Después de cinco años de “duro trabajo” que se han repartido en cuatro fases, el Ayuntamiento de Manzanares (Ciudad Real) ha comunicado que no hay más víctimas del franquismo en las fosas comunes del cementerio municipal.

Con ello, ha dado por finalizados los trabajos que ha llevado a cabo la empresa Drakkar Consultores con el impulso del Ayuntamiento, después de que el pasado 13 de marzo se recuperara el último de los 136 cuerpos exhumados en esta última fase del proyecto de un total de 270.

El Ayuntamiento destaca que esa fecha ha quedado “para la historia” al haber culminado la exhumación de restos de todas las personas represaliadas por el franquismo que yacían en fosas comunes del cementerio de nuestra localidad. “Damos por finalizados los trabajos en las ocho fosas comunes, por lo que a día de hoy podemos decir que ya no quedan fusilados en fosas comunes en este camposanto”, ha anunciado Jorge García, director gerente de Drakkar Consultores, empresa encargada de realizar estos trabajos.

La cuarta y última fase de este proyecto de exhumaciones tenía como objetivo recuperar los cuerpos de 136 víctimas que fueron enterradas en ocho fosas comunes.

Los trabajos, que comenzaron en verano, no han sido sencillos debido a las inclemencias meteorológicas (sobre todo a las semanas de frío e intensas lluvias que hubo durante el invierno), pero también a las propias características de las fosas. “Había algunas que estaban a cinco metros de profundidad. Y otras con hasta 26 víctimas, por lo que los cuerpos estaban muy mezclados”.

Aunque las labores de exhumación han finalizado, todavía restan unas semanas para que concluya el proceso: “Paralelamente a las exhumaciones hemos ido realizando el estudio antropológico de los cuerpos para conseguir las muestras de ADN que enviaremos al laboratorio para realizar el cotejo con los familiares vivos”. Para llevar a buen puerto esta parte del proceso se sigue solicitando la colaboración ciudadana, puesto que “todavía no están identificados los familiares de las 136 víctimas”.

“Manzanares pasará a la historia por este proyecto”

Una vez que finalice esta cuarta fase, se dará por concluido el ambicioso proyecto de exhumaciones puesto en marcha por el Ayuntamiento de Manzanares hace cinco años y que ha permitido recuperar los restos de 270 personas. “Manzanares pasará a la historia por muchas cosas y esta es una de ellas”, destaca el alcalde, Julián Nieva, “satisfecho” por haber podido culminar este proyecto “que tan complicado de finalizar parecía cuando lo planteamos”.

Asimismo, ha avanzado que muy pronto se realizará otro acto de entrega de restos de represaliados a sus familiares. También ha querido dar las gracias a todas las administraciones que se han implicado en el proyecto desde 2021: la Diputación de Ciudad Real, el Gobierno de Castilla-La Mancha, el Gobierno de España a través de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, así como el colectivo Memoria Histórica de Manzanares (MHM) y la empresa Drakkar Consultores.

La fosa de La Lloba, ubicada en el concejo asturiano de Castrillón, podría contener los restos óseos de entre 24 y 28 republicanos que fueron víctimas de la represión franquista. Son las estimaciones del Gobierno de Asturias que este viernes ha anunciado que los trabajos que se están llevando a cabo han permitido localizar los restos de al menos seis personas.

Esta es una noticia que ha devuelto la esperanza a los familiares que se han concentrado para seguir las labores de exhumación. Confían en la posibilidad de recuperar algún resto u objeto de sus seres queridos y reconocen que esta ilusión llega precedida de la gran expectación que levantó el hallazgo, el pasado mes de noviembre, de fragmentos de un cráneo y dos pies con sus botas y clavos en la suela en esta misma fosa.

El anuncio de la confirmación oficial de la localización de los restos de seis personas se ha conocido a través de la Consejería de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, de la que es titular Ovidio Zapico.

El consejero se desplazó esta misma mañana hasta la zona de exhumación, acompañado de la directora general de Memoria Democrática, Begoña Collado; el director del grupo Arqueos de la Universidad de Oviedo, Avelino Gutiérrez González, y familiares de las víctimas.

El trabajo del Grupo Arqueos responde al acuerdo que mantiene la consejería con la Universidad de Oviedo, a través del Vicerrectorado de Extensión Universitaria.

Explicaciones sobre el terreno

Durante la visita, el responsable del equipo arqueológico ha explicado sobre el terreno los descubrimientos realizados hasta el momento, así como los próximos pasos previstos en la intervención.

Desde la consejería se ha subrayado que este hallazgo supone un avance decisivo respecto a las primeras actuaciones realizadas en noviembre de 2025, cuando se identificaron los primeros indicios de la fosa, incluyendo restos óseos parciales y vestigios que confirmaban la existencia de enterramientos clandestinos en la zona.

Saldar la deuda histórica

Ovidio Zapico ha enmarcado este avance en una deuda histórica de las instituciones con las víctimas de la represión franquista: “Este es un trabajo que tenía que haberse hecho hace muchísimos años. No se hizo y hoy estamos corrigiendo ese abandono desde lo público”, ha explicado.

El consejero ha reivindicado el papel de las asociaciones memorialistas y de familiares, cuyo trabajo durante décadas ha sido clave para impulsar estas actuaciones.

Recoger el testigo

“Las administraciones -ha asegurado- hemos recogido su testigo y hoy lo estamos materializando en políticas públicas que buscan verdad, justicia y reparación”.

El titular de Derechos Ciudadanos ha resaltado especialmente el carácter simbólico y político que representa la localización de estos restos.

Trabajos con financiación pública

“Aquí, hace menos de 90 años, se cometió un crimen. Y hoy el Estado democrático está respondiendo, sacando a la luz lo que durante demasiado tiempo permaneció oculto”, ha expresado bajo la atenta mirada de los familiares.

Estos trabajos, impulsados íntegramente con financiación pública durante la actual legislatura, marcan “un antes y un después” en la política de memoria democrática en Asturias, ha destacado.

Además, ha puesto de manifiesto el trabajo del equipo técnico y la profesionalidad del personal arqueológico y ha asegurado que las labores continuarán en los próximos días tras la autorización del juzgado de Avilés.

Represión en la Quinta de Pedregal

Sin embargo, Ovidio Zapico no se ha limitado a ensalzar la importancia de este hallazgo, sino que ha aprovechado para realizar un llamamiento directo a la ciudadanía: “Es el momento de que las familias den un paso al frente. Puede haber aquí personas desaparecidas cuyos nombres aún no conocemos”, ha añadido.

Por ello, ha incidido en la importancia de tratar de salvar este desconocimiento ya que, según comentó, en este enclave podrían encontrarse víctimas de la Quinta de Pedregal de Avilés.

Recogida de muestras de ADN

El consejero considera que para lograr este objetivo es imprescindible que las familias colaboren para la recogida de muestras de ADN que permitan avanzar en la identificación de los cuerpos.

“Esta es solo la primera parte. Ahora comienza un proceso clave para devolver identidad, dignidad y memoria a quienes fueron asesinados”, ha resumido el titular de Derechos Ciudadanos.

Que la muerte del ex teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero Molina sea noticia se explica tan solo por su contumaz vocación golpista, que el 23 de febrero de 1981 estuvo a punto de devolver a nuestro país a sus tiempos más oscuros con el asalto al Congreso de los Diputados y la toma como rehenes del Gobierno en pleno y de los representantes de la voluntad popular. Su nombre se inscribe desde hoy en la historia no por sus actos de heroísmo o grandeza, sino por la infamia de sus acciones, de las que nunca se arrepintió. 

España intentaba dejar atrás cuarenta años de dictadura cuando este atrabiliario militar, al mando de trescientos agentes de la Benemérita, se encaramó en la tribuna de oradores de la Cámara Baja –que en ese momento votaba la investidura de Leopoldo Calvo-Sotelo como presidente del Gobierno en sustitución de Adolfo Suárez– para vociferar su tristemente famoso “¡Quieto todo el mundo!” que puso en suspenso nuestra incipiente democracia.

Lo paradójico de su persona es que además de ejecutor del golpe, a la espera de que llegara la autoridad militar competente que se haría cargo de la situación, fue también el artífice de su fracaso, al negarse a que el general Alfonso Armada entrara en el hemiciclo para proponerse como presidente de un Gobierno de salvación nacional. Qué habría ocurrido si le hubiese permitido dirigirse a sus señorías es un ejercicio de historia contrafactual abierto a todas las hipótesis. 

Un gobierno en el que el único militar sería el presidente no era lo que le habían dicho que ocurriría en las reuniones preparatorias en las que participó. Tejero estaba convencido de que la asonada daría paso a una Junta Militar que pondría fin a lo que los golpistas consideraban los males fundamentales de la España democrática: el terrorismo, que había señalado al Ejército y a las fuerzas de seguridad como objetivos prioritarios de sus atentados, y la sacrosanta unidad de la patria, a su entender en peligro por el desarrollo del Estado autonómico.

El general Armada –junto al general Milans del Bosch, condenados como cabezas de la rebelión militar– le ofreció un avión y dinero para que él y sus oficiales salieran del país y eludieran sus responsabilidades penales, algo que rechazó. Una afrenta a la que Tejero respondió diciendo que no había protagonizado semejante “campanazo” para que todo siguiera igual. Le habían dejado solo. Cuando en una de las sesiones de la vista oral el fiscal le preguntó si se sintió utilizado por el general Armada para su propósito de ser presidente del Gobierno, Tejero contestó: “Mi general, lo que yo quisiera es que alguien me explicara lo del 23F, porque yo no lo entiendo”. No mentía.

En la última jornada del proceso, durante el turno de última palabra para los acusados, Tejero se puso en pie y mirando al presidente del tribunal resumió su sentir por la traición de la que sentía que había sido víctima: “Quiero que mis últimas palabras en este proceso militar sean para manifestar a gran parte de los mandos de los ejércitos mi más profundo desprecio por su cobardía, su entreguismo, su traición a la patria…”. No tuvo tiempo de decir más porque el presidente le retiró la palabra y le ordenó salir de la sala mientras agitaba la campanilla reclamando orden a quienes aplaudían entre el público.

Tejero fue condenado a 30 años de reclusión por un delito de rebelión como jefe de las fuerzas rebeldes, nada que ver con los siete meses que otro tribunal militar le impuso en 1978 por la Operación Galaxia, una intentona golpista previa que sus promotores consiguieron hacer pasar por una charla de café. Tras cumplir la pena, fue adscrito a la dirección general de la Guardia Civil, una canonjía sin funciones concretas que le permitió preparar el asalto al Congreso porque nadie, aparentemente, se preocupó de vigilar sus andanzas.

Fue el último de los condenados en quedar en libertad condicional, en diciembre de 1996, tras quince años de reclusión, aunque para entonces hacía tres que disfrutaba del tercer grado penitenciario y acudía a prisión solo a dormir. Desde entonces, ha vivido en un discreto segundo plano, a medio camino entre Torre del Mar (Málaga) y Madrid, entre homenajes de nostálgicos del franquismo y esporádicas apariciones públicas, la última de ellas en octubre de 2019 para participar en entierro de los restos del dictador Franco en el cementerio de Mingorrubio tras su exhumación de la basílica del Valle de los Caídos.

Desde hoy, Antonio Tejero se incorpora a la historia del oprobio de nuestro país junto a otros correligionarios que intentaron subvertir la democracia por la fuerza de las armas, como los generales Miguel Primo de Rivera, José Sanjurjo y el propio Francisco Franco, el único que lo consiguió.

La memoria histórica es uno de los grandes campos de batalla de la política española. Desde el Congreso de los Diputados hasta el pleno municipal de Fuensalida, la derecha de PP y Vox se opone desde hace años a cumplir la ley sobre medidas como la retirada de placas, cruces o calles que ensalzan la dictadura de Francisco Franco. Pero en los últimos meses el Tribunal Supremo ha emitido varias sentencias que avalan la retirada de estos símbolos que homenajean al franquismo: primero fue la eliminación de las referencias franquistas del callejero y hace unos días ha llegado el turno de cientos de cruces que, en pueblos y ciudades de todo el país, ensalzan la derrota de la Segunda República y las casi cuatro décadas de dictadura. Previamente, el mismo Supremo dio luz verde a la exhumación de los restos mortales del dictador del valle de Cuelgamuros.

La opinión de la derecha sobre la memoria histórica y las leyes que la desarrollan no es ningún secreto. “La voluntad de Zapatero es dividir y enfrentar a los españoles. Culmina su ataque a todo lo que representa la Transición”, dijo Ángel Acebes, entonces portavoz del PP, en 2007, poco antes de la aprobación de la ley de Memoria Histórica por el ejecutivo socialista. “La ley de Memoria Histórica es fratricida y debería haberla derogado el PP”, lamentó Esperanza Aguirre en 2016. “Es falsa, sectaria y autoritaria”, dijo Isabel Díaz Ayuso este mismo año sobre la nueva ley de Memoria Democrática. Siendo Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy llegó a cuestionar que Marín quitara una calle al militar franquista Salvador Moreno.

La lista es larga y la irrupción de Vox en la política municipal, regional y nacional solo ha ampliado la lista de agravios. A nivel estatal, el partido de Santiago Abascal llegó a impugnar en los tribunales la exhumación de Franco. En territorios donde PP y Vox gobiernan juntos, como Balears, el objetivo común es derogar o neutralizar normas de Memoria Democrática o, en el caso de la extrema derecha, volver a levantar cruces de los caídos como la de Bunyola.

La exhumación del cadáver de Franco de Cuelgamuros, para ser inhumado en Mingorrubio, fue el primer espaldarazo a gran escala del Supremo en la aplicación de la ley de Memoria Histórica, después eso sí de paralizar el proceso durante meses. En esa sentencia los jueces de lo contencioso-administrativo explicaron que la normativa no vulneraba ningún derecho fundamental de los Franco: ni era un asunto privado de la familia, ni la basílica era inviolable ni se saltaba la legalidad urbanística, dijo el Supremo, entre otras muchas consideraciones.

El PP de Pablo Casado se abstuvo en las votaciones de una exhumación que salió adelante con solo dos votos en contra –dos diputados de la formación conservadora que afirmaron haberse equivocado– en un momento en que Vox no tenía representación parlamentaria. Ejerciendo de funámbulo político, Santiago Abascal centraba su oposición a la exhumación en el uso electoral que Pedro Sánchez haría de ella, y en que el cadáver del dictador iba a ser sacado del Valle de los Caídos sin el consentimiento de la familia. “Hay que respetar a los muertos de cualquier bando que lucharon por España como ellos entendieron que debían hacer”, llegó a decir ante miles de seguidores en Vistalegre.

