La constructora española ACS, a través de su filial Turner, levantará un campus de centros de datos para Meta en el estado de Indiana, en Estados Unidos, por unos 8.430 millones de euros. Según ha anunciado la compañía, la operación se llevará a cabo con otros socios y el proyecto contará con una superficie aproximada de 370.000 metros cuadrados, desde donde se ofrecerá una capacidad de 1 gigavatio para dar soporte al negocio principal de la tecnológica, así como a la inteligencia artificial.

El proyecto, que ya ha comenzado, generará más de 4.000 puestos de trabajo en el sector de la construcción, mientras que, una vez en funcionamiento, creará aproximadamente 300 puestos de trabajo operativos.

Este será el tercer proyecto en la que trabajará ACS para crear infraestructura de IA para Meta, pues en enero de 2024 la española ya anunció que construiría un campus de centros de datos para la tecnológica en Jeffersonville, también en Indiana, por unos 800 millones de euros.

Asimismo, en diciembre de ese mismo año, la constructora hizo oficial que, en alianza con DPR Construction y M. A. Mortenson, construiría un campus de centros de datos en Luisiana, que representará una inversión de más de 8.400 millones de euros. Ambos proyectos se realizarán a través de su filial Turner.

Este nuevo campus, que se erigirá en el municipio de Lebanon, en Indiana, “supone un hito importante en la continua expansión de la infraestructura digital avanzada de Meta”, subraya ACS en un comunicado. Según la compañía, a medida que avanza la inteligencia artificial y sigue creciendo la demanda de computación de alto rendimiento, los campus a escala de gigavatios como este “desempeñarán un papel fundamental en el soporte de la infraestructura digital de próxima generación”.

Meta pagará el coste total de la energía utilizada por el centro de datos y el 100% del consumo energético de las instalaciones se cubrirá con energía limpia y renovable, ha subrayado la compañía española.

El director general de Turner, Ben Kaplan, ha explicado que la escala del centro de datos refleja la creciente demanda de infraestructura de alto rendimiento y ha subrayado que están “deseando trabajar junto a Meta” y aplicar sus servicios integrados y su amplia experiencia en misiones críticas “para entregar este data center de forma segura, sostenible y eficiente”.

La Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha publicado este viernes una actualización de su lista de empresas que operan en asentamientos ilegales israelíes en la Cisjordania ocupada, con 68 nuevas firmas, entre ellas cuatro españolas.

Se trata de Actividades de Construcción y Servicios (ACS), propiedad de Florentino Pérez, que ha negado tras la publicación de la lista desarrollar actividad alguna en el país, su antigua filial Sociedad Española de Montajes Industriales (SEMI), Construcciones y Auxiliar de ferrocarriles (CAF) y la pública Ingeniería y Economía del Transporte (Ineco). La ingeniera mantiene actividad en Israel desde 2005 y colabora técnicamente en proyectos de transporte de uso civil, aunque tras el inicio de la ofensiva en Gaza renunció a firmar nuevos contratos.

La pública Ineco no acepta nuevos contratos en Israel

Preguntada al respecto –tras las medidas de presión anunciadas por el Gobierno de Pedro Sánchez sobre el de Benjamin Netanyahu–, Ineco ha asegurado que “se ciñe” al cumplimiento estricto de los acuerdos contractuales de desarrollo y terminación de los proyectos en curso que tiene en Israel, si bien ya ha renunciado a participar en todas las nuevas oportunidades y pedidos de la Administración y empresas de aquel país.

La decisión, explica, es fruto de la “revisión en profundidad” de su estrategia en el país tras la escalada de violencia ejercida por el Estado de Israel en la franja de Gaza a partir de los atentados de octubre de 2023.

Fuentes de la compañía señalan, no obstante, que “evaluarán jurídicamente si los contratos antiguos se pueden cancelar”.

Ineco depende del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, y sus acciones son propiedad de otras entidades públicas del sector del transporte como Aena, Adif y Renfe. Se trata de una sociedad mercantil estatal que trabaja en la consultoría e ingeniería del transporte y la transformación digital.

Las cuatro empresas españolas han participado, según la ONU, en proyectos ferroviarios en Israel, en especial en la red de tranvía de Jerusalén, que une esta ciudad en algunas de sus líneas con paradas en territorios ocupados. 

ACS afirma que no desarrolla ninguna actividad en Israel

La compañía ACS ha asegurado tras la publicación de la lista que no desarrolla actualmente ninguna actividad en Israel y ha solicitado a la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos que retire su nombre “de forma inmediata” de la lista que recopila empresas vinculadas al desarrollo de los asentamientos israelíes en los territorios palestinos ocupados, según ha informado en un comunicado.

“La empresa SEMI, mencionada en dicha publicación, fue vendida en 2021 y, por tanto, no forma parte del Grupo ACS. Asimismo, ACS no desarrolla ninguna actividad ni en Israel ni en los asentamientos israelíes”, señala el grupo empresarial. Por este motivo, y según la empresa, la inclusión de la firma en la lista mencionada “es incorrecta”, ya que no opera en asentamientos israelíes tal y como se menciona en el informe del organismo mundial.

