Jupol, exponente de las posiciones más radicales en el seno de la Policía Nacional, ha dejado de ser este miércoles el sindicato mayoritario en el Cuerpo. Las elecciones sindicales han arrojado un resultado que reduce a cuatro los ocho vocales al Consejo de la Policía que obtuvieron en 2019, lo que le empata con el Sindicato Unificado de Policía (SUP). Hace cuatro años, en los primeros comicios a los que concurrían, Jupol redujo a la mínima expresión a los sindicatos tradicionales, pero la investigación por malversación de fondos en el seno de la organización y la imposibilidad de satisfacer las exigencias maximalistas en subida de sueldos que abanderaban han provocado este descalabro electoral.

De esta forma, la coalición Jupol y Alternativa Sindical de Policía –una nueva organización que defiende los postulados de la extrema derecha– sumarían cuatro vocales, los mismos que el SUP. La Confederación Española de Policía (CEP) dobla su representación y de un vocal pasa a dos. Completarán la representación en el Consejo de la Policía, el órgano donde confluyen sindicatos y Administración, la Unión Federal de Policía (UFP), que mantiene el vocal que tenía, e irrumpe EYA (Equiparación Ya), con un vocal. El Sindicato Profesional de Policía, que representa a los mandos, obtiene dos vocales en las escalas donde concurre.

Los cuatro representantes de Jupol son fruto de los votos obtenidos en la Escala Básica, donde el SUP ha obtenido 2 vocales y otros tantos la CEP. De este modo, Jupol, que tenía representación en tres escalas pasa a tenerla solo en una. En los policías 'rasos' han obtenido igualmente un vocal UFP y EYA. En la Escala de Subinspección, el SUP suma el único representante mientras que en la Escala Ejecutiva (inspectores e inspectores jefe), los dos vocales se reparten entre el Sindicato Profesional de Policía (SPP) y el SUP. En la Escala Superior, comisarios y comisarios principales, el vocal en juego es para el SPP.

El Juzgado de Instrucción número 53 de Madrid indaga en qué gastó Jupol 359.434 euros entre enero de 2019 y junio de 2021. El sindicato se financia a través de las cuotas de sus afiliados al tiempo que recibe fondos públicos en función de su amplia representación en el Consejo de la Policía. El mensaje de regeneración frente a unos sindicatos tradicionales a los que acusaban de no defender con firmeza los intereses de los policías y vivir de prebendas se tambaleó cuando trascendió la investigación de la Unidad de Asuntos Internos. 

elDiario.es informó en exclusiva el martes de que la Unidad de Asuntos Internos de la Policía ha presentado un nuevo informe a la jueza en el que afirma que hay más de 13.000 euros en gastos de su actual secretario general, Aarón Rivero, que no encuentran justificación en la documentación aportada por la organización a requerimiento del juzgado, han adelantado a elDiario.es fuentes próximas al caso. 

El atestado policial es el resultado del encargo que la titular del Juzgado de Instrucción número 53 de Madrid había hecho a Asuntos Internos para aclarar el destino de casi 360.000 euros del sindicato entre enero de 2019 y junio 2021, esto es, desde seis meses antes que Jupol arrasara en las primeras elecciones sindicales a las que se presentaba y hasta la salida de su anterior secretario general, José María García. El sindicato como persona jurídica y el propio García están imputados por malversación en la citada causa. 

Sin embargo, la investigación judicial afecta ya a la actual dirección de Jupol. Su actual líder, Aarón Rivero, era miembro de la dirección investigada, cuyos miembros contaban con 97 tarjetas de crédito para gastos, según descubrió Asuntos Internos. Tras un primer informe de esta unidad, la jueza requirió nueva documentación al sindicato y el nuevo atestado, que llegó al juzgado hace unos días, es el resultado del análisis de esa documentación. 

Después de la agresiva irrupción de Jupol al calor del proceso independentista en Catalunya, exigiendo que los policías nacionales cobraran igual que los mossos, y con el apoyo incondicional de formaciones como Ciudadanos y Vox, el empuje de su propuesta pierde fuelle. El SUP, sindicato mayoritario hasta la irrupción de Vox, empata ya con el sindicato heredero de Jusapol mientras que el resto de centrales tradicionales, especialmente la CEP, recuperan su lugar.

Significativa es la entrada en el Consejo de la Policía de EYA, una organización que dirige el primer secretario general de Jupol, y que echa en cara al sindicato que haya perdido la esencia de sus inicios. La preocupación de Jupol por EYA quedó de manifiesto cuando intentó que quedaran fuera de la contienda electoral vía judicial. Incluso consiguió Jupol que un juzgado les dejara fuera de la campaña con una medida cautelarísima alegando que habían copiado su eslogan inicial, una decisión que corrigió el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

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El nacionalismo extremo de Vox encandila a un amplio sector de las Fuerzas de Seguridad, pero la oportunidad de agitar la calle y utilizar la alta valoración de sus miembros por la sociedad española, y su previsible reflejo en la mayoría de los medios de comunicación, es algo a lo que el PP de Alberto Núñez Feijóo ha decidido no renunciar. La última gran manifestación de policías y guardias civiles se acordó en la misma sede nacional del PP el pasado mes de diciembre.

Miles de agentes, familiares y simpatizantes de los uniformados habían llenado el centro de Madrid un año antes, en la manifestación del 27 de noviembre de 2021. Una protesta de las Fuerzas de Seguridad en reivindicación de sus condiciones laborales no resulta ajena a cualquier gobierno de la democracia, pero esta reunía una peculiaridad: los motivos de la concentración, al menos los públicos, respondían a una manipulación constatable de la realidad. Los manifestantes protestaban por lo que no decía un proyecto de reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana de los grupos parlamentarios de PSOE y Unidas Podemos.

La protesta contra la reforma de la conocida como Ley Mordaza, la de aquel día y la que se extendió posteriormente, es paradigmática respecto a la oposición ideológica de un amplio sector de policías y guardias civiles al Gobierno progresista. Pero esa beligerancia en las reivindicaciones que trascendían las condiciones laborales de los agentes se había fraguado antes de que Pedro Sánchez llegara al poder, concretamente en el mismo caldero que el auge de Vox, el que hervía al calor del proceso soberanista en Catalunya. 

Para aquella protesta del otoño de 2021, con Jusapol a la cabeza, los sindicatos policiales habían atraído a responsables políticos de toda la derecha, como ya hicieran en Barcelona el 20 de enero de 2018, el día en que la asociación policial se hizo visible más allá del ámbito de las Fuerzas de Seguridad. 

En la protesta de 2018, los policías y sus entornos llevaban una supuesta exigencia de subida salarial a Barcelona, donde no están ni la sedes del Ministerio del Interior ni de Hacienda, organismos de los que dependían la satisfacción de sus revindicaciones. Los sindicatos argumentaban que inundaban de banderas españolas la capital catalana porque así, de paso, apoyaban a los compañeros de la ‘Operación Copérnico’, el despliegue de las fuerzas estatales para intentar detener el referéndum nacionalista. 

Con el PP todavía en el Gobierno, su representante en primera línea fue Xavier García Albiol, quien encarna las posturas más xenófobas del partido. En el centro, previo a su estrepitoso fracaso político, Albert Rivera, dejándose fotografiar haciendo el gesto de la “J” de Jusapol con una mano y con otra agarrando la pancarta. Vox envió una nutrida representación. 

Aquel día, una nueva fuerza de choque política se erigía para lo que vendría después, la moción de censura y un Gobierno progresista con los “comunistas” dentro, una afrenta esta última que un sector de funcionarios obligados a mantener “neutralidad” en sus actuaciones por la Ley 2/86 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no estaban dispuestos a dejar pasar sin más. 

Tres años después de la manifestación de Barcelona, ya en noviembre de 2021, sindicatos policiales y líderes políticos de la derecha reunían en la capital de España a una multitud para protestar contra el texto que los grupos parlamentarios de PSOE y Unidas Podemos habían consensuado como enmienda a la reforma de la conocida como Ley Mordaza, impulsada por el PNV.

Para ello, Jusapol redactó un decálogo en el que denunciaba que su seguridad y la de los ciudadanos quedaría comprometida si esas propuestas de la izquierda se incorporaban al texto que sancionaba las infracciones sin categoría de delito. Una interpretación de un texto que casi nadie había leído pero que la mayoría de las tertulias televisivas de las mañanas repetían como una verdad indiscutible.

Sin embargo, el decálogo estaba repleto de omisiones a la totalidad del texto pactado, contradicciones respecto a su literalidad y algunas objeciones ideológicas que se supone no concernían a los policías, como cuando protestaban porque el DNI fuera a escribirse en lenguas cooficiales. 

Entre otros mantras se repetía que los policías se convertirían en “taxistas” de los detenidos una vez identificados en comisaría [leer aquí]. Decenas de miles de personas salieron a la calle: la letra pequeña era lo de menos, en letra mayúscula podían gritar contra Pedro Sánchez y Podemos. 

Víctimas y policías, la “sociedad civil” del PP

Un alto cargo del Ministerio del Interior durante el Gobierno de Zapatero constata la novedad de esa hostilidad. “Nosotros también tuvimos tensiones y manifestaciones, pero las protestas tenían un contenido sindical, nada declaradamente político. Pero claro, Jusapol no existía”, afirma. 

Durante ese Gobierno socialista (2004-2011), la punta de lanza de la “sociedad civil” que utilizaba el PP contra el Gobierno eran las asociaciones de víctimas del terrorismo. El propio Rajoy llegó a encabezar grandes manifestaciones contra la supuesta “traición de Zapatero” a los asesinados por ETA. El PP llenaba autobuses que llegaban de toda España a Madrid, aunque la convocatoria oficial corría a cargo de la AVT, presidida entonces por Francisco José Alcaraz, que con el tiempo acabaría siendo diputado de Vox. 

La trascendencia del PP en esas protestas supuestamente ajenas a la política se ha reproducido en la última legislatura. El pasado 20 de diciembre, nueve sindicatos de Policía y asociaciones de la Guardia Civil fueron convocados a la sede nacional del Partido Popular y allí acordaron manifestarse en la calle contra el Gobierno. El motivo aparente, otra vez la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, que se antojaba inminente. 

Desde el partido justificaron que se trataba del habitual encuentro que mantienen los presidentes del PP cuando llegan al cargo con los representantes de las Fuerzas de Seguridad. Pero algunos de los convocados entendieron, que además de interesarse por ellos y anunciarles la cantidad de leyes del actual Ejecutivo que iba a derogar, Feijóo les animaba a protestar. 

Más allá de interpretaciones lo que ocurrió después es que el líder de Jupol, Aarón Rivero, tras haberlo pactado con el PP, convocó al resto de organizaciones a una sala aparte de Génova, ya sin responsables del partido, para debatir la convocatoria de una manifestación urgente. 

La publicación por elDiario.es de esa reunión y la polémica que le sucedió terminó por desanimar a la mayoría de los presentes, pero Jupol, que goza de una mayoría arrolladora en la actualidad, siguió adelante con la convocatoria. También en Guardia Civil a través de Jucil. A cinco meses de las autonómicas y municipales, la cíclica precampaña que vive el país en los últimos años protagonizaba la vida política con especial intensidad. 

Si el Partido Popular contenía en su seno a la extrema derecha que se escindió y formó Vox, los sindicatos policiales tradicionales evitaban el maximalismo y la agresividad que exhibe Jusapol, primero asociación, que después se institucionalizó convirtiéndose en el sindicato de Policía Jupol, y en la asociación de la Guardia Civil Jucil, también mayoritaria. 

Los sindicatos tradicionales, con el SUP a la cabeza, se vieron arrollados en las elecciones internas de 2019 en la Policía por esas exigencias inflexibles y la agresividad que contra ellos también mostraba Jupol, tanto en redes sociales –donde sus trols atacaban a periodistas, políticos y compañeros– como en los propios centros de trabajo, según denunciaban. 

La hostilidad contra la izquierda o los nacionalistas en las manifestaciones de Jusapol alcanzó su cénit el 3 de marzo de 2020 cuando, embozados, los asistentes rompieron el cordón policial, ante la pasividad de sus compañeros de la Unidad de Intervención Policial, y accedieron a la zona de seguridad del Congreso de los Diputados. 

Nacionalismo vs. economía

Este movimiento corporativista presenta otro paralelismo con la política española: si las previsiones demoscópicas adelantan un triunfo de la derecha en las próximas elecciones pese a los buenos datos económicos, obtenidos en un contexto internacional de pandemia y guerra, los sindicatos tradicionales se hundieron pese a haber arrancado un acuerdo al último gobierno del PP que suponía una subida media de 400 euros netos mensuales para los miembros de las Fuerzas de Seguridad. 

La exigencia de Jupol y Jucil de no parar hasta la “equiparación salarial” con mossos y ertzainas, algo materialmente imposible –entre otras cuestiones por las distintas categorías en las jerarquías de unas y otras policías–, arrasó en las elecciones internas. “¿Y luego qué querrán, equipararse con los policías municipales? Si creemos en el Estado de las autonomías eso es absurdo”, asevera un antiguo cargo acostumbrado a lidiar con los sindicatos policiales. Jupol pretende que un policía nacional salga de la academia, sin necesidad de tener un título superior, con 2.500 euros como primer salario. La diferencia con otros funcionarios, como profesores o sanitarios, resulta enorme. 

Corrupción y elecciones sindicales

Justo un mes antes de las elecciones generales, los sindicatos policiales tienen su propia convocatoria. El 28 de junio se pone a prueba el estado de salud de las posturas radicales de Jupol. El sindicato Jupol llega a la cita con el desgaste de figurar como imputado en un juzgado de Madrid, así como su anterior secretario general, por malversación de fondos. 

La acusación con la que nació Jusapol de denuncia de los sindicatos policiales como un nido de prebendas y privilegios se tambalea con un caso que ha arrojado conclusiones de Asuntos Internos como el de las 97 tarjetas de crédito repartidas entre líderes del hoy sindicato mayoritario, una de ellas a nombre de su actual líder, Aarón Rivero. 

Resta por ver cómo será la relación de Jusapol si Feijóo alcanza La Moncloa. La intensa relación del PP con la principal asociación de víctimas, la AVT, se rompió un 27 de octubre de 2013, poco más de un año después de que Rajoy llegara a La Moncloa. Estrasburgo tumbó la 'doctrina Parot' y el Gobierno se vio obligado a aplicar reducciones de condena a los condenados por terrorismo. Aunque la entonces presidenta de la AVT, Ángeles Pedraza –luego multicontratada por el Gobierno autonómico del PP en Madrid– intentó culpar desde el estrado a los jueces de la Audiencia Nacional, la muchedumbre se rebeló contra los políticos del Partido Popular allí presentes con gruesos insultos y conatos de agresión. La herramienta del PP en la oposición se le volvía en contra.

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En el seno de la Ertzaintza hay un elefante. En las últimas semanas está creciendo un autodenominado movimiento “asindical” que se hace llamar 'Ertzainas en lucha' y que ahora, aparentemente, se ha institucionalizado con las siglas de la asociación EAE–AAE. Tiene su firma una gran manifestación con 4.000 personas a principios de mayo en Bilbao, caravanas de coches que han buscando –y logrado– condicionar el tráfico en las tres capitales, se manifestaron frente al Parlamento Vasco saltándose el espacio autorizado y cortando una hora el tranvía de Vitoria sin que sus compañeros uniformados en servicio actuaran –incluso aplaudieron e hicieron sonar el claxon de las patrullas– y, sobre todo, la amenaza de paralizar la salida del gran evento internacional del año en Euskadi, el Tour de Francia, que requerirá un operativo “sin precedentes” con cerca del 25% de la plantilla en servicio cada uno de los días del paso de la carrera.