Esa sentencia del Tribunal Supremo que tiró por tierra los argumentos de la familia Franco para intentar evitar que el Super Puma exhumara sus restos sigue teniendo eco en decisiones judiciales sobre memoria histórica. Este mismo mes de diciembre el alto tribunal ha avalado otro de los grandes puntos de conflicto en cientos de municipios de todo el país: la retirada de las cruces franquistas que homenajean al bando golpista.

Las cruces franquistas, condenadas

No hay un estudio fiable que detalle cuántas 'cruces de los caídos' hay en España. Los 'caídos' que homenajean estas cruces o monolitos son, por norma general, siempre del mismo bando: el golpista. Y aquellos municipios que han intentado afrontar su retirada o su significación se han encontrado, en muchas ocasiones, con la oposición o como mínimo la falta de apoyo de la derecha.

Así sucedió en la localidad alicantina de Callosa de Segura, cuyo caso ha sido el primero en llegar hasta el Supremo. Fue retirada en 2018, cuando el gobierno de PSOE, Izquierda Unida y Somos sacó adelante la iniciativa. El Partido Popular encabezó la oposición a su retirada y convirtió en promesa electoral, incluso, el volver a levantarla. A día de hoy, el PP gobierna la localidad y, por el momento, la fachada de la iglesia de San Martín sigue libre de referencias franquistas.

Callosa de Segura no es el único caso. En Castilla y León, por ejemplo, la extrema derecha de Vox ha propuesto proteger hasta 160 cruces y placas de la Guerra y el franquismo para evitar su posible retirada. Uno de sus dirigentes, Jorge Buxadé, fue muy claro hace un año e instó a sus representantes territoriales a procurar protección pública a estos pétreos homenajes a la dictadura. “Vamos a combatir la Ley de Memoria Democrática con todos los instrumentos a nuestro alcance”, dijo el eurodiputado de Vox.

El Supremo, por contra, ha optado por avalar las retiradas de estas cruces en los casos en los que solo homenajean a los muertos del bando franquista, objetivo central del franquismo cuando levantó las cruces. Allí donde una parte de la derecha expresa sus dudas sobre el carácter franquista de las cruces, el Supremo no titubea: “Supone exaltación de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura”, dicen los jueces.

La sentencia del Supremo no es de aplicación universal e inmediata, y no implica por tanto que las 'cruces de los caídos' tengan que desaparecer de forma obligatoria, pero sí supone el máximo aval posible a quien quiera instar su retirada o impulsar, al menos, su resignificación.

La retirada de las calles franquistas

En 2015 el Ayuntamiento de Madrid, tras la llegada de Manuela Carmena al Palacio de Cibeles, se convirtió en el primer gran consistorio en acometer la retirada organizada de las calles que recordaban en sus placas a figuras del franquismo, sus dirigentes e incluso sus lemas. El general Juan Yagüe, considerado responsable de la masacre de Badajoz, perdió su calle en Tetuán, ahora conocida como San Germán. El militar Joaquín García-Morato, emblema de la aviación franquista durante el golpe, perdió su calle a favor de Robert Capa. La Plaza del Arriba España pasó a ser de la Charca Verde.

El PP de la ciudad de Madrid se terminó absteniendo en las votaciones sobre este asunto, pero su opinión quedó clara. Cuando Esperanza Aguirre aprovechaba en la calle Mayor sus últimos días en política y cuando José Luis Martínez-Almeida, hoy alcalde, tomó el relevo al frente de la oposición. La lideresa llamó “inquisición” a la comisión encargada de estudiar qué nombres debían cambiarse y llegó a cuestionar que el franquismo fuera impuesto por la fuerza después de una Guerra Civil y un golpe de Estado. En la actualidad, la Justicia ha tenido que obligar al Ayuntamiento a reponer la destrozada placa que recordaba a Francisco Largo Caballero rechazando, entre otros, un recurso de Vox.

Allí donde las derechas vieron un motivo constante de división entre los españoles, una vuelta atrás al pasado y al enfrentamiento, el Supremo vio una aplicación de la ley de Memoria Histórica de 2007 e invitó, además, a analizar pormenorizadamente el papel que cada uno cumplió no solo en la dictadura sino en el golpe y durante la guerra. Resolvió un caso, el de la calle dedicada al militar franquista Asensio Cabanillas que fue adjudicada a la poeta Ángela Figuera.

Darle una calle a una figura del franquismo, dijo de forma tajante el Supremo, es “un acto de exaltación” y las leyes españolas permiten su retirada. Es así desde el momento en que se le da ese lugar en el callejero. “Dar a una calle el nombre de una persona concreta supone destacarla frente a todos: son solamente unos pocos los distinguidos de ese modo. No cuesta trabajo advertir el alcance distintivo pretendido con tal acción”, llegó a decir el Supremo sobre un asunto que, a día de hoy, sigue siendo conflictivo para algunos sectores de la derecha parlamentaria.

Después de años de pleitos y de espera, la exhumación de los restos mortales de las víctimas del franquismo enterradas en Cuelgamuros sigue pendiente de una decisión judicial. Tres meses y medio después del arranque de los trabajos forenses, un juzgado de Madrid ha decidido anular la licencia de obras concedida por el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, abriendo la puerta a que el proceso vuelva a paralizarse. Fuentes del caso explican a elDiario.es que al menos uno de los demandantes, el mismo que ya consiguió congelar la licencia de forma cautelar durante meses, tiene intención de solicitar la paralización de las obras y trabajos de exhumación, aunque la sentencia no sea firme. La Abogacía del Estado recurrirá.

El pleito arrancó con varios recursos, entre ellos los de la Fundación Franco y la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica, y empezó con una decisión cautelar del juzgado de lo contencioso número 10 de Madrid que en noviembre de 2021 paralizó la licencia. Una suspensión cautelar que no levantó el Tribunal Superior de Justicia hasta junio del año siguiente y que no ratificó en firme el Tribunal Supremo hasta el pasado mes de marzo.

Con esa decisión firme en la mano, Patrimonio Nacional puso en marcha los trabajos preparatorios y poco después, en julio de este año, las primeras víctimas eran identificadas y sus restos entregados a sus descendientes. Los republicanos Valerico Canales, Emilio Caro, Floja Labajos y Román González, fusilados en 1936, fueron los primeros identificados: “Mi anhelo era abrazar los huesos de mi padre”, explicó uno de los familiares.

Con las exhumaciones en marcha, el juzgado de lo contencioso seguía deliberando para dictar sentencia sobre el fondo del asunto y, tal y como adelantó ayer La Razón, la decisión ha sido anular la licencia. Una decisión que todavía es recurrible primero ante el Tribunal Superior de Justicia de la capital y, posteriormente, ante el Tribunal Supremo, pero que abre la puerta a su ejecución y la paralización de los trabajos.

Esa es, al menos, la intención de la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica, según fuentes de su entorno. En los primeros días de la semana que viene acudir al juzgado y solicitar que, aunque la resolución no sea firme y sea recurrible por la Abogacía del Estado, se ejecute y las obras queden paralizadas hasta conocer el criterio de instancias superiores.

Según la magistrada Eva María Bru, el informe del arquitecto municipal aportado al expediente adolece de “falta de motivación” y se limitó, según la sentencia, a “reproducir la normativa municipal y los datos existentes en el proyecto”, dando por buena la calificación de Patrimonio Nacional. Lo califica, en definitiva, de un “copia y pega”. La resolución concluye que hay “relevantes omisiones” en el informe técnico que llevan a su nulidad.

Fuentes del Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática explican que la Secretaría de Estado recurrirá esta sentencia. “El Gobierno reafirma su compromiso con la localización y recuperación de los restos de las víctimas, tal y como desean sus familiares”, explicaban estas fuentes. Es previsible, por tanto, que si hay una petición de paralización cautelar por la nueva sentencia, la Abogacía del Estado también se oponga.

Años de espera de las víctimas

Las exhumaciones del anteriormente conocido como Valle de los Caídos han tenido que pelear, desde el principio, contra recursos de asociaciones franquistas o directamente de la familia del dictador, y han tenido que esperar meses o años hasta que han podido llevarse a cabo. La extracción de los restos de Franco, por ejemplo, permaneció paralizada de forma cautelar por el Supremo durante meses hasta que se ejecutó en octubre de 2019 y los restos mortales del dictador abandonaron Cuelgamuros en un helicóptero con destino Mingorrubio.

En el caso de los descendientes de las víctimas del franquismo ejecutadas y enterradas en el Valle, la espera ha sido mucho más larga y podría sufrir una nueva paralización si los tribunales ejecutan esta última sentencia. En su caso, ya en 2016 una sentencia reconoció el derecho de los hermanos Lapeña a recuperar a sus seres queridos y siguen a la espera.

No tuvieron que esperar tanto las exhumaciones y traslado de los restos mortales de destacadas figuras de la dictadura y del bando golpista como el general Gonzalo Queipo de Llano o el falangista José Antonio Primo de Rivera. El primero fue exhumado en noviembre de 2022 de la Basílica de la Macarena mientras Paqui Maqueda, presidenta de la Asociación Nuestra Memoria, gritaba: “¡Honor y gloria para las víctimas del franquismo!”.

El segundo, fundador de Falange, fue exhumado del Valle de Cuelgamuros el pasado mes de abril, recibido por decenas de fascistas en el madrileño cementerio de San Isidro. Las víctimas del franquismo se han llegado a dirigir al Defensor del Pueblo para denunciar dos velocidades en la exhumación de restos mortales de Cuelgamuros.

Una hipotética decisión de volver a suspender las obras y trabajos del Valle de forma cautelar hasta que esta nueva sentencia sea firme podría paralizar los trabajos durante, al menos, un año más si el proceso tiene que llegar hasta el Tribunal Supremo pasando antes por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Un año y medio después de la exhumación de parte de la fosa de Villadangos del Páramo (León), los huesos hallados comienzan a hablar. Con una coincidencia que supera en ambos casos el 99%, el laboratorio genético de la Universidad del País Vasco ha podido identificar los restos de Urbano González Soto y de Marcelino Quintano Fernández, concejales socialistas de Valencia de don Juan (León) en 1936. En septiembre de aquel año ambos fueron arrestados y poco después trasladados al campo de concentración de San Marcos de León con otros cuatro vecinos de su localidad, los también concejales socialistas Víctor Pérez Barrientos y Jesús Luengo Martínez, y los sindicalistas de la UGT Moisés Rodríguez Martínez y Fridiberto Pérez Manovel.

Los hombres permanecieron poco tiempo en San Marcos y enseguida fueron conducidos, con un séptimo arrestado -según la documentación, probablemente Eduardo Prieto, natural de Celadilla- a Villadangos del Páramo, donde fueron asesinados y desaparecidos el 20 de septiembre de 1936.

En esta zona el golpe de Estado triunfó casi de inmediato y dio paso a una represión sistemática

En gran parte de la provincia de León no hubo frente de guerra ni bandos militares enfrentados: el golpe de Estado triunfó casi de inmediato y dio paso a una represión sistemática contra sindicalistas, integrantes de partidos republicanos y personas que defendían la legalidad democrática o mostraban desacuerdo con el golpe.

Entre agosto y noviembre de 1936 solo en Villadangos del Páramo fuerzas franquistas y falangistas mataron –sin simulacro de juicio previo ni sentencia– a al menos setenta y siete hombres y una mujer, todos vecinos de otros pueblos de la zona y de la ciudad de León, según documentación existente. Historiadores locales elevan la cifra a un centenar aproximadamente.

La pista del calzado rojo

En la excavación, llevada a cabo en la fosa más grande de Villadangos en febrero del pasado año, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica rescató los restos de doce cuerpos, de los que el laboratorio de la Universidad del País Vasco ha podido extraer ADN a seis, por lo que no se descarta alguna identificación más.

El hallazgo de unas botas o zapatos de color rojo entre los objetos recuperados en la fosa puso tras la pista a las familias de las víctimas, porque según las actas de defunción redactadas por el juez de paz en 1936 solo dos víctimas llevaban calzado rojo: una de ellas correspondía a la saca de los seis asesinados de Valencia de Don Juan.

Por las características de los restos exhumados, la antropóloga forense Laura González se decantó por ese grupo y, en cuanto concluyó su informe, la ARMH procedió a extraer muestras de familiares. De ese modo, de una fosa tan grande solo en parte exhumada, se ha podido indagar e identificar a Marcelino Quintano y Urbano González Soto.

La mayor parte de la fosa, cubierta por nuevos panteones, sigue sin ser exhumada

La mayor parte de la fosa, cubierta por nuevos panteones construidos hace años, sigue sin ser exhumada. En ella podría haber restos de otras cincuenta y una víctimas, según las actas de defunción que aún se conservan. En dos fosas más pequeñas fueron sepultados otros trece asesinados.

Las familias de la víctimas, unidas desde hace años a través del proceso de búsqueda, han celebrado estas primeras identificaciones. “Sentimos que son las de todos los desaparecidos en Villadangos, porque certifican que efectivamente estaban allí, que ese gigantesco crimen silenciado ocurrió”, señalan.

El proceso para localizar la fosa y lograr la exhumación se topó con silencios, resistencias y vetos

Marcelino y Urbano

Urbano González Soto, hijo de Manuel y Braulia, guarnicionero y concejal, tenía veintinueve años en el momento de su asesinato y su desaparición. Era el mayor de cinco hermanos. La más pequeña, Melchora, falleció recientemente a los 96 años de edad.

El otro identificado hasta el momento, Marcelino Quintano Fernández, nacido en Valencia de don Juan el 9 de enero de 1906, era hijo de Salomón y Antonia y estaba casado. También era concejal socialista, y trabajaba en el surtido bazar y almacén Casa Alcón de la localidad.

Cuando fue arrestado y le obligaron a subir a un camión, su madre Antonia trató de impedirlo aferrándose a los laterales de la caja e implorándoles que no se llevaran a su hijo. Varios falangistas apartaron las manos de la mujer, golpeándolas con la culata de sus fusiles.

