El Consejo de Transparencia de Andalucía ha requerido “expresamente” al Ayuntamiento de Estepona (79.621 habitantes, Málaga) para que publique la declaración de bienes del alcalde, José María García Urbano (PP). El regidor, que lo es desde 2011, ha incumplido siempre esta obligación impuesta por la Ley de Transparencia. Tan sólo la publicó en la web del Congreso durante el breve periodo de tiempo en que fue diputado, a finales de 2016. Desde entonces, su declaración de bienes ha sido poco menos que secreto de Estado. Ni el Ayuntamiento la publica en la web municipal, como obligan la normativa estatal y andaluza, ni facilita su consulta a la oposición.

En este tiempo, García Urbano se ha visto salpicado por algunos escándalos vinculados directamente a su patrimonio: desde su participación en un entramado empresarial con raíz en Luxemburgo a la titularidad de una sociedad que acaba de obtener licencia para construir una veintena de apartamentos turísticos en Málaga capital, pasando por sus aportaciones dinerarias a la sociedad que obtuvo del Ayuntamiento de Estepona la concesión para explotar un lujoso restaurante en el Mirador del Carmen, una fastuosa torre de titularidad municipal a pie de playa que costó 16,3 millones de euros de dinero público.

La resolución dictada por el Consejo de Transparencia exige al Ayuntamiento que en el plazo de un mes publique en su web, portal de transparencia o sede electrónica las declaraciones del alcalde. Le advierte, además, de que la información debe ser veraz, actualizada y mostrarse de forma clara y comprensible. Es decir, nada de fórmulas matemáticas y arcanos.

La resolución está datada el 6 de octubre, y el Ayuntamiento puede recurrirla ante el propio consejo o ante un juzgado de lo contencioso. Hasta ahora, la web municipal sigue sin mostrar la información requerida. Transparencia, que no tiene potestad sancionatoria, no aclara qué pasa si el Ayuntamiento sigue sin cumplir.

Incumplimiento de la ley

La intervención se produce a petición del grupo municipal socialista, que lleva años intentando recabar la declaración de bienes e intereses del alcalde. Cuando han podido consultarla ha sido sin posibilidad de copiarla y dejando sus móviles fuera de la sala. Como si fuera un documento clasificado.

El Ayuntamiento de Estepona no publica ni la declaración sobre causas de posible incompatibilidad o actividades que puedan proporcionar ingresos a sus ediles, ni la declaración de sus bienes y de la participación en sociedades, incluyendo las sociedades por ellas participadas, como obligan la Ley de Bases de Régimen Local y reiteran la Ley de Transparencia estatal y la andaluza. No es solo que esa información deba ser accesible para la oposición, sino que debe estar disponible “de la manera más amplia y sistemática posible” para cualquier ciudadano que quiera consultarla. La ley obliga a realizar las declaraciones antes de la toma de posesión y con el cese o el final del mandato. También cuando se modifican las circunstancias de hecho.

Transparencia abrió expediente la pasada primavera y dio traslado al Ayuntamiento para que alegara. Fue el propio García Urbano quien contestó. En su respuesta admite que la web municipal no recoge su declaración, pero señala que sí la deposita ante la Secretaría General antes de tomar posesión. El motivo de no publicarlas, según el alcalde de Estepona, es que contiene datos de carácter personal. Como el Pleno no ha adoptado ningún acuerdo para dejar fuera las direcciones de los inmuebles o el número de cuenta, no se publica nada, razona el alcalde.

Transparencia no compra el argumento y concluye, tras examinar el portal de transparencia municipal, que se ha dado un “deficiente cumplimiento de la obligación de publicidad activa”.

Currículum del alcalde

No es el único incumplimiento. Transparencia también exige que la web municipal publique la trayectoria profesional del alcalde. Según la respuesta del alcalde, la falta de información en su perfil (y también el de otros concejales) se debía a una “incidencia técnica temporal” que ya había sido corregida. Sin embargo, este lunes el perfil con los datos biográficos del alcalde y los concejales devolvía Error 404.

Su currículum público es conocido: García Urbano fue notario durante 13 años, en pleno apogeo de la burbuja inmobiliaria. La sentencia del caso Malaya recoge que en su notaría de Estepona se firmó a las 3:20 de la madrugada del 1 de agosto de 2003 la moción de censura contra Julián Muñoz en Marbella, orquestada por Juan Antonio Roca. Actualmente es registrador de la propiedad en San Roque, función que compatibiliza con su desempeño como alcalde.

Además de notario y registrador, es abogado del Estado. Suele deducirse que aprobó las tres oposiciones, pero García Urbano formaba parte del cuerpo de letrados de la Dirección General de Registros y del Notariado, y en 1986 se incorporó a los escalafones de notarios y registradores en virtud de una resolución del Ministerio de Justicia.

Por último, Transparencia reclama al Ayuntamiento que publique las retribuciones del alcalde. El regidor suele recordar que no cobra del Ayuntamiento. De esa forma puede seguir percibiendo sus emolumentos del Registro de San Roque del que es titular, algo incompatible con cobrar como alcalde, según la Ley de Incompatibilidades.

Transparencia rechaza, en cambio, que deba publicar sus declaraciones de IRPF o sus gastos de viaje, o que la no publicación en la web municipal de contratos posteriores a 2017 suponga algún incumplimiento, porque el Consistorio lo suple con un enlace a la Plataforma de Contratación del Estado.

Apartamentos turísticos, un edificio polémico y albacea de un holding millonario

García Urbano gobierna Estepona desde 2011, actualmente con una holgada mayoría absoluta. Considerado en su día un mirlo blanco dentro del PP (llegó a barajarse su desembarco en la capital para suplir al veterano De la Torre), hoy está investigado por al menos dos juzgados de instrucción. En un caso, por contratar a una “amiga íntima” para el Ayuntamiento sin que esta, según ha declarado ella misma, fuera nunca a trabajar ni exista ninguna prueba de esos trabajos. Por este caso está a un paso de sentarse en el banquillo, acusado por Fiscalía. El juez de instrucción ya concluyó que ve “indicios suficientes” para llevarlo a juicio por malversación y prevaricación.

Otro juzgado le investiga por presunta prevaricación en la adjudicación de las tres últimas plantas del Mirador del Carmen a una empresa creada un par de meses antes en el despacho del concejal Salvador Pedraza por su nuera, tal y como desveló este medio. Un informe de la UDEF constata que traspasó dinero a su hijo en las fechas en que su nuera debía abonar la fianza, y sugiere que la empresa oculta el verdadero beneficiario de la operación.

El alcance de su patrimonio es un misterio. Este medio desveló que él y un concejal de su máxima confianza (de nuevo, Pedraza) poseían sendas participaciones y administraban dos empresas luxemburguesas que gestionan activos por valor de casi 60 millones de euros: inmobiliarias, campos de golf, parques fotovoltaicos... Según dijo entonces, lo hace como albacea de un amigo fallecido, mientras los nietos se hacen mayores de edad.

Otro misterio es la titularidad del famoso edificio de Urbanismo en Marbella, que el Ayuntamiento de esa localidad quiere expropiar. A través de Nuevos Aires 2002, García Urbano es el histórico titular del inmueble, valorado en 5,1 millones, con su amigo el constructor Bonifacio Solís (que emplea a su hijo) y el abogado y testaferro Juan Hoffman, condenado y fugado tras la Operación Malaya. Solís aseguró a este medio que él compró las participaciones de García Urbano en Nuevos Aires hace tiempo. Sin embargo, Nuevos Aires aparece en su única declaración de bienes conocida hasta la fecha, la presentada ante el Congreso de los Diputados en 2016, y sigue reflejando en sus cuentas anuales que tiene al menos tres socios.

Además, García Urbano es el propietario y administrador de La Corrala de Capuchinos, una sociedad que acaba de obtener licencia del Ayuntamiento de Málaga para levantar un edificio de 21 apartamentos turísticos. Lo ha hecho sobre la bocina, justo antes de que el Consistorio decidiera no admitir más solicitudes de licencia, en vista que los alojamientos turísticos drenan suelo y casas para vivir.

La plaza número 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Marbella (Málaga), en funciones de guardia, ha decretado este pasado sábado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del detenido por la muerte de un cirujano plástico en dicha localidad malagueña. Se trata de un joven de nacionalidad sueca, supuestamente llegado de ese país con el encargo de cometer el crimen.

Según han confirmado fuentes oficiales del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) a Europa Press, el joven de 18 años pasó a disposición judicial durante la jornada de este pasado sábado, 10 de octubre, donde se ha decretado finalmente su ingreso en prisión tras haberse producido su detención el pasado jueves, 8 de octubre. Fue detenido en un piso turístico de Benalmádena, a unos 15 kilómetros de Marbella, pocas horas del suceso.

En contexto, la Policía Nacional inició una investigación tras producirse la muerte a tiros de Alexander Aslani, un reputado cirujano plástico el pasado miércoles sobre las 18:00 horas en Marbella. La víctima, de 57 años y nacionalidad alemana, recibió varios impactos en la cabeza cuando estaba en su clínica. Los sanitarios que atendieron al facultativo no pudieron estabilizarlo y falleció.

La investigación, que sigue abierta, descartaba inicialmente que este suceso estuviese vinculado con el crimen organizado, según apuntaron fuentes cercanas al caso. La causa está declarada secreta, según confirmaron fuentes policiales. La hipótesis principal es que el asesino fuese un sicario contratado por algún cliente insatisfecho.

Pasado un cuarto de siglo del apogeo de Jesús Gil y todo lo que siguió, Marbella tiene un nuevo orden urbanístico. Ha hecho falta un plan efímero, una sentencia del Tribunal Supremo, regresar durante once años a 1986, una nueva ley andaluza y la tramitación de un nuevo plan durante casi cuatro para llegar a esto: el Plan General de Ordenación del Municipio (PGOM) de Marbella, que se aprobó este viernes en Pleno extraordinario, con los votos a favor del PP, Vox y Opción Sanpedreña, y la abstención del PSOE.

El documento, que establece el modelo de ciudad y sus pautas generales, devuelve el municipio emblemático de la corrupción urbanística a la senda de la legalidad ordinaria sin sacarlo del escaparate de las golosinas inmobiliarias: promete más metros y más facilidades para edificar, incluso en suelo rústico, en un territorio jugosísimo para los inversores. De los 117 millones de metros cuadrados que tiene el término municipal, 53 millones serán suelo urbano, 13 más que hasta ahora, y 64 millones rústico, que engloba las anteriores categorías de rústico y urbanizable.

La alcaldesa Ángeles Muñoz (PP) vende el plan como la gran oportunidad para paliar la escasez de vivienda, y ha recordado que el 20% será vivienda pública protegida, que es lo que exige la nueva Ley de Vivienda Andaluza. En la última década, el precio de compra en Marbella se ha duplicado hasta rozar los 6.000 euros por metro cuadrado, y el alquiler se ha encarecido aún más, multiplicándose por 2,4, según los informes de Idealista. Muñoz espera que la incorporación de nuevas bolsas de suelo haga bajar el precio, pero el mercado inmobiliario de Marbella está muy orientado al lujo por el turismo y las segundas residencias.

También habrá oportunidades de construir en el rústico, en el que se incluyen 32 millones de metros cuadrados de suelo común “susceptible de transformación urbana”. Las condiciones, ahora, las marca la Ley de Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA), aprobada en 2021 por el Gobierno de Juan Manuel Moreno para destrabar los nudos de la antigua LOUA. El Tribunal Constitucional validó el inciso que ahora permite a los municipios implantar usos “industriales, terciarios o turísticos” de “interés público o social” en suelo rústico común, en teoría, “con carácter extraordinario”.

La alcaldesa se ha felicitado en ocasiones de la manga ancha que da la nueva norma andaluza y advirtió en 2024 que el PGOM continuará con la “tarea de simplificar y flexibilizar” los usos en estos terrenos, y abrió las puertas de par en par aprovechando la indeterminación del concepto “extraordinario”: universidades, grandes equipamientos (como una ciudad deportiva), centros educativos, sociales e incluso industriales. Es decir, en Marbella hay 32 millones de metros cuadrados de nueva disposición para una finalidad industrial, turística o terciaria.

18.000 viviendas ilegales: “Va por ellos”

Al plan también se le medirá por su éxito para superar el gran problema histórico de la ciudad: el limbo en el que están las edificaciones construidas sin escrúpulos en los años 90 y 2000. La alcaldesa ha dicho que hay “18.000 viviendas que se quedaron fuera de la regularidad”, más de un millar sin licencia. Algunos edificios tienen desde hace años orden judicial de demolición, y han sido un quebradero de cabeza para la ciudad, y para la alcaldesa en particular, multada por el Tribunal Superior e investigada por la Fiscalía por no ejecutar una de esas resoluciones. El Ayuntamiento tiene un informe de 2021 que estima en 246 millones el coste de cumplir las sentencias.

La regidora ha reiterado estos meses que su objetivo era “encajarlas” en el nuevo plan, y este viernes lo ha repetido ante el Pleno: “Los propietarios de buena fe saben que defendíamos sus intereses patrimoniales (…) A partir de este momento, [tienen la] garantía que les otorga el plan general”. El concejal de Urbanismo, José Eduardo Díaz, ha llegado a decir que el plan va “por ellos especialmente”.

El problema es que esos encajes ya motivaron que el Tribunal Supremo tumbara el Plan General de 2010 y no hay certeza de que no vuelva a ocurrir. Díaz ha dicho que han trabajado con el “objetivo” de “blindar el plan de los envites judiciales”.

Primer plan bajo la nueva ley

Hay acuerdo general de que el plan es la única herramienta capaz de dar seguridad jurídica tras los años negros, la nulidad de la primera solución y once años de provisionalidad. “Es una noticia muy positiva”, subraya Susana González de Lara, decana del Colegio de Arquitectos, quien cree que el resultado dependerá de “la capacidad del consistorio” y del Plan de Ordenación Urbana (POU). Será ese documento el que resuelva la situación en que queda cada edificio ilegal.

Marbella es la primera en aprobar un PGOM bajo la LISTA y la alcaldesa ha sacado pecho, aunque desde la oposición se advierte que ser “cobayas” expone a reveses inesperados. Hay un nexo: José María Morente, uno de los artífices de la LISTA (Director General de Urbanismo y Ordenación del Territorio en 2019) es también cabeza pensante del plan, como Director General de Urbanismo en Marbella (2017-2018 y 2020-2023).

“El PGOM es un documento imprescindible para la ciudad, porque Marbella sufrió una desidia total: se han vendido suelos de equipamiento, de zonas verdes, no se ha previsto el desarrollo de infraestructura acorde al desarrollo residencial…”, señala Isabel Pérez, portavoz del PSOE. También ha coincidido la oposición en alabar el trabajo técnico del equipo liderado por María Medina.

Sin embargo, hace tiempo que los socialistas alertan de que una cosa es el documento y otra las decisiones urbanísticas. Un ejemplo: este jueves, un día antes de aprobar el plan, se adoptaron tres planes con más de 6.800 viviendas en Marbella Este, lo que hubiese requerido, en opinión de los socialistas, un informe sobre todo el conjunto.

En los últimos años, el Ayuntamiento de Marbella ha aprobado planes parciales, estudios de detalle y áreas de transformación urbanística capaces de cambiar Las Chapas de arriba abajo, con multimillonarias inversiones previstas para hoteles en Río Real, Las Dunas, La Vizcaína o la Residencia Tiempo Libre. “El fondo de Pelayo Cortina Koplowitz consigue 145 millones de Goldman Sachs para levantar un recinto de salud de lujo en Marbella” es una noticia de esta semana, donde se explica que costará 400 millones y se ubicará junto al futuro Four Seasons. “Estos proyectos los meten en la aceleradora. ¿Para qué tanta prisa teniendo un plan en capilla?”, se pregunta Javier de Luis, miembro de Ecologistas-Malaka, quien subraya el largo impasse de once años, con la coda final de otros siete meses desde que la Junta de Andalucía dio luz verde.

De Luis, que fue concejal independiente del PSOE en tiempos de Gil y Malaya, es muy crítico porque ve patrones comunes con aquella época, y cree que donde antes se vulneraba la ley sin complejos, ahora se reforma la ley para amparar lo que antes quedaba fuera. “Gil intentó recalificar 17 millones de suelo quemado, y la Junta le dijo que era una barbaridad. Ahora proponen recalificar 30 millones, muchos se han quemado mil veces y a los que les va a afectar la limitación de 30 años”. Otro ejemplo: el viejo límite marcado por la autovía ha sido borrado. “Es una ley a medida de los promotores”.

Once años de solución provisional

El equipo de gobierno dice que el objetivo es aportar estabilidad y seguridad jurídica tras más de una década con el urbanismo en tenguerengue. En 2015, el Tribunal Supremo anuló el PGOU aprobado en 2010 porque se metía en lo que no debía: legalizar construcciones de la época del GIL y pre-Malaya. Poner orden en ese desaguisado histórico, con una inédita retirada de competencias durante un lustro, era más o menos el encargo que del Gobierno andaluz recibió Manuel González Fustegueras, el “señor Lobo” le llamaron, pero el Supremo concluyó que dar carta de naturaleza a la ilegalidad iba demasiado lejos.

