y no, por tanto, a la frontera ceutí”, fueron sus palabras. El documento fue elaborado por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF), dependiente de la Policía Nacional.

Menos de 24 horas después, la líder autonómica, Marga Prohens, compareció de forma extraordinaria para solicitar “por todos los canales formales” información acerca del informe policial al que se refería Sánchez. La dirigente conservadora acusó al Ejecutivo central de “ocultar” una información que, a su juicio, comprometía la seguridad de las islas, y reclamó saber qué hizo el Estado desde que tuvo conocimiento de ella y por qué no fue comunicada a las autoridades baleares. “Creemos que es muy grave la ocultación de esta información tan sensible al Govern de las Illes Balears”, insistió Prohens.

Después de que saliera a la luz esta información, Vicent Marí (PP), presidente del Consell d’Eivissa, aseguró en una entrevista a Periódico de Ibiza y Formentera que tenía “pesadillas” alrededor de la idea de que pudieran “llegar aquí 100 o 200 pateras de golpe”, extremo que nunca ha ocurrido desde que se consolidara la ruta argelina. “Estamos asistiendo a un goteo constante de pateras desde una ruta consolidada que es Argelia, aunque el Gobierno lo niegue. Ya llegan más migrantes en patera a Baleares que a Canarias, con lo cual está claro que es una ruta consolidada”, afirmó Marí. Esta travesía se ha consolidado como el cruce migratorio más transitado para llegar a España, superando a la ruta atlántica hacia Canarias, así como a los trayectos desde el norte de Marruecos, como informó elDiario.es.

“La ruta está más o menos controlada”

“Nosotros entendemos que quien tiene esa información o quien puede tener esas alertas, lógicamente, es el Gobierno, el Ministerio del Interior y el CNI -que depende del Ministerio de Defensa-”, responde la portavoz de CEAR, a la pregunta sobre si considera posible que lleguen, de un plumazo, centenares de cayucos a las costas pitiusas. “Creo que las cifras respecto al año anterior suponen un incremento de unas 80 personas, con lo cual parece que esa ruta está más o menos controlada”. “Sobre que pudiera haber una previsión de llegadas de muchas embarcaciones, nosotros desde luego desconocemos el dato”, incide López.

La directora general de CEAR explica que la respuesta institucional que se ha ofrecido cuando se ha producido la llegada de embarcaciones precarias a los archipiélagos canario y balear “ha funcionado”. López diferencia así la acción gubernamental como consecuencia de la crisis -fronteriza primero y humanitaria después- de Ceuta, que considera “lenta”. “Balears sí que es verdad que el verano pasado tuvo una crisis importante de capacidad de acogida para las personas que estaban llegando”, reconoce. “Se han realizado traslados [de migrantes adultos] a la península y creo que la situación está más o menos normalizada”, añade.

Fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia explican a este diario, en cuanto a los menores, que las derivaciones están reguladas por el Real Decreto-ley 2/2025. “No opera en Balears porque no está en contingencia migratoria extraordinaria. Solo en Canarias, Ceuta y Melilla. Son 2.000 los menores trasladados desde esos territorios desde esos tres territorios de la península en los últimos 12 meses”, aseguran.

La lectura e interpretación que hace el Govern acerca de los datos, sin embargo, es otra. Fuentes de la Conselleria de Presidencia, Coordinación de Acción de Gobierno y Cooperación Local afirman a este diario que incluso con los informes quincenales del Ministerio [del Interior], se demuestra que “se mantiene la tendencia al alza”, debido a la subida del 1,7%. La Conselleria compara estos datos con los de la ruta canaria, que se reduce un 57,4%. “Es decir, en Balears llegan ya prácticamente las mismas personas que a Canarias, que ha pasado de unas 12.000 el año pasado por estas fechas a poco más de 5.000”, puntualizan.

El Govern balear ve una tendencia al alza

Además, el Govern del PP -que legisla en en minoría con apoyos puntuales de Vox- considera que los informes quincenales “pueden variar mucho” de una quincena a otra, por varios motivos: mala mar, embarcaciones que han llegado dos días más tarde o porque las llegadas de los últimos días del mes entran en un informe o en el siguiente. “Querer concluir que ‘ya estamos mejor’ con estos datos es, como mínimo, precipitado”, consideran. A juicio del Ejecutivo autonómico, hay que tomar como referencia el último informe anual de riesgos de Frontex (Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas), de junio, que señala que durante el primer trimestre de 2026 las llegadas cayeron un 40% en Europa y un 60% a través de la ruta canaria. En paralelo, aseguran que la ruta argelina hacia Balears sube un 17%, aunque este dato no aparece en el informe.

Concretamente, sobre la ruta del Mediterráneo occidental –que es más amplia que la argelina porque abarca Marruecos, Mauritania y Senegal, además de Argelia–, el informe señala que se espera que “continúe una tendencia estable y ligeramente al alza”, durante este 2026. Y añade que lo más destacable, en este sentido, es “el creciente uso de la ruta más larga y peligrosa entre Argelia y las Illes Balears, cada vez más utilizada por migrantes somalíes, malienses y guineanos”, nacionalidades que anteriormente estaban más asociadas a las rutas del Mediterráneo central y de África occidental.

El último informe de Frontex señala "el creciente uso de la ruta más larga y peligrosa entre Argelia y las Illes Balears, cada vez más utilizada por migrantes somalíes, malienses y guineanos", nacionalidades anteriormente más asociadas a las rutas del Mediterráneo central y de África occidental

El informe de Frontex (Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas) atribuye estos cambios al endurecimiento de los controles en Libia, Túnez y Mauritania, que está desviando los flujos hacia Argelia “como punto de partida alternativo”. “La propia Argelia es tanto país de origen como de tránsito, y los argelinos representaron cerca del 54% de las detecciones en la ruta del Mediterráneo occidental en 2025”. Las causas son el desempleo juvenil estructural y el descontento de la población con la clase política, a juicio de la agencia europea.

El Ejecutivo insiste: “El ritmo de llegadas es inasumible”

“Ojalá pudiéramos decir que la tendencia está bajando. Pero, desgraciadamente, la realidad es otra”, afirma la Conselleria de Presidencia. Las fuentes consultadas señalan, así, que la tendencia al alza continúa y que este ritmo de llegadas “es inasumible para un territorio como Balears”. Añaden que a 9 de septiembre han contabilizado 484 personas en más de una veintena de cayucos.

En este 2026 han llegado casi 5.300 personas, según el recuento del Govern. “Además, están los 916 menores que tutelan actualmente los consells insulars, cuando la capacidad ordinaria establecida por el Estado es de 434”, apuntan. Por todo ello, el Ejecutivo autonómico reclama que Frontex tenga “una presencia permanente en las fronteras marítimas de las islas”.

Ojalá pudiéramos decir que la tendencia está bajando. Pero, desgraciadamente, la realidad es otra

Conselleria balear de Presidencia

El Ministerio del Interior, por su lado, explica a este diario que, a 31 de agosto de 2025, el incremento de llegadas en comparación con el año anterior ascendía al 78%. “Desde entonces la tendencia ha ido descendiendo progresivamente. Terminó 2025 en un ascenso del 24,5% y la tendencia durante 2026 ha sido de desaceleración hasta alcanzar algunos descensos o subidas leves”, apuntan. Así, Interior señala que se aplica “una política migratoria preventiva, basada en la cooperación bilateral con los países de origen y tránsito de la migración en la lucha contra las mafias que trafican con personas”. Una acción que, a juicio del Gobierno, está funcionando y que “evita en origen el 40% de las salidas irregulares”.

El Ministerio del Interior explica que se está aplicando “una política migratoria preventiva, basada en la cooperación bilateral con los países de origen y tránsito de la migración en la lucha contra las mafias que trafican con personas"

La repatriación colectiva de menores es ilegal

El posicionamiento de las administraciones autonómicas –el PP gobierna en todos los consells insulars, y también en el Govern– es que los menores no acompañados “tienen que estar con sus padres”. “Pensar que podemos acoger a todo el mundo, eso es estar equivocado. Hay que ayudar a estos países en origen. Los menores no tienen que estar en centros de acogida aquí en Ibiza o en cualquier otro lugar de España. Tienen que estar con sus padres”, afirmó Marí. Y añadió que si hace falta hay que “ayudar” a los países de origen para evitar la llegada de migrantes.

Independientemente de cuál sea la gestión que ejerza el Estado así como las comunidades autónomas para recibir la llegada de menores, la repatriación colectiva es ilegal, según la jurisprudencia dictada por el Tribunal Supremo. Lo que puede hacer el Govern –ya lo ha hecho, sin éxito– es pedir la modificación del sistema de reparto, regulado por el Decreto-ley 2/2025, que es la normativa que aprobó el Gobierno para la creación del sistema obligatorio de reparto de menores migrantes en situaciones de emergencia.

En este sentido, López recuerda que para que los menores puedan volver con sus padres, hay que “cumplir unos estrictos procedimientos para no devolver a los menores a un contexto en el que no pueden estar”. “La premisa de que los niños siempre están mejor con sus padres no se cumple en todos los casos. Pero ni con niños migrantes ni con niños españoles”, advierte la directora general de CEAR.

En la misma línea, explica que hay que tener en cuenta “el interés superior del menor”, ya que en la legislación de un Estado de derecho tiene que haber “procedimientos que garanticen que esos niños no van a ser devueltos a un espacio en el que no se les va a tratar conforme al derecho”. Irene Graíño, técnica de incidencia política de la Plataforma de Infancia, coincide: cualquier repatriación que se realice a niñas, niños y adolescentes “debe realizarse a través del procedimiento adecuado que está establecido siguiendo todas las garantías necesarias, escuchando a las niñas, niños y adolescentes y realizando una determinación del interés superior del menor”.

Las entidades piden “solidaridad interterritorial”

En cuanto a las crisis de acogida que se puedan generar debido a la llegada de menores, Graíño hace un llamamiento a todas las administraciones públicas para que “se comprometan con el principio de solidaridad interterritorial y que se activen, en este sentido, los mecanismos para activar soluciones que permitan, por ejemplo, traslados a la península de niñas, niños y adolescentes”. El mes pasado, el Gobierno y las comunidades autónomas se reunieron para abordar la atención a los menores en Ceuta, pese al plantón de tres comunidades gobernadas por el PP y cuyos responsables de Infancia son de Vox.

“Estamos muy preocupadas porque todavía hay muchas niñas, niños y adolescentes en situación de calle en una situación de extrema precariedad y vulnerabilidad sin tener un acceso adecuado a agua, alimentación y alojamiento adecuado, sin poder cubrir sus necesidades básicas e igualmente sin poder tener acceso digno y adecuado a la atención sanitaria”, lamenta Graíño, en referencia a la crisis humanitaria de Ceuta. Además, recuerda que todavía “hay muchísimas niñas que siguen sin estar identificadas debidamente de acuerdo a lo que establece nuestro ordenamiento jurídico”. “Esto debe realizarse con la máxima premura posible debido a que es una garantía para que puedan acceder al resto de sus derechos”, apunta.

Estamos muy preocupadas porque todavía hay muchas niñas, niños y adolescentes en situación de calle en una situación de extrema precariedad y vulnerabilidad sin tener un acceso adecuado a agua, alimentación y alojamiento adecuado y sin poder cubrir sus necesidades básicas

Irene Graíño — Técnica de incidencia política de la Plataforma de Infancia

La directora general de CEAR, sin embargo, cree que el problema “no está en el reparto que se hace de los menores”, sino que está “en que las comunidades autónomas se niegan a asumir ese reparto”. “Ese, para mí, es el verdadero problema. Es un problema de facto. Ha pasado con Canarias, está pasando con Ceuta: hay comunidades autónomas que se niegan a asumir a esos menores en caso de que se activase la necesidad de reparto”, lamenta López.

La portavoz de CEAR señala que, al final, todo tiene que ver con “las políticas europeas, no solo con las españolas y no solo con las de las comunidades autónomas”. El contexto actual es el Pacto Europeo de Migración y Asilo, aunque las políticas de externalización de fronteras y securitarias son anteriores. López señala que el control de fronteras para impedir la llegada de migrantes lleva produciéndose, al menos, desde la década de los 2000. Entre ellos, cita los acuerdos de la UE y España con Mauritania, Marruecos y Turquía.

“Es una consecuencia de esa política de externalización de fronteras que para nosotros ha fracasado. Porque si estamos viviendo crisis migratorias como la que hemos vivido el mes pasado en Ceuta después de 20 años de políticas de externalización de fronteras y de control migratorio, es que algo está fallando”, advierte. CEAR propone, desde el principio de la crisis fronteriza que derivó en una crisis migratoria, el traslado de los migrantes a la península. “Ha funcionado en el caso balear y canario”. Así se evitaría que ciudades como Ceuta, o como podría pasar en el archipiélago canario –que tienen una frontera y un territorio limitado– “colapsen o tengan problemas de convivencia”, concluye.

La familia de Florencia Bollini quiere que sus restos descansen en la bóveda familiar, en el cementerio de la Recoleta, en Buenos Aires (Argentina). Desde que el 14 de octubre del año 2024 la empresaria argentina, de 44 años en ese momento, muriese en circunstancias no esclarecidas en una fiesta privada con 150 invitados en la villa Can Frit de Sant Mateu (Sant Antoni), sus familiares han peleado con la Justicia para poder trasladar sus cenizas. En el transcurso de este tiempo han vivido, además del sufrimiento causado por la pérdida, la renuncia por parte de un abogado y una procuradora, una reapertura de la causa y dos archivos de la misma.

Florencia fue bautizada como la ‘guía espiritual de los empresarios’ por la revista Forbes tras fundar Nanaheals, una plataforma que usa psicoactivos y moléculas químicas para buscar soluciones a problemas de salud mental y procesos personales. Tras su muerte, su cuerpo fue cremado sin notificación ni autorización formal de su familia directa. Estas circunstancias, denuncian sus familiares, les han impedido ejercer derechos como controlar la prueba, oponerse a la incineración, designar un perito de parte o solicitar una segunda autopsia.

“A mi hermana le robaron la Justicia y a mis padres, el derecho de velar y disponer los restos de su hija”, lamenta a este periódico Federico, el hermano de la fallecida, quien reclama, junto a sus padres, que se les entreguen las fotografías forenses en calidad original, así como el registro completo del levantamiento del cuerpo, las imágenes originales de la inspección ocular y toda la documentación técnica vinculada a la actuación médica, policial y judicial.

A mi hermana le robaron la Justicia y a mis padres, el derecho de velar y disponer los restos de su hija

Federico — Hermano de Flor Bollini

La argentina, conocida como 'estratega psicoespiritual', era residente en Eivissa y había asistido, la noche de su fallecimiento, a una fiesta multitudinaria en una mansión ubicada en el camí de sa Forada. El evento fue organizado por el magnate sueco G.E, quien figura en la causa como investigado. Fue a las 2.17 horas de la madrugada —según el registro de defunción— cuando se produjo la muerte; media hora después de la llamada a los servicios de emergencia por parte de uno de los cinco o seis asistentes que quedaban en la celebración, de los cuales dos son ahora testigos en el procedimiento.

La pista del anillo inteligente

El hermano sostiene, no obstante, que el deceso sucedió varias horas antes —según marcaba un anillo inteligente Oura Ring que la empresaria llevaba en la muñeca— y que Florencia todavía tenía pulso cuando se realizó este aviso al 112. También afirma que el cuerpo de Bollini había sido “desnudado y movido” desde un área donde había una sauna exterior a una sala donde estaba tapado y rodeado de velas.

Estas cuestiones fueron las que motivaron a la jueza del Juzgado de Instrucción número 2 de Eivissa, Maria Paloma Poveda —que había sobreseído provisionalmente la causa en noviembre de 2024 a la espera de los resultados toxicológicos definitivos—, a reabrir el caso en septiembre de 2025 con el propósito de esclarecer las circunstancias en que se produjo el fallecimiento.

