El presidente de ERC y exvicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras, y los exconsellers Raül Romeva y Dolors Bassa han pedido recusar a dos de los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional, Concepción Espejel y Enrique Arnaldo. El objetivo de los políticos de ERC es que ambos se abstengan de participar en la sentencia que el tribunal de garantías todavía tiene que emitir sobre su recurso de amparo contra la condena que les impuso el Tribunal Supremo.

Antes de su renovación, el Tribunal Constitucional ya había resuelto los recursos de amparo sobre la sentencia del procés de nueve de los doce condenados por el Supremo. Restan pendientes de sentencia los casos de Oriol Junqueras y los exconsellers Raül Romeva y Dolors Bassa, todos ellos de ERC. La sentencia del Constitucional es indispensable para que puedan llevar el caso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), como han hecho los otros condenados.

En sus escritos, los políticos de ERC argumentan que Arnaldo y Espejel tiene una “clara predisposición o prejuicio favorable a las tesis defendidas por las acusaciones” que, según los dirigentes independentistas, muestran “tanto sus declaraciones públicas como sus relaciones personales y de afinidad ideológica”, en referencia a su cercanía al PP.

Para los políticos de ERC ambos magistrados adolecen de “falta de imparcialidad” para revisar el caso del procés. Tampoco cuentan, a su juicio, con los requisitos de no tener “ningún interés particular” en el desarrollo del pleito, ni “prejuzgar” de forma previa su resultado a partir de posturas personales.

Cabe mencionar que los políticos de ERC no han recusado al también recién elegido magistrado del Constituconal Ramón Sáez, ponente de la sentencia que absolvió al major Trapero en la Audiencia Nacional, en la que Espejel firmó un duro voto particular partidario de la condena por sedición.

Tanto Carles Puigdemont como los condenados por el Supremo y luego indultados ya habían promovido la recusación de dos magistrados del Constitucional que se habían pronunciado en actos públicos sobre el procés con el objetivo de que, en caso de rechazarse, sirviera de argumento para una condena del TEDH a España. Finalmente los magistrados Cándido Conde–Pumpido y Antonio Narváez se abstuvieron de las sentencias que avalaron la instrucción, el juicio y la condena del Supremo, con el voto particular de los magistrados progresistas Juan Antonio Xiol y María Luisa Balaguer, que consideraron desproporcionadas las penas de cárcel.

En la semana en que se han cumplido diez años del final del terrorismo de ETA, miles de personas se han concentrado este sábado en Donostia en defensa de los derechos de los presos tras una convocatoria de la plataforma Sare en la que se podía leer una pancarta que reclamaba el fin de la “excepcionalidad” y que tenía por lema 'Ibilian, etxerako bidean' ('Andando, de camino a casa' en euskera). Se han escuchado abundantes cánticos de “Etxera!”, que se puede traducir como una reivindicación del acercamiento pero también de la excarcelación. Además de la izquierda abertzale, PNV y Podemos -aunque con cargos de segundo rango- y el conjunto de los sindicatos han respaldado la convocatoria, a la que han asistido como invitados expresos independentistas catalanes como Oriol Junqueras, Carme Forcadell, Raül Romeva, Dolos Bassa o Josep Rull que han sido ovacionados

Si en 2011 eran del orden de 700 los reclusos, ahora son unos 200. De ellos, alrededor de 70 cumplen su condena en las cárceles de Álava, Bizkaia, Gipuzkoa y Navarra después de un cambio en la política penitenciaria con el Gobierno de Pedro Sánchez que ha supuesto que no queden ya reclusos en España más al sur de Madrid. El EPPK es el colectivo oficial de presos y en el pasado ha expulsado e incluso considerado traidores a aquellos miembros de ETA que renegaban de la organización e iniciaban procesos de reinserción como la denominada 'vía Nanclares'. Esta semana, algunos de ellos han criticado en una carta a la izquierda abertzale por no asumir sus responsabilidades por haber dado cobertura política a la violencia.

“Nos encontramos de nuevo en la calle y una vez más tenemos que pedir al Gobierno de España que cumpla con la ley ordinaria”, ha enfatizado la portavoz de EH Bildu en el Parlamento Vasco, Maddalen Iriarte, aunque también estaba presente uno de los grandes protagonistas de la semana, el líder de la coalición, Arnaldo Otegi, quien este lunes leyó una declaración sobre el reconocimiento de las víctimas de ETA y, horas después, vinculó los apoyos al Gobierno central por la necesidad de buscar soluciones al colectivo de presos. Asimismo, han acudido el líder de Sortu, Arkaitz Rodríguez, el parlamentario Julen Arzuaga o los diputados Mertxe Aizpurua y Jon Iñarritu. La parlamentaria del PNV Irune Berasaluze ha destacado la reciente transferencia de Prisiones. Con ella han acudido el presidente de las Juntas Generales de Gipuzkoa, Xabier Ezeizabarrena, y otros cargos públicos como Kerman Orbegozo o Iñaki Agirre. La portavoz municipal, Aitzole Araneta, ha representado a Podemos.

El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha aprovechado su asistencia a la manifestación para calificar de “valiente y sincera” esa declaración sobre la violencia y ha puesto en valor que Euskadi “siga en este momento un camino por el que siempre ha apostado” Catalunya, “que es el camino del diálogo, de la negociación y el acuerdo” para resolver “el conflicto con el Estado”. “Es un placer volver al País Vasco después de cuatro años de ausencia forzosa”, ha añadido en alusión al tiempo que ha estado en prisión a raíz del 'procès' de 2017, informa Europa Press. “Estamos aquí por dos razones. La primera, devolver las toneladas de apoyo que hemos recibido durante nuestra cautividad por parte de la sociedad vasca y por parte de Sare [...]. La segunda, no tiene sentido que, después de diez años de la desaparición de la acción de ETA, el Estado español continúe con esta situación de un derecho excepcional”, ha expresado el exconsejero catalán Josep Rull, que también fue encarcelado al formar parte del Govern de Carles Puigdemont cuando se aplicó el 155.

Una representación de la asociación de víctimas Covite ha desplegado dos pancartas en el recorrido de la marcha, una en euskera y otra en castellano. En concreto, las han colocado sobre el túnel del Antiguo. En la primera estaba tachada la palabra “gudari” y era sustituida por “asesinos” y en la segunda lo que estaba tachado era “presos políticos” y ponía en su lugar “asesinos presos”. También han lanzado pasquines con nombres de asesinados por ETA. Algunos de los presentes se han girado y han abucheado a Covite. Estas personas les han llamado “fascistas” y “terroristas”.

La callada por respuesta. Así han decido contestar al Tribunal Supremo los presos del procés de ERC y de Junts per Catalunya. El exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras, la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y los exconsellers Raül Romeva y Dolors Bassa, así como los exconsellers Jordi Turull, Joaquim Forn y Josep Rull y el exlíder de la ANC y actual secretario general de Junts, Jordi Sànchez, han anunciado que no responderán a la petición que el tribunal del procés ha realizado a los condenados sobre su indulto.

Los presos de ERC y Junts toman así una posición distinta de la del presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, que este miércoles sí contestó al Supremo para indicar que su prioridad era la amnistía y no el indulto. Cuixart replicó al Supremo el mismo día que la Sala presidida por el magistrado Manuel Marchena requirió a las defensas de los doce condenados por el procés para que se posicionen sobre el indulto solicitado a su favor por parte de sindicatos como la UGT o particulares como el letrado Francesc Jufresa.

En un comunicado, ERC ha explicado que los cuatro condenados por sedición no darán respuesta al alto tribunal porque “la ley no lo prevé y porque no es de obligado cumplimiento”. Los cuatro independentistas han acusado al Supremo de pedirles opinión sobre el indulto antes de emitir su informe “por cuestiones meramente políticas”, ya que es un trámite que no se encuentra previsto en la ley. “La solución al conflicto político entre Catalunya y España debe ser colectiva y pasa por la amnistía”, han agregado.

Según han informado fuentes de la defensa Sànchez, Rull y Turull, la decisión de renunciar a responder al Supremo la han tomado en una reunión mantenida en la tarde de este jueves en la cárcel de Lledoners con su abogado, Jordi Pina, y responde al hecho de que no se sienten interpelados por el Alto Tribunal.

La contestación era una cuestión más simbólica que material. Respondan o no al Supremo, los trámites para la decisión final respecto al indulto no se alteran: la ley del indulto no obliga a que el tribunal tenga que consultar al condenado sobre si acepta la medida de gracia, y si el Gobierno terminara concediéndoselo los presos tampoco podrían negarse a salir de prisión. Antes de la decisión final del Ejecutivo el tribunal del procés tendrá que emitir un informe preceptivo, pero no vinculante, sobre la medida de gracia.

El plazo que el Supremo ha dado a las defensas llega después de que el Tribunal Constitucional avalara por primera vez las condenas por sedición, si bien dos de sus magistrados discreparon y criticaron por “desproporcionadas” las altas penas de cárcel. En su voto particular, el magistrado Juan Antonio Xiol y la magistrado María Luisa Balaguer consideraron que el propio Supremo podía haber propuesto al Gobierno en su sentencia un indulto parcial y atemperar así las penas, habida cuenta de la “indeterminación” de la sedición en el Código Penal, la casi inexistente jurisprudencia contemporánea respecto a este delito y la afectación del delito sobre derechos fundamentales.

La tramitación de los indultos por parte del Gobierno empezó el pasado mes de septiembre, cuando el Ministerio de Justicia envió al Tribunal Supremo la petición realizada por el letrado Francesc Jufresa. Tal y como marca la ley del indulto, el tribunal sentenciador, en este caso el Supremo, pidió a los centros penitenciarios en los que cumplen condena los presos y a la Fiscalía que informaran al respecto, trámite que cumplieron a finales de noviembre y principios de diciembre respectivamente. Mientras las cárceles expresaron el progreso favorable de los presos del procés ante el indulto, el Ministerio Público lo rechazó de plano, con la misma dureza que ha mostrado a lo largo de toda la causa.

No fue hasta el pasado 26 de enero cuando la Sala de lo Penal del Alto Tribunal solicitó su informe sobre a la Abogacía del Estado, perjudicada por el delito de malversación al que fueron condenados el exvicepresident Oriol Junqueras y los exconsellera Dolors Bassa, Raül Romeva y Jordi Turull. Antes de emitir su dictamen la Abogacía pidió al Supremo que reclamara un informe al Tribunal de Cuentas para certificar algo conocido públicamente desde el año pasado, esto es, que los presos depositaron una fianza de 4,1 millones de euros para afrontar su eventual condena ante ese órgano por los gastos del 1-O.

El Tribunal de Cuentas confirmó al Supremo el pasado 16 de marzo que la fianza estaba depositada. La Abogacía del Estado, que depende del Gobierno, emitió el 30 de marzo su informe, en el que rechazó pronunciarse a favor o en contra del indulto alegando que de hacerlo se estaría “anticipando” a una decisión que corresponde al Gobierno. Completados los informes de las acusaciones, corresponde ahora al tribunal presidido por Manuel Marchena emitir su dictamen una vez se cierre el nuevo trámite con las defensas. Cuando el Supremo envíe al Gobierno su dictamen, el Ministerio de Justicia deberá elevar al Consejo de Ministros una propuesta sobre el indulto sobre los condenados, que llevan ya más de tres años en prisión.