Todo el mundo en el cuerpo habla de ello. Hablan los agentes de base, que se dicen “indignados” por las condiciones laborales. Habla la cadena de mando, incluidos los que portan galones dorados en su uniforme. Hablan los sindicatos corporativos tradicionales, ahora desbordados y que se han visto obligados a unirse y a convocar también sus propias movilizaciones. Y habla la cúpula política, incluido el lehendakari, Iñigo Urkullu, en cuyo equipo se ha instalado una honda preocupación por lo que está ocurriendo en la niña bonita del autogobierno vasco. ¿Quiénes son en realidad? ¿EAE–AAE quiere ser un sindicato? ¿A quién representan? ¿Es el germen de un Jusapol a la vasca? ¿Por qué atraen a sus convocatorias a cientos o miles de policías? ¿Esto acaba en el Tour o va más allá?

El elefante asoma la trompa en todos los actos y discursos. Urkullu se ha llegado a preguntar en voz alta si se han pervertido los “valores” fundacionales de una institución que es un pilar del autogobierno vasco y ha hablado en genérico de “injerencias”. Josu Bujanda, que es el jefe de la Ertzaintza, ha apostillado que si antes el riesgo estaba fuera, en quienes llamaban “cipayos” a los ertzainas, ahora está “dentro”. Josu Erkoreka, vicelehendakari y consejero de Seguridad, no quiso que su presentación este lunes del gran despliegue que requerirá el Tour se viese condicionado por la agenda de 'Ertzainas en lucha'.

Este martes, el gabinete de Urkullu ha celebrado su ya tradicional Consejo de Gobierno con motivo del día del Medio Ambiente en Urdaibai, lejos de Vitoria. Pero se ha llevado la protesta de la Ertzaintza. Los sindicatos con representación legal han movilizado doce autobuses para hacer ver su enfado y tratar de recuperar liderazgo entre los agentes. El nuevo movimiento ha secundado la protesta y se ha unido a ella. Erne, Esan, Euspel y Sipe, que estiman en dos millares los asistentes, hablan de “sordera” ante las llamadas a la negociación pero, como reivindicación, han recordado que representan el 100% de los asientos en la mesa de negociación, que fue “elegida democráticamente”. Éstas son las diez claves de la crisis interna.

1 – La Ertzaintza, un símbolo

La Ertzaintza es la Policía “integral” en Euskadi, con competencias plenas en seguridad ciudadana y control del orden público, investigación, tráfico o rescate, entre muchas otras. Policía Nacional y Guardia Civil, por el contrario, tienen ámbitos mucho más acotados. La actual Policía autonómica fue creada en 1982 siguiendo el precedente de la “Ertzaña” o “Ertzaina” ideada en la Guerra Civil por el efímero Gobierno de Euzkadi y que ni siquiera operó en todo el territorio. Su nombre, en euskera, viene a significar 'cuidadores del pueblo' y, en su génesis, se pretendió también una idea de cuerpo cercano en contraposición con las fuerzas de la dictadura que habían actuado durante cuatro décadas. La amenaza de ETA –que mató a quince ertzainas y a un miñón, la Policía foral de Álava integrada en su estructura– y de su entorno –la media fue de un ataque o sabotaje cada semana, según un estudio de la Universidad de Deusto– obligó a establecer protocolos de autoprotección y descartar las 'korrika' o patrullas a pie hasta fechas muy recientes. Su plantilla oficial, pactada entre los Gobiernos central y vasco, es de 8.000 efectivos. Solamente ha llegado a ese nivel en una ocasión. Desde hace años, las primeras promociones se están empezando a jubilar en cascada y están entrando nuevas generaciones de funcionarios. Son más igualitarias en un entorno históricamente muy masculinizado y más euskaldunes pero, según coinciden también varias fuentes y así lo está repitiendo en público el PNV, más similares a cualquier hornada de ertzainas de cualquier cuerpo en España en lo tocante a la concepción de la profesión. El presupuesto del Departamento de Seguridad, dirigido por el vicelehendakari primero, Josu Erkoreka, es de 746 millones de euros en 2023.

2 – Sindicatos muy arraigados históricamente

La Ertzaintza presenta un nivel de sindicación elevadísimo, del entorno del 90% de la plantilla. En las últimas elecciones sindicales, de principios de 2022, participaron por encima de 6.000 agentes. Como novedad, toda la representatividad recayó en organizaciones corporativas. ELA ha sido el último sindicato de clase con participación y la perdió como antes CCOO o UGT. LAB ni siquiera se ha planteado nunca entrar. Erne es desde hace veinte años el sindicato mayoritario y asegura tener más de 3.000 afiliados entre los agentes en activo, a los que suma ertzainas jubilados y policías municipales. Esan es la segunda fuerza. Antigua escisión de ELA, superó también los 2.000 votos. Completan el cuadro Euspel y Sipe. Ésta última había manifestado tener lazos “muy estrechos” con el movimiento Jusapol en las últimas elecciones internas. Eso sí, este mismo martes ha retirado de su Twitter una fotografía en la que aparecían encabezando una pancarta de Jusapol junto con otras organizaciones policiales.

3 – El último convenio y los acuerdos fallidos

El viernes 20 de enero de 2012, día de San Sebastián, el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) publicaba –firmado por el lehendakari Patxi López y por el entonces consejero de Interior, el ya fallecido Rodolfo Ares– el convenio para los años 2011, 2012 y 2013. El acuerdo regulador fue cerrado meses antes, en el verano de 2011, entre el propio Ares y los sindicatos Erne, Esan y Euspel. “Nuestro objetivo principal es que el convenio se actualice. Soy una ertzaina indignada más”, afirma una agente que nunca desde que se graduó en la academia de Arkaute ha tenido un acuerdo regulador en vigor sobre el clima que se vive dentro de las comisarías. Pero hay más reclamaciones laborales en la lista de agravios:

4 – “Caos organizativo”

Las quejas se centran también en la situación organizativa interna de la Ertzaintza. “Caos” es una palabra bastante repetida. Solamente ahora están llegando las prometidas furgonetas nuevas que relevarán a unidades de la década de 1990. En los últimos años se ha denunciado que se averiaban con frecuencia y que era imposible circular con ellas a velocidades no ya elevadas sino normales. Antes llegaron coches–patrulla que hubo que adaptar porque no cabían los agentes de mayor envergadura. Y antes el 'dieselgate' de Volkswagen dejó sin automóviles nuevos a las comisarías. Todavía se escuchan ecos de la reorganización del modelo de Investigación impulsada por el exdirector Gervasio Gabirondo. Gabirondo, el 'número uno' de la primera promoción de la Ertzaintza ya se jubiló y acaba de ser elegido como concejal del PNV en su pueblo natal, en Zarautz. Y un repaso a la hemeroteca muestra igualmente quejas sobre los casos, sobre los helicópteros, sobre las patrullas o sobre la falta de formación en materias como el tiro. El sindicalismo en la Policía vasca no ha sido precisamente dócil ni callado.

5 – Llega 'Ertzainas en lucha'

Es el 8 de mayo cuando 'Ertzainas en lucha' se presenta en sociedad. Su manifestación en Bilbao reúne a 2.000 personas, según el dato oficial del Ayuntamiento, o a 4.000 según los organizadores. Tampoco es algo estrictamente nuevo, ya que Erne aseguró haber movilizado a 3.000 personas en 2011 en los momentos previos a la negociación del último convenio. Pero sí relevante. Que entre el 25% y el 50% de la plantilla saliera a la calle activó dos alarmas. Una, en la Administración, aunque entonces se matizó que el convocante no era ertzaina. Era un agente jubilado, que están muy activos en el nuevo movimiento, que siempre hace gala de su componente “asindical”. Y, dos, también los sindicatos se dieron de bruces con una realidad. Acordaron unirse y dar todos los pasos de manera consensuada –no firmar ningún acuerdo con el Gobierno sin el visto bueno de todos ellos– y explorar contactos con la nueva plataforma. Afirma Erkoreka que las centrales no opinan lo mismo de 'Ertzainas en lucha' en público y en privado. Es verdad. De puertas para dentro, ven con gran preocupación la ola –ya casi tsunami– y se muestran asombrados de que un colectivo sin representatividad pida enviar a sus emisarios como “verificadores” de las reuniones de los representantes legales y legítimos con la patronal, en este caso Seguridad. O que sus simpatizantes presionen a los delegados sindicales para que pleiteen contra el Gobierno. “Lo único que les pedimos es que lleven verificadores para dar transparencia a la negociación, que sea una persona externa al sindicato. Que sea testigo y dé transparencia”, explica el portavoz del colectivo, que se hace llamar Mandela y que no aparece con su propia imagen en ningún lugar. De puertas para afuera, en cambio, los sindicatos se han sumado a las movilizaciones de 'Ertzainas en lucha' y han convocado sus propias protestas, como la de este martes. Desde el más absoluto anonimato, las voces consultadas admiten que los sindicatos no han sabido “liderar” y “canalizar” el malestar en el colectivo y que ahora no van a convertirse en dique de contención para el Gobierno, sino un agente activo más en la búsqueda de acuerdos y mejoras laborales. Significativamente, en TVE han aparecido este martes no con sus siglas sino como movimiento “sindical” de la Ertzaintza.

6 – ¿Un Jusapol a la vasca?

Todas las fuentes consultadas apuntan a Brigada Móvil y al conflicto de otoño como el germen de 'Ertzainas en lucha'. “Éramos cuatro gatos y luego pasamos a ser 300. Y luego 3.000 y pico. Ahora somos 4.000 y pico”, cuenta Mandela. El grupo de WhastApp se quedó pequeño y hubo que pasarlo a Telegram. En Twitter e Instagram los mensajes son continuados. El vicelehendakari Erkoreka suele repetir que le resulta difícil sentarse de tú a tú con quien no da la cara ni se sabe cómo está organizado. No hay explicaciones concretas a esta circunstancia. ¿Caras? Las de los miles de simpatizantes, alegan. Sí está constatado que dos de sus referentes, Mandela y “Gorka”, quien ha concedido algunas entrevistas con ese apelativo, fueron expulsados del sindicato Sipe, la marca local de Jusapol. ¿Es la versión vasca de Jusapol este movimiento? Hay elementos comunes pero sería muy simplista reducir el apoyo de miles de agentes a eso. Sin embargo, es obvio que la estrategia radicalmente “asindical”, que los sindicatos se vean desbordados como pasó en la Policía Nacional, que hayan introducido la equiparación salarial con otros cuerpos –en este caso locales– como agravio y que se hayan asesorado con personas similares vinculan este movimiento a Jusapol. Es una tesis que también está alentando el PNV. “Somos muy diversos en ideologías y generaciones”, contrarrestan desde 'Ertzainas en lucha'. Y añaden: “Lo de Jusapol se ha utilizado un poquito para desacreditarnos. No tenemos ninguna relación con Jusapol ni con la extrema derecha. No tenemos nada que ver. Son artimañas”. Mandela es del mismo pueblo, Bermeo, que el consejero Erkoreka y se define como “euskaldunzarra”, es decir, de los que tienen la lengua vasca como materna.

7 – La pasividad en el Parlamento

En este contexto, coincidiendo con el primer pleno del Parlamento Vasco después de las elecciones, 'Ertzainas en lucha' movilizó a sus bases para plantarse frente a la Cámara. Tampoco es algo que no hayan hecho antes decenas de veces los sindicatos tradicionales. Pero ocurrió algo diferente. La fuerza desplegada no era de antidisturbios con uniforme negro y casco rojo, que quedaron en la retaguardia. Eran agentes a cara descubierta. Formaron una línea y, en algunos casos, aplaudieron y se hicieron fotografías con los compañeros de enfrente mientras coreaban “¡Erkoreka, dimisión!” o '¡Sin convenio no hay Tour!', un lema debidamente traducido al francés en las pancartas. Los coches rotulados que pasaban hacían sonar el claxon o esbozaban gestos de victoria. Hubo abrazos entre policías actuantes y policías manifestantes. Y la masa decidió superar la línea autorizada y quedó cortado el tranvía de Vitoria. Todas sus líneas. Durante casi una hora. La Ertzaintza, que otras veces ha actuado cuando eso mismo ha ocurrido, lo que ha incluido recordadas cargas a los propios sindicatos policiales, ni siquiera trasladó ninguna reprimenda verbal a los asistentes. Y eso que observaban 'in situ' los acontecimientos un intendente y un comisario. En 24 horas, de nuevo en el Parlamento, Erkoreka anunció una investigación disciplinaria interna por el operativo y la posibilidad de sancionar con la Ley de Seguridad Ciudadana ('ley mordaza') a los manifestantes. Es lo mismo que le ocurrió a Erne en 2018, que tuvo que abonar multas. 'Ertzainas en lucha' reaccionó con un “si nos atacan a uno, nos atacan a todos” y cerrando filas y al colectivo le molestó singularmente que Erkoreka anunciara esas medidas en un debate instado en el hemiciclo por EH Bildu, que siempre ha cuestionado el modelo policial y la labor de la Ertzaintza.

8 – EAE–AAE

Fuentes policiales y fuentes oficiales del Gobierno confirman que, coincidiendo con la protesta en el Parlamento, se registró como “asociación” una entidad llamada Ertzain Asindikalen Elkartea–Asociación Asindical de Ertzainas, es decir, EAE–AAE. Ello coincide con unos mensajes en los grupos del colectivo en los que indicaban que era oportuno tener una cierta estructura para operar. “Me he puesto en contacto con un guardiacivil de Intxaurrondo que está en Jucil para preguntar ellos cómo lo tienen hecho o cómo lo crearon”, se explicaba en esas conversaciones en las que buscan un seguro de nóminas, defensa en procesos disciplinarios y asesoría jurídica. “Si hay que crear una asociación, se crea y ya está. A ver ellos qué estatutos tienen o cómo lo tienen puesto, pero estaría súper bien”, le contestan. Sin embargo, desde 'Ertzainas en lucha' niegan ahora haber creado una asociación, aunque lo confirmaron antes en otros medios de comunicación como la Cadena Ser. “Ninguna. No estamos constituidos. Somos una agrupación o plataforma, un grupo nutrido en torno a las redes sociales. Ésa es nuestra vía de comunicación. No es nuestra. No somos eso. De verdad, no somos nosotros”, recalca Mandela a este periódico. Públicamente, el colectivo niega también que pretenda presentarse a unas elecciones para participar de forma legal y legítima en las negociaciones.