Impacto en los derechos humanos

La lista no lleva asociadas sanciones, su carácter es simplemente informativo, aunque la oficina de la ONU pide a las empresas incluidas que “tomen medidas adecuadas para abordar el adverso impacto en los derechos humanos” de sus actividades.

Según el alto comisionado Volker Türk, al frente de la oficina de Naciones Unidas, la lista subraya la necesidad de que se asuman responsabilidades y se cumpla la debida diligencia a la hora de operar en contextos de conflicto, “con el fin de garantizar que las actividades no contribuyen a abusos de derechos humanos”.

La oficina también anima a los once Estados con empresas en la lista (además de España, Israel, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Portugal, Canadá, Alemania, China, Luxemburgo y Países Bajos) a tomar medidas al respecto.

“Deben garantizar con medios judiciales, administrativos, legislativos u otros que cuando se produzcan violaciones de los derechos humanos relacionadas con actividades empresariales dentro de su territorio o bajo su jurisdicción, las personas afectadas tengan acceso a remedios efectivos”, destacó.

La Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos recibió en 2024 información sobre hasta 596 empresas posiblemente involucradas en actividades en la Cisjordania ocupada, pero solo pudo estudiar hasta el momento una tercera parte del total.

Todas las empresas de las que se habían presentado alegaciones fueron informadas sobre ello e invitadas a colaborar, destacó el organismo de la ONU, aclarando que su mandato no incluye estudiar actividades en Gaza.

El Consejo de Derechos Humanos encargó en 2016 a la oficina la elaboración y actualización de esta lista, centrada específicamente en actividades que incluyeran el abastecimiento de materiales para la construcción de asentamientos ilegales, la demolición de viviendas y propiedades de los palestinos, seguridad y vigilancia, uso de recursos naturales, u operaciones que contaminaran localidades palestinas.

Entre las empresas que han salido de la lista tras figurar en la de 2023, al considerarse que ya no llevan a cabo alguno de esos tipos de actividades en los asentamientos ilegales, se encuentran la francesa Alstom o la plataforma de reservas española eDreams, aunque en la primera versión de la lista (de 2020) figuró como firma de Luxemburgo.

Las nuevas empresas incluidas con la actualización de 2025 se dedican principalmente a actividades relacionadas con la construcción, el sector inmobiliario y la minería, sectores a los que ha dado prioridad la ONU en sus recientes pesquisas, mientras que en su próxima actualización primarán las del sector de la seguridad.

En 2020, poco después de que la ONU publicara su primera versión de la lista, el Gobierno palestino aseguró que daría tiempo a las empresas extranjeras que operan en asentamientos ilegales israelíes para que cesen esas actividades, pero que de no hacerlo se les podría exigir una indemnización.

El 29 de juny de 2022, el consell d’administració de l’Autoritat Portuària d’Alacant aprovava l’oferta de la unió temporal d’empreses Alicante Gastronómica SL i Restaura Gestión Forty SL per a una concessió administrativa per a la construcció d’un edifici a l’illa artificial prevista per a la bocana de la dàrsena interior del port d’Alacant. L’estructura artificial va ser construïda per l’empresa Vías y Construcciones, filial d’ACS. El projecte temia un pressupost de més de tres milions d’euros.

No obstant això, la setmana passada l’Autoritat Portuària tancava l’exercici econòmic del 2024 en què aplicava un “ajust comptable de màxima prudència, vinculat a la deterioració de l’actiu corresponent a l’estructura fixa de l’illa de la bocana, per import de 2,7 milions d’euros, que preveu la possibilitat de la seua demolició i, per tant, de la deterioració 100% del valor de l’invertit, cosa que no exclouria la possible recuperació de les quantitats invertides, en cas d’exercir les accions legals oportunes davant el contractista”.

El Port ha confirmat a elDiario.es que encara estan en negociacions amb l’adjudicatària i que encara no s’ha pres una decisió definitiva: “Preveiem la possible demolició de l’obra, el cost de la qual es reclamaria posteriorment a l’empresa; nosaltres voldríem que s’executara el projecte, però no sabem si és viable”. L’illa ja està construïda, en la bocana de la dàrsena interior de la infraestructura, a l’eixida del port esportiu: “Es va edificar sobre setze puntals assentats sobre el fons marí, i un va cedir, per la qual cosa es van formigonar i reforçar tots els pilars”.

Després de reforçar l’estructura, només faltava per fer la prova de càrrega, “però l’empresa no ho ha fet, i ja estem dos anys d’estira-i-arronsa amb informes encreuats”, apunten des de l’Autoritat Portuària; elDiario.es ha intentat recaptar, sense èxit, la versió de l’empresa adjudicatària.

El projecte

La creació de l’illa i l’edifici, que havia de prestar serveis d’hostaleria, havia de potenciar la integració del port a la ciutat, i se sumava a les inversions que es duen a terme per a conformar un passeig marítim per als vianants, al voltant de la dàrsena interior, “un dels llocs més emblemàtics i concorreguts de la ciutat”.

El concurs es publicava l’abril del 2022 i el projecte preveia la construcció en els 669 m² de superfície de l’illa d’un edifici per a usos d’hostaleria de 393 m² en planta, amb un màxim de dues altures (planta baixa i planta primera). Els més de 260 m² d’illa restants serien d’accés públic amb un passeig de tres metres d’amplària.