Entre otros aspectos, la magistrada solicitaba que se revisaran las siguientes pruebas: la llamada a emergencias, con la consecuente declaración de los facultativos del 061 que actuaron ante el aviso, el informe médico, la historia clínica y la identificación y la toma de declaración de dos de los testigos presentes para determinar si pudieron existir indicios de suministro de sustancias estupefacientes a la víctima, entre otros.

También acordaba que el médico forense encargado del levantamiento del cadáver y la autopsia aclare si, como manifiesta la acusación particular -que ejerce la familia-, la hora registrada de la muerte es “equivocada o falsa”. Por último, el auto oficia al Instituto Toxicológico de Barcelona a estudiar las muestras remitidas para la realización del informe definitivo de autopsia, del que se desconocen los resultados.

Una causa entre aperturas y archivos

Los hechos ocurrieron en otoño del 2024, pero un año y medio después, en mayo de 2026, Federico Bollini, desde Buenos Aires, continuaba impulsando acciones y presentando denuncias. El hermano de la fallecida había acusado a la Justicia de Eivissa de no haber investigado el caso y de haber contribuido a la destrucción del cuerpo y de los registros de la investigación. El pasado mes de julio, los familiares viajaron de urgencia a la isla ante la posibilidad de que la causa fuera sobreseída. Fue entonces, tras haber conseguido la reapertura el procedimiento y la investigación del dueño de la villa, cuando el abogado Vicente Monzo y la procuradora renunciaron al caso.

La defensa legal había planteado ante el Juzgado la posible existencia de tres delitos: homicidio, “imprudente, en el mejor de los casos” —señala el abogado a elDiario.es—; favorecimiento y facilitación del consumo de sustancias tóxicas, previsto en el artículo 368 del Código Penal; y la sustracción de las pertenencias de Flor. Entre ellas, un MacBook, un iPad y dos móviles que encontraron en Irlanda en la casa de un socio de la empresaria, según el testimonio de su hermano, que asegura haber accedido a la geolocalización e historial de los navegadores.

Al parecer, los responsables del hurto habrían borrado todos los datos de los dispositivos, así como todos los documentos de su empresa y cuentas bancarias, continúa el familiar. Ante el sobreseimiento de la causa, la familia expresó su disconformidad con la resolución y fue entonces cuando triunfaron los argumentos de Monzo, quien finalmente cesó su actividad como defensa legal de la acusación. Ahora es el letrado Francisco Perona quien se encarga de la misma. Perona ha solicitado que el Juzgado complete el auto de archivo con una respuesta expresa a la petición de preservación del material realizada por Bollini.

En las diligencias —tras la reapertura del caso- se pide volver a investigar la fiesta de cierre de temporada celebrada en la villa donde se produjo el fallecimiento de Florencia, que se inscribió en el registro civil de Sant Antoni cuatro días después de los hechos por orden del juzgado. También se solicita el sometimiento a interrogación de los cinco o seis testigos presentes en el momento de los hechos.

Sentimiento de “desprotección total”

La familia, aún en Eivissa por estos trámites en los juzgados, expresa, en declaraciones a este medio, un sentimiento de “desprotección total” y cuestiona el tratamiento otorgado al caso. “No hubo notificación consular, se realizó una autopsia sesgada, no existen registros fotográficos sin manipular y no hay detalles sobre las lesiones. Y para terminar, se hizo una cremación exprés sin la contratación de los servicios funerarios por parte de la familia”, sostiene el hermano. Lo que poseen son varias fotografías proporcionadas por la Guardia Civil (según Bollini) que muestran hematomas y otras heridas en el cuerpo de la fallecida.

No hubo notificación consular, se realizó una autopsia sesgada, no existen registros fotográficos sin manipular y no hay detalles sobre las lesiones. Y, para terminar, se hizo una cremación exprés sin la contratación de los servicios funerarios por parte de la familia

Federico — Hermano de Flor Bollini

A estas reclamaciones se suma la falta de respuesta a las peticiones de información hechas a las representaciones consulares en las islas de Italia —la fallecida tenía pasaporte italiano— y Argentina.

El Consulado argentino en Palma se dirigió por primera vez al Juzgado de Eivissa encargado del caso en septiembre de 2025, según el escrito firmado por el cónsul al que ha tenido acceso este diario. En él se solicita información sobre la fecha de notificación del fallecimiento a la familia y/o al consulado, el pedido y autorización de la autopsia y cremación de la empresaria y la autorización de disposición del cuerpo por terceras personas ajenas a la familia.

El pasado 2 de junio, el órgano consular se volvía a poner en contacto con el Juzgado vía correo electrónico: “Se remite la presente Nota, en el marco de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de Relaciones Consulares de 1963 [...], solicitando tener a bien remitir a este consulado toda la información acerca del estado de la causa de referencia por pedido de su familia”.

Un mes después, el 3 de julio —antes del primer sobreseimiento provisional al considerar el juez que no había indicios suficientes de delito— hay una tercera comunicación por parte del cónsul reiterando su petición. elDiario.es se ha puesto en contacto por correo con el Juzgado competente en relación a estas cuestiones sin haber obtenido respuesta en el momento en que se publica esta información.

La falta de notificación incumpliría, según la familia, el artículo 5 y el artículo 37 del Convenio de Viena, que establecen que las autoridades competentes del Estado receptor deben informar sin demora al consulado correspondiente cuando fallece un ciudadano extranjero, siempre que dispongan de la información pertinente. En este caso, la Policía Judicial de la Guardia Civil elaboró las diligencias que posteriormente puso a disposición del Juzgado de Instrucción número 2.

Muerte “provisionalmente” violenta

El informe forense inicial, al que ha tenido acceso este periódico, calificó la muerte como “violenta”, aunque dejó pendiente de determinar su etiología médico-legal. Como causa inmediata señaló un shock cardiogénico y como causa fundamental una muerte súbita cardíaca “en posible relación con intoxicación por sustancias estupefacientes”. La calificación de “muerte violenta” no implicaba por sí misma que se tratara de un homicidio: dejaba abierta la posibilidad de un fallecimiento accidental, algo que acabaría sosteniendo el informe forense definitivo.

El informe forense inicial calificó la muerte como "violenta", aunque dejó pendiente de determinar su etiología médico-legal. Como causa inmediata señaló un shock cardiogénico y como causa fundamental una muerte súbita cardíaca "en posible relación con intoxicación por sustancias estupefacientes"

Como causa inmediata señaló un shock cardiogénico y como causa fundamental una muerte súbita cardíaca “en posible relación con intoxicación por sustancias estupefacientes”. Esta calificación no implicaba que se tratara de un homicidio: en ese momento, el informe mantenía abierta la posibilidad de un fallecimiento accidental. El mismo documento señalaba que, una vez realizado el estudio necrópsico, “no existen inconvenientes médico-forenses” para la incineración del cuerpo, siempre que se cumplieran las “normas legales pertinentes”.

La compañera de piso y amiga de la empresaria fue quien autorizó a la funeraria a solicitar el traslado del cuerpo y proceder a su incineración, según sostiene la familia. Posteriormente, el juzgado autorizó estas actuaciones, como recoge el auto. La familia cuestiona que la allegada tuviera facultades para decidir sobre el cuerpo de Florencia Bollini sin su consentimiento, aunque se desconoce si disponía de algún poder notarial que le otorgara esa potestad.

La investigación forense posterior terminó apuntando a un fallecimiento accidental, relacionado con la combinación de varias sustancias psicoactivas, la exposición prolongada a altas temperaturas en la sauna y una patología cardíaca previa. El mecanismo inmediato de la muerte volvió a situarse en un shock cardiogénico.

La investigación forense posterior terminó apuntando a un fallecimiento accidental, relacionado con la combinación de varias sustancias psicoactivas, la exposición prolongada a altas temperaturas en la sauna y una patología cardíaca previa. El mecanismo inmediato de la muerte volvió a situarse en un shock cardiogénico

La toxina del sapo bufo

El mismo día del fallecimiento se envió un formulario de remisión de muestras al Instituto Nacional de Toxicología para que se llevara a cabo un análisis toxicológico ante la sospecha de una reacción adversa a drogas de abuso. En el apartado donde se resume el historial clínico se describe que uno de los conocidos de la fallecida aseguró que en México le habían diagnosticado una patología cardiaca sin especificar cuál. También se asegura que la empresaria se definía a sí misma como curandera, con el uso de sustancias y medicamentos psicoactivos entre los que se encontraba el sapo bufo.

Se trata de una sustancia psicoactiva asociada a la secreción del sapo del desierto de Sonora (Incilius alvarius), que contiene un potente componente psicodélico. Su consumo puede provocar una experiencia alucinógena intensa, con alteraciones profundas de la percepción, la conciencia y la sensación de identidad, además de posibles efectos físicos como aumento de la frecuencia cardiaca o presión arterial elevada, entre otros.

La fallecida había consumido alcohol y drogas, además de medicamentos y “otros”, señala el informe, la noche del suceso. Entre sus pertenencias se encontraron además varios tipos de sustancias estupefacientes, entre ellas, dos cajas de ketamina producida en Florida (Estados Unidos) y un bote de pastillas de contenido desconocido. En los indicios de criminalidad, el responsable del departamento forense específica: “Se sospecha la participación en la muerte de la misma de la Bufotenina —toxina del sapo bufo— la cual, tal y como ofertaba en su página web, era su sustancia favorita y principal a la hora de realizar sus rituales”.

Fuentes cercanas a la Subdirección de Eivissa han señalado a elDiario.es, y a raíz de las acusaciones de los familiares, que el Instituto de Medicina Legal (IML) siempre mantiene una trazabilidad, también mediante registros fotográficos.

Por su parte, Bollini presentó una denuncia contra el Médico Forense Titular del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Balears ante el colegio profesional por su práctica deontológica por los resultados y el tratamiento de la autopsia. “Nunca tuvimos la custodia del cuerpo y a día de hoy no sabemos dónde están los restos”, lamentan los familiares.

Hay un Mediterráneo que no se ve desde la orilla. Bajo la superficie, entre las praderas de posidonia y los sedimentos del fondo, bacterias y otros organismos intervienen en procesos que determinan qué gases quedan atrapados en el agua y cuáles terminan en la atmósfera. Un equipo científico lleva años siguiendo ese intercambio en distintos puntos de la cuenca. Y uno de los registros más llamativos apareció en aguas de Mallorca: la bahía de Palma alcanzó en enero de 2024 el valor más alto de óxido nitroso de toda la campaña.

El dato, sin embargo, todavía no permite afirmar que el mar balear sea el que más óxido nitroso emite de todo el Mediterráneo, según explica Iris E. Hendriks, investigadora del Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados (Imedea) y una de las científicas que ha participado en esta campaña junto a la Universitat de les Illes Balears (UIB) y el CSIC.

“No podemos afirmar que el mar balear sea el que más óxido nitroso emite de todo el Mediterráneo porque no hemos medido todos los puntos”, puntualiza. El estudio ha permitido comparar las concentraciones de óxido nitroso y metano en ocho estaciones situadas en diferentes zonas del Mediterráneo, con puntos en Marruecos, Balears, Turquía y Líbano. Durante 12 meses se realizaron mediciones para cubrir las distintas estaciones del año y se sumó un mes adicional que permitiera comprobar la variabilidad interanual.

No podemos afirmar que el mar balear sea el que más óxido nitroso emite de todo el Mediterráneo porque no hemos medido todos los puntos

Iris E. Hendriks — Investigadora del Imedea

La campaña ha vuelto a poner de relieve la importancia de la Posidonia oceanica, una planta marina que realiza funciones esenciales para el Mediterráneo: oxigena el mar, captura grandes cantidades de dióxido de carbono, protege las playas frente a la erosión y alberga cientos de especies. Su conservación resulta esencial para la biodiversidad y para la lucha contra el cambio climático. Sin embargo, la planta está siendo dañada por diferentes impactos, como las aguas mal depuradas y que se vierten al mar o los fondeos ilegales sobre ella. 

En este sentido, el trabajo analiza el papel del Mediterráneo como fuente natural de gases de efecto invernadero hacia la atmósfera. Sin embargo, Hendriks aclara que medir las emisiones del mar no equivale a medir las emisiones provocadas directamente por la actividad humana. La investigadora explica que los gases presentes en la atmósfera pueden disolverse en el agua, ser reabsorbidos o volver posteriormente a la atmósfera. En el caso del metano, además, existe producción en el fondo marino que puede desplazarse a través de la columna de agua.

Una pradera bajo presión

El óxido nitroso tiene un comportamiento más complejo porque está relacionado con el ciclo del nitrógeno y con los procesos que tienen lugar en los sedimentos y en los ecosistemas marinos. En las praderas de posidonia, por ejemplo, los organismos asociados a las plantas participan en el reciclaje del nitrógeno.

La temperatura es uno de los factores que pueden alterar estos procesos. La posidonia empieza a morir cuando el mar está por encima de los 28 grados. Este verano, de hecho, la temperatura del mar Mediterráneo también ha alcanzado un récord histórico absoluto al registrar 33,02 °C en la boya de la isla Dragonera (Mallorca). Esta medición supone el récord nacional absoluto de temperatura del mar en España desde que se tienen registros. La cuenca mediterránea es considerada por muchos científicos como uno de los denominados “puntos calientes” climáticos del planeta, es decir, una zona donde los efectos del cambio climático se manifiestan con mayor intensidad.

El peligro de las aguas mal depuradas

Por tanto, un aumento de la temperatura puede estimular la actividad bacteriana en los sedimentos asociados a las praderas y favorecer la producción de metano, afirma Hendriks. También los aportes de materia orgánica procedentes de los emisarios pueden influir. Los investigadores del Imedea están estudiando esa relación en otro proyecto, todavía en fase de análisis: cómo los aportes de materia orgánica procedentes de los emisarios afectan a la actividad bacteriana y a las emisiones de metano hacia la atmósfera. Es otra de las asignaturas pendientes en Balears: dejar de tirar agua, en ocasiones mal depurada, al mar y cerrar el ciclo del agua.

Los investigadores del Imedea analizan cómo los aportes de materia orgánica procedentes de los emisarios afectan a la actividad bacteriana y a las emisiones de metano hacia la atmósfera. Es otra de las asignaturas pendientes en Balears: dejar de tirar agua, en ocasiones mal depurada, al mar y cerrar el ciclo del agua

Por otro lado, los investigadores mantienen que hay que ser prudentes respecto a los resultados, ya que habría que mantener las mediciones durante el tiempo suficiente como para detectar y establecer tendencias. Hendriks, así como el equipo de investigadores en el que trabaja, dispone de financiación para continuar recogiendo datos hasta abril de 2027. Para entonces se cumplirán nueve años de investigación. “Estas series temporales, para que tengan más valor, necesitan mantenerse durante más de diez años”, explica.

La investigadora apunta a un problema habitual en la ciencia. Considera que existe una contradicción entre la necesidad de investigar durante más de una década un tema para establecer resultados consistentes –que vayan más allá de las hipótesis iniciales–, mientras que en ocasiones los proyectos de financiación científica son de entre dos y cuatro años. “Hay una discrepancia entre la visión a largo plazo y la financiación”, lamenta.

Para Hendriks es fundamental realizar más estudios, en más lugares y durante más años, para comprobar si los resultados obtenidos hasta ahora responden a una tendencia en el tiempo.

Mejorar la salud del mar

Mientras los científicos reclaman más financiación para realizar más estudios y recopilar más datos, hay medidas que sí pueden adoptarse en el ámbito local, estatal y global. Hendriks distingue entre las acciones necesarias para monitorizar el estado del mar y las que permitirían mejorarlo. Para la monitorización considera fundamentales el estado de las praderas de posidonia, el oxígeno y la temperatura.

La mejora, en cambio, depende en buena medida de decisiones políticas. El cambio climático y el incremento de las temperaturas del mar son amenazas para las praderas de posidonia sobre las que resulta difícil actuar solamente a escala local, ya que la crisis climática debe abordarse en el ámbito global, y eso va más allá de las políticas que puedan llevarse a cabo en Madrid. O incluso en Bruselas.