El modus operandi de la represión en la zona solía ser el mismo: las víctimas eran arrestadas en sus propias viviendas o en sus lugares de trabajo, después eran conducidas al campo de concentración de San Marcos o a otros centros penitenciarios y, tras ello, sus verdugos las trasladaban -habitualmente de noche- a lugares donde no solía conocerlas nadie, para asesinarlas sin previo juicio ni sentencia y arrojarlas a una fosa, sin informar a los familiares.

En ocasiones, además quemaban los cadáveres, con el objeto de que no pudieran ser identificados en caso de ser encontrados.

Una exhumación plagada de obstáculos

El proceso hasta llegar a la exhumación de la fosa de Villadangos del Páramo (León) se topó en su camino con dificultades, resistencias e incluso vetos. Las versiones contradictorias sobre su ubicación y las trabas por parte de algunas autoridades locales -que llegaron a impulsar una votación en Junta vecinal- retrasaron una y otra vez la búsqueda. En el camino han ido muriendo hijos, hermanos y sobrinos de las víctimas sin haber podido cumplir el más antiguo de los derechos: despedir con digna sepultura a los muertos.

En los años 2020 y 2021 varios familiares se reunieron con el alcalde de la localidad, Alejandro Barreda, para solicitarle información sobre la ubicación de la fosa y celeridad en el proceso, pero éste les desanimó y les advirtió de la posible celebración de una votación para permitir o vetar la excavación. Entre los presentes estuvo Rufino Juárez, de 86 años, hijo de uno de los desaparecidos en Villadangos.

En el verano de 2021 hubo una primera convocatoria por parte de la Junta vecinal para votar sí o no a la exhumación. En la reunión programada para ello varias vecinas de Villadangos expusieron en público la inutilidad de esa convocatoria, “puesto que exhumar es un derecho contemplado por ley, e impedir la búsqueda, una crueldad”, explicaron entonces. Su arrojo en la defensa de los derechos de las víctimas suspendió ese encuentro.

Una nueva cita para votar fue fijada días después. Aquello puso en alerta de nuevo a las familias de las víctimas. En esos días Rufino Juárez, de 86 años, tropezó en unas escaleras y, tras varios días en coma, falleció sin poder ver cumplido su deseo de recuperar los restos de su padre.

La Junta vecinal convocó una votación en la que ganó el veto al proyecto de exhumación

“Rufino era el alma del grupo de familias y uno de los grandes impulsores de la búsqueda de los nuestros”, recuerda Pilar González, sobrina de otra víctima de la fosa. “Tras ello, nos prometimos que no nos rendiríamos”.

Algo más de ochenta personas de Villadangos del Páramo -de unos mil habitantes- acudieron a la votación. A lo largo de dos horas se debatió acaloradamente sobre la posible exhumación. Marco González, vicepresidente de la ARMH, fue desmontando con paciencia los temores y acusaciones, con la ayuda de varias personas de Villadangos que apelaron “a la humanidad y a la sensatez” en defensa del derecho a exhumar.

El primer teniente de alcalde, Alberto González Fernández, intervino como vocal de la Junta vecinal para cuestionar el proyecto de exhumación. Tras la marcha de algunos presentes, ya con la sala más vacía, se procedió a votar. El resultado, veintidós votos en contra, doce a favor y dos abstenciones.

Las familias de las víctimas de la fosa de Villadangos conocieron el resultado de inmediato y activaron todos los canales posibles para evitar que con aquel episodio se impidiera la excavación. Juristas, personalidades del mundo de la cultura y del ámbito de los derechos humanos se pronunciaron públicamente en favor de los familiares de los desaparecidos.

Finalmente, y tras la intervención del entonces vicepresidente de Castilla y León, Francisco Igea, se recibió luz verde para la exhumación. El 24 de febrero de 2022, el equipo arqueológico de la ARMH encontró en la fosa de Villadangos los primeros restos de víctimas asesinadas por el franquismo y, con ello, algunos ancianos del pueblo se animaron a contar sus recuerdos sobre aquellos crímenes.

Dos días más tarde, en la misma sala donde meses antes se había celebrado la votación en contra, más de sesenta familiares de las víctimas organizaron un encuentro para rendir homenaje a los desaparecidos, con la sala llena y la presencia de decenas de habitantes del pueblo que quisieron acompañarlos y conocer sus historias.

“Seguimos esperando sus disculpas”

En nota de prensa enviada hoy a los medios la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) señala que la exhumación y las identificaciones ahora obtenidas son “el resultado de la resistencia y el esfuerzo de muchas familias, y en especial hay que recordar a personas como Rufino Juárez, que durante muchos años peleó para que esto sucediera, pero no pudo vivirlo”, ha indicado su vicepresidente, Marco González.

Además, la ARMH solicita a las autoridades locales unas disculpas por no haber atendido humanamente a las familias de las víctimas:

“Desgraciadamente, no podemos olvidar el lamentable papel del alcalde y del primer teniente de alcalde de Villadangos, que no supieron estar a la altura de quienes sirven a la ciudadanía y tienen el deber de ayudar, especialmente a las familias que han sufrido tanto. Por esa razón seguimos esperando sus disculpas, por no haber atendido humanamente a estas familias y haber prevaricado administrativamente para tratar de impedir algo tan humano como que puedan conocer el destino de sus seres queridos y honrarlos como merecen”

En noviembre del pasado año las familias lograron que los nombres de todas las víctimas asesinadas en Villadangos figuren en algún lugar, con la colocación de una placa en el cementerio de la localidad, sufragada enteramente por ellas. En la misma, junto con los nombres, se lee:

“En los montes cercanos a esta villa fueron asesinadas y desaparecidas decenas de personas inocentes entre agosto y noviembre de 1936. Fueron sacadas de sus casas o de sus lugares de trabajo en localidades donde no hubo guerra. No lucharon en ningún frente de batalla. Fueron víctimas de la persecución ideológica impuesta por los golpistas del régimen franquista que terminaron con la legalidad democrática representada por la República.

Son nuestra abuela y bisabuela, nuestros padres, hermanos, tíos, abuelos y bisabuelos, que durante décadas no pudieron ni ser nombrados. Algunos de ellos siguen aún bajo la tierra que en este instante estamos pisando.

En febrero de 2022 se exhumó por la ARMH parte de una de las fosas, en la que se hallaron restos óseos de al menos diez cuerpos con claros indicios de violencia. Las familias seguimos buscando a los demás desaparecidos asesinados en esta zona, y esperando verdad, justicia y reparación“.

Los asesinatos y desapariciones en Villadangos del Páramo han sido expuestos ante la querella argentina que investiga los crímenes del franquismo.

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Cómo frenar las mentiras

En la campaña del 23J ha quedado clara la tremenda importancia que tiene la prensa libre, que depende de sus lectores y no le debe nada a nadie más. La inmensa mayoría de los grandes medios son propiedad de bancos, de fondos y grandes grupos de comunicación. La gran mayoría de ellos han blanqueado a los ultras y están bajo el control de la agenda que marca la derecha.

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“Es una labor difícil porque cambiar una tendencia lleva mucho tiempo, pero no quiero que este sea un lugar de lucha política”. Así defendía el rector de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Joaquín Goyache, la despolitización del mayor centro de estudios presencial de España. Fueron sus palabras para una entrevista con Somos Madrid durante una controvertida campaña electoral en la que acabó revalidando su cargo. Goyache incidió en su negativa a que “se excluyan las ideas de unos o de otros”. Sin embargo, a tenor de los postulados defendidos en varias publicaciones por su nuevo vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado, Julio Banacloche Palao, el respeto a algunas formas de pensar parece en entredicho.

“Que una ley haya sido aprobada mayoritariamente por un parlamento no dice nada de la justicia de esa norma”, aseguró este catedrático de Derecho Procesal en una conferencia del ciclo Experiencias desde la Fe, impartida en el Colegio Mayor Belagua (Pamplona) de la Universidad de Navarra en noviembre de 2012. Banacloche llegó a decir que “un católico debe desobedecer las leyes contrarias a la ley natural”, ya que “intentar paliar una ley injusta es un deber”. Estas palabras aparecen recogidas en Catholic.net, portal dirigido a “llevar la palabra de Dios a todos los rincones del mundo”.

Publicaciones más recientes ilustran lo que el nuevo dirigente de la UCM entiende como “una ley injusta”. En una entrevista publicada en marzo por el medio católico Omnes, Banacloche arremete contra la ley trans porque supone “el penúltimo producto de la factoría de ingeniería social que ha conseguido acceder al Gobierno y al Parlamento”. Habla de “una regulación desproporcionada, ideologizada y contraria a la ciencia, a la lógica y a la seguridad jurídica y social más elementales”.

Según Banacloche, “nadie entiende que una persona pueda cambiar de sexo simplemente con decirlo en la ventanilla del Registro y aprovecharse a partir de ese momento de las ventajas atribuidas al nuevo sexo”. Mantiene por ello que “las grandes perjudicadas por estas reformas son las mujeres, que ven cómo a través de estas normas se diluyen todas las conquistas sociales y laborales conseguidas en los últimos decenios”. Pero extiende sus ataques al “delirio legislativo” mucho más allá: a “la ley del bienestar animal, que concede derechos a los animales en su condición de seres sintientes; o el anteproyecto de ley de familias, que considera como tales a 18 realidades diferentes”.

Julio Banacloche se ceba igualmente con la ley del aborto o la de eutanasia: “En esas decisiones, que además el Estado tiene que reconocer, promover y realizar, los demás no importan nada: ni el padre (ni mucho menos el hijo al que se aborta) en la eufemísticamente llamada interrupción voluntaria del embarazo (cuando no se interrumpe nada, sino que le pone fin), ni los familiares en la eutanasia, ni el resto de personas y colectivos afectados por un cambio de sexo en la ley trans”. Concluye que “implantar un pensamiento único y castigar administrativa o penalmente a quien opina lo contrario [lo que a su modo de ver persigue el actual Gobierno central] nos acerca peligrosamente al totalitarismo”.

Nadie entiende que una persona pueda cambiar de sexo simplemente con decirlo en la ventanilla del Registro y aprovecharse a partir de ese momento de las ventajas atribuidas al nuevo sexo

Julio Banacloche — Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado de la UCM

En la entrevista, que tuvo lugar a propósito de una conferencia titulada La familia ante las nuevas leyes de ingeniería social en la que Banacloche fue ponente, el nuevo vicerrector llama a “preguntar en casa qué se ha explicado en el colegio, o qué se ha visto en las redes, y explicar y corregir lo que no sea conforme con las convicciones que los padres quieren transmitir a sus hijos”.

La conversación se cierra con una advertencia: “Ha llegado el momento de que todos asumamos con valentía compromisos personales y sociales en la defensa del bien común: los padres dedicando tiempo y esfuerzo a la educación de sus hijos (sacrificando a veces ratos de ocio o realización personal), los profesores volcándonos con nuestros alumnos, y en general todos formando parte de entidades y asociaciones que pueden influir en la sociedad”. Como vicerrector, Banacloche tendrá entre sus funciones la coordinación y control de los procesos de autoevaluación de los programas académicos, las negociaciones con los órganos de representación del Personal Docente e Investigador, la puesta en práctica de acciones formativas para esta plantilla o el nombramiento y régimen de las distintas figuras de colaboración académica.

Contra la exhumación de Franco: “Improvisación, torpeza y precipitación”

Pero Banacloche no solo ha criticado la agenda social del Gobierno de Pedro Sánchez desde la moral católica. En su artículo Exhumatio non petita... cuestiona el procedimiento administrativo del Ejecutivo para sacar los restos de Francisco Franco del Valle de Cuelgamuros. Banacloche arremete contra “el nivel de improvisación, torpeza y precipitación” por parte del Ejecutivo central ante una acción que tacha de “chapuza”.

En esta tribuna abierta publicada en El Mundo, donde el vicerrector evita en todo momento calificar al dictador con ese término y se refiere a él como “general Franco”, Banacloche afirma que “lo único importante era evitar que Franco pasara del Valle de los Caídos a la Catedral de la Almudena, con la carga de ridículo que eso comportaba”. Remarca que, más allá de “cuestiones procedimentales”, con la exhumación estaban en juego “derechos fundamentales como la igualdad ante la ley, la libertad religiosa y de culto, o la intimidad familiar, a lo que se puede añadir el alcance de la inviolabilidad de los edificios religiosos cuando se afecta a actos de culto”. Auguraba que “la decisión está muy lejos de ser adoptada en unos pocos meses”, pero finalmente el traslado se consumó en octubre de 2019, siete meses después de la publicación de la pieza.

Renovación profunda en el gobierno de la Complutense

El segundo mandato de Joaquín Goyache al frente de la UCM, que se alargará seis años, arrancó el 27 de junio con su toma de posesión. Dos días más tarde, nombró a su nuevo equipo de gobierno: siete vicerrectoras, seis vicerrectores y una secretaria general. Un ejecutivo completamente renovado pese a la reválida del cargo. Solo una de estas sustituciones se ha producido por jubilación: la del hasta ahora vicerrector de Relaciones Internaciones y Cooperación, Dámaso López.

Aunque la Complutense comunicó en un primer momento que López intervendría en nombre de todos los vicerrectores que no continúan, el propio exdirigente expresó al inicio de su discurso que “no pretendo representar a nadie salvo a mí mismo”. Fue precisamente el único alto cargo saliente que acudió a la toma de posesión de sus sucesores. Según relatan a este medio fuentes universitarias, “ha causado bastante malestar que se haya quitado a varios vicerrectores para nombrar personas procedentes de la Facultad de Derecho [caso de Banacloche] por el apoyo claro Goyache recibió de ella y su decano, Ricardo Alonso”.

Otro de los nombres procedentes de dicha facultad en el recién estrenado equipo de Goyache es José María Coello de Portugal Martínez del Peral, nuevo vicerrector de Planificación, Coordinación y Relaciones Institucionales. Este doctor en Derecho Constitucional formó parte de la Comisión Asesora de Libertad Religiosa del Ministerio de Justicia como “vocal experto de reconocida competencia”, según la web Complutense, entre 2014 y 2019. Un puesto que propone el ministro o ministra de Justicia y que se publicó en el BOE el 22 de septiembre de 2014, un día antes de que Alberto Ruiz-Gallardón abandonara el cargo.

