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La Justicia ratifica la suspensión de las exhumaciones en el Valle de los Caídos y las deja en manos del Supremo

Imagen de la entrada a la Basílica del Valle de los Caídos

Laura Galaup


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Las exhumaciones de víctimas del franquismo en el Valle de los Caídos continúan encalladas en la justicia. El Juzgado de lo Contencioso número 10 de Madrid ha dado la razón a la alcaldesa de San Lorenzo de El Escorial (Madrid) en su negativa a renovar la licencia de obras hasta que no haya sentencia firme que ratifique la suspensión de las medidas cautelares que paralizaban este procedimiento. 

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La magistrada rechaza, en un auto emitido el 9 de septiembre, la petición de la Abogacía del Estado con la que Patrimonio Nacional pretendía que se reactivase la licencia urbanística –que debe autorizar el Ayuntamiento en el que se encuentra Cuelgamuros– para acceder a las criptas e iniciar las exhumaciones. 

En junio el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) levantó las medidas cautelares que habían impedido realizar los trabajos de desenterramiento. Tras este fallo, la alcaldesa no reactivó la licencia –que ya había concedido en junio de 2021– para iniciar las exhumaciones. Desde el Consistorio aseguraron que para conceder esa autorización “solo podría estimarse cuando la sentencia” del TSJM “adquiera firmeza y sea notificada a este Ayuntamiento”. 

Patrimonio Nacional presentó un incidente de ejecución para que la sentencia del tribunal superior se cumpliese aunque no fuese firme y, finalmente, el juzgado de lo contencioso ha dado la razón a la alcaldesa de San Lorenzo de El Escorial, Carlota López Esteban. Por lo tanto, la decisión final recaerá sobre el Tribunal Supremo ya que el abogado que recurrió la licencia de obras otorgada por el Ayuntamiento en 2021 ha asegurado que recurrirá la decisión del TSJM.

La magistrada sostiene que el fallo emitido en junio por el tribunal superior “no contienen ningún pronunciamiento susceptible de ejecución ya que su fallo lo que viene a declarar es que no es necesaria la adopción de ninguna medida cautelar para evitar la pérdida de la finalidad legítima del recurso”, según recoge el auto al que ha accedido elDiario.es. 

Asimismo, la titular del juzgado de lo Contencioso número 10 de Madrid sostiene que posicionarse sobre la petición de Patrimonio Nacional “supondría desnaturalizar la función judicial contencioso-administrativa” sobre todo en este caso en el que “no se ha dictado sentencia definitiva pronunciándose sobre la licencia” que debe emitir el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial. 

Antes de que se emitiese este auto, varios familiares de víctimas presentaron en agosto una querella por prevaricación contra la alcaldesa de San Lorenzo de El Escorial por su “negativa a reactivar la licencia de actividad municipal”.

El abogado que lidera este procedimiento, Eduardo Ranz, indicó que “reactivar la licencia municipal representa la única opción de cumplir el mandato judicial y administrativo de Patrimonio Nacional”. La decisión del juzgado de lo contencioso número 10 deja en el aire el futuro judicial de esta querella.

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