9 – 1.100 euros mensuales de subida

La subida salarial de 1.100 euros mensuales se ha convertido el gran icono de las reivindicaciones y la gran condición para no boicotear el Tour. Esa proclama se ha visto aderezada con algunos mensajes internos en los que recordaban que los policías salvan vidas, más que muchos médicos y, en particular, los de “cabecera”, según sus argumentos. Fuentes conocedoras de los diferentes cuerpos policiales indican que la posible discrepancia con agentes locales no pasarían de 300 euros en algunos casos, aunque en el movimiento rebaten todos los números. Además, Jusapol precisamente creció al calor del mantra de que los miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado estaban peor pagados que los de los cuerpos autonómicos. Erkoreka ha asegurado este martes que están dispuestos a hablar de toda la plataforma de los sindicatos –Seguridad siempre ha recalcado la idea de que ellos se sientan y se reúnen con la representación legal– pero ha recordado que las mejoras lineales en las nóminas están condicionadas por topes en los presupuestos generales del Estado. En tono duro, ha cuestionado los “dislates” que se están lanzando y ha criticado que los sindicatos se sumen a la confrontación con palabras tan gruesas como “guerra”. “Sería bueno que se abandonaran ese tipo de recursos lingüísticos que se usan en un tono faltón impropio de una relación institucional o civilizada”, ha afirmado. Y ha recordado que en diez años sí ha habido mejoras laborales “no desdeñables” en la Policía vasca. El convenio se ha retocado tres veces, ha afirmado. En 2012, en 2018 e incluso en 2023. Sobre la carrera profesional, ha dicho que se abonarán este año 21 millones de euros y ha ironizado que no hay más que coger la calculadora para ver lo que le reportará a cada funcionario de media. Esa cifra es de 2.625 euros anuales. El responsable de Seguridad ha subrayado también que se ha reunido del orden de “40 veces” con los sindicatos, tanto en formato bilateral como multilateral, y que le sorprende que ahora hayan abrazado la pancarta cuando hace apenas unas semanas estaban sentados en la mesa 125 –como se llama el foro de negociación– y cuando la última reunión duró “tres horas y media”. “Soy consciente de la presión que ejerce sobre ellos el movimiento asindical”, ha ironizado.

10 – “Injerencias organizadas”

Entretanto, el elefante en la Ertzaintza se ha convertido en un asunto político de primer orden. Este domingo, en la tradicional jornada anual de homenaje a los fallecidos y de entrega de medallas al mérito, Urkullu repitió hasta la saciedad los conceptos “compromiso”, “profesionalidad” y “respeto”. Cree que son los principios que han de guiar a la Ertzaintza. “Ninguna institución, tampoco la Ertzaintza, puede permitirse el lujo de perder el respeto de la sociedad. ¿Han cambiado los valores de ser ertzaina? ¿Ha cambiado el sentido de la Ertzaintza?”, lanzó. Habló también de “injerencias organizadas” a las que se enfrenta el cuerpo: “Amenazan nuestra señas de identidad. Son amenazas que adoptan nuevas formas de expresión y extorsión. Son amenazas que utilizan la mentira y la manipulación”. El jefe de la Ertzaintza, Josu Bujanda, admitió también que hay un problema “dentro” del cuerpo.

La jueza que investiga las cuentas de Jupol ha rechazado la pretensión del sindicato de policía de que declare secretos los informes de la Unidad de Asuntos Internos incorporados a la causa así como los que estén por elaborarse. elDiario.es desveló el 11 de enero que el Juzgado de Instrucción número 53 de Madrid investiga el destino de más de 360.000 euros con 97 tarjetas de crédito pertenecientes al sindicato mayoritario en la Policía Nacional, perceptor de más de 380.000 euros en subvenciones públicas en el periodo investigado. 

La representación legal de Jupol –el sindicato está imputado en la causa como persona jurídica– alega que la difusión del contenido de un informe de Asuntos Internos incorporado a la causa vulnera sus derechos fundamentales. Este medio informó del contenido del citado informe, en el que los policías de Asuntos Internos alertaban de que la documentación con la que el sindicato había respondido a un requerimiento judicial era “poco esclarecedora”, al tiempo que proponían a la jueza, como ésta terminó haciendo, que exigiera al sindicato nuevos documentos. 

Con posterioridad, el denunciante del caso, un policía antes vinculado a Jupol, Alejandro León –Jandro Lion es su nombre en redes– volcó el contenido del informe en su canal de Telegram. La información de elDiario.es y la actuación del denunciante “excede el legítimo derecho de defensa [ninguno de los dos son acusados] utilizando de forma partidaria y tendenciosa la información procedente de un procedimiento”, afirma Jupol en su escrito. 

El Ministerio Fiscal y la jueza del caso, Mónica Aguirre de la Cuesta, rechazan la pretensión del sindicato policial. “No ha lugar a decretar reservados los informes de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional que se incorporan en la actualidad y en el futuro, denegándose lo interesado por la representación del sindicato Jupol”, recoge el auto, al que ha tenido acceso elDiario.es.

La magistrada Mónica Aguirre de la Cuesta concedió diez días al sindicato mayoritario en la Policía para que detalle en qué gastó 359.434 euros entre enero de 2019 y junio de 2021, periodo en el que la organización estaba dirigida por José María García, imputado en la causa junto a la propia organización Jupol.

La jueza, a propuesta de Asuntos Internos, pone el foco en 66.480 euros retirados en metálico de cajeros automáticos por parte de los responsables del sindicato. La organización policial llegó a disponer de 97 tarjetas de crédito a repartir entre sus representantes. Un mandato judicial dirigido a Caixabank ha permitido conocer la identidad de los 97 beneficiarios de los plásticos y los números de sus tarjetas. 

Una de esas tarjetas de crédito estaba a nombre del actual secretario general, Aarón Rivero, entonces secretario de Organización de Jupol. Según los datos recopilados en la denuncia que dio origen al caso el actual secretario general de Jupol gastó con su tarjeta 5.361 euros.

Piden más tiempo

El sindicato sigue sin entregar la documentación que le requirió la magistrada a propuesta de Asuntos Internos. Para ello solicitó ampliar el plazo diez días más, a lo que accede la magistrada en la resolución citada, fechada el pasado 2 de febrero. 

Una delegada provincial de Jupol también ha dirigido al juzgado un escrito en similares términos para que la causa quede bajo el secreto reforzado. La jueza rechaza de plano esta solicitud por no estar personada la requiriente en la causa. 

Otro responsable provincial utilizó su condición de funcionario del Cuerpo Nacional de Policía para escribir a la dirección de correo corporativo de la jefa del Grupo 32 de Asuntos Internos –unidad sobre la que rige un especial secreto– que dirige la investigación para informarle personalmente de las publicaciones en Internet del denunciante relacionadas con la causa. El correo remitido por este delegado provincial de Huesca fue adjuntado por Asuntos Internos en sus últimos informes a la jueza. 

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La Justicia ha confirmado dos sanciones disciplinarias a un agente de Policía Nacional cercano a Vox llamado Alejandro León, más conocido como 'Jandro Lion', por pedir el voto para el partido de Santiago Abascal en un vídeo de YouTube y también por bromear con agredir a menores migrantes con una navaja. Las dos sentencias reprochan al agente que use su condición de policía en sus vídeos para emitir este tipo de mensajes y también que haya intentado asociar a la Policía Nacional con Vox apenas tres días antes de las elecciones generales de noviembre de 2019. En su canal de YouTube, tras la publicación de la noticia por parte de este periódico, ha anunciado que recurrirá ante el Tribunal Supremo.

Alejandro León, conocido en sus diversos perfiles de internet como 'Jandro Lion', es un policía nacional destinado en la localidad madrileña de Móstoles que desde hace años desarrolla una intensa actividad en varias redes sociales, sobre todo en su canal de YouTube. En su momento fue uno de los portavoces del sindicato policial Jusapol –ahora denominado Jupol y con el que ahora está enfrentado– nunca ha escondido sus simpatías por la ultraderecha de Vox o sus críticas contra el feminismo.

Varias de estas intervenciones y vídeos se han traducido en dos sanciones que acaba de confirmar la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Una de dos meses de suspensión por pedir veladamente el voto para Vox en las elecciones generales de 2019 y otra más de 20 días por bromear en un vídeo con agredir a menores extranjeros con una navaja que le regaló el sindicato Jupol, al que pertenecía entonces. El agente se disculpó posteriormente por estas segundas declaraciones realizadas cuchillo en mano.

El primer vídeo fue publicado tres días antes de las elecciones y en él este agente de Policía Nacional cargaba contra el Real Decreto aprobado por el Consejo de Ministros en materia de ciberseguridad una semana antes, afirmando en el título que España estaba sumida en una “dictadura socialista”.

Era al final del vídeo cuando este agente se refería a la campaña electoral y se abanicaba con el sobre con el que Vox remitía sus papeletas mientras decía: “Ay, qué clarito lo tengo, tronquis”. Para la Dirección General de la Policía, este gesto iba más allá de la libertad de expresión reconocida a los policías, vinculaba al cuerpo con un partido político concreto y, por tanto, constituye una falta grave y merece una sanción de dos meses sin placa.

El Tribunal Superior de Madrid acaba de avalar esta primera sanción. Una sentencia, todavía recurrible ante el Supremo, en la que los jueces de lo contencioso rechazan todos sus argumentos de defensa: ni existen errores formales en el procedimiento ni estaba realizando estas declaraciones a título personal. Los jueces tienen claro que Alejandro León utiliza su condición de agente de Policía Nacional en sus vídeos y que, en este caso, vinculó al cuerpo “con un determinado partido político”, el de la ultraderecha que comanda Santiago Abascal y que en esos comicios obtuvo 52 escaños y más de 3,6 millones de votos. 

“Se trata de una persona conocida, con un gran número de seguidores tanto en Youtube como en Twitter, y que se prevale de su condición de funcionario de policía y miembro de un sindicato para realizar estas manifestaciones”, dicen los jueces. Alejandro León, apodado 'Jandro Lion' en sus perfiles de internet, se presenta “como miembro del CNP, si no expresamente, ni con el uniforme de policía en los vídeos, sí utilizando símbolos, anagramas o logotipos relacionados con las Fuerzas de Seguridad”, añaden. Y tanto esta petición velada del voto para Vox como otros comentarios en Twitter usando los símbolos de la Policía y la Guardia Civil con el nombre del partido también vulneraron la neutralidad política exigible a un policía.

“Al margen de la crítica legítima que pudiera quedar amparada en la libertad de expresión, la solicitud de voto para Vox en un contexto de utilización de simbología de la institución policial resulta contraria a los principios de neutralidad e imparcialidad”, explica el TSJM. Las palabras de León, zanjan los jueces en esta primera sentencia, exceden su derecho a la libertad de expresión, más constreñido en el caso de estos funcionarios públicos: “Se vale del Cuerpo al que pertenece y vinculan a la Institución con un determinado partido político”, reprochan los jueces.

“Que se preparen los mena”

Una segunda sentencia dictada por la misma sección del Tribunal Superior madrileño apenas un día antes confirma una segunda sanción a este policía nacional por otro de sus episodios más polémicos, perpetrados también cuando formaba parte del sindicato Jusapol. En agosto de 2019, varios miembros de esta plataforma le regalaron una navaja con dedicatoria: “Para Jandro Lion, el mejor YouTuber jusapolero. Con cariño, Jusapol Ciudad Real”. En un vídeo, se puede ver cómo León recoge la navaja y entre risas comenta: “Que se preparen los 'mena', que los voy a dejar en el suelo” en alusión a atacar con una navaja a menores extranjeros que viven solos en nuestro país.

La supuesta criminalidad extendida entre estos menores es una de las banderas políticas –carente de datos que la avalen– de la ultraderecha, hasta el punto de que Vox lo utilizó como arma política en la campaña electoral madrileña de 2021 en uno de sus carteles. En el caso de Alejandro León, la Fiscalía de Delitos de Odio rechazó denunciarle teniendo en cuenta que él no difundió esas imágenes y que, además, se disculpó posteriormente, pero sí fue sancionado con 20 días de suspensión por una falta grave de “desconsideración con los ciudadanos”.

El Tribunal Superior de Madrid también acaba de confirmar esta segunda sanción en una sentencia igualmente recurrible ante el Tribunal Supremo. Los jueces nuevamente rechazan sus argumentos de defensa: que era un acto privado y él estaba fuera de servicio y que habló “sin ánimo de ofender a ninguna institución”. Los magistrados, sin embargo, entienden que sus expresiones “resultan indudablemente ofensivas y atentatorias a la honorabilidad y buen crédito de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, al banalizar, aunque pretenda hacerse de forma jocosa, sobre las agresiones a ciertos colectivos de personas”, más aún viniendo “de quienes son los funcionarios encargados de velar por nuestra seguridad”.

Sus palabras bromeando con la posibilidad de acuchillar a un menor extranjero son, para el Tribunal Superior de Madrid, “una desconsideración a los ciudadanos y un descrédito notorio al CNP”. Y no puede alegar que era un acto privado porque, en primer lugar, se le entregaba un premio como miembro del sindicato Jusapol, del que era portavoz en ese momento, y era “una persona conocida y con cierta repercusión social”, lo que multiplicó la difusión de los hechos. “Defender que se trata de un acto privado cuando es el propio recurrente el que fomenta su exposición pública es una contradicción”, reprochan.

En un vídeo hecho público en su canal de YouTube a lo largo de la mañana Alejandro León ha afirmado en primer lugar para desmentir esta noticia y después reconocer que no ha sido notificado por sus abogados y que recurrirá ante el Tribunal Supremo pero con una “nueva asesoría jurídica” y su “nuevo sindicato”. Ambas sentencias puedes consultarse en las bases públicas de jurisprudencia: la relativa al vídeo de la navaja en este enlace y la relativa al vídeo insinuando una petición para Vox en este otro enlace.

Los jueces recuerdan que no es la primera vez en que confirman una sanción a un agente de Policía Nacional por declaraciones hechas en público que van más allá de su derecho a la libertad de expresión, aunque no se hagan mientras están de servicio. En 2020, por ejemplo, el mismo tribunal confirmó una sanción de 15 días de suspensión a un policía que, tras una concentración de Jusapol en 2017 en Oviedo, difundió a otros policías a través de WhatsApp un audio en el que afirmaba que “hoy hemos conocido de primera mano las cloacas del Ministerio del Interior, que un DAO me ponga al teléfono para decirme que me vaya de allí, que nos esté el Jefe Superior vigilando, que nos estuvieron chantajeando toda la tarde, que nos estuvieron intentando sobornar”, entre otras cosas. En ese caso los jueces también entendieron que, aunque no estuviera de servicio, “se dirigió a otros compañeros por su condición de tales”.

Algo más de 200 miembros de la asociación de policías y guardias civiles Jusapol, venidos de diversas partes de España, se han concentrado esta mañana frente a una rotonda del barrio madrileño de La Piovera para reclamar la equiparación salarial con los cuerpos autonómicos, con apelaciones al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. El acto ha sido el principal de los anunciados por el colectivo con motivo de la cumbre de la OTAN, ocasión que quería aprovechar para “internacionalizar” el conflicto, con éxito relativo.

Aunque la asociación quería haberse manifestado más cerca del recinto de Ifema, donde se reúnen los mandatarios de la Alianza Atlántica, la Delegación del Gobierno los desplazó a 1,5 kilómetros del lugar, en una zona de amplias avenidas, propia de los ensanches madrileños, con tráfico fluido de vehículos, pero prácticamente desprovista de peatones que pudiesen interesarse por el conflicto salarial. Jusapol se ha desmarcado del resto de asociaciones policiales, que aparcaron las reclamaciones tras las últimas subidas acordadas por el Gobierno.

El acto se desarrolló pacíficamente y con la asistencia prevista, según Miguel Ángel Gómez, presidente de Jusapol, presente en el evento. Los agentes habían anunciado que pretendían sortear las restricciones impuestas estos días mediante concentraciones móviles de menos de 20 personas. A lo largo de la semana, sus cuentas en redes sociales han publicado vídeos en ese sentido, como al paso del coche del presidente de EEUU por una glorieta, o durante un breve intercambio con el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá. Las incursiones de esta mañana se han limitado a paseos en patinete eléctrico y moto compartida por las calles aledañas, portando estandartes de la asociación. La concentración en sí empezó a las 11.00 horas entre silbatos, cornetas, panderos y megafonía, con referencias a Grande-Marlaska al respecto de la percibida discriminación económica. “Responde, Marlaska, dónde está la pasta” y la variante “ministro Marlaska, suéltanos la pasta”, fueron las más repetidas.