La consecuencia inmediata de la nulidad fue la resurrección del plan de 1986, elaborado por Alfonso Peralta cuando Marbella tenía 75.000 habitantes, menos de la mitad de los que tiene ahora. El gobierno municipal, que por entonces (2015-2017) lideraba un alcalde del PSOE por única vez desde que Muñoz llegó al poder en 2007, vaticinó entonces que todo se enderezaría rápido, con un nuevo plan en un lustro. Pero pasaron once años en los que rigió un plan de los 80 con parches y adaptaciones. La paradoja es que ese plan tuvo más vida después de muerto que en su primera etapa, en la que Gil y los que le siguieron (Roca, Julián Muñoz, Marisol Yagüe) lo maltrataron y sustituyeron sistemáticamente por convenios que engrasaran la cuenta corriente.

Algo ha cambiado también desde el post-gilismo. Si al plan de 2010 se presentaron más de 17.000 alegaciones formales, ahora apenas ha recibido 180, de las que se han incorporado total o parcialmente 56. De Luis lo atribuye a una desconexión ciudadana, y cree que la historia se repite: “Gil lo decía con más gracia: doblaba el folio y decía ”la mitad para ti y la mitad para mí“. ”Marbella tiene 117 km2, y casi el 80% va a ser urbanizable en la práctica. Se trata de consolidar una ciudad privada, depredadora del recurso principal que es el suelo. Los nuevos desarrollos van a triplicar la población sin triplicar infraestructura: accesos, agua, capacidad de depuración…“, advierte el ecologista.  

Para el equipo de gobierno, la prioridad parece haber sido garantizar que se pueda hacer (casi) todo para seguir creciendo, pero que todo sea legal. “Me siento orgullosa de ser de un municipio, donde el Urbanismo siempre ha sido un punto negro, en el que por primera vez el Ayuntamiento se propuso que por primera vez fuese plenamente legal”, ha dicho Muñoz al Pleno. El tiempo dirá si lo consiguió, y si eso es suficiente.  

Un año después de la primera fase de la operación en la que se detuvo al administrador concursal de Grupo Vera, la Policía ha asestado el segundo gran mazazo a la presunta trama que durante años saqueó, presuntamente, las cuentas de uno de los grandes grupos inmobiliarios de la Costa del Sol de la burbuja inmobiliaria, luego caído en desgracia.

La Policía ha desarticulado ahora la “matriz” de esa estructura presuntamente delictiva, a la que se atribuye el expolio millonario de la masa concursal (el conjunto de activos de una empresa declarada en concurso, como propiedades inmobiliarias, saldos a favor o créditos con otras empresas) del que fuera un potentísimo conglomerado empresarial del sector de la construcción en Málaga, responsable de proyectos tan emblemáticos como algunos tramos del Metro, el Cementerio y la urbanización del Parque Tecnológico en Málaga capital, o los puertos de La Duquesa y Cabopino en Marbella, entre otros muchos.

La segunda fase de la operación 'Drave' ha supuesto la detención de una decena de personas, entre los que hay allegados a los fundadores de las concursadas. Además, con las nuevas pesquisas, el saqueo de las cuentas de la constructora en perjuicio de sus acreedores ascendería ya a 160 millones de euros.

La Policía cree que a través de una red de testaferros y sociedades interpuestas, promovieron un “expolio” del patrimonio que conservaba el grupo, valorado en 314 millones de euros al comienzo de la liquidación, gracias al despliegue de anterior y paralelo al concurso de un “cúmulo de operaciones fraudulentas de vaciado patrimonial y desvío de fondos”. Con estas operaciones se vaciaba el patrimonio del grupo destinado a satisfacer las deudas para canalizarlo hacia empresas creadas ex profeso bajo la tutela del ex director financiero de Grupo Vera y el propio administrador concursal, designado por el juzgado con el fin de velar por la conservación de la masa concursal y de darle el destino previsto por la ley.

Embargo de 135 inmuebles

El despojo de Grupo Vera ha provocado “un grave quebranto económico de las compañías acreedoras, incluida la Hacienda Pública, que han visto frustradas sus legítimas expectativas de cobro”, resaltan desde la Comisaría provincial de la Policía Nacional, que comenzó a investigar el caso a partir de una denuncia en septiembre de 2023. Era un secreto a voces en círculos empresariales y jurídicos de la capital. El Grupo II de Blanqueo de Capitales ha desarrollado la operación bajo la dirección de la Fiscalía y el juzgado de instrucción 3 de Málaga, y ha contado con el auxilio de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes de Hacienda .

La primera fase de la investigación se saldó con la intervención de 462.000 euros en efectivo, el bloqueo de 2,5 millones de euros en cuentas y el embargo de 173 inmuebles por valor de 140 millones, y fueron detenidas siete personas: el ex director financiero del grupo empresarial, varios familiares, un proveedor y su pareja y, el más singular de todos, el propio administrador concursal designado por el Juzgado de lo Mercantil para liquidar la masa concursal conforme a la prelación de acreedores prevista por la ley. Además, resultaron investigadas otras cuatro por su vinculación en los hechos. La Policía los acusaba de insolvencia punible, apropiación indebida, administración desleal, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

La lista se amplía ahora con otros diez arrestos por los presuntos delitos de frustración de la ejecución --acción ilegal en la que un deudor oculta, vende o gasta sus bienes a propósito para evitar pagar una deuda o cumplir una sentencia judicial--, insolvencia punible y apropiación indebida. Además hay otras dos personas investigadas en esta segunda fase, incluido nuevamente el administrador concursal.

En el marco de la macrooperación se han efectuado dos nuevos registros en la provincia a finales del pasado mes de julio, incautándose joyas valoradas en más de 200.000 euros. Además, se han bloqueado nuevos activos financieros en nueve entidades bancarias por valor de un millón de euros y se ha decretado el embargo preventivo de 135 inmuebles valorados en más de 300 millones de euros, incluidos terrenos de muy alto valor económico, locales comerciales, garajes y viviendas.

En el cómputo global del entramado criminal desarticulado, sumando las dos fases, el expolio asciende a los 160 millones de euros. Un saqueo mayor a la deuda impagada a los acreedores, que está estipulada en torno a los 150 millones.

30 millones defraudados durante la liquidación

Las nuevas actuaciones de la operación Drave II han permitido deslindar un entramado delictivo “distinto y autónomo” que operó de forma paralela. Aprovechando la “alianza estratégica” con la administración concursal, obtuvo activos de gran valor del patrimonio de las mercantiles concursadas en beneficio de los sospechosos, unidos por lazos familiares con los fundadores del grupo empresarial, según la Policía.

De esta forma, en una fase previa al concurso se sacaron bienes por valor superior a 28 millones de euros simulando contratos de prestación de servicios (eludiendo así embargos de Hacienda que eran inminentes); transfiriendo capitales a empresas de los investigados; y vendiendo fraudulentamente activos inmobiliarios en fechas inmediatamente anteriores a la solicitud concursal en beneficio de los sospechosos.

Pero el vaciamiento no terminó ahí. La Policía cree que la trama descapitalizó el grupo en más de 30 millones de euros adicionales cuando el concurso ya había entrado en fase de liquidación; es decir, cuando la concursada estaba vendiendo sus activos para ir saldando sus deudas. Para ello, los investigados habrían articulado un procedimiento para adquirir inmuebles y carteras de créditos en subastas públicas adulteradas y en ventas directas carentes de los preceptivos requisitos de publicidad y formalizadas con cláusulas de reversión manipuladas en favor de allegados de los fundadores.

Estos métodos supusieron que bienes de gran valor de las concursadas pasaran al patrimonio privado de los mismos deudores, a precios ínfimos y libres de cargas, lo que privó a la masa del concurso de los ingresos que se habrían obtenido en un proceso de liquidación transparente y que tendrían que haberse destinado al pago priorizado de los acreedores y la Hacienda Pública, concluyen los investigadores. Para lograr su propósito, los investigados habrían contado con la ayuda de las administraciones concursales y de una red de testaferros y sociedades interpuestas.

La caída en desgracia de Grupo Vera

La operación en dos tiempos contra los responsables financieros de Grupo Vera es un triste final para una de las firmas abanderadas del ladrillo en los años de la gran burbuja inmobiliaria en la Costa del Sol. Por entonces, a comienzos de siglo, Grupo Vera se codeaba con los principales grupos inmobiliarios de Andalucía con un modelo de marcado corte familiar (allí trabajaban sobrinos, nietos y familia política por decenas) inaugurado a mediados de los años 50 por Juan Vera, y continuado por su hijo Francisco hasta su fallecimiento en 2017.

Hasta la crisis del ladrillo la empresa tenía un sólido negocio basado en gran parte en la adjudicación de obra pública, que intentó ampliar con una división inmobiliaria, concesiones de aparcamientos, una empresa de cementos y otra de gestión hotelera y de campos de golf. Pero no funcionó. En parte, porque todo se vino abajo con el estallido de la burbuja y la crisis inmobiliaria que arrastró a tantos gigantes con pies de barro, como Grupo Aifos.

Grupo Vera también entró en concurso de acreedores en 2013. El clavo definitivo fue el parón de la obra del Metro por las dificultades financieras de la Junta de Andalucía. También contribuyó el fiasco de dos proyectos faraónicos propios de aquella época: el aeropuerto (que impulsó como promotor) y el centro de ensayos ferroviarios, ambos en Antequera. Propuso entonces a sus acreedores una quita del 45% y un plan de pagos a siete años de una cantidad que parecía asumible, y por un tiempo pareció que seguiría a flote.

Pero no ocurrió. La muerte de Francisco Vera, hijo del fundador, máximo responsable y alma máter de la constructora, conocido por su capacidad persuasiva y sus contactos políticos, fue el golpe definitivo. Nadie tomó las riendas tras su fallecimiento, al menos para reflotar la empresa, que quedó ya a expensas del concurso. Entre muchos otros inmuebles y derechos de cobro, Vera todavía conservaba entonces una oficina en el Parque Tecnológico valorada en 37 millones, el campo de Baviera Golf (en Caleta de Vélez), valorado en 16,8 o la gestión de dos aparcamientos públicos en Vélez-Málaga y Torre del Mar, valorada en 5,1 millones. El pasivo (las deudas del grupo) era de 227 millones, lo que suponía un margen teórico de más de 80 millones de margen para saldarlas. Sin embargo, no fue suficiente.

Primero vino el ERE para sus 77 trabajadores, luego la liquidación del patrimonio y entre tanto, un escándalo financiero que protagonizan su máximo responsable financiero, familiares y el administrador concursal, que habrían urdido una presunta trama con el fin de sacar todo el dinero posible de los restos del gigante caído. Los afectados por la trama han constituido una plataforma de perjudicados en el juzgado.

En la jungla inmobiliaria de Málaga hay quien hace tiempo que encontró el hogar en una habitación multiusos sobre ruedas. “Aquí tengo el ventilador. El horno. La nevera. Mira, la televisión: la prendo para que veas que funciona. Tengo una placa solar de 12 voltios y esto lo transforma a 220”, describe Silvio, sentado en la cama, con acento argentino y estilo naturalista, tal y como lo haría un agente inmobiliario o un notario.

Él, que lleva 25 años en Málaga, se define como “clase obrera”, es repartidor de comida a domicilio a media jornada: dos horas y media a mediodía; dos horas y media por la noche. No es orgullo, pero tampoco siente vergüenza en decir que esta caravana es lo que él y María Rodríguez, que vive en la de enfrente, pueden pagarse. “Tenemos todas las comodidades. ¿Es pequeñito? Sí, pero nos adaptamos. Tenemos televisión, aunque no sea de 60 pulgadas”.

Son dos de los habitantes de las parcelas de Sacaba, en el extremo oriental de la capital de la Costa del Sol, a quienes si cumple lo previsto el Ayuntamiento expulsará este martes a las 7 de la mañana, alegando problemas “salubridad, gestión de residuos y convivencia”. Quienes aquí viven se revuelven. Rechazan la etiqueta de vividores y dicen que están al día con todo: se definen como trabajadores honrados, individuos, parejas y familias que no pueden permitirse pagar un alquiler en cualquier otro sitio de la ciudad, cuyos precios disparados llaman la atención hasta del Banco de España. De las grandes de España, esta es la ciudad que mayor esfuerzo económico exige para procurarse un techo.

“Somos gente de a pie: con un sustento, aunque nos veamos abocados a vivir así. No podemos tener una vivienda con los precios de hoy”, cuenta Rafa Sánchez, 54 años, con empleo estable en el aeropuerto, la puerta de entrada a la ciudad del turista internacional a la Costa del Sol, por donde pasaron 26,7 millones de personas en 2025. No aclara en qué empresa, igual que prefiere evitar aclarar qué tipo de funcionarios viven aquí, que también los hay, por miedo al estigma y las represalias.

Todos se describen como “vecinos” que, en lugar de una casa de ladrillo y cemento, invirtieron sus pocos ahorros en una caravana sobre ruedas que colocan donde les dejan. “Aquí hay muchas realidades: reponedores de supermercado, administrativos, trabajadores de la Sanidad, gente que ahora cobra menos porque está de baja; familias con niños, divorciados”, enumera: “Yo estoy contento con mi trabajo, pero no me da para 1.200 en gastos fijos al mes. Así que llevo aquí cinco años”, relata.

A pocos metros de áticos de cinco millones

El pasado viernes, el alcalde Francisco de la Torre (PP) anunció que deberán irse. Dijo entender su situación, que vinculó a la dificultad de encontrar vivienda asequible, pero insistió en que ese no era el lugar, y prometió que había puesto a los técnicos a encontrar una ubicación alternativa, antes de admitir que el asunto no tiene solución fácil, ni a corto plazo. Así que, por ahora, no hay alternativa.

La Plataforma Derecho a Techo ha registrado un escrito este lunes ante el juzgado de guardia, pidiendo paralizar el desalojo porque muchas de las caravanas son residencia “habitual y efectiva de familias en situación de vulnerabilidad”. Subrayan que la Constitución consagra la inviolabilidad del domicilio y recuerdan, además, que el Ayuntamiento no es el propietario de la parcela, así que no puede recuperar lo que no es suyo.

“Son vecinos y vecinas y esta es su única morada”, protesta Rosa Galindo, portavoz de la Plataforma, que lamenta que servicios sociales no haya visitado el lugar y que el Ayuntamiento no haya abierto una vía de diálogo con ellos. “Sólo les han dado un papelito de servicios operativos, como si fuesen muebles o basura. No es forma de tratar a las personas”. El portavoz de Con Málaga en el Ayuntamiento, Nico Sguiglia (Podemos) y el parlamentario de Adelante Andalucía Luis Rodrigo han responsabilizado de la situación al modelo de ciudad impulsado por el equipo de gobierno del PP.

Apenas a 300 metros, un puñado de grúas excavan el terreno para completar el desarrollo urbanístico de la zona, la nueva milla de oro de la capital malagueña. Muy cerca de donde se expulsará a las caravanas se venden áticos a millones, como los diseñados por François Leclerq para La Térmica Beach de Aedas Homes: son 755.000 euros por pisos de un dormitorio, y hasta cinco millones por el ático más lujoso. “Esto recuerda a lo que hacía Jesús Gil: expulsar a la gente humilde. Esto es un caramelo inmobiliario y quieren destinar la zona a viviendas de lujo. La limpieza es una excusa”, ha protestado Sguiglia.

Sin alternativas

Hasta hace cuatro años, muchos de quienes están hoy aquí tenían su sitio en la parcela de aparcamientos junto al Palacio de Deportes Martín Carpena. Allí contaban con servicios del Ayuntamiento, que había habilitado el espacio dotándolo de agua, luz y recogida de residuos. Pero Málaga se hizo con la celebración de la Copa Davis y encontró en ese lugar la ubicación idónea para las pistas. En noviembre de 2022 el Ayuntamiento los echó, y ya nunca les proporcionó ubicación alternativa.

Desde entonces, Málaga no tiene zona para caravanas. Las más cercanas, ambas privadas en Churriana y Rincón de la Victoria, están completas, y exigen el pago de 25 euros diarios, unos 750 euros al mes, que muchos aquí no pueden permitirse. Y el camping más barato se va a 900 euros al mes.

Muchos buscaron sitio en los alrededores y, con el paso de los meses, fueron reuniéndose en estas parcelas junto a los antiguos terrenos del Butano, justo antes del ramal más occidental de la desembocadura del Guadalhorce. En Sacaba: sí, el nombre lo dice todo. Son entre tres y cuatro parcelas privadas, y nadie tiene muy claro a quién pertenecen, así que ahora que se van a constituir como asociación han comenzado a indagar en el registro. Hablan de una gran empresa y algunos particulares. Tampoco el Ayuntamiento lo aclara, y se limita a asegurar que actúa “en colaboración con la propiedad del suelo”, sin explicar (pese a las preguntas) si los privados han instado el desalojo, si hay orden judicial o si es un desahucio administrativo fundamentado en algún motivo de orden público.

