La Justicia levanta la suspensión de las obras del Valle de los Caídos y da vía libre a la exhumación de víctimas

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha decidido levantar las medidas cautelares que impedían las obras necesarias para extraer los restos mortales de víctimas del franquismo del Valle de los Caídos. Según explican diversas fuentes a este periódico, la sección segunda de lo contencioso-administrativo ha dado la razón a Patrimonio Nacional y ha levantado las medidas cautelares que un juzgado mantenía sobre la licencia de obras necesaria para iniciar las exhumaciones.

El juzgado 10 de lo contencioso de Madrid decidió paralizar de forma cautelar en noviembre de 2021 la licencia que el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial concedió a Patrimonio Nacional para llevar a cabo las obras que facilitarían la exhumación de varias víctimas enterradas en Cuelgamuros. Lo hizo después de estimar un recurso de la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica entendiendo que proceder a estos trabajos podía derivar en daños “irreparables” antes de dictar sentencia sobre el fondo del asunto.

El Tribunal Superior de Madrid, en una sentencia a la que ha tenido acceso elDiario.es, entiende que las licencias permiten la entrada en las criptas del Valle pero no pone en peligro la estructura ni implica cambios de calado. “No se desprende que el alcance de la intervención objeto de la licencia conlleve una transformación urbanística irreversible de las criptas y tampoco que se trate de actuaciones que excedan de las propias de mantenimiento, consolidación y recuperación que son las permitidas en la ficha del Catálogo”, dice el TSJM desde el punto de vista de unas medidas cautelares.

Abrir estos huecos, dicen los jueces, sería algo “restituible al estado anterior sin excesiva dificultad”. Por eso, añaden, “no apreciamos que con la concesión de la licencia se produzcan situaciones irreversibles en el elemento protegido que ponga en peligro el efecto útil de la sentencia que pudiera recaer”. Además, la licencia procede de un Ayuntamiento y eso otorga “presunción de legalidad” al permiso.

El TSJM también explica que este proceso tiene que ver con las obras y su licencia, y no con la exhumación en sí misma. Si los familiares de personas enterradas quieren ejercitar algún tipo de acción judicial, podrán hacerlo en otro proceso distinto. Sn alegaciones que no pueden ser valoradas “con ocasión del examen de las determinaciones urbanísticas que son las que deben comprobarse en la concesión de la licencia”. La decisión, según explican estas fuentes, puede ser recurrida por esta Asociación ante el Tribunal Supremo.

Varias fases de la exhumación

Está por ver si, después de esta sentencia favorable, Patrimonio Nacional pone en marcha la exhumación de más de 80 víctimas de la dictadura enterradas en el Valle, de donde ya fueron exhumados los restos del dictador Franco en octubre de 2019. El proceso, según estaba previsto, tendrá tres fases: una primera para acceder a los columbarios, una segunda para que los forenses localicen los cuerpos y los identifiquen, y una tercera y última para acondicionar las estancias y mejorar las instalaciones.

Tal y como explicó elDiario.es en este reportaje, los familiares y víctimas de la dictadura que han reclamado las exhumaciones han afrontado el proceso administrativo y judicial con el tiempo jugando en su contra. Muchas llevan décadas esperando la acción del Gobierno para estas extracciones de los restos mortales de sus familiares mientras muchos de ellos pasan ya de los 80 años de edad. Muchos de ellos han fallecido esperando a que los forenses entren en Cuelgamuros.

Tal y como explicó elDiario.es en noviembre del año pasado, todos los procesos iniciados para exhumar víctimas del Valle de los Caídos se han encontrado con la oposición judicial de asociaciones y de nostálgicos, al igual que sucedió con la salida de los restos de Franco hasta que obtuvo el aval judicial del Tribunal Supremo. Además de este recurso, del abogado Francisco Javier Zaragoza, los jueces han estudiado varios más, por ejemplo de la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos. Según afirma, representa a “216 familias que tienen acreditada la presencia de los restos de sus familiares en el Valle y no quieren que se les remueva ni traslade ni se les someta a pruebas forenses de ningún tipo”, por lo que también ha recurrido la licencia de obras.