No obstante, Hendriks cree que en el ámbito de las competencias de las administraciones locales, autonómicas y estatales, hay que diseñar mejores políticas de protección para las praderas de posidonia –a lo que habría que sumar más vigilancia–, así como mejoras en los sistemas de depuración de las aguas residuales y de los emisarios.

El edificio de Gesa, una de las construcciones más reconocibles -y también más controvertidas- del frente marítimo de Palma, encara una nueva etapa tras dos décadas de abandono, proyectos inmobiliarios frustrados y un sinfín de litigios judiciales. El estudio de arquitectura Cruz y Ortiz ha ganado el concurso de anteproyectos convocado por el Ayuntamiento para transformar el inmueble y su entorno en un gran complejo cultural y de innovación.

La propuesta ha sido presentada este viernes por el alcalde, Jaime Martínez, junto a los arquitectos responsables de dar nueva vida al complejo, quienes han asegur. El proyecto contempla la rehabilitación del edificio, la incorporación de nuevos equipamientos públicos y la creación de un amplio espacio libre que pretende recuperar la conexión entre la ciudad y el mar. Como ha explicado el arquitecto Antonio Cruz, la actuación se llevará a cabo respetando todos los valores patrimoniales y aplicando el criterio de mínima edificación.

Más allá del edificio, ha señalado, se ampliarán las zonas verdes mediante dos grandes plataformas, una situada a la cota de la calle Joan Maragall y otra a nivel del Paseo Marítimo, ambas conectadas entre sí. En el extremo oeste del ámbito se levantará además un nuevo edificio de aspecto ligero y acristalado que funcionará como contrapunto contemporáneo de la torre de Gesa y acogerá parte del programa del futuro Centro Cultural de Arte y Creación.

Entre ambos edificios se proyecta un gran espacio público concebido como un parque litoral continuo, articulado mediante una gran pérgola ajardinada que tendrá una doble función: generar vegetación y actuar como captador fotovoltaico. El proyecto incorpora también sistemas fotovoltaicos, energía geotérmica y medidas de eficiencia energética. La intervención paisajística recurrirá principalmente a especies mediterráneas y autóctonas adaptadas al clima de Mallorca y con bajos requerimientos de agua.

Una biblioteca, un auditorio y espacios para innovación

El futuro complejo aspira a convertirse en una de las piezas principales del denominado Palma Culture and Innovation Bay. El Ayuntamiento prevé instalar allí espacios vinculados a la innovación, la cultura, la sostenibilidad y los sectores estratégicos de la ciudad.

El listado de usos anunciado por Cort incluye el Instituto Municipal de las Artes, el Centro Cultural de Arte y Creación, la Biblioteca Central, una ludoteca y mediateca, incubadoras empresariales, alojamiento temporal para emprendedores e investigadores, una Oficina de Atención a la Ciudadanía, un Centro de Interpretación de la Energía y un auditorio, además de espacios polivalentes y otros servicios.

La propuesta ganadora parte, según sus autores, del criterio de “mínima edificación” y del respeto a los valores patrimoniales del inmueble. El objetivo declarado por el Ayuntamiento es que la intervención no sea únicamente una rehabilitación arquitectónica, sino una transformación de todo el entorno.

El proyecto llega después de que el Ayuntamiento consiguiera cerrar el largo conflicto sobre la propiedad del edificio. En diciembre de 2024, Cort aprobó un acuerdo transaccional con Endesa para adquirir Gesa y dos parcelas anexas por 25,3 millones de euros. De esa cantidad, 16,9 millones correspondían a compensaciones y cancelaciones con la compañía eléctrica, mientras que diez millones se destinaban al edificio y 5,2 millones a las dos parcelas. El acuerdo permitió además aparcar litigios que el Consistorio cifraba en más de 60 millones de euros.

De proyecto de viviendas de lujo a edificio protegido

La historia de Gesa explica por qué una intervención que ahora se presenta como una gran operación cultural ha tardado décadas en llegar. El inmueble fue proyectado por el arquitecto Josep Ferragut y fue inaugurado en 1977 como sede de la compañía eléctrica. Durante más de veinte años funcionó como edificio de oficinas hasta que Gesa abandonó sus instalaciones. A partir de entonces comenzó un prolongado proceso de deterioro.

El giro más importante se produjo en 2005. Núñez y Navarro compró a Gesa -actualmente integrada en Endesa- los terrenos del Paseo Marítimo por 85 millones de euros con la intención de levantar alrededor de 200 viviendas de lujo. El proyecto implicaba el derribo del edificio. La operación se produjo después de que el Ayuntamiento, entonces gobernado por el PP, hubiera aprobado una modificación del planeamiento de la fachada marítima que contemplaba una profunda transformación urbanística de la zona.

El plan inmobiliario chocó, sin embargo, con la protección patrimonial del inmueble. El Consell de Mallorca declaró Gesa Bien Catalogado con los votos de PSOE, UM, Esquerra Unida/Els Verds y PSM, mientras que el PP votó en contra. La catalogación impedía su demolición y dio paso a una larga batalla judicial entre la promotora, Endesa y las administraciones.

El conflicto se extendió durante años y llegó a afectar incluso al caso Can Domenge. Núñez y Navarro presentó una querella contra la cúpula de Unió Mallorquina por la adjudicación de aquellos terrenos a Sacresa, en una operación por la que Maria Antònia Munar acabaría siendo condenada por corrupción. En aquel momento, algunos interpretaron la denuncia como una posible represalia por la protección de Gesa, aunque esa supuesta relación nunca quedó judicialmente acreditada.

La pugna urbanística continuó después. El Supremo condenó en 2014 a Endesa a devolver a Núñez y Navarro los 85,2 millones que había recibido por la operación, al considerar que el aprovechamiento urbanístico sobre el que se sustentaba la compra partía necesariamente del derribo del edificio.

La situación todavía se complicaría más. Tras diferentes cambios de gobierno y decisiones urbanísticas, una resolución judicial de 2017 obligó al Ayuntamiento a devolver a Endesa el edificio y tres solares anexos. Gesa siguió deteriorándose mientras se sucedían las propuestas para encontrarle un uso.

El final de una larga disputa

La compra cerrada por el Ayuntament en 2024 puso fin a buena parte de esa incertidumbre. El Consistorio adquirió el edificio y dos parcelas colindantes y anunció que convocaría un concurso de ideas para decidir su transformación. En aquel momento todavía no estaban cerrados los usos definitivos.

Ahora ese concurso ya tiene ganador. Cruz y Ortiz propone conservar y rehabilitar la pieza histórica, pero acompañarla de un nuevo espacio público de grandes dimensiones y de un volumen contemporáneo de vidrio. La operación pretende convertir un edificio que durante años fue símbolo de abandono y conflicto urbanístico en una de las principales puertas de entrada a la nueva estrategia cultural y de innovación de Palma.

El alcalde sostiene que la intervención permitirá “volver a conectar” la ciudad con su frente marítimo y convertir el enclave en una pieza central del distrito de innovación, cultura y conocimiento que impulsa Cort.

Después de casi dos décadas en las que Gesa ha pasado de ser objeto de una operación inmobiliaria para construir viviendas de lujo a convertirse en patrimonio protegido, escenario de una prolongada batalla judicial y finalmente propiedad municipal, el edificio afronta ahora el proyecto que puede cambiar definitivamente su papel en la fachada marítima de Palma.

En las profundidades de Mallorca hay un patrimonio cuantitativamente difícil de valorar: laboratorios naturales donde la vida se ha ido adaptando a condiciones complicadas para la mayor parte de los seres vivos, oscuridad permanente, niveles bajos de oxígeno y recursos energéticos limitados. Las cuevas costeras submarinas son el hogar de organismos únicos, algunos aún por descubrir, y también un espacio amenazado por la presión humana, la contaminación y el cambio climático. 

Investigadores y expertos en conservación marina han apuntado a la masificación turística como principal némesis de la preservación de las cavidades que en la más grande de las Balears suman más de 4.000. Poco a poco, las más desconocidas se revelan a través de las redes sociales, que sirven de ventana a cualquier espacio natural incitando a su exploración. También de guías turísticos que, sin licencia para ello, organizan estas visitas sin cumplir con la normativa establecida por el Govern para el sector de la espeleología. 

Las cuevas son ecosistemas calcáreos sensibles, en general, pero las de Mallorca cuentan además con un añadido: son ricas en espeleotemas, estructuras minerales que se forman por la precipitación de minerales disueltos en el agua que gotea en el interior. Es decir, estalactitas, estalagmitas y columnas, de carácter muy frágil y que corren más riesgos de quebrarse cuanto más aumenta la presencia humana. Funcionan como un universo propio y a veces como yacimiento paleontológico de restos de materia que ha caído al interior y se ha preservado miles o millones de años. Esto les otorga un elevado valor arqueológico que ha permitido sacar conclusiones de la etapa talayótica, romana y otros periodos importantes de la historia de las islas. 

Los espeleotemas, a través de su erosión, permiten conocer, por ejemplo, la evolución del nivel del mar en el transcurso de los milenios. También a nivel biológico son importantes: hay seres vivos que han quedado relegados del medio exterior por los cambios ambientales y se refugian en estas cavidades.

“Son ambientes que no están preparados para recibir mucha gente”, señala Xisco Gràcia, investigador de la Universitat de les Illes Balears (UIB) partícipe en el proyecto BioCAVE que estudia las grutas del litoral para comprenderlas a nivel ecosistémico y su interconectividad —a través de túneles submarinos—. “Las cuevas que no son turísticas —como las famosas cuevas del Drac o las de Hams— no están preparadas para recibir visitantes y, además, son una reserva ecológica donde hay especies endémicas extrañas y formaciones delicadas en las que cualquier alteración puede ser perjudicial”, señala a elDiario.es. 

Son ambientes que no están preparados para recibir mucha gente. Las cuevas que no son turísticas —como las famosas cuevas del Drac o las de Hams— no están preparadas para recibir visitantes y, además, son una reserva ecológica donde hay especies endémicas extrañas y formaciones delicadas en las que cualquier alteración puede ser perjudicial

Xisco Gràcia — Investigador de la Universitat de les Illes Balears

Es una situación, por otro lado, difícil de controlar en el caso de las cavidades no protegidas y excluidas de la actividad comercial, al ser lugares abiertos al público donde no se puede poner un vigilante que controle el acceso. Algunas están protegidas (especialmente las que tienen continuaciones acuáticas, por Recursos Hídricos) con la categoría Zona de Especial Conservación (ZEC) —son un total de 30, incluidas en el Plan de Natura 2000— y otras cuentan con la categoría de Bien de Interés Cultural (BIC). Pero no es la tónica habitual, lo que dificulta la preservación de las que tienen una condición más salvaje.

La masificación turística, en el foco

Uno de los principales problemas de este descontrol reside en la “masificación turística”, según Gràcia. No solo en las cuevas, sino también en torrentes, las calas y los espacios naturales en general. A la saturación se añade el hándicap añadido del anuncio de estos enclaves hasta ahora “secretos” —o conocidos sólo por los locales— en redes sociales. Así como en aplicaciones -gratuitas o de pago- que ayudan a los excursionistas a llegar a lugares recónditos, como Wikiloc, sin que estos estén concienciados de cómo se tienen que comportar en espacios naturales vulnerables. 

El número de turistas que visitan las islas ha aumentado de 320.000 visitantes en 1959 hasta los 19 millones el pasado 2025, recuerdan desde la Fundación Marilles. “Esto significa que, en poco más de medio siglo, la cantidad de personas que nos visitan se ha multiplicado por 60”, señala una portavoz de la fundación sin ánimo de lucro, que trabaja por la conservación marina en las islas.

Las cuevas son importantes para conocer la evolución del nivel del mar en el transcurso de los milenios y porque hay seres vivos que se refugian en estas cavidades

El aumento de esta población visitante provoca picos de más de dos millones de personas al mismo tiempo en el territorio insular, generando una presión humana que se nota en tierra y también en el medio marino: “El mar tiene cierta capacidad de resiliencia, pero es limitada”.

El incremento del número de embarcaciones, el ruido, el tráfico marítimo, la contaminación u otras alteraciones derivadas de la actividad humana son las causantes de impactos que, sostenidos en el tiempo, acaban afectando al funcionamiento de los sistemas ecológicos y comprometiendo su capacidad de recuperación.

Los efectos, por otra parte, no son siempre inmediatamente visibles: un ecosistema puede seguir pareciendo saludable mientras está sometido a una presión creciente. Es determinante, en ese sentido, llevar un seguimiento y fijarse en los indicadores ambientales que permiten percibir los cambios perjudiciales antes de que sea demasiado tarde y se llegue a un punto en que sean irreversibles.

‘Influencers’ e intrusismo en el sector

Tanto investigadores como ecologistas valoran que conservar el medio marino no significa eliminar la actividad humana, sino conseguir que esta actividad sea compatible con la capacidad de los ecosistemas: “Necesitamos saber qué presión puede asumir cada espacio y gestionarla en consecuencia, especialmente en los periodos y las zonas de mayor afluencia”, comentan desde Marilles. Defienden que la conservación marina debe formar parte de la planificación del territorio y de la actividad económica. 

IB Activa, Asociación de Empresas de Turismo Activo de las Illes Balears, asociada a la Confederación de Asociaciones Empresariales de Balears (CAEB), comparte la “preocupación” expresada por algunas entidades especializadas en relación con la conservación de las cuevas marinas de Mallorca. La popularización de estos espacios naturales por parte de creadores de contenido y del intrusismo en el sector del turismo activo es la otra parte del conflicto entre actividad humana y cuidado medioambiental.

Existen cada vez más guías ‘pirata’ que no se ajustan a los cánones profesionales del sector y cuya actividad comercial se desarrolla al margen de la normativa, que fija, entre otras cosas, un máximo de doce personas por grupo a la hora de acceder a las cuevas y un calendario de visitas que va de lunes a viernes. “De hecho, los grupos se suelen hacer solamente de entre siete y nueve personas, porque una docena para un solo guía son demasiadas”, explica Toni Rotger, presidente de IB Activa. 

Existen cada vez más guías ‘pirata’ que no se ajustan a los cánones profesionales del sector y cuya actividad comercial se desarrolla al margen de la normativa, que fija, entre otras cosas, un máximo de doce personas por grupo a la hora de acceder a las cuevas y un calendario de visitas que va de lunes a viernes

El representante rechaza, al ser consultado por elDiario.es, que la masificación turística sea el origen del problema de conservación: “A los turistas les controlamos nosotros, porque normalmente reservan tours”. Otro problema añadido son los excursionistas que deciden por su cuenta, mayoritariamente los españoles, incluidos los isleños. 

Estos son los que, según Rotger, mayoritariamente cometen imprudencias, como entrar sin casco a las cavidades, tirarse de cabeza dentro de los lagos del enclave (donde se bañan sin neopreno), tocar las formaciones geológicas o alzar demasiado la voz sin tener en cuenta que las vibraciones y otras intervenciones humanas son perjudiciales para el ecosistema.

Actitudes que los guías -con una formación específica y vinculados al medio natural- intentan evitar mediante indicaciones antes de empezar la exploración de las cuevas submarinas. Según Rotger, todas las empresas dedicadas al turismo activo en Mallorca —unas cuatro o cinco— cuentan con un código deontológico compartido que en paralelo a legislación de la Conselleria de Medi Ambient, pretende reforzar la protección medioambiental. 

Algunas de las medidas que toman son hacer todos el mismo circuito para reducir el impacto, mantener la distancia entre grupos e impartir una charla informativa y de concienciación en la que además se transmiten a los visitantes las prohibiciones para cuidar este entorno. 