Lo único que tienen los vecinos son unas cuantas vallas de la Policía Local y un papel supuestamente municipal, sin sello ni referencia que lo identifique, donde se avisa que por “razones de limpieza y salubridad” deben retirar el vehículo, y si no lo hará la grúa. Cuando anunció la actuación, el Consistorio invocó también problemas de convivencia con los vecinos. Aún son visibles los restos de una caravana que ardió la semana pasada, supuestamente por una instalación eléctrica defectuosa.

¿Broncas? Las hay, claro, pero no más que en otros barrios y atribuibles, subrayan, a un tipo de campista diferente, el que está de paso. Según explican, ellos sí cuidan el lugar, miden al máximo el agua que consumen y hasta recogen de vez en cuando la basura que dejan los domingueros.

Sánchez ha elaborado un censo. Calcula que hay unas 140 personas trabajadores residiendo en caravanas en este lugar. Junto a este perfil, hay también personas en situación de exclusión, y quienes vienen a echar unos días. Incluso quienes aprovechan el campamento para instalar alrededor campas y tiendas de campaña. En esos casos es más probable que surjan problemas de convivencia: fiestas, peleas, fogatas. Un problema que no generan ellos y que no pueden resolver. Asegura Sánchez que ellos mismos han denunciado muchas veces, pero que la Policía no siempre acude. “Cuando se monta aquí la fiesta del siglo también nos molesta, lógicamente. Pero el que vive aquí no es ese tipo de persona incívica”.

“No queremos vivir gratis”

Sentado a la puerta de su caravana, Silvio degusta una tónica y rememora su historia. En 2006 se ató una hipoteca. La crisis lo arrastró al fondo, pero se enteró de la posibilidad de entregar su vivienda para saldar la deuda. Él mismo preparó su escrito. “Conseguí la dación pago y alquiler social”. Así estuvo durante 15 años, hasta que llegó otro golpe: “La pandemia nos arruinó”. Compró la autocaravana en cuanto se pudo salir del municipio. Primero se instalaron en Almayate, a 30 kilómetros. Pero le salía por un pico venir dos veces al día en moto. Este es un mundillo donde las noticias vuelan, y pronto se reubicaron aquí, donde lleva cuatro años.

Begoña Álvarez lleva siete años en Málaga y tres en Sacaba. Trabaja como consultora telefónica, pero ahora está de baja porque se rompió ambos brazos. Cuando la echaron de casa para subir el precio de su alquiler en La Palma se compró una Camper, y recuerda que al principio pasó miedo, pero luego fue encontrando su sitio e, incluso, un sentido de pertenencia: “Nosotros recogíamos la basura. Sólo pusieron contenedores hace dos meses”.

Ha venido a apoyarles Sandra Pérez, que vivió aquí con su pareja hasta hace poco. “Hemos llegado a pagar un alquiler por vivir a 40 minutos de Málaga, trabajando aquí”, recuerda. Compraron la autocaravana como último recurso, no para viajar o hacer turismo: para vivir aquí. Y así lo hicieron durante dos años. Ahora tienen una vivienda gracias a la ayuda familiar, y la caravana ha quedado para ocio, pero mantiene su apoyo a las vecinas con las que ha compartido todo, también peligros, como aquel día en que casi se les inunda todo.

“No podemos desaparecer. Somos una realidad”, observa Rafael Sánchez: “No queremos dar pena, limosna, vivir gratis en primera línea de playa… Nos vamos donde no molestemos, pero que nos digan dónde”.

La asunción por la Fiscalía y los jueces de instrucción de las tesis que plantean los informes policiales contempla excepciones. Ocurrió con el caso que afectaba por narcotráfico y blanqueo de capitales a familiares de la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, en el que las unidades policiales implicadas solicitaron en tres informes que se abriera una nueva línea de investigación, por delitos de corrupción, sin que la Fiscalía Antidroga ni los jueces que tuvo el caso en la Audiencia Nacional accedieran a ello.

La Audiencia Nacional acaba de condenar a nueve años de cárcel por narcotráfico y blanqueo de capitales a Joakim Broberg, hijastro de Ángeles Muñoz, regidora de Marbella. En las intervenciones telefónicas que practicó la Policía, con autorización del juez, Joakim aludía al poder que tenía en las administraciones de la Costa del Sol, incluido el Ayuntamiento que preside su madrastra, pero esos comentarios no fueron suficientes para indagar en lo que había detrás.

“Dados los hallazgos resultantes de la intervención del teléfono de Joakim Broberg que se comunican en el presente [informe], se solicita se amplíe la investigación a los delitos de cohecho, prevaricación y tráfico de influencias decretando el secreto de las actuaciones”. Esta es la conclusión de un informe de la UDEF entregado al Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional en julio de 2019. La propuesta de la Policía nunca fue admitida, pese a los indicios de los que se acompañaba.

Las afirmaciones realizadas por el hijastro de la alcaldesa de Marbella en las conversaciones intervenidas y las comprobaciones posteriores realizadas por los agentes hacían sospechar a la UDEF de que el presunto narcotraficante se había servido del poder de Ángeles Muñoz para hacer negocios.

La fiscal del caso, María Dolores López Salcedo, y el juez en aquel momento, Alejandro Abascal, no adoptaron la medida que solicitaba la UDEF. Los agentes reiteraron esos indicios en dos informes más, pero no obtuvieron respuesta. El 'caso de los suecos' siguió instruyéndose como otra causa contra el tráfico de drogas internacional, en este caso de hachís. Nada de corrupción.

En una de esas intervenciones, Joakim Broberg contaba a uno de sus socios que estaba en un bar al lado de un funcionario de Benahavís, localidad contigua a Marbella, al que habrían sobornado en el pasado. Una conversación que el hijastro de Ángeles Muñoz remataba: “La ciudad es nuestra, la Junta... la jodida Andalucía”. Tres días antes se habían celebrado las elecciones municipales y el PP había vuelto a arrasar en la Costa del Sol. Tres meses antes, Juan Manuel Moreno Bonilla se había convertido en presidente de la Junta tras cuatro décadas de gobiernos socialistas en Andalucía.

La Policía comenzó a investigar y confirmó que el funcionario existía y respondía a la descripción que hacía el hijastro de Ángeles Muñoz. “De las conversaciones telefónicas interceptadas a Joakim Broberg se desprende la gran influencia que tiene el sueco sobre cuestiones urbanísticas y esto es debido a las relaciones de parentesco con la regidora marbellí”, advertía por escrito la inspectora 85.972.

García Castellón evitó la acusación popular

La negativa de la Audiencia Nacional a abrir una línea de investigación por corrupción no fue el único hecho anómalo de la causa contra el marido de Ángeles Muñoz. El siguiente juez del caso, Manuel García Castellón, mantuvo en secreto el procedimiento hasta que finalizó la instrucción y dictó el auto de procesamiento, de tal modo que ninguna acusación popular pudiera personarse y pedir un impulso ese sentido. Cuando el PSOE conoció por los medios de comunicación el procesamiento de Lars Broberg, marido de Ángeles Muñoz, y de Joakim, hijo del primero, se apresuró a solicitar la personación, pero García Castellón le comunicó que era tarde.

El caso contra la familia de la alcaldesa de Marbella, del Partido Popular, quedó por tanto huérfano de cualquier propuesta de investigación de la acusación popular, al contrario de lo que ocurre en otras causas de actualidad, como son las de Ábalos, Zapatero o Leire Díez, donde las organizaciones ultras que integran la acción popular, junto al PP, llegan más lejos que la Fiscalía.

Tres meses después de la primera advertencia policial sobre la corrupción que irrumpía en la investigación contra Joakim Broberg y otros llegó un segundo atestado de la UDEF. En octubre de 2019, en un informe ampliatorio, la Policía trasladaba a la fiscal y al juez que había encontrado “tres aspectos fundamentales en lo que se refiere a las actividades delictivas de Joakim Peter Broberg”: sus “negocios inmobiliarios”, la utilización de paraísos fiscales y abogados especializados y, por último, un “notorio uso de influencias en las distintas administraciones públicas involucradas, que no duda en usar tanto para beneficio propio como de terceros”.

Un año después de la primera alerta sobre presunta corrupción vinculada a Ángeles Muñoz hubo un tercer informe policial con alusiones a la corrupción. En este caso, los agentes abordaban las conversaciones del hijastro de Muñoz en el otoño de 2019. Uno de los epígrafes del informe policial, fechado el 3 de agosto de 2020, se titulaba: “Información privilegiada para favorecerse con una operación de venta de terrenos”.

Los agentes habían escuchado a Broberg hablar con una colaboradora de su padre y con otro empresario con antecedentes. “Se pone de manifiesto que Joakim cuenta con información privilegiada respecto a la elaboración de un nuevo Plan de Ordenación Urbanística”, escribieron en agosto de 2020. Broberg planeaba comprar unos terrenos de los que su dueño no había podido desprenderse por “un problema con el Ayuntamiento”.

La causa había quedado, por parte del Ministerio Público, exclusivamente en manos de una fiscal Antidroga, María Dolores López Salcedo, a la que nunca le interesó expandir la causa contra una sucursal en la Costa del Sol de la Mocromafia sueca a un posible caso de corrupción en la zona.

Una investigación en secreto, un cierre sin publicidad

El marido de Ángeles Muñoz, Lars Broberg, logró que se archivara el procedimiento contra él por su deteriorado estado de salud a los pocos días de producirse. A diferencia de otros casos con relevancia mediática, el auto de procesamiento no fue difundido por el gabinete de prensa de la Audiencia Nacional. Solo la información de elDiario.es desveló la investigación contra el marido y el hijastro de la alcaldesa de Marbella.

La fiscal López Salcedo no había hecho una sola pregunta a Joakim Broberg cuando este compareció en fase de instrucción, ni de la corrupción, ni del tráfico de drogas. Tampoco hubo oportunidad de que lo intentara una acusación popular porque García Castellón mantenía secreta la causa.

Otro escándalo que quedó por investigar fue el chivatazo que Lars Broberg le dio a su hijo de que estaba siendo investigado. En sueco, le dice el 28 de octubre de 2019: “Escucha, escucha, el que estás sujetando está intervenido”. Se refiere a que el terminal que usa es objeto de una intervención con autorización judicial.

Desde Antidroga aseguraron que esos soplos son frecuentes en este tipo de investigaciones, más aún si hay implicadas multitud de unidades policiales y juzgados, sobre todo si son de varios países, como es el caso, y que resulta imposible dar con el origen del chivatazo.

La única referencia a Lars Broberg durante el juicio que se celebró en mayo de 2025 fue cuando la fiscal preguntó a la inspectora de la UDEF por el papel del difunto marido de la alcaldesa en tres operaciones de blanqueo de capitales del narcotráfico. El motivo, explicó López Salcedo, es que Antidroga solicita el decomiso de unas propiedades de Lars Broberg que sospecha maneja a día de hoy su hijo. La inspectora atribuyó al marido de Ángeles Muñoz una labor de “supervisión” en esa trama de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico.

Finalmente, la sentencia solo menciona a Lars Broberg en la venta de una casa con la que su hijo Joakim habría lavado dinero de la droga, pero con la particularidad de que en la actualidad, y a través de un método considerado fraudulento por el tribunal, pertenece a un hijo de la pareja, esto es, de Lars Broberg y la alcaldesa de Marbella. La casa de Alexander Broberg es confiscada por la Administración, según aparece en la sentencia de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

Lars Broberg falleció en marzo de 2023. Su entierro supuso un desfile de autoridades, también policiales, para rendir homenaje a un próspero empresario del sector inmobiliario al que Ángeles Muñoz siempre atribuyó su lujoso estilo de vida.

Los locales de la antigua sede municipal que el Ayuntamiento de Estepona vendió muy por debajo de su valor de mercado hace cuatro años se explotan ya como apartamentos turísticos, a un precio de entre 130 y 250 euros por noche, dependiendo de la temporada. Estos inmuebles junto al puerto deportivo fueron adjudicados en pleno agosto de 2022 por el consistorio a Omega 93, propiedad del constructor Bonifacio Solís, exsocio y amigo personal del alcalde José María García Urbano (PP), en una subasta sin publicidad en medios y mal clasificada en el portal de licitaciones, a la que sólo se presentó la adjudicataria. El precio final, rebajado al máximo legal, fue de 1.245.000, poco más de la mitad de los 2,3 millones del valor catastral de los inmuebles y una cuarta parte del precio que el Ayuntamiento obtuvo años antes por el local contiguo, vendido a la Diputación Provincial.

Hoy, la Perla del Puerto, que así se llaman los antiguos locales, es un conjunto de 21 “unidades de alojamiento” (en realidad, son diez apartamentos con una cama y un sofá cama cada uno) de entre 40 y 60 metros cuadrados con categoría “dos llaves” y un total de 40 plazas, según consta en el buscador de establecimientos turísticos de la Junta de Andalucía. Obtuvo la concesión de la marca hace apenas diez días. Los apartamentos ya terminados ocuparían parte de uno de los locales en planta baja, con una superficie que supone apenas una cuarta parte de lo que Omega 93 compró hace casi un lustro.

Por ahora, Airbnb sólo ofrece la posibilidad de arrendar uno de ellos, Brisa, “con vistas al puerto de Estepona”, “moderno y sorprendentemente espacioso”, situado en “un edificio completamente renovado en pleno puerto de Estepona”. Ideal para vivir la “auténtica esencia de la Costa del Sol” a 166 euros por noche los próximos fines de semana, mínimo cuatro noches. Booking referencia otros tres, pero no están disponibles.

El anunciante de Brisa es Hanami Group, que en su web tiene diez de apartamentos de La Perla. Es una mera gestora. El propietario sigue siendo la empresa que compró los antiguos locales municipales, pero ahora lo es a través de Turismo del Puerto S.L., una entidad constituida en septiembre de 2023, cuyo único socio es Omega 93 y está administrada por Estela Solís, hija del constructor. Su capital social es de 1.347.748 euros, casi coincidente con el precio pagado por los locales municipales.

El negocio pinta bien: la herramienta AirDNA Rentalizer estima unos ingresos anuales de 23.400 por cada uno de los diez apartamentos, 234.000 euros al año por los diez. Otra fuente especializada del sector lo eleva a entre 27 y 32.000 euros al año. Estepona es un destino de moda para el turismo de alto poder adquisitivo gracias a sus playas, sus cuidadas calles y la amplia oferta comercial y gastronómica.

A la vez, es también uno de los municipios más caros para compra o alquiler en una provincia ya de por sí muy tensionada. En los últimos años, el sector inmobiliario local se ha reorientado notoriamente hacia el sector del lujo y la compra de primeras o segundas residencias de ciudadanos extranjeros. En el último año el precio del alquiler y compra se ha incrementado el 9,5% y el 11,6% respectivamente, según Idealista.

Precio final: mitad del valor catastral y una cuarta parte de lo que pagó Diputación Provincial

Este medio desveló en diciembre de 2022 la venta de esos locales municipales, hoy apartamentos turísticos, a Omega 93, una empresa patrimonial del constructor Bonifacio Solís, el mayor adjudicatario de obra pública en el municipio. Omega 93 fue socia de una sociedad patrimonial del alcalde en otra empresa, Nuevos Aires 2002. El Ayuntamiento siempre ha defendido que la venta fue legal y que ambos ya no son socios. Sí siguen siendo amigos y es habitual verlos juntos en actos sociales. La relación entre Solís y García Urbano viene de muy atrás, probablemente de Coín, de donde ambos provienen.

Tras las revelaciones de este medio a finales de 2022, el PSOE llevó el asunto a Fiscalía, pero el fiscal Julio Martínez Carazo archivó en mayo la investigación tras recabar el expediente municipal. Cuatro meses más tarde, en septiembre de 2023, la constructora de Solís fichó al hijo mayor del alcalde, de 27 años, como “director de operaciones”. No tenía experiencia en puestos similares.

La venta de los locales a la sociedad del amigo del alcalde se articuló de manera rápida y estuvo trufada de detalles inusuales, como desveló en su día una investigación de este medio. El 2 de diciembre de 2021, García Urbano inició el proceso con un Decreto para desafectar las dependencias municipales, pues hasta entonces no se podían vender. Tras subsanar la falta de publicación en el Boletín Oficial, llevó el asunto como urgente al Pleno de febrero. Allí, el alcalde aseguró que el Ayuntamiento seguiría siendo el dueño. Un mes más tarde estaba empezando a subastar los inmuebles.

En estos procesos, el Ayuntamiento está obligado por ley a tratar de obtener el mejor precio para las arcas públicas. Su precio de salida era de algo más de 1,6 millones, teóricamente obtenido a partir de un informe de la arquitecta municipal. Esa cantidad era un 41% inferior al valor catastral (2,3 millones) y estaba más alejada aún de los valores de mercado en esa zona, inmersa en un ambicioso proyecto de renovación urbana, ya culminado, que incluía el Mirador del Carmen en la cercana playa de La Rada.

El precio de los locales se rebajaría aún más. La primera subasta, que no se anunció “porque la ley no obliga” (según dijo el Ayuntamiento a este medio), quedó desierta. Entonces el Consistorio rebajó el precio lo máximo que le permite la ley, un 25%. Lo licitó por segunda vez nuevamente sin publicidad en medios, y sólo apareció en la plataforma de contratación como “subasta de bien mueble”, una rúbrica errónea que impedía que los posibles interesados pudieran enterarse. Tampoco concurrió nadie, de modo que se repitió como expediente “bis”.