Era un 23 de septiembre cuando el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, anunció el inicio de la tramitación de los indultos a los presos del procés. Medio año después, la medida de gracia a los nueve condenados por sedición y malversación sigue encallada y no ha llegado siquiera a la mesa del Consejo de Ministros, que es donde se tomará la decisión definitiva sobre su concesión. La ley del indulto, que data de 1870, no establece en cuánto tiempo se debe sustentar, si bien los distintos informes que se requieren antes de tomar la decisión definitiva hacen que el plazo se alargue normalmente un mínimo de cuatro meses. En el caso de los presos independentistas, Campo consideró “razonable” que sus indultos se resolvieran durante el primer semestre de este año.

Los casos de indultos relevantes tras la restauración de la democracia en España muestran que, en algunos casos, su concesión fue muy rápida, aunque en otros se demoró hasta un año o incluso más. Entre los primeros destaca el indulto parcial que recibieron al exministro del Interior José Barrionuevo y el exsecretario de Estado Rafael Vera, condenados a diez años de cárcel por el secuestro de los GAL a Segundo Marey. El Gobierno de José María Aznar remitió en noviembre de 1998 al Supremo –tribunal que juzgó tanto el caso Marey como el procés– la petición de indulto que registraron en julio varios concejales socialistas de Ciudad Rodrigo (Salamanca). Un mes después el Alto Tribunal se mostró a favor del indulto parcial y el 23 de diciembre del mismo año el Gobierno concedía la medida de gracia, que redujo en dos tercios su condena y aceleró su excarcelación.

Otro indulto exprés fue el concedido por “razones de equidad” y de salud al general Alfonso Armada, condenado por el golpe de estado del 23-F, tras su quinta petición en septiembre de 1988. En noviembre del mismo año la Sala de lo Militar del Supremo se mostró a favor del indulto porque tras su estancia en prisión Armada manifestó “de forma reiterada su lealtad a la Corona y al ordenamiento constitucional”. El Gobierno de Felipe González resolvió favorablemente el indulto el 23 de diciembre de 1988.

Tardó más el indulto de otra causa juzgada en el Alto Tribunal, la que condenó a 15 años de inhabilitación por prevaricación en el caso Sogecable al entonces magistrado de la Audiencia Nacional Javier Gómez de Liaño. El Ministerio de Justicia empezó a tramitar en marzo del año 2000 el indulto solicitado por la defensa del exjuez, y ocho meses después, el Gobierno de Aznar otorgó el perdón a Gómez de Liaño en contra del informe del Tribunal Supremo, a diferencia de los casos anteriores.

Capítulo aparte merece el indulto al exdiputado socialista Carlos Navarro y a los exresponsables de Filesa Luis Oliveró y Alberto Flores, condenados por la financiación irregular del PSOE. Los condenados lo pidieron inmediatamente después de la sentencia, en noviembre de 1997, pero la tardanza del Gobierno de Aznar en su tramitación provocó un conflicto entre el Ejecutivo y el Supremo. El Alto Tribunal llegó a amenazar con llevar a la Fiscalía los más de cinco meses que tardó el Ministerio de Justicia en remitirle los antecedentes penales de Navarro, trámite imprescindible para emitir su informe sobre el indulto. Finalmente el Supremo se mostró a favor del indulto parcial y el Gobierno se lo concedió a finales del año 2000.

Las medidas de gracia a Gómez de Liaño y los condenados por Filesa formaron parte del llamado 'indulto del milenio': el 1 de diciembre del año 2000 el Gobierno de Aznar decretó 1.328 indultos de golpe bajo el argumento de que lo había pedido el Papa Juan Pablo II con motivo del año jubilar.

Uno de los indultos más sonados de los últimos años fue el que el Gobierno de José Luís Rodríguez Zapatero concedió, en noviembre de 2011 y estando en funciones, al consejero delegado del Banco Santander Alfredo Sáenz, a quien se le perdonó la condena de tres meses de arresto e inhabilitación para ejercer como banquero por un delito de acusación falsa y denuncia falsa. Saénz había pedido el indulto siete meses antes. El Tribunal Supremo concluyó que el Ejecutivo Zapatero incurrió en una “clara extralimitación” al cancelar los antecedentes penales de Sáenz.

En casos recientes de corrupción política, el Gobierno de Mariano Rajoy también concedió el indulto en febrero de 2012 al exdirigente de Unió Democràtica, Josep Maria Servitje, y al empresario Víctor Manuel Lorenzo Acuña, condenados por el caso Treball, en contra del criterio de la Audiencia de Barcelona. El Ejecutivo tardó once meses en aplicar la medida de gracia desde que la sección 10a de la Audiencia de Barcelona había remitido su informe en contra del indulto alertando de “la especial gravedad de los hechos por afectar al erario público”.

Otro indulto polémico fue el concedido también en noviembre de 2012 a los cuatro mossos d'esquadra condenados por torturar a un ciudadano al que detuvieron por error, detuvieron por error, golpearon por todo el cuerpo, amenazaron y llegaron a meter una pistola en la boca. Fue el segundo indulto para los policías, que en 2012 ya habían recibido un indulto parcial solicitado dos años antes. Esta medida de gracia provocó un enfrentamiento entre el Gobierno de Rajoy y la sección 9a de la Audiencia de Barcelona, que obligó a los policías a entrar en prisión.

Los presos del procés, pendientes del Supremo

Tras el anuncio del ministro Campo en vísperas de la Mercè, patrona de Barcelona, formalmente el Ministerio de Justicia envió el pasado 28 de septiembre al Tribunal Supremo la petición de indulto a los presos del procés realizada por el letrado Francesc Jufresa. Tal y como marca la ley del indulto, el tribunal sentenciador, en este caso el Supremo, pidió a los centros penitenciarios en los que cumplen condena los presos y a la Fiscalía que informaran al respecto, trámite que cumplieron a finales de noviembre y principios de diciembre respectivamente. Mientras las cárceles expresaron el progreso favorable de los presos del procés ante el indulto, el Ministerio Público lo rechazó de plano, con la misma dureza que ha mostrado a lo largo de toda la causa.

No fue hasta el pasado 26 de enero cuando la Sala de lo Penal del Alto Tribunal, presidida por el magistrado Manuel Marchena, solicitó su informe sobre a la Abogacía del Estado, perjudicada por el delito de malversación al que fueron condenados el exvicepresident Oriol Junqueras y los exconsellera Dolors Bassa, Raül Romeva y Jordi Turull. Antes de emitir su dictamen la Abogacía pidió al Supremo que reclamara un informe al Tribunal de Cuentas para certificar algo conocido públicamente desde el año pasado, esto es, que los presos depositaron una fianza de 4,1 millones de euros para afrontar su eventual condena ante ese órgano por los gastos del 1-O.

El Tribunal de Cuentas confirmó al Supremo el pasado 16 de marzo que la fianza estaba depositada. La Abogacía del Estado, que depende del Gobierno, emitió el pasado martes su informe, en el que rechazó pronunciarse a favor o en contra del indulto alegando que de hacerlo se estaría “anticipando” a una decisión que corresponde al Gobierno. Completados los informes de las acusaciones, corresponde ahora al tribunal presidido por Manuel Marchena emitir su dictamen.

Al apostar políticamente por una amnistía de imposible encaje legal y viabilidad parlamentaria, los presos no han hecho caballo de la lentitud con su indulto. Solo uno de los abogados de la causa, el letrado Xavier Melero, alzó la voz hace unas semanas en los micrófonos de RAC-1: “La parsimonia es tan anómala y notable que hace pensar en algo intencional, no por parte del Gobierno”.

El informe del Supremo es perceptivo y no vinculante para el Gobierno, y tampoco existen plazos para su emisión. En paralelo, el Alto Tribunal también tendrá que decidir si confirma la revocación del tercer grado a los presos del procés acordada por un juez de vigilancia penitenciaria de Catalunya. El precedente no es un buen augurio para los soberanistas: en su primera decisión sobre la semilibertad, el Supremo cerró la puerta a cualquier flexbilización de la prisión de los líderes del procés al margen del indulto.

Una vez el Supremo envíe al Gobierno su dictamen, el Ministerio de Justicia deberá elevar al Consejo de Ministros una propuesta sobre el indulto. Pero ya nadie se atreve a poner un plazo para ello, más con las elecciones en Madrid del próximo 4 de mayo, si bien el ministro de Política Territorial, Miquel Iceta, desvinculó el estudio de la medida de gracia de los comicios regionales. “Los indultos no tienen calendario, se están tramitando”, agregó el pasado lunes en una entrevista en La Vanguardia. Y mientras todos los presos ya han cumplido más de una cuarta parte de la pena, esto es, más de tres años entre rejas.

Nuevo intento de la Fiscalía para que los presos del procés vuelvan a un régimen carcelario estricto. El Ministerio Público ha recurrido ante el Tribunal Supremo la negativa de los jueces penitenciarios catalanes de suspender de forma cautelar la semilibertad de la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y la exconsellera de Trabajo Dolors Bassa. El recurso sobre los siete presos de Lledoners todavía se está estudiando. Hasta ahora, aunque se presentaran en días diferentes, los recursos de la Fiscalía han afectado a los nueve condenados por sedición.

La pasada semana tanto el juez encargado de Bassa y Forcadell como el magistrado responsable de los siete presos hombres rechazaron la solicitud de la Fiscalía para suspender el tercer grado mientras estudiaban el recurso del Ministerio Público contra la semilibertad.  Los fiscales piden ahora al Supremo suspender ya el tercer grado mientras los jueces los resuelven, lo que implicaría que los líderes independentistas dejaran de salir entre semana para trabajar y pasar el fin de semana en casa.

Pese a que la literalidad de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que el tercer grado se suspende al recurrir ante la segunda instancia –el Tribunal Supremo, en el caso de los presos del procés– la Fiscalía reclamaba extender la suspensión de la semilibertad al recurso en primera instancia ante el juzgado de vigilancia penitenciaria. Pero los dos magistrados lo rechazaron al entender que debía prevalecer el derecho fundamental a la libertad de los presos. Recordaron además que el recurso no deja en suspenso el tercer grado cuando se presenta en primera instancia ante los juzgados de vigilancia penitenciaria, sino que lo hace cuando se recurre en segunda instancia, es decir, ante el Supremo.

En cambio según la Fiscalía los argumentos del juez para no suspender el tercer grado de Bassa y Forcadell “son erróneos”, por lo que sus resoluciones “no se ajustan a derecho”. A criterio de los fiscales, no se trata de una medida cautelar, como la define el juez en su resolución, sino que la suspensión del tercer grado mientras se resuelve si está bien concedido por la administración penitenicaria busca “evitar, cuanto antes”, que presos condenados a penas graves queden excarcelados, ante “el evidente riesgo de fuga”. “Carecería de toda lógica que dicho efecto suspensivo se pospusiera al recurso de apelación propiamente dicho”, apostilla el fiscal.

Para el fiscal tampoco puede invocarse, como apunta el juez en sus autos sobre Bassa y Forcadell, a que no da lugar la suspensión en este momento procesal ya que podría afectar al principio de legalidad y a restringir de forma indebida derechos fundamentales, puesto que, defiende el Ministerio Público, “la suspensión una vez interpuesto recurso de alzada no está expresamente regulada”. El ordenamiento jurídico, abunda el fiscal, “es único, pleno, coherente y carente de antinomias”, de manera que las “lagunas que puedan existir en el ordenamiento deben ser colmadas mediante una labor interpretativa y analógica”.