La proposta triada es basava en la creació d’un edifici amb cos el·líptic, envidrat en tres de les façanes i amb un pati enjardinat en l’interior. Havia de tindre tres usos diferenciats per les altures de la construcció: en la planta baixa, un bar cafeteria amb un gran jardí central, en la planta primera, un restaurant envidrat amb vista a la ciutat i, a la terrassa superior, una zona per a cocteleria adornada amb una làmina d’aigua.

A més de la construcció de l’edifici, l’adjudicatari havia d’encarregar-se del manteniment i el govern de l’embarcació que havia de connectar els molls 5 i 8 amb l’illa, així com de l’explotació de l’edifici de restauració de la plaça del port (conegut com a Soho). La construcció de l’edifici havia de començar una vegada finalitzara l’obra de l’illa, a càrrec de l’Autoritat Portuària.

El 29 de junio de 2022, el consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Alicante aprobaba la oferta de la Unión Temporal de Empresas Alicante Gastronómica S.L. y Restaura Gestión Forty S.L. para una concesión administrativa para la construcción de un edificio en la isla artificial prevista para la bocana de la dársena interior del puerto de Alicante. La estructura artificial fue construida por la empresa Vías y Construcciones, filial de ACS. El proyecto contaba con un presupuesto de más de tres millones de euros.

Sin embargo, la semana pasada la Autoridad Portuaria cerraba el ejercicio económico de 2024 en el que aplicaba una “ajuste contable de máxima prudencia, vinculado al deterioro del activo correspondiente a la estructura fija de la isla de la bocana, por importe de 2,7 millones de euros, que contempla la posibilidad de su demolición y, por tanto, del deterioro 100% del valor de lo invertido, lo cual no excluiría la posible recuperación de las cantidades invertidas, en caso de ejercer las acciones legales oportunas frente al contratista”.

El Puerto ha confirmado a elDiario.es que todavía están en negociaciones con la adjudicataria y que aún no se ha tomado una decisión definitiva: “Contemplamos la posible demolición de la obra, cuyo coste se le reclamaría posteriormente a la empresa; nosotros querríamos que se ejecutara el proyecto, pero no sabemos si es viable”. La isla ya está construida, en la bocana de la dársena interior de la infraestructura, a la salida del puerto deportivo: “Se edificó sobre dieciséis pilotes asentados sobre el fondo marino, y uno cedió, por lo que se procedió a hormigonar y reforzar todos los pilares”.

Después de reforzar la estructura, solo faltaba por realizar la prueba de carga, “pero la empresa no lo ha hecho, y llevamos dos años de tira y afloja con informes cruzados”, apuntan desde la Autoridad Portuaria; elDiario.es ha intentado recabar, sin éxito, la versión de la empresa adjudicataria.

El proyecto

La creación de la isla y el edificio, que debía prestar servicios de hostelería, tenía que potenciar la integración del puerto en la ciudad, y se sumaba a las inversiones que se están realizando para conformar un paseo marítimo peatonal, alrededor de la dársena interior, “uno de los lugares más emblemáticos y concurridos de la ciudad”.

El concurso se publicaba en abril de 2022 y el proyecto contemplaba la construcción en los 669 m² de superficie de la isla de un edificio para usos de hostelería de 393 m² en planta, con un máximo de dos alturas (planta baja y planta primera). Los más de 260 m² de isla restantes iban a ser de acceso público con un paseo de tres metros de ancho.

La propuesta elegida se basaba en la creación de un edificio con cuerpo elíptico, acristalado en tres de sus fachadas y con un patio ajardinado en su interior. Debía tener tres usos diferenciados por las alturas de la construcción: en la planta baja un bar cafetería con un gran jardín central, en la planta primera un restaurante acristalado con vistas a la ciudad, y en la terraza superior una zona para coctelería, adornada con una lámina de agua.

Además de la construcción del edificio, el adjudicatario tenía que encargarse del mantenimiento y gobierno de la embarcación que tenía que conectar los muelles 5 y 8 con la isla, así como de la explotación del edificio de restauración de la plaza del puerto (conocido como Soho). La construcción del edificio debía comenzar una vez finalizara la obra de la isla, a cargo de la Autoridad Portuaria.

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha confirmado este martes en el Senado que durante la fase de desmantelamiento del fallido almacén submarino de gas Castor se va a vender lo que pueda recuperarse del proyecto para tratar de “reducir las pérdidas” de esta infraestructura, clausurada hace más de una década tras una sucesión de terremotos frente a la costa de Castellón después de las primeras inyecciones de gas a finales de 2013.

“Vamos a apostar por la economía circular, es decir, evaluar cuáles de los equipos pueden ser reutilizados y pueden ser vendidos para optimizar y reducir las pérdidas de dicho proyecto”, ha señalado Aagesen, que no ha precisado cuál va a ser el coste total del desmantelamiento, cifrado hace años en unos 260 millones de euros.