A la tercera fue la vencida. El Ayuntamiento dio 15 días naturales (algo inusual) para recabar ofertas y Omega 93 presentó la suya, que fue la única, el 16 de agosto de 2021, media hora antes del límite. “De la primera nos enteramos tarde”, explicó una portavoz a este medio, sin aclarar cómo lo supieron, dado que no apareció en prensa y en el portal de licitaciones estaba mal referenciado. La presidenta de la mesa de contratación fue la concejala Ana Velasco, también vinculada en el pasado a una sociedad del adjudicatario.

El precio final de los locales, menos de un millón de euros a 474,7 euros/metro cuadrado, contrasta mucho con el precio por el que el propio Ayuntamiento vendió el local contiguo de al Patronato de Recaudación de la Diputación de Málaga: una oficina de 372 metros cuadrados y cuatro plazas de garaje que vendió en 2014 por 819.000 euros, a unos 2.200 euros/metro cuadrado. El Ayuntamiento vendió una oficina a la Diputación a más del cuádruple del precio de venta que le puso a los locales de al lado.

La vieja relación del alcalde con la adjudicataria

De este modo, en siete meses el Ayuntamiento desafectó, licitó y vendió su antigua sede a un precio muy inferior al de mercado a un amigo y exsocio del alcalde. Son 2.000 metros cuadrados, que inicialmente eran dos locales en planta baja, entreplanta y oficina, así como 26 plazas de aparcamiento. Durante meses, los trabajadores municipales siguieron ocupando esas dependencias, hasta que pudieron marcharse a la nueva sede municipal.

Después, se acometió una obra interior para dejar una cuarta parte de la superficie de esos inmuebles lista como apartamentos turísticos a finales del año pasado, según fuentes locales, mientras se pasaban a una nueva empresa, Turismo del Puerto, S.L. Su administradora es Estela Solís, hija de Bonifacio, y el socio único es Omega 93. Según información registral, Omega 93 aportó los inmuebles el 25 de octubre de 2023 en escrituras otorgadas ante la notaria Almudena Romero, quien lleva la notaría de la que es titular el alcalde.

Al menos hasta 2016, García Urbano fue socio de Omega 93 en la entidad Nuevos Aires 2002. Así constaba en su declaración de bienes al Congreso de ese año y lo confirmó el propio Solís a este medio, aunque en 2023 aseguró que ya había adquirido las participaciones sociales de García Urbano hacía “dos o tres años”. Ambos son amigos íntimos. El tercer socio en Nuevos Aires era Juan Hoffmann, condenado y prófugo del caso Malaya. Nuevos Aires también es propietaria del edificio ilegal que albergó durante años la sede de Urbanismo en Marbella.

Estela Solís sustituyó a Antonio Zarco (expareja de la concejala Ana Velasco) como administradora de Nuevos Aires en enero de 2024. Para entonces, el hijo mayor del alcalde llevaba varios meses supuestamente ejerciendo como “director de operaciones” de la constructora, cargo que aún ocupa y al que llegó tras renunciar en apenas dos meses al acta de concejal que obtuvo después de que renunciaran dos concejales de la lista encabezada por su padre.

Bonifacio Solís fue también la encargada de levantar el Mirador del Carmen, una fastuosa torre en plena playa que costó más de 16 millones de euros. El alcalde ha sido llamado a declarar ante el juez como investigado por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias en la adjudicación del restaurante con mirador a la pareja de su hijo, sin experiencia alguna en negocios de ese tipo. Como desveló este medio hace tres años, la sociedad adjudicataria se creó pocas semanas antes en el despacho profesional de un concejal de confianza de García Urbano.

El primer dato cerrado sobre el turismo en la Semana Santa de Málaga ha zanjado la polémica que se levantó durante semanas a partir de unas previsiones de parte descontextualizadas y el catastrofismo de diversos cargos públicos del PP andaluz. Málaga y la Costa del Sol, cuya Semana Santa estaba “definitivamente perdida” para el turismo (según llegó a decir el responsable de Turismo en Andalucía, Arturo Bernal), no sólo no han perdido turistas, sino que cerraron este periodo (del 27 de marzo al 6 de abril) con más ocupación hotelera, hasta alcanzar el 82,85%, 2,67 puntos más que en 2025. En los días “clave”, del Jueves Santo al Domingo de Resurrección, la ocupación fue del 85,26%, dos puntos más que el año pasado, según los datos de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (AEHCOS).

Son las segundas mejores cifras turísticas del último lustro, solo superadas por las de 2023, cuando la primera Semana Santa sin ninguna restricción Covid cayó íntegramente en abril y vino acompañada de un tiempo muy benigno. Aquel año la ocupación fue del 84,23% (1,5 puntos más que este año).

Los datos finales de 2026 superan las previsiones iniciales “ligeramente”, según AEHCOS, que llegó a alertar de una caída de demanda del 26% y a las puertas de la festividad previó una ocupación del 73,47% (9,3 puntos menos que la cifra final). La patronal atribuye el error de estimación al turismo internacional y, sobre todo, al buen tiempo, clave para las reservas de última hora: no ha llovido ni un día, y las temperaturas diurnas han rondado los 22 grados. “Los datos de ocupación de esta Semana Santa confirman que la climatología ha ayudado a los resultados”, ha asegurado José Luque, presidente de AEHCOS, que también destaca que se logran “pese a la desconexión ferroviaria”.

Los destinos con mayor ocupación han sido Benalmádena (90,30%), Costa Oriental – Axarquía, (86,67%), Torremolinos (85,85%), Mijas (84,90%) y Málaga – Rincón de la Victoria (84,51%). El turismo internacional (77,95%) triplica al nacional (22,05%). AEHCOS también ha divulgado los datos de marzo. La ocupación hotelera media fue del 78,07%, cinco puntos más que en el mismo mes de 2025.

También han sido positivos los datos de empleo, con un incremento de 14.307 afiliados a la Seguridad Social en la provincia y una reducción de 1.863 personas en desempleo respecto a febrero. Ambas cifras mejoran las del conjunto de Andalucía: la caída del paro es la tercera mejor, tras Cádiz y Sevilla, mientras que el incremento de afiliación mensual es del 1,95%, por el 1,44% en el conjunto de Andalucía. La Confederación de Empresarios de Málaga lo atribuye al “impacto favorable de la Semana Santa”, “a pesar de los problemas generados por la deficiente conexión ferroviaria”.

De semana “perdida” a “mínimo” impacto

Estas cifras confirman los primeros indicadores, avanzados a mitad de semana por el propio alcalde de Málaga, Francisco de la Torre (quien ya avanzó que impacto sería “mínimo”) y la consejera de Empleo, Rocío Blanco. También corroboran lo que ya advirtió la propia patronal hostelera, cuando su presidente declaró que la Semana Santa no iba a ser “tan mala como se está pintando”.

Quien la pintaba de negro era la Junta de Andalucía, que cebó el enfrentamiento con el Gobierno central por el posible impacto turístico de la interrupción del AVE directo a Madrid, motivado por las obras que se ejecutan a la altura de Álora por el desprendimiento de un talud. ADIF ha dado dos fechas para la reapertura, que ha incumplido, alegando que la obra es mucho más compleja de los previsto inicialmente. Ahora prevé reabrir una de las dos vías a finales de abril, si todo va bien. Entre tanto, Renfe ofrece completar entre Antequera y Málaga en autobús, lo que alarga el viaje hasta las cuatro horas y media.

Esto es un inconveniente para estudiantes y trabajadores, sobre los que se ha pasado de puntillas en este debate. La Junta se centró en el turismo, a pesar de que las encuestas de movilidad muestran que apenas el 10% de los turistas nacionales llega en tren a Málaga. El AVE tiene algo más de peso en el turismo de congresos y el de fin de semana (despedidas de soltero, por ejemplo).

Dos de los consejeros de Juan Manuel Moreno, Carolina España (Economía y Hacienda, además de portavoz) y Bernal (Turismo) tiraron de hipérbole: la consejera, asegurando que Málaga estaba “incomunicada”; el consejero, para darla por finiquitada. Y el propio presidente Moreno esgrimió un dato de parte, sin contrastar, sin contextualizar y sin desglosar para cuantificar el impacto: los famosos 1.300 millones de euros. La patronal se desentendió de esa cifra (“nosotros nunca la hemos dado”) mientras el ministro Óscar Puente acusaba a sus divulgadores de “buleros”.

El debate subió de tono a las puertas de las elecciones autonómicas, amplificado por las descalificaciones del ministro contra algunos periodistas por la derivada del papel de algunos medios en la difusión de un alarmismo económico que no ha tenido reflejo en la realidad.

El portavoz del PSOE de Málaga, Daniel Pérez, ha pedido al presidente andaluz y a Francisco de la Torre “que rectifiquen y pidan disculpas a la ciudadanía”, aunque el alcalde, mucho más cauto que sus compañeros de partido, advirtió pronto que la incidencia sobre el turismo no sería tan importante. “El éxito arrollador ha desmontado por completo la campaña de desprestigio” orquestada por los populares, según Pérez, que les atribuye el intento de “dañar a la ciudad para sacar rédito político”. De momento, ni la Junta de Andalucía ni el regidor (más cauto en sus previsiones sobre el impacto de la crisis del AVE) se han pronunciado respecto a las cifras definitivas de AEHCOS.

Este lunes el alcalde de Málaga, el veterano Francisco de la Torre (PP) hizo las siguientes declaraciones a los periodistas: “Yo creo que al final no va a haber casi incidencia, porque el tiempo nos acompaña muy bien. La gente, a la que le encanta que la Semana Santa transcurra en tiempo bueno, hace el esfuerzo de venir aunque sea tardando más, como se tarda ahora. Creo que la incidencia será mínima”.

Estas declaraciones del regidor, verso libre del PP, a propósito de la repercusión turística (y por tanto económica) de la interrupción por obras de la línea de alta velocidad a la altura de Antequera suponen la enmienda final a varios cargos de su partido en la Junta de Andalucía, que han alimentado el catastrofismo económico durante dos semanas.

La Semana Santa está “definitivamente perdida”, había dicho quince días antes el consejero de Turismo, Arturo Bernal, mientras que la consejera de Hacienda, Carolina España, alertaba desde la estación María Zambrano de que “Málaga está completamente incomunicada” y animaba a los empresarios a demandar a ADIF por las presuntas pérdidas, alimentando así el choque frontal con el Gobierno.

De la Torre, mucho más cauto, apuntala ahora la idea de que la incidencia no será tan grave. Ya lo advirtieron los propios empresarios, sorprendidos por un exceso de alarmismo que ni ellos vieron venir: probablemente la Semana Santa “no será tan mala como la están pintando”.

Los datos definitivos se conocerán después del Lunes de Pascua, pero empiezan a divulgarse algunos indicadores que sostienen esa conclusión, sobre todo en la capital.

El tiempo, factor clave

El alcalde sostuvo sus palabras en lo que le dicen desde la Oficina de Turismo, donde registraron menos consultas el viernes y el sábado que el año anterior, pero muchas más el Domingo de Resurrección.

Fuentes del sector restan peso al indicador, pero hay otros datos: la Encuesta de Ocupación Hotelera muestra que en febrero de 2026, cuando el AVE a Málaga ya estaba interrumpido, hubo más pernoctaciones hoteleras (+1%) en la provincia que en febrero de 2025, un resultado que muestra fortaleza porque va en dirección contraria a la tendencia a nivel autonómico (-1,8%). La clave está en el incremento de la estancia media en Málaga y en el impulso del turismo internacional, que compensa la bajada del nacional, que da síntomas de agotamiento desde hace meses.

Tampoco ve probable un alto impacto el profesor Benjamín del Alcázar, director de la cátedra de estudios cofrades de la Universidad de Málaga, quien presentó el lunes el informe anual que mide la repercusión de la Semana Santa en la economía malagueña, elaborado por la cátedra de estudios cofrades de la Universidad de Málaga. Del Alcázar destacó una clave con mayor incidencia que el tren: las previsiones meteorológicas. En la de 2025, marcada por la lluvia, el impacto fue de 320,5 millones de euros. La de 2023, con un tiempo extraordinario, marcó el máximo: 394 millones de euros. Para este año no se prevén jornadas de lluvia, y sí sol y buen tiempo, con máximas de 25 grados.

En declaraciones a la SER este miércoles, Francisco Moro, presidente de AEHCOS en Málaga ciudad, ha calculado un descenso de ocupación del 6% en los primeros días, “un poquito peor que el año pasado”, pero prevé cifras similares al año pasado a partir de ahora, en torno al 94%, rozando el lleno el Jueves y Viernes Santo. “Sabíamos que por la fuerza y el atractivo de la ciudad la gente al final vendría. Se veía venir y así ha sido”.

Perspectivas “bastante optimistas” de la Junta, cautela en el sector

El PP andaluz, que hace un par de semanas alimentaba las previsiones más negras, ha ido aplicando en las últimas fechas sordina a un debate que cebaba con estruendo hace apenas 15 días.

Tanto el martes como el miércoles, el presidente Juan Manuel Moreno auguró unos “buenos datos” en Andalucía, y dijo confiar que la interrupción desl AVE directo a Málaga “no tenga impacto” o sea “el menor de los posibles”. En esa línea se manifestó la consejera de Empleo, Rocío Blanco: “Parece que, poco a poco, la afluencia [a la Semana Santa de Málaga] se está comportando muy bien”. La consejera confirmó que las perspectivas del sector son ya “bastante optimistas” y avanzó que los datos de paro registrado “apuntan a que vamos a tener una bajada de desempleo notable”.

Incluso el consejero de Empleo, Arturo Bernal, que habló de una semana “perdida completamente”, ha modulado su discurso. Hace una semana confió en “amortiguar” el impacto con el buen tiempo. Este martes pronosticó un descenso de ocupación en la provincia Málaga “en torno a ocho puntos porcentuales”, algo que estaría en línea con el descenso de seis puntos previsto para Andalucía.

Por su parte, AEHCOS (la asociación mayoritaria, que agrupa hoteles, apartamentos turísticos, albergues u hostales de Málaga, interior y Costa del Sol) pronostica una ocupación del 73,47% durante toda la semana, frente al 80,18%, 6,6 puntos menos (por tanto, una previsión mejor que la Junta), y una bajada de cinco puntos los días centrales. AEHCOS, que atribuye el descenso a la “desconexión ferroviaria de alta velocidad”, admite posibles “ajustes de última hora que pueden modificar” las cifras, apuntando a las reservas de última hora, muy condicionadas por la climatología. Sin embargo, su vicepresidente ejecutivo Javier Hernández, asegura a elDiario.es/Andalucía que no van bien, y que se han reducido un 50% respecto al año pasado.

AVVAPRO (la patronal andaluza de pisos turísticos) prevé para esta Semana Santa una ocupación media en Andalucía de entre el 68% y el 70%, con registros algo superiores en las grandes capitales, pero advierte de que el viajero tiende cada vez más a decidir en el último momento, “especialmente cuando las previsiones meteorológicas son favorables”, lo que deja margen para una mejora.

Más desplazamientos por carretera, estabilidad en el aeropuerto

La alta velocidad a Málaga funciona de Madrid hasta Antequera, desde Renfe realiza un transbordo hasta Málaga capital, lo que alarga el viaje entre una hora y hora y media, hasta las cuatro horas y media.

Óscar Puente, ministro de Transportes, aseguró que unas 3.000 personas siguen viajando al día, y Renfe ha reforzado los servicios para Semana Santa. Ouigo e Iryo mantienen suspendidos los trayectos, mientras que Renfe oferta alrededor de 50.000 plazas en estos días, con 15 servicios diarios (16 los domingos). Son unas 90.000 menos que las ofertadas hace un año. Este miércoles no había plazas en la mayoría de trenes para regresar a Madrid en la segunda parte de la semana.

Con todo, los estudios de movilidad turística muestran que en torno a la mitad del turismo nacional llega a Málaga por carretera, y que el tren apenas mueve alrededor del 10%. Para llegar a Málaga sigue habiendo carreteras, el cuarto aeropuerto de España y un puerto de cruceros que sostendrá las cifras de la temporada alta del año pasado (117 escalas y 172.000 pasajeros).

“La gente que quiere venir a Málaga se ha buscado la vida y ha venido a través de otros medios, sé que mucha gente ha venido en carretera”, señaló Blanco. La DGT prevé 730.000 desplazamientos en la provincia, 85.000 más que el año pasado, (+13%).  

La vía aérea se mantiene estable: los vuelos programados son cerca de 6.000, casi el 80% de ellos internacionales.

Un debate sin datos firmes en víspera de elecciones

La vía de alta velocidad entre Madrid y Málaga está interrumpida desde el 4 de febrero a la altura de Álora por la caída de un talud. ADIF ha dado ya dos fechas incumplidas, se remite ahora a la última semana de abril “como mínimo” y atribuye los retrasos a la complejidad de los trabajos.