A veces se topan con que en las cuevas se han cometido actos vandálicos, como pintadas o el año pasado llegaron a encontrar, en una de ellas, excrementos humanos. También se ven obligados a recoger, a veces, velas de gente que ha ido a pasar “una tarde romántica”. Sobre todo, en la cueva des Coloms —la actividad acuática más vendida en la isla, según la plataforma turística online GetYourGuide—, donde se suelen encontrar a más visitantes, incluso grupos organizados de 20 y 30 personas. “Nos hemos encontrado de todo, terminamos pareciendo policías allí dentro”, termina. 

“Mallehater go home” (“Los que odiáis Mallorca, iros a casa”). Es el título de la nueva canción de dos artistas vinculados al Ballermann, epicentro del turismo alemán de fiesta en la Playa de Palma. El tema se presenta como una respuesta a los germanos que afirman que el Ballermann es “solo para asociales”, pero la provocación ha soliviantado a residentes de la isla, incluidos alemanes que viven en Mallorca, que sostienen que este tipo de mensajes alimenta el enfrentamiento en torno al turismo de borrachera, además de considerarlos una burla hacia las movilizaciones que han llevado a miles de personas a las calles para protestar contra la presión turística.

El título juega con dos expresiones. 'Malle', el término coloquial que utilizan muchos alemanes para referirse a Mallorca, y “go home” -“iros a casa”-, el lema que en los últimos años también se ha popularizado como expresión de rechazo a la masificación turística y a sus efectos sobre la población residente. En el videoclip -que ya ha sido retirado de YouTube- y en los materiales promocionales, sus protagonistas utilizan también gestos y mensajes provocadores para reforzar la idea de que quienes desprecian el turismo alemán de fiesta son los que deberían marcharse.

Por su parte, una página alemana especializada en la promoción de música de fiesta vinculada a Mallorca subraya que, con esta canción, Honk! y Der Partycrasher plantan cara a quienes “hablan mal” de Mallorca: “No hay nada que discutir ni se pide opinión: solo un mensaje claro para todo Mallehater: ¡Go home!”.

El tema ha generado controversia en redes sociales, donde numerosos usuarios ven en la canción una mofa de las protestas que han congregado a miles de personas contra la masificación turística en Balears. Sus autores, sin embargo, aseguran que la canción es una provocación musical dirigida únicamente contra los alemanes que “insultan o menosprecian” a los turistas que acuden al Ballermann para disfrutar de su oferta de fiesta, como señalan en declaraciones al diario Mallorca Zaitung.

La pieza musical, publicada el pasado 4 de septiembre, dura 2 minutos y 36 segundos y pertenece al género conocido como partyschlager, la música festiva alemana estrechamente asociada al ambiente del Ballermann de la Playa de Palma.

Entre las reacciones difundidas en redes sociales hay también críticas procedentes de alemanes residentes en la isla, que consideran que el tema perjudica precisamente a la comunidad con la que conviven. Uno de ellos sostiene que la canción vuelve a alimentar el estereotipo del germano arrogante que cree que Mallorca le pertenece. El autor lamenta que quienes viven y trabajan en la isla, pagan allí sus impuestos y tratan de mantener una buena convivencia con los mallorquines tengan que asumir las consecuencias de las actuaciones de las “estrellas” del Ballermann.

La publicación contrapone además las reivindicaciones de los residentes -como poder vivir sin encontrarse con personas orinando en la calle a primera hora de la mañana- con el mensaje de la canción. Con ironía, resume la situación: quien vive en Mallorca, paga sus impuestos y quiere limitar los excesos del turismo puede acabar siendo considerado un 'Mallehater'.

Otro comentario, también en alemán, reclama que no se confunda a los Mallehater con los mallorquines y sostiene que el término se refiere a personas que quieren perjudicar Mallorca. El usuario asegura que, según los productores, se trataría principalmente de residentes extranjeros que “juzgan, insultan y rechazan” a los turistas que eligen la isla como destino.

En la misma línea, otro usuario señala que la zona de s'Arenal llamada “Ballermann” entre alemanes “genera mucha polémica en Alemania”, porque “muchos se avergüenzan del comportamiento de sus compatriotas y de su música cutre salchichera”. “Hay todo un subgénero comercial producido para este ambiente que es 'odiado' al igual que la expresión 'Malle', ya que va ligada al cutrerío de un tipo específico de turismo”, asevera.

El enfrentamiento se produce en plena discusión en Mallorca sobre los efectos de la masificación turística y sobre la necesidad de cambiar el modelo de crecimiento de la isla. La Playa de Palma y, especialmente, el entorno conocido como Ballermann 6 se han convertido durante décadas en uno de los principales símbolos del turismo alemán de fiesta.

La polémica, además, no es nueva. Este mismo verano, un anuncio dirigido al público alemán instalado en el aeropuerto de Palma provocó el malestar del Govern balear por la imagen que proyectaba de la isla. El cartel jugaba con el popular lema “Lo que pasa en Mallorca se queda en Mallorca” y lo transformaba en “Lo que pasa en Malle se paga en Malle”, una referencia que el Ejecutivo autonómico consideró vinculada al turismo de excesos y a los estereotipos que rodean a la isla entre parte del público alemán.

El anuncio pertenecía a una campaña de la entidad financiera alemana Sparkasse para promocionar Wero, su plataforma de pagos, y desde la compañía defendieron que se trataba de un juego publicitario pensado para sus clientes. La controversia volvió a poner sobre la mesa el choque entre la imagen festiva de Mallorca que se explota comercialmente en Alemania y el rechazo creciente en la isla a que el destino siga asociado al alcohol, la fiesta y los comportamientos incívicos.

La Guardia Civil ha detenido este jueves en Calella (Barcelona) a Carlos García Roldán, 'Charly', considerado el cerebro de la trama de Lujo Casa, la mayor estafa inmobiliaria orquestada en Mallorca. El arrestado llevaba nueve meses fugado de la Justicia tras haber sido condenado a 14 años y nueve meses de prisión por la Audiencia Provincial de Balears.

Agentes del Instituto Armado de las islas se han desplazado hasta la localidad barcelonesa después de localizar su paradero. García Roldán se hallaba en el domicilio de su madre, el mismo lugar en el que se encontraba cuando recibió la notificación de la sentencia condenatoria en diciembre del pasado año. Cuando los agentes se han personado allí, el acusado estaba escondido en un mueble situado debajo del fregadero, según han señalado fuentes de la investigación a elDiario.es.

La localización ha sido posible a raíz de la investigación llevada a cabo por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de las islas, que determinó que podría estar recibiendo apoyo de su entorno familiar. Para acceder a la vivienda, los agentes obtuvieron una autorización judicial de entrada y registro de la Audiencia balear. El detenido deberá pasar ahora a disposición del juzgado de guardia del municipio en el que ha sido arrestado.

El tribunal de la Sección Segunda condenó a García Roldán por delitos de estafa agravada, pertenencia a grupo criminal, insolvencia punible y blanqueo de capitales, señalándolo como el “verdadero director” del entramado empresarial utilizado para captar el dinero de los compradores.

La sentencia considera probado que los integrantes de la red criminal comercializaron promociones fantasma a través de una enmarañada red de empresas pantalla y simulaban ser promotores de experiencia consolidada y gran solvencia a pesar de que nunca contaron con medios financieros y materiales para desarrollar la actividad. Los acusados captaron anticipos por un total de 3,4 millones de euros de al menos 235 compradores, quienes entregaron a cuenta decenas de miles de euros -entre 5.000 y más de 100.000 euros cada uno- por viviendas que no existían.

Los compradores, en muchos casos parejas jóvenes que pretendían adquirir una vivienda, entregaron decenas de miles de euros como reservas para promociones que finalmente nunca llegaron a ejecutarse.

Nueve meses en paradero desconocido

García Roldán se encontraba en libertad provisional cuando fue condenado. El día siguiente a la notificación de la sentencia debía comparecer ante la Audiencia Provincial para una vista en la que estaba previsto revisar las medidas cautelares que pesaban sobre él hasta que la resolución adquiriese firmeza. No se presentó. Alegó que se encontraba fuera de Mallorca y que no había encontrado vuelos para regresar a Palma. Desde entonces permanecía en paradero desconocido y pesaba sobre él una orden de búsqueda, captura y detención dictada por la Audiencia Provincial el mismo mes de diciembre.

La fuga no era, sin embargo, una situación nueva para García Roldán. Durante la investigación de la trama ya había abandonado España y se había trasladado a Colombia, donde permaneció durante un tiempo antes de ser extraditado para poder continuar el procedimiento judicial. La propia fuga a Sudamérica fue uno de los episodios centrales de la investigación sobre Lujo Casa.

El principal responsable del entramado llegó incluso a modificar su apariencia física antes de abandonar España en 2018, cuando los compradores empezaron a sospechar que podían haber sido víctimas de una estafa.

Viviendas que nunca se construyeron

Fue a finales de 2015 cuando García Roldán puso en marcha la inmobiliaria que acabaría dando nombre a una de las mayores estafas inmobiliarias investigadas en Balears. El entramado se apoyó en distintas sociedades, entre ellas Mallorca Investment, que permitían proyectar una imagen de solvencia y experiencia empresarial.

Los compradores eran atraídos por promociones de viviendas sobre plano que, según acreditó posteriormente la investigación, en numerosos casos ni siquiera se correspondían con proyectos propios. Las empresas utilizaban fotografías de promociones ajenas o extraídas de Internet para publicitar viviendas que nunca llegarían a construirse.

La apariencia de profesionalidad era una de las claves del engaño: en las oficinas trabajaban comerciales, administrativos y otros profesionales, mientras que arquitectos y constructores contribuían a reforzar ante los clientes la imagen de que detrás de las promociones existía una estructura empresarial real.

La Audiencia Provincial concluyó finalmente que no se trataba de simples promociones inmobiliarias que hubieran fracasado, sino de un “negocio civil criminalizado”: contratos utilizados como pantalla para un plan preconcebido de captación de fondos. El tribunal consideró probado que García Roldán controlaba las sociedades, las promociones, los contratos y los movimientos de dinero.

Durante el juicio, García Roldán negó las acusaciones. Aseguró que había explicado a los compradores los riesgos de las operaciones y sostuvo que las promociones podrían haberse ejecutado si no se hubiera producido una “estampida” de clientes que reclamaron la devolución de sus reservas. Sobre su huida a Colombia, afirmó que actuó “por miedo” y llegó a decir que debería haber solicitado una suspensión de pagos.

La sentencia, sin embargo, concluyó que el grupo había actuado de forma reiterada y organizada para captar dinero de los compradores sin contar con la capacidad ni la intención de ejecutar las viviendas prometidas. Además de García Roldán, la Audiencia condenó a otros dos de los integrantes de la trama.

Cuando suena la alarma por la mañana, mi primer pensamiento no es qué voy a desayunar o qué tengo que hacer en clase o en el trabajo. Mi primer pensamiento es cuánto pesa mi cuerpo. Es un peso real, físico, como si las sábanas estuvieran hechas de cemento. No es pereza, es algo mucho más profundo que viene de toda la medicación que me tomé el día anterior y, sobre todo, del hipnótico que me ayudó a “desconectarme” por la noche. Me quedo ahí un rato, mirando a la nada, intentando que mis músculos respondan. Hay mañanas en las que siento que soy un motor viejo que arranca a tirones y le cuesta la vida ponerse en marcha y otras, pocas, en las que parece que la medicación por fin hace lo que debe y se enciende una luz que me permite funcionar.

Pero lo normal es ese inicio lento. Me levanto sin fuerzas, con la sensación de que todavía no he terminado de despertarme del todo. Es como si una parte de mí se hubiera quedado atrapada en el sueño químico de la noche anterior. Voy al baño, me lavo la cara y me miro al espejo, pero a veces me cuesta reconocerme en esos ojos que parecen estar siempre un poco empañados. Es la rutina de empezar el día a contracorriente, intentando alcanzar un ritmo que el resto del mundo ya ha pillado hace horas.

Y lo más duro es saber que no soy una excepción, sino parte de una generación exhausta: según los últimos datos del Barómetro Juventud, Salud y Bienestar, más de la mitad de los jóvenes en España (el 54,7%) afirma haber tenido problemas de salud mental en el último año. No es un caso aislado, es una crisis colectiva; de hecho, el Informe Juventud en España alerta de que la tasa de problemas psicológicos en jóvenes de entre 15 y 34 años ha crecido un 590%, recientemente. Este despertar mediado por la química es, en silencio, la realidad compartida de miles de jóvenes en nuestro país.

Voy al baño, me lavo la cara y me miro al espejo, pero a veces me cuesta reconocerme en esos ojos que parecen estar siempre un poco empañados. Es la rutina de empezar el día a contracorriente, intentando alcanzar un ritmo que el resto del mundo ya ha pillado hace horas

La ‘vida en pausa’

Una vez que consigo salir de casa, empieza lo que yo llamo la “vida en pausa”. Es una sensación rarísima. Yo soy consciente de todo lo que pasa a mi alrededor: veo a la gente correr para coger el autobús, escucho las conversaciones en la calle, veo el movimiento de la tienda... pero no conecto. Siento que estoy en una burbuja donde el sonido llega amortiguado y nada me toca de verdad y eso me genera una impotencia increíble. Es como si yo estuviera quieta, en un punto muerto, mientras mi mundo sigue girando a toda velocidad. No soy capaz de procesar las cosas con la rapidez que se espera de mí.

A veces alguien me cuenta algo importante, algo que debería hacerme reaccionar, y yo me quedo ahí, procesando las palabras como si me estuvieran hablando en otro idioma. No es que no me importe, es que mi cerebro está trabajando bajo el efecto de los ansiolíticos y todo va más despacio. Esa falta de conexión me hace sentir muy sola, incluso cuando estoy rodeada de gente. Me pregunto si ellos notan que no estoy “ahí”, si se dan cuenta de que mi mirada está perdida en algún punto entre lo que dicen y lo que yo soy capaz de entender. Es como vivir con un desfase constante entre la realidad y mi cabeza.

A veces alguien me cuenta algo importante, algo que debería hacerme reaccionar, y yo me quedo ahí, procesando las palabras como si me estuvieran hablando en otro idioma. No es que no me importe, es que mi cerebro está trabajando bajo el efecto de los ansiolíticos y todo va más despacio. Esa falta de conexión me hace sentir muy sola, incluso cuando estoy rodeada de gente

El precio de querer seguir

Todo empezó con una lesión en la espalda que, de la noche a la mañana, paralizó mi vida por completo durante meses. Estaba intentando lidiar con la frustración de perder mi rutina cuando me tuvieron que operar de las muelas del juicio. Estaba en plena recuperación física cuando, a la semana, falleció mi abuelo, y apenas unos días después se terminó mi relación de pareja. Fue una avalancha de dolor físico, pérdida y estrés emocional en muy poco tiempo. Mi cuerpo y mi mente no pudieron soportar tanta presión de golpe; me hundí anímicamente, la ansiedad se disparó y perdí por completo la capacidad de dormir. Por eso, a principios de enero de 2026, tuve que empezar esta medicación: Zolpidem, Rivotril y Fluoxetina prescritas por un médico.

Aceptar que mi vida dependía de unas pastillas fue uno de los tragos más amargos que he tenido que pasar. Al principio me negaba, pensaba que era una señal de debilidad o que me estaba convirtiendo en una especie de robot. Pero luego me paré a pensar con calma. Entendí que no quería estar medicada el resto de mi vida, pero que quería vivir el resto de mi vida y, si para eso tenía que aceptar este proceso, lo iba a hacer. Fue una decisión de supervivencia. No me gusta tomarme todo esto, es que sé que, sin toda la medicación, el pozo sería demasiado hondo como para salir sola. Y es una red de seguridad que sostiene a muchas más mujeres que a hombres: los datos reflejan que en España el 10% de la población sufre ansiedad, pero la incidencia en mujeres duplica a la de los hombres. Somos mayoría las que libramos esta batalla.