Así pues, el Supremo revisará ahora la medida cautelar de la suspensión del tercer grado mientras los jueces de vigilancia penitenciaria de Catalunya deciden sobre si avalan o no el fondo del tercer grado. La resolución definitiva de los magistrados también se podrá recurrir ante el Supremo. La Sala presidida por Manuel Marchena tendrá la última palabra en todo.

Al margen del recorrido de la semilibertad, el Supremo ha acordado este lunes solicitar un informe al Tribunal de Cuentas sobre las causas por responsabilidad contable que, en relación a los exconseller condenados por malversación, estén en tramitación con motivo de los gastos del referéndum ilegal del 1-O. La petición fue solicitada por la Abogacía del Estado para emitir su informe sobre el indulto de los líderes independentistas.

El juez de vigilancia penitenciaria ha rechazado suspender el tercer grado de la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y la exconsellera de Trabajo Dolors Bassa, tal y como le había pedido la Fiscalía. Es la segunda vez que el magistrado del juzgado de vigilancia penitenciaria 1 de Catalunya discrepa de la Fiscalía y opta por mantener de forma cautelar la semilibertad antes de decidir sobre el fondo del recurso del Ministerio Público. La decisión permitirá a ambas dirigentes seguir saliendo de prisión entre semana para trabajar y pasar el fin de semana en casa. La Justicia tiene pendiente resolver la petición de suspensión del tercer grado respecto a los siete presos hombres de Lledoners.

Al igual que en su primer recurso del pasado mes de julio, la Fiscalía pedía que la semilibertad se suspendiera de forma automática, es decir, sin que los jueces entraran en el fondo del recurso. Pese a que la literalidad de la ley establece que el tercer grado se suspende al presentar recurso ante la segunda instancia –el Supremo, en el caso de los presos del procés– la Fiscalía reclamaba extender la suspensión de la semilibertad al recurso en primera instancia ante el juzgado de vigilancia penitenciaria.

En cambio el titular del juzgado de vigilancia penitenciaria 1, el juez Jesús Ignacio Moncada, rechaza la interpretación “extensiva” de la Fiscalía y zanja que el recurso no deja en suspenso el tercer grado cuando se presenta en primera instancia. De hecho, el magistrado remarca que la suspensión cautelar del tercer grado reclamada por los fiscales “puede afectar al principio de legalidad” ya que es una decisión que “no está expresamente regulada” y “puede afectar a una restricción de derechos al poder dar lugar al reingreso penitenciario inmediato”.

Tampoco cree el juez, en contra de lo mantenido por los fiscales, que el Tribunal Supremo hubiera reinterpretado la normativa penitenciaria para avalar la suspensión del tercer grado cuando el pasado mes de julio cambió el criterio y se arrogó la competencia para decidir sobre las salidas laborales de los presos basadas en el artículo 100.2 del reglamento, hasta entonces en manos de las Audiencias Provinciales.

A la espera de la decisión del juzgado de vigilancia penitenciaria 5, competente para los siete presos de Lledoners, se repite lo ocurrido el pasado mes de julio, cuando el juez también mantuvo el tercer grado de Bassa y Forcadell. Lo contrario hizo la magistrada responsable de los siete condenados por sedición de Lledoners, lo que supuso la paradoja de que Bassa y Forcadell pudieron pasar cuatro meses en semilibertad –hasta que el Supremo tumbó en diciembre el tercer grado a todos los presos del procés– mientras el resto de presos esperaba el fallo definitivo del Alto Tribunal en prisión estricta.

Un mes después de la decisión del Supremo, la Generalitat concedió por segunda vez el tercer grado a los líderes del procés, que desde el pasado 29 de enero pueden volver a salir de prisión a diario para trabajar y hacer voluntariado y pasar el fin de semana en casa. Pese a que el Tribunal Supremo tumbó en diciembre el tercer grado otorgado en verano, la Generalitat alegó que los presos ya habían pasado más tiempo en prisión y que todos ellos ya habían cumplido un cuarto de la pena a la que fueron condenados.

Para la Fiscalía no es suficiente. En sus recursos presentados un día después de las elecciones del 14F, los fiscales consideran que los presos del procés deben pasar más tiempo en prisión porque “siguen sin reconocer el delito” y, pese a que llevan casi tres años de cárcel, se encuentran en una “fase inicial de cumplimiento” de las pena de 9 a 13 años de prisión a los que fueron condenados. La Fiscalía infiere, a partir de las decisiones de la Generalitat sobre los presos y al hecho de que algunos de ellos ha manifestado su voluntad de “volverlo a hacer”, que la política penitenciaria de la administración catalana va dirigida “no tanto su rehabilitación, sino directamente al objetivo de alterar la decisión condenatoria de la sentencia y su efectivo cumplimiento”. Ahora el juez debe resolver el fondo del recurso del fiscal contra el tercer grado. El Supremo seguirá teniendo la última palabra.

Los casi tres años que los presos del procés llevan en prisión no son suficientes para el Tribunal Supremo. El Alto Tribunal ha impuesto este viernes un retorno de los internos a una vida carcelaria dura, sin salidas laborales ni para cuidar de familiares fuera de prisión, y no ha fijado siquiera una fecha aproximada para su flexibilización. La decisión de los magistrados encabezados por Manuel Marchena deja como únicas alternativas viables para templar la situación de los presos el indulto que estudia el Gobierno o bien la reforma del delito de sedición, un trámite más largo al involucrar el Congreso. La amnistía que reclaman los independentistas no tiene visos de prosperar por falta de apoyo político en la Cámara.

Aunque la decisión del Supremo era la esperada, entre las defensas de los dirigentes independentistas ha sorprendido que el tribunal dedique más párrafos a reiterar que los presos no fueron condenados por ser independentistas y criticar a las cárceles catalanas que en exponer los motivos para revocar el tercer grado. La cuestión clave se condensa en apenas un folio, en el que el Supremo deja clara su postura. La semilibertad es “prematura” porque, según el tribunal, debe pasar “un periodo de tiempo mayor” para valorar “la evolución del interno y del tratamiento penitenciario”. Y no menos importante: el Supremo recuerda que no solo hay que tener en cuenta el objetivo de la reinserción social a la hora de conceder el tercer grado, sino que también se deben valorar “los efectos de prevención general y especial” que conlleva la estancia en prisión sin salidas para trabajar, más en condenas largas, de entre nueve y trece años de cárcel, como las impuestas a los presos del procés.

La duración de las penas se impone como la barrera infranqueable para el tercer grado, a juicio del Supremo. Lo contrario habían valorado los jueces de vigilancia penitenciaria de Catalunya que autorizaron la semilibertad de los presos concedida por la Generalitat en base a los informes de los juristas y psicólogos de las cárceles. La “gravedad delictiva” y el tiempo de cumplimiento de las penas “no constituyen obstáculos insalvables” al tercer grado, expuso el juez que avaló la semilibertad de la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y la exconsellera Dolors Bassa. Jueces y profesionales penitenciarios consideraron que el bajo riesgo de reincidencia, el buen comportamiento en la cárcel, el reconocimiento de los hechos y autocrítica de los presos y la necesidad de retomar su vida laboral y familiar pesaban más que la larga duración de las penas, y en consecuencia dieron su visto bueno al tercer grado.

El Supremo invierte la importancia de los criterios valorados por los jueces y técnicos penitenciarios, otorga un peso preponderante a las largas condenas, y, en línea con la Fiscalía, deja sin efecto la semilibertad. Además, los magistrados cargan contra las cárceles catalanas por, a su juicio, “no hacer mención alguna a las razones que justifican” la semilibertad. El Alto Tribunal no da pistas sobre cuánto tiempo más deberán pasar en prisión los líderes del procés para poder flexibilizar su régimen penitenciario y veta el tercer grado tanto para los presos que han cumplido una cuarta parte de la pena –Jordi Cuixart, Jordi Sànchez, Josep Rull y Joaquim Forn– como para el resto.

A diferencia de autos anteriores, el Supremo no se ha pronunciado este viernes indirectamente sobre la reforma de la sedición. Tampoco sobre el indulto. El Alto Tribunal ya ha recibido el dictamen favorable al indulto de las cárceles catalanas, y tiene pendiente, al igual que la Fiscalía, emitir su posición, que no es vinculante, sobre la medida de gracia. Este viernes la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha rechazado poner plazos para resolver los indultos –en ningún caso llegarían antes de febrero– y ha afirmado que la decisión del Ejecutivo de Pedro Sánchez llegará “cuando toque”. La vicepresidenta ha vinculado la petición de Unidas Podemos para liberar a los líderes soberanistas antes de las elecciones catalanas del 14 de febrero con las “posiciones políticas” de los 'comuns' en la precampaña catalana.

Ni tercer grado ni salidas para trabajar

Además de tumbar el tercer grado e impedir que los presos salgan a diario de prisión para trabajar y solo regresen a dormir entre semana, el Supremo también veta la vía alternativa que ensayaron los servicios penitenciarios catalanes para flexibilizar la estancia entre rejas de los líderes independentistas: clasificar a los presos en segundo grado –el común– pero permitirles salidas laborales y para cuidar de familiares mediante la aplicación del artículo 100.2 del reglamento. Cabe recordar que el Supremo se arrogó la competencia para decidir sobre el 100.2 que hasta el caso del procés en Catalunya dirimían en última instancia las Audiencias Provinciales.

No importa el trabajo –profesor, abogado, dirigir su propia empresa– que realizaran fuera de la cárcel los presos del procés o que ya estuvieran jubilados, como Carme Forcadell. Para el Supremo “no existe relación alguna” entre el trabajo de los presos y la sedición y la malversación a la que fueron condenados, por lo que los empleos no pueden servir para justificar la concesión del 100.2. El tribunal no concreta qué tipo de trabajo tendrían que llevar a cabo los presos relacionado con la sedición. Tan solo insiste en que el tratamiento penitenciario de los presos “no puede ser ajeno a los delitos cometidos”, y que los presos deben participar en un programa con actividades que vayan “más allá de la toma de conciencia sobre los propios actos y sus consecuencias o del fomento del juicio crítico” y estén directamente relacionadas con la sedición.

La cuestión del tratamiento penitenciario ya había provocado el pasado mes de julio un encontronazo entre el Supremo y los jueces de vigilancia penitenciaria catalanes, que consideraban que un programa de este tipo vulneraría la libertad ideológica de los presos. En esta ocasión el Supremo va un paso más allá y, en una inédita censura a otro miembro de la carrera, insta a la magistrada encargada de los presos de Lledoners a “abandonar como línea argumental” la tesis de que un programa penitenciario sobre la sedición conculca los derechos fundamentales de los presos al comportar que abandonen los postulados independentistas

“Basta una lectura detenida del relato de hechos probados de la sentencia para apreciar que la condena nada tiene que ver con la persecución ideológica”, abunda el Supremo, que en varios tramos de sus resoluciones insiste en que los presos del procés no han sido juzgados ni condenados por su ideología “ni están en modo alguno obligados a cambiarla”. La condena se impuso, recalca al Alto Tribunal, “por haber desbordado el marco constitucional que impone el respeto a las resoluciones judiciales, por haber alentado en la ciudadanía el falso mensaje de que con su movilización haría posible impedir el cumplimiento de los actos jurisdiccionales que delimitan el espacio de convivencia democrática en nuestro sistema”.