La línea dura la sostiene Elías Bendodo, vicesecretario de Coordinación Local del PP, quien este miércoles ha vuelto a pedir la dimisión de Óscar Puente y le ha acusado de no tomar medidas para paliar el problema y falta de transparencia con las obras. El PP, que ha pedido el expediente completo, ha solicitado sin éxito al Gobierno que bonifique el peaje en las autopistas de la Costa del Sol y Las Pedrizas, vuelos de mayor capacidad, un puente aéreo a precios tasados y ayudas al sector turístico.

Bendodo ha comparecido en la estación María Zambrano acompañado de De la Torre, quien ha insistido en que la ocupación en la ciudad será similar al año pasado, y del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, que ha subrayado que es la primera vez que ha tenido que venir en avión. Para mañana está prevista la llegada de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

El debate sobre las pérdidas económicas que la falta de AVE directo está provocando alcanzó su punto álgido hace ahora dos semanas cuando varios consejeros de la Junta de Andalucía pusieron el grito en el cielo a partir de la difusión descontextualizada de una cifra sin atribución ni desglose, 1.300 millones de euros en pérdidas que un diario tituló que se producirían “en Semana Santa”. El propio Moreno se hizo eco y aventó el agravio con otros territorios.

La previsión de los 1.300 millones la había formulado una parte interesada (el presidente de la patronal hotelera de la Costa del Sol), en privado (en una reunión con la delegada de la Junta en Málaga), recogía pérdidas indirectas (incluyendo las pérdidas indirectas en proveedores o el consumo inducido por los salarios) y no se refería a las pérdidas “en Semana Santa”, sino a la estimación de las pérdidas del sector por la interrupción del servicio directo desde el 18 de enero (fecha del accidente en Adamuz) al 23 de marzo, cuando se suponía que se restablecería la vía, antes del nuevo retraso anunciado por el presidente de ADIF.

“Nosotros esa cifra no la hemos dado nunca oficialmente,” señala Hernández. El Gobierno andaluz la usó de trampolín para, en vísperas de elecciones, lanzarse en tromba por una senda que había ido abriendo en las semanas previas. Encontró réplica en el ministro Puente, que acusó a quienes difundían la cifra de “buleros”. El secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, aseguró este martes que la semana “está siendo un éxito extraordinario”, y criticó a Moreno por el “alarmismo irresponsable”.

A falta de cifras definitivas, los tronos y el buen tiempo han enterrado el debate. El año pasado las previsiones se quedaron cortas: la Consejería de Turismo pronosticó un 72,4% de ocupación y al final se alcanzó el 77,4%.

En plena refriega política y mediática sobre las previsiones del impacto que tendrá la interrupción del AVE directo a Málaga en el potente sector turístico de la Costa del Sol, la Junta de Andalucía ha publicado la nueva entrega de la Encuesta de Ocupación Hotelera. Y esta contiene un dato que sugiere que el impacto sobre el turismo en Málaga ha sido, de momento, limitado: en febrero, cuando el AVE ya llevaba 12 días interrumpido tras el accidente en Adamuz, visitaron los hoteles de la provincia menos personas que en febrero de 2025, pero el número total de pernoctaciones fue mayor porque la estancia media de los turistas se alargó.

De esta forma, los hoteles malagueños registraron 1.137.839 estancias, un 1% más que hace un año, gracias sobre todo al tirón del turismo procedente del extranjero, que compensó con creces la caída del turismo nacional, más expuesto a la interrupción del servicio ferroviario directo.

Los hoteles de Málaga recibieron 343.155 viajeros en febrero de 2026 (dato provisional), un 2,2% menos que en febrero de 2025, que ya experimentó una caída del 6% respecto a febrero de 2024, cuando se produjo el pico de viajeros de la serie histórica. La caída en el número de visitantes no es exclusiva de Málaga, sino que se refleja también a nivel andaluz. Pero en Málaga no se traduce en un descenso del número de pernoctaciones, gracias al turismo internacional y el incremento de la estancia media, de 3,2 a 3,3 días por turista.

Durante la semana pasada, responsables de la Junta de Andalucía y de la Diputación de Málaga, ambas gobernadas por el PP, cargaron con altas dosis de alarmismo las quejas por los incumplimientos de los plazos para la reapertura de la vía de alta velocidad a la altura de Álora. El consejero de Turismo, Arturo Bernal, aseguró que la Semana Santa está “perdida definitivamente”, la consejera de Hacienda Carolina España expuso que Málaga está “aislada” y el propio Presidente, Juan Manuel Moreno, alertó de un impacto estimado en 1.300 millones de euros, sin desglosar el periodo ni los conceptos incluidos. España anunció que la Junta de Andalucía estudiaba acciones legales contra ADIF o el Ministerio, y animaba a los empresarios a hacer lo mismo.

Fortaleza del turismo internacional, descenso del nacional

La cifra publicada este martes por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA, una especie de INE andaluz) pone en cuestión las previsiones más derrotistas y sugiere que, al menos hasta febrero, el turismo hotelero volvió a crecer. Febrero es uno de los meses tradicionalmente flojos en la Costa del Sol y Málaga, nada comparable al arranque de la temporada alta que marca precisamente la Semana Santa, pero en los últimos años ha ido ganando peso al tiempo que la Junta se esforzaba por desestacionalizar el turismo.

Los datos del IECA muestran también que es el turista internacional el que sostiene el tirón turístico de Málaga. Baja un 10,1% el turismo nacional, para el que el AVE representa en torno al 10% de las llegadas (el 11,4%, según el Observatorio de Turismo Sostenible del Ayuntamiento de Málaga), mientras sube un 3,3% el número de turistas internacionales, que sigue siendo el mayoritario, el que más gasta y el que más días alarga la estancia: cuatro días de media. El aumento se debe al refuerzo del aeropuerto internacional de Málaga (el cuarto de España), que ha programado más vuelos (+1,9%) y recibido más pasajeros (+3,5%) que en febrero de 2025.

Este medio ha pedido también los datos de ocupación en febrero a la patronal de viviendas turísticas, sin obtenerlos.

Servicio directo interrumpido

Málaga y Madrid no tienen conexión directa de alta velocidad ferroviaria desde el 18 de enero, fecha del accidente en Adamuz en el que murieron 46 personas. El 4 de febrero, las intensas lluvias provocaron el deslizamiento de un talud sobre la vía a la altura de Álora (Málaga). Por ese motivo, el AVE Madrid-Málaga se interrumpe en Antequera, desde donde Renfe ofrece completar el trayecto en autobús. Según Renfe, unas 3.000 personas hacen uso de esta opción cada día.

El pasado 16 de marzo el presidente de ADIF anunció que la línea de alta velocidad que une Málaga con Madrid (y por tanto con el resto de España) no reabrirá completa antes de la última semana de abril, “como mínimo”, debido a que las obras para despejar la vía son de mayor envergadura de lo que se había previsto.

ADIF trabaja allí con 75 operarios, 23 máquinas y turnos de 24 horas, según explicó Puente. Sin embargo, esos turnos no se aplicaron hasta hace tres semanas, y esta es la tercera fecha estimada de reapertura.

Choque político

El nuevo retraso fue el punto de inflexión del enfrentamiento entre el Gobierno y la Junta de Andalucía, cuyos dirigentes llevaban días advirtiendo del impacto sobre el sector turístico, principal motor de la economía malagueña.

El conflicto escaló de nivel con la irrupción de Óscar Puente, quien desacreditó un dato sin contrastar divulgado, en privado y sin desglose, por la patronal. Un titular de Sur señalaba que las pérdidas ascenderían a 1.300 millones de euros “en Semana Santa”, aunque en la información se explicaba que era una estimación de pérdidas indirectas durante los dos meses hasta el 23 de marzo, contando con que la vía reabriría ese día. Es decir, sin contar Semana Santa. Oficialmente, la patronal dijo no saber nada de esa cifra, y se ha limitado por ahora a avanzar que el descenso de reservas es del 26%. Estaba previsto que publicara una estimación a finales de la semana pasada, pero ahora nada se sabe.

Entre tanto, la previsión de los 1.300 millones había cobrado vida propia: se divulgó sin contexto en las redes sociales y fue aventada por dirigentes del PP, incluido el propio Moreno, hasta que Puente advirtió de que aventurar esas pérdidas en Semana Santa era un “disparate”, y acusó a quienes usaban el dato de “buleros” y “mamporreros de quinta”. Una pérdida de tal calibre en sólo nueve días equivaldría a decir que cada turista que visitó Málaga en la pasada Semana Santa se gastó 17.000 euros.

A pesar de que la propia patronal llamó a la calma, con el presidente de AEHCOS asegurando que la Semana Santa no será tan mala como se estaba pintando, España elevó el tono grabando un vídeo junto a los autobuses dispuestos por Renfe en la estación María Zambrano de Málaga.

El Gobierno de Moreno ha detectado un punto en el que percutir sobre el Gobierno de Sánchez justo a las puertas de unas elecciones autonómicas, convocadas ya para el 17 de mayo. La cuestión, además, enlaza bien con otras reclamaciones al Gobierno central a cuenta de las carencias de infraestructuras en una provincia Junta en franco crecimiento: falta un Cercanías hasta Marbella y la A7 está saturada.

De ahí que el PP haya pedido alternativas como la bonificación de los peajes en la autovía de Málaga o incentivos fiscales para los vuelos a Málaga. También ha planteado el posible uso de Cercanías desde Antequera por vía convencional, una propuesta rechazada por Renfe, que alega que faltan máquinas y maquinistas para eso.

Por su parte, Puente ha publicado un vídeo para hacer ver la complejidad de los trabajos, mientras el subdelegado del Gobierno en Málaga evitó acudir este lunes a una reunión telemática sobre “análisis y medidas ante la falta de AVE Madrid-Málaga en Semana Santa”, convocada el sábado por el consejero de Turismo de la Junta de Andalucía.

Apenas un 17,2% de las viviendas turísticas de Andalucía cumplen los requisitos para poder anunciarse en las principales plataformas, como Booking o Airbnb. Así lo admite la patronal de propietarios y gestoras de viviendas turísticas de Andalucía (AVVAPro), que alerta de un “colapso” por la “barrera burocrática insalvable” del nuevo Registro Único puesto en marcha por el Ministerio de Vivienda, al que pide una moratoria que evite la retirada de miles de anuncios. AVVAPro alerta de “graves perjuicios económicos, jurídicos y reputacionales” para “familias y profesionales”. Desde julio, la inscripción y puesta al día en ese registro es requisito para obtener el código con el que anunciarse en las plataformas de referencia.

En Andalucía hay 153.517 viviendas que cuentan con una licencia vigente concedida por la Junta de Andalucía para operar como vivienda turística, pero una inmensa mayoría no han completado los dos procesos obligatorios para inscribirse en el Registro Único, aprobado en diciembre de 2024 y puesto en marcha en julio de 2025. De esta forma, 86.411 (el 57%) no se han inscrito, y de las 67.106 que sí lo han hecho, sólo el 40% (unas 26.840) han presentado en tiempo (antes del 2 de marzo) el nuevo modelo con las estancias de 2025, según los datos de AVVAPro. Según estas cifras, casi 130.000 estarían en el limbo.

En teoría, a partir de este martes sólo una mínima parte de las viviendas con licencia, poco más de 25.000, podrían anunciarse en plataformas como Airbnb o Booking. El resto, tendrán una licencia en vigor concedida por la administración competente en materia de turismo (la Junta de Andalucía), pero podrían ver revocado su acceso al principal canal de comercialización de estos alojamientos al no haber recibido un número de registro por no cumplir con las exigencias del Ministerio.

Según la patronal, el impacto sobre la actividad turística en algunos municipios puede ser mayúsculo. Los bajos porcentajes de inscripción “amenazan con paralizar la oferta turística legal en zonas que dependen en gran medida de las VUT para diversificar su economía”, alerta AVVAPro.

Dos registros

El atasco afecta a viviendas que operan de acuerdo con los criterios establecidos por la Junta de Andalucía y están inscritas en el registro autonómico. Es decir, legalmente; al menos, a priori. Esas viviendas deben ahora inscribirse también en el Registro Único estatal para poder anunciarse en las principales webs. Y Andalucía, cuyo turismo representa en torno al 13% del PIB, es la comunidad autónoma en las que el registro único ha rechazado más inscripciones, 21.000, según las cifras ofrecidas por el Ministerio hace un mes. Siete de los 20 municipios con mayor número de peticiones denegadas están en Málaga: Marbella (2.993), Málaga (1.845), Benalmádena (1.035), Fuengirola (719), Mijas (664) y Estepona (505).

Fuentes del Ministerio apuntan a la laxitud de algunas comunidades autónomas para verificar los requisitos legales para obtener la licencia, mientras que en el Registro único “se comprueba verdaderamente” la documentación. “Hay CCAA que no comprueban si las viviendas tienen las licencias necesarias, si las comunidades de propietarios han autorizado la actividad económica...”, explican.

En Andalucía, basta una declaración responsable de que la vivienda no incumple ninguna normativa municipal y es compatible con el PGOU para poder inscribirla en el registro, sin perjuicio de que luego pueda revisarse esa inscripción a petición de los ayuntamientos. La Junta de Andalucía dice haber desinscrito más de 13.000 viviendas turísticas hasta febrero de 2026, si bien este medio desveló que en Málaga caducaron cientos de expedientes de desinscripción por la inacción combinada de Ayuntamiento y Junta.

Con todo, el Ministerio rebaja el impacto sobre la operatividad del sector del nuevo registro único. Fuentes del departamento que dirige Isabel Rodríguez explican que de las más de 150.000 con licencia en vigor, hay muchas que no están operando realmente o que se comercializan por otras vías. En noviembre de 2025, el INE calculaba 91.757 viviendas turísticas operativas en Andalucía en las principales plataformas, por las 150.000 inscritas en el Registro. “El registro andaluz no tiene por qué ser una foto de las viviendas que se quieren publicar en plataformas”, subrayan.

De esta forma, las que no han cumplido aún los dos requisitos del nuevo registro no serían 130.000, como da a entender la patronal, sino como máximo unas 65.000 (91.757 del total que se anunciaban menos 26.840 que ya están inscritas y han presentado el registro de estancias de 2025).

Choque de competencias

De fondo, late una disputa entre la Junta de Andalucía (además de otras comunidades autónomas y las patronales) y el Gobierno central sobre cómo afrontar el fenómeno de los pisos turísticos y su impacto sobre la disponibilidad de vivienda, particularmente en zonas con una abundante oferta turística disparada en los últimos años y escasez de vivienda asequible, como Málaga, la Costa del Sol, Cádiz o algunos barrios de Sevilla. El Gobierno central no oculta su voluntad de sacar viviendas del mercado turístico para reincorporarlas al residencial. El Gobierno andaluz, a través del consejero Arturo Bernal, ha calificado esta visión de “ideologizada”.

El choque es de competencias, porque la Junta de Andalucía tiene las de Turismo (y por tanto, la concesión de licencias de pisos turísticos) y la administración central tiene las de Vivienda. En Andalucía existe desde 2016 un registro para todas las viviendas turísticas, pero el Ministerio impuso la obligación de que, desde julio de 2025, estas viviendas se inscribieran también en un nuevo registro, aduciendo que la Unión Europea obliga a contar con uno “único” para todo el territorio. Si no están inscritas en ese registro las viviendas no obtienen un código con el que anunciarse en las principales plataformas.

La Comisión ha dado hasta finales de mayo para que Junta y Gobierno central eliminen esta duplicidad, mientras en el Tribunal Supremo se dirime cuál de las dos administraciones es competente.

Plazo “suficiente”

En medio de esta batalla legal, la denuncia del lobby de las viviendas turísticas apunta a un problema práctico, que algunos operadores trasladan desde hace tiempo: las delegaciones territoriales de la Junta de Andalucía en algunas provincias con muchas viviendas turísticas (Cádiz o Málaga) están tardando en entregar la acreditación de que la vivienda tiene uso turístico; además, los registros de la propiedad (que operan el nuevo registro del Ministerio) también están saturados.

A esto se ha sumado la entrada en vigor de un nuevo requisito, previsto en el Decreto de diciembre de 2024 pero cuyo cumplimiento no se ha exigido hasta este 2 de marzo: un modelo en el que se consignen las estancias en cada vivienda turística a lo largo del año, a presentar también ante el Registro de la Propiedad, al que se carga con un nuevo trámite.

Fuentes del Ministerio aseguran que se han presentado la “inmensa mayoría” de los modelos, sin cuantificar ni desglosar por comunidades. El Ministerio cree que el plazo de un mes que ha dado es suficiente “dada la simplicidad del modelo” y que ha ofrecido ayuda presencial y telefónica a quien la ha necesitado. “En cualquier caso, el Colegio de Registradores está trabajando con el Ministerio de Justicia para determinar la forma de proceder con los restantes casos en los que no ha habido depósito.

Según la patronal, el problema es de gestión. “No se puede penalizar a propietarios legales por la incapacidad del sistema para procesar las solicitudes”, señala AVVAPro.

El “muro burocrático” sería generalizado en todas las provincias, pero afecta especialmente a provincias como Málaga, Cádiz o Huelva. En Málaga, la provincia con mayor volumen de licencias (87.370, el 57% de todas las de Andalucía), sólo se han completado 36.939 registros. En Cádiz, se han completado 7.306 registros de 23.497 viviendas con licencia.