Entendí que no quería estar medicada el resto de mi vida, pero que quería vivir el resto de mi vida y, si para eso tenía que aceptar este proceso, lo iba a hacer

Aun así, el proceso es duro. Estar en este estado de “pausa” constante te quita muchas cosas. Hay días en los que me siento totalmente plana, como si mis emociones estuvieran atrapadas y yo hubiera dejado de poder sentirlas. No siento alegría, pero tampoco una tristeza insoportable... hasta que, de repente, todo explota. Puedo estar horas sin sentir absolutamente nada y, de la nada, empezar a llorar sin saber por qué sin que haya pasado nada concreto. Es como si mi cuerpo necesitara soltar todas las emociones y sentimientos que la medicación mantiene alejada de mí durante el día. Es un llanto que me deja agotada, sin fuerzas para nada, y que me recuerda que, aunque esté medicada, el dolor sigue presente.

La lucha contra el silencio mental

Cuando por fin termina el día y llego a casa, aparece el miedo a la noche. La gente piensa que, con toda la medicación que tomo, dormir es fácil, pero para nada. Mi cabeza es mi peor enemiga cuando intento dormir. Empieza a darle vueltas a todo: a lo que hice mal, a lo que no hice, a lo que me da miedo del futuro... Es una lucha constante. Mi mente se resiste a apagarse, pelea contra el efecto de la pastilla como si le fuera la vida en ello y es una sensación de angustia muy fuerte. Quiero dormir, necesito descansar, pero mis pensamientos son como un ruido de estática que no me deja en paz. Y parece que este ruido mental colectivo va en aumento, pues la demanda de antidepresivos en las farmacias, según el Observatorio de Tendencias de Cofares, se ha disparado un 24% en el último año. Cada vez somos más las mentes que necesitan un freno de mano externo.

Al final la química siempre gana. Por mucho que mi ansiedad intente mantenerme despierta, llega un momento en que el hipnótico hace su efecto. No es un sueño bonito ni natural. Es como si alguien me diera un golpe y me apagara al instante. Me rindo porque no me queda otra, porque mi cuerpo ya no puede más. Es una desconexión forzosa que me lleva a ese vacío negro hasta la mañana siguiente, cuando la alarma vuelve a sonar y el ciclo de pesadez y falta de fuerzas empieza otra vez desde cero.

El miedo a lo que vendrá después

Vivir así te hace plantearte muchas cosas sobre el futuro. Tengo miedos, demasiados. Me da miedo pensar que no voy a ser capaz de superar esto nunca, que esta versión de mí, a medias y medicada, es la que se va a quedar para siempre. Me aterra perderme los mejores años de mi vida por estar en este estado de somnolencia constante y no saber quién soy yo realmente sin todos estos fármacos. A veces trato de recordar cómo era antes de todo esto, pero me cuesta, como si esa versión de mí fuera un personaje de una película que vi hace mucho tiempo y no soy capaz de recordar con claridad.

Tengo miedos, demasiados. Me da miedo pensar que no voy a ser capaz de superar esto nunca. Me aterra perderme los mejores años de mi vida

Pero también tengo el miedo contrario: el miedo a dejar las pastillas. ¿Y si las dejo y descubro que no puedo manejar la realidad? ¿Y si el abismo que me trajo hasta aquí sigue igual de profundo y me caigo otra vez? Es un equilibrio muy precario. Por un lado, quiero mi libertad, pero, por otro, me da pánico lo que pueda pasar si me quitan esta red de seguridad. Es una sensación de dependencia que me hace sentir pequeña, pero soy consciente de que todo esto es un proceso y que no puedo saltarme pasos.

Una carrera de fondo sin meta clara

A pesar de todo lo malo, trato de ser positiva, aunque sea por puro agotamiento. Sé que el hecho de estar escribiendo esto, de ser capaz de analizar cómo me siento, ya es un paso. La medicación me tiene en pausa, sí, pero esa pausa también me está dando el tiempo necesario para recomponerme por dentro, aunque sea muy despacio. No es el camino que yo hubiera elegido, pero es el que me ha tocado para seguir adelante y tengo que respetarlo. No puedo pedirle a mi cuerpo que corra una maratón cuando todavía está aprendiendo a caminar de nuevo.

A cualquiera que lea esto, le diría que no me juzgue por mi falta de energía o por mi mirada perdida. Tengo 22 años y no es que no quiera esforzarme, es que estoy librando una batalla interna que consume todas mis reservas. La medicación es mi armadura, pero es una armadura muy pesada que me cansa solo de llevarla puesta. Espero que algún día pueda quitármela y caminar ligera, pero mientras tanto, sigo aquí, paso a paso, intentando que el motor no se pare del todo y esperando que, poco a poco, la luz de cada mañana deje de pesar tanto y empiece a brillar de nuevo, pero esta vez de verdad.

El Govern investiga el lago artificial de la fiesta premium ambientada en el Antiguo Egipto que se celebró el 13 de agosto en la cantera de Can Coix –Sant Antoni de Portmany, Eivissa–, un enclave natural ubicado cerca de una zona protegida. Así lo ha anunciado Juan Manuel Lafuente, conseller del Mar y del Ciclo del Agua, durante la sesión plenaria de este miércoles, después de haber sido interpelado por la diputada socialista Pilar Costa.

“Pero deje que investiguemos. No condene a la gente antes de que haya una investigación, antes de que se pidan los datos sobre de dónde ha salido el agua, cuál es la trazabilidad de esa agua y qué es lo que ha ocurrido”, ha respondido el conseller. Anteriormente, Costa le reprochó que, a su juicio, estaban “tomando el pelo a la ciudadanía”, ya que el Ayuntamiento de Sant Antoni –donde gobierna el PP, como en el Govern– había autorizado la fiesta en la que se utilizaron entre 60 y 170 toneladas de agua (60.000 a 170.000 litros) para crear un lago ornamental.

La firma estadounidense Van Wyck & Van Wyck consiguió el alquiler del espacio previo pago de una tasa municipal de apenas 199 euros, para posteriormente diseñar una fiesta que contempló pirámides, esfinges, torres de luces y música electrónica con el objetivo de desplegar un evento de lujo al que solo se pudo acceder mediante una exclusiva guestlist, como detallaron a elDiario.es trabajadores, completamente vestidos de negro, cuando la fiesta estaba a punto de dar comienzo. En torno a una estética inspirada en el Antiguo Egipto, figuras como la reina Nefertiti –que gobernó uno de los periodos más ricos de la dinastía de los faraones– y Cleopatra fueron utilizadas para alimentar a través de las redes sociales una juerga bajo un manto de secretismo y misterio.

La diputada socialista Pilar Costa ha aprovechado su turno de palabra para afear al Ejecutivo autonómico que el Ayuntamiento de Sant Antoni había autorizado la celebración de un cumpleaños cediendo el espacio de la cantera de Can Coix a una empresa estadounidense multimillonaria. “Parece que al Partido Popular le hace mucha gracia que, en plena sequía, se malgasten 170 toneladas de agua. Agua potable, además, que fue suministrada mediante camiones cisterna”, ha lamentado. Costa ha puesto contexto al despilfarro: se produce en unas islas que en algunos casos estaban en alerta y prealerta por sequía, con restricciones de agua. “¿A usted le parece admisible (...) que se promuevan fiestas en las que se tiran toneladas de agua al mar por el capricho de algunos?”, ha cuestionado la socialista.

El conseller del ramo ha discrepado, sin embargo, de las críticas vertidas por Costa. “Creo que todos coincidimos en que cualquier acción que suponga un derroche de agua en este momento en Balears no es adecuada y debemos condenarla. Creo que así lo ha hecho también el Ayuntamiento de Sant Antoni, que ha manifestado que no le parecía correcta la utilización de esta agua en ese acto”, ha empezado Lafuente. El conseller, en ese momento, ha informado de que la Conselleria ha abierto diligencias previas y ha solicitado al Consistorio datos sobre lo ocurrido. “Hemos pedido información sobre de dónde procede el agua, qué se ha hecho con ella, si se ha reutilizado o no y cuál es la situación”, ha dicho Lafuente. “Si existe o no una norma concreta que permita sancionar estos hechos tendrá que determinarse una vez que se hayan realizado las diligencias previas y dispongamos de toda la información”, ha añadido.

Ausencia de una norma sancionadora

Fuentes de la Alianza por el Agua –entidad que aboga por mejorar la política hídrica de Eivissa– explican a este diario que el caso pone de manifiesto la falta de normativas que impidan los usos no sostenibles del agua. La entidad entiende que, aunque el uso del agua realizado durante la fiesta fue legal al no existir una regulación que lo prohibiera expresamente, resulta difícilmente justificable desde el punto de vista ético y de la sostenibilidad. En este sentido, indican que las administraciones deberían aprobar ordenanzas municipales que no permitan el despilfarro de agua. Un uso no sostenible que en este caso, además, se ha realizado en un espacio público.

Según el indicador de sequía meteorológica de la Conselleria de la Mar y el Ciclo del Agua, que muestra la evolución de la situación hídrica de la isla desde 1970, en 2023 y 2024 –los últimos años en que se tienen registros en la estación ibicenca de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) de Eivissa, ubicada en el aeropuerto–, se han registrado valores de sequía moderada y casi severa. En concreto, en 2023, por 1,28 puntos y al año siguiente, por 0,96 puntos, como refleja la estadística del Govern.

A juicio de la Alianza por el Agua, la ausencia de control permite que se produzcan situaciones como sa Pedrera de Can Coix, donde los promotores emplearon hasta 170 toneladas de agua, según calculó Diario de Ibiza. El diario local afirma que el lago artificial tenía una superficie de unos 850 metros cuadrados y una profundidad de 20 centímetros. Sin embargo, la firma especializada en grandes eventos explica que no se utilizaron más de 60 toneladas y defiende que el agua se recicló y reutilizó “en el sistema de aguas grises”.

En el primer caso, estaríamos hablando del equivalente a 3.400 duchas de entre cinco y diez minutos –de 50 litros cada una– y en el segundo, teniendo en cuenta que la cifra correcta es la de los organizadores, de 1.200 duchas en total. Es decir, lo necesario –en el más conservador de los casos– para que un ciudadano se duche a diario durante tres años y medio, o para que lo haga durante un periodo de un año una familia de cuatro miembros.

La entidad cuestiona la contradicción entre los discursos de los ayuntamientos que hablan de sostenibilidad y determinadas prácticas vinculadas al turismo y al ocio en la isla. En este sentido, recuerda episodios recientes de elevado consumo de agua, como el de varios hoteles de Sant Antoni que el pasado abril utilizaron la red municipal para llenar sus piscinas y dejaron sin suministro durante horas a vecinos de la zona.

La Dirección General de Recursos Hídricos del Govern empezó a recabar información en cuanto la polémica saltó a los medios de comunicación para determinar de dónde salió el agua utilizada para llenar el lago artificial instalado durante la fiesta privada. El organismo, dependiente de la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua, consideró que este uso “no debería haberse hecho”, especialmente en el actual contexto de sequía, aunque advirtió de que será difícil imponer una sanción porque el uso ornamental del agua no está expresamente prohibido por la normativa, sino que simplemente no está contemplado en el Plan Hidrológico, según confirmaron fuentes del Govern a elDiario.es.

Hazel Morgan, presidenta de la rama pitiusa de Amics de la Terra, afirma que no es suficiente con tener “recomendaciones sobre el uso del agua”, sino que la normativa, tanto de Sant Antoni como de otros municipios, debe incluir “obligaciones legales” respecto al uso del agua, que vayan más allá de las obligaciones en torno a la utilización del agua potable en las viviendas.

“De una empresa de fuera, así como de sus clientes, no podemos esperar mucha conciencia”, ha dicho Morgan, en relación a la fiesta egipcia de Can Coix. La ecologista ha destacado que debe de ser la administración la que se hace “responsable” y “legisla” al respecto y que sea “excepcional” el uso del agua fuera del consumo que se hace en viviendas, casas, apartamentos turísticos y hoteles.

El Ayuntamiento del PP lo sabía

El detalle del agua que se había utilizado en la fiesta para la creación de un largo ornamental se sabía desde el momento en que se autorizó la fiesta. Además, aparecía en los planos que la empresa había enviado al Ayuntamiento, antes de obtener el visto bueno. Marcos Serra Colomar, alcalde del municipio, aseguró sin embargo que desconocía que el evento –reservado a 350 personas– incluyera una laguna. Y fue más allá: “Si hubiéramos sabido el uso que se iba a hacer del agua, no habríamos autorizado la fiesta”, dijo, por ejemplo, en Onda Cero Ibiza y Formentera.

No obstante, el PSOE –principal partido de la oposición–, demostró que el PP conocía de antemano las intenciones de Van Wyck & Van Wyck. Durante el pleno municipal de agosto, enseñó el expediente de interés general que se tramitó a instancias del Consistorio. El documento incluye el proyecto técnico que tuvieron que presentar los organizadores. Los planos son cristalinos. La laguna aparece delimitada en color azul e identificada con la palabra water. Son los mismos planos que ha mostrado este miércoles la diputada socialista Pilar Costa, en el pleno de septiembre en el Parlament.

El decreto que acabó convirtiendo aquella celebración privada en un evento “de carácter benéfico con interés social” y “carácter inocuo” se concedió el mismo 13 de agosto. Un apoderado –de apellidos ibicencos– y una representante –de apellidos anglosajones– de Van Wyck & Van Wyck realizaron unas gestiones que tuvieron que acabarse contrarreloj. Faltó muy poco para que el evento –que ya había montado sus estructuras– corriera el riesgo de empezar sin licencia. La autorización llegó apenas cuatro horas antes de que comenzara una fiesta que podía arrancar a las seis de la tarde y extenderse hasta las tres de la madrugada.

Como consta en el decreto, el Ajuntament de Sant Antoni daba vía libre a la empresa para montar un “cóctel, cena, ambientación musical, DJ”, superar los niveles de ruido permitidos y privatizar durante nueve horas un espacio donde sólo se dejara pasar a quien tuviera una entrada a su nombre. El poder llevaba la firma de Eva Prats Costa, responsable del departamento de Urbanismo y Actividades. La concejala popular aseguró que no estuvo en la fiesta. El decreto declaró el sarao “de interés general”.

Sin embargo, Serra ha mantenido la misma posición durante todo este tiempo. En aquel pleno municipal, aseguró que la memoria objetiva no detalla que se fuera a crear un lago con agua real ni especifica sus dimensiones ni indicaba la cantidad de agua que se pretendía utilizar. Por tanto, que en un plano aparezca la palabra water no equivale, según el alcalde, a informar claramente al Ayuntamiento que se van a utilizar toneladas de agua para crear una instalación de estas características.

“Independientemente de la cantidad que se utilizara, quiero dejar algo claro: al Ayuntamiento no le pareció correcto el uso del agua y no lo comparte”. “Lo criticamos desde que tuvimos conocimiento de él. (...) La fiesta no se autorizó sabiendo que se iba a crear un lago. El interés general fue el carácter benéfico del evento. (...) Lo que ha ocurrido después es un relato construido durante semanas”, zanjó.

Una patera con un total de veinte personas de origen magrebí ha sido rescatada este lunes por la noche, sobre las 23.30 horas, a unas seis millas al sur de la isla de Cabrera.

Han intervenido en las labores de rescate el Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil, Salvamento Marítimo y la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (USECIC), según ha informado la Delegación del Gobierno.

Esta nueva patera se suma a las once que llegaron con 183 migrantes a bordo a lo largo de esta semana a las costas de Balears, principalmente a Mallorca, Formentera y Cabrera, con lo que suman ya 203 en los tres días que van de esta semana.

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 20 años e investiga a otro de 22 por presuntamente agredir a un joven que intervino para defender a una mujer a la que uno de los sospechosos estaba increpando y había llegado a golpear en el rostro. La víctima acabó con una fractura de cráneo tras recibir varios puñetazos y un golpe en la frente con una botella de cristal.

Los hechos sucedieron el pasado mes de agosto en en las inmediaciones de un establecimiento nocturno de Cala d'Or (Mallorca). Según ha informado este martes la Guardia Civil, el joven agredido se encontraba en la zona cuando se percató de que uno de los hombres estaba increpando a la mujer, a la que llegó a golpear en la cara.