Preguntada por el senador de ERC Jordi Gaseni sobre el calendario y las acciones que va a llevar a cabo el Gobierno para el desmantelamiento de todas las infraestructuras marítimas y terrestres del complejo, así como el coste total que significará para el Estado, Aagesen ha explicado que “este mismo semestre”, en coordinación con Enagás, encargada del desmantelamiento, “vamos a auditar todos y cada uno de los gastos para asegurar los principios de eficiencia y legalidad”.

“Todos los datos serán publicados y serán públicos en el proceso y se certificarán todas las cuentas”. En abril se concederá la autorización sustantiva para iniciar el sellado de los 13 pozos de almacenamiento, que se espera que concluya a finales de este año. Tras esa fase, se procederá a desmantelar la infraestructura y se venderá lo que pueda reaprovecharse.

Mantener las instalaciones del Castor frente a la costa del delta del Ebro, ha costado más de 100 millones desde finales de 2014, cuando la concesionaria Escal UGS -sociedad controlada por ACS- renunció al proyecto. 

Destinado a convertirse en chatarra, el Castor figura entre los “errores legislativos” que recogía un informe publicado la semana pasada por la AIReF (Autoridad independiente de responsabilidad fiscal) del que se desprende que el sector energético concentra más de la mitad de las indemnizaciones en contra del Estado de los últimos años. 

Promovido por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, en octubre de 2014 el Ejecutivo de Mariano Rajoy, con José Manuel Soria como ministro de Industria, aprobó una indemnización exprés de 1.350 millones para la promotora del almacén, la constructora ACS. El real decreto-ley que aprobó esa compensación (a pagar durante 30 años en la factura del gas) fue declarada inconstitucional en diciembre de 2017, lo que propició que se paralizaran los pagos a las entidades financieras que habían adelantado el dinero. Y el Estado acabó endeudándose por decreto para indemnizar a la banca.

El proyecto Castor se justificó por la necesidad de impulsar el almacenamiento de gas en España, que no produce este hidrocarburo, en previsión de posibles cortes de suministradores como Rusia. La crisis energética derivada de la invasión de Ucrania, la más grave en medio siglo, puso de manifiesto que el almacén no era necesario, gracias a la red de regasificadoras de España, la mayor de Europa.

Pero, sobre el papel, y en los mensajes que se lanzaban desde empresas como Enagás, el operador del sistema gasista, parecía una buena idea. El proyecto ya figuraba en la planificación energética que el Gobierno de José María Aznar elaboró en 2002, pero no era prioritario “dada la inmadurez” de los estudios previos. El espaldarazo definitivo llegó en marzo de 2006. Con el socialista José Montilla al frente de Industria, la Planificación energética 2005-2011 identificó como “urgentes” cinco almacenamientos subterráneos, entre ellos Castor, calificado de “proyecto necesario y prioritario para el sistema gasista español”.

El silo submarino estaba avalado por las recomendaciones de la extinta Comisión Nacional de la Energía (CNE) y Enagás. Entonces, la demanda estaba disparada por la elevada utilización de las centrales de ciclo combinado (que queman gas para producir electricidad) y España sólo tenía dos almacenamientos subterráneos, Gaviota (frente a las costas de Bilbao) y Serrablo (Huesca). Castor debía ser capaz de guardar un tercio de la demanda durante 50 días. Con la crisis posterior y el desplome de la demanda eléctrica, cuando acabó su construcción (mediados de 2012) las infraestructuras gasistas funcionaban al 50% de su capacidad.

El almacén submarino está ubicado a unos 1.700 metros de profundidad, a 21,6 kilómetros de la costa, frente a Vinarós (Castellón), en la comarca de Baix Maestrat, muy próxima a la comarca de Montsià (Tarragona). Se diseñó aprovechando el sellado natural que proporcionaba el terreno calizo del antiguo yacimiento de la falla de Amposta, en el que Shell extrajo entre 1975 y 1989 unos 56 millones de barriles de petróleo.

Con una capacidad de unos 1,9 bcm (miles de millones de metros cúbicos), consta de una plataforma marina, un gasoducto de 30,3 kilómetros de longitud y una planta terrestre en Vinarós bautizada con el nombre de Ignacio Pérez, como el expresidente de ACS Servicios Industriales y Energía, fallecido en 2007 y hermano del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez.

¡Buenos días! 

¿Cómo va tu semana? Hoy es el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. Parece una broma que con todo el progreso acumulado por la humanidad en los últimos 50 años todavía tengamos niveles de miseria en España que dan vergüenza. Pero la realidad es que se mueven ingentes sumas de capital, miles de millones de euros pasan por nuestro país en busca del nuevo grial de la inversión.

En este sentido, te recomiendo que que leas el artículo de la empresaria María Álvarez sobre la próxima crisis que vendrá. Álvarez describe como desde el año 2000 la tecnología se ha convertido en el centro de inversión del mundo financiero, sin que la productividad crezca, en búsqueda del último pelotazo que permita a este sistema seguir adelante en su versión más desenfrenada de codicia. 

Entre esos pelotazos esperados está la Inteligencia Artificial (IA). Un ejemplo: OpenAI, la desarrolladora de ChatGPT, ha cerrado la mayor ronda de financiación de capital riesgo de la historia con 6.600 millones. Estamos hablando de una compañía que fue creada sin ánimo de lucro pero donde el empuje del capital ha sacado a la mayoría de sus fundadores. 