Según AVVAPro, los peores datos se dan en municipios costeros y pueblos pequeños donde las viviendas turísticas “representan la principal fuente de ingresos”, como El Bosque (2% de registros sobre licencias), Barbate (12%), Arcos de la Frontera (11%), Chipiona (8%), Chiclana de la Frontera (28%), Conil de la Frontera (31%), Jabugo (4%), Almonte (17%), Isla Cristina (27%), Lepe (24%), Benahavís y Benalmádena (25%).

El mantenimiento de la convocatoria de huelga por parte de algunos sindicatos, unido a la revocación del decreto de servicios mínimos, está produciendo una situación de caos en el servicio de Cercanías de Málaga, en teoría el único servicio ferroviario que estos días tiene la Costa del Sol.

El martes por la mañana han circulado menos trenes en Málaga que el lunes, según admiten todas las fuentes, a pesar de que la huelga ya no cuenta con el respaldo de los sindicatos mayoritarios que sí tenía el lunes. RENFE no da cifras, pero admite que se han cancelado “bastantes” servicios, una veintena a media mañana según fuentes sindicales. RENFE desmiente que la línea C1 haya quedado suspendida, como aseguran los sindicatos a mediodía, pero admite “tramos horarios fuera de hora punta sin trenes”.

Las dos líneas de Cercanías conectan la capital con Fuengirola (C1, pasando por Torremolinos, Arroyo de la Miel -Benalmádena costa- o el aeropuerto) y con Álora hasta el Caminito del Rey (C2). Entre ambas suman unos 17 millones de pasajeros anuales, de los que 16 millones corresponden a la C1, lo que convierte a esta línea de apenas 30 kilómetros en una de las más rentables en términos pasajeros/distancia. Algunos sindicatos llevan años reclamando la incorporación de nuevos maquinistas y la sustitución de material rodante muy antiguo. Es en esta línea en la que se están suspendiendo trenes.

Protestas de los usuarios

A mediodía decenas de usuarios protestaban porque habían adquirido un billete sin saber que el tren no pasaría. En ventanilla no les devolvían el dinero si no presentaban una hoja de reclamaciones, lo que ha generado más de un enfado. Así lo hacían varios turistas desconcertados por la incertidumbre, y malagueños y malagueñas que habitualmente usan el servicio, como Amada Morales, frustrada por llegar tarde a sus clases en Torremolinos a pesar de haber ido a coger el tren con bastante antelación. “No nos dicen nada y siguen vendiendo billetes sin informar. Al menos que no vendan billetes”. El trabajador de ventanilla explicaba que él está tan desconcertado como los usuarios, y les recomendaba que descargaran la aplicación para enterarse de las cancelaciones al mismo tiempo que él.

El caos es el resultado de la revocación del decreto de servicios mínimos. Como ya no hay la obligación de prestar un porcentaje mínimo de servicios, cada maquinista tiene libertad total para trabajar o no.

CGT es el sindicato mayoritario en ADIF Málaga, y junto con Sindicato Ferroviario y Alternativa Ferroviaria (Alferro) están también representados en Renfe Málaga. Estos sindicatos decidieron ayer en asamblea seguir en huelga, por lo que sus afiliados hoy no llevan trenes, y a ellos se están sumando otros maquinistas que no apoyan el acuerdo de los sindicatos mayoritarios.

El seguimiento de estos paros a nivel estatal durante los turnos de tarde y mañana ha sido del 2,02% de la plantilla, según RENFE, pero esa es una cifra global que diluye en toda España incidencias mayores en núcleos concretos, como el caso de Málaga.

“El riesgo hoy es como ayer”

Mientras los usuarios se movían desconcertados en la estación, en el exterior los representantes sindicales han explicado sus motivos para mantener la huelga, calificando de “paripé” el acuerdo de los UGT y CCOO con el Gobierno.

Su tesis es que el acuerdo no solventa los problemas de seguridad y promete inversiones sin concretarlas. “El riesgo hoy es tan importante como ayer”, señala Miguel Montenegro, secretario general de CGT-Andalucía. “Lo que se ha firmado no corresponde con los motivos de huelga, y sólo pone parches”, señala Miguel Ángel Ruiz, del Sindicato Ferroviario: “No vemos un aumento de la seguridad, sino un incremento de las inversiones sin plazo ni concreción”.

“El acuerdo es una declaración de intenciones, cuya aplicación depende de unos Presupuestos Generales que llevan años prorrogados, y en la que lo que más se repite es la creación de grupos de trabajo”, señala Montenegro, quien denuncia también una discriminación que ahonda en la brecha entre la alta velocidad y el tren convencional. “Se discrimina a ciudadanos de pueblos y ciudades medias, usuarios de cercanías que son la mayoría de usuarios de ferrocarril. Se abandonan líneas ahondando en zonas vaciadas”. El nuevo acuerdo contempla la tramitación de un nuevo convenio de financiación para ADIF 2026-2030 del 36,9% (de 861 a 1.178 millones de euros), mientras que la financiación de ADIF alta velocidad aumenta un 44% en el mismo periodo (de 513 a 628). También es cierto que la diferencia es a favor de ADIF convencional si se toma como referencia 2025: un aumento del 77,3% frente a 44,3%. España tiene unos 12.000 kilómetros de líneas de tren convencional y unos 4.000 de alta velocidad.

CGT lamenta que estos incrementos, si se ejecutan, se traducirían en obras de mantenimiento externas, y no tanto en contratación de personal especializado por parte de ADIF.

Málaga sin trenes

El mantenimiento de la huelga en el Cercanías de Málaga supone que la capital de la Costa del Sol está en este momento completamente aislada por tren.

Es consecuencia del impacto simultáneo de tres crisis: la provocada por el accidente en Adamuz (que interrumpió la alta velocidad); la meteorológica (que ha suprimido la media distancia con Sevilla -sin que RENFE ofrezca aquí alternativa por carretera- y el Avant Málaga-Granada); y la laboral, que mantiene en huelga a un buen número de maquinistas que operan a diario alguno de los 132 servicios en las dos líneas del Cercanías Málaga-Fuengirola (104 conexiones) y Málaga-Álora (28).

No se sabe aún cuándo regresará la alta velocidad suspendida desde el 18 de enero por el accidente en Adamuz. Entre tanto, siguen los trabajos en Valle de Abdalajís, con uno de los túneles sin servicio por graves filtraciones del acuífero desde el pasado julio, una incidencia a la que se ha sumado la caída de un talud en Álora, que hace necesaria una reparación en el tramo que llevará “días”, según ADIF.

Otras provincias andaluzas

El caso de Málaga es extremo, pero otras provincias andaluzas están igualmente afectadas por las incidencias ferroviarias causadas por el impacto de los temporales. En Cercanías, continúa suspendida la circulación de la C3 de Sevilla (con servicio alternativo por carretera) y en los trayectos Lora del Río-Los Rosales y Las Cabezas-Lebrija de la C1 de Sevilla.

Sigue suspendida la circulación de trenes, sin alternativa de transporte por carretera, de trenes de Media Distancia Algeciras-Antequera AV, Málaga-Sevilla, Cádiz-Sevilla, Sevilla-Córdoba-Jaén y el tramo Sevilla-Zafra del tren Sevilla-Extremadura-Madrid.

También continúa suprimido el Media Distancia Huelva-Jabugo para el que se ha establecido un servicio alternativo de transporte por carretera.

Los servicios de Proximidad de Córdoba circulan exclusivamente entre Palma del Río y Alcolea del Río (suprimido trayecto Alcolea-Villa del Río).

El servicio de Media Distancia Jaén-Madrid circula con un servicio alternativo por carretera entre Jaén y Linares. Entre Linares y Madrid el recorrido se realiza en tren habitual.

Los servicios Sevilla-Huelva y Granda-Almería son los únicos que circulan con normalidad.

Los trenes Avant Sevilla-Málaga circulan parcialmente entre Sevilla y Córdoba y entre Sevilla-Antequera. Desde esa estación y Málaga por carretera. Los servicios Granada-Málaga se encuentran suspendidos sin medios alternativos. Está normalizado el servicio Avant Sevilla-Granada.

En alta velocidad, están suprimidos el AVE Málaga-Madrid y los servicios de autobús Algeciras/Ronda-Málaga/Antequera, así como el primer servicio de la mañana Alvia Cádiz-Córdoba-Madrid (salida 7.35h), como consecuencia de las afectaciones del temporal en la infraestructura.

Circulan los servicios AVE Sevilla-Madrid, con el transbordo por carretera en el trayecto Córdoba-Villanueva de Córdoba, Alvia Almería-Granada-Madrid e Intercity Almería-Madrid.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso rojo por lluvias torrenciales en las comarcas de la Costa del Sol y Guadalhorce, en la provincia de Málaga, y se ha emitido un mensaje Es-Alert a los 27 municipios de la zona a las 14.42 horas de este domingo.

Se prevén lluvias de 120 litros por metro cuadrado (peligro extraordinario) acumulados en menos de doce horas, un aviso que se prolongará hasta las 23:59 horas de este domingo, con una probabilidad entre el 40% y el 70% y que implica posibles inundaciones y crecidas. Las precipitaciones más intensas se esperan en la mitad occidental de la referida área de la provincia malagueña.

La alerta de Protección Civil emitida por la Agencia de Emergencias de Andalucía pide extremar la prudencia, evitar desplazamientos innecesarios, no cruzar zonas inundables y no realizar actividades en cauces y sus proximidades.

Si se está en una zona inundable, se deben buscar partes altas o subir a un piso superior; se recomienda consultar las consejos del 112 ante riesgo extraordinario por lluvia y, en caso de emergencias, llamar al número de teléfono 112.

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha informado de la decisión en redes sociales tras elevar la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) a aviso rojo el riesgo por lluvias en la zona. Sanz ha pedido no bajar la guardia y seguir los consejos del Servicio de Emergencias 112 Andalucía “que salvan vidas”. Asimismo, ha insistido no cruzar zonas anegadas ni transitar por zonas “próximas a ríos o cauces”.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, en un mensaje en redes sociales, recogido por Europa Press, ha indicado que “mandamos 'EsAlert' a 27 municipios de Costa de Sol y Guadalhorce en Málaga con aviso rojo de Aemet por lluvias”, incidiendo en “la máxima precaución”, y también recomendando evitar desplazamientos innecesarios.

Desde la mañana de este domingo, la Junta ha elevado a fase de emergencia, situación operativa 1, el Plan ante el Riesgo de Inundaciones, debido a los efectos de la borrasca Francis.

La Policía Nacional ha detenido a cinco personas por el secuestro de una pareja en Mijas (Málaga) y el posterior asesinato del hombre. El objetivo de los asaltantes era acceder a sus 'wallets' digitales y tratar de sustraer sus criptoactivos.

Según relata la Policía en un comunicado, el pasado mes de abril los arrestados presuntamente asaltaron a una pareja, llegando a disparar al hombre en la pierna “cuando trataba de huir”. Acto seguido, les introdujeron en un vehículo, para posteriormente retenerles durante “varias horas” en una vivienda mientras la organización criminal trataba de acceder a las carteras digitales de la pareja.

A media noche, la mujer fue liberada por los captores, mientras que su pareja permaneció en paradero desconocido hasta que su cadáver fue hallado en una zona boscosa de la localidad malagueña. El cuerpo de la víctima presentaba evidentes signos de violencia, además del disparo recibido en la pierna.

La mujer, denunciante del caso, confirmó que los asaltantes “vestían íntegramente de negro, portaban guantes y ocultaban sus rostros con pasamontañas, portando armas de fuego”.

Finalmente, los agentes llevaron a cabo la detención de las cinco personas en España y registraron seis inmuebles en Madrid y en Málaga, donde los agentes encontraron dos armas de fuego --una de ellas simulada--, un bastón extensible, un pasamontañas, un pantalón con restos de sangre.

También hallaron “vestigios biológicos compatibles” con la sangre hallada en la vivienda donde las víctimas permanecieron retenidas, e intervinieron diversa documentación de interés para el caso, además de múltiples dispositivos electrónicos y móviles.

La Policía señala que gracias a la colaboración la policía danesa también se han imputado por este delito a otras cuatro personas que ahora se encuentran en territorio danés. De estos, dos están en prisión “por hechos similares”.

Dos hijastros de la alcaldesa de Marbella han solicitado al juzgado que ordene a Ángeles Muñoz que reparta la herencia que dejó su marido, Lars Broberg, después de que hayan pasado 32 meses de su fallecimiento y sin que la regidora marbellí haya realizado trámite alguno ni atendido a los requerimientos que ha recibido en ese sentido, según avanzan a elDiario.es fuentes del contencioso. El marido de Muñoz fue procesado en noviembre de 2022 por blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico, pero la acusación contra él decayó por su delicado estado de salud. Falleció el 5 de marzo de 2023.

Lars Broberg aportó al matrimonio con Ángeles Muñoz tres hijos de un anterior matrimonio. Tras la boda, hace más de treinta años, la pareja tuvo dos hijos. Pero son dos de los hijastros de Muñoz quienes reclaman a la alcaldesa la parte que les corresponde de la herencia de su padre. De estos, uno es Joakim Broberg, juzgado en la Audiencia Nacional por tráfico de drogas y blanqueo de capitales en la misma causa en la que fue procesado su padre. El otro hijastro es Lars Toni Andreasson, fruto de una relación extramatrimonial de Lars Broberg antes de trasladarse a España. Reconocido por Broberg, Lars Toni ha llevado el apellido de su padre, pero nunca vivió con el matrimonio, a diferencia de los otros dos hijastros. 

El Juzgado de Primera Instancia número 1 de Marbella admitió a trámite el pasado septiembre la demanda para la “división judicial” de la herencia de Lars Broberg. El marido de Muñoz era un ciudadano sueco con antecedentes por falsificación de matrículas que hizo fortuna en el sector inmobiliario de la Costa del Sol. Tanto es así que Muñoz siempre atribuyó su lujoso estilo de vida al éxito en los negocios de su marido. 

La Fiscalía Antidroga relacionó a Lars Broberg con tres operaciones inmobiliarias para blanquear más de siete millones de euros. El dinero procedería del tráfico del hachís orquestado por una delegación de la Mocromafia sueca asentada en la Costa del Sol y de la que sería cabecilla su hijo Joakim, pendiente de que la Audiencia Nacional dicte sentencia. El juicio se celebró entre los meses de junio y julio pasados. Durante el mismo, la Fiscalía insistió en la participación del fallecido Lars Broberg en el blanqueo del narcotráfico y solicitó una condena de 18 años de cárcel para su hijo Joakim.

El juzgado de Marbella admitió a trámite en septiembre la demanda para la “división judicial” de la herencia de Lars Broberg que hacen dos de sus hijos. Para repartir la herencia es necesario conocer antes a cuánto ascienden los fondos y bienes que Broberg dejó en vida, esto es, “la intervención judicial del caudal hereditario”, según se menciona en el auto de admisión de la demanda, al que ha tenido acceso elDiario.es. En la resolución, el juzgado ordena notificar la demanda a Ángeles Muñoz y que esta informe de la dirección de los dos hijos del matrimonio, Alex Jhon Broberg Muñoz y Christina Erik Broberg Muñoz, así como dónde localizar a Fredick Broberg, el tercer hijastro que no se ha unido a la demanda para el reparto de la herencia. Fredik es un financiero con residencia en Dubai. elDiario.es ha intentado sin éxito recabar un comentario de Ángeles Muñoz a través del departamento de Comunicación del Ayuntamiento de Marbella.

Lars Broberg mantuvo la nacionalidad sueca y no residía más de seis meses en España para tributar en su país. Las fuentes consultadas explican que su testamento responde a la distribución de la herencia que marca la ley sueca. Según esta, el heredero principal en una pareja con hijos es el cónyuge y los hijos no tendrán derecho a reclamar su parte de la herencia hasta que muera este. 

Para los hijastros la situación es otra. Estos hijos del fallecido, procedentes de una relación anterior, pueden reclamar su herencia inmediatamente después al fallecimiento de su padre, sin necesidad de esperar a que la pareja de este fallezca. Ángeles Muñoz ha sido requerida por los hijastros en varios formatos desde el fallecimiento de Lars, en marzo de 2023, incluido un burofax. La alcaldesa de Marbella no respondió a ninguno de ellos. 

Una ostentosa vida rodeada de presuntos delitos

La ostentosa vida de Ángeles Muñoz abre una incógnita sobre la herencia de Lars Broberg. Por otra parte, el procesamiento del empresario sueco abunda en las dudas sobre su procedencia. Los investigadores policiales del caso de la Mocromafia en la Costa del Sol solicitaron al juzgado abrir una línea de investigación por delitos de corrupción derivados del presunto cabecilla del grupo, Joakim Broberg, y el uso que podría haber hecho de la figura política de su madrastra. Pero ni la Fiscalía ni el magistrado atendieron a los requerimientos de la Policía, basados en los pinchazos en los que Joakim llegaba a celebrar la victoria del PP en los comicios de 2019: “La ciudad es nuestra, la Junta... la jodida Andalucía”.