El joven, de 22 años, intervino para mediar en la situación. Fue entonces cuando el presunto agresor comenzó a golpearlo con varios puñetazos en la cara. Poco después intervino un segundo individuo, que portaba una botella de cristal y le propinó un golpe en la frente. El impacto le provocó una fractura de cráneo.

La agresión, sin embargo, no terminó ahí: pese a que la víctima había caído al suelo y se encontraba sangrando abundantemente, los dos agresores continuaron golpeándola. Los atacantes cesaron la agresión y huyeron del lugar a la carrera cuando se percataron de la llegada de los agentes del Instituto Armado y de los servicios sanitarios.

Tras los hechos, agentes de la Guardia Civil de Santanyí iniciaron una investigación para tratar de identificar a los responsables. Los investigadores realizaron diversas gestiones hasta conseguir localizar a los dos hombres presuntamente implicados en la agresión.

Finalmente, los agentes procedieron a detener al hombre de 20 años como presunto autor de un delito de lesiones graves, mientras que el joven de 22 años quedó en calidad de investigado por un presunto delito de lesiones leves.

Los alumnos de 15 años de Balears han obtenido resultados por debajo de la media española del Informe PISA de la OCDE en Lectura, Matemáticas y Ciencias en la edición de 2025, que evalúa a los estudiantes que se han formado con el currículo de la LOMLOE, la ley de educación aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez a finales del año 2020.

Según los resultados del último Informe PISA, los alumnos de las Islas obtienen 449 puntos en Matemáticas, frente a los 457 de la media nacional.

En resolución computacional de problemas, los resultados en el archipiélago se sitúan también por debajo de los nacionales (498), con 497 puntos.

Del mismo modo ocurre con las competencias en Lectura, con 441 puntos (451 en España), y Ciencias, con 471 puntos en las Islas frente a los 477 del conjunto del país.

En todas las materias evaluadas los alumnos de Balears se han situado entre las cinco comunidades autónomas con los peores resultados y por debajo también de los premios de la Unión Europea y de la OCDE.

Por otro lado, el informe también hace referencia a las actitudes del alumnado hacia el aprendizaje, en concreto, al sentido de pertenencia, la curiosidad y la perseverancia. En estos apartados, los alumnos de las Islas han registrado índices por debajo de la media nacional, aunque por encima del promedio de la OCDE.

Concretamente, Balears es la comunidad autónoma con el menor índice de sentido de pertenencia, relacionado con el sentimiento de integración y vinculación con su centro educativo, aunque igualmente está por encima de la media de la UE y de la OCDE.

Datos estatales

Los alumnos españoles de 15 años han obtenido su peor resultado de la historia del Informe PISA de la OCDE en Lectura, Matemáticas y Ciencias en 2025.

Según el informe, los alumnos españoles están medio año escolar por detrás de la media de la OCDE en Lectura. En concreto, el estudio revela que España ha sacado 451 puntos en Lectura, lo que supone 10 puntos menos que su anterior peor resultado histórico, que fue en el año 2006 con 461 puntos y 23 puntos menos que en 2022, cuando obtuvo 474 puntos.

En Lectura, los estudiantes de España, con 451 puntos, están 8 puntos por debajo de la media de la Unión Europea (459 puntos) y tienen 10 puntos menos que el promedio de la OCDE (461 puntos). Los españoles han descendido un total de 45 puntos en Lectura entre 2015 y 2025.

Los alumnos españoles ya obtuvieron su peor resultado de la historia en Matemáticas en el anterior informe PISA, el de 2022, en el que la puntuación fue de 473, resultado que en 2025 ha caído hasta los 457 puntos, lo que supone 16 puntos menos.

En esta materia, la puntuación de España (457) está 6 puntos por debajo tanto del promedio de los países de la OCDE y del total de la Unión Europea, que en ambos casos ha sido de 463 puntos. España ha descendido casi 30 puntos en Matemáticas desde 2015 y se aleja del promedio de la OCDE, que está moderando su descenso.

En Ciencias los resultados de España en 2025 tampoco han sido buenos, ya que los estudiantes han sido evaluados con 477 puntos, lo que supone 8 puntos menos que en el Informe PISA 2022, cuando obtuvieron 485 puntos, y 6 puntos menos que en el Informe de 2018, en el que los españoles obtuvieron su resultado más bajo en Ciencias hasta esta edición con 483 puntos.

Los alumnos españoles también se encuentran por debajo de la media de la OCDE y de la Unión Europea en competencia científica. En concreto, están 4 puntos por debajo del total de la UE y 5 puntos del promedio de la OCDE. Desde el año 2015, España ha descendido 16 puntos en Ciencias y ha ampliado la distancia con la OCDE.

“Si hicieran un hogar, un parque... Que la gente mayor pueda venir, que pongan pedales para hacer ejercicio, bancos para tomar el fresco...”. A sus 82 años, Joana lleva demasiado tiempo esperando lo mismo que gran parte de los vecinos de Son Sardina: un lugar público donde sentarse, reunirse y hacer vida de pueblo. En esta antigua barriada de Palma hay una plaza que lleva años dibujada sobre el papel, pero que nunca ha llegado a existir sobre el terreno. Allí, entre el núcleo tradicional de casas y el crecimiento residencial de los últimos años, el Ayuntamiento prometió un gran espacio público, un casal de barrio y una biblioteca. Este año, cuando parecía que Cort -como se conoce popularmente al Consistorio- estaba finalmente a punto de comprarlo, el solar ya había cambiado de manos.

Can Pasquet, un solar de casi 2.000 metros cuadrados ubicado en el corazón de Son Sardina, es para los vecinos mucho más que un terreno vacío. Es el espacio que llevan años reclamando para encontrarse, organizar actividades y tener unos equipamientos públicos que ahora están dispersos o funcionan en locales que ni siquiera son municipales.

El 13 de agosto de 2025, el alcalde de Palma, Jaime Martínez (PP), acudió a Son Sardina y anunció que Cort había iniciado el proceso para adquirir Can Pasquet. La intención era construir una plaza, un casal y estudiar la posibilidad de incorporar un aparcamiento. El anuncio generó una expectativa evidente entre los vecinos. La promesa, además, no era nueva: Can Pasquet llevaba años apareciendo en los planes y reivindicaciones del barrio, pero la compra nunca había llegado a formalizarse.

La inversión privada se adelanta

Sin embargo, cuando el pasado 19 de febrero Cort aprobó una modificación de gastos que reservaba 237.976 euros para adquirir el solar, la finca pasó, apenas ocho días después, a manos de una promotora inmobiliaria constituida tres años antes, Polnavalón S.L., tal como figura en la documentación registral consultada por este periódico. elDiario.es se ha puesto en contacto con su administrador para conocer los detalles de la operación y el destino que prevé dar al solar, pero éste ha declinado hacer declaraciones.

Frente a la verja de Can Pasquet, Joana habla del problema desde un punto de vista mucho más sencillo que cualquier expediente urbanístico: el actual casal de barri está en una primera planta y hay que subir por escaleras. “¿Cómo podemos subir si muchos ya pasamos de 80 años?”, se pregunta. Al otro lado de la valla está el solar que los vecinos llevan años reclamando como futura plaza pública. En Son Sardina, lamenta Joana, “no hay nada”. Tan solo un pequeño parque para los niños en la entrada del pueblo, pero resulta insuficiente. Y el casal actual tampoco resuelve las necesidades de los mayores.

Su preocupación no es únicamente disponer de un espacio nuevo. Pese a las incomodidades del actual casal, teme perderlo como sucedió con el local de mayores del barrio de Son Cladera, desalojado a principios de julio mientras decenas de personas participaban en un taller de memoria. El futuro del centro comunitario y de la biblioteca está condicionado por el hecho de que funcionan en un inmueble adquirido en 2019 por una sociedad vinculada a un gran fondo internacional estadounidense. El Ayuntamiento reconoce que ambos equipamientos están actualmente en locales arrendados y plantea trasladarlos a Can Pasquet si consigue hacerse con el solar. La Associació de Veïnats ya ha advertido además del mal estado del casal actual, con goteras, humedades y suelo de hormigón.

Este domingo, mientras la tarde caía sobre Son Sardina, Joana y otros vecinos se concentraban frente al terreno convocados por la Assemblea Popular de Son Sardina i sa Garriga para exigir que el Consistorio luche por la parcela y la ponga a disposición del barrio.

Un barrio de 3.000 vecinos sin espacios públicos

La importancia de Can Pasquet se entiende mejor al recorrer Son Sardina. El núcleo conserva todavía un marcado carácter de pueblo pese a formar parte del municipio de Palma. Su origen se remonta a la época islámica, relacionado con las antiguas redes de agua y molinos de la zona, y durante los siglos XVII y XIX se consolidó como un pequeño núcleo de agricultores, jornaleros y artesanos. La agricultura fue durante siglos la actividad dominante hasta que el crecimiento residencial fue transformando progresivamente el territorio.

Ese carácter de pueblo sigue siendo una de sus principales señas de identidad. Son Sardina está separado físicamente del centro de Palma -casi cinco kilómetros lo separan ambas zonas- y mantiene una estructura urbana de casas bajas, caminos estrechos y antiguas posesiones, rodeada por zonas residenciales y grandes áreas de servicios como Son Castelló, Son Reus o la Universitat. Son Sardina cuenta con más de 3.000 habitantes y mantiene una intensa actividad asociativa y festiva. Pero esa vida comunitaria se desarrolla, más allá del colegio y el centro de salud, sin una red suficiente de espacios públicos municipales.

Una deuda pendiente desde los años ochenta

Lo ilustra, en declaraciones a elDiario.es, Antoni Marimón, vecino del núcleo y catedrático de Historia Contemporánea. Marimón resume el problema en una “falta crónica de equipamientos públicos” a pesar de la fuerte identidad comunitaria del barrio. La ausencia de espacios que sean realmente de titularidad municipal impide que las asociaciones dispongan de lugares donde reunirse, los mayores, de instalaciones accesibles, y los niños y jóvenes, de zonas de encuentro.

El historiador sitúa el origen del problema urbanístico de Can Pasquet a comienzos de los años ochenta. Según explica, el planeamiento de aquella época ya contemplaba que el espacio terminara destinado a equipamientos. El sistema previsto era complejo: la propiedad debía ceder el terreno al Ayuntamiento a cambio de que se permitiera determinada edificación. El mecanismo nunca llegó a ejecutarse. “Esperas y esperas y no se llega a cumplir”, resume el historiador.

La consecuencia ha sido una larga sucesión de propietarios y oportunidades frustradas. Marimón asegura que el solar ha pasado por “cinco o seis manos” desde entonces y que incluso otros gobiernos municipales intentaron abordar su adquisición. El problema, añade, es que el sistema urbanístico previsto no llegó a funcionar. Ahora, por primera vez en años, el Ayuntamiento había dado la impresión de que la operación estaba encarrilada. El PP llegó a incluir en su último programa electoral la construcción de la plaza de Can Pasquet: “Invertiremos en Son Sardina y haremos realidad las peticiones de los vecinos”, prometía la formación.

Mientras tanto, Genís, miembro de la Assemblea Popular de Son Sardina i sa Garriga, introduce otra dimensión: la de los jóvenes que ya no pueden quedarse en la zona. Él mismo ha tenido que marcharse. En conversación con este periódico, cuenta que entre el grupo de unos 30 jóvenes que participa en las fiestas son Sardina apenas quedan unos pocos viviendo allí; muchos se han trasladado a Palma o a otros municipios porque consideran imposible acceder a una vivienda en el núcleo sin disponer de tierras, una casa familiar o una herencia. “Si no tienes preparado un milloncito para gastar, no te puedes quedar”, explica. Vincula esa expulsión de población joven al encarecimiento de la vivienda, la especulación y la turistificación.

Para él, la reivindicación de Can Pasquet forma parte de algo más amplio: qué tipo de pueblo quiere seguir siendo Son Sardina y si podrá conservar una vida comunitaria propia mientras aumenta la presión inmobiliaria.

En agosto de 2025, la Assemblea Popular de Son Sardina i sa Garriga ya alertaba de la situación del solar de Can Pasquet y del riesgo de que acabara en manos privadas. Los vecinos recordaban que el pleno de Palma había aprobado en mayo de 2024, con el apoyo del PP, instar al equipo de gobierno a adquirir los terrenos para construir una plaza pública después de que las asociaciones del barrio reclamaran también un casal. La entidad denunciaba que, pese al compromiso municipal y a las más de 1.000 firmas recogidas en cuatro meses, el Ayuntamiento no había informado de ningún avance y persistía en un “silencio” que dejaba en el aire el futuro del solar.

La preocupación vecinal aumentó al aparecer en la parcela un cartel de Solvia que anunciaba su disponibilidad. La Assemblea advertía además de que el solar, pese a estar reservado en el Plan General para espacios libres y equipamientos, podía quedar expuesto a promociones privadas si Palma aplicaba la nueva legislación urbanística aprobada entonces por el Parlament. Los vecinos reclamaban así que Cort materializara su compromiso y evitara que Can Pasquet acabara vendido al mejor postor, frustrando la oportunidad de dotar a Son Sardina de una plaza y un casal públicos.

En anuncios localizados por este periódico, la parcela de 1.751 metros cuadrados llegó a ofrecerse por 180.700 euros, a razón de 103 euros por metro cuadrado, mientras que otro portal situaba el precio de venta en 210.000 euros. Apenas ocho días después de que el Ayuntamiento habilitase 237.976 euros para hacer frente a la adquisición, el solar acabó en manos privadas.

El interés del solar no reside únicamente en su ubicación, sino también en su situación urbanística. Como señala Miramón, Can Pasquet arrastra desde los años ochenta una ordenación que nunca llegó a ejecutarse y que ha ido cambiando con las sucesivas revisiones del planeamiento. La aprobación del Plan General de 2023 y la posterior caída del Plan de Ordenación Detallada han añadido incertidumbre sobre el futuro urbanístico del espacio. Esta circunstancia introduce una variable económica relevante: cualquier modificación futura que mejorase las condiciones urbanísticas de la parcela y aumentase su aprovechamiento podría incrementar de forma significativa su valor.

El Ayuntamiento asegura que peleará el solar

En medio de esta incertidumbre, el Ayuntamiento asegura que no ha renunciado al proyecto. elDiario.es se ha puesto en contacto con el Consistorio, que remite a un comunicado reciente en el que, subraya, desde que el alcalde anunció su compromiso de adquirir la parcela, la Administración inició las gestiones pertinentes con la entidad bancaria entonces propietaria de la misma.

El Consistorio asegura que, desde entonces, trabaja para encontrar una solución y señala que actualmente está negociando con el propietario para alcanzar un acuerdo de compraventa. Si no fuera posible, el Ayuntamiento asegura que iniciará el correspondiente procedimiento de expropiación. La intención municipal es mantener el proyecto: un nuevo casal de barri y una biblioteca, una plaza pública y, como posibilidad adicional, un aparcamiento que contribuya a aliviar el déficit de estacionamiento de la zona. Cort asegura, además, que el diseño de los futuros equipamientos contará con la participación de las asociaciones vecinales y entidades del barrio.

El Ayuntamiento está negociando con el propietario para alcanzar un acuerdo de compraventa. Si no fuera posible, iniciará la expropiación

La oposición también ha cargado contra la gestión del Ayuntamiento. El secretario general de la Agrupación Socialista de Palma, Iago Negueruela, ha reclamado explicaciones y responsabilidades políticas al equipo de gobierno por la venta de Can Pesquet a una inmobiliaria y ha cuestionado que Cort no lograra cerrar la compra del solar que había anunciado. Por su parte, Més per Palma ha resumido su crítica en una frase: “Martínez lo prometió. El PP lo ha dejado perder”. El regidor Miquel Àngel Contreras sostiene que el alcalde generó “una expectativa ante todo Son Sardina” al anunciar una plaza, un casal de barri y un aparcamiento y ahora debe explicar por qué el Consistorio no llegó a adquirir el terreno.