Aunque a los actos de Jusapol acuden con regularidad políticos de las derechas más y menos extremas, Gómez insiste en que la asociación es “apolítica y apartidista”. En el acto de este jueves nadie portaba símbolos extremistas; lo más parecido a un distintivo político fue la figura del canario animado de la Warner Brothers, Piolín, que desde 2017 se viene asociando a la Policía porque su imagen venía estampada en el crucero que hospedó a los agentes desplazados a Catalunya con motivo del referéndum de independencia. Así, se veían varias camisetas que parecían asumir la denominación, con el personaje impreso enfadado y un mensaje acre: “Para insultarnos te sobra lengua, para ser como nosotros te faltan cojones”. En sentido opuesto, se oía reiteradamente desde un altavoz la siguiente aclaración: “No somos piolines, somos policías”. La referencia a los testículos se repitió en alguno de los cánticos de megafonía.

Como hacía buen día, la barra y la terraza de la cafetería situada justo detrás de los manifestantes se llenó en seguida. Muchos de los asistentes habían venido en autobús desde Asturias, Andalucía o la Comunitat Valenciana –algunos con las familias– y la reivindicación adquirió un tinte relativamente verbenero, petardos incluidos. Nada fuera de control, en todo caso, aunque pasado el mediodía hubo un cierto malentendido entre la decena de agentes del operativo que controlaban al grupo y los manifestantes que iban y venían con las motos, resuelta verbalmente a los pocos minutos. “Su trabajo está siendo exquisito”, dijo Gómez de los funcionarios de servicio. Aunque la concentración tenía permiso para extenderse hasta pasadas las 15.00 horas, el grupo fue adelgazando conforme se acercaba la hora de comer, y a las 13.45 horas el megáfono y los silbatos se habían apagado.

Las tres concentraciones que la plataforma Jusapol tiene previsto realizar con motivo de la cumbre de la OTAN para protestar contra el Gobierno porque no accede a una nueva subida de sueldo a policías y guardias civiles se celebrarán a 1,5 kilómetros de donde los agentes tenían previsto realizarlas en un principio, justo a las puertas del recinto ferial de Ifema, informan a elDiario.es fuentes policiales.

Aprovechando la cumbre de la OTAN, pero sin una reivindicación que tuviera que ver con la Alianza Atlántica, la plataforma policial comunicó a la Delegación del Gobierno tres protestas los días 28, 29 y 30 de junio en la Avenida Capital de España, a las puertas de Ifema. Las tres manifestaciones se han autorizado pero en la confluencia de la Avenida de de los Andes con la Avenida de Machupichu, un kilómetro y medio más allá de donde se reunirán los jefes de Gobierno de la OTAN.

Los motivos aducidos son las fuertes medidas de seguridad que se impondrán en la zona, en forma de anillos de acceso. El propio alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha advertido que los problemas de movilidad se extenderán a toda la capital de España durante la celebración del cónclave. Los policías adujeron como motivo de su protesta “la equiparación policial de todas las Policías de España”. Representantes de Jusapol y la Delegación del Gobierno han mantenido una reunión en la tarde de este miércoles.

Marcha motera y blanqueamiento dental

A estas tres concentraciones, donde Jusapol no prevé reunir a más de medio centenar de personas, les precederán otras dos. La principal, una marcha motera a la que también se ha cambiado el recorrido inicial, que pretendía finalizar ante el Ministerio del Interior. Se celebrará el día 25. Jusapol pretendía en un principio convocar a 3.000 asistentes, pero en las últimas horas han rebajado su capacidad de convocatoria a 200 y eso que la asociación ha intentado fomentar la asistencia con el regalo de una bolsa con “merchandaising” de la asociación y un tratamiento de blanqueamiento dental valorado en 300 euros.

Jupol, el sindicato policial mayoritario cuyo origen está en Jusapol, ha convocado otra manifestación el 27 de junio, tan solo 48 horas antes de que comience la cumbre de la OTAN, ante la sede de la Unidad de Intervención Policial (UIP) en Madrid para reclamar una nueva subida salarial para sus miembros y otras “mejoras sociolaborales”. Han comunicado que participarán unas 500 personas, añaden. La cumbre se celebrará el 29 y el 30 de junio, pero el despliegue de seguridad organizado por el Ministerio del Interior, en el que participarán los propios policías, arrancó a finales de mayo. 

Cuando se produzca la protesta ya estarán desplazados a la sede de la UIP en Madrid, en la calle Tacona, la mayoría de los 34 grupos de la UIP –unos 1.500 agentes– que participarán en el gran dispositivo policial con motivo de la cumbre de la OTAN.

“Asociación profesional que nace con el único interés de lograr una #EquiparaciónYa [salarial], y pelear por todos los derechos sociolaborales de todos los guardias civiles”. Esta es la carta de presentación de Jucil, la asociación de guardias civiles que nació de la plataforma Jusapol. A esos objetivos se ha sumado ahora acabar con la inmersión lingüística en Catalunya.

Jucil ha sido la primera entidad en pedir al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que ejecute en todas las escuelas la sentencia que impone impartir el 25% de las materias en lengua castellana. Lo ha hecho de la mano de las asociaciones Convivencia Cívica Catalana –que pidió retirar la pancarta de la Generalitat en favor de los presos del procés– y Hablamos Español –promotora de la denuncia archivada contra TV3 y el mago que dijo hablar castellano para parecer “más malo”–.

La portavoz de Jucil en Catalunya, Mila Cívico, explica que la petición al TSJC se centra en los agentes destinados en Catalunya –unos 2.500– y se basa en “el derecho de conciliación familiar” de los uniformados. La presencia mayoritaria del catalán en las aulas, expone Cívico, es uno de los “principales problemas” con los que se encuentran los guardias civiles cuando llegan desde otras autonomías a Catalunya, una comunidad tradicionalmente de tránsito para los agentes. “Si el español se introdujera como lengua vehicular no sería tan problema, aunque las familias se encontrarían con el catalán igual en otra asignaturas”, asevera.

Según Cívico, muchos agentes se enfrentan a la disyuntiva de no trasladarse a Catalunya con su hijos o bien mudarse con ellos a la comunidad y correr el riesgo de que los menores sufran más “fracaso escolar” y sean “estigmatizados” por no hablar catalán.

Preguntada por cuántos casos de estigmatización o acoso escolar a menores por razón de la lengua han denunciado en Catalunya, Cívico responde que no los ponen en conocimiento de las autoridades “porque no sirve de nada” y la Generalitat “echa balones fuera”. “Es perder el tiempo, si es contra nosotros aguantamos lo que sea, pero con nuestros hijos no tenemos ganas de historias”, agrega. Las dos únicas denuncias por discriminación en la escuela a hijos de guardias civiles que llegaron a los juzgados tras la tensión del referéndum de 2017 fueron archivadas al no hallarse indicios de delito alguno por parte de los docentes.

A diferencia de la Abogacía del Estado, que ha decidido no pedir por ahora que se ejecute ya la sentencia, antes de estudiar su petición sobre el 25% el TSJC deberá decidir si Jucil y el resto de entidades que han reclamado aplicar el fallo tienen legitimación para solicitarlo. Cívico lamenta el criterio de la Abogacía del Estado: “Es otra más por parte del Gobierno central, que por sus motivos da ciertas concesiones a la Generalitat y pasa del resto”.

Jucil, que cuenta con unos 400 afiliados en Catalunya, ha argumentado ante el tribunal que cuando los agentes son destinados en la comunidad no disponen de centros escolares donde educar a sus hijos con una “garantía” de un mínimo de clases en castellano. Otras entidades como la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) se aferran a sus 1.643 socios que, en su calidad de padres, madres, tutores o alumnos mayores de edad que forman parte del sistema educativo catalán se consideran perjudicados por el incumplimiento de la sentencia.

Antes de valorar los argumentos de los contrarios a la inmersión, el TSJC deberá decidir si el Govern ya ha dado cumplimiento a la sentencia con el plan que le ha presentado. Según el Govern, la propuesta de modificación de la ley de Política Lingüística que registraron ERC, PSC, Junts y los comuns; el nuevo decreto lingüístico que prepara la conselleria de Educación; y una encuesta sobre la realidad sociolingüística de los centros catalanes encargada a la Universitat de Barcelona (UB) garantizan el cumplimiento de la sentencia sin tener que fijar de forma concreta un 25% de castellano en clase.

La Generalitat ha aportado datos a la Justicia que muestran el retroceso de la lengua catalana en las aulas: si el 68% de alumnos usaba siempre o casi siempre el catalán en clase en 2006, ahora es el 21,4%. Los datos de la Generalitat identifican la causa del fracaso educativo no tanto en el idioma sino en la renta familiar –a menor riqueza, más abandono escolar– y muestran que al terminar la ESO los alumnos terminan con un nivel similar de catalán y castellano.

La asociación de guardias civiles, que se declara “apolítica” y “apartidista”, añade la enseñanza en castellano en Catalunya a sus campañas de los últimos meses. La asociación ha liderado activamente una protesta contra el Gobierno que concentró en la calle a todos los partidos de la derecha parlamentaria alegando que las enmiendas de PSOE y Unidas Podemos cambiaba la Ley de Seguridad Ciudadana en unos términos que no aparecían en el texto presentado en el Congreso por las dos formaciones citadas. En la huelga de transportistas, la asociación ha criticado las órdenes para actuar contra los sabotajes en la carretera.

Fuera de la demanda por el 25%, la única actuación judicial hasta ahora de Jucil en Catalunya se saldó con un éxito. El TSJC dio a la razón a Jucil y sentenció que el Govern discriminó a guardias civiles y policías nacionales en la campaña de vacunación contra la COVID-19. La asociación logró que la Generalitat admitiera que en la primera fase de la campaña de vacunación había vacunado alrededor de un 70% de mossos d'esquadra, frente a menos de un 4% de policías nacionales y menos de un 10% de guardias civiles.

En paralelo a las iniciativas judiciales, uno de los objetivos de Jucil es lograr que Catalunya sea declarada “zona de especial singularidad”, que supondría un plus económico y ayudas sociales. La reivindicación, nacida al calor del otoño soberanista de 2017, asegura que en la comunidad se vive un “clima de ataque, acoso y odio contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”. Fue en ese mismo contexto en el que Jucil sí logró la equiparación salarial de los policías nacionales y guardias civiles con los miembros de las policías autonómicas, implantado durante el Gobierno del PP y que terminó de ejecutar el actual Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos.

Los sindicatos policiales que realizaron la manifestación del sábado contra la reforma de la ley mordaza en Madrid afirmaron después que la protesta “no tenía precedentes”. Tenían toda la razón. No hay precedentes de que policías y guardias civiles se hayan manifestado por motivos políticos en España contra el Gobierno y el Congreso o en contra del resultado de las elecciones.

Las rebeliones policiales se producen a veces en países latinoamericanos con funestas consecuencias –la última fue en Bolivia–, pero no en Europa. Ahora los sindicatos que cuentan con el mayor apoyo de los agentes han decidido convertirse en una suerte de lobby policial para insertarse en las filas de la derecha en la pelea contra el Gobierno de coalición. Son las fuerzas de seguridad del Estado, pero la última palabra ha quedado colgando del nombre con un asterisco.

Para dar a la marcha un aire aún más de antisistema, personas con símbolos del sindicato Jusapol encendieron bengalas de humo verde en la cabecera de la manifestación cuando pasaban frente al Congreso de los Diputados. “Aquí es donde se nos tiene que escuchar más fuerte”, decía la megafonía del vehículo que abría camino. Se daba la paradoja de que la policía actúa con frecuencia contra los que las encienden en la calle –suele ser indicativo de que algo chungo va a ocurrir–, pero esta vez eran policías los que las prendían.

También lo hicieron en un momento que se suponía más solemne, cuando la marcha se paró para hacer una ofrenda de flores en el monumento a los caídos por España en el Paseo del Prado. Las bengalas, instrumento favorito de los hooligans en el fútbol, no pegaban mucho con ese lugar. No es habitual que los jefes de Estado que visitan España se planten ante la llama permanente con un artefacto pirotécnico. Pero allí estaban los encargados de poner algo de humo en la cita, junto a los que colocaron las flores en la valla que rodea el recinto. Era el día de pasarse de rosca.

El tipo de la megafonía se empleaba a fondo y caía en los inevitables momentos surrealistas. “No vamos a permitir la politización de las fuerzas de seguridad”, gritaba a pleno pulmón y sin ser consciente del sarcasmo. Un par de filas detrás de la cabecera, es decir, en una posición privilegiada, circulaba la plana mayor de Vox encabezada por Santiago Abascal y recibiendo aplausos de los asistentes. Jusapol y sus dos marcas en las elecciones sindicales de Policía y Guardia Civil, Jupol y Jucil, han suscrito el espíritu y la letra de las andanadas de la extrema derecha contra el Gobierno.

Vox circulaba en territorio amigo. Es el Partido Popular el que ofrece últimamente los momentos pintorescos. Isabel Díaz Ayuso salió a la Puerta del Sol para hacer unas declaraciones y se volvió dentro de inmediato, no fuera que tuviera que verse con Pablo Casado. Habló de oponerse a “una minoría resentida”, palabras que habrá que recordar si se aprueba la reforma de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana con una mayoría absoluta de 188 votos, como ha ocurrido con los presupuestos. En la manifestación se quedó Martínez-Almeida, que ya debe de estar habituado a comerse los marrones de su partido.

En esos momentos el coche de Casado iba quemando goma desde León para llegar a tiempo, conducido por algún fan de Max Verstappen, y levantando el pie del acelerador a la altura de los radares. Al líder del PP le dio tiempo a llegar al final de la manifestación –que alguien entregue un bonus de Navidad al conductor–, justo cuando se estaba leyendo el comunicado. No se encontró a Díaz Ayuso con lo que la jornada no acabó de forma embarazosa para él.

Ha habido en años anteriores protestas de policías por motivos salariales o por falta de equipamiento, lo que es lógico. En este caso, era imposible, porque el salario de las Fuerzas de Seguridad del Estado ha subido de media un 21% en los últimos tres años para igualarlos con los sueldos de la Ertzaintza y los Mossos. Además, se han incrementado las plantillas, 5.000 más para la Policía Nacional y 8.000 para la Guardia Civil. Ninguna otra profesión entre los funcionarios del Estado ha disfrutado de tales ventajas.

Deberían estar contentos, casi entusiasmados, pero los partidos que apoyan al Gobierno han cometido el pecado de querer reformar la llamada ley mordaza. Esa es la ley que se aprobó con los votos del PP en 2015 para castigar las manifestaciones por la crisis económica e intentar disuadir las protestas en la calle con multas de al menos 600 euros. También se quiso evitar que los ciudadanos pudieran sacar fotos de las cargas policiales en los momentos más violentos.

El comunicado final de la manifestación residía en un mundo paralelo en el que la reforma aprueba cosas que en realidad no aprueba y prohíbe cosas que en realidad no prohíbe. Es lo que en estos tiempos se llama una campaña de desinformación. “Esta ley favorece al delincuente”, dijo el periodista que leyó el texto. Por si es necesario recordarlo, el Código Penal continúa siendo el mismo.

“La intimidad de un policía no se toca”. La intimidad no tiene mucho que ver con sacar imágenes en la vía pública y los policías no pueden contar con derechos por encima del resto de los ciudadanos. La reforma se limita a incluir lo que dictó el Tribunal Constitucional en una sentencia en noviembre de 2020, porque en realidad ni siquiera estaba formalmente prohibido en la ley del PP. Las manifestaciones “sin comunicación previa provocarán altercados”, decía el manifiesto. En ese caso, la policía actuará como siempre lo ha hecho, sacando las porras, cosa que también sucederá con la nueva ley.