Ángeles Muñoz y su marido estaban casados en régimen de separación de bienes. elDiario.es publicó en noviembre de 2022 que el patrimonio de Ángeles Muñoz, diferenciado del de su marido, ascendía 12 millones de euros siguiendo un cálculo conservador. La alcaldesa de Marbella lleva dedicada en exclusiva a la política durante tres décadas. Procedente de una familia de clase media, Ángeles Muñoz ejercía de médica de familia cuando conoció a Lars Broberg. Desde que entró en política, a mediados de los noventa, Muñoz no ha dejado de adquirir propiedades, tal y como detallaba la citada información. 

Entre el patrimonio que ahora debe cuantificar el juzgado para repartir la herencia está una de las propiedades más ostentosas de la familia. Se trata de una mansión que Muñoz compró al 50% con su marido en 2003 y que ha intentado ser vendida en los últimos años, sin que conste que la alcaldesa se haya desprendido de ella. 

La mansión está envuelta en la polémica desde que este medio desvelara en 2014 el modo en que fue adquirida. El matrimonio Muñoz y Broberg compró en 2003 el 98% de las participaciones que una sociedad llamada Crasel Limited tenía en otra, Crasel Panoramica SL, propietaria a su vez de la mansión. Crasel Limited estaba radicada en Gibraltar, un “paraíso fiscal”, según la definición que otorgaría después al territorio británico el Gobierno de Mariano Rajoy. 

Muñoz era propietaria del 49% de Crasel Panorámica, lo que se aproximaría a seis millones de euros por el valor de la casa. Este medio preguntó a un portavoz del Ayuntamiento si tras fallecer su marido Muñoz se ha hecho con la otra mitad de la empresa o, de no ser así, quién o quiénes son los propietarios, pero no obtuvo respuesta. La mansión tiene dos plantas y dos sótanos que albergan piscina cubierta, sauna, gimnasio y salas de cine y billar. En total, la vivienda tiene nueve cuartos de baño. También cuenta con una característica piscina exterior que ocupa 61 metros cuadrados y su perímetro recuerda a la cabeza del ratón de dibujos animados Mickey Mouse.

El pasado año, el Ayuntamiento de Marbella recalificó los terrenos donde se sitúa la mansión aumentando su valor. En 2023, la alcaldesa de Marbella había cancelado la hipoteca de 3,1 millones de euros que había contratado en el banco Nordea Bank, con sede en Luxemburgo.

El Festival Internacional de Cine de Benalmádena (FICCAB) se celebrará a partir del próximo 18 de octubre en la localidad costasoleña. En esta edición, la número 24 de su historia, el FICCAB proyectará una treintena de cortometrajes y premiará a la actriz Macarena García, el director Nacho Vigalondo y los cineastas Krzystof Zanussi y Lamberto Bava. La programación completa se puede consultar ya en la web del festival www.ficcab.org.

La actriz Macarena García, ganadora de un Goya con Blancanieves (Pablo Berger), recibirá el Premio de Interpretación. Se trata, enpalabras del codirector del festival, Jaime Noguera, “de una de las actrices más versátiles y talentosas de su generación. Dueña de una mirada expresiva y una presencia magnética, García ha construido una trayectoria marcada por la sensibilidad, la entrega y una constantebúsqueda de nuevos registros interpretativos”.

Desde su irrupción en el cine con Blancanieves de Pablo Berger (papel que le valió la Concha de Plata a la Mejor Actriz en el Festival de San Sebastián y el Premio Goya a la Mejor Actriz Revelación), su carrera ha evolucionado de forma brillante tanto en el cine como en el teatro y la televisión. En la gran pantalla ha destacado en títulos como Casa enllamas, La llamada, Ventajas de viajar en tren, Paraíso o Las niñas de cristal, mostrando siempre una naturalidad excepcional y una profundidad emocional que trasciende la pantalla.

Nacho Vigalondo, Premio de Dirección

Por su parte, el director Nacho Vigalondo, conocido por sus trabajos tanto dentro como fuera de nuestras fronteras, recibirá el Premio de Dirección. Nominado al Oscar en sus inicios con el cortometraje 7:35 de la mañana, el cineasta acaba de estrenar su último largometraje, Daniela Forever, protagonizado por Henry Golding y Beatrice Grannò. En 2022 estrenó Nuestra bandera significa muerte, una serie estadounidense en la que dirige varios episodios junto a Taika Waititi (Thor: Love and Thunder, Jojo Rabbit).

En palabras de Jaime Noguera, director del festival, Vigalondo es “un cineasta excepcional, polifacético y sin complejos que se ha labrado un lugar destacado tanto en el cine español como en el panorama internacional. Con una obra que desafía géneros (ciencia ficción, thriller, comedia, drama, fantástico…), Vigalondo ha demostrado que el cine popular puede ser también inteligente, arriesgado y lleno de matices”.

Premios Internacionales: Krzysztof Zanussi y Lamberto Bava

Nacido en Varsovia en 1939, Krzysztof Zanussi, que recibirá el Premio Internacional, es uno de los grandes cineastas contemporáneos, un autor excepcional que ha sabido mantener su voz propia incluso a contracorriente, alcanzando un reconocimiento universal. Su cine, profundamente marcado por la influencia de Dreyer, Bergman o Munk, plantea con audacia y sensibilidad cuestiones trascendentales sobre lavida, la fe, la ciencia y el destino humano.

Zanussi ha sido galardonado con numerosos premios por su obra cinematográfica y su labor intelectual, incluyendo el Premio Platinum Lion en el Festival de Cine Polaco en 2019, el Premio a la Trayectoria en el Festival Internacional de Cine de India en 2012, y reconocimientos en festivales de Venecia, Cannes, Berlín, Montreal y Moscú, así como premios en festivales como el de Chicago y un premio Raíces de Europa en 2020 por su compromiso con los valores europeos.

Por su parte, Lamberto Bava, que recibirá el Premio Especial Internacional, es un nombre imprescindible en la historia del cine fantástico europeo. Siendo hijo del legendario Mario Bava, pionero del horror gótico y del giallo italiano, Lamberto creció entre platós, cámaras y efectos especiales artesanales.

Sin embargo, lejos de vivir únicamente a la sombra de su padre, supo transformar esa herencia en un estilo propio, desarrollando una carrera que le permitió convertirse en uno de los grandes protagonistas delterror italiano de los años ochenta y en un auténtico renovador del fantástico televisivo en la década siguiente.

Premios a Elvira Lindo, Manuel Bellido y Alexis Morante

Los premios anunciados hoy se suman a los que se otorgarán a la escritora Elvira Lindo, el periodista Manuel Bellido y el director y guionista Alexis Morante.

El festival reconoce la brillante trayectoria de la escritora, periodista y guionista, por una obra que ha marcado a varias generaciones, toda vez que anuncia que el periodista Manuel Bellido recibirá el Premio Especial por cuatro décadas divulgando el cine español y la evolución del cine andaluz desde los primeros Goya de Benito Zambrano hasta el éxito internacional de Alberto Rodríguez.

Además se hará entrega del premio El Cine como Lenguaje de Paz al director y guionista Alexis Morante, en reconocimiento a su trayectoria y a su compromiso con un cine que fomenta valores derespeto, solidaridad y entendimiento entre culturas.

Sección Oficial internacional y paritaria

Para la Sección Oficial, se han recibido más de mil cortometrajes internacionales, desde países como Irán, Corea del Sur, Canadá, Chile,Brasil, Serbia, Colombia, Argentina y España. Cabe destacar que veinte de los cortometrajes presentados tenían su origen en Málaga, optando todas ellas a ganar los más de 3.000 euros que otorga el FICCAB.

En total, competirán 30 cortometrajes, con paridad en la dirección, además de haber 5 cortos que optan al Mejor Cortometraje Malagueño. Hay 7 cortos internacionales, de Reino Unido, Mexico, Rumanía, Francia, Irán, Dinamarca y Bélgica. Entre los cortos nacionales, destacan la vuelta al cortometraje de Daniel Sánchez Arévalo, Javier Marco y Javier Fesser (ganadores todos ellos del Premio al Mejor Cortometraje en el FICCAB en ediciones anteriores) con Pipiolos (con Marta Etura), Insalvable (con Pedro Casablanc y Javier Pereira) y Depredador.

La Sección Oficial también cuenta con el debut en la dirección de Eduard Fernandez con El otro y de Vanesa Romero con Sexo a los 70;la animación con Adiós, de José Prats (nominado al BAFTA) y Pobre Marciano, de Alex Rey; y otros trabajos protagonizados por FernandoTejero, Almudena Amor, Álvaro Cervantes, Eva Llorach y Carlos Santos , entre otros.

Más cine y actividades paralelas

Además de su Sección Oficial, dedicada al cortometraje, el FICCAB dedicará proyecciones especiales a sus homenajeados como Éter (Krzysztof Zanussi) o Demons (Lamberto Bava), una proyección muy especial que contará con la presencia del director de culto Lamberto Bava, acompañado de la actriz Fabiola Toledo, y el autor del libro Demons: La pesadilla retorna Pedro José Tena.

En el marco de la presentación de la publicación Benalzine, dedicada a George Bud Ornstein, y la presentación del ciclo Cine y Arquitectura, Carlos Zamarreo y Héctor Márquez presentarán una de las películas imprescindibles de la saga Bond y la modernidad arquitectónica como Goldfinger (Guy Hamilton). Las otras dos películas que conforman en el ciclo son el documental Aalto, de la directora finlandesa Virpi Suutari y Playtime, de Jacques Tati.

Otra de las publicaciones de este año en el FICCAB es el libro de Juan Antonio García Borrero (uno de los críticos e investigadores másreconocidos del cine cubano contemporáneo) Diccionario de las relaciones cinematográficas Cuba/España en colaboración con la Academia de Cine de España, el Festival Internacional de Cine SocialCastilla-La Mancha, y la Enciclopedia Digital del Audiovisual Cubano propone por primera vez una historia transnacional de los vínculos cinematográficos entre Cuba y España.

Manuel López Mestanza, vicepresidente de la Diputación de Málaga, ha destacado que “el festival, con su larga trayectoria, forma ya partedel alma cultural de nuestra provincia. Son más de dos décadas en lasque el cine ha sido el espejo, la memoria y el horizonte paraBenalmádena y todos los que amamos la cultura. El festival nos invita aconocer otras realidades que nos transforman”.

Por su parte, Jesica Trujillo, delegada de Cultura del Ayuntamiento de Benalmádena, ha subrayado que “Benalmádena apuesta por la cultura,con iniciativas propias y apoyando asociaciones como Acibe y su 24ª edición de FICCAB”.

La Fundación Antonia Guerrero busca comprador para más de 100.000 metros cuadrados de terreno que aquella mujer legó para que las “mujeres pobres” de Estepona pudieran acceder a estudios universitarios. Los interesados deberán acreditar músculo financiero: de salida son 66 millones de euros, que podrían elevarse en función de las pujas que la Fundación reciba por el lote de siete parcelas, listo para construir y ubicado en una zona privilegiada de uno de los municipios más atractivos de España para la inversión inmobiliaria en el segmento del lujo, las segundas residencias y los compradores extranjeros.

Una vez que se consume la subasta y el comprador pague, a mediados de diciembre, la Fundación se encontrará con una liquidez extraordinaria, el 70% de la cual deberá aplicar a sus fines fundacionales en un plazo de tres años, según sus Estatutos. De esta forma, dispondrá de un mínimo de 46,2 millones de euros para becas que faciliten los estudios universitarios a las esteponeras o para levantar una “ciudad del conocimiento”, que son los dos conceptos a los que puede dedicar sus ingresos.

¿Cómo piensa invertir todo ese dinero en tan poco tiempo? La Fundación, presidida por el alcalde José María García Urbano (PP), no sabe o no contesta. El Ayuntamiento tampoco lo aclara. Y ninguno de los dos partidos de la oposición municipal (PSOE y Vox) saben nada de ningún plan que, de existir, y por alcance económico, debería ser ya de conocimiento público. Pero todo encaja con la reiterada promesa formulada por el alcalde en cada campaña electoral: una universidad privada en Estepona.

Un proyecto universitario en ciernes

Todo invita a pensar que se está fraguando algún proyecto educativo-inmobiliario que siga la línea de los frustrados intentos de atraer una universidad a la ciudad. Hace tres décadas estuvo cerca el desembarco de la Universidad Pontificia de Salamanca, auspiciado por el Obispado, y desde que llegó a la alcaldía, en 2011, el alcalde José María García Urbano airea la idea como reclamo electoral.

Ahora, y mientras se materializa la venta de más de 100.000 metros cuadrados edificables propiedad de la Fundación Antonia Guerrero, la Dirección General de Coordinación Universitaria está tramitando la “solicitud de implantación” de la Universidad Internacional de Estepona Antonia Guerrero. La entidad promotora es Proyecto Educativo en Estepona, S.A., según la respuesta remitida por Transparencia a este medio el pasado junio. Se trata de una mercantil presidida por Jorge Segovia Bonet, un empresario hispano-chileno, hijo del pedagogo y profesor Felipe Segovia, impulsor y primer rector de la Universidad Camilo José Cela.

No es la primera vez que Segovia lo intenta. En los últimos comicios, en mayo de 2023, el alcalde volvió a prometer que traería una universidad a Estepona, uno de sus grandes deseos. Por entonces ya sabía que el Ministerio de Universidades había rechazado el proyecto de un campus privado impulsado por la Institución Internacional SEK, una entidad domiciliada en Costa Rica (diferente a la San Estanislao de Kotska) y con universidades en Chile y Ecuador. Estaba previsto que el futuro campus, orientado a las ciencias de la Salud, se situara en los terrenos de Guadalobón, provenientes del mismo legado, y adquiridos hace décadas por el empresario Juan José Hidalgo. La construcción, según el proyecto, se financiaría con la venta de los activos de la Fundación Antonia Guerrero.

Pero el Ministerio veía todo esto como castillos en el aire y en diciembre de 2022 emitió un demoledor informe en contra. Constataba que la sede prevista estaría inicialmente en un edificio público que actualmente realiza actividades culturales y que el Ayuntamiento alquilaría a la Fundación Antonia Guerrero Díaz que a su vez lo alquilaría a los promotores de la Universidad. El proyecto contemplaba que más adelante se venderían los activos de la Fundación, presidida por el alcalde, para financiar la construcción de una nueva sede universitaria, “en un terreno del que no se dispone, que será presumiblemente arrendada a los promotores de la Universidad”, concluía ese informe, con visible escepticismo.

La vinculación del proyecto actual con SEK

Tres años después, está cerca la venta en pública subasta de los terrenos, y eso puede ser la primera piedra, ya sí material, de la futura universidad privada. Ahora, Institución Internacional SEK S.A., que era la promotora entonces, ha sido sustituida por una sociedad netamente española, Proyecto Educativo en Estepona, S.A.

Detrás está la misma persona: el empresario Jorge Segovia Bonet. Se trata de una persona discreta en España, pero de relevancia pública en Chile, donde ha protagonizado episodios controvertidos. Aunque en los últimos años ha aparecido vinculado a varios escándalos, no hay constancia de condenas y él defiende que su imagen pública ha sido pervertida por los medios, contra los que ha ejercido más de una acción judicial.

Su buque insignia es la Universidad Internacional SEK, cuya marca obtuvo tras librar una batalla legal con su padre. En 2013, la Fiscalía de Chile investigó a SEK y Segovia en un caso de presuntos sobornos cometidos por varias universidades para obtener la acreditación de parte de la Comisión Nacional de Acreditaciones (CNA).

Los dirigentes de dos de las tres universidades investigadas fueron a prisión preventiva, pero Segovia voló a España (desde donde declaró por videoconferencia) y no regresó hasta que el caso fue archivado para él. Aunque el presidente de la CNA fue condenado, el fiscal retiró la acusación contra Segovia y SEK por falta de pruebas tras cuatro años investigándolos, según informó la prensa chilena.

La relación de SEK con los órganos de acreditación chilenos ha sido tormentosa. La acreditación que obtuvo en 2012 fue investigada, en 2014 se le retiró, volvió a obtenerla en 2021 y recientemente, en diciembre de 2024, la CNA decidió no renovarla tras imponer unos criterios más exigentes. El documento de evaluación advierte de una caída de las matriculaciones del 54,3% desde 2018 y pérdidas operacionales acumuladas de 5,4 millones de euros desde 2020. En los últimos años la Universidad ha acometido un plan de ajuste que incluye el cierre de campus, la venta de activos inmobiliarios y la reducción de plantilla. Tenía inscritos unos 3.200 alumnos.

Jorge Segovia Bonet no solo está vinculado a la educación universitaria privada. En Chile es dueño del club de fútbol Unión Española, a través de SEK, que también lo patrocina. Una red de intereses compartidos que le ha puesto bajo la lupa. El cargo le sirvió de trampolín para ostentar la vicepresidencia de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, entidad equivalente a la Federación española. También fue Presidente, pero apenas duró unos días antes de ser inhabilitado.