Un rector enredado en la polémica

Estos controvertidos nombramientos se suman a todas las polémicas en las que la administración de Goyache se ha visto envuelta este 2023. Primero llegó el nombramiento de Isabel Díaz Ayuso como alumna ilustre, un título que nunca se había entregado a ninguna figura política en activo y que, a diferencia del resto de reconocimientos, se decidió directamente desde rectorado. La distinción causó importantes protestas entre el estudiantado y el profesorado.

Posteriormente, la campaña electoral se vio salpicada por la infiltración de asesores del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, en grupos de mensajería de estudiantes. El objetivo era difundir noticias falsas que desmovilizaran al electorado más próximo a Esther del Campo (oponente de Goyache y decana de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología). Antes, medios y cuentas de redes sociales afines al PP o la ultraderecha esparcieron bulos sobre Del Campo. Vincularon su trayectoria a la de Pablo Iglesias por ser su exalumno y porque ambos compartieron un acto en la UCM (al que también acudió Goyache). Llegaron a publicar que, de ser elegida, Juan Carlos Monedero sería designado como su vicerrector de estudiantes.

La tensión llegó a su punto álgido durante la propia jornada de votaciones, el pasado 29 de marzo, en la que la policía identificó a miembros de Nuevas Generaciones del PP por repartir sobres con votos a Goyache cuando las urnas estaban ya abiertas. Entre los interceptados por los agentes se encontraba Ignacio Dancausa, líder de las NN.GG. e impulsor de la propuesta de incluir en listas exclusivas y repartir copas gratis en discotecas a los jóvenes que dispongan del carnet del partido. Dancausa es, por cierto, estudiante de la Facultad de Derecho.

La exhumación del cadáver del fundador de Falange, José Antonio Primo de Rivera, ya tiene fecha: será el próximo lunes 24 de abril. Es el día que, según ha adelantado la Cadena SER y ha podido confirmar elDiario.es, ha marcado el Gobierno para sacar del Valle de Cuelgamuros los restos mortales del político después de que el cadáver de Francisco Franco fuera exhumado del mismo Valle en octubre de 2019. Primo de Rivera fue juzgado por la República por sublevación, fusilado en 1936 y enterrado en una fosa común. Al terminar la guerra, fue trasladado al Monasterio de El Escorial y en 1959 a su ubicación actual por decisión del dictador.

El contador para la salida de los restos mortales de Primo de Rivera empezó a correr cuando en octubre del año pasado entró en vigor la Ley de Memoria Democrática, que en su artículo 54.4 establece que en el Valle solo podrán yacer los restos de personas fallecidas en la Guerra pero en ningún caso ocupar un “lugar preeminente en el recinto”, como es el caso del fundador de Falange, enterrado a los pies del altar mayor de la basílica. Ese artículo se complementa con el 38.2, que rechaza que los restos de responsables del golpe militar puedan estar en esos “lugares preeminentes”.

A diferencia de lo que sucedió entre 2018 y 2019 con la exhumación de Franco, paralizada por el Supremo durante meses a instancias de la familia y con una fuerte oposición pública de los descendientes del dictador, desde el comienzo los familiares de Primo de Rivera han pedido que este proceso se haga “dentro de la intimidad” y que no se convierta en una “exhibición pública propensa a confrontaciones de ninguna clase entre españoles”.

Sus descendientes ya pidieron el pasado mes de octubre al prior de la Basílica y a la Comunidad de Madrid los permisos necesarios. Con la entrada en vigor de la nueva norma, las criptas y lugares de enterramiento de la basílica pasarán a ser un cementerio civil y todo ese espacio quedará resignificado como un lugar de memoria. En un comunicado, que firmó Fernando Primo de Rivera, la familia expresó su deseo de que los restos del político sean trasladados a un camposanto “sagrado”.

La exhumación se producirá después de que el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial concediese la licencia urbanística para retirar la “losa sepulcral” de la tumba en la que se encuentra enterrado el político. Según la documentación que figuraba en el expediente municipal, la exhumación arrancará con una “apertura de la junta perimetral que separa la losa del pavimento circundante con herramienta mecánica”. Se prevé la utilización de gatos mecánicos y rodillos para levantar y extraer la lápida, siempre según el expediente municipal emitido en su momento por el consistorio.

La exhumación tendrá lugar medio año después de que los restos mortales de Gonzalo Queipo de Llano, general golpista, fueran igualmente exhumados de la basílica de la Macarena. En ese caso la familia del responsable de más de 45.000 asesinatos en Andalucía no puso oposición ni recurrió la resolución en los tribunales.

Un año después del final de la Guerra Civil, el dictador Francisco Franco puso en marcha el proyecto para levantar la basílica del Valle de los Caídos y la cruz más alta del mundo. Casi dos décadas de construcción en las que presos políticos del franquismo trabajaron para crear uno de los mayores homenajes a la dictadura y que ochenta años después sigue resistiéndose a la eliminación de los vestigios del régimen autoritario. Esta semana el Tribunal Supremo ha tenido que intervenir de nuevo para remover los obstáculos interpuestos por la ultraderecha: la primera vez fue para permitir la exhumación de Franco y la segunda para dar luz verde a la exhumación de restos de víctimas del franquismo de las criptas de Cuelgamuros.

Esta vez el debate jurídico ha sido bastante más sencillo que cuando los descendientes del dictador consiguieron que la sala tercera mantuviera la exhumación suspendida durante varios meses de manera cautelar. En ese momento los jueces tuvieron que analizar el pleito desde el punto de vista de la libertad de culto, la intimidad de los Franco o el peligro de atentados terroristas en La Almudena.

El segundo asalto no ha sido tan complejo, dado que todo giraba en torno a una licencia urbanística concedida por el Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial. Un juzgado de Madrid decidió paralizar cautelarmente el proceso hasta analizar la licencia en profundidad, pero el pasado mes de noviembre el Tribunal Superior levantó esas medidas cautelares. Ayer el Supremo rechazó varios recursos vinculados a la ultraderecha que pedían volver a paralizar todo de forma urgente, explicando en varias providencias que los recursos no pasan ni el primer filtro de los casos de urbanismo.

La exhumación de Franco fue suspendida durante meses a petición de sus familiares, pero los Franco no fueron los únicos que recurrieron. Lo hizo la Fundación Nacional Francisco Franco, lo hizo la Comunidad Benedictina del Valle e incluso Vox fracasó en su intento de que fuera la Junta Electoral la que evitara la extracción del cadáver del dictador.

La iniciativa para sacar de las criptas Cuelgamuros los cuerpos de las víctimas de la dictadura obtuvo el aval judicial mucho antes, hace ahora ocho años. La batalla se trasladó al terreno del urbanismo cuando Patrimonio Nacional, propietario del conjunto monumental, pidió al consistorio una licencia para hacer las obras necesarias para exhumar los cuerpos.

Los recursos volvieron a llegar desde la ultraderecha y, esta vez también, lograron una paralización cautelar que por segunda vez ha enterrado la sala tercera del Supremo. Uno de ellos fue de la misma Fundación Francisco Franco. Otro de la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica, la misma que denunció sin éxito a la Delegada del Gobierno en Madrid por mover unos metros una manifestación ultra en la puerta del Congreso.

Trabajos previos en las criptas

La decisión del Tribunal Supremo, que ayer anunció el rechazo a dos recursos teniendo más pendientes pero con las mismas posibilidades de éxito, elimina el último obstáculo judicial a un proceso que vuelve a la vía administrativa. Patrimonio Nacional, que autorizó las exhumaciones en 2019, lleva desde el pasado mes de noviembre ejecutando los trabajos previos para saber si es viable acometer las exhumaciones: retirar ornamentos, preparar el suelo y examinar la iluminación, por ejemplo.

Fue la alcaldesa de San Lorenzo del Escorial por el Partido Popular, Carlota López Esteban, la que decidió no reactivar la licencia necesaria para que Patrimonio pudiera ejecutar los trabajos. El organismo público decidió entonces interponer un incidente de ejecución que no prosperó y que también quedó pendiente de esta decisión del Supremo.

El proceso judicial sobre la licencia, según entienden desde Patrimonio, ya no supone un obstáculo inmediato para los trabajos de exhumación, pero el caso no ha quedado completamente cerrado. Los tribunales todavía tienen pendiente dictar sentencia sobre el fondo del asunto una vez zanjadas las medidas cautelares sobre la licencia urbanística.

El resultado, a falta de saber si es posible exhumar los restos de los hermanos Lapeña, es más de una década de trabas a una exhumación que ya no verá Manuel Lapeña, descendiente de los dos hermanos Lapeña fusilados durante la guerra y enterrados en Cuelgamuros. Falleció en septiembre de 2021 a los 97 años de edad.

La exhumación paralizada de Franco

Los restos mortales del dictador Francisco Franco también pasaron más tiempo de la cuenta en el Valle de los Caídos antes de ser llevados en helicóptero hasta Mingorrubio en octubre de 2019. Pasaron un año y dos meses desde el anuncio del Gobierno hasta que el cadáver de Franco abandonó Cuelgamuros entre gritos de sus descendientes, un retraso que obedeció, también en este caso, a un recurso llegado desde la ultraderecha que mantuvo paralizado el proceso cautelarmente en la sala tercera del Tribunal Supremo.

En junio de 2019, seis días antes de la fecha establecida para la exhumación, los jueces estimaron una petición de la familia Franco para dejar toda la operación en suspenso. Un auto en el que los magistrados de la sala tercera entendieron que permitir la exhumación para después dar la razón a los Franco tendría consecuencias casi irreversibles: tener que devolver el cadáver a la basílica del Valle.

La sala se comprometió a resolver el pleito en un plazo “razonable” de tiempo y el aval para la exhumación llegó el 24 de septiembre de ese año. Dos semanas más tarde, incluso, se dirigía por escrito al Gobierno para aclarar que su sentencia era “título legítimo” para entrar en la basílica y sacar el cadáver de Franco.

Fue necesario aclarar ese punto porque, después de los recursos de la familia, llegó la negativa del prior Santiago Cantera a permitir la entrada de nadie sin el consentimiento de los descendientes del dictador, con el objetivo de proteger “los principios religiosos y morales afectados”. Argumentos sobre la inviolabilidad del templo o el consentimiento de la familia que ya habían sido sobradamente contestados y rechazados por el Tribunal Supremo.

El Super Puma del Ejército del Aire finalmente depositó el féretro de Franco en el cementerio municipal de Mingorrubio, en El Pardo, a poco más de dos kilómetros del Palacio donde vivió y en la cripta donde descansaban los restos de su esposa, Carmen Polo. Su cuerpo fue despedido por sus familiares al grito de “Viva Franco” y recibido con loas similares por parte de varias decenas de franquistas entre los que destacaban el golpista Antonio Tejero. Su hijo Ramón se ocupó de oficiar la misa.

El Tribunal Supremo ha decidido confirmar la anulación de las medidas cautelares que durante meses mantuvieron paralizadas las obras necesarias para buscar restos de víctimas del franquismo en el Valle de los Caídos. Según confirman fuentes del caso a elDiario.es, la sala de lo contencioso-administrativo inadmitió el pasado ocho de marzo el recurso del letrado Francisco Javier Zaragoza en nombre de una asociación contra la decisión de los tribunales madrileños de levantar estas medidas cautelares.

Este conflicto judicial fue inaugurado por la petición cautelar de una asociación de suspender la licencia urbanística que el ayuntamiento de la localidad de San Lorenzo de El Escorial concedió a Patrimonio Nacional para poder empezar los trabajos. El juzgado 10 de lo contencioso de la Gran Vía accedió y suspendió la licencia de forma cautelar pero el pasado mes de junio, tal y como adelantó elDiario.es, el Tribunal Superior de Madrid anuló las cautelares y otorgó, a efectos prácticos, plena vigencia a la licencia urbanística para estas exhumaciones.

Desde entonces la pelea se ha trasladado de nuevo a la Justicia ordinaria y al conflicto abierto entre el consistorio de la localidad y Patrimonio Nacional. La Abogacía del Estado reclamó judicialmente que, una vez levantadas las cautelares, el Ayuntamiento reactivase la licencia urbanística necesaria para empezar los trabajos y las obras. El pasado mes de septiembre un juzgado de lo contencioso-administrativo de la capital dio la razón a la alcaldesa del municipio y obligó a esperar al Supremo: “No se ha dictado sentencia definitiva pronunciándose sobre la licencia”, explicó esa resolución.

La primera licencia otorgada por un juez para empezar estos trabajos llegó en 2016, cuando una resolución autorizó los trabajos para buscar los restos mortales de dos hermanos que fueron fusilados en una fosa común de Calatayud y que después fueron trasladados a Cuelgamuros. Un permiso concedido a los descendientes de los hermanos Lapeña que, a día de hoy, sigue sin ejecutarse.

La Audiencia Nacional ha impuesto una condena de siete años y medio de prisión al hombre que en 2018 manifestó su deseo de asesinar al Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Los jueces le imponen, por un lado, dos años y medio de cárcel por un delito de homicidio en grado de proposición y cinco años más por depósito de armas de guerra: tenía 13 armas reglamentarias y otras 7 más prohibidas, entre ellas un fusil CETME de guerra.

La sentencia declara probado que Manuel Murillo participó en 2018 en un grupo de WhatsApp llamado “Terrasa por España” en el que empezó a mostrar su desacuerdo con la exhumación del cadáver del dictador Franco del Valle de los Caídos, un proceso que el ejecutivo de Sánchez acababa de poner en marcha. En estos mensajes, además, “reivindicaba el pasado franquista”.

Entre otros mensajes, afirmaba: “No lo voy a consentir. Si es preciso me voy a ir armado y me sentaré en la tumba de Franco y si se acercan disparo (...) si tocan a Franco sugiero que empiece la guerra otra vez por nuestro honor, patriotas no podemos consentir. Y esta vez no dejaremos ni uno”, dijo entre otras cosas.

Pasaron los días y los mensajes fueron subiendo de tono hasta proponer el asesinato del Presidente del Gobierno. “Si lo sacan me cargo al Sánchez, lo juro”, dijo antes de proponer la creación de un “comando que asalte por la fuerza la Moncloa, si no queda más remedio, y este comando que cuente conmigo”. “Quizás estoy hablando mucho pero digo lo que siento en mi corazón”, zanjó en uno de estos mensajes. A uno de sus contactos, llamado “Vox Organizador GDR” le propuso “defender a España con las armas, tenemos que estar organizados, armados para dar un golpe de estado y cargarse toda esa mierda que se ponga por delante”.