El manifiesto leído durante la concentración reclama que el Ayuntamiento adquiera inmediatamente el solar y comience el proyecto de plaza y casal. La Assemblea Popular reivindica además que estos espacios sean públicos y tengan en cuenta los proyectos elaborados por los propios vecinos. El mensaje de fondo es que Can Pasquet no se considera una infraestructura más. Las entidades recuerdan que la falta de espacios municipales dificulta incluso organizar las fiestas y las actividades asociativas. Los vecinos, después de décadas de espera y de una promesa que terminó coincidiendo con una venta privada, quieren saber cuándo. Porque, como resumía el manifiesto de la concentración, “no es una necesidad ni una promesa: es un derecho”.

Los trabajos de excavación y exhumación en el cementerio municipal de Son Servera (Mallorca) han permitido localizar los restos de al menos dos hombres que habrían sido víctimas de las fuerzas sublevadas en 1936. Los investigadores apuntan a que estas dos personas perdieron la vida en alguno de los enfrentamientos registrados en los alrededores del municipio durante la Batalla de Mallorca, la gran ofensiva que, entre agosto y septiembre de 1936, llevó a cabo la República con el objetivo de recuperar la isla de manos de los golpistas. La operación terminó con la retirada de las tropas republicanas tras varias semanas de combates.

Las balas y las insignias militares han sido las principales pistas para reconstruir su historia: junto a los restos óseos han aparecido munición de arma larga ya disparada, un proyectil de siete milímetros, dos insignias del cuerpo de Sanidad y otros restos de vestimenta militar, un conjunto que, según fuentes memorialistas consultadas por elDiario.es, apuntaría a que los dos hombres pertenecieron al Ejército republicano. La Batalla de Mallorca fue la última operación anfibia de la historia de España y en ella participaron todas las armas del Ejército y las milicias antifascistas. También fue la primera que contó con un batallón formado íntegramente por mujeres.

La intervención arqueológica se enmarca en el V Plan de Fosas del Govern balear y da continuidad a los trabajos de localización realizados entre mediados de abril y finales de mayo. El objetivo, tal como señala el Ejecutivo en un comunicado difundido este lunes, es recuperar y estudiar restos humanos que puedan corresponder a milicianos fallecidos durante los combates y avanzar, cuando sea posible, en su identificación.

Las pistas han aparecido casi 90 años después de aquellos enfrentamientos y están precisamente donde los investigadores esperaban encontrar respuestas: en la parte más antigua del cementerio. Allí, bajo las actuales zonas ajardinadas y parte de las aceras, los arqueólogos han ido separando enterramientos ordinarios de aquellos que presentan señales que podrían revelar una muerte vinculada a la Guerra Civil.

La primera fase de la intervención, desarrollada entre mediados de abril y finales de mayo, sacó a la luz un gran número de enterramientos de diferentes épocas. En una de las zonas ajardinadas situada junto a la entrada, por ejemplo, aparecieron 40 sepulturas individuales perfectamente alineadas, con los cuerpos depositados en cajas funerarias.

La mayoría de estas personas eran de edad avanzada y los enterramientos correspondían principalmente a fechas posteriores a la Guerra Civil, a partir de la década de 1940. Por ello, los investigadores descartaron que fueran víctimas de la Batalla de Mallorca.

El giro llegó al estudiar los antiguos planos del cementerio conservados en el Archivo Municipal de Son Servera. Los documentos permitieron comprobar que la terraza superior, la zona más antigua del recinto, había sido utilizada durante la primera mitad del siglo XX para realizar enterramientos directamente en tierra.

La excavación permitió documentar al menos 65 inhumaciones en el sector este, 63 en el oeste y otras 13 en la zona ajardinada central. Entre ellas aparecieron enterramientos que rompían con el patrón habitual. Algunos cuerpos habían sido colocados en posiciones inusuales y otros carecían de ataúd o de cualquier otro receptáculo funerario. Son precisamente estas anomalías las que han permitido a los arqueólogos concentrar la investigación en determinadas sepulturas.

Una intervención que obliga a levantar parte del cementerio

Los trabajos se han retomado esta semana y se encuentran ahora en una fase más delicada: la excavación y exhumación de los restos que pueden estar relacionados con la Guerra Civil. El problema radica en que algunas de estas inhumaciones se encuentran parcialmente bajo la acera actual que rodea las zonas ajardinadas. Para acceder a ellas, los arqueólogos tienen que desmontar parte del pavimento y continuar la excavación bajo la infraestructura construida posteriormente.

El objetivo no es únicamente recuperar los restos. La investigación pretende estudiar los esqueletos y los objetos asociados a ellos para obtener toda la información posible y, si las pruebas lo permiten, llegar a identificar a las personas enterradas.

La intervención cuenta con la participación del equipo de Aranzadi y se integra en el V Plan de Fosas del Govern balear. La directora general de Relaciones Institucionales y de Relaciones con el Parlament, Xesca Ramis, ha visitado este lunes el cementerio junto al teniente de alcalde de Son Servera, Jaume Servera, y el técnico de Aranzadi Cesc Busquets.

La investigación abre ahora la posibilidad de que los restos recuperados permitan reconstruir parte de la historia de unos hombres que murieron durante uno de los episodios más importantes de la Guerra Civil en Mallorca y que fueron enterrados sin que, hasta ahora, se hubiera podido establecer con certeza su identidad. El propósito último de la intervención es, subraya el Govern, devolverles un nombre y, cuando sea posible, hacer llegar sus restos a sus familias, además de garantizarles una sepultura digna.

En la Batalla de Mallorca falleció, además, una de las primeras mujeres luchando en el frente, Amalia Lobato Rosique, tal como documentan los historiadores Manuel Aguilera y Gonzalo Berger en un estudio sobre la ofensiva republicana. Junto a ella, cinco milicianas del bando republicano perdieron la vida de manos de los fascistas en la Batalla de Mallorca. Son conocidas como 'las milicianas de Bayo': Teresa Bellera, María García, las hermanas Daría y Mercè Buixadé y una quinta cuyo nombre se desconoce, aunque fue autora del Diari d’una miliciana, en el que narraba aquellos días de caos y lucha. Fue publicado en el semanario Arriba, pero nunca se ha encontrado el manuscrito original. El relato sirvió de base para el documental Milicianas dirigido por Tània Balló y el manacorí Jaume Miró.

El mismo día que entró en combate, el 20 de agosto, recibió un disparo de bala en el vientre y fue trasladada al hospital de sangre de Ciutadella, donde murió tres días después, convirtiéndose en la primera mujer caída en defensa de la Segunda República.

Manuel Vargas, presidente de la Asociación de Caleseros de Palma, ha vuelto a protagonizar un nuevo enfrentamiento con una turista. “Vamos a tener violencia, hombre. Vais a tener violencia, pero violencia”, comenta a unos activistas en un vídeo que ha vuelto a incendiar las redes sociales. En las imágenes, Vargas, que en ese momento se encuentra subido a una galera sin pasajeros, discute con varias personas que están grabando la escena y les acusa de acudir para “buscar problemas”.

“¿A qué venís? ¿A más [buscar] problemas? ¿Llamo a más gente? ¿Llamo a mis amigos?”, pregunta el presidente de los caleseros, que llega a pedir a uno de sus compañeros que “llame a sus amigos”. Poco después se baja de la galera y se dirige hacia las personas con las que está discutiendo. “¿Queréis problemas?”, pregunta. “No”, responde uno de ellos. El vídeo muestra cómo el enfrentamiento continúa subiendo de tono, con acusaciones mutuas de haberse tocado. Vargas da varias palmadas en el brazo a la persona que está grabando y, posteriormente, golpea el móvil.

“Vas a saber lo que somos los gitanitos, tío”, le espeta. La otra persona insiste en que está en la calle y que tiene derecho a grabar. “Yo veo que sí, que venís aquí con problemas, con esta borracha, alcohólica, drogada”, dice Vargas. “Yo puedo grabar si quiero, eh. Es mi derecho”, dice en castellano, por detrás, la persona que está grabando. “¿A ti qué te pasa?”, le dice Vargas, dirigiéndose a él. “¿Me vas a tocar a mí?”, le pregunta. “Vamos a llamar a nuestras familias de Son Banya” y “que se traigan a las mujeres”, dice entonces Vargas, quien también empieza a grabar para “coger la cara” de los activistas.

Vas a saber lo que somos los gitanitos. Vamos a llamar a nuestras familias de Son Banya', comenta el calesero, haciendo referencia a sus familiares, que supuestamente viven en un poblado chabolista

Es el segundo incidente que protagoniza Manuel Vargas, que hace dos semanas insultó a una turista alemana –la llamó neonazi– y la roció de agua después de que ésta le pidiera si podía dar de beber al equino. A raíz de aquel episodio, el Ayuntamiento de Palma abrió un expediente informativo para esclarecer lo ocurrido y determinar si corresponde adoptar alguna medida. En este nuevo caso, el Consistorio asegura que todavía no dispone de información sobre lo sucedido.

Protesta animalista

El nuevo episodio vuelve a situar en el centro de la polémica la relación entre los conductores de las galeras y las organizaciones animalistas, en un contexto de creciente presión sobre el servicio por las condiciones de los caballos, especialmente durante los meses de calor.

Este sábado, Progreso en Verde y Satya Animal se concentraron frente a la Catedral de Palma para reclamar la reconversión de las calesas de caballos en vehículos eléctricos y exigir una “sanción ejemplar” para Manuel Vargas, incluida la retirada de su licencia por el incidente con la turista alemana.

La asociación animalista Satya Animal cree que el nuevo enfrentamiento se produjo después de la concentración del sábado, en la que estuvo la turista inglesa que protagoniza el vídeo con Manuel Vargas. La organización lamenta que continúen produciéndose escenas de intimidación, aunque también piden reducir el nivel de tensión y conflicto con los caleseros.

elDiario.es ha intentado contactar con la turista inglesa a través de redes sociales, sin éxito. Por su parte, Venancio Vargas, presidente de la Asociación de Caleseros, considera que el incidente se produjo porque hay grupos que intentan boicotear el trabajo de los caleseros para evitar que tengan clientes y afirma que el vídeo es anterior a este sábado. Aporta, además, otro vídeo de este sábado en el que aparece una activista quejándose de que no les ponen agua a los caballos y que son “unos maltratadores”.

“Esto se está poniendo muy peligroso”

Progreso en Verde y Satya Animal anunciaron que las protestas se iban a prolongar durante todo el mes de septiembre con el fin de reclamar al Ayuntamiento de Palma que establezca un calendario “claro” para poner fin a este servicio. “Vergüenza de ciudad, explotación animal” y “Palma no quiere calesas de caballos” son algunas de las consignas que se han podido escuchar por parte de los manifestantes, que también llevaban carteles para reivindicar que los animales “no son un medio de transporte ni una atracción turística”. Satya Animal exigió, además, garantizar el futuro de los caballos.

“Esto se está poniendo muy peligroso”, lamenta Guillermo Amengual, presidente de Progreso en Verde, preguntado por un enfrentamiento sobre el cual no tiene información. Sobre el anterior, afirmó que temía que el Ayuntamiento califique la actitud de Vargas como una infracción leve, lo que supondría una sanción de entre 300 y 600 euros. A su juicio, su comportamiento fue “muy grave” y debería estudiarse incluso la retirada definitiva de la licencia.

Kike Gimeno, portavoz de Satya Animal, coincidió en que la condición de Vargas como presidente de la Asociación de Caleseros agravaba lo ocurrido. “Si una persona se muestra así de violenta con otras personas que simplemente le piden de forma educada que dé agua a su caballo, ¿cómo debe tratar a los animales? No nos queremos imaginar cómo tratará a sus propios caballos”, sostuvo.

El episodio sirvió así para volver a colocar en primer plano una cuestión que trasciende el enfrentamiento concreto entre Vargas y los turistas: las condiciones en las que trabajan los caballos de las galeras de Palma. Las altas temperaturas de este verano, las denuncias sobre el estado de algunos animales y la aplicación de las restricciones durante los episodios de calor han alimentado una tensión que, según los animalistas, se repite prácticamente a diario.

Los equinos, además, pasarán su revisión veterinaria anual los días 14, 15, 16 y 17 de septiembre, cuando la temporada turística está ya llegando a su final. El año pasado las inspecciones se realizaron antes, de manera que este año los caballos no han sido revisados por los veterinarios durante los meses más duros del verano.

Gimeno critica especialmente que se haya eliminado la suspensión del servicio con alerta amarilla. “Han quitado la suspensión del servicio con alerta amarilla, contando con que ha sido un año tremendo de calor donde hemos vivido de forma permanente bajo esa alerta y los animales han estado trabajando sin que nadie se preocupe por ellos ni aplique las limitaciones que tenían”, afirma.

Desde Progreso en Verde consideran que este contexto explica también el aumento de los enfrentamientos entre ciudadanos y caleseros. Amengual asegura que cada vez son más habituales las recriminaciones de turistas y residentes cuando observan caballos que, según su valoración, presentan signos de cansancio o trabajan en condiciones inadecuadas. “Siempre hay alguien que les dice: oye, esto no puede ser, hace calor, el caballo no está bien”, explica.

El propio dirigente animalista reconoce que una situación así, repetida durante toda la temporada, puede acabar generando tensión. “Llega un momento que quizá puedas perder los papeles”, admite. Pero insiste en que esa presión no justifica las reacciones que se han producido.

En paralelo, el conflicto ha ido modificando la posición del propio sector respecto al futuro de las calesas. Durante años, los caleseros se opusieron a la sustitución de los caballos por vehículos eléctricos. Ahora, sin embargo, el cambio de modelo parece posible, aunque no se vaya a producir de golpe.

Mayo de 2027: ¿primeras calesas eléctricas?

El Ayuntamiento de Palma dio en mayo un primer paso administrativo para iniciar la sustitución progresiva de las actuales calesas. La modificación del Plan Normativo Municipal de 2026 permitirá reformar el reglamento del servicio de transporte urbano de viajeros con vehículos de tracción animal con conductor. El Consistorio vinculó entonces la decisión a un acuerdo alcanzado en marzo con el sector y aseguró que cerca del 90% de las 28 licencias vigentes respaldaban la transformación.

Los propios caleseros admiten ahora que el cambio es necesario. Venancio Vargas asegura que la asociación tiene “casi terminado” un prototipo de vehículo eléctrico y que está previsto visitar uno en Valencia el próximo mes o trasladarlo a Mallorca para que pueda ser visto. Las reuniones con el Ayuntamiento, explica, han quedado temporalmente pospuestas a raíz del incidente protagonizado por Manuel Vargas con la turista alemana.

La principal dificultad, sostiene el sector, es económica. Los titulares de las licencias afirman que no pueden afrontar de golpe el coste de sustituir sus vehículos, por lo que plantean una transición progresiva. “A lo mejor cambiaremos 10 o 15 el primer año y después se irá cambiando paulatinamente”, señala Vargas. El ritmo dependerá, añade, de las temporadas y de la posibilidad de obtener ayudas públicas. “Si conseguimos que alguien nos apoye económicamente de una forma u otra, el cambio se hará mucho antes y mucho más rápido”, reconoce.

Los animalistas, sin embargo, quieren que el proceso vaya más allá. Reclaman que la modificación normativa elimine definitivamente la posibilidad de utilizar animales para el servicio y que no se limite a establecer una sustitución progresiva. “El compromiso del Ayuntamiento debería dar un paso más. Ya que se entra en el proceso de cambio a eléctricas, se debería extinguir definitivamente la posibilidad de que haya calesas con animales”, sostiene Gimeno.

La administración prevé que las primeras calesas eléctricas puedan circular por Palma en mayo de 2027. Una fecha que los animalistas consideran demasiado lejana y que Amengual ve además con escepticismo. El presidente de Progreso en Verde apunta que la llegada de los nuevos vehículos coincidiría con las elecciones locales y autonómicas y considera que el calendario puede estar condicionado por ese escenario.