Álvarez recuerda en su artículo cómo un banco de inversión como Goldman Sachs dice que la IA no dará rendimientos para una inversión de un trillón de dólares, que es lo que se espera, aunque las consecuencias están todavía por definir y pueden ser peligrosas. Por este motivo, las empresas estadounidenses de IA, las más potentes, están empezando a dejar a la UE sin las nuevos programas con la amenaza de que si no relaja su normativa verá “cómo el resto del mundo construye sobre tecnologías a las que los europeos no tendrán acceso”.

Y en este contexto es donde España puede entrar de lleno como empresa de servicios. Entre otras cosas, porque la IA necesita una infraestructura de datos mucho mayor de la que existe ahora para funcionar y ahí los centros de datos pasan a ser la nueva panacea de la economía. España se está consolidando como un mercado “emergente” para los centros de datos y recibiendo inversiones multimillonarias más allá de las compañías tecnológicas.

Desde el fondo de inversión Blackstone, el mayor propietario de viviendas en alquiler en España, que ha anunciado una inversión de 7.500 millones en este sector en Aragón, donde ya está previsto que Amazon meta 15.700 millones para ampliar su red de centros de datos o los 6.000 millones planteados por Microsoft.

Hay una nueva fiebre de miles de millones que buscan cómo convertirse en los líderes del siguiente pelotazo digital. Según Linklaters, el 40% de las inversiones de los 50 principales fondos inmobiliarios a nivel global ya se destina a la construcción de centros de datos.

En este maremágnum, un grupo de empresas españolas no se quiere quedar atrás, de manera que Iberdrola o compañías como El Corte Inglés o ACS están buscando su hueco en el nuevo maná. Aquí te contamos la nueva fiebre inversora por los centros de datos en España.

Es cierto que son necesarias infraestructuras digitales para encauzar las crecientes necesidades de demanda tecnológica de datos, pero está por ver que esta lluvia de millones no desemboque en una nueva burbuja en un sector, que ya sabemos que es poco ecológico.

Otro de los sectores que está mutando a gran velocidad es el del automóvil. No nos referimos solo al cambio progresivo, demasiado lento, de los coches de combustión a los vehículos eléctricos, donde Europa no termina de encontrar su hueco en un cóctel que mezcla caída de ventas, dudas sobre los aranceles a los coches eléctricos chinos y despidos a la vista. La transformación es mucho más profunda. Entre otras cosas porque parece que comprar un coche ha dejado de ser una prioridad y cada vez hay más conductores que se decantan por otro tipo de alternativas a la compra: renting, alquiler por horas o suscripción. De esta manera no es extraño que haya compañías automovilísticas que se vean envueltas en una tormenta perfecta: Volkswagen, Mercedes y Stellantis, la dueña de Opel, Peugeot y Fiat, frenan en seco sus negocios. 

El dato

1,8%

fue el incremento de los precios de los alimentos en septiembre, según informó el INE. Con esta caída de siete décimas de la inflación interanual de los alimentos, Estadística ha confirmado que el IPC general se redujo al 1,5% el mes pasado. Parece que la presión de los precios ya no es tan fuerte. Incluso las empresas de gran consumo auguran una bajada del precio de los alimentos en los próximos meses, ahora bien, lo hacen con lágrimas de cocodrilo: quejándose de que “el entorno legislativo es insoportable”, que la reducción de la jornada laboral “va a destrozar la competitividad” o que se les “ha culpabilizado en los últimos años” por los altos precios, aunque a la vez han admitido que “la inflación de los alimentos en niveles normales es del 1,2%”. Hay que recordar que en marzo de 2023, por ejemplo, los alimentos incrementaron su precio un 16,6%, que el aceite de oliva está todavía un 60% más caro o cómo ha afectado en los cambios de hábitos de consumo de la cesta de la compra, a ver si ahora la culpa va a ser de los ciudadanos.

El gráfico

Todavía colea la manifestación que vivimos en Madrid para reivindicar que “la vivienda no es un negocio”, donde participaron miles de personas con un protagonismo claro de los colectivos de vivienda que se mueven contra “el sistema rentista”. Hay hartazgo ante una situación que empeora mes a mes y que obliga a más de un millón de familias a realizar un esfuerzo excesivo para afrontar el coste de un techo pero también hay propuestas de solución: control de alquileres, prohibición de desahucios y coto a los fondos buitre. Como puedes ver en el gráfico, los intermediarios de la vivienda han incrementado su beneficio un 53% pese a que solo han incrementado el empleo en un 2%, prueba de que el ladrillo es un activo financiero más. Está claro que el problema es grave. Incluso el Banco de España avala el incremento del parque público de vivienda en alquiler ante “la actual rigidez de la oferta”. El Gobierno de coalición aprobó dos días después de la protesta una partida de 200 millones para el bono de alquiler joven. Se trata de una medida controvertida, ya que los expertos señalan que las ayudas directas al alquiler tienen un efecto inflacionista, pero dudan del impacto de esta medida con una dotación escasa, más las dificultades en la tramitación y que solo alcanza al 0,6% de los jóvenes.