La Audiencia Nacional le condena por tener las armas pero también por las propuestas para matar a Pedro Sánchez. Entienden que no llegó a cerrar un plan para cometer el asesinato pero que, poco a poco, “fue interiorizando que la solución para producir un cambio en la situación política española pasaba por causar la muerte del Presidente del gobierno, para lo que se empeñó en requerir ayuda para llevarlo a cabo”. En el juicio, Murillo negó ser un francotirador y afirmó que se sentía “como un héroe, como Rambo y decía cosas como estas para salvar a España”.

“Cosas de patriotismo”

La Audiencia Nacional explica que los mensajes de Murillo fueron llevados ante la Justicia por una mujer a la que enviaba este tipo de mensajes, que decidió hacerlo después de “consultar con un abogado, un Mosso y un Guardia Civil”, según dijo ella en el juicio. En su primera declaración en fase de instrucción, el acusado reconoció que “eso es de un loco” y alegaba que entonces “había bebido, vivía sólo y angustiado, sin tener intención alguna real pues no es un asesino y sí un sentimental”. 

Sus mensajes proponiendo el asesinato del Presidente del Gobierno, dijo también, eran para él “cosas de patriotismo” y explicó que sólo conocía a dos personas en el grupo de WhatsApp: “Un abogado de Vox y un comandante de la Guardia Civil retirado”, explicó.

Los jueces afirman que “lo que en principio pudiera ser una mera ideación sin mayor alcance desde el prisma pena” se convirtió en una decisión tomada por el condenado aunque no hubiera trazado un plan para hacerlo: “Efectivamente no hay un plan definitivamente urdido, tramado y menos aún concluido”, reconocen, aunque la veintena de armas que acumulaba prueban su “alta peligrosidad”. La Audiencia Nacional explica que “no se está ante un riesgo actual ni inminente, pero sí al menos remoto para la integridad física del objetivo”, el Presidente del Gobierno.

La exhumación de Franco

El rechazo que expresaba Murillo en sus mensajes venía por la intención del ejecutivo de trasladar los restos del dictador Franco desde el Valle de los Caídos hasta Mingorrubio, pero él expuso sus circunstancias personales y familiares para intentar justificar las “animaladas” que escribía, según dijo él mismo. Eso, dice la Audiencia, “no justifica que concibiera la idea de dar muerte al presidente del gobierno, sino más bien pues lo rezuman sus conversaciones, su absoluto rechazo a la orientación político-social marcada por los gobernantes aspirando en su nostalgia del pasado franquista a un cambio de rumbo que podía representar o se podía producir con el fallecimiento de la persona que enarbolaba la dirección de la política española”.

Los jueces rechazan considerar como explosivo un petardo casero que almacenaba en su casa, pero sí le condenan por tener armas que, además, estaban “en buen estado de funcionamiento”.

Los jueces rechazan que hubiera algún tipo de deficiencia en la cadena de custodia tras la incautación de las armas y de su teléfono móvil por parte de los investigadores: “Ningún vestigio de posible irregularidad se ha detectado”, dicen los magistrados en la sentencia. La condena, que todavía es recurrible y que implicaría su entrada en prisión, también le prohíbe tener y usar armas durante ocho años más.

Una cascada de recursos para intentar frenar las exhumaciones del Valle de los Caídos. Nostálgicos del franquismo han vuelto a emprender una batalla judicial, al igual que ya hicieran con la exhumación del dictador, con el objetivo de entorpecer que las familias que reclaman los restos de sus seres queridos, víctimas de la Guerra Civil y la dictadura que fueron llevados al mausoleo franquista sin autorización ni conocimiento, puedan recuperarlos y darles un entierro digno. De momento, un juzgado ya ha atendido a las demandas y uno de los recursos ha logrado la paralización cautelar de la primera fase de las obras, iniciadas por el Gobierno el pasado mes de septiembre.

Sin embargo, no es el único. Al menos casi una veintena presentados por distintas personas a título individual y asociaciones han llegado en las últimas semanas a diferentes juzgados con el mismo objetivo. 17 de ellos están redactados por el mismo abogado, Francisco Javier Zaragoza, según han confirmado el propio letrado y fuentes conocedoras del proceso a este medio. Hijo de un alcalde falangista, fue también quien logró la paralización cautelar de la exhumación del dictador con una estrategia idéntica: una batería de denuncias coordinadas y con argumentos calcados que acaban por retrasar y obstaculizar los procedimientos.

El abogado asegura que son “diferentes clientes” que “al igual que con las obras de profanación de la tumba del caudillo”, como denomina a la exhumación de Franco, “han decidido presentar recurso”. Esta es una de las claves de la maniobra judicial, ya que al tratarse de cuestiones urbanísticas y alegar los recurrentes la “ilegalidad” de las obras, la ley permite personarse a cualquier particular, no solo a los afectados directamente, ya que es un proceso de acción pública. Según las fuentes conocedoras del procedimiento, varios los han presentado asociaciones como Despierta España o la Asociación para la Reconciliación y la Verdad Histórica, nacida contra la que califica como “revanchista y dañina” Ley de Memoria Histórica.

Esta última es precisamente la que firma el recurso que admitió esta pasada semana el Juzgado Contencioso-Administrativo nº 10 de Madrid, cuya titular Eva María Bru Peral considera que las obras podrían causar daños “irreparables” en la basílica. Diez de los recursos están actualmente en este mismo juzgado y el resto en el nº 27 de Madrid. La proliferación de escritos puede entorpecer todavía más las obras si hay pronunciamientos dispares, como ocurrió en un primer momento con la exhumación de Franco, pero según fuentes jurídicas lo esperable es que todos se acaben agrupando en una única causa debido a que tienen el mismo sentido y objeto.

Desde el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática prefieren no hacer declaraciones al respecto, mientras que Patrimonio Nacional confirma a elDiario.es que recurrirá el auto.

Pero además de los recursos orquestados por Javier Zaragoza, hay al menos otro más que va por una vía diferente y que ha interpuesto otra organización: la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos. Según afirma, representa a “216 familias que tienen acreditada la presencia de los restos de sus familiares en el Valle y no quieren que se les remueva ni traslade ni se les someta a pruebas forenses de ningún tipo”, por lo que también ha recurrido la licencia de obras.

Ofensiva contra la exhumación del dictador

La ofensiva jurídica es la misma que la que ya impulsaron estos sectores durante el proceso de la exhumación de Franco del Valle de los Caídos, que finalmente se produjo en octubre de 2019 con la autorización del Tribunal Supremo. Junto a los recursos presentados por la familia del dictador, también hubo una cascada de escritos firmados por asociaciones y particulares, más de una decena redactados por Javier Zaragoza. También entonces tuvo éxito y consiguió que un juez, José Yusty Bastarreche, muy posicionado contra las leyes de memoria, paralizara cautelarmente el proceso.

“La fundamentación es básicamente la misma que se siguió con el tema de la profanación de la tumba del general Franco”, dice el abogado, que según publicó La Sexta trabaja en un despacho “que parece un museo privado del fascismo” entre “fotos, medallas y banderas franquistas”. En el caso del dictador, también se alegaron irregularidades urbanísticas basadas en un informe encargado por la Fundación Francisco Franco que cuestionaba los trabajos arquitectónicos en la basílica. “Yo esto lo hago en gran medida por mi padre. Admiraba al Caudillo, habría dado la vida por él”, le dijo entonces el abogado al periódico El Mundo, al que aseguró que heredó de su progenitor la filiación como socio a la fundación.

Ahora los argumentos de los recursos, tanto estos como el presentado por la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos, que se dirige contra la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, se basan en que las obras “atentarían contra los derechos fundamentales de miles de familias” que tienen “acreditada la presencia de los restos de sus antepasados en los osarios de la basílica y verían conculcado el derecho a descansar en paz” si se les “remueve o traslada”, manifiesta esta organización en una nota de prensa.

Los recursos escritos por Javier Zaragoza hablan también de la “necesidad de respetar el sagrado descanso eterno de los fallecidos” y la “ilegalidad” de la licencia de obras que concedió el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, donde se ubica el Valle de los Caídos, a Patrimonio Nacional. Este último es el único de los razonamientos a los que ha dado pábulo la jueza, que aún deberá pronunciarse sobre el fondo del asunto.

La Abogacía del Estado, sin embargo, defiende que no hay ninguna irregularidad y que las obras tienen por objetivo “facilitar un acceso seguro a las criptas”, pero “no se van a trasladar restos mortales de manera indiscriminada”, sino únicamente supondrá el traslado de los fallecidos cuyos restos quieran recuperar los casi 80 familiares que lo han pedido. El proceso, describen los servicios jurídicos, consta de una primera fase dedicada a las obras que se estaban desarrollando hasta ahora para habilitar los accesos, una segunda fase de intervención forense y otra de acondicionamiento de los columbarios que están en muy mal estado.

Franco fuera del Valle de los Caídos, año uno.

El 24 de octubre de 2019 se consumó la exhumación del dictador, tras un largo periplo político y judicial. Una fecha marcada en rojo en el calendario de la democracia española. Un episodio histórico, que cumple el mandato del Congreso… y que ha generado una respuesta furibunda desde la extrema derecha, que ha agitado la bandera del franquismo sociológico tanto en los ayuntamientos como en el propio Congreso de los Diputados.

En los meses que han transcurrido desde la televisada salida de Franco de Cuelgamuros se han sucedido los ejemplos de mensajes y decisiones políticas que retuercen el sentido de la Ley de Memoria Histórica de 2007, e incluso se han ido deshaciendo decisiones que se tomaron en cumplimiento de esa norma que sigue vigente.

El Ayuntamiento de Madrid ha protagonizado algunas de estas polémicas decisiones, como la retirada de las placas con los nombres de los represaliados por el franquismo del cementerio de La Almudena. El alcalde José Luis Martínez-Almeida decidió desmontar un memorial iniciado por el anterior Gobierno municipal para colocar, en lugar de la lista de asesinados, una inscripción que “unifica el reconocimiento a las víctimas de ambos bandos”. El escultor que creó el monumento reveló hace unas semanas que escondido dentro de la estructura hay un pendrive con esas “identidades arrebatadas” por el Gobierno de Madrid.

La pelea se está dando en las calles. Literalmente. En Oviedo, una batalla judicial ha devuelto el callejero franquista a la capital asturiana. Hace dos semanas se conoció que un juez había ordenado, dando la razón a la Hermandad de Defensores de Oviedo, anular el cambio de nombre de 17 calles que se realizó en la anterior legislatura por “falta de objetividad”. En Madrid, el PP, a instancias de Vox y con el apoyo de Ciudadanos, ha acordado cambiar los nombres de las calles que recuerdan a los políticos socialistas de la II República Largo Caballero e Indalecio Prieto. El Consistorio mando arrancar la placa de la casa en la que vivió Largo Caballero el día del 151 aniversario de su nacimiento. Envalentonados, desde Vox usaban una imagen de la estatua de Largo Caballero vandalizada para exigir al Gobierno el fin de la ley de Memoria Histórica. “Primer aviso”, escribieron. Dos días después, la escultura del también socialista Indalecio Prieto, al que Vox también quiere borrar del callejero, sufrió un ataque similar: “Rojos, no”. “La amenaza es inadmisible”, respondió a la formación ultra el presidente, Pedro Sánchez.

“Vox tiene el mismo lenguaje que usaba el franquismo, apela a esa parte de la sociedad española” que encuentra en los ultras una suerte de “voto útil”, describe el historiador Ángel Viñas. “Es una reacción de la derecha, pero también es un defecto de quienes han legislado la Memoria, que no han puesto límite suficiente como para que estas cosas no puedan ocurrir”, afina el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), Emilio Silva.

Y el “aviso” que Vox alimenta en redes sociales se ha trasladado también al Parlamento, donde la formación contesta de forma virulenta a cualquier iniciativa que busque proteger a las víctimas de los golpistas de 1936 y la posterior dictadura. Hace unos días, el partido de extrema derecha volvió a la carga con su propuesta para derogar la Ley de Memoria Histórica, lo que le costó las críticas del Pleno del Congreso por sus “amezanas”. ¿La respuesta de la formación de Abascal? “Segundo aviso”, se enrocó el diputado Juan Airzcorbe durante el debate de una proposición para reformar la Ley de Memoria Histórica proveniente del Parlamento de Catalunya que pide (y fue aprobada finalmente) que se investigue el dinero republicano incautado por los golpistas de Franco.

Las actuaciones amenazantes de Vox o sus simpatizantes se van acumulando en el tiempo. Hace unos meses se hizo público un vídeo de un exmilitar disparando contra fotos de miembros del Gobierno. En las imágenes, que circularon por grupos de Whatsapp y cuyo contenido adelantó La Marea, varias personas simulan una especie de juicio sumarísimo en el que, después de que uno de ellos pregunte al resto por la “sentencia”, el que tiene el arma dispara contra las cuatro imágenes de los miembros del Gobierno representados: Pedro Sánchez, Irene Montero, Fernando Grande-Marlaska y Pablo Iglesias, así como Pablo Echenique.

“Propaganda neofranquista”

Sacar a Franco del Valle de los Caídos supuso una afrenta de difícil digestión para la extrema derecha española. Algunos de ellos acudieron el día de autos al cementerio de Mingorrubio, donde fue trasladada la momia, para protestar y rezar. Santiago Abascal, líder de Vox, acusaba al PSOE de “profanar tumbas” y rechazó la exhumación del dictador “sea legal o no” bajo la acusión al PSOE de “profanar tumbas”. La radicalización del mensaje ultra no era nueva, pero surfeó la ola mediática del desentierro con el eco organizado en las redes sociales, aprovechando incluso la pandemia de coronavirus para impulsar bulos bajo una estrategia clara, de arriba abajo: la dirección de Vox ordena a través de grupos de WhatsApp y Telegram a sus simpatizantes qué mensajes compartir en las redes sociales e incluso a qué hora hacerlo.

Pero el discurso del odio encuentra también la complicidad de las ‘fake news’ del franquismo sociológico que perviven en un país desmemoriado. “Todos mataron igual”, “fue una guerra entre hermanos”, las fosas comunes son un invento, se alimentan los bulos negacionistas para construir la Memoria de los vencedores. La extrema derecha española aliña el mensaje “nostálgico, que nunca ha desaparecido” con “modernas técnicas, un desparpajo sin igual y un desprecio absoluto por la verdad y la historia”. A la manera del presidente de EEUU, Donald Trump, apunta el historiador Ángel Viñas, con las redes sociales como trampolín para “hacer propaganda subversiva neofranquista sin el menor átomo de vergüenza”.