La reforma de la ley mordaza plantea que la exposición de los hechos que aparecen en los atestados policiales debe ser “coherente, lógica y razonable”. Los sindicatos alegan que eso supone atacar la presunción de veracidad de los agentes. Igual es que no les creen capaces de escribir de forma coherente y lógica.

Al término de la manifestación, algunos agentes lanzaron pelotas de ping pong, porque, según sostienen, ya no podrán emplear pelotas de goma. No está previsto que la nueva ley las prohíba. En cualquier caso, dan a entender que quedarán indefensos, que es una situación en la que pocas veces se ha visto a los antidisturbios cuando se deciden a cargar.

El manifiesto fue en realidad más moderado que el tono de las declaraciones recientes de los sindicatos policiales sobre lo que pasará si el Congreso aprueba el proyecto de ley. Son casi indistinguibles de un comunicado de Vox. “El caos”. “El triunfo de la anarquía”. “Un auténtico infierno”. Son las cosas que se han escuchado en los últimos días.

No sería un drama si las personas que creen esto no portaran armas de fuego para llevar a cabo su trabajo de funcionarios.

Los líderes del Partido Popular y Vox participarán este sábado en la manifestación que los sindicatos de la Policía y las asociaciones de la Guardia Civil han convocado en Madrid para protestar contra los cambios en la Ley de Seguridad Ciudadana que promueven los grupos parlamentarios de los dos partidos del Gobierno, PSOE y Unidas Podemos. Los agentes se quejan de que no han sido consultados y de que “se pone en peligro” su seguridad y la de sus familias. En sus críticas a las enmiendas hay omisiones a la totalidad del texto pactado, contradicciones respecto a su literalidad y algunas objeciones ideológicas, como cuando protestan porque el DNI vaya a escribirse en lenguas cooficiales.

Jupol ha resumido las principales reivindicaciones de los policías y guardias civiles en un decálogo que toma como referencia el texto pactado con las enmiendas a la proposición de ley presentada por el PNV. Jupol es el sindicato cuyo origen está en la plataforma Jusapol y que barrió en las primeras elecciones sindicales a las que se presentó con la exigencia de nuevas subidas salariales en el Cuerpo, tras la de 400 euros de media mensual que aprobó el último Gobierno de Rajoy e implantó el actual Ejecutivo. Otras asociaciones y sindicatos se concentran este miércoles frente a las delegaciones del Gobierno. Todas las organizaciones respaldan ambas convocatorias.

Policías con presunción de veracidad

Jupol dice: “El atestado policial perderá presunción de veracidad si los hechos en ella consignados no resulten coherentes lógicos y razonables, salvo prueba en contrario”. Los sindicatos policiales están aludiendo continuamente a los conceptos “delincuente” y “delito”, de los que no se ocupa la Ley de Seguridad Ciudadana, destinada a las infracciones administrativas que no alcanzan el rango de delito y que se solventan con multas. En consecuencia, la propuesta de reforma no afectará a los atestados sino a las “actas”, como recoge el texto de PSOE y Unidas Podemos. En realidad, el texto pactado por ambas fuerzas políticas recoge realmente lo siguiente: “El acta que se extienda gozará de presunción de veracidad de los hechos en ella consignados, siempre que resulte coherente, lógica y razonable, salvo prueba en contrario”.

Pablo Pérez es el portavoz nacional de Jupol. En declaraciones a elDiario.es asegura: “Todo lo que hacemos es lógico y razonable. No nos inventamos nada. Están volviendo a poner en duda la palabra de un agente y todo lo que hemos hecho hasta ahora, que es en base a la ley”.

Grabaciones de las actuaciones policiales

Jupol dice en su decálogo sobre los cambios que quieren introducir el Gobierno y sus socios: “Grabaciones a los Policías. La mera toma de imágenes en lugares de tránsito público y manifestaciones, o su mera difusión, no constituirá infracción”.

La enmienda pactada precisa: “No constituirá infracción la mera toma de imágenes en lugares de tránsito público y manifestaciones, o su mera difusión. No obstante, se considerará infracción grave el uso de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad cuando genere un peligro cierto a su seguridad personal o familiar o la de las instalaciones protegidas o ponga en riesgo el éxito de una operación. La situación de peligro o riesgo cierto generada, deberá reflejarse en el acta o en la denuncia con el mayor detalle que sea posible”.

Con la llegada de los teléfonos móviles con cámara son habituales las grabaciones que denuncian excesos policiales en la calle, principalmente en manifestaciones. Un tribunal ha absuelto recientemente al fotoperiodista de 'El País' sobre el que un policía se inventó una agresión. Otro fallo en Barcelona detalla cómo se acusó a un joven por una patada denunciada por los Mossos a que nunca se produjo. La condena al ex diputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez con el simple testimonio de un policía que apenas ofreció detalles también ha sido objeto de polémica. 

El portavoz de Jupol se queja de que esas grabaciones “siempre muestran al compañero levantando la defensa [la porra], pero no lo que ha ocurrido antes”. La solución estaría, según dice, en que la Dirección General de la Policía dote a los agentes de cámaras en el pecho que graben toda la secuencia, como ellos vienen reclamando. Con la eliminación de que puedan identificar a quienes vean grabando a policías desaparece la posiblidad de localizar a los que luego utilizan presuntamente esas imágenes en grupos organizados de “violentos”, no ya solo en redes sociales sino en grupos de mensajería instantánea como whatsapp, añade Pérez. 

El Tribunal Constitucional estableció hace exactamente un año que este artículo de la Ley de Seguridad Ciudadana que castiga grabar a agentes no cumple con la Carta Magna. Al prohibir el uso “no autorizado” de imágenes o datos que, por ejemplo, pongan en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes no se está respetando el “derecho fundamental a la información”, estableció el Constitucional.

Comunicar las manifestaciones

Jupol dice también en su decálogo para justificar las protestas: “Las manifestaciones de carácter espontáneo no tendrán que ser comunicadas previamente”. Y la enmienda de PSOE y UP recoge: “La carencia del trámite previo de comunicación, aun pudiendo considerarse infracción leve, no será motivo para impedir el ejercicio de las libertades de reunión y manifestación”.

Las quejas sindicales en este ámbito se refieren a que la no necesidad de comunicar una manifestación impediría planificar un dispositivo, fomentaría los altercados y eso repercutiría en la integridad de los agentes. Los impulsores de la reforma han pensado en las expresiones espontáneas de la ciudadanía y en el derecho fundamental de manifestación, aunque imponen límites severos si se produce cualquier altercado. 

“Las medidas de intervención para el mantenimiento o el restablecimiento de la seguridad ciudadana en reuniones y manifestaciones se guiarán en todo momento por un enfoque de derechos humanos y serán graduales y proporcionadas a las circunstancias. La disolución de reuniones y manifestaciones constituirá el último recurso”, propone la enmienda. 

Uso de material antidisturbios

Jupol se posiciona en contra de que en lo relativo al “material antidisturbios se utilice siempre el medio menos lesivo evitando que causen lesiones irreparables”. Las enmiendas de PSOE y Unidas Podemos recogen: “Las autoridades competentes deberán desarrollar protocolos específicos, de acuerdo con los estándares internacionales, sobre el uso de la fuerza y la utilización de material antidisturbios, en orden a utilizar siempre los medios menos lesivos para las personas y evitando aquellos que causen lesiones irreparables”.

Los sindicatos policiales consideran que hay enfrentamientos con manifestantes que solo se pueden acometer con pelotas de goma, pese a las graves lesiones que ha producido su uso en algunos ciudadanos, como la pérdida de un ojo, o incluso la muerte, en el caso del seguidor del Athletic de Bilbao Iñigo Cavacas. Los Mossos d’Esquadra han sustituido las pelotas de goma por otro material, el 'foam', menos dañino, pero policías y guardias civiles aseguran que sus compañeros de la Policía autonómica lo consideran inoperante –pese a que también ha causado lesiones–.

La tenencia de drogas

Pasa de infracción grave a leve estar en posesión de sustancias estupefacientes para uso personal. Hasta ahora, la incautación de una pequeña cantidad de droga suponía una propuesta de sanción que solía quedarse en el tramo más leve de los tres posibles de una falta grave, esto es, una sanción de 601 euros, aunque la ley contempla multas de hasta 30.000 euros para este tipo de infracción. Con el cambio a leve –Unidas Podemos quería que la simple tenencia no fuera sancionable–, la multa máxima es de 600 euros, aunque con la lógica aplicada hasta ahora debería aplicarse el tramo menor, de 100 euros. Los sindicatos policiales consideran que esta rebaja en la multa fomentará el tráfico de drogas. 

Multas según el poder adquisitivo

“Se tendrá en cuenta la situación económica del responsable, atendiendo a sus circunstancias personales, familiares y sociales”, dice la enmienda para el artículo 53.bis. Y añade: “Si realizada esta ponderación se concluyese que la sanción que corresponda no guarda proporción con la situación económica del responsable, se procederá de la manera establecida en los números siguientes, se fraccionará el pago de la cuantía de la multa en la forma y con el límite temporal que se estimen adecuados, siempre dentro del plazo previsto para la prescripción de la sanción o sanciones impuestas”.

Para el portavoz de Jupol se trata de algo “surrealista”. “¿A quién le cabe en la cabeza que cada uno pagara distinto por una misma multa de tráfico? Los grupos violentos pueden utilizar a individuos con poco poder adquisitivo como punta de lanza”, pronostica Pablo Pérez. 

Dos horas máximo detenido para poder ser identificado

Los sindicatos denuncian que el plazo en comisaría únicamente a efectos de identificación, a donde se habrá conducido a una persona por no llevar la documentación encima o por negarse a entregarla, se reducirá de seis horas a dos. En realidad, la enmienda incluye la posibilidad de que, “excepcionalmente y por razones justificadas, verificables y comunicadas a la persona afectada, se podrá prorrogar hasta un máximo de seis horas”.

Un mando de la Policía Nacional que no se identificaba declaró a 'Abc' que esto abre la puerta a que todos los alborotadores de las manifestaciones irán indocumentados“. Se entiende que a los alborotadores que han cometido una simple infracción administrativa y no están acusados de un delito, como el de atentado a la autoridad. También se refería este mando a los jóvenes de botellón que, según él, preferirán ser conducidos a comisaría y pasar detenidos dos horas a identificarse para la propuesta de sanción.

Devolver a los identificados a la localidad donde fueron identificados

Distintos testimonios de responsables policiales que justifican estos días las protestas en los medios de comunicación alertan de que se va a convertir a los policías en una suerte de “taxistas de delincuentes”. En realidad, la enmienda especifica que solo se actuará así en el caso de que la persona trasladada a dependencias policiales para su identificación cuando ésta se encuentre “en localidad distinta a la del requerimiento del acompañamiento, y siempre que el traslado no afecte gravemente al funcionamiento efectivo de los servicios”.

Cacheos y desnudos

Jupol critica que “no se dejará a la vista la totalidad del cuerpo” en los cacheos y advierte del riesgo de inoperancia y dificultades para la realización del trabajo de los agentes con los cambios que se pretenden introducir.  La enmienda de los grupos que apoyan al Gobierno establece que “fuera de dependencias policiales sólo podrá practicarse diligencias de registro corporal, que exija dejar a la vista partes del cuerpo normalmente cubiertas por ropa cuando exista una situación de urgencia por riesgo grave e inminente para los agentes o la ciudadanía. No se dejará a la vista la totalidad del cuerpo, ni tampoco de manera sucesiva cada una de sus partes, con el máximo respeto a la identidad sexual procurando hacerlo siempre en lugar reservado y fuera de la vista de terceros. Se dejará constancia escrita de esta diligencia, causas e identidad del agente que la adoptó” .

DNI en lenguas cooficiales

Figura en el último punto del decálogo para justificar la marcha contra el Gobierno. La enmienda prevé que en el diseño del documento de identidad “se incorporen las diversas lenguas cooficiales del lugar de residencia del solicitante en los diferentes territorios”. El portavoz de Jupol reconoce que este cambio no afecta a la seguridad de los policías ni sus familias.

El marcaje entre Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso es total. Pese a escenificar actos de unidad con periodicidad mensual, los recelos entre Génova 13 y la Puerta del Sol no menguan y exceden ya el ámbito interno. La competición ha llegado a uno de los tótems electorales de la derecha: la seguridad y el respaldo a policías y guardias civiles. Un asunto en el que el PP ha perdido su hegemonía en los últimos años a favor de Vox, que ha tejido importantes complicidades con sindicatos como Jupol, mayoritario en la Policía Nacional y que ha protagonizado manifestaciones frente al Congreso donde rompieron el propio cordón policial y lanzaron bengalas.

Esta vez ha sido la presidenta madrileña la que ha ganado por la mano a su jefe de filas con una defensa cerrada de la ley mordaza, que el Gobierno prevé derogar en parte, y de los agentes de la autoridad. Ayuso se reunió el pasado viernes en la sede del Gobierno regional con una decena larga de sindicatos de la Policía Nacional y asociaciones de guardias civiles. No faltaba casi ninguno, desde el mencionado Jupol a su hermano en la Benemérita, Justicia para la Guardia Civil (Jucil); el Sindicato Unificado de Policías (SUP); la Unión Federal de Policía de Madrid; el Sindicato Profesional de Policía (SPP); la delegación de Madrid de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC); Independientes Guardia Civil; la delegación madrileña de Asociación Española de Guardia Civil; la Asociación de Cabos de la Guardia Civil (APC); la Unión Oficiales de la Guardia Civil; el Sindicato de Policía Nacional CEP; y la Asociación de Suboficiales de la Guardia Civil. 

La reunión no estaba convocada por el Gobierno regional, o al menos no figuraba en las previsiones que envía diariamente la Dirección General de Medios de Ayuso. Fuentes del Gobierno autonómico aseguran a elDiario.es que la cita se cerró “a última hora del jueves” y que toda la gestión fue realizada por el gabinete de la propia Ayuso, pese a que las competencias son de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior que dirige Enrique López, quien también asistió al encuentro, celebrado en la sede del Ejecutivo en la Puerta del Sol, informa Fátima Caballero. El Gobierno regional envió un comunicado que fue luego replicado por las agencias.

La presidenta autonómica se volvió a enfundar el traje de líder estatal, tal y como le recomendó José María Aznar, y fue la primera dirigente del partido en anunciar que va a secundar las manifestaciones que han convocado las mismas asociaciones para finales de noviembre contra la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana que tramita el Gobierno.

Una protesta que no se había pactado, ni comunicado formalmente, hasta este lunes. El mismo día en el que Pablo Casado planteó ante el Comité de Dirección del PP su apuesta por sumarse a la marcha. El presidente del partido anunció a su ejecutiva que se iba a reunir con las asociaciones convocantes este martes en el Congreso.

Fuentes de la dirección aseguran a elDiario.es que la cita de su presidente con los representantes de policías y guardias civiles llevaba “días preparándose” y restan importancia a los movimientos de Ayuso, que circunscriben al “ámbito regional” y al mismo nivel que otros líderes regionales que también secundarán las protestas. 

Revertir la derogación de la ley mordaza

La portavoz parlamentaria del PP, Cuca Gamarra, también ha acudido este martes a la reunión con las asociaciones y sindicatos policiales. En una rueda de prensa posterior a la cita, Gamarra ha asegurado que con la derogación parcial de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ley mordaza, “el Gobierno aboga por la impunidad” porque “se desprotege a los ciudadanos, desprotegiendo además a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado”.