Cada vez que habla sube el pan

La calificación de injustificado del ERTE es una declaración necesaria de la transacción alcanzada con los sindicatos en el conflicto colectivo. No supone que la difícil decisión de aplicar un ERTE se tomase a la ligera ni mucho menos.

Portavoz de la Fundación Samu

La Fundación SAMU se dedica a licitar adjudicaciones de servicios públicos de acogida de menores migrantes, discapacidad y otros servicios sociales en Andalucía, Comunidad de Madrid o Canarias. Parece que es una entidad ejemplar pero incluso en organismos que se dedican a las buenas causas te puedes encontrar actuaciones deleznables. La Fundación SAMU reconoció en la Audiencia Nacional la aplicación de un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) fraudulento a unos 300 trabajadores para evitar ir a juicio, tras la demanda por conflicto colectivo presentada por CCOO, UGT y CGT. La Inspección de Trabajo había constatado ya la irregularidad del procedimiento. Aquí puedes leer cómo una fundación con multitud de contratos públicos retira un ERTE fraudulento a 300 empleados para evitar ir a juicio.

Entrepreneur

Esta semana tenemos a un par de 'entrepreneurs' de categoría. Tenemos a José Elías, que se perfila como salvador de la constructora OHLA, aunque es de origen humilde vende almuerzos a 3.000 euros donde da consejos de inversión y presume de éxito en redes y televisión. Entre sus empresas están la energética Audax o la compañía de alimentos congelados La Sirena. No para de repartir eslóganes para emprendedores, aunque no ha dudado en engañar para ganar clientes. Aquí te contamos quién es José Elías, el 'influencer' de la lista Forbes que va al límite.

Otro 'entrepreneur’, aunque bastante diferente, es Alfredo Pulgar, jefe de Informática de la Agencia Tributaria en Castilla y León hasta 2016. Pulgar vulneró la normativa de incompatibilidades con una empresa de áridos en Palencia con la que acabó condenado por estafa. En la hemeroteca todavía puede encontrarse una noticia de febrero de 2011 sobre la participación de Pulgar en una jornada sobre Internet como “aliado de las empresas para cumplir con sus obligaciones tributarias”. Su propia casa acabaría imponiéndole en 2018 una sanción de 19.669,6 euros por el IRPF de 2012 a 2014. La liquidación fue confirmada en enero de 2023 la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Valladolid. Un crack. En este enlace tienes más información sobre la suspensión de un ex jefe de la Agencia Tributaria condenado por estafa y sancionado por defraudar.

Bien Público

¿Cómo es posible que a estas alturas no se puedan limitar las actuaciones de pedófilos en las redes sociales? TikTok sabía que niñas de 15 años se desnudaban en directo ante adultos por dinero. La información ha salido a la luz a raíz de una filtración de documentación interna de la red social creada en China a la que ha tenido acceso la NPR, la radio pública estadounidense. En los documentos queda avalado que la dirección de TikTok descubrió que una cantidad “significativa” de adultos estaba aprovechando la plataforma para enviar mensajes directos a menores de edad para que se desnudasen en directo. El análisis interno de TikTok reveló que en un solo mes se enviaron un millón de “regalos” a menores través de la moneda virtual de la aplicación que tenían como objetivo este tipo de “transacciones”. No es la única red social donde se dan este tipo de abusos: Arturo Béjar, ex ingeniero de Meta, reveló en una entrevista a elDiario.es que los ejecutivos de la corporación era conscientes de la falta de protección de los menores: “Un tercio de los adolescentes en Instagram han recibido acoso sexual en el último mes”. Además, el informe propio de TikTok apuntaba que la red social era consciente de que sus numerosas funciones diseñadas para mantener a los jóvenes en la aplicación “generaban una necesidad constante e irresistible de seguir abriendo la aplicación”. El horror. En este reportaje de Carlos del Castillo te contamos cómo TikTok sabía que niñas de 15 años se desnudaban en directo ante adultos por dinero.

Nos gusta la competencia

En esta sección te traemos una serie de artículos de otros medios que nos han parecido interesantes:

Aquí acabamos. Este boletín volverá con más información económica el próximo jueves. Hasta entonces, si tienes alguna ideo o propuesta nos puedes escribir a contraoferta@eldiario.es.

¡Buena semana!

Otro gran campus de centros de datos aterriza en un pueblo de Aragón. Tras cerrar un compromiso de 15.700 millones de euros provenientes de Amazon la pasada primavera, la comunidad se asegura ahora otro de 7.500 millones para seguir construyendo estas infraestructuras clave de la sociedad digital en Calatorao, en la provincia de Zaragoza. La diferencia es que ahora no vienen de Google, Microsoft ni ninguno de los rivales de Amazon en el negocio de la nube. El inversor es Blackstone, el mayor propietario de viviendas en alquiler en España.