Por contra, el Supremo orilla la cuestión en que más insistió la Fiscalía para reclamar la revocación del tercer grado. Insistía el Ministerio Público en que los presos soberanistas se arrepintieran porque “reconocer los hechos y aceptar las consecuencias no es reconocer el delito”. El Alto Tribunal no hace mención alguna al arrepentimiento reclamado por los fiscales ni tampoco censura a los jueces penitenciarios catalanes por haber recordado al Ministerio Público que no mostrar arrepentimiento o defender la propia inocencia es “un pensamiento y una decisión legítimas, ya que la normativa penitenciaria no impone la obligación al condenado de arrepentirse, ni que se declare culpable o que prescinda de su declaración de inocencia”.

Nueva clasificación de los presos en un mes

Tras los autos de este viernes, el balón vuelve a las cárceles catalanas, que en un mes deben volver a clasificar a los presos en segundo o tercer grado. La decisión vendrá condicionada ahora por los límites impuestos por el Tribunal, tanto respecto a las ofertas laborales de los presos para un 100.2 en segundo grado como a las razones para conceder el tercer grado. En una dura crítica a la administración penitenciaria catalana, el Supremo afea a los profesionales de las cárceles no haber justificado la progresión al tercer grado ni haber detallado “la evolución y la progresión del tratamiento” ni la “modificación de sectores o rasgos de la personalidad directamente relacionados con la actividad delictiva” que motivaron la concesión de la semilibertad.

Tras advertir con acciones legales a los funcionarios si permitían pasar la pandemia en casa a los presos durante el confinamiento, el Supremo acusa ahora a la administración penitenciaria catalana de convertirse “una extravagante tercera instancia que se arroga la tarea de hacer más justa la decisión emanada de los jueces y tribunales” debido a que comparte ideología independentista de los presos del procés. “Los órganos de la administración penitenciaria –apostilla el Supremo en su último dardo a la Generalitat– no pueden vaciar la respuesta penal proclamada por un tribunal sometiendo su sentencia a una relectura que disfraza un tratamiento penitenciario privilegiado y, precisamente por ello, improcedente”.

El Tribunal Supremo ha revocado el tercer grado, equivalente a la semilibertad, que las prisiones catalanas, la conselleria de Justicia de la Generalitat y los jueces de vigilancia penitenciaria habían autorizado a los nueves presos del procés condenados por sedición. El Alto Tribunal, en línea con la Fiscalía, tilda de “prematura” la concesión del tercer grado y acusa a la administración penitenciaria catalana de realizar una “inadmisible reinterpretación” de la sentencia del procés para reducir la estancia en prisión de los líderes independentistas. Además de la semilibertad, el Supremo tumba las salidas laborales de los presos en aplicación del artículo 100.2 del reglamento.

En sus autos respecto a los nueve presos el Supremo acaba en la misma conclusión: los presos del procés deben pasar más tiempo en prisión antes de que se les pueda conceder el tercer grado. No aclara el tribunal cuántos meses más serían precisos para que los presos pudieran disponer de la semilibertad, pues a juicio del Supremo antes se deberá valorar “la evolución del interno y del tratamiento penitenciario”. Los magistrados tampoco distinguen entre los presos que ya han cumplido un cuarto de la pena -Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Josep Rull y Joaquim Forn- y los que no.

Para el tribunal los informes de los profesionales penitenciarios que manifestaban que los presos, sin estar de acuerdo con las penas, reconocían los hechos por los que habían sido condenados y habían reflexionado de forma crítica sobre los efectos del procés son “relevantes” pero “insuficientes” para la progresión al tercer grado. Remarca el Supremo que es necesario que los presos participen en un tratamiento penitenciario que vaya “más allá de la toma de conciencia sobre los propios actos y sus consecuencias o del fomento del juico crítico”.

Vuelve a insistir el Supremo, como ya hizo el pasado mes de julio, que el tratamiento penitenciario debe buscar la reeducación y reinserción de los condenados, lo que debe traducirse en actividades relacionadas con los delitos de sedición y malversación. Se trata de un programa reclamado por la Fiscalía pero que tanto los jueces penitenciarios catalanes como las cárceles habían descartado aplicar porque vulneraría la libertad ideológica de los presos.

Todo lo contrario cree que el Supremo, que reitera que los presos del procés “no han sido condenados por perseguir la independencia” de Catalunya, y considera que la jueza de vigilancia penitenciaria “yerra” al concluir que la luz verde que el tribunal ha dado a los recursos de la Fiscalía “implicarían exigir a los internos que modificaran su ideología”. Para el Supremo la conclusión de que los presos puedan llegar a tener que “renegar de sus convicciones políticas” supone “aferrarse a una línea argumental equivocada que nada tiene que ver con el significado del cumplimiento de una pena privativa de libertad en una sociedad democrática”.

Y a este extremo es a lo que cree el Supremo que se ha agarrado la administración penitenciaria de la Generalitat. En una dura crítica a la administración penitenciaria dependiente de la Generalitat, el Supremo recuerda a las cárceles catalanas que no pueden “distanciarse de los principios y garantías que informan la ejecución de las penas de prisión” impuestas por los tribunales y que “su acatamiento de la legalidad no debe hacerse depender de su grado de identificación o desacuerdo con la argumentación jurídica sobre la que se fundamenta la condena”.

Insinúa además el Supremo que la administración penitenciaria de la Generalitat se ha convertido en “una extravagante tercera instancia que se arroga la tarea de hacer más justa la decisión emanada de los jueces y tribunales” debido a que comparte ideología independentista de los presos del procés. “Los órganos de la administración penitenciaria –apostilla el Supremo en su último dardo a la Generalitat– no pueden vaciar la respuesta penal proclamada por un tribunal sometiendo su sentencia a una relectura que disfraza un tratamiento penitenciario privilegiado y, precisamente por ello, improcedente”.

La decisión del Supremo, que como tribunal sentenciador tiene la última palabra sobre la clasificación penitenciaria de los presos del procés, confirma que los líderes independentistas vuelven a un segundo grado estricto dentro de prisión. Hasta que las cárceles catalanas no revisen su grado penitenciario el próximo mes de enero, los presos no podrán volver a disfrutar de salidas laborales o para cuidar de familiares. Solo los cuatro presos que ya han cumplido un cuarto de la pena podrán tener acceso a permisos.

En la práctica, los siete hombres presos en Lledoners ya habían vuelto al segundo grado desde el pasado mes de julio porque la jueza de vigilancia penitenciaria encargada de revisar su semilibertad la había suspendido cuando la Fiscalía la recurrió por primera vez. Lo contrario decidió el juez penitenciario que revisó el tercer grado de la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y la exconsellera Dolors Bassa, quien ha permitido a ambas presas seguir con el tercer grado hasta que el Supremo se lo ha revocado este viernes. Las dos presas ya han reingresado en prisión este viernes por la noche.

Ambos jueces de vigilancia penitenciaria sí coincidieron en avalar el tercer grado a los presos, en contra del criterio de la Fiscalía. En el caso de Bassa y Forcadell, el juez consideró que la “gravedad delictiva” y el tiempo de cumplimiento de las penas de once y doce años de cárcel a las que fueron condenadas por sedición “no constituyen obstáculos insalvables” al tercer grado. Por su lado, la magistrada encargada de los siete presos de Lledoners llegó a afear a la Fiscalía que buscara un “castigo ejemplar” a los condenados por el procés al oponerse a cualquier flexibilización penitenciaria.

Las cárceles catalanas han remitido al Tribunal Supremo sus informes de evaluación penitenciaria de los nueve presos del procés condenados por sedición, que constatan una evolución favorable y adecuada a retomar la vida en libertad. Antes de la decisión definitiva del Gobierno, el Supremo y la Fiscalía también valorarán la concesión del indulto.

Los equipos técnicos de las prisiones de Lledoners, Puig de les Basses y Wad Ras, donde cumplen condena los líderes del procés, enviaron sus informes al Supremo entre los días 27 y 28 de octubre pasados, según han indicado fuentes de la conselleria de Justicia de la Generalitat.

Los informes, remitidos por los técnicos penitenciarios sin la supervisión de la Secretaría de Medidas Penales de la conselleria de Justicia de la Generalitat que comanda la republicana Ester Capella, habían sido solicitados por el Supremo, como es preceptivo, para conocer cuál es la evolución de los reclusos, en cuestiones clave para la concesión de cualquier indulto, como son el arrepentimiento o la capacidad de reinserción.

En los dictámenes, adelantados por El Confidencial, las cárceles destacan que los presos han “reflexionado” sobre los hechos por los que fueron condenados y “asumen sus consecuencias”. Se trata de argumentos que los equipos de las cárceles vienen exponiendo para conceder permisos, salidas laborales entre semana de la cárcel y, más recientemente, el tercer grado a los presos del procés.

En esos dictámenes, los técnicos han destacado repetidamente la buena conducta de los líderes independentistas, su bajo índice de reincidencia, las altas posibilidades de reinserción, la estabilidad de su entorno familiar y su autocrítica sobre su actuación en el procés. Sin embargo, la Fiscalía considera que la autocrítica y reflexión de los presos no se puede equiparar al arrepentimiento que el Ministerio Público ve necesario para conceder cualquier beneficio penitenciario así como el indulto.

En estos momentos, los nueve presos tienen avalada la semilibertad por el juzgado de vigilancia penitenciaria, aunque al exvicepresidente Oriol Junqueras, los exconsellers Raül Romeva, Joaquim Forn, Jordi Turull, Josep Rull y los Jordis se les ha suspendido a la espera de que el Supremo resuelva los recursos de Fiscalía. El Supremo estudia este jueves los recursos y tiene previsto comunicar su decisión en los próximos días.

Respecto al indulto la última palabra la tiene el Gobierno, pero el Supremo, como tribunal sentenciador, evaluará los informes de las cárceles y, una vez disponga de los de la Fiscalía -todavía pendientes-, emitirá un dictamen sobre su posición ante el indulto. El informe de la Sala presidida por el magistrado Manuel Marchena no vincula la decisión que pueda adoptar el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos, que todavía tardará como mínimo medio año.

El juzgado de vigilancia penitenciaria ha acordado mantener el tercer grado de la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y la exconsellera Dolors Bassa mientras el Tribunal Supremo resuelve el recurso presentado por la Fiscalía contra el régimen de semilibertad que les concedió la Generalitat.

En sendos autos, el titular del juzgado de vigilancia penitenciaria número 1 de Barcelona descarta suspender el tercer grado de Bassa y Forcadell, como pedía el ministerio público argumentando que así está previsto de forma automática cuando se presenta recurso de apelación contra la clasificación penitenciaria.

Se repite así el criterio distinto entre los juzgados de vigilancia penitenciaria encargados de los presos del procés sobre si los recursos de la Fiscalía tienen efectos suspensivos del tercer grado: ya en julio, en el primer recurso del Ministerio Público, la jueza del juzgado de vigilancia penitenciaria 5, encargada de los siete presos de Lledoners, suspendió la semilibertad de los exconsellers y los 'Jordis', mientras que el magistrado encargado de Bassa y Forcadell la mantuvo.