Ahora Vox es la tercera fuerza política en España “y no para de subir”, cuando un año antes de las últimas elecciones generales “era una formación extraparlamentaria”, analizaba tras la cita con las urnas el director de elDiario.es, Ignacio Escolar. Viñas señala como factor fundamental el “aumento espectacular de su representación en las Cortes”. “Vox se siente con fuerzas para dar un paso al frente”, envalentonado por el creciente apoyo, dice el historiador. Y añade otro elemento como revulsivo: “La formación de un Gobierno de coalición de izquierdas por primera vez desde el año 36”.

Una “ley de Memoria antifranquista”

El problema está en la desmemoria, en el olvido impuesto. “Los procesos sociales son la suma de lo que se hace y de lo que no se hace, por eso sirve de poco el pataleo si cuando se apruebe en el Parlamento una (nueva) ley de Memoria Democrática no se ha convertido en una ley de Memoria antifranquista”, explica Emilio Silva. La impunidad del franquismo persiste, con ayuda del Estado, “cuando se trasladan los restos de Franco de un gigantesco mausoleo de propiedad pública a un panteón de propiedad pública, que siguen pagando sus víctimas con sus impuestos”, recalca el presidente de la ARMH.

Y “cuando se arrasa con lugares de Memoria”, caso del Ayuntamiento de Madrid cuando “destroza las lápidas de 3000 fusilados por los franquistas” y el Gobierno “no protege” el espacio. O con “la plaza de toros de Badajoz o la cárcel de Carabanchel”, enumera Silva. Y cuando España “consiente la permanencia del Arco del Triunfo qué conmemora la victoria de Franco, de Hitler y de Mussolini y no se hace nada”.

Mientras, la realidad es que España es uno de los países con más desaparecidos forzados del mundo. El golpe de Estado fascista de 1936 y la posterior dictadura de Francisco Franco dejaron la nación sembrada de tumbas ilegales. Los desaparecidos se calculan en decenas de miles. ¿La situación actual? Una investigación pone cifras a la realidad de las fosas comunes del franquismo: 9.009 víctimas recuperadas en 743 exhumaciones entre los años 2000 y 2018. La mayoría siguen sin abrirse y la nueva ley de la Memoria trata de poner fin a esta realidad.

El renacer de los discursos del odio es una realidad que bulle a escala mundial. Lo comprueba, por ejemplo, Julia Ebner, infiltrada en grupos radicales. “La extrema derecha y los yihadistas se parecen en sus frustraciones y su deseo de volver al pasado”, cuenta la autora del libro La vida secreta de los extremistas.

La diferencia es que España nunca derrotó al fascismo. Y que el relato lo construyen los vencedores. “Los gobiernos españoles, desde la UCD a la actualidad, no han dado la batalla por la Historia en la Enseñanza, que es donde crecen y se hacen las mentes de las nuevas generaciones”, afea el historiador Viñas. El ejemplo más palmario de esta afirmación (no) lo encontramos en la escuela, donde la memoria histórica brilla por su ausencia. Enrique García, profesor titular de la Facultad de Educación en la Universidad de León y coordinador del estudio La memoria democrática en la escuela, ha estudiado la cuestión. “Las jóvenes generaciones conocen esta parte de la historia desde una visión supuestamente aséptica que encubre grandes silencios y ocultamientos deliberados”, explica. Aunque, matiza, algo empieza a moverse: “Se han empezado a introducir contenidos sobre estos aspectos, pero no con suficiente profundidad”.

Viñas coincide con las conclusiones que alcanzó García en su estudio. “El Estado español, la democracia española, no ha sabido enseñar a sus ciudadanos lo que fue la historia de su país, se le han suministrado dosis homeopáticas que no han servido para nada”, sostiene. Y ahora, en tal páramo, el mensaje ultra agarra como mala hierba. “En materia histórica, Vox son unos embusteros, para ellos la Historia es un arma política que esgrimen en las luchas actuales. Esto es novedoso, el PP no llegó a hacerlo. ¿Y qué hacen los partidos democráticos? Hasta ahora poco, la nueva ley de Memoria debe ser un comienzo”, cierra el historiador.

Sacar la momia de Franco del Valle de los Caídos ha costado más de 125.000 euros a las arcas del Estado. Casi una tercera parte del dinero fue gastado en obras para preparar el panteón de Mingorrubio –donde ahora está enterrado el dictador–, más de 26.000 euros en vigilancia privada y otros 11.000 en la propia exhumación. Además, la transmisión de la exhumación en RTVE supuso un desembolso superior a los 34.000 euros.

Las cifras, a las que ha tenido acceso eldiario.es, han sido aportadas por el Gobierno de España y el ente público Radio Televisión Española (RTVE) en respuesta al senador de Compromís Carles Mulet. Un coste que no contabiliza las “horas de vuelo” de los helicópteros del Ala 48 del Ejército del Aire que participaron en el operativo o el dispositivo de seguridad activado por la Guardia Civil.

La contestación oficial confirma que el Estado español asume los “costes y gastos” futuros de la nueva tumba del militar golpista y dictador Francisco Franco, debido a la titularidad pública del panteón del cementerio municipal de Mingorrubio-El Pardo como parte del patrimonio de la Administración General del Estado (AGE). La familia Franco rechazó la propuesta del Gobierno de comprar el panteón en el que fue reinhumado el dictador.

Exhumar a Franco de Cuelgamuros el pasado 24 de octubre y depositar el féretro en Mingorrubio costó casi 16.500 euros a las arcas públicas. La cifra suma 11.709,17 euros que rematan “un encargo”, un día antes del traslado, “para la provisión de determinados medios materiales necesarios para la exhumación con un coste de 4.758,66 euros”.

Para realizar estas tareas “se contrató a una empresa privada”, como apunta la información del Gobierno facilitada con fecha 6 de marzo de 2020 a través de la secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes y Asuntos Constitucionales.

El panteón de Mingorrubio

La reforma del panteón de Mingorrubio, donde los restos de Franco reposan junto a quien fuera su esposa, Carmen Polo, supone el mayor gasto del proceso, con casi 49.000 euros. Solo las “obras de adecuación” costaron 39.811,79 euros. Además, los “sistemas de seguridad y otros servicios de acondicionamiento” suman 6.531,97 euros; más “servicios de inhumación” por 2.068,74 euros y 387,84 en “gastos de limpieza”.

Por otra parte, las “contrataciones de servicios de vigilancia de seguridad” acumulan un importe de 26.458,66, según la documentación consultada por este medio. Aparte, hay un “encargo” a la sociedad mercantil estatal SEGIPSA “para la administración y gestión del panteón” por 123,84 euros.

La respuesta del gobierno incluye la información aportada por la administradora provisional de RTVE, Rosa María Mateos. Retransmitir cómo la momia de Franco sobrevoló Cuelgamuros costó un total de 34.069,48 euros.

Como gastos en “servicios profesionales, tertulianos/analistas”, RTVE reconoce una partida de 1.250 euros. Por último, un total de 1.994,58 euros fueron destinados a “servicios restauración” del “personal operativo”.

“Franco ya no está aquí, sus restos están a bastantes kilómetros. Muchos de nosotros, y yo en particular, pensamos que lo que realmente molesta es la Cruz, es la basílica, es la comunidad benedictina”. El prior del Valle de los Caídos, Santiago Cantera, se 'confiesa' en una entrevista, en la que vuelve a denunciar la “injusticia” que se produjo, en su opinión, en el caso de la exhumación de Franco, y va más allá, advirtiendo de que “estamos viviendo el hundimiento de una civilización”.

En una entrevista con El Occidentaltv, Cantera repasa su vida y su vocación, antes de entrar en 2002, con apenas 30 años, a Cuelgamuros, al tiempo que tacha de “cortina de humo” la polémica por la exhumación de Franco. “No se puede recurrir al Valle, al pasado, a lo que ha sucedido hace un siglo o medio siglo”, lamenta.

Para Cantera, la raíz del conflicto deriva en “el carácter religioso de este lugar. Molesta que aquí se realice un culto solemne, se levanten oraciones por unos y por otros, por la paz de los españoles y por los que murieron a un lado y otro de las trincheras”.

“La sociedad española está muy degradada en valores, que es generalizada en Europa y en todo Occidente. Estamos viviendo el hundimiento de una civilización”, apunta el religioso, que reconoce que la exhumación de los restos de Franco “se vivió con dureza” en la comunidad.

Una ocupación injusta

“Fue una época difícil, de cierre, de ocupación por parte de la fuerza pública de instalaciones propias. Fue la ocupación de una basílica, un lugar inviolable, donde no se puede penetrar sin autoridad religiosa, porque están protegidos por los Acuerdos Iglesia-Estado”. En un tema en el que, por cierto, “no hubo pronunciamiento ninguno de la Casa Real, que yo sepa”, defiende Cantera.

“Se ha cometido una injusticia saltándose las normas más elementales de la humanidad”, denuncia el prior, quien por primera vez admite la posibilidad de la salida de los monjes de Cuelgamuros. “El futuro no es fácilmente previsible. Jurídicamente, y si la justicia trata las cuestiones en condiciones de imparcialidad e independencia, el tema estaría muy claro. Pero tal y como hemos ido viendo algunos acontecimientos, es imprevisible”.

“Hay un odio a lo religioso”

Aunque el Gobierno ha dejado claro que no habrá desacralización de la basílica, ni se echará abajo la inmensa cruz que preside Cuelgamuros, sino que se resignificará el Valle, el prior Cantera tiene sus dudas, y establece una comparación significativa. “No sería posible (demoler la cruz) si todo funcionara por cauces legales y morales. Pero ya vimos en Afganistán el derribo de los budas por parte de los talibanes, y en el 36 se derribó la imagen del Sagrado Corazón de Jesús en el Cerro de los Ángeles”.

“Hay un odio que va más allá de lo político, es un odio a lo religioso. No tiene sentido que se siga hablando de Franco en este lugar, si ya no está. Hay otro objetivo, que va más allá”, advierte Cantera, quien avala la tesis del libro de Alberto Bárcena en la que niega que hubiera esclavos en la construcción del Valle. Y también desmiente que –como desveló eldiario.es– los monjes reciban subvenciones. “No es correcto. La comunidad en sí misma no recibe una subvención, sino a través de la Fundación”, matiza Cantera, quien sostiene que “bien gestionado, el Valle es más que autosuficiente y daría beneficios. El problema es su abandono sistemático”.

Los españoles, condenados a enfrentarnos

¿Estamos los españoles condenados a enfrentarnos? La pregunta enciende a Cantera. “Lamentablemente, da la impresión de que lo estuviéramos, pero no tanto a nivel social, sino que se insta a esa tensión y crispación desde unas minorías políticas y mediáticas”.

“La reconciliación –apunta el prior– se había realizado a nivel social muy pronto. A nivel político tardó más, pero después de la guerra del 36-39 hubo matrimonios mixtos, muchas personas que quisieron pasar página y olvidar”.

“¿Por qué se ha reabierto este debate tantos años después? –concluye–. Da la impresión de que con unas finalidades de rédito político, que no siempre salen en positivo. Lamentablemente, parece que estuviéramos enfrentados, pero sin necesidad. Si hoy no se llega a una Guerra Civil como entonces es por la clase media que se creó y que evita unas tensiones sociales, laborales y económicas como las que existían en ese momento”, finaliza el prior.

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Fernando Martínez López se convirtió tras la primera investidura de Pedro Sánchez, en junio de 2018, en el primer director general para la Memoria Histórica, posición que mantuvo hasta marzo de 2019, cuando fue en las listas del PSOE para el Senado. Ahora con el nuevo Gobierno de coalición se convierte en el primer secretario de Estado para la Memoria Democrática. El primer cargo era parte del Ministerio de Justicia y en él su figura fue clave para diseñar la exhumación de Francisco Franco del Valle de los Caídos. El segundo, que se hará efectivo en el próximo Boletín Oficial del Estado, depende directamente de la vicepresidencia de Carmen Calvo.

Martínez López nació en Vélez-Blanco (Almería, de cuya capital fue alcalde de 1991 a 1995) en 1949. Es doctor en Filosofía y Letras e Historia Contemporánea por la Universidad de Granada, y catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Almería. Dentro del PSOE, ha sido responsable de Memoria Histórica en la Comisión Ejecutiva Federal. Como tal, fue parte importante de la reforma de la Ley de Memoria Histórica que propuso el PSOE y que el PP, todavía con Mariano Rajoy como presidente en 2017, frenó. En ese proyecto se incluía que el Estado asumiera el gasto y gestión de las exhumaciones de víctimas y un banco público de ADN para su identificación.

Cuando llegó a la Dirección General se mostró favorable de “una reforma integral de la ley [de 2007] cuanto antes”, que incluyera perspectiva de género y la constitución de una Comisión de la Verdad en el Congreso. En la Junta de Andalucía ha desarrollado antes otra labor importante dentro de las competencias de memoria histórica: ha sido coordinador del Mapa de Fosas de Andalucía. Sobre esto, defendía hace unos meses en eldiario.es que “las heridas en España se cerrarán cuando se abran las fosas comunes y se puedan entregar los restos a sus familiares para que les den digna sepultura”.

La cartografía de la guerra y posguerra andaluza que Martínez López ha dirigido en su comunidad ha sido un trabajo realizado con “varias asociaciones de memoria histórica” y con la “supervisión final de profesores de las distintas universidades andaluzas bajo mi coordinación”, en sus palabras. Este mapa registra actualmente un total de 708 fosas y 45.566 víctimas, según la web de la Junta. Andalucía fue la primera comunidad autónoma en comenzar la elaboración de un mapa de fosas comunes, un proyecto que se inició en 2005.

Cuando llegó al cargo de director general de Memoria dentro del Gobierno el objetivo era claro, porque así lo había manifestado Sánchez en muchas ocasiones: exhumar al dictador. En una entrevista con eldiario.es ya como director general, planteó que sacarle suponía “un planteamiento simbólico muy importante de ruptura con el pasado, pero sobre todo, para empezar a cerrar heridas. Muchas veces el planteamiento revisionista y de algunos sectores es que se van a reabrir heridas. Las heridas están abiertas”.