La reforma, que se tramita en el Congreso a iniciativa de PSOE y Unidas Podemos, plantea una reducción de las multas económicas y del tiempo de detención, pero queda lejos de los planteamientos de ambos partidos cuando estaban en la oposición. Entonces, prometieron una derogación total de una norma impulsada por el PP de Mariano Rajoy. Las dos formaciones han consensuado un mecanismo de ponderación para determinar el coste de las multas por el que, si los sancionados cobran un salario que suponga entre 1,5 y 2,5 veces el SMI, se reducirá la cantidad a abonar.

El PSOE y Unidas Podemos también han planteado eliminar la sanción por fotografiar o difundir imágenes de agentes, aunque sí se mantiene la infracción si el uso de esas fotografías o vídeos afecta a la intimidad de los policías y guardias civiles o pone en riesgo “el éxito de una operación”. Un aspecto que el Tribunal Constitucional ya limitó en una sentencia de 2020 al considerar que la redacción de la norma suponía “censura previa”. En la proposición que se debate en el Congreso se mantiene la infracción si el uso de esas fotografías o vídeos afecta a la intimidad de los policías y guardias civiles o pone en riesgo “el éxito de una operación”.

“Se arman políticamente para la vuelta a la oposición y calentar las calles cuando allí los vuelvan a situar los ciudadanos, buscando la impunidad”, ha dicho Gamarra. Inmediatamente, la dirigente del PP ha anunciado que su partido se sumará a las movilizaciones convocadas por policías y guardias civiles para los días 24 y 27 de este mismo mes.

Jupol, el sindicato alineado con Vox

Las movilizaciones de los agentes han sido algo habitual en los últimos años, especialmente desde la aparición de Jusapol –ahora denominado Jupol–, un sindicato que ha experimentado un fuerte crecimiento en las elecciones en la Policía Nacional gracias a su reclamación de la equiparación salarial con policías autonómicas. En las últimas elecciones sindicales fue la opción más votada.

Jusapol y sus miembros han protagonizado algunas polémicas, como la de Alejandro León, quien aparecía en un vídeo difundido en redes sociales con una navaja en la mano y diciendo, mientras reía, “que se preparen los MENA”. El sindicato también ha tenido muchos problemas internos, con el cese de su líder y la creación de una gestora por la gestión económica de la organización.

León difundía también habitualmente los apoyos que recibían de Vox. El partido de ultraderecha ha logrado introducirse en estos ambientes que hasta ahora eran casi un monopolio para el PP, compartido después con Ciudadanos. Los tres partidos han competido en los últimos años por capitalizar las protestas de policías y guardias civiles. Muchas de estas manifestaciones se han celebrado frente al Congreso, donde los agentes de paisano llegaron a ignorar a sus propios compañeros rompiendo el cordón policial.

Pese a ello, recibieron el aplauso y el cariño de PP, Vox y Ciudadanos. Lo mismo ocurrió meses después, cuando se celebró otra manifestación en la Carrera de San Jerónimo, donde fueron recibidos por la plana mayor de Vox.

Eso fue en septiembre de 2020. En mayo, un grupo de Jusapol se manifestó frente a la casa del exvicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, y la ministra de Igualdad, Irene Montero. Fue la primera de una serie de protestas que derivaron en un acoso continuo a los dos dirigentes de Podemos y que concluyeron con la salida de Iglesias del Gobierno. Entre los convocantes habituales de aquellas protestas en Galapagar (Madrid) había afiliados y dirigentes de Vox en la localidad.

En 2017 fueron también supuestos miembros de Jusapol quienes se citaron a través de WhatsApp para protestar en Zaragoza contra la Asamblea organizada por Unidas Podemos a favor del diálogo político en Catalunya, y que fue rodeada por manifestantes ultras durante horas, reteniendo en el recinto a diputados y cargos institucionales autonómicos.

La defensa política de la “seguridad” basada en los medios policiales ha sido una constante para el PP. Un espacio en el que siempre se ha movido con comodidad al tener la hegemonía discursiva en el arco político. Ahora, tienen que competir con Vox, con una posición mucho más dura. Por si no fuera suficiente para Casado, también Ayuso trata de situarse a su nivel, en otra escaramuza dentro de la batalla por el control del PP de Madrid.

Cinco años de prisión por “golpear con un palo” el antebrazo derecho de un antidisturbios de los Mossos d'Esquadra durante una protesta contra Jusapol en 2018. Esta es la pena que la Audiencia de Barcelona ha impuesto al activista independentista Marcel Vivet, tres meses más que la petición de cárcel realizada durante el juicio por la Genealitat de Catalunya, que ejerció la acusación particular. Ha bastado la palabra del mosso agredido, que el tribunal considera “suficiente” para fundar la condena al “no presentar indicios de falsedad”.

Reconoce el tribunal que “no constan imágenes” del golpe concreto, pues el fotograma clave para las acusaciones “no es concluyente”. Sin embargo considera creíble la declaración del mosso lesionado, quien explicó que “memorizó” la cara y vestimenta de Vivet durante la protesta y luego “localizó” al joven en una red social, para después comparar la cara de su perfil en redes sociales con las imágenes captadas por los Mossos de la protesta. En el juicio el agente se reafirmó en señalar a Vivet como la persona que le golpeó con un palo, extremo que el tribunal ve probado ya que en los vídeos anteriores a la agresión de la protesta se ve a Vivet “blandiendo” el palo.

En cambio los jueces no dan credibilidad a la tesis de defensa de Vivet, quien negó haber golpeado al agente y alegó que solo permaneció 15 minutos en la protesta. “Poco o nada importa el tiempo que estuvo”, zanjan los magistrados de la sección 21 de la Audiencia de Barcelona, para quienes Vivet mantuvo en todo momento “una actitud retadora y desafiante”. Junto al resto de independentistas que protestaban contra la marcha del sindicato policial, Vivet “rompió las costuras de los derechos fundamentales de reunión y manifestación”, apostillan los togados.

No precisan los magistrados en el relato de hechos probados cuántos golpes propinó Vivet al mosso. La sentencia se limita a señalar que el joven formaba parte de un grupo de manifestantes que lanzó polvos de colores y pintura contra los agentes, acción descrita como una “técnica de guerrilla urbana” para impedir la actuación de los agentes. Aprovechando esta situación –“sensación de impunidad”, en palabras del tribunal– Vivet “golpeó con un palo” al agente. El joven deberá indemnizar al mosso con 1.511,92 euros por las contusiones que sufrió, que le obligaron a estar de baja durante 24 días.

El juicio contra Vivet era la primera ocasión para comprobar si la Generalitat cumpliría con lo anunciado en noviembre por el entonces conseller de Interior, Miquel Sàmper, y dejaría de acusar por atentado a la autoridad o desobediencia en causas por disturbios, limitando a un delito de lesiones su acción penal si hay mossos d'esquadra heridos. El anuncio se produjo después de las polémicas por las penas de prisión a manifestantes independentistas que pedía el Govern, desveladas por este diario. No fue así y, al final de la vista, el abogado de la Generalitat, que ejerce la acusación particular en representación del mosso herido, elevó a definitiva su petición inicial de condena de cuatro años y nueve meses de cárcel por desórdenes públicos, atentado a la autoridad y lesiones.

Por los mismos delitos acusaba la Fiscalía, que solicitaba cinco años y medio de prisión en línea con las altas penas solicitadas por el Ministerio Público en los casos de altercados relacionados con el procés, y que en ocasiones han llevado a los jóvenes acusados a pactar penas más bajas a cambio de no tener que entrar en prisión. En el caso de Vivet no fue así y ahora el joven se expone a tener que pisar un centro penitenciario, aunque la sentencia todavía es recurrible ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) y después ante el Tribunal Supremo.

El sindicato mayoritario en la Policía, Jupol, está dirigido por una gestora desde principios de mayo y celebrará una asamblea extraordinaria la próxima semana. Cinco de los miembros de su Junta Ejecutiva Nacional han decidido cesar al sexto integrante, el secretario general y máximo responsable del sindicato, José María García. Los excolaboradores de García denuncian el golpe de mano que iba a dar con el fin de crear una ejecutiva afín como colofón a un conjunto de decisiones que definen como “autoritarias”. La gota que colmó el vaso fue el hallazgo de unos gastos de García por valor superior a 700 euros que la Junta Ejecutiva considera injustificados.

El afán personalista que denuncian los compañeros de García en la ejecutiva de Jupol les llevó a proponer una nueva Junta con tres secretarías generales nuevas que conformasen un número de puestos impar y acabar así con el voto de calidad del secretario general. La reacción de García fue cesar al secretario de Organización, Aarón Rivero, su principal opositor, y crear cuatro secretarías en lugar de tres, que ocuparían afines al secretario general.

Los cinco miembros de la ejecutiva que votaron el cese de García difundieron un comunicado el pasado 12 de mayo entre los 26.000 afiliados a Jupol en el que anunciaban la creación de una “comisión transitoria” y la convocatoria de una asamblea extraordinaria para el próximo 2 de junio. A la misma están llamados los representantes de 52 comités, que se pronunciarán sobre la destitución del secretario general. Fuentes del sindicato cifran en alrededor de 16 los comités que siguen apoyando a Chema García. En el caso de que la mayoría le repruebe se convocarán elecciones para la elección de una nueva Junta Ejecutiva Nacional.

La decisión de la mayoría de la Junta se ha encontrado con una notificación del presidente del Comité de Garantías, Derechos y Finanzas para que se restituya inmediatamente en el puesto a García, se le devuelvan las llaves del vehículo sindical que utilizaba y el acceso a las cuentas bancarias de Jupol. Estos hechos han motivado escenas de tensión y enfrentamiento en el sindicato, según las fuentes consultadas, que incluyen el cambio de cerraduras en los despachos de la sede. 

En la decisión de los opositores ha pesado la situación originada por la sanción impuesta a García por la Dirección General de la Policía en relación a su actividad no declarada en una empresa. García tendrá que dejar su puesto de vocal en el Consejo de la Policía, el órgano de encuentro de Administración y sindicatos, en favor de un sustituto de Jupol que ascenderá de categoría en unos meses, con lo que el sindicato perderá temporalmente una silla en favor de otra central, según fuentes de Jupol.

Chema García fue sancionado con la pérdida de empleo y sueldo durante un año por no comunicar su participación en una empresa de excavaciones y asfaltos con sede en Avilés. El sindicato considera desproporcionado el castigo, pero los miembros de la directiva le reprochan que mintiera asegurando que su relación con la sociedad había concluido en 2018. 

elDiario.es ha tenido acceso a una nota interna de representantes provinciales en la que denuncian que las cuentas del sindicato están gestionadas, por decisión exclusiva de García, por una Gestoría cuyo responsable es el socio de la empresa de excavaciones del cesado secretario general. Este periódico se ha puesto en contacto con García para que dé su versión sobre los hechos que han motivado su destitución pero el secretario general cesado no ha atendido el requerimiento.

Los gastos personales del secretario general 

En cuanto a los gastos se han encontrado cinco que están bajo el punto de mira de los opositores. Aparece un ticket de la Inspección Técnica de Vehículos de una autocaravana propiedad de García, varias facturas de ropa, otros dos gastos en farmacia y dos entradas de cine. Los miembros de la ejecutiva aseguran que éste no ha sido el detonante de su actuación aunque sí la ha precipitado. García asegura haber pagado con su tarjeta varios de los gastos mencionados, si bien luego fueron cargados al sindicato con la justificación, como en el caso de ropa, de desplazamientos largos fuera de su lugar de residencia.

Una de las características de Jusapol en su nacimiento, que después pasó a denominarse Jupol en Policía y Jucil en Guardia Civil, fue un discurso muy crítico con los sindicatos policiales tradicionales, a los que consideraban un nido de prebendas, reprochándoles haber abandonado las auténticas reinvindicaciones de los agentes. Para Jusapol la subida media de 400 euros netos mensuales del último periodo de Rajoy supone una claudicación ante la Administración de los sindicatos tradicionales. 

Con ese discurso, Jupol barrió hace dos años en las elecciones al Consejo de la Policía en la primera ocasión que concurría a esos comicios internos, obteniendo ocho de los 14 vocales. El sindicato policial, al igual que su organización espejo en la Guardia Civil, Jucil, surgen de la plataforma Jusapol, para la “equiparación salarial” con las policías autonómicas. Esta es una exigencia histórica que desembocó en la creación de la asociación coincidiendo con el auge del proceso soberanista en Catalunya.

Todos los sindicatos tradicionales señalaron a Jupol como un sindicato extremista, con reivindicaciones inalcanzables y dedicado a atacarles duramente desde su creación. Las centrales denuncian campañas en las redes sociales, donde policías que defienden los postulados de Jupol realizan ataques concertados a otros sindicalistas, a periodistas o a políticos ocultos tras perfiles anónimos. En otros casos, el “campo de batalla” es real, por ejemplo, los tablones de las comisarías, donde se han vertido graves insultos a candidatos o representantes sindicales de otros sindicatos. Jupol se desvincula oficialmente de esas actuaciones.

Detrás de las pancartas de Jusapol y las organizaciones sindicales y profesionales surgidas de la misma se han venido situando políticos de Ciudadanos y Vox, así como del PP cuando pasó a la oposición. Ha sido sin embargo la formación de Santiago Abascal la que ha ido ganando presencia indiscutible en los actos y reivindicaciones de dichas organizaciones. Desde Jupol insisten en que son “apolíticos” y que plantean sus exigencias de más subidas salariales a todos los partidos. En contradicción con ello, agentes han protagonizado protestas ataviados con parafernalia de Jupol y Jucil frente a la casa de Pablo Iglesias e Irene Montero o en la residencia de Carles Puigdemont en Bélgica.

Nueva solicitud de cárcel de la Generalitat a un manifestante independentista. La Generalitat ha confirmado la petición de pena de cuatro años y nueve meses de prisión contra el joven Marcel Vivet por agredir a un mosso d'esquadra con el palo de una bandera durante la protesta de septiembre de 2018 contra el sindicato policial Jusapol en Barcelona. Tras la celebración del juicio este lunes y haber fracasado un pacto para rebajar la pena, la Fiscalía también ha confirmado su petición de cinco años y medio de cárcel por los delitos de desórdenes y atentado contra los agentes de la autoridad.

El juicio contra Vivet debía haberse celebrado en diciembre pasado, pero se suspendió a petición de la Generalitat por la enfermedad de dos mossos d'esquadra citados como testigos. El juicio era la primera ocasión para comprobar si la Generalitat cumpliría con lo anunciado en noviembre por el conseller de Interior, Miquel Sàmper, y dejaría de acusar por atentado a la autoridad o desobediencia en causas por disturbios, limitando a un delito de lesiones su acción penal si hay mossos d'esquadra heridos. El anuncio se produjo después de las polémicas por las penas de prisión a manifestantes independentistas que pedía el Govern.

No ha sido así y, al final de la vista, el abogado de la Generalitat, que ejerce la acusación particular en representación del mosso herido presuntamente por Vivet, ha elevado a definitiva su petición inicial de condena de cuatro años y nueve meses de cárcel por desórdenes públicos, atentado a la autoridad y lesiones, los mismos delitos por los que la Fiscalía solicita cinco años y medio de prisión. El Ministerio Público y la Generalitat también reclaman una indemnización de 1.560 y 1.549 euros respectivamente por la lesión en la muñeca que sufrió el mosso.