La distinta interpretación de los togados sobre una disposición adicional de la ley orgánica del poder judicial sobre la suspensión del tercer grado es la base de las decisiones distintas. En el caso de Bassa y Foradell, el juez entiende que no cabe aplicar la suspensión del tercer grado, tal y como había solicitado la Fiscalía, habida cuenta de que la decisión de la Generalitat de clasificarlas en tercer grado no ha sido revocada, ya que él mismo la avaló. En otras palabras, el juez entiende que la suspensión solo procede cuando en primera instancia se ha tumbado el tercer grado, lo que no ocurre en el caso de Forcadell y Bassa.

Por contra, la magistrada encargada de supervisar a los siete presos de Lledoners realizó otra interpretación de la ley y concluyó que cualquier recurso de la Fiscalía comportaba la suspensión del tercer grado. Esto ha provocado que desde el pasado mes de julio los siete presos de Lledoners permanezcan en prisión de forma estricta, en segundo grado ordinario, sin las salidas laborales y para dormir en casa de las que sí vienen disfrutando (y seguirán haciendo mientras el Supremo no resuelva) Forcadell y Bassa.

De los siete presos de Lledoners, además, solo Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Joaquim Forn y Josep Rull pueden disfrutar de permisos para salir unas horas de la cárcel (un total de 36 días el año) ya que, a diferencia de Oriol Junqueras, Raül Romeva y Jordi Turull sí han cumplido una cuarta parte de la pena por sedición, el requisito legal para acceder a los permisos.

En el fondo del asunto, sin embargo, ambos togados fallaron en el mismo sentido y avalaron en primera instancia el tercer grado de los presos del procés concedido por la Generalitat, que les permite ir a prisión entre semana para dormir y trabajar fuera de la cárcel. Los recursos de la Fiscalía contra la semilibertad los resolverá, tal y como marca la ley penitenciaria, el tribunal sentenciador, que en el caso de los presos del procés es el Tribunal Supremo.

Amnistía Internacional reclama la libertad de los 'Jordis'

Amnistía Internacional (AI) ha vuelto a pedir este martes la “libertad inmediata e incondicional” de los líderes independentistas Jordi Sánchez y Jordi Cuixart coincidiendo con el tercer aniversario de su encarcelamiento. En un comunicado, AI denuncia que es “una situación de injusticia” que el expresidente de la ANC y el presidente de Òminum Cultural lleven “más de mil días entre rejas apartados de sus familias”.

Amnistía Internacional, que ha pedido varias veces que los dos líderes sociales independentistas sean liberados, considera que ambos ejercieron “sus derechos a la libertad de reunión pacífica y de expresión”.

“Hoy los tres poderes del Estado tienen la oportunidad de corregir los efectos de una condena injusta contraria a los derechos humanos”, defiende AI, que pide que la Fiscalía del Tribunal Constitucional impulse una “rápida resolución” del recurso de amparo interpuesto por Sánchez y Cuixart, instando a la anulación de la condena dictada por el Tribunal Supremo.

La Fiscalía ha pedido al Tribunal Supremo revocar el tercer grado de la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y la exconsellera de Trabajo Dolors Bassa al valorar que “su estancia en prisión es más teórica que real”. El Alto Tribunal ya tiene sobre la mesa todos los recursos de la Fiscalía contra la semilibertad de los presos del procés, algunos de ellos pendientes de resolución desde hace casi dos meses.

El juez de vigilancia penitenciaria avaló la semilibertad de Forcadell y Bassa al considerar que la “gravedad delictiva” y el tiempo de cumplimiento de las penas de once y doce años de cárcel a las que fueron condenadas por sedición “no constituyen obstáculos insalvables” al tercer grado que les concedieron los servicios penitenciarios de la Generalitat. Valoró en especial el juez que ambas exdirigentes no quisieran volver a la política y priorizaran pasar tiempo con su familia.

En su recurso, la Fiscalía insiste en que solo un internamiento efectivo –sin salidas laborales ni para cuidar de familiares– puede hacer que las penadas “reconozcan el delito” y no solo los hechos por los que fueron condenadas, como ya hacen. Para lograr la “asunción delictiva”, la Fiscalía insiste en que Forcadell y Bassa realicen “un programa de tratamiento” sobre la sedición, algo que los jueces catalanes de vigilancia penitenciaria veían contrario a la libertad ideológica pero que el Supremo avaló cuando decidió paralizar las salidas laborales de los presos del procés.

Hasta que no se complete “de forma satisfactoria” dicho programa y las condenadas “asuman que lo que hicieron y por lo que fueran condenadas es un delito”, para la Fiscalía no cabe la progresión al tercer grado.

Bassa y Forcadell permanecieron en prisión preventiva desde el 23 de marzo de 2018 hasta la sentencia del Supremo del 14 de octubre de 2019. Tres meses después, ya condenadas en firme, las cárceles catalanas les permitieron salir a cuidar de familiares. A diferencia de los presos de Lledoners, el juez que avaló su tercer grado no lo suspendió en verano. No obstante, la ley penitenciaria marca que una vez la Fiscalía recurre la semilibertad ante el tribunal sentenciador –en este caso, el Supremo– ésta sí se suspende automáticamente hasta que los jueces decidan.

En el caso de Bassa, la Fiscalía rechaza las apreciaciones del juez de vigilancia penitenciaria y del equipo técnico de la cárcel y afirma que la exconsellera “mantiene todos los déficits que le llevaron a delinquir: falta de respeto a las leyes y a los tribunales de justicia, creencia de un mandato superior del Parlamento de Cataluña por encima del mandato del Tribunal Constitucional”. Respecto a Forcadell, la Fiscalía incide en que, de conceder el tercer grado, que permite a los presos ir a prisión solo a dormir entre semana, “se haría imposible la continuidad” del tratamiento sobre la sedición.

La Fiscalía también cree que el bajo riesgo de reincidencia que presentan ambas presas, hecho que el juez tuvo en cuenta para avalar el tercer grado, no es relevante. El motivo es que, según el Ministerio Público, el sistema para valorar el riesgo de reiteración delictiva que usan los profesionales de las cárceles “está pensado para el delincuente en general” y “no es aplicable” a los condenados por sedición.

“El ser drogadicto o el carecer de estudios es considerado, en dicho sistema, factores de riesgo que aumentan las posibilidades de reincidencia delictiva, sin embargo, si la interna [Forcadell y Bassa] sufriese estos déficits nunca hubiese podido cometer el delito por el que está condenada, puesto que nunca hubiese alcanzado el cargo de responsabilidad necesario para cometerlo”, razona el fiscal en sus recursos.

Es más, para el fiscal si se valorara “únicamente” las posibilidades de reinserción familiar, laboral y social de los presos para conceder el tercer grado sin tener en cuenta el “nivel de asunción de responsabilidad” de los hechos por los que fueron condenados y “las necesidades de tratamiento” se generaría “una desigualdad insoportable e inconstitucional en el propio sistema que daría patente de corso a este tipo de delincuentes que no estén relacionados con la marginalidad social o económica”. “Se vaciaría así el sentido de la pena y del principio constitucional de igualdad ante la ley”, apostilla la Fiscalía.

Rull y Turull afean el Supremo su “letargo procesal”

Con el recurso contra el tercer grado de Bassa y Forcadell, la Fiscalía ha completado las impugnaciones de la semilibertad de los nueve presos del procés que han avalado en primera instancia dos jueces de vigilancia penitenciaria. La decisión final recae sobre el Tribunal Supremo porque fue el tribunal que emitió la sentencia sobre los presos.

A diferencia de Bassa y Forcadell, en el caso de los siete presos de Lledoners, el recurso de la Fiscalía está pendiente de resolver por parte del Supremo desde finales de septiembre, pues la jueza de vigilancia penitenciaria avaló más rápidamente su tercer grado que el magistrado encargado de decidir sobre la semilibertad de la expresidenta del Parlament y la exconsellera de Trabajo. Antes del recurso de la Fiscalía, la jueza de los presos de Lledoners decidió suspender de forma automática el tercer grado, una decisión opuesta a la que tomó el magistrado respecto a Bassa y Forcadell.

En este sentido, los exconsellers Josep Rull y Jordi Turull y el exlíder de la ANC y actual secretario general de JxCat, Jordi Sànchez, han remitido un escrito al Supremo en el que recuerdan que la normativa penitenciaria establece que se resolverán “de forma preferente” los recursos contra la clasificación en tercer grado, por lo que han reclamado al Alto Tribunal que abandone el “letargo procesal” de su causa y resuelva “de forma urgente” las impugnaciones de la Fiscalía a la semilibertad.

El juez de vigilancia penitenciaria ha avalado la semilibertad de la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y la exconsellera de Trabajo Dolors Bassa al considerar que la “gravedad delictiva” y el tiempo de cumplimiento de las penas de once y doce años de cárcel a las que fueron condenadas por sedición “no constituyen obstáculos insalvables” al tercer grado que les concedieron los servicios penitenciarios de la Generalitat.

Bassa y Forcadell eran las únicas presas del procés que restaban pendientes de saber si la Justicia avalaba en primera instancia su semilibertad. En el caso de los siete hombres presos en Lledoners, la jueza ya dio su visto bueno al tercer grado en agosto, si bien lo dejó en suspenso hasta que se pronuncie sobre el mismo el Tribunal Supremo, que como tribunal sentenciador tiene la última palabra sobre la semilibertad.

En un auto, el titular del juzgado de vigilancia penitenciaria 1 de Catalunya rechaza el recurso de la Fiscalía –que se viene oponiendo a cualquier flexibilización de la prisión de los presos del procés– contra el tercer grado de las políticas independentistas. No obstante, tal y como marca la normativa penitenciara, una vez la Fiscalía recurra en apelación ante el Supremo la semilibertad de Bassa y Forcadell volverá a quedar en suspenso a la espera del fallo del Alto Tribunal.

El juez rebate los principales argumentos contra el tercer grado de la Fiscalía, que consideraba insuficiente el hecho de que los condenados por sedición reconocieran los hechos por los que fueron condenados, asumieran su responsabilidad y que incluso algunos de ellos renegaran de la vía unilateral y admitieran que hubiesen podido actuar de otra forma en el procés.“El internamiento efectivo es el único modo de concienciar al delincuente de que no puede abusar de la situación de poder que ostentaba convirtiendo su propia voluntad en ley”, repetía la Fiscalía en sus escritos, que insistía en que “reconocer los hechos y aceptar las consecuencias no es reconocer el delito”.

“La gravedad delictiva y el tiempo de cumplimiento, en autos tipo de sedición, no constituyen obstáculos insalvables si la respuesta al tratamiento penitenciario es la adecuada”, replica el juez a la Fiscalía. En el caso de Bassa y Forcadell, indica el magistrado, ambas políticas “reconocen” los hechos por los que fueron condenadas y sus consecuencias “sin renunciar a la ideología, materia no punible obviamente”.

Forcadell y Bassa, continúa el juez, exhiben “recursos adecuados” para “abordar alternativas” frente a los hechos por los que resultaron condenadas y presentan un “efecto intimidatorio de la pena”, lo que reduce de forma sustancial la posibilidad de volver a delinquir. Ambas han manifestado que sus planes de futuro pasan por jubilarse y hacer vida en familia. Su negativa a volver a la política, unida a que la sedición es su primera condena penal, hacen que su riesgo de reincidencia sea bajo. Por todo ello el juez se muestra favorable al tercer grado.