El modelo de Alcúdia como objetivo

Los animalistas ponen como referencia el modelo de Alcúdia, donde las calesas eléctricas ya funcionan. También Sant Llorenç des Cardassar ha optado por vehículos de este tipo para el servicio en Sa Coma y S'Illot. A juicio de Amengual, Palma podría avanzar con mayor rapidez si adapta su normativa tomando esos modelos como referencia.

La transición, en cualquier caso, no está cerrada. El sector defiende que debe ser progresiva y con apoyo económico, mientras que las organizaciones animalistas reclaman que el Ayuntamiento acelere los trámites y garantice que la sustitución se haga cuanto antes. En medio quedan unas licencias “vitalicias y hereditarias” que los caleseros consideran su medio de vida y unos animales cuyas malas condiciones han vuelto a convertirse en el principal argumento de quienes reclaman el cambio.

La concentración de este sábado ha vuelto a demostrar que el conflicto sigue lejos de resolverse. Progreso en Verde y Satya Animal preparan nuevas movilizaciones y denuncias. En octubre prevén celebrar otra manifestación, que esperan que sea “muy importante”. También mantienen abierta la vía de la Fiscalía y la recogida de firmas. Mientras tanto, el Ayuntamiento deberá resolver el expediente abierto a Manuel Vargas y determinar qué ocurrió en el primer enfrentamiento con la turista alemana. El nuevo vídeo añade ahora otro episodio a una relación cada vez más tensa entre quienes quieren acabar con las galeras de caballos y quienes han convertido esta industria en su medio de vida.

El Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJIB) ha rechazado reconocer la incapacidad permanente absoluta a un trabajador diagnosticado de fibromialgia y otras patologías al considerar que sus limitaciones no son permanentes, sino que se producen de forma fluctuante. La Sala de lo Social considera que, aunque el trabajador sufre un cuadro crónico, puede desarrollar tareas administrativas y de gestión fuera de los periodos de mayor intensidad de los síntomas.

La resolución, que confirma la sentencia dictada en primera instancia por el Juzgado de lo Social número 1 de Ciutadella de Menorca, analiza el caso de un empleado de 54 años cuya profesión habitual es la de responsable de una agencia de viajes, un puesto que comprende tareas administrativas, de gestión y atención al cliente. El afectado reclamaba que se le reconociera el grado de incapacidad permanente absoluta, al considerar que sus patologías le impedían desarrollar cualquier actividad laboral. De forma subsidiaria, solicitaba que se le otorgara la incapacidad permanente total.

El trabajador padece, según los hechos probados, fibromialgia, polimialgia, poliartralgias, síndrome de apnea-hipopnea del sueño (SAHS) leve, una mononeuropatía axonal en el nervio peroneal derecho y un trastorno adaptativo secundario a pluripatología, además de alteraciones en la columna vertebral. La sentencia, sin embargo, recoge que se trata de un cuadro de carácter crónico y de evolución fluctuante, lo que permitiría al trabajador realizar labores administrativas, de gestión, cobros y otras similares, aunque durante los periodos de reagudización puede verse afectada su capacidad laboral y necesitar una baja por incapacidad temporal.

La Sala considera que, aunque no se discute la existencia de las patologías, estas “no presentan un carácter permanente, sino fluctuante”, de modo que durante los momentos de mayor intensidad el trabajador puede acudir a periodos de incapacidad temporal. Para el TSJ, este es “el factor determinante” que llevó al Juzgado a rechazar la incapacidad permanente.

El trabajador alegó dolor en los 18 puntos

El trabajador había solicitado también modificar los hechos probados de la sentencia de primera instancia. Entre otras cuestiones, pretendía que se incorporase al relato judicial que padecía una fibromialgia con 18 puntos de dolor sobre 18 posibles, así como astenia, síndrome de fatiga crónica, dolores generalizados, alteraciones de memoria y concentración, ansiedad, mareos, fatiga y debilidad muscular, entre otros síntomas. Para ello aportaba distintos informes médicos, entre ellos documentos de la Clínica Quirón y de los servicios de Reumatología y Medicina Interna del Hospital General Mateu Orfila, además de un informe médico aportado con la demanda.

En su recurso, señalaba que padece, entre otros, dolores generalizados, ardores en manos y pies, episodios de temblores, sudoración nocturna, entumecimiento generalizado, dolor de cabeza, mareos posturales, cansancio desde la mañana, fatiga y debilidad muscular generalizada, así como alteraciones de memoria y concentración y episodios de ansiedad con palpitaciones. El curso de la enfermedad, alegaba, ha repercutido muy desfavorablemente sobre su vida laboral y relación.

El tribunal rechaza revisar la valoración de las pruebas médicas

El TSJIB, sin embargo, rechaza incorporar esas modificaciones. La Sala considera que la petición suponía, en realidad, ofrecer una valoración alternativa de la prueba médica, al apoyarse en determinados informes pero omitir otros que habían sido tenidos en cuenta por la juzgadora de instancia, especialmente el informe de la médico forense. El tribunal recuerda además que un recurso de suplicación no permite simplemente volver a valorar toda la prueba como si se tratara de una apelación ordinaria. Para modificar los hechos probados debe existir un error evidente y acreditado documentalmente, algo que la Sala no aprecia en este caso.

En concreto, la sentencia de primera instancia, que ahora confirma el TSJ, había otorgado especial relevancia al informe de la médico forense. Según recoge literalmente la resolución, esta profesional coincidió con el médico evaluador del INSS y consideró que el cuadro patológico no presentaba suficiente severidad para impedir el desempeño de la profesión habitual. La sentencia de Ciutadella señalaba que la médico forense no apreciaba limitaciones para la concentración y la memoria y consideraba que el trabajador podía realizar las tareas propias de su profesión habitual, salvo “en los períodos de reagudización con afectación de la capacidad laboral que determinen situaciones de baja por incapacidad temporal”.

La jueza también consideró que la duración de los periodos de incapacidad temporal no permitía deducir por sí sola ni la severidad de las patologías ni que los síntomas se hubieran mantenido de forma continua, puesto que una baja puede mantenerse durante el estudio, diagnóstico y tratamiento de una enfermedad.

El TSJ recuerda que la Ley General de la Seguridad Social define la incapacidad permanente a partir de la existencia de reducciones anatómicas o funcionales graves, objetivables y previsiblemente definitivas que reduzcan o anulen la capacidad laboral. La norma establece distintos grados de incapacidad, entre ellos la permanente total y la absoluta. En este caso, los magistrados consideran que los hechos probados no permiten concluir que exista una limitación permanente de la capacidad laboral en los términos necesarios para reconocer la incapacidad absoluta en una sentencia contra la que cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

El TSJIB sí otorgó la absoluta a otra trabajadora

El pronunciamiento del TSJIB contrasta con otra sentencia dictada por el mismo tribunal apenas un mes antes. En abril de 2026, la Sala de lo Social ratificó la incapacidad permanente absoluta de una agente de seguros que padecía fibromialgia severa, depresión y síndrome de piernas inquietas. En ese caso, el Juzgado de lo Social número 1 de Palma ya había reconocido la incapacidad absoluta en octubre de 2024 y el INSS recurrió la decisión. El TSJIB rechazó el recurso y confirmó el derecho de la trabajadora a percibir una pensión vitalicia equivalente al 100% de su base reguladora, fijada en 1.097,09 euros, con las correspondientes revalorizaciones.

La diferencia entre ambos casos se encuentra en las limitaciones funcionales que los tribunales consideran acreditadas, y no en el diagnóstico de fibromialgia por sí solo. En la sentencia de abril, el TSJIB consideró que el cuadro de la trabajadora hacía imposible desempeñar cualquier profesión con las exigencias mínimas de “continuidad, dedicación y eficacia” que requiere una actividad laboral.

El tribunal tuvo además en cuenta que un servicio de prevención la había declarado no apta para su puesto por no reunir las condiciones psicofísicas y que posteriormente había sido despedida por ineptitud sobrevenida. La propia Sala señaló que la incapacidad absoluta no puede descartarse por la mera posibilidad de realizar determinadas tareas de forma esporádica. La sentencia no era firme y podía ser recurrida ante el Tribunal Supremo.

La temporada alta en Eivissa deja imágenes como esta en la zona turística de ocio de Platja d’en Bossa: la espuma que crean grupos de motos de agua muy cerca de la costa, donde bañistas observan las altas velocidades que alcanzan en un litoral cada vez más saturado. Entre las actividades náuticas que se desarrollan en la playa, rodeada de hoteles y negocios turísticos, hay algunas legales y otras que no lo son, lo que ha desatado la polémica este verano.

Negocios dedicados al alquiler de motos de agua y otras actividades recreativas de esta área del término municipal de Sant Josep entregada al turismo —donde se encuentran las famosas discotecas Ushuaïa y Hï— han advertido de la creciente saturación y de la carencia de control sobre estos operadores, lo que les hace temer un incremento en la falta de seguridad marítima. Propietarios de estas empresas se han remitido a la administración local para denunciar el intrusismo en el sector por parte de compañías que, a pesar de ser legales, no cuentan con licencia para alquilar este tipo de vehículos acuáticos.

Una de estas operadoras es SUN Supermercado Náutico, que ofrece a pie de playa excursiones en paddle surf o el banana boat —para las que sí tiene permiso—, pero además motos que amarra en boyas cercanas a la orilla. Al aproximarse los periodistas, un trabajador se acerca con premura para advertir que no se puede fotografiar a los clientes que están utilizando las motocicletas, creando tráfico demasiado cerca del espacio delimitado para el baño. “Hemos expresado nuestra preocupación a varios agentes —de la Guardia Civil— sobre las motos acuáticas que operan dentro de nuestros circuitos autorizados y que se alquilan en lugares que consideramos ilegales”, explica uno de los propietarios de estos negocios a elDiario.es, quien asegura que ellos sí están sometidos periódicamente a inspecciones.

Además de dirigirse al Consistorio para informar de la situación, se han comunicado con la Patrulla Fiscal y de Fronteras (Pafif) de la Guardia Civil y la Policía Local de Sant Josep. Aunque el instituto armado explica que de momento no hay registrada ninguna denuncia por estas actividades, sí tienen constancia de las mismas. Por su parte, la compañía acusada de las irregularidades, con la que se ha puesto en contacto este diario vía correo electrónico, no ha respondido en el momento en que se publica este reportaje.

El dueño de esta misma empresa consultó a las fuerzas de seguridad el pasado 1 de agosto si se estaban realizando inspecciones al respecto. Pero, a día de hoy, los operadores ‘pirata’ siguen actuando en Platja d’en Bossa, lamenta el propietario, de origen belga, quien adquirió la compañía de actividades acuáticas a un ibicenco la pasada temporada de 2025.

Falta de inspecciones

Continúa, por lo tanto, la “preocupación” en la zona por el intrusismo en el sector, así como los accidentes náuticos que puede involucrar la falta de supervisión sobre el arrendamiento de las motos acuáticas ilegales y sin seguro.

Para manejar estos vehículos solo se necesita el título —la licencia de navegación básica para gobernar ciertas embarcaciones de recreo—, sin que se enseñe durante el curso para obtenerlo a manejarlas. “Puedes llevar una sin experiencia”, explica un residente que hace un par de años se sacó el permiso y suele alquilar este tipo de vehículos por ocio a lo largo del verano. “El problema es que la gente no es consciente de lo peligroso que puede llegar ser”, añade.

Para manejar estos vehículos solo se necesita el título -la licencia de navegación básica para gobernar ciertas embarcaciones de recreo-, sin que se enseñe durante el curso para obtenerlo a manejarlas

El ibicenco cuenta que una familiar cercana sufrió, en la década de los 2000, un accidente con una moto acuática que la arrolló mientras se estaba bañando en Caló des Moro (Sant Antoni). Se quedó inconsciente en el mar y sufrió graves heridas en uno de los brazos, por lo que tuvo que ser trasladada en ambulancia al hospital y ser sometida a una operación.

El Real Decreto 259/2002, de 8 de marzo, que regula las medidas de seguridad y el alquiler de motos náuticas, establece que las empresas que alquilan motos por horas o fracciones deben disponer de los permisos administrativos correspondientes y de autorización de funcionamiento de la Capitanía Marítima. Además, la norma establece requisitos concretos para las empresas: instalaciones adecuadas, medios para trasladar a los arrendatarios, zonas autorizadas para fondeo o plataformas, entre otros. Por ejemplo, especifica que las motos de alquiler no pueden estar varadas o estacionadas en la playa.

En Balears existe además la Ley 2/2015, de 27 de febrero, de régimen sancionador en materia de actividades marítimas, náuticas y subacuáticas (deportivas y recreativas), que establece el régimen sancionador para los centros de arrendamiento de motos náuticas. La norma considera infracción que los centros de arrendamiento de estos vehículos acuáticos desarrollen su actividad sin haber presentado la declaración responsable, comunicación previa o sin disponer de la autorización correspondiente, cuando esta sea necesaria. También contempla como infracciones operar sin el seguro de responsabilidad civil exigido, trabajar sin el responsable técnico o incumpliendo los requisitos de titulación o alquilar motos por días a personas que no tengan la titulación necesaria para gobernarlas.

Desde el Ayuntamiento de Sant Josep aclaran que la competencia municipal en el ámbito marítimo es limitada —depende de Costas— y aseguran que ya han trasladado a las administraciones competentes los supuestos casos detectados para que lleven a cabo las actuaciones que correspondan.

Falta de control general en el litoral

A lo largo del mes de agosto, las motos de agua han generado quejas e indignación general por su presión, junto a yates y embarcaciones de recreo, sobre el litoral pitiuso. Especialmente en zonas turísticas muy popularizadas, como Benirràs o es Vedrà, en Eivissa, o Cala Saona, en Formentera. Esto involucra muchas veces fondeos sobre praderas protegidas de posidonia.

Además, no en pocas ocasiones las motos acuáticas —con licencia para ejercer su actividad y sin ella— navegan a altas velocidades, retando a patrones de otros barcos y sin respetar la distancia de seguridad con el resto de navegantes, poniendo a veces en peligro a las personas que se encuentran en el mar y cerca de la costa.

Las motos de agua han generado quejas por su posible impacto sobre las praderas de posidonia y sus altas velocidades

La falta de control sobre el medio marino ha permitido en los últimos años que todo tipo de intrusismo se apodere del litoral pitiuso, así como una ajetreada actividad en general que contamina los ecosistemas marinos, ya muy castigados en el archipiélago. Entre otras cosas, ha proliferado la impunidad con la que ‘bares flotantes’ ilegales operan en alta mar ofreciendo mojitos y caipirinhas durante todo el verano a turistas y residentes que navegan en puntos como Platja d’en Bossa, atractiva por su puesta de sol.

Uno de estos vendedores que opera principalmente en la popular cala de Sant Josep —el municipio con más kilómetros de costa de la isla— ha sido en el último par de años avistado por camareros y personal de los chiringuitos de la costa. También por el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil, sin que hayan podido hacer nada al respecto. Todas estas infracciones han conducido a que ciudadanía y empresas de chárter reclamen más vigilancia y control, sobre todo, durante los meses de mayor afluencia de la temporada turística.

Neus Prats, portavoz del GEN-GOB Eivissa, asegura que, a pesar de que no saben específicamente cuáles son estas empresas, desde la entidad ecologista sí han detectado organizadores de excursiones en zonas protegidas de las islas donde “cuesta creer” que se haya otorgado una autorización para estas actividades. En concreto, alrededor de islotes protegidos como ses Margalides —a los pies del mirador de sa Penya Esbarrada (Santa Agnès)—, los islotes de poniente o el famoso mirador de es Vedrà. “No entiendo las autorizaciones que involucran motos de agua alrededor de lugares tan sensibles, teniendo en cuenta también las conductas peligrosas ligadas a estos artefactos. Es la sensación de siempre: en Ibiza cero respeto e impunidad total”, protesta la ecologista.