Cuando el juicio se suspendió el pasado mes de diciembre, el Govern se mostró dispuesto a rebajar la petición inicial hasta un año de cárcel y un mes de multa, manteniendo sólo la acusación por lesiones. Las conversaciones para intentar un pacto que evitara la celebración del juicio se han producido hasta instantes antes de la vista este lunes, pero no han llegado a buen puerto por la negativa de las acusaciones a retirar los cargos de desórdenes públicos, que a criterio de la defensa vulneraban el derecho de reunión.

En su declaración como acusado, en la que ha respondido a todas las partes, Vivet ha negado el relato de la Fiscalía y de la Generalitat y ha desmentido que la marcha intentara traspasar el cordón policial. Según su versión, como llegó tarde a la protesta no hizo lanzamientos de ningún tipo ni golpeó con el palo de una bandera al agente, y solo vio que los manifestantes arrojaban polvos de colores a los Mossos como se hace en las celebraciones 'Holi'. Los Mossos, ha agregado, cargaron contra los manifestantes sin motivo alguno: “Se acercaron a nosotros para pegarnos”. Estuvo en la manifestación 15 minutos, ha explicado al tribunal.

Las principales pruebas de cargo contra Vivet las forman los agentes de los Mossos d'Esquadra que han declarado como testigos y los vídeos de la manifestación, que según las acusaciones corroboran que el joven agredió a un agente, algo que niega la defensa. El abogado de Vivet, Carlos Hurtado, ha impugnado el único vídeo de los hechos grabado por los Mossos porque la policía catalana no ha aportado a la causa el original completo, lo que según el letrado puede comportar que el vídeo haya sido editado. El tribunal resolverá la petición en sentencia.

La identificación del acusado por parte de la policía autonómica también ha generado controversia. Tanto el agente instructor como la secretaria que instruyeron los atestados del caso han reconocido que la primera identificación del acusado se hizo a través de Facebook. En concreto, el instructor ha revelado que fue el agente herido de los antidisturbios quien le dijo que había visto “un perfil de Facebook que coincidía con el autor de los hechos”, y que resultó ser Vivet. Después de la primera identificación, ha agregado el instructor, se realizó una “vigilancia y seguimientos” a Vivet y se concluyó que era “la misma persona” del reportaje fotográfico del día de los hechos.

El mosso herido ha confirmado que la primera identificación del acusado la hizo él a través de Internet, al margen de la investigación oficial. Según ha explicado, dos meses después de la protesta hizo “una búsqueda en redes sociales”, y entre las “centenares de imágenes” del 'Holi' contra los Mossos encontró una fotografía del acusado. “Dije 'es éste'”, ha narrado el agente de la Brigada Móvil, los antidisturbios de la policía catalana.

Respecto al momento de la presunta agresión, el instructor no ha arrojado luz: “No recuerdo si los manifestantes querían romper activamente el cordón policial, solo que manifestantes y Brigada Móvil se acercaron”. Un antidisturbios presente en el momento de los hechos ha dicho que Vivet tuvo “una actitud retadora y amenazadora” hacia los agentes, aunque ha admitido que no lo vio golpear a ningún mosso. Tampoco lo vio un segundo antidisturbios que también ha declarado como testigo.

En cambio un cabo de los antidisturbios de los Mossos sí ha reconocido totalmente al acusado como el joven que golpeó “de arriba a abajo” con un palo a un agente, si bien a preguntas de la defensa ha dicho no recordar cuántos golpes realizó. El mosso herido también ha señalado claramente al acusado. “La persona que tenía delante es él”, ha zanjado el agente antidisturbios, cerrando así la línea abierta por la defensa, que ha sembrado la duda sobre la autoría de los hechos habida cuenta de que los agentes han reconocido que fueron golpeados por varios palos. El juicio ha quedado visto para sentencia.

“Gobierno dimisión, ETA asesina”. Así han recibido la ronda de negociación presupuestaria abierta por el Gobierno con distintas fuerzas parlamentarias, entre ellas ERC y EH Bildu, desde la asociación de policías y guardias civiles Jusapol. Los agentes de la autoridad se han manifestado frente al Congreso, acompañados de algunos de los rostros más reconocibles de Vox, como su secretario general, Javier Ortega-Smith, o su portavoz adjunta , Macarena Olona. También han asistido representantes del PP y de Ciudadanos, aunque de menor nivel en el escalafón, como las diputadas Ana Vázquez Blanco y Beatriz Fanjul o el diputado Miguel Gutiérrez.

Con el himno de España y el de la Guardia Civil como banda sonora, menos de un centenar de manifestantes se han concentrado en la Carrera de San Jerónimo, firmes y en formación para ocupar la mayoría del espacio que comunica el Congreso con la Plaza de Neptuno. La protesta, en principio, estaba convocada por las palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lamentando profundamente el suicidio del preso de ETA Igor González sin que, han dicho, “nunca” haya mostrado preocupación por esta problemática en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, informa Europa Press.

Durante la concentración se han escuchado repetidas consignas contra el Gobierno de Pedro Sánchez, al que se ha exigido la dimisión, y contra las negociaciones abiertas con EH Bildu para los Presupuestos Generales.

La manifestación ha estado custodiada por un fuerte dispositivo policial, que ha bloqueado los accesos a la zona del Congreso desde varios centenares de metros de distancia. En la última concentración de Jusapol en el Parlamento, los manifestantes rompieron el cordón policial ante la pasividad del dispositivo policial.

Al finalizar la concentración, buena parte de los manifestantes se han acercado a varias terrazas colindantes con la Carrera de San Jerónimo. Varias furgonetas de la Unidad de Intervención Policial (UIP) de la Policía Nacional han pasado por delante durante el desmontaje del operativo por la manifestación, encendiendo y haciendo sonar sus sirenas como forma de saludo a sus compañeros. Estos les han devuelto el saludo con vítores y aplausos.

La concentración ha recibido algunas críticas, como la de la Asociación PRO Guardia Civil, firme defensora del carácter militar de la institución.

Los policías y guardias civiles que se manifestaban este martes en las inmediaciones del Congreso de los Diputados han roto el cordón de seguridad que les mantenía alejados del edificio de la Cámara Baja y han llevado su protesta a la plaza de las Cortes, justo en frente de las escalinatas de los leones, informa Europa Press.

Los agentes estaban concentrados desde primera hora de este martes en las inmediaciones del Congreso en contra del rechazo de la mayoría de la Mesa del Congreso a debatir la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) promovida por el colectivo Jusapol por la equiparación salarial de las Fuerzas de Seguridad del Estado.

El Gobierno tiene capacidad para vetar el debate de iniciativas legislativas si considera que supone una alteración de los Presupuestos, ya sea por un incremento de gasto o por un descenso de los ingresos, y lo habitual es que la Mesa del Congreso lo asuma.

Ese texto recabó más de medio millón de firmas y y llegó a ser tomado en consideración en 2018 por el Pleno del Congreso, pero ahora el Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos ha decidido vetar su tramitación parlamentaria, con lo que ya no volverá a debatirse.

Alrededor de las diez de la mañana, los ánimos en la manifestación han incrementándose hasta que los concentrados han decidido derribar el cordón policial que les retenía en la parte inferior de la Carrera de San Jerónimo, cerca de la Plaza de la fuente de Neptuno, y han superado el dispositivo policial para tratar de acceder a la sede de la Cámara Baja, custodiada por una decena de furgones policiales.

Los disturbios han obligado a la Policía Nacional a replegar el dispositivo de seguridad a las puertas del Congreso y los manifestantes han proseguido con su concentración en la plaza de las Cortes a escasos metros de las escalinatas de la Cámara Baja.

Los gritos de “equiparación” han sido constantes durante la concentración, en la que se han podido ver pancartas contra el PSOE, al que acusan de “traidor”. También algunos asistentes portaban bengalas de humo y lanzaban petardos.

Los manifestantes han recibido la visita de numerosos dirigentes de Vox, como su secretario general, Javier Ortega Smith, y la diputada Macarena Olona; o la portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Inés Arrimadas. También han hablado con un representante de Unidas Podemos, que les ha ofrecido mantener una reunión para conocer sus reivindicaciones.

El policía nacional que aparecía en un vídeo difundido en redes sociales con una navaja en la mano y diciendo, mientras reía, “que se preparen los MENA”, ha sido sancionado con una suspensión de empleo y sueldo de veinte días. Se trata del segundo expediente disciplinario que deriva en sanción contra Alejandro León, quien se hace llamar 'Jandro Lion' en su canal de Youtube, con más de 18.000 suscriptores.

En las imágenes que han provocado la sanción, unos compañeros de Alejandro León en Jusapol -el sindicato que ha ganado las elecciones en la Policía- le regalan el cuchillo con una inscripción que reconoce su trabajo como “youtuber jusapolero”. Es cuando el policía agradece el presente y realiza los comentarios citados para jolgorio de los congregados. La popularidad de 'Jandro Lion' creció al calor de la reivindicación en la Policía de “equiparación salarial” con los Cuerpos autonómicos por parte de una asociación que desprecia la subida media de 400 euros mensuales pactada con los sindicatosdurante el Gobierno del PP.

Como consecuencia de una denuncia de la Unidad de Asuntos Internos, la Fiscalía Especial contra los Delitos de Odio abrió unas diligencias por el vídeo de la navaja que luego archivó alegando que el agente no fue quien subió las imágenes a Internet y que se había disculpado a raíz de la polémica. El reglamento del Cuerpo Nacional de Policía establece que los expedientes se paralicen mientras existe una actuación judicial en curso. Una vez archivada la denuncia de la Fiscalía madrileña, la Unidad de Régimen Disciplinario reactivó su instrucción, que ha derivado en la sanción de veinte días de empleo y sueldo.

León ha sido castigado con una falta grave recogida en el artículo 8.a, que castiga “la grave desconsideración con los superiores, compañeros, subordinados o ciudadanos, en el ejercicio de sus funciones o cuando cause descrédito notorio a la institución policial. Alejandro León está destinado en labores de seguridad ciudadana en Móstoles, una localidad del sur de Madrid con 200.000 habitantes.

El mismo agente ya fue suspendido durante 15 días en el pasado por otro de sus vídeos en el que se mofaba del ministro del Interior de la época, Juan Ignacio Zoido. El expediente abierto derivó en una falta grave. El propio León anunció que Jusapol le pagó la nómina que dejó de percibir por la sanción disciplinaria y que restituirá el dinero cuando, según él, gane el recurso contencioso-administrativo que presentó en los tribunales contra la misma.

El policía ha subido un nuevo vídeo en el que habla de su última sanción y anuncia que también lo ha recurrido en la justicia ordinaria, lo que paralizaría la ejecución de la sanción. En el mismo vídeo asegura que la resolución de la Unidad de Régimen Disciplinario responde a motivaciones políticas. “Blanco y en botella, estáis dando en bandeja de plata la cabeza de de un policía, que es lo que os pide el independentismo, pero claro, a día de hoy, mira lo que tenemos”, afirma. En el vídeo reproduce los ataques a Zoido por los que fue sancionado.

'Jandro Lion' también confirma la información adelantada por eldiario.es el pasado 27 de noviembre acerca de un tercer expediente, aún en tramitación por volcar en su canal de Youtube un audio en el que el líder de Vox, Santiago Abascal, mostraba su apoyo a los agentes que combatían los disturbios posteriores a la sentencia del procés.

En el vídeo, publicado en plena campaña electoral, el agente realiza un montaje entre el logo de Vox y el emblema del Cuerpo Nacional de Policía, además de sostener el sobre que la formación de extrema derecha envió a los domicilios en campaña electoral y asegurar que él tenía “claro” a quién iba a votar. Youtube retiró temporalmente el vídeo y 'Jandro Lion' publicó otro denunciando el hecho y asegurando que era fruto de la “dictadura socialista”.

“Los instructores de este expediente han notado que era un tema laboral, no personalmente… es una cosa que te llega un poquito al corazón. Y han dicho: A ver si no me caen más expedientes de éstos, porque madre mía qué follones tenéis”, asegura el policía que le han comentado sus compañeros de Régimen Disciplinario cuando ha acudido a declarar.

Cerca de 30.000 agentes de la autoridad, miembros del Cuerpo Nacional de Policía, han votado como representantes sindicales a Jupol, una organización nueva que desprecia los 800 millones de euros destinados a subirles el sueldo un 10% más que al resto de funcionarios, lo que supone un crecimiento neto en su nómina de 400 euros de media, según los datos del Ministerio del Interior.

Su argumento es que los agentes de Mossos d’Esquadra y Ertzaintza ganan más y se jubilan mejor y, por ello, Jupol advierte de que no parará en sus revindicaciones, de una agresividad inédita en la Policía, hasta que un agente recién salido de la academia, sin necesidad de estudios superiores, gane 2.500 euros brutos al mes, lo que ellos calculan que obtiene un novato de las policías autonómicas.

“La culpa es de 30 años de gobiernos que han incumplido su promesa de equiparación salarial con las policías autonómicas y de las concesiones a los nacionalistas”, afirma Natan Espinosa, el líder de Jupol, agente destinado en Granada. Espinosa rechaza las críticas acerca de una actitud insolidaria con otros funcionarios o con el resto de trabajadores en un mercado laboral maltrecho desde la última gran crisis para regresar una y otra vez a la diferencia salarial con los policías autonómicos.

El representante sindical considera que un policía merece lo que reclaman porque “se juega la vida a diario”, pese al bajo índice de criminalidad en España. También alude al riesgo superior de ir a la cárcel para un policía tan solo por equivocarse al tomar una decisión respecto a si eso ocurre en cualquier otra profesión. Espinosa enmarca en esas decisiones erróneas las que provocan condenas por detención ilegal que el líder de Jupol considera frecuentes.

La victoria aplastante de Jupol en las elecciones sindicales redibuja el mapa sindical en la Policía. El sindicato mayoritario hasta ahora, el SUP, pasa de tener 7 vocales (en las últimas elecciones se disputaban 16 y en las últimas, 14) a dos. En los comicios del pasado miércoles, Jupol solo ha dejado un vocal a la CEP, otro a la UFP y dos en la escala superior al SPP.

El caso del SUP es paradigmático: sigue siendo el sindicato con más afiliación (19.000 por 15.000 de Jupol), pero no ha llegado a los 10.000 votos, lo que significa que la mitad de sus afiliados continúan pagando la cuota pero han votado al nuevo sindicato. Los policías se afilian a las centrales porque éstas les garantizan un servicio jurídico ante eventuales problemas legales, además de formación y, en algunos casos, intermediación en la consecución de puestos y medallas.

Todos los sindicatos tradicionales señalan a Jupol como un sindicato extremista, con reinvindicaciones inalcanzables y que se ha dedicado a atacarles duramente desde su creación. Las centrales denuncian campañas en las redes sociales, donde policías que defienden los postulados de Jupol realizan ataques concertados a otros sindicalistas, a periodistas o a políticos ocultos tras perfiles anónimos. En otros casos, el “campo de batalla” es real, por ejemplo, los tablones de las comisarías, donde se han vertido graves insultos a candidatos o representantes sindicales de otros sindicatos. Jupol se desvincula oficialmente de esas actuaciones.

La primera medida anunciada por el sindicato tras su victoria es la declaración de “un conflicto laboral permanente” con la Administración hasta que no comience la negociación para la “equiparación salarial”. Se trata de mantener paralizada cualquier medida que necesite de su aprobación en el Consejo de la Policía, el órgano que reúne a sindicatos y Administración. En la práctica, explican fuentes policiales, solo afectará a normativa interna de régimen estatutario, esto es, relativa a las condiciones de trabajo, y a los expedientes disciplinarios, contra los que pueden alegar los sindicatos. Espinosa, por su parte, asegura que su conflicto laboral “no va a afectar a los ciudadanos en ningún momento”.