La decisión final sobre el tercer grado de los presos recaerá en el Tribunal Supremo, que hasta ahora no ha dado muestras de pretender aligerar la estancia en prisión de los presos del procés con salidas laborales o permitiendo que vayan a prisión solo a dormir entre semana. El pasado mes de julio el Alto Tribunal cambió de criterio y asumió la decisión final sobre las salidas laborales de los presos, hasta entonces en manos de las Audiencias Provinciales, lo que le permitió tumbar los permisos de Forcadell para salir de prisión y cuidar de su madre concedidos en base al artículo 100.2 del reglamento.

Además el Supremo tiene pendiente de resolver el recurso contra el tercer grado de los siete presos de Lledoners desde hace dos meses, lo que ha comportado que desde el mes de julio los presos del procés –salvo Bassa y Forcadell, que sí han disfrutado del tercer grado– hayan vuelto a un segundo grado estricto, es decir, sin salidas de prisión para trabajar o cuidar de familiares. La única oportunidad de pasar tiempo fuera de la cárcel para los presos es mediante los permisos: los condenados que ya han cumplido un cuarto de la pena –Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Joaquim Forn y Josep Rull– tienen 36 días de permiso al año.

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha anunciado este miércoles que la semana que viene el Gobierno comenzará a estudiar las solicitudes de indulto a los distintos condenados por el procés. “Estamos tramitando los indultos, por cierto, esos que a usted tanto le preocupan porque les tocan, se empezarán a tramitar la semana que viene”, le ha dicho el ministro a la portavoz de Junts en el Congreso de los Diputados, Laura Borràs, durante la sesión de control al Gobierno en el Parlamento.

Fuentes de Justicia han explicado que “una vez superado el atasco provocado por la pandemia, a lo largo de la semana que viene se dará trámite a estas solicitudes de indulto, reclamando los informes del tribunal sentenciador y la fiscalía”. Por ello, explica el departamento de Campo, “comienza la tramitación de todas las solicitudes de personas condenadas en el procés, dado que la primera solicitud presentada, en el mes de enero –que fue registrada por el abogado catalán Francesc Jufresa Patau–, se refería a todos ellos”.

El Gobierno señala que “la solicitud de indulto es individual. Además, cada expediente individual de indulto arrastra las distintas solicitudes que se hayan hecho sobre este mismo caso. De modo que el Ministerio de Justicia envía una única solicitud por caso al tribunal sentenciador (que es quien reclama informe a la fiscalía)”. Justicia precisa que “la tramitación en su conjunto suele superar los seis meses”.

Además de la solicitud de indulto registrada para los doce condenados por el procés el sindicato UGT lo ha pedido específicamente para la exconsellera Dolors Bassa, condenada a 12 años de cárcel, y tres expresidentes del Parlament –Núria de Gispert, Ernest Benach y Joan Rigol– lo han solicitado para la también expresidenta de la Cámara autonómica Carme Forcadell, condenada a 11 años y medio de cárcel por sedición.

En ambos casos los indultos han sido solicitados con el visto bueno de las implicadas, si bien ellas no lo demandan directamente. Sobre la mesa del Ejecutivo estaría, según Justicia, la posibilidad de indultar al resto de los condenados por el procés. La concesión de los indultos compete en última instancia al rey, a propuesta del ministro de Justicia y previa deliberación del Consejo de Ministros, y debe acordarse mediante mediante Real Decreto publicado en el Boletín Oficial del Estado.

“Afrontamos con normalidad democrática los posibles cambios normativos que exige la sociedad”, ha añadido este miércoles Campo en su respuesta a Borràs, dando pie así a la reforma de los delitos de sedición y rebelión que el Ejecutivo se ha comprometido a estudiar.

JxCat reconoce su “sorpresa” pero reclama la amnistía

En declaraciones a los medios, la diputada independentista ha reconocido posteriormente su “sorpresa” sobre el anuncio del ministro y ha asegurado que pedirá más información sobre qué indultos son los que se van a tramitar (si para todos los condenados o solo para los que lo hayan solicitado). Borràs ha explicado que “tiene que seguir su trámite como es preceptivo”: “Comenzar a tramitarlo no es concederlo”.

En todo caso, ha señalado que va “en la buena dirección”, pero ha afirmado que es insuficiente, al igual que la reforma del Código Penal para rebajar las penas por sedición, y ha reclamado una negociación que termine en la aprobación de una “ley de amnistía”. “Lo más inteligente sería buscar una solución política”, ha rematado.

ERC, que mantiene el contacto permanente con el PSOE, también ha reclamado una solución para los condenados del procés, aunque también apela a la amnistía. “Lo que siempre desde ERC hemos transmitido como principal grupo catalán en la Cámara Baja es el hecho de que hay que solucionar la situación. Y que no tiene ningún tipo de sentido que haya todavía personas en la cárcel o el exilio por sus ideas, explica Gabriel Rufián en una entrevista en elDiario.es, en la que se muestra convencido de que entre su propuesta -amnistía y referéndum- y la del Gobierno -reforma del Código Penal- habrá algún camino intermedio: ”Son propuestas que esperan contrapropuestas. Lo positivo es que ya existe un espacio. Por eso es tan relevante la mesa de diálogo y de negociación entre gobiernos“. 

Desde el PP, por su parte, fuentes de la dirección han asegurado estar “vigilantes” aunque consideran que con el anuncio de este miércoles “al Gobierno se le cae la máscara”, ya que creen que “es el precio que paga Sánchez” por el apoyo de los independentistas a la investidura y a los Presupuestos. Con el indulto, añaden esas fuentes, se facilita la “impunidad a los que intentaron acabar con la Constitución”.

Segundo revés para la Fiscalía a cuenta de la flexbilización de la estancia en prisión de los presos del procés. El juez de vigilancia penitenciaria de Barcelona encargado de estudiar el permiso que la cárcel de Puig de les Basses (Girona) concedió a la exconsellera de Trabajo Dolors Bassa para cuidar de su madre tres días a la semana ha tumbado la solicitud de la Fiscalía para revocarlo, dando así su visto bueno a la decisión de los profesionales de la cárcel.

Al ser una cárcel distinta a la de Lledoners, donde permanecen los siete hombres condenados por el 1-O, también es un juez distinto el que revisa las decisiones sobre Bassa, la única presa del procés que está en Puig de les Basses (Carme Forcadell cumple condena en la cárcel tarraconense de Mas d'Enric).

La conclusión del magistrado de vigilancia penitenciaria 1 de Catalunya, Jesús Ignacio Moncada, respecto a Bassa es la misma a la que llegó su compañera del juzgado 5, Maria Jesús Arnau, con Cuixart: ambos tienen derecho a la aplicación del 100.2, artículo del reglamento que flexibiliza el régimen penitenciario, decidida por la Junta de Tratamiento de las respectivas prisiones.

Ambos togados, con estilos distintos, también cierran la puerta a la intención de los fiscales de “reeducar” a los presos del 1-O para “enseñarles a respetar la ley”. Magistrado y magistrada concluyen que esta petición de los fiscales va en contra de la libertad ideológica de los presos y que no corresponde a un tratamiento penitenciario que tiene como último fin la reinserción social de los presos.

La magistrada Arnau dedicó varias páginas a desmontar las tesis fiscales, mientras que el juez Moncada llega a la misma conclusión de forma más sucinta. El juez despacha en un párrafo los argumentos de la Fiscalía sobre la “reeducación” de los presos del procés, y recuerda que esta petición fiscal “se remite a la esfera intelectual y de asunción emocional de la personal”. Al ser la ideología una cuestión “inherente a la esencia personal”, no puede ser objeto de tratamiento penitenciario, agrega el magistrado.

Toda la cuestión ideológica, según el juez, está “desencajada”, de la aplicación del 100.2, y en especial del caso de Bassa. La exconsellera, indica el juez en base a los informes psicológicos de la prisión, no está interesada en volver a la política, sino que enfoca su futuro en la familia, volver a su profesión, la enseñanza, y en su futura jubilación. De ahí que el juez no ponga inconveniente en que Bassa salga de prisión durante un mes tres días a la semana para cuidar de su madre en aplicación del 100.2.

Con el auto de este lunes respecto a Bassa se confirma la senda iniciada el pasado viernes con Cuixart de aval judicial a la semilibertad de los condenados por sedición. Los nueve presos, condenados a penas de entre nueve y 13 años de cárcel, ya han empezado a salir entre semana de prisión para trabajar, realizar labores de voluntariado y, solo en el caso de las dos mujeres, cuidar de sus madres. La Fiscalía puede recurrir la decisión del juez ante la Audiencia de Barcelona.

Ni trabajar ni cuidar de familiares. La Fiscalía se opone a cualquier salida de prisión de los presos de procés y ha pedido al juez de vigilancia penitenciaria que impida a la exconsellera de Trabajo Dolors Bassa salir de la cárcel de Puig de les Basses (Girona) tres días a la semana para cuidar de su madre. Argumentan los fiscales que Bassa ya tiene vínculos familiares por lo que debe trabajar la exconsellera en prisión es el “respeto a la ley” en vez de la cura de su madre.

A diferencia de las salidas laborales de prisión que se alargarán varios meses de Sànchez, Cuixart o Forn, en el caso de Bassa el permiso para cuidar de su madre –una mujer mayor con alto grado de dependencia– solo tiene un mes de duración, coincidiendo con las vacaciones de la cuidadora. Pero ni la reducida duración del permiso ha reducido la oposición del Ministerio Público a la aplicación del 100.2, el artículo del reglamento pensado para flexibilizar el régimen penitenciario y que las cárceles ya han aplicado a siete de los nueve presos del 1-O.

La argumentación de los fiscales de vigilancia penitenciaria catalanes para oponerse a las salidas de prisión de Bassa es parecida a lo que expusieron en escritos anteriores respecto a los otros presos. Sostienen los fiscales que Bassa no precisa de un programa de tratamiento penitenciario para reestablecer sus vínculos familiares, ya que los ha mantenido antes y después de ser condenada, y que tampoco es necesaria su reinserción social porque ya tiene los medios necesarios para adaptarse a la vida social fuera de prisión, a diferencia de muchos presos comunes.

Lo que es necesario para Bassa y el resto de presos del procés, reiteran los fiscales, es un programa de tratamiento penitenciario que les “enseñe a respetar la ley”. A través de dicho programa, abundan los fiscales, los presos del procés deben aprender “que sólo se puede conseguir aquello que se desea utilizando los mecanismos legalmente establecidos en la normativa que rige nuestro Estado Social y Democrático de Derecho, normativa que a todos nos vincula y que es aplicada por el Poder Judicial”.

Cabe recordar que, tal y como adelantó eldiario.es, la Generalitat rechaza proporcionar este programa de tratamiento a los presos del procés. Sin embargo, la Fiscalía insiste en ello y vuelve a solicitar un programa para que los nueve condenados por sedición “aprendan que un gobierno autonómico no puede transformar la estructura del Estado y plasmarlo en un texto legal fuera de los cauces jurídicos de reforma”, tal y como declaró probado el Tribunal Supremo en su sentencia que condenó a la exconsellera a 12 años de cárcel.

Según los fiscales, Bassa “no cometió los delitos [sedición y malversación] a causa de unas relaciones familiares desestructuradas”, por lo que cuidar de su madre no es necesario. Los fiscales priorizan el citado programa para “reeducar” –uno de los fines previstos para las penas de prisión en la Constitución– a Bassa. Señalan los fiscales en base a los informes psicológicos de la cárcel que Bassa, si bien reconoce que en la fase final del procés tuvo un “dilema moral” entre la legalidad y el “mandato del pueblo” para celebrar el referéndum, a día de hoy “no asume su responsabilidad” y “no reconoce el delito”.