El fondo se convierte así en el segundo mayor inversor en centros de datos del país, superando los 6.600 millones que Microsoft destinó (también) a Aragón en junio. Blackstone asegura que la nueva infraestructura creará 1.400 puestos de trabajo en el pueblo, que ahora cuenta con menos de 3.000 habitantes, y que sumarán decenas de miles de millones al PIB de la región. En septiembre su responsable inmobiliario en Europa ya adelanto que tenía su mirada puesta en el “emergente” negocio de los centros de datos en España.

En su último balance de resultados, presentado en julio, el fondo ya controlaba una cartera de centros de datos valorada en unos 50.000 millones de euros. Desde entonces no solo ha anunciado el despliegue de Aragón, sino que ha desembolsado otros 15.000 millones para comprar AirTrunk, una promotora con sede en Australia que gestiona este tipo de infraestructuras digitales por todo el área Asia-Pacífico. Steve Schwarzman, el director ejecutivo de Blackstone, ha revelado que el fondo ha estado vendiendo edificios de oficinas en EEUU en los últimos años para acometer estas operaciones.

El banco de inversión —conocido como un fondo buitre en España por sus polémicas adquisiciones de compra y subida de alquileres— es uno de los que está virando de forma más marcada del ladrillo tradicional a las factorías de la inteligencia artificial. Pero no el único. El grupo Damac, de Dubai, anunció esta semana su entrada en el negocio de los centros de datos en España a través de su filial Edgnex. La compañía pondrá en marcha un centro de 40 MW con una inversión de 400 millones de euros. Mientras, ejecutivos del gigante chino GDS Holdings, según publicó El Confidencial, se han reunido con directivos de Telefónica y miembros del Gobierno para invertir en centros de datos en nuestro país en 2025, lo que sería la primera inversión fuera de Asia de esta compañía.

Según Linklaters, el 40% de las inversiones de los 50 principales fondos inmobiliarios a nivel global ya se destina a la construcción de centros de catos. Los cálculos de Statista apuntan a que el beneficio de este negocio crecerá a un ritmo del 8,5% anual hasta 2030.

España en el horizonte

España es uno de los mercados emergentes en esta explosión de los centros de datos. Hay dos factores que lo justifican, según autoridades y expertos.

Por un lado, “tiene una posición geográfica estratégica, al contar con cables submarinos que llegan a nuestras costas y permiten conectar distintos continentes”, explican desde SpainDC, la patronal de los centros de datos. La corriente tradicional de datos en Europa une el continente con Estados Unidos por el eje conocido como “FLAP” (Fráncfort, Londres, Ámsterdam y París). La península ofrece una mejor oportunidad para las nuevas conexiones con África y Suramérica y un mercado mucho menos saturado que su competencia del norte.

También una disponibilidad eléctrica mucho mayor. “La segunda fortaleza es que estos centros de proceso de datos consumen mucha energía. Ahí nosotros tenemos una ventaja competitiva enorme en la posibilidad de producir energía renovable abundante”, completaba el ex ministro de Transformación Digital, José Luis Escrivá, ahora gobernador del Banco de España, en una entrevista con elDiario.es.

Mientras que compañías como Google o Amazon se ven obligadas a llegar a acuerdos con proveedores de energía nuclear para la electrificación de sus centros de datos en EEUU, España ofrece facilidades para que estas infraestructuras se coloquen la etiqueta de “100% renovable”. Un sello relevante dado el debate sobre la inteligencia artificial y su sostenibilidad que se está desarrollando tanto entre legisladores como en la sociedad civil.

Las concesiones de uso de agua, otro de los aspectos críticos para la instalación de centros de datos, tampoco están suponiendo un problema para las empresas que quieran instalarse en España. Aunque tanto estas compañías como las administraciones locales y regionales se niegan a revelar el consumo de agua planificado de estas infraestructuras, la patronal asegura que las cifras se han exagerado. “Los centros de datos de nueva generación que se están desarrollando, ninguno tiene consumo de agua”, mantienen.

Se abre la veda entre las empresas españolas

La situación está provocando que empresas de sectores no relacionados directamente con el negocio digital se lancen a por un trozo de este pastel. Especialmente en los casos de aquellas que lo que sí tienen es la capacidad de suministrar alguno de los pilares clave: el espacio adecuado para instalarlos (técnicamente, cuanto más cerca de las empresas y personas a las que van a dar servicio, mejor), la energía o la experiencia en la gestión de infraestructuras para terceros.

Así ocurre en el caso de Iberdrola. La energética lanzó en septiembre una nueva filial, CPD4Green, cuyo objetivo es ofrecer espacios “lave en mano” a las empresas que quieran construirlos: el terreno, la acometida eléctrica preparada para gran consumo, el contrato de energía renovable y la instalación para asegurar el suministro 24-7. Iberdrola está buscando un socio capitalista para que se encargue de poner el dinero para construir y operar los centros de datos.

La empresa presidida por Ignacio Galán ha identificado 11 posibles ubicaciones para estas instalaciones. Los centros de datos se miden en megavatios (MW) de potencia instalada: hasta 10 MW se consideran pequeños; de ahí hasta los 50 MW, medianos; y más allá, grandes. Iberdrola afirma que quiere asegurarse una capacidad de 400 MW en los próximos meses y estar operando unos 200 MW entre los diferentes centros de datos para 2030. Sus cálculos son que esta infraestructura llegará a suponer el 10% del consumo energético global. Según el Instituto Internacional de la Energía, en 2023 no llegaron al 2%, aunque estima que habrán alcanzado el 4% para 2026.