Objetivo: Catalunya

Jusapol, el germen de Jupol, comenzó a ser visible fuera de la Policía cuando organizó una gran manifestación en Barcelona el 20 de enero de 2018. Habían pasado varios meses desde que Ciudadanos incluyera la subida salarial a los policías para prestar su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado y la formación de Albert Rivera apoyó con entusiasmo la marcha en la capital de Catalunya, en plena indignación independentista por la “represión” al procés.

El líder de Ciudadanos, junto a otros políticos como Xavier García Albiol, del PP, encabezaron la marcha. Natan Espinosa alega que en ese momento Jusapol ya había hecho decenas de protestas, que querían aprovechar donde estaba “el foco de atención” y homenajear a los “compañeros” de la Operación Copérnico contra la celebración del referéndum del 1-O.

Ciudadanos y Vox han sido los dos partidos que se han puesto al frente de las pancartas en esas manifestaciones de Jusapol por toda España. El secretario general del partido ultraderechista, Javier Ortega Smith, no ha dudado en vestirse con una camiseta homenaje a la Operación Copérnico y arengar en los actos de Jusapol a los policías con su mensaje ultranacionalista mientras los congregados le vitoreaban. Tras una de esas manifestaciones en Bilbao, Ortega Smith se fue a comer con policías y guardias civiles y con ellos brindó por la cárcel de los políticos investigados en la causa del procés [la escena se puede consultar en este vídeo de la información de eldiario.es].

Espinosa insiste en que Jupol es un sindicato “apolítico”. Defiende que el único partido con cuya dirección no se ha reunido ha sido con Vox y que espera hacerlo en breve con su grupo parlamentario. Añade que ha sido felicitado por Izquierda Unida, Podemos, Ciudadanos y los ultraderechistas, que solo PSOE y PP no les han llamado tras el resultado en las elecciones sindicales. Preguntado por si aprecia que Vox tiene un respaldo mayoritario entre los policías, defiende que en el Cuerpo hay agentes de todas las tendencias políticas pero que entiende que obtenga respaldo en las Fuerzas de Seguridad “un partido que les habla de España y de la Policía y la Guardia Civil”.

Frente a esta esgrimida neutralidad hay vídeos de manifestantes con las camisetas y banderas de Jusapol increpando a una periodista de TV3 durante la protesta de enero de 2018 o de otros llamando “comepollas” y “asqueroso” a Carles Puigdemont con banderas de España frente a la casa de Waterloo donde reside. El Ministerio del Interior ha evitado investigar si son policías y si están incurriendo en faltas disciplinarias. Tampoco ha rastreado las campañas de acoso e insultos en las redes sociales, salvo cuando un youtuber que se identifica con Jusapol se refirió al anterior titular del departamento, Juan Ignacio Zoido, la única sanción de la que informa Interior cuando se le pregunta por esta dinámica. El agente fue castigado con quince días de empleo y sueldo.

Los chats ultras con insultos a políticos de la izquierda

Los comportamientos ultraderechistas de simpatizantes de Jusapol ya se visibilizaron al poco de nacer la asociación, en el verano de 2017. El 5 septiembre, eldiario.es reveló que el chat de la asociación que ha sido el germen de Jupol recogía comentarios del tipo: “La seguridad es lo que más preocupa a la ciudadanía. Atentados y demás. Hay que aprovechar eso”. Ese chat se llamaba Jusapol Nacional. Era la época en que periodistas dedicados a cubrir información policial e incluso directores de periódico se fotografiaban y publicaban en redes fotos de apoyo a la reivindicación de Jusapol.

El 25 de ese mismo mes de septiembre, eldiario.es reveló que policías nacionales utilizaron un chat denominado Jusapol Zaragoza para organizar el asedio a una reunión de la dirección de Unidas Podemos que mantuvo retenidos en un pabellón a sus dirigentes durante horas. En el chat, del que se desvincula Jusapol como organización, se vertían graves insultos contra los políticos. “No se atreven a salir las ratas” o “mira la violencia de la que habla el hijo de la gran puta de Garzón”, se podía leer en los comentarios.

Con motivo de la publicación de eldiario.es del contenido de ambos chats, la Dirección General de la Policía anunció oficialmente la apertura de sendas investigaciones. Era falso. Esas investigaciones nunca llegaron a producirse pese a que este medio había constatado que los autores de esos comentarios eran agentes en ejercicio del Cuerpo Nacional de Policía. El Ministerio del Interior estaba dirigido por Juan Ignacio Zoido.

La política de tolerancia con esos comportamientos protagonizados por agentes de la autoridad ha tornado en una honda preocupación en el Ministerio del Interior por la victoria de Jupol en las elecciones sindicales de la Policía y en una oferta inmediata de diálogo por parte de Fernando Grande-Marlaska. El actual equipo de Interior, que ha continuado con la política de tolerancia hacia los comportamientos extremistas en el seno de la reivindicación salarial, compara el fenómeno de la radicalización que acompaña a Jupol con el que se ha producido en toda España con la irrupción de Vox, como parte de la sociedad que son los miembros de las Fuerzas de Seguridad, señalan fuentes de ese departamento.

El equipo de Marlaska añade también lo que considera una gestión desastrosa de sus antecesores ante las reivindicaciones salariales de equiparación y el acuerdo alcanzado en la etapa del PP con los sindicatos policiales. Consideran que se trató de “comprar” la fidelidad de las Fuerzas de Seguridad después del “fiasco” protagonizado por la cúpula de Interior en Catalunya. Afirman que no se pueden firmar “acuerdos bilaterales” en cada ministerio con su colectivo, como se hizo, “saltándose la función pública y a Hacienda”. “Lo que homologas por una parte, lo rompes por otra”, señalan las fuentes consultadas.

Las previsiones de Interior son que en el periodo 2018-2020, un policía nacional habrá visto cómo crece su nómina a finales de ese periodo en un 19% respecto a 2017, 529 euros más al mes de media. En la Guardia Civil, cuerpo que elegirá a los representantes de sus asociaciones en un par de años, la subida será mayor, según la previsión de Interior: un 23,8% y 620 euros más de media en la nómina cada mes. Las partidas para la subida en 2019 representan ya casi el 10% de todo el presupuesto del poderoso Ministerio del Interior.

Para Jupol es absolutamente insuficiente. Se trata, dicen, de “una subida de la función pública” que aumenta la brecha con las policías autonómicas porque, al ganar más los agentes de Mossos y Ertzaintza, aunque tengan un aumento menor, ese porcentaje les supone más dinero en la nómina. De media, asegura Jupol, siguen ganando 500 euros más al mes. Eso, sin contar, añaden, que las subidas en Policía y Guardia Civil no afectan a los que se encuentran jubilados o en régimen de segunda actividad. Espinosa defiende que un mosso en su jubilación gana 800 euros más al mes de media que un policía. También reclaman igualdad en las pagas extraordinarias –“nos sacan ahí más de 1.000 euros”, asegura-, cobrar los “servicios extraordinarios” o cuando tienen que comparecer en un juicio. “Lo que nosotros decimos es que no hemos venido a por una subida salarial sino a por una igualdad. A mismo trabajo, mismo salario”, añade.

Desde Interior insisten en desterrar las promesas de la etapa de Interior respecto a la equiparación: “Son funcionarios de la Administración General del Estado. Plantear la equiparación de estos funcionarios con otros de las comunidades autónomas escapa a las competencias de los ministerios”.

La purga que llevó a cabo Twitter poco antes de los debates electorales a cuatro organizados en RTVE y Atresmedia no solo afectó a la red de 130 cuentas falsas que apoyaba a Pablo Casado y el PP: durante ese mismo barrido la red social cerró unas 25 cuentas oficiales del sindicato policial Jusapol, que demanda la equiparación salarial entre los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil con los que pertenecen a las fuerzas de seguridad autonómicas. También cayó la cuenta de su presidente, Nathan Espinosa, y al menos otro medio centenar de perfiles no oficiales pero muy afines al sindicato y sus reclamaciones.

Las cuentas oficiales de Jusapol suspendidas formaban parte de sus representaciones provinciales y locales. Poco después de su institución como sindicato a finales de 2017, Jusapol activó una agresiva estrategia en las redes para introducir sus reclamaciones en la agenda de la red social. Encabezada por sus perfiles locales clausurados ahora por Twitter, se basa en una guerra de guerrillas que le ha permitido generar un polo de conversación propio en torno a la equiparación salarial en prácticamente todos los debates políticos relevantes que se han dado en la red social desde entonces.

A esta táctica se sumaron cientos de perfiles independientes de la estructura oficial. Apenas generan ningún tipo de contenido al margen de la publicidad de las demandas de Jusapol y la propaganda de los partidos políticos que se han mostrado más cercanos a ellas, Ciudadanos y Vox. Este tipo de comportamiento se denomina entre los expertos como cuentas “partisanas” o “hiper-partisanas” por el alto impacto en la conversación general que provoca su compromiso total con las pretensiones de la organización.

También las coloca al borde de la línea roja que establecen las reglas de uso de Twitter, que no tolera el spam (propaganda no deseada) ni la alteración de los debates con mensajes masivos. Este tipo de actividades es capaz de engañar al algoritmo de la red social para que crea que las conversaciones en torno a estos temas tienen una gran relevancia entre los usuarios y, por tanto, se lo ofrezca a un número mayor de ellos y aumente su visibilidad.

La suspensión de las cuentas oficiales de Jusapol y sus perfiles afines por parte de Twitter llegó después de que estas consiguieran mantener este nivel de influencia en los primeros debates de la campaña electoral. Según un análisis del grupo de investigación independiente Heurística, formado por expertos de la Universidad de Barcelona y la Universitat de Catalunya, tres de los 20 hashtags más comentados en los diez primeros días de la campaña formaban parte de la campaña de comunicación del sindicato policial.

Dejando al margen las etiquetas genéricas #28A y #DebateRTVE, solo el PSOE pudo superarles como organización con su eslogan #HazQuePase. En el citado período, la petición de Jusapol #EquiparaciónYa quedó por delante del #EspañaViva de Vox, el partido que más interacciones ha conseguido de sus simpatizantes durante la campaña, y muy por encima de los del resto de partidos. Otra acción propagandística del sindicato, la de su iniciativa legislativa popular (#ILPJusapol), se mencionó en más ocasiones en los comentarios que “PP” o “Unidas Podemos” y otra más, #StopLeyAbusosPoliciales, también se coló entre los 20 temas más comentados.

“Es el resultado de la actividad de 1.270 cuentas que han generado más de 7.000 tuits con menciones a cuentas de partidos y candidatos”, recoge el análisis de Heurística.

“No hemos hecho nada inusual”

En conversación con eldiario.es, el presidente de Jusapol ha reconocido el “cierre masivo” de sus cuentas, que se ha llevado por delante incluso su perfil personal. “Nos ha sorprendido sobremanera porque nuestro comportamiento en Twitter ha sido siempre el mismo”, afirma Espinosa: “No hemos hecho nada nuevo, no es que desde Jusapol hayamos hecho un movimiento inusual en redes sociales una semana antes de las elecciones”.>

Twitter no comenta sus decisiones particulares que afectan a perfiles concretos. No obstante, en sus reglas de uso prohíbe la “actividad de escala masiva cuya intención es manipular o interrumpir Twitter, o la experiencia de Twitter por parte de los usuarios, para dirigir el tráfico o la atención hacia cuentas, productos, servicios o iniciativas no relacionados”.

Entre las cuentas partisanas de Jusapol bloqueadas por la red social están las que habían promovido sus reclamaciones de forma más masiva. De sus diez mayores distribuidores de propaganda, han caído el primero (@JLlupee, que según el estudio de Heurística hizo 208 publicaciones citando a partidos o candidatos en los diez primeros días de campaña para promocionar a Jusapol); el segundo (@montiCoin, 164 menciones); el quinto (@RPH5261, 75); el octavo (@golioso, 65) y el noveno @liebana71, 64).

Aún sin ellos y sin gran parte de la legión de cuentas oficiales de Jusapol, el efecto de la guerra de guerrillas del sindicato policial para alterar el debate político en Twitter resulta evidente, como muestran los gráficos sobre la distribución de la conversación de los dos debates a cuatro retransmitidos por televisión:

En ninguno de los dos debates se hizo referencia a la equiparación salarial de las fuerzas policiales de ámbito nacional con las autonómicas. Pese a ello, la acción de los perfiles partisanos de Jusapol que quedaron activos consiguió desviar una parte importante de la conversación a esta problemática.

La táctica de las personas que se comportan como bots que fingen ser personas

El concepto empleado tradicionalmente para definir comportamientos como este es el de granja de bots, en referencia al software empleado para automatizar un perfil de Twitter para impulsar artificialmente un mensaje a la vez que finge ser una persona. Ni este medio ni varios investigadores consultados han hallado evidencias de dicha automatización atendiendo a las señales de alarma más comunes, como la plataforma de emisión de las publicaciones de estas cuentas, sus horarios, imágenes utilizadas en los perfiles o la relación de sus conexiones, aunque los análisis continúan una vez pasadas las elecciones.

Pese a ello, incluso el responsable de redes sociales de Jusapol reconoce que el comportamiento de su ejército de cuentas oficiales parece automatizado. “¿Se puede malinterpretar y ver las cuentas como si fueran bots? Pues sí, es posible, pero porque esas cuentas solo se dedican a tuitear el mensaje de la equiparación”, confiesa Miguel Gómez, que en cualquier caso recalca que la independencia del sindicato de los partidos políticos hace imposible que se pueda asimilar esta actividad a una manipulación del debate político.

“Twitter puede detectar bots, o cuentas falsas que tengan detrás una persona que maneja muchos perfiles para emitir un mensaje, convertirlo en viral y crear tendencia… pero nosotros no actuamos así, detrás de cada cuenta vinculada a Jusapol hay una persona solo”, asegura el secretario de redes sociales del sindicato en conversación con eldiario.es.

La táctica de crear un ejército de perfiles locales de la misma asociación para multiplicar el eco de sus mensajes en las redes sociales no es exclusiva de Jusapol. Varios partidos políticos la han aplicado durante esta campaña para amplificar el recorrido de los mensajes de sus líderes. En el caso de los perfiles que amplificaron a Jusapol, ciertos comportamientos hacían aún más evidente cuál era el objetivo real de sus perfiles. Entre ellos destaca el copiar y pegar una y otra vez la misma respuesta a una publicación para engañar al algoritmo de Twitter. Los investigadores de Heurística han llegado a documentar una ocasión en la que la repitieron hasta 62 veces en un mismo tuit.

El juez de guardia de Barcelona ha dejado en libertad con cargos a tres miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) detenidos por los incidentes contra una manifestación del colectivo Policial Jusapol el pasado 29 de septiembre. La causa está abierta por un delito contra los derechos fundamentales y las libertades públicas, un delito contra la integridad moral, amenazas y desórdenes públicos.

La Policía Nacional informó este martes de la detención de dos jóvenes por su supuesta participación en los incidentes ocurridos el pasado 29 de septiembre, cuando grupos de independentistas intentaron reventar una manifestación de la asociación policial en Barcelona. Finalmente han sido tres los detenidos.

En los incidentes ocurridos el pasado 29 de septiembre hubo 24 heridos, entre ellos algunos Mossos, y seis detenidos. Los Mossos d'Esquadra detuvieron días después a otra personas por su supuesta implicación en los disturbios. Tras los incidentes del 29 de septiembre, varios miembros de Jusapol interpusieron denuncias por agresiones y amenazas, a raíz de las cuales la Brigada de Información de la Policía Nacional asumió las pesquisas.