Agrega la Fiscalía que tampoco se ha producido todavía en Bassa –ni se producirá si sale para cuidar de su madre– el “efecto intimidatorio de la pena”, esto es, que la estancia en prisión sirva para “concienciar a la interna [Bassa] de su mal comportamiento social”. “La pena ha de constituir un medio de utilidad social y de intimidación al delincuente, tendente a prevenir futuros delitos”, apostillan los fiscales.

El informe de la Fiscalía insiste en criticar la “generalización” del artículo 100.2 pese a su carácter “excepcional”, lo que a criterio de los fiscales obedece a una “pertinaz voluntad” de la Generalitat, competente en materia de prisiones, “de ir dejando poco a poco, pero sin pausa, sin contenido” la sentencia del procés que condenó a penas de entre nueve y 13 años de cárcel a los líderes soberanistas.

Al estar presa Bassa en la cárcel gerundense de Puig de les Basses, la petición de la Fiscalía no la analizará la titular del juzgado de vigilancia penitenciaria 5 de Catalunya –magistrada que sí decidirá sobre los presos hombres en Lledoners (Barcelona)–, sino el juez titular del juzgado de vigilancia penitenciaria 1.

La expresidenta del Parlament Carme Forcadell y la exconsellera de Trabajo Dolors Bassa han abandonado por primera vez de prisión este lunes para cuidar de sus respectivas madres en aplicación del artículo 100.2 del reglamento penitenciario, que permite flexibilizar la estancia en la cárcel de los internos mediante salidas puntuales del centro penitenciario para trabajar, realizar labores de voluntariado o cuidar de familiares.

Las Juntas de Tratamiento de las prisiones de Mas d'Enric (Tarragona) y de Puig de les Basses (Girona) autorizaron la semana pasada las salidas de la cárcel a Forcadell y Bassa para cuidar de sus madres, de edad avanzada. La exconsellera también había pedido salir para trabajar, aunque esta petición se abordará en las próximas semanas. Bassa y Forcadell, las dos únicas presas del procés, son las únicas de entre los nueve condenados por sedición que han pedido cuidar de familiares fuera de prisión. Por el momento los siete líderes del procés hombres no lo han solicitado.

En concreto, las salidas de prisión autorizadas para Forcadell, condenada a once años y medio de prisión, son de 9 horas tres días a la semana para realizar voluntariado y cuidar de su madre, mientras que a Bassa, condenada a 12 años, se le permite salir 8 horas al día tres días a la semana. Ambas reingresarán en prisión para dormir y los fines de semana.

Las Juntas de Tratamiento, integradas por el director de la cárcel, juristas, psicólogos y educadores, acordaron aplicar el artículo 100.2 a ambas presas, una decisión de aplicación inmediata pero que puede ser recurrida por la Fiscalía y que en última instancia deben ratificar el juzgado de vigilancia penitenciaria y la Audiencia de Barcelona. En la aplicación del 100.2 no interviene la secretaría de medidas penales de la conselleria de Justicia. El año pasado en Catalunya este artículo se aplicó a 405 internos.

Los presos del procés fueron clasificados en segundo grado el pasado mes de enero, el ordinario que se aplica a la mayoría de reclusos. Con todo, este régimen penitenciario permite, mediante el artículo 100.2, flexibilizar el régimen penitenciario hasta condiciones similares a las de la tercer grado, es decir, salir de la cárcel a diario para trabajar, hacer voluntariado o seguir tratamientos de reinserción fuera de la prisión, y reingresar en el centro penitenciario para dormir y los fines de semana.

La Fiscalía ha dado muestras de que se opondrá a la aplicación del 100.2 si se otorga como un tercer grado “encubierto”. De hecho el pasado viernes el Ministerio Público pidió a la jueza de vigilancia penitenciaria que revocara el 100.2 para Jordi Cuixart, que ya ha acudido a su empresa a trabajar desde el pasado jueves. Cuixart, Bassa, Forcadell, el exconseller Joaquim Forn y el exlíder de la ANC Jordi Sànchez son los cinco presos del procés que a los que se ha aplicado el 100.2, aunque se espera que los otros cuatro -Oriol Junqueras, Raül Romeva, Josep Rull y Jordi Turull- también sigan el mismo camino en las próximas semanas.

Cinco de los nueve presos del procés ya están autorizados a salir de prisión entre semana para trabajar, cuidar de familiares o realizar labores de voluntariado. Los últimos en conseguir la aplicación del 100.2, un artículo del reglamento para flexibilizar el segundo grado penitenciario con salidas de la cárcel y preparar la futura excarcelación, han sido los exconsellers de Interior y Trabajo, Joaquim Forn y Dolors Bassa.

Según ha informado la conselleria de Justicia de la Generalitat, la Junta de Tratamiento de la prisión de Lledoners (Barcelona) ha aprobado permitir a Forn salir de prisión 12,5 horas de lunes a viernes para trabajar. El exconseller de Interior, a 10 y años y medio de prisión por sedición y que ya pasó casi dos años en prisión provisional, reingresará en la cárcel para dormir y los fines de semana.

En el caso de Bassa, la Junta de Tratamiento de la prisión de Puig de les Basses (Girona) le ha autorizado a salir de la cárcel ocho horas tres días a la semana para cuidar a su madre, de edad avanzada. La exconsellera también había pedido salir para trabajar, aunque esta petición se abordará en las próximas semanas. Bassa y Forcadell, las dos únicas presas del procés, son las únicas de entre los nueve condenados por sedición que han pedido cuidar de familiares fuera de prisión. Por el momento los siete líderes del procés hombres no lo han solicitado

Las Juntas de Tratamiento, integradas por el director de la cárcel, juristas, psicólogos y educadores, han acordado aplicar el artículo 100.2 a Forn y Bassa, una decisión de aplicación inmediata pero que puede ser recurrida por la Fiscalía y que en última instancia deben ratificar el juzgado de vigilancia penitenciaria y la Audiencia de Barcelona. En la aplicación del 100.2 no interviene la secretaría de medidas penales de la conselleria de Justicia. El año pasado en Catalunya este artículo se aplicó a 405 internos.

Los presos del procés fueron clasificados en segundo grado el pasado mes de enero, el ordinario que se aplica a la mayoría de reclusos. Con todo, este régimen penitenciario permite, mediante el artículo 100.2, flexibilizar el régimen penitenciario hasta condiciones similares a las de la tercer grado, es decir, salir de la cárcel a diario para trabajar, hacer voluntariado o seguir tratamientos de reinserción fuera de la prisión, y reingresar en el centro penitenciario para dormir y los fines de semana. La Fiscalía ha dado muestras que se opondrá a la aplicación del 100.2 si se otorga como un tercer grado “encubierto”.

El exvicepresident Oriol Junqueras y otros cinco exconsellers en prisión por sedición han comparecido este martes en el Parlament en la comisión sobre el 155. Más allá de valorar los efectos de la intervención de la Generalitat en los departamentos del Govern, los dirigentes independentistas han aprovechado su presencia en la Cámara para lanzar varios mensajes tras la crisis abierta entre JxCat y ERC por el escaño de Quim Torra. Junqueras ha enarbolado la bandera del diálogo de los republicanos y ha pedido “aprovechar” la mesa entre gobiernos pactada por ERC y el PSOE.

Aunque ha tildado de “incierta” la mesa, Junqueras ha añadido que es “un paso adelante” porque “es la primera vez que se reconoce un conflicto político”. “Tenemos que aprovecharlo, estar más que nadie, estar siempre”, ha reiterado. En su alegato a favor del diálogo, Junqueras ha asegurado que su “trabajo” es el de hablar “con buen tono y una sonrisa” no solo con los independentistas, también con los que “no comparten legítimamente nuestras ideas”, entre ellos el gobierno español.

“Ofrecemos diálogo a todo el mundo y ofrecemos la posibilidad de establecer mesas de diálogo a diestro y siniestro, también con quienes no tienen ganas de hablar”, ha insistido, y ha defendido que es su “obligación y devoción” hablar en sede parlamentaria.

Las palabras de Junqueras han llegado solo unas horas antes de que se conociera que, finalmente, Sánchez y Quim Torra se verán el próximo 6 de febrero, en un encuentro en Barcelona que pretende abrir la negociación bilateral. “Cuantas más dificultades pongan, más razón moral y política acumularemos para protagonizar el diálogo y la voluntad de acuerdo con todos”, ha remarcado Junqueras en su intervención, en la que ha insistido una vez más que “no hay nadie más independentista” que su partido.

El jefe del Govern ha entrado a la sala acompañado de su sucesor en el cargo, Pere Aragonès, y la plana mayor de ERC, y ha empezado su comparecencia recordando a sus compañeros en el “exilio”, entre ellos Marta Rovira y el expresident Carles Puigdemont. Junqueras, condenado a 13 años de cárcel por el Tribunal Supremo, es el primero de los seis exconsellers que desfila por la comisión del 155. Lo harán también Joaquim Forn, Dolors Bassa, Jordi Turull, Josep Rull y Raül Romeva, que vuelven por primera vez a la Cámara catalana desde que entraron en prisión en 2017. Todos ellos han sido recibidos entre aplausos al llegar al recinto.

“Volveremos a ejercer un referéndum”

Junqueras ha combinado su defensa del diálogo con la del legado del 1-O. Y no solo eso, sino que ha proclamado que volverán a celebrar un referéndum. “Es algo normal. Y queremos volverlo a ejercer y volveremos a ejercerlo”, ha afirmado, para luego asumir que necesitan para ello “acumular fuerzas, ser más y más fuertes”. “Algo que aprendimos en octubre de 2017 es que si fuese cuestión estrictamente de democracia y en los platos de la balanza solo se hubiesen contado votos, es indudable que hubiésemos ganado”, ha razonado.

Sobre la aplicación del 155 en octubre de 2017, el exvicepresident lo ha calificado de “aval” de su encarcelamiento, “quizás con la esperanza de quitar del escenario a unos rivales políticos que no podían derrotar en las urnas”. “Pensaron que así sí que ganarían, pero tampoco”, ha expresado. Según su opinión, la entrada en vigor de este artículo que cesó de pleno al Govern y suspendió en Parlament solo sirvió para paralizar las “políticas sociales” que estaban en marcha.

En la comisión, los exconsellers tienen un primer turno de palabra y después los grupos pueden preguntar, aunque no están todas las formaciones parlamentarias, ya que en esta comisión solo participan generalmente JxCat, ERC, la CUP y los comuns. Sin embargo, esta vez Ciudadanos sí ha decidido acudir.

Cs se va y Junqueras pide que se queden

La portavoz de los naranjas, Lorena Roldán, se ha dirigido a Junqueras para preguntarle “si es capaz de sostener la mirada a los catalanes y decirles que se gastaron el dinero de todos en cometer ilegalidades”. “Es una pena que no haya venido aquí a pedir perdón y decir que se equivocaron”, le ha reprochado.

Tras su intervención, los miembros de Ciudadanos han abandonado una comisión en la que hasta hoy no habían participado nunca. Antes de que salieran de la sala, Junqueras se ha dirigido a ellos para tratar de que se quedaran. “¡Ahora que habíamos empezado a dialogar! ¡Qué manía en marcharos!”, les ha reprochado.