También se mostraba en agosto de 2018, recién nombrado, a favor de resignificar el Valle de los Caídos “porque no se puede convertir en un lugar de peregrinaje del nacionalcatolicismo y del fascismo”, pero el 'cómo', con el dictador en Mingorrubio desde el 24 de octubre, todavía está en debate y será un reto para esta próxima legislatura. Él decía que había que buscar “consenso” parlamentario para decidir. Sobre la opción de un museo de la memoria, opinaba que “hay que explicarlo para todo aquel que vaya allí. Quién lo construye, cómo se construye, qué finalidad tenía... Si vas ahora a un campo de concentración nazi, te lo explican y no lo han hecho desaparecer para que se vea qué fue ese periodo histórico del nazismo. Vamos a debatir la resignificación por dónde puede ir. Eso es un cementerio donde tenemos por lo menos 34.000 personas enterradas”.

Decía sobre las fosas, el ámbito al que ha dedicado buena parte de su carrera y ya con cargo estatal, que es “algo sangrante” y que “no es una cuestión de izquierdas ni de derechas, es una cuestión de dignidad nacional democrática” y establecía la búsqueda de desaparecidos como “prioridad”. En agosto de 2018 lo sujetaba todo a la aprobación de Presupuestos Generales del Estado, que no salieron adelante en 2019 y precipitaron las elecciones del 28A. Sobre la retirada de los títulos nobiliarios a los Franco, lo veía más difícil: “Está en estudio” modificar una norma que se remitía a 1912. También era su intención entonces “plantear la nulidad de los tribunales de excepción”.

Luego, bajo su mandato cogió impulso la reclamación del Pazo de Meirás, ahora propiedad de los Franco, como dominio público, aunque fue ya con él como senador cuando la Abogacía del Estado lo reclamó. En el pacto de gobierno de Unidas Podemos y PSOE aparece este punto dentro del apartado de Memoria Democrática. En ese documento aparecía un compromiso para crear un programa de exhumación de fosas, una reforma de la Ley, retirada de los símbolos, auditar los “bienes expoliados” e instaurar un Día de las Víctimas, presumiblemente el 31 de octubre. Todas esas serán competencias a cubrir por Martínez López.

A pesar de la considerable retención de automóviles que se formó en la calle de entrada al Valle de los Caídos, que parecía presagiar un colapso de proporciones tardofranquistas, luego no fue para tanto. Veinte minutos después, la carretera hacia Cuelgamuros comenzaba a engullir los coches, uno a uno, permitiendo el acceso gratuito, 15 minutos antes de que comenzara la misa de once.

Que se pueda aparcar sin problemas, una vez dentro, evidencia que la fila de coches parados en el arcén era una falsa alarma. También hay cola para entrar en la basílica, pero no supera los diez minutos de espera y está provocada por el control de entrada. Comienza la misa y hay sitios libres en los bancos, pero no tantos como en otros días, ni como en otros 20 de noviembre. Hoy es un 20N especial. Es el primero sin Franco allí desde su entierro. Pero no solo por eso: los franquistas se sienten de enhorabuena. Como diría una famosa canción, es un bien muy mal o un mal muy bien. Es decir, los franquistas se sienten observados y eso les devuelve al espacio público. Y a la postre, la basílica se llena con unas 200 o 250 personas. Quizá más. Aunque Franco ya no esté allí.

En verdad, sus restos mortales son los que ya no están allí, pero eso no parece ser motivo suficiente para que los nostálgicos de la dictadura sigan acudiendo en el día de su muerte a su mausoleo; dejando rosas sobre las losas que han reemplazado su lápida; traspasando, incluso, un beso de los labios hasta el suelo; levantando un brazo con rigidez totalitaria y proclamando, al finalizar la misa, un enérgico ¡Viva Franco!, respondido con un coro de voces que contestaba “¡Viva!”. En definitiva: Franco sigue estando allí.

El que indudablemente está, en cuerpo y alma, es José Antonio Primo de Rivera, pues en 20 de noviembre también se recuerda –casualidad o no, no está probado– la muerte del fundador de Falange Española, el partido político que contribuyó al golpe de Estado de 1936. Su enterramiento ocupa un importantísimo lugar en la basílica, ubicado entre el altar y la nave central. Un amontonamiento de flores rojas, sobre todo rosas atadas con banderas españolas y falangistas (rojas y negras), parecía un enorme y luminoso neón intermitente, interpuesto entre el cristo y los mortales, entre los sacerdotes y el mundo, recordando que está ahí, como dirían sus seguidores… presente. Es más, por si acaso alguien no se hubiera percatado, una mujer, detenida delante de su lápida, dice en voz alta, potente, el nombre y el apellido del muerto, seguido de la palabra, pegajosamente asociada a la mitología falangista.

La mujer no era la única que tenía esta mañana cosas que decir. Al menos entre quince y veinte personas quisieron dejar claro qué hacían un 20 de noviembre en el interior de esta obra megalómana, incrustada en la roca de Cuelgamuros, horadada con trabajo esclavo durante 18 años. Y para exponer su declaración de intenciones, estas personas levantaban un brazo tieso, como accionado por un resorte, justo en el momento en el que algún acompañante pulsaba, escondiéndose de los vigilantes, el disparador de su cámara o su móvil. Después, el o la retratada sonreían como si hubieran realizado una travesura, como si de esa manera se burlaran de la historia. El líder de La Falange, Manuel Andrino, depositó unas rosas con una tarjeta de su partido sobre la lápida de José Antonio.

La liturgia de las once es la misa cantada, a diario, por la Escolanía, un grupo de niños (varones) menores de 14 años que viven y estudian allí mismo, y ayudan también como monaguillos. La dramaturgia de este acto eclesial es estremecedora, no solo por su acompañamiento musical sino por el juego de luces y la puesta en escena. Presiden el oficio cinco religiosos engalanados, uno de ellos con un solideo o casquete púrpura, señal de jerarquía dentro de la Iglesia. 

La basílica del Valle de los Caídos es, probablemente, el único y último símbolo, aún en pie, de lo que fue el nacionalcatolicismo. Durante la hora de misa, dedicada a “José Antonio, Francisco y los caídos”, España cae absorbida por un agujero negro, el tiempo y el espacio se doblan, Francisco Franco y José Antonio Primo de Rivera están, efectivamente, vivos de nuevo. Varias veces se repiten sus nombres, siempre sin apellidos, como si de esa forma fueran más católicos y menos nacionales.

En la homilía se recuerda por segunda vez que se reza también por “los caídos de los dos bandos”, acogidos “en la fe cristiana”. El sacerdote recuerda que se trata de una “reconciliación”. La lectura del testamento escoge un pasaje de San Mateo en el que “unas esposas necias” se quedan sin esposos en la noche de bodas porque les cerraron la puerta mientras iban a comprar aceite para sus lámparas. La conclusión de la lectura es que “hay que velar” constantemente porque no se sabe “cuándo llegará el momento”. Ahí quedan las palabras, para ser interpretadas por los creyentes. Se recuerda de nuevo a “Francisco, José Antonio y los caídos”, así como a “los 57 beatos mártires, y otros que están en proceso, cuyas reliquias se conservan aquí”. El tiempo no ha pasado y pareciera que nunca más se va a reanudar.

Pero eso es otra falsa alarma. El tiempo sigue avanzando. La misa acaba. Salen los adeptos y entran los turistas. Un par de autobuses han desembarcado un grupo guiado de extranjeros con pinganillo. Miembros del patronato de la Fundación Francisco Franco, entre ellos su presidente Juan Chicharro, se hacen fotos. Vienen acompañados por el empresario hostelero Chen Xiangwei, quien no para de recibir saludos y apretones de manos. Xiangwei regenta un bar en Madrid, conocido por estar decorado con simbología franquista. Es preguntado si en su bar sirve “comida española”. Él dice que sí. Le piden la dirección y él explica que tiene pensado moverse pronto porque no le renuevan el alquiler. Dice que ha comprado un local cercano. “¿Cuándo te mudas?”, le preguntan. “El 1 de abril”, contesta. “¡Hombre, el día de la victoria!”, le señalan, en alusión al día de 1939 que marca el fin de la Guerra Civil. El empresario ríe y añade: “Sí, por eso”. “Pregúntame cómo se va a llamar el bar”, le dice Chen a su interlocutor, y casi sin esperar, lanza la respuesta: “Una, grande y libre”.

Aunque visto desde allí parece un búnker, impenetrable y eterno, al regresar a Madrid por la A-6 es fácil recordar que el Valle tiene por delante un futuro ajetreado. El Gobierno tiene previsto trasladar los restos de José Antonio Primo de Rivera a “un lugar más discreto”; la vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo, le dio en unas declaraciones categoría de “víctima de la Guerra Civil” y, por ello, derecho a “estar ahí”. El movimiento memorialista, en cambio, pide que salga del Valle. Habrá exhumación, con un destino u otro, de unos restos más simbólicos que cadavéricos, y será ya la tercera. Justo este año se cumplen 60 del traslado desde El Escorial al lugar en el que se encuentran.

Para quienes el tiempo también parecía haberse congelado, comienza a accionarse, tarde y lentamente, la maquinaria burocrática. Son los familiares de víctimas del franquismo enterrados en los columbarios bajo la basílica, cuyas exhumaciones deberían empezar a realizarse pronto pero no antes de Navidad, según estas fuentes. En el Valle de los Caídos hay actualmente 33.847 cadáveres, 12.530 sin identificar. Hay una tienda de regalos en el interior de la basílica, pero no hay ningún cartel, rótulo u octavilla que explique a los visitantes por qué están allí esos muertos y cómo llegaron. No se explica que la gran mayoría de los que fueron allí reinhumados, víctimas del franquismo, se trasladaron sin autorización y a espaldas de sus familias. Tampoco, que el último en ser trasladado allí, el alcalde de Villafranca del Penedés, fusilado en 1936 por los republicanos, lo hizo ya en democracia, en 1983, durante el Gobierno de Felipe González. El relato, incontrolable y opaco, queda al capricho del guía turístico.

En octubre, el mes en que ha salido el cadáver de Francisco Franco del Valle de los Caídos, 16.632 personas se acercaron a visitar Cuelgamuros, según datos de Patrimonio Nacional. Son menos de la mitad que en octubre de 2018, cuando acudieron al complejo monumental 41.866 personas, pero los datos no se pueden comparar ya que el Valle estuvo cerrado desde que el Gobierno anunció que se sacaría al dictador, el viernes 11 de octubre, hasta cuatro días después de que sucediera, el martes 29.

Con todo, la de octubre es la cifra más baja de visitantes desde febrero de 2018, cuando fueron 12.409. Ese mes, Mariano Rajoy era aún presidente del Gobierno y se opuso a la Proposición No de Ley del Congreso para llevar a cabo el proceso de exhumación.

Muchos quisieron acudir a despedirse del Valle tal y como lo conocían ese viernes 11 de octubre y los fines de semana anteriores, cuando hubo colas a las puertas, pero no fueron suficientes para compensar el desplome que produjo el cierre. Tampoco lo fueron las personas que se acercaron el Día 1 tras el traslado de los restos al cementerio de Mingorrubio, entre ellas algunas que llevaron flores a una lápida ya sin nombre –aunque todavía queda junto al altar la del fundador de Falange, José Antonio Primo de Rivera–.

En septiembre, cuando el Tribunal Supremo dictaminó que definitivamente Franco debía salir de Cuelgamuros, tampoco se dispararon sus visitantes: hubo 30.130 ese mes frente a los 53.072 del mismo de 2018, también con datos de Patrimonio. Agosto es tradicionalmente el mes que más visitas recibe, el de este verano también: 39.839. También lejos del de 2018, cuando el gobierno había anunciado las intenciones de ejecutar la operación de manera inmediata y fueron 60.024 personas.

Noviembre no es el mes que más visitas ha solido recibir el Valle estos años, a pesar de darse la peregrinación fascista que acompaña a los días alrededor del aniversario del fallecimiento del dictador, el 20. El del año pasado se vendieron 31.952 entradas ese mes, lejos de los datos de agosto. Este noviembre es el primero en el que los restos de Franco ya no están en Cuelgamuros. Algunos vecinos de El Pardo, en cuyo cementerio reposan ahora, temen que las colas de franquistas sucedan ahora ahí.

En total, este 2019 han ido al Valle de los Caídos 290.040 personas. En 2018 recaudaron 1,19 millones de euros, la mayor parte por la explotación de la hospedería, que pertenece al Estado pero gestionan los benedictinos. Aparte, 171.548,49 euros en donativos. Los monjes benedictinos del Valle de los Caídos llegaron allí por un decreto franquista de 1957 que sigue vigente, aunque el PSOE tiene en sus planes para una hipotética próxima legislatura sacar a los monjes de Cuelgamuros.

Mientras Santiago Cantera, el prior de la Abadía del Valle de los Caídos, se oponía con todas las armas a su alcance a la exhumación de Francisco Franco, sabía perfectamente –es historiador– que un abad (rango superior al de prior) de su propia abadía intentó exhumar a Franco en los años 90. Se llamaba Ernesto Dolado Pablo y fue el tercer abad de Cuelgamuros, desde 1988 hasta su muerte en 2004.

Según cuentan fuentes cercanas al monasterio de Silos, del que salió en 1958 la comunidad que fundó la abadía del Valle, los benedictinos españoles estaban convencidos de que había que reconducir el carisma fundacional de la abadía de Cuelgamuros, desvincularla de su decreto fundacional y, sobre todo, separarla del dictador, enterrado en la basílica.

Para comenzar esta reconversión, el entonces abad del Valle de los Caídos, Ernesto Dolado, se apoyó en el entonces abad de Silos, Clemente Serna. Y ambos pusieron en marcha una iniciativa para exhumar a Franco y enterrarlo en Mingorrubio, donde yace precisamente ahora.

Los dos abades, representantes del ala más espiritual de los benedictinos españoles, no lo consiguieron. Primero, porque el Gobierno socialista de turno no lo creyó oportuno, la jerarquía eclesiástica, presidida primero por el cardenal Ángel Suquía y, después, por monseñor Elías Yanes, también optó por la clásica 'prudencia eclesiástica'. Sobre todo, a pesar de que contaba con el apoyo incondicional de la comunidad-madre de Silos, la propuesta se topó de bruces con la oposición frontal de la comunidad de monjes del Valle de los Caídos. 