Según aseguró el propio club, Segovia y la universidad vencieron a Amazon en los tribunales a propósito de la serie El Presidente (2020), a la que consideraba difamatoria para él y para SEK. La serie relataba los entresijos del FIFA Gate, un escándalo de sobornos y fraude en el organismo de fútbol internacional. Según el club, Segovia logró una indemnización “muy sustancial” y la retirada de pasajes difamatorios de la serie, que sigue siendo accesible en el catálogo de Prime Video.

Presunto apoyo del Gobierno de Moreno

El desembarco en Estepona de una universidad privada auspiciada por Segovia dependerá en última instancia del beneplácito de la Junta de Andalucía, que el alcalde ha dado por descontado en alguna ocasión.

Mientras acusaba al Gobierno central de boicotear su proyecto de Universidad por el informe del Ministerio, García Urbano aseguraba que cuenta con el compromiso del consejero de Universidades, José Carlos Villamandos, y del propio presidente andaluz, Juan Manuel Moreno. “Están haciendo causa personal de este proyecto”, explicó en una entrevista con Libertad Digital hace dos años. El Gobierno andaluz ha impulsado la apertura de cinco universidades privadas en esta legislatura, tres de ellas en la provincia de Málaga.

El Tribunal Supremo ha rebajado a seis años la inhabilitación para empleo o cargo público impuesta a la exalcaldesa de Manilva (Málaga) Antonia Muñoz (IU) por un delito de prevaricación administrativa por irregularidades en la contratación de personal municipal; en concreto 749 contratos “sin procedimiento alguno” entre 2007, cuando accedió a la Alcaldía, y 2013, año en el que la abandonó.

Así se precisa en dos sentencias del alto Tribunal, consultadas por Europa Press; una en la que se estima en parte el recurso presentado por la defensa de la acusada contra la resolución de la Audiencia de Málaga que la condenó a nueve años de inhabilitación especial para todo cargo o empleo público; y otra en la que se fija la pena en seis años y cuatro meses.

Selección “de forma personalista”

La Audiencia de Málaga consideró probado que en el tiempo que Muñoz estuvo de alcaldesa por IU funcionaban dos sociedades municipales que “aparentaban ser independientes”, como eran Fundación de Desarrollo de Manilva y la Sociedad Deportiva Municipal, pero en las que en realidad había “comunión” con el Consistorio.

“En nombre del Consistorio o utilizando la fundación o la sociedad deportiva, de manera sistemática la señora Muñoz contrataba al personal del Ayuntamiento prescindiendo de todo procedimiento legal, sin proceso de selección, sin atención a los recursos, principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, simplemente eligiendo de forma personalista a aquellos que la alcaldesa decidía contratar”, señalaba la Audiencia.

Esta forma de contratación “se hizo de forma habitual, siendo la excepción aquellos supuestos en que la recepción de fondos extramunicipales era condicionada al cumplimiento de la legalidad”, según consideró acreditado el Tribunal de Málaga.

En 2008 fue contratado el otro acusado en esta causa como asesor jurídico del Ayuntamiento, “siendo igualmente realizado el contrato prescindiendo de cualquier proceso de selección, sin atender a los principios de igualdad mérito o capacidad”, según consideraba la sentencia.

Así, se entendía que este procesado, “conociendo, dada su condición de letrado y su experiencia municipal, la ausencia de procedimiento y la falta de adaptación a la legalidad, consistió en esa forma de contratación, por lo que fue condenado por el mismo delito de prevaricación administrativa a 21 meses de inhabilitación especial para cargo o empleo público.

Dilaciones indebidas

Contra esta sentencia, las defensas de los acusados presentaron recursos ante el Supremo, tribunal que ha desestimado de forma íntegra el presentado por el procesado, confirmando la pena impuesta inicialmente; mientras que ha estimado parcialmente dos de los argumentos del letrado de la exalcaldesa, en este caso, sobre la pena impuesta.

En este sentido, el TS cree que no es correcta la individualización de la pena llevada a cabo por la Sala de Málaga y señala que la misma consideró la complejidad del procedimiento, debido en parte al volumen de documentación, y también la duración de la instrucción para determinar la circunstancia que atenúa la pena de dilaciones indebidas.

Así, corrige a la Audiencia y señala que debe tenerse en cuenta las dilaciones indebidas, el carácter continuado del delito y atender, igualmente, “al número de contrataciones de personal realizadas ilegalmente y al tiempo, cuatro años, en que Muñoz ostentó el cargo de alcaldesa durante el que llevó a cabo tales actuaciones ilegítimas”, por lo que fija seis años y cuatro meses.

“Al margen de todo procedimiento”

Rechaza el resto de argumentos, como la existencia de indefensión debido a la división del procedimiento en tres piezas diferentes, considerando el Supremo que esto “no alteró su naturaleza ni implicó tácitamente el sobreseimiento de las actuaciones. Tampoco supuso la retroacción del procedimiento”. Asimismo, desestima la alegación relativa a la supuesta pérdida de imparcialidad del Tribunal.

Además, añade que los testimonios prestados por el secretario y la interventora del Ayuntamiento apoyan la conclusión de que la exalcaldesa “actuó al margen de todo procedimiento, circunstancia que no solo conocía, sino que le fue puesta de manifiesto” por estos, y que era “plenamente consciente del carácter arbitrario de las nuevas contrataciones que llevó a cabo al margen de cualquier procedimiento”.

“Su proceder constituye sin duda una contradicción con el ordenamiento jurídico de tal magnitud que podía ser apreciada por cualquiera. No se trataba de una mera ilegalidad, que puede ser producto de una interpretación errónea, equivocada o discutible, como tantas veces ocurre en Derecho, sino que la acusada actuó por la vía de hecho para hacer su voluntad”, incide el TS.

Considera, igualmente, que se trata “de un claro abuso de poder que conculcó el pilar básico de un estado de derecho, como es el sometimiento de los poderes públicos a la ley”, de forma que procedió a “contratar a dedo a todos los trabajadores salvo a aquellos que serían fiscalizados por la comunidad autónoma por depender de subvenciones de la misma”.

Una actuación que “ocasionó un resultado materialmente injusto”. “No cabe duda de que existe un daño inmaterial constituido por la quiebra que en los ciudadanos va a tener la credibilidad de las instituciones y la confianza que ellos deben merecerse, porque de custodios de la legalidad se convierten en sus primeros infractores, con efectos devastadores en la ciudadanía”.

El Consejo de Administración de Aena ha dado luz verde este martes a la licitación, por 36.525.000 euros, de la asistencia técnica que redactará el proyecto de ampliación del Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol. Así lo han informado desde Aena en un comunicado, en el que han apuntado que este trámite supone la puesta en marcha del proceso asociado a la ejecución, que será “la más ambiciosa en estas instalaciones desde 2010, cuando se inauguró la T3” y supondrá una inversión aproximada de 1.500 millones.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, se ha referido a estas actuaciones en un mensaje en X, consultado por Europa Press, en el que recuerda que se comprometió hace unos días en Málaga con la ampliación. “Y hoy ya la ponemos en marcha. El consejo de Aena ha aprobado la licitación de la asistencia para la redacción del proyecto. Más capacidad y más calidad para el aeropuerto con una inversión global de 1.500 millones de euro”, ha asegurado.

El inicio de la reforma y ampliación del Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol se incluirá en la propuesta del próximo Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA III), el plan de inversiones que Aena realizará en la red de aeropuertos durante el quinquenio 2027-2031, han indicado en la nota.

De acuerdo con la propia esencia del DORA, la obra tendrá como objetivo dotar al aeropuerto de capacidad para atender el crecimiento futuro de su actividad, adaptación a la normativa y hacerlo con el foco puesto en la calidad, optimizando la experiencia de pasajeros y compañías aéreas.

El documento que elabore la asistencia técnica servirá como hoja de ruta para el diseño y posterior desarrollo de las actuaciones previstas, por lo que se trata de un paso fundamental. Más aún, han señalado, si se tiene en cuenta que el aeropuerto seguirá operativo mientras se realicen los trabajos.

Nuevo dique para tráfico no Schengen y 41% más para actividad comercial

Entre las actuaciones que se acometerán para adecuar la capacidad del área terminal y agilizar los procesos aeroportuarios, destacan la construcción de un nuevo dique para tráfico no Schengen con control de fronteras centralizado; el incremento de las posiciones de contacto para las aeronaves --permiten el embarque y desembarque del pasaje mediante pasarela--; un aumento de la superficie destinada al control de seguridad, y el rediseño del sistema de tratamiento de equipajes para mejorar la operativa de los agentes handling.

Han reseñado, asimismo, el incremento del 41% previsto en la superficie para actividad comercial en la terminal, una proporción que será del 43% en el caso de los espacios reservados a salas VIP.

En el campo de vuelo, se construirán nuevas calles de rodaje --que conectan las pistas con la plataforma en la que estacionan las aeronaves--, lo que favorecerá la fluidez en la circulación de los aviones. Respecto a los exteriores, se mejorarán la urbanización y los accesos, además de la capacidad de los aparcamientos y sus usos.

Tal y como apuntó el presidente de Aena, las actuaciones planificadas “se realizarán salvaguardando el entorno, con los más exigentes y exhaustivos criterios medioambientales a nuestro alcance”. En este sentido, recordó que el gestor aeroportuario “siempre ha promovido aeropuertos con las infraestructuras más modernas, que garanticen una adecuada conectividad, una calidad excelente y los más elevados niveles de seguridad y sostenibilidad medioambiental”.

Con más de 160 kilómetros de litoral y más de 300 días de sol al año, la provincia de Málaga se consolida como uno de los destinos turísticos más importantes del sur de Europa. En plena Costa del Sol, su oferta de playas combina entornos naturales de gran valor ecológico con zonas urbanas plenamente equipadas capaces de atraer a millones de visitantes cada año. Desde calas vírgenes escondidas entre acantilados hasta arenales extensos junto a núcleos urbanos, el litoral malagueño ofrece alternativas para todo tipo de público. A ello se suma una red de servicios que incluye accesos adaptados, vigilancia, restauración y actividades de ocio.

A continuación, se presenta una selección de las 10 mejores playas de Málaga, elegidas en los rankings de viajeros por su atractivo paisajístico, calidad ambiental, servicios y valor como referentes turísticos del Mediterráneo andaluz.

Playa de Burriana (Nerja)

Situada en el municipio de Nerja, la playa de Burriana es una de las más populares de la provincia. Su arena fina y dorada, junto a un mar apacible de aguas turquesas, la convierten en el lugar ideal tanto para familias como para grupos de amigos. Burriana cuenta con todos los servicios: duchas, alquiler de hamacas, chiringuitos y restaurantes.

Además, esta playa es perfecta para los amantes del deporte acuático. Desde kayak hasta paddle surf, pasando por excursiones guiadas a los acantilados de Maro, la diversión está asegurada. Su cercanía al Balcón de Europa también permite combinar el día de playa con una visita al centro histórico de Nerja.

Playa de Cabopino (Marbella)

A medio camino entre Marbella y Fuengirola, la playa de Cabopino destaca por su entorno natural y su ambiente tranquilo. Flanqueada por el paraje protegido de las Dunas de Artola, esta playa ofrece un escenario único: vegetación autóctona, pasarelas de madera y la Torre Ladrones, una torre vigía de origen romano que recuerda la historia defensiva de la costa.

Cabopino es muy popular entre quienes practican el nudismo, ya que es una de las zonas naturistas de la provincia. Su puerto deportivo, el Puerto de Cabopino, añade un toque cosmopolita al lugar.

Playa de la Malagueta (Málaga capital)

A solo unos minutos a pie del centro histórico de Málaga, la Malagueta es la playa por excelencia de la capital. Con su icónico cartel de letras gigantes y su animado paseo marítimo, esta playa urbana lo tiene todo: accesibilidad, servicios completos, seguridad y una oferta gastronómica variada.

Es el lugar ideal para quienes no quieren renunciar al mar mientras disfrutan del bullicio de la ciudad. Muy frecuentada por malagueños y turistas, su atmósfera es vibrante, especialmente durante los meses de verano y en la inigualable Feria de Málaga, que este año arrancará el 15 de agosto.

Playa la Carihuela (Torremolinos)

Ubicada a 28 kilómetros del centro de la ciudad de Torremolinos, la playa de la Carihuela, que abarca desde la playa del Bajondillo hasta el Puerto Deportivo de Benalmádena, aún conserva su esencia marinera a pesar del turismo.

El nombre de la playa hace referencia al histórico barrio de pescadores que anteriormente se extendía por esta zona del litoral. Hoy, esa tradición marinera convive con un ambiente moderno y cosmopolita, donde abundan los hoteles, restaurantes y locales de ocio. Aunque ahora sea una de las zonas más turísticas del municipio, sigue destacando por su autenticidad y su oferta gastronómica basada en el famoso pescaíto frito.

La playa, de arena oscura y oleaje suave, es perfecta para nadar y tomar el sol. El largo paseo marítimo conecta con Benalmádena, lo que permite largos paseos al atardecer. Además, es una playa accesible, con infraestructuras adaptadas para personas con movilidad reducida.

Cala de Mijas (Mijas Costa)

La Cala de Mijas es una de las playas más cuidadas del litoral occidental de Málaga. Aunque se ha desarrollado mucho en los últimos años, aún conserva cierto aire de pueblo costero. Su playa principal es amplia, con arena dorada y limpia, aguas tranquilas y múltiples servicios

En verano, se llena de vida gracias a conciertos, mercadillos y actividades deportivas. Su paseo marítimo de madera, la Senda Litoral, que une buena parte de la costa malagueña, permite caminar durante kilómetros junto al mar, disfrutando de la brisa y el sonido de las olas.

Playa el Bajondillo (Torremolinos)

Junto con la Carihuela, el Bajondillo es otra de las grandes playas de Torremolinos. Es larga, ancha y muy concurrida, sobre todo en temporada alta. Su ubicación, a los pies del centro de Torremolinos, la hace muy accesible, y su oferta de bares, hoteles y tiendas es inmejorable.

En cuanto a su baño, la playa del Bajondillo es de arena oscura y suele tener una marea de oleaje moderado. Esta playa es ideal para pasar un día de playa con todos los servicios que te puedas imaginar.

Cala del Cañuelo (Nerja)

Enclavada en el Paraje Natural de los Acantilados de Maro-Cerro Gordo, la cala del Cañuelo es una playa virgen que solo se puede visitar a pie o en un bus lanzadera. Esta dificultad de acceso se compensa con creces por la belleza del lugar: aguas cristalinas, fondo marino espectacular para el snorkel y un entorno salvaje que invita al relax.

No hay edificaciones alrededor, solo un par de chiringuitos donde degustar una bebida bien fría. Ideal para desconectar del mundo y conectar con la naturaleza.

Playa Carvajal (Fuengirola)

Situada en el término municipal de Fuengirola, la playa de Carvajal es una opción excelente para quienes viajan con niños. Tiene bandera azul, lo que garantiza limpieza, seguridad y calidad del agua. La arena es fina y dorada, y el mar suele estar en calma.

Carvajal cuenta con una buena oferta de servicios, desde alquiler de tumbonas hasta duchas y zonas de juegos infantiles. Además, el paseo marítimo cuenta con restaurantes y bares con encanto.

Playa del Cristo (Estepona)

La playa del Cristo es una pequeña bahía situada al oeste de Estepona, muy cerca del puerto deportivo. Su orientación la protege del viento y las olas, por lo que sus aguas son especialmente tranquilas y templadas. Esto la convierte en una de las favoritas de las familias y quienes buscan una jornada de baño relajada.

Se trata de una playa que se encuentra cerca de Estepona, pero está lo suficientemente apartada como para escapar del bullicio urbano y la saturación de edificios. Su acceso es sencillo, tanto a pie como en coche, y cuenta con zona de aparcamiento para quienes decidan llegar en vehículo. A pie de playa hay dos chiringuitos con mucho ambiente, donde no solo se puede saborear la gastronomía local, sino también disfrutar de música en directo los fines de semana durante los meses de verano.

Playa de Maro (Nerja)

Cerramos esta selección con una de las playas más especiales de toda la provincia: la playa de Maro. Se encuentra en la pequeña pedanía del mismo nombre, muy cerca de las famosas Cuevas de Nerja. Rodeada de cultivos, cañaverales y acantilados, esta playa de aguas cristalinas es un paraíso para el snorkel, el kayak y la desconexión total.

Las aguas de Maro son tan turquesas que parecen sacadas del Caribe, un fenómeno que se debe en gran parte a la presencia de posidonia oceánica, una planta marina que oxigena el agua y favorece la biodiversidad.

Muy cerca de la playa, además, se encuentra la famosísima cascada de Maro, una caída de agua dulce que desemboca directamente en el mar desde los acantilados, creando una escena de postal y uno de los rincones más fotografiados —y visitados en kayak— de toda la costa malagueña. También se puede alcanzar a nado bordeando la costa, pero no es recomendable si no se es buen nadador.

Para acceder a la playa hay que dejar el vehículo en un aparcamiento de pago habilitado en la parte alta del camino. Desde allí, se desciende a pie hasta la orilla. La bajada es sencilla y se realiza en unos 15 minutos, pero la subida puede resultar más exigente, especialmente bajo el sol del mediodía. Por eso, durante la temporada alta, suelen circular autobuses que facilitan el regreso al aparcamiento: una opción muy recomendable.