En respuesta a la petición de Ciudadanos, aunque el partido ya no estaba en la sala, Junqueras ha asegurado que no se niega a pedir perdón a la ciudadanía que sufrió durante el procés. “Si algún ciudadano piensa que es necesario sentir que le pido disculpas por alguna sensación que sintió, yo no tengo ningún inconveniente si causé malestar”, ha expresado, aunque acto seguido ha añadido: “Pero yo no ordené a nadie pegar palizas a votantes, ni encarcelé a nadie ni tuve la tentación de hacerlo”. “Esta diferencia es substancial, radical, decisiva, entre yo y mis compañeros y quienes aplauden nuestra cárcel”, ha remarcado.

Turull y Romeva reivindican su gobierno

Además de Junqueras, otros miembros del aquel gobierno que hoy están en la prisión han pasado por la comisión del 155 y han opinado tanto sobre los hechos de octubre de 2017 como de la actual situación. “Yo no he venido aquí para pedir perdón, sino por dar las gracias a todos aquellos que han estado con nosotros”, ha asegurado Turull (JxCat), que ha hecho un alegato a favor de la unidad entre los independentistas, un día después del choque entre JxCat y ERC en el Parlament.

Turull además ha aprovechado su intervención para cargar con dureza contra Ciudadanos por haber abandonado la comisión del 155 pese a haberse referido a los líderes independentistas encarcelados que este martes comparecen en el Parlament. “Es una pena que se hayan ido”, ha dicho Turull, “son unos maleducados y unos cobardes”, ha dicho, recordando después que Lorena Roldán suele referirse a él con calificativos que él no puede contestar porque está encerrado.

También el exconseller de Exteriores Raül Romeva (ERC), ha intervenido en la comisión. “No me arrepiento de nada, de ninguna defensa de los derechos que hice”, ha asegurado en un tono similar a los anteriores. “Hace falta reconocerlo todo”, ha dicho el exconseller. “Hay que reconocer el dolor de determinada gente que no compartía nuestro proyecto, o no lo entendió o que discrepaba de él”, ha apuntado. “Pero es innegable, ha seguido Romeva, ”que el 155 provocó un dolor sumado al que ya se había sentido unas semanas antes en forma de porras“.

Por esta razón, Romeva ha asegurado que el 155 y la calificado la intervención de la Generalitat fue “no solo un error” sino también “un signo de cobardía política”. “Cuando lo que se hace ante una discrepancia política es buscar la desaparición del adversario solo se puede hablar de falta de democracia”, ha asegurado el exdiputado de ERC, que ha asegurado que se aplicó este artículo con una “visceralidad vengativa” y que abrió a la puerta a una “represión que aún dura.

El exconseller de Territorio Josep Rull ha confiado en que se abra un escenario de diálogo para buscar una salida al conflicto catalán, y que se pueda canalizar “con más consistencia”. “Nos sentaremos en todas las mesas de diálogo, como siempre hemos hecho”, ha sostenido en la comisión, donde ha vuelto a apelar a la unidad soberanista: “Juntos hemos sido capaces de hacer cosas extraordinarias, con diálogo y consenso amplísimos”.

También ha hecho autocrítica al admitir que hubo “demasiados catalanes” que no sintieron las urnas del 1-O como propias, y que deben reforzar cuestiones como esta para ganar legitimidad democrática. “Hemos aprendido cosas, pero si lo hubiéramos hecho mejor no estaríamos en prisión”, ha subrayado Rull, tras defender que hay muchos mecanismos para poner urnas pese a que lo negara el ya expresidente del Gobierno Mariano Rajoy.

Bassa pide dejarse de “peleas de postureo”

Por su lado, el exconseller de Interior de la Generalitat, Joaquim Forn (JxCat), ha pedido a las formaciones independentistas que “abandonen la estrategia partidista” y recuperen la “unidad” que “hizo posible el 1 de octubre”. Por primera vez desde el 27 de octubre de 2017, Forn ha regresado al Parlament para comparecer en la comisión de investigación sobre la aplicación del artículo 155. El exconseller ha afeado a los partidos la división mostrada durante el lunes en la cámara catalana, una jornada que ha calificado de “triste”. “Ayer no nos gustamos”, ha señalado Forn en unos reproches similares a los que ha lanzado unas horas Turull.

Ante la pregunta de si volvería hacer lo mismo que hizo durante su etapa como conseller, ha respondido que “lo habría hecho distinto” y que durante octubre de 2017 “no se hicieron todas las cosas bien”. Forn ha defendido a los Mossos tanto durante ese periódo como durante los disturbios registrados en octubre de 2019. “Nuestra policía es democrática y comparte estos valores”, ha afirmado.

El exconseller también ha defendido el diálogo “desde unos principios claros” con el Gobierno central. “Es necesario dialogar, es necesario sentarse, pero es necesario saber qué quieres y dónde quieres llegar”, ha afirmado Forn, cuya intervención ha acabado con un sonoro aplauso de buena parte de los diputados presentes en la comisión.

La última exconsellera encarcelada por sedición en comparecer ante el Parlament ha sido la extitular de Trabajo y Asuntos Sociales, Dolors Bassa (ERC). La exconsellera ha mandado un mensaje a los partidos independentistas en medio de la crisis abierta entre JxCat y ERC: ha instado a los independentistas a dejarse de “peleas de postureo” y apostar por el diálogo para “avanzar en el día a día”. “Ahora las batallas no hacen falta. Nos hemos ganado el derecho a no desfallecer”, ha apostillado apostilla Bassa.

La exconsellera también ha criticado a los partidos que “banalizan la palabra cárcel”, y h recordado que la estancia entre rejas ha provocado a los presos independentistas “sufrimiento físico, psicológico y emocional”. “La cárcel dista mucho de ser una comunidad saludable”, ha agregado.

Respecto al objeto de su comparecencia, Bassa ha denunciado que la aplicación del 155 “paró políticas sociales” como la Renta Garantizada de Ciudadanía aprobada en el Parlament por unanimidad. “Siempre me encontrarán al lado del feminismo y la igualdad, por eso como Govern impulsábamos políticas de igualdad sin adjetivos. Soy feminista y de clase trabajadora para construir una sociedad más justa e igualitaria, y lamentablemente el 155 afectó a esto”, ha lamentado.

El exvicepresident Oriol Junqueras, la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y los exonsellers Raül Romeva y Joaquim Forn han aceptado su clasificación en segundo grado y no recurrirán ante el juez para intentar conseguir el tercer grado penitenciario, lo que les permitiría salir a diario de la cárcel para trabajar, según han indicado a este diario fuentes jurídicas de ERC y de la defensa del exconseller de Interior.

La clasificación en segundo grado de los presos del procés por parte de la conselleria de Justicia, que pilota la republicana Ester Capella, generó una polémica política entre Junts per Catalunya (JxCat) y ERC. Los posconvergentes reclamaban a Justicia clasificar a los presos en régimen abierto o tercer grado, lo que les permitiría acudir a prisión solo a dormir.

Según fuentes jurídicas de ERC, de los cuatro presos republicanos solo la extitular de Trabajo Dolors Bassa estudia presentar recurso ante el juez de vigilancia penitenciaria contra la decisión de Justicia de clasificarla en segundo grado, apelación en la que el Tribunal Supremo tendría la última palabra por ser el tribunal sentenciador.

Tampoco Jordi Cuixart, presidente de Òmnium Cultural, tiene previsto recurrir su clasificación en segundo grado. Por su lado, consultada por eldiario.es, la defensa de los otros tres presos de JxCat –Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull– ha declinado hacer comentarios sobre un recurso, pese a que su letrado, Jordi Pina, había reclamado a Justicia su clasificación en tercer grado al entender que los presos cumplían con los requisitos para ello.

Con todo, la negativa a recurrir ante el juez para conseguir el tercer grado no supone que los presos de ERC renuncien a la flexibilización penitenciaria. Según las mismas fuentes, Junqueras, Romeva, Bassa y Forcadell presentarán ante las juntas de tratamiento de sus cárceles –Lledoners y Mas d'Enric– documentación para que los responsables de los centros les apliquen el artículo 100.2 del reglamento, que permite salidas diurnas de la cárcel, incluso a diario, para trabajar o realizar labores de voluntariado.

El artículo 100.2 está controlado por los jueces de vigilancia penitenciaria y, en última instancia, la Audiencia de Barcelona. Pero a diferencia de la clasificación en grado penitenciario, no interviene el tribunal sentenciador, esto es, el Tribunal Supremo, que condenó a penas de prisión de entre nueve y 13 años a los líderes del procés. La Fiscalía se opondrá a una concesión rápida del 100.2 al entender que se trata de un tercer grado encubierto.

En paralelo, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, en prisión desde el 16 de octubre de 2017, aguardan a partir de este martes la decisión de la conselleria de Justicia para disfrutar de su primer permiso penitenciario. De hasta 48 horas, los permisos los concede la conselleria sin autorización del juez y se pueden disfrutar hasta un total de 36 al año. Son salidas puntuales de la cárcel en las que el interno es acompañado en todo momento por un tutor.

Para la concesión de permisos es necesario haber cumplido un cuarto de la pena impuesta. Al haber cumplido casi dos años de prisión preventiva y estar condenados en firme a nueve años, los 'Jordis' son los primeros presos de procés que cumplen un cuarto de la pena. Forn y Rull lo harán este año y el resto a principios de 2021.

El grupo de trabajo sobre detención arbitraria del consejo de derechos humanos de la ONU ha pedido dejar en libertad a los exconsellers Dolors Bassa, Josep Rull, Jordi Turull y Raül Romeva en prisión provisional desde hace más de un año y medio. El organismo cree que los líderes soberanistas podrían ser indemnizados y solicita una investigación “exhaustiva” e “independiente” sobre su encarcelamiento, que considera “arbitrario”.

En sus conclusiones, el grupo de trabajo sigue la línea de lo que dictaminó sobre Oriol Junqueras, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart y vuelve a dar la razón a los líderes independentistas, que llevaron su encarcelamiento ante este organismo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) al considerarlo contrario a los principios de la declaración universal de derechos humanos.

La decisión del comité no es vinculante para España. De hecho, cuando Sànchez, Cuixart y Junqueras pidieron su puesta en libertad en base al dictamen, el Supremo respondió no solo negando la excarcelación sino con una dura crítica a los expertos del grupo de trabajo. El informe, zanjaron los magistrados, contenía “afirmaciones extravagantes carentes de toda lógica”.

El nuevo documento, en suma, sigue el mismo razonamiento y conclusión que el primero. Descarta todas las alegaciones planteadas por el Gobierno y valora que los líderes soberanistas están en prisión para “reprimir y silenciar su reclamo en favor de la autodeterminación”. “La detención está motivada por su opinión política”, apostillan los expertos del grupo de trabajo, afirmación que el Supremo ha rechazado en los sucesivos autos por los que ha rechazado dejar libres a los presos del procés. El tribunal ha dejado claro que les mantiene en prisión por el riesgo de fuga debido al resto de procesados por el 1-O que vive en el extranjero.

La emisión del primer dictamen del grupo de trabajo provocó una agria reacción del Gobierno, que descalificó a los expertos del comité y transmitió su queja a la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. Según dijo el Gobierno, los redactores del informe “parecen desconocer el delito” por el que los políticos catalanes fueron juzgados y “desconocen aparentemente la separación de poderes”.