Y es que, a pesar de ser 'hija' de Silos, la comunidad del Valle nació marcada desde el principio por el franquismo. De hecho, los primeros 20 monjes que salieron de Silos con destino a Cuelgamuros sabían que los pilares fundacionales de su nueva comunidad estarían marcados por un decreto-ley netamente fascista.

En efecto, mediante decreto-ley de 23 de agosto de 1957, Franco ordena que se alcen una basílica, un monasterio y un cuartel de juventudes en la finca conocida como Cuelgamuros, “para honra de quienes dieron sus vidas por Dios y por la Patria y para ejemplo de las generaciones venideras”.

Y añade: “La fe religiosa de nuestro pueblo, el sentido profundamente católico de la Cruzada y el signo social del nuevo Estado nacido de la Victoria exigen que el Monumento Nacional a los Caídos no sea una simple construcción material, sino también un lugar de oración y de estudio, donde a la vez que se ofrezcan sufragios por las almas de los que dieron su vida por su Fe y por su Patria, se estudie y se difunda la doctrinal social católica, inspiradora de las realizaciones sociales del régimen”.

Y, por si quedaba alguna duda sobre la finalidad de la presencia de los monjes benedictinos en el Valle, el artículo primero del decreto especifica: “Sus fines serán rogar a Dios por las almas de los muertos en la Cruzada Nacional”. Ni una palabra sobre la reconciliación ni sobre el deseo de que la gracia de la oración se derramase también sobre todos los allí enterrados.

Los abades franquistas 

La abadía del Valle nació franquista, y varios de los cinco abades que ha tenido hasta ahora –Justo Pérez de Urbel, Luis María de Lojendio e Irure, Emilio Aparicio Olmos, Ernesto Dolado Pablo (todos ellos ya fallecidos) y fray Anselmo Álvarez Navarrete– fueron insignes franquistas.

El primer abad del Valle, fray Justo Pérez de Urbel, fallecido en 1976, antes de ser monje había sido consejero del Movimiento, consejero de Falange y procurador en las Cortes. El segundo abad, Luis María de Lojendio, que murió en 1987, fue militante de la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA) y ultracatólico. Había sido, además, director de la Oficina de Información Diplomática en los años más cerrados de la dictadura. Franquismo puro y duro.

Los dos abades siguientes, Emilio María Aparicio (fallecido en 1988) y, sobre todo, Ernesto Dolado (fallecido en 2004) trataron de desideologizar a la comunidad, para imprimirle un sesgo más espiritual. Es precisamente en el época de Dolado cuando se intenta por vez primera exhumar a Franco, sin éxito.

Con el último abad, Anselmo Álvarez, la abadía volvió a alinearse con los sectores más ultras del catolicismo español. De hecho, uno de los monjes-fundadores más famosos del cenobio, Manuel Garrido Bonaño, que llegó a ser prefecto de estudios de la abadía, publicó en 1985 un libro titulado Francisco Franco, cristiano ejemplar.

La tendencia ultra se afianzó a partir de 2014. Ese año, el padre Anselmo renunció al cargo de abad, a los 82 años, por motivos de salud. Inmediatamente, como manda la regla de San Benito, la comunidad se reunió para elegir a su sucesor.

El elegido fue Santiago Cantera, pero no como abad, ya a que no reunió “suficiente consenso” por parte del resto de monjes. La falta de respaldo le dejó un escalón por debajo: prior-administrador. Un cargo que, a diferencia del de abad, tiene carácter temporal. De hecho, Cantera lleva ya cinco años en ese puesto y lo más probable es que en 2020 se tengan que convocar votaciones para elegir un nuevo abad.

Críticas al prior por su gestión de la exhumación

Cantera no consiguió entonces que le eligiesen abad (el máximo rango en el monacato, con poderes similares a los de un obispo y vitalicio, a no ser que se renuncie expresamente), porque la comunidad del Valle “está muy dividida”, según cuentan quienes la conocen por dentro. Aun siendo casi todos los monjes de ideología ultraconservadora, están enfrentados por “problemas de celos y egos”. Una comunidad “fría y dividida”. 

Cantera, que es muy franquista –fue candidato de la Falange– y defiende su ideología con pasión, no goza de autoridad moral a nivel interno. Algunos de sus compañeros aseguran que “no es un prior de gobierno, no sabe mandar y es tan tímido que no es capaz de plantarse, levantar la voz o echar una bronca, cuando hace falta”.

Y si últimamente Cantera se ha convertido en una especie de “héroe” de la Cruzada hacia afuera, en el interior de la comunidad suenan voces disconformes con su gestión de le exhumación, que podría provocar la salida de toda la comunidad de su actual abadía, que recibe del Estado más de 340.000 euros a año.

Precisamente por eso se la conoce entre los benedictinos como “la abadía rentista”, porque sus monjes tienen asegurado el sustento y no cumplen, como los demás benedictinos, con la segunda parte de su regla: el famoso 'ora et labora'. Los monjes del Valle saben que, una vez que salgan de Cuelgamuros, ya no podrán vivir de las rentas. Por eso, pondrán todas las pegas posibles a los planes del Gobierno socialista –si gana las elecciones– de sacarlos del Valle.

En los genes del monacato está el “voto de estabilidad”, que vincula a los monjes a una determinada abadía para toda la vida. ¿Pero la comunidad del Valle podría volver a Silos? En teoría, sí, pero la realidad es que actualmente son comunidades tan diferentes que tendrían muchas dificultades, tanto ideológicas como de convivencia, para encajar. De hecho, durante toda la crisis de la exhumación, ni Silos, ni Leyre ni Solesmes salieron en defensa de Cantera, algo que, según cuentan, “ha dolido mucho al prior del Valle”.

Eso sí, algún monje del Valle podría ser acogido individualmente en Silos, si lo solicita, mientras los demás seguramente pedirán a Solesmes permiso para fundar una nueva abadía u ocupar alguna antigua deshabitada, como la de Valvanera, en La Rioja. Es probable que no les falte dinero para la construcción o la reconstrucción, dado que se han convertido en la comunidad religiosa de referencia para todos los nostálgicos del franquismo.

En cualquier caso, todas las fuentes consultadas están convencidas de que Cantera y los suyos “darán la batalla hasta el final y con todas las armas legales y canónicas a su alcance para no ser desalojados del Valle”. Entre otras cosas, aducirán que allí, en un cementerio en la montaña, cerca de la abadía, yacen los restos mortales de unos 20 monjes, que tendrían que dejar allí o exhumarlos también. Y eso, sería, para ellos, una nueva profanación.

Esta información ha sido publicada en religiondigital.org

A la entrada del Valle de los Caídos del día uno después de Franco aguardaba una decena de cámaras de televisión a la caza de testimonios. Iba a ser la primera misa sin los restos del dictador, mudados ya a Mingorrubio. Acabaron sobreexplotados dos moteros (los ya célebres Rubén y Cristina) y un señor que viajaba en un coche gris, porque el resto de los ocupantes de los vehículos también éramos periodistas.

Al acabar la carretera que discurre entre el bosque, que también mandó plantar Franco para acompañar con árboles su monumento de celebración de la “gran cruzada”, se apareció la basílica. Tan húmeda, fría, gris y amenazante como antes del jueves. Todo sigue siendo franquista, imponente, colosal y decadente, aunque en el lugar haya comenzado la resignificación a golpe de radial y polea funeraria. Aunque no haya habido un proyecto de resignificación fino, se le ha quitado al Valle cierto peso de encima, especialmente a los familiares de los muertos, que ya no tienen que pensar que el represor descansa en un altar sobre los huesos de sus antepasados.

Nada es exactamente lo mismo desde el jueves, aunque todo es exactamente igual. La gran explanada de cemento ya no es la explanada desapacible donde paseaba Franco, sino el pavimento donde rodó por última vez en coche fúnebre, tras salir a hombros de sus nietos en un ataúd atado con cinchas fluorescentes escondidas y una tabla improvisada antiderrumbe. Las escaleras mordisqueadas por el tiempo que subieron tantas veces los franquistas no son solo peldaños, sino el lugar desde donde vigilaron los representantes del Estado que la momia de Franco salía para siempre el día 24 de octubre.

Dentro de la iglesia, excavada en la roca y con humedades visibles que amenazan con engullir todo el monumento, el brillo nuevo de catorce losas negras revelaba el principio de la nueva historia, dónde ya no está enterrado un dictador. El suelo es casi igual, pero ahora se ve un sambori o figura de tetris que cubre lo que antes fue lápida y decía “Francisco Franco”. Ahora no se dice nada. Una cinta para que nadie pise lo cementado y unos ladrillos relucientes como signo de un tiempo nuevo mientras alrededor todo sigue igual: los monaguillos, las sotanas, la simbología fascista, los muertos en fosas, el “ora pro nobis”.

En los primeros bancos se concentraron una veintena de católicos verdaderos, que saben cuándo levantarse, sentarse y santiguarse. El resto, otros 40, eran advenedizos, turistas o periodistas vigilados de vez en cuando por el personal civil de la iglesia, que quería evitar a toda costa fotos y vídeos.

El prior Cantera, a quien el Gobierno alertó la semana pasada de que sería detenido por desobediencia si boicoteaba la exhumación, apareció tras su derrota con la casulla como una estrella de rock. Se acercaron varios fans a darle las gracias. Entre ellos un señor muy católico que luego comentó con su vecino de banco que él apoyaba mucho al prior.

-“Es un reducto, es el camino para la Iglesia”.

-“No solo por ahora, sino para cuando vengan tiempos peores”, respondió el vecino.

Tiempos peores que sacar a un dictador con el mandato del Congreso de los Diputados y el permiso del Supremo, se entiende.

Cantera, falangista de origen y más franquista de corazón desde que Sánchez anunció la exhumación, abrió la misa hisopeando la iglesia en 360 grados, como señal de “desagravio” después que la basílica fuera clausurada por los “profanadores”, como reprochó la nieta del dictador a la ministra de Justicia. “Se ha hecho un uso de la basílica ajeno a sus fines”, explicaban más tarde fuentes de la abadía, donde viven dos decenas de monjes y una decena de niños cantores a cargo de los Presupuestos Generales del Estado. Se refieren a la exhumación del jueves, ya que allí no hubo misa, sino una operación funeraria contra la voluntad de la orden benedictina que ocupa el Valle por orden de Franco.

Cantera no hizo en esta ocasión homilía por los “caídos por España” como en otras ocasiones. Se limitó a una misa estándar, con sus lecturas, comunión y pasada de 'cepillo'. Solo el rezo de una plegaria a dios para que “alejes las insidias de este lugar sagrado” podía hacer pensar que el prior tenía en mente a alguien mientras rezaba por los “santos y mártires” enterrados bajo sus pies. Concretamente 33.000 seres humanos, de los cuales 12.000 fueron amontonados en fosas comunes por los propios monjes y allí siguen aguantando el peso del tiempo pese a las sentencias judiciales favorables.

Al acabar la misa se informó de que ya se podía ir a ver lo que habían venido a ver la mayoría de los presentes: la tumba que alojó el cuerpo de Franco.

-“Profanadores”, dijo un hombre muy disgustado por lo bajini ante las baldosas neonatas, entre decenas de visitantes.

No eran muchos. El martes de la reapertura solo había dos autobuses de turistas en el parking del monumento franquista, en el municipio de El Escorial y a 60 kilómetros de Madrid. Sabían que acababan de exhumar a Franco. Del resto del lugar sabían poco o nada.

-“Es el lugar de reconciliación de la guerra civil, ¿no?”, dice una mujer con acento extranjero.

Sin carteles explicativos es difícil pedir más a los visitantes, que intentaban hacer fotos a las losas nuevas, como los periodistas, mientras el personal de Patrimonio trataba de impedirlo con poco éxito. Un hombre ensayó una minúscula rebelión:

-“¡Pues la haré igual, en cuanto no mires!”.

Tantas ganas había de fotografiar la no tumba que acabó presentándose allí una pareja de la guardia civil, pero la cuerda protectora y el granito negro ya estaban, para entonces, inmortalizados en decenas de móviles furtivos.

Algunos niños cantores, que viven con los monjes y estudian en la escolanía, pasaron también al lado de las baldosas y miraron de reojo, pero después de una misa gregoriana cantada en latín y castellano de una hora estaban con otras cosas en la cabeza y se marcharon charlando.

-“Oiga, ¿ya no se pueden poner flores, verdad?”, preguntó una periodista a una guardiana del templo.

-“No” (dudoso).

Acto seguido, se pudieron ver rosas rojas y amarillas sobre la tumba de nadie. Un hombre de mediana edad y gran altura sostenía lo que podría ser el tallo del delito aún entre las manos, mientras daba un 'speech' acalorado sobre el dineral que se ganaron los trabajadores del Valle. En un momento dado amenazó con “comerse” a la periodista que le acababa de sacar una foto si la publicaba, tal era el hambre que tenía de dictadura.

La mayoría de turistas y fieles desalojaron el templo en quince minutos, aunque quedaron algunos en la capilla lateral donde está la sacristía, adonde fueron para rezar un poco más. En la puerta de esta pequeña sala, otro homenaje en letra dorada al franquismo: “Caídos por Dios y por España 1936-39”.

En ese cuarto destacaba la presencia del abad Anselmo, predecesor del prior Cantera, sin ganas de hablar y mucho menos de dar titulares: solo señaló sobre los periodistas que “todo esto ha sido una marabunta”, pero ahora manda Cantera y no hay más que decir, porque Cantera ya lo ha dicho todo en alto, aunque en esta misa ha decidido no decir mucho. Acto seguido, el señor de la primera fila muy católico le reiteraba al abad: “Estamos con ustedes continuamente”. Para más tarde minimizar la exhumación: “Es lo de menos, y lo de las flores es lo de menos, es simplemente el principio de que quieren acabar con nosotros”. Mientras, el señor de las rosas recorría la abadía para ver dónde dejaba más pétalos, si en las hornacinas, en el suelo, o encima de un mueble.

A la salida de la primera misa sin Franco llovía, y el Valle seguía siendo un lugar construido por un dictador para honrar a su bando. Seguía siendo la mayor fosa común de España y continuaba alojando a una orden benedictina anclada en los privilegios de un decreto de 1957. Estaba todo igual de siniestro pero faltaba una cosa: el cuerpo del artífice de la dictadura. En realidad era todo igual que antes del jueves. Pero catorce baldosas lo convirtieron en algo distinto.