También en el sector energético se ha apuntado a este negocio Solaria, la compañía de energía renovable que trata de responder a su caída de ingresos en el negocio tradicional con la diversificación de prestación de servicios, acceso y energía a los centros de datos. Solaria asegura que ya tiene 270 MW de capacidad asegurada para responder a la demanda de data centers y se ha puesto como objetivo 1.000 MW.

Otra de las grandes empresas españolas que quiere hacer negocio gestionando centros de datos es ACS, que ha pasado a la fase final del proceso de subasta para hacerse con Nabiax, una de las principales empresas de centros de datos de España. Nabiax se fundó en 2019 a partir de la venta de 11 centros de datos propiedad de Telefónica al fondo Asterion por 550 millones de euros. Dos años después la teleco puso otros cuatro centros encima de la mesa a cambio de un 20% de las acciones de la compañía.

A finales del pasado año Asterion y Telefónica pusieron en venta Nabiax, esperando conseguir unos 1.000 millones de euros. ACS presentó una de las pujas no vinculantes más altas por la compañía, lo que le dio acceso a la fase final, en la que recibirá datos más concretos sobre la operativa que le permitirán poner encima de la mesa una oferta vinculante. Nabiax cuenta con 28 MW de potencia instalada en España y espera que su operación de venta le permita doblarlo en pocos años.

Sin embargo este movimiento no sería ni mucho menos el primero que ACS hace en este sector. A finales de 2023 el grupo anunció la construcción de un centro de datos de 50 MW en Alcalá de Henares que espera tener operativo para 2025. De manera similar a Blackstone, la constructora comenzó hace años el viraje hacia el negocio de la infraestructura digital. Hoy cuenta en su cartera de activos con gigantes como Turner, uno de los mayores contratistas de EEUU especializado en centros de datos y gigafactorías, o con CIMIC, un gigante australiano de la construcción que también se está focalizando en estas instalaciones y ganado posiciones en la minería de cobre, aluminio, litio, cobalto o níquel, recursos clave para la industria digital.

Otra de las grandes empresas españolas en hacer un movimiento en esta dirección ha sido El Corte Inglés. La firma se ha hecho este octubre con el 100% de la filial española de KIO Networks, una compañía mexicana que se había expandido a España en los últimos años. Cuenta con un centro de datos en Murcia y ultima los preparativos para arrancar otro en Paterna (Valencia). Su potencia es mucho más modesta (2,4 MW en total) pero contará con el nivel IV se seguridad, el más alto del sector. La empresa asegura que solo hay 47 de estos centros en el mundo, cuatro de ellos en España.

La inversión de KIO en Paterna alcanzaba los 50 millones de euros. Las cifras de la adquisición por parte de El Corte Inglés no han trascendido, aunque la empresa ya contaba con el 50% de su accionariado. Fuentes de El Corte Inglés han rechazado dar más detalles sobre la operación o si está en los planes convertir sus activos inmobiliarios en centros de datos en un futuro, aunque explican que KIO seguirá operando como empresa independiente.

¡Buenos días!

¿Cómo llevas la semana? Ya hemos entrado en julio, mes del comienzo de las vacaciones pero también de muchísima actividad en las empresas y en la política. Por fin parece que el Gobierno de coalición da verdaderos pasos para solucionar el problema de la vivienda en España.

Estamos hablando de un problema real que, pese a lo que digan los empresarios del ladrillo, no se soluciona con la liberalización del suelo ni construyendo a mansalva. De hecho, uno de los mantras del sector inmobiliario es que hace falta más suelo porque hay una alta demanda de compradores de vivienda que buscan pisos de reciente construcción y no los encuentran. En realidad, en España hay casi 450.000 inmuebles nuevos, que están listos para entrar a vivir, y aún no han encontrado a alguien que los compre por los altos precios. Un volumen de casas que aumentó en 2023 por primera vez desde el pinchazo de la burbuja inmobiliaria.  

Los precios tanto de los alquileres como de las hipotecas están por las nubes. Y eso que el Euríbor cerró junio en el 3,65%, 0,35 puntos menos que hace un año. Esta moderación del índice de referencia para la mayoría de préstamos hipotecarios hace que quienes revisen anualmente sus cuotas empiecen a pagar menos dinero. El apetito por comprar y los precios no dan tregua en un mercado recalentado: en abril, el último mes con datos publicados por el INE, la compraventa de pisos y casas se disparó un 24%. Aquí te contamos cómo va el mercado inmobiliario pese a la bajada del Euríbor. 

Una solución política no es fácil. Menos aún cuando España es un país de rentistas. Algo más de tres millones de familias tienen ingresos por el alquiler de propiedades inmobiliarias en nuestro país. La cifra es algo inferior a la del total de autónomos que trabajan en España. Es relevante porque explica la dimensión política y económica de un mercado al que es difícil meterle mano desde las instituciones públicas. Además, mientras mayor es la renta más ingresos llegan por el alquiler de inmuebles. En este enlace tienes una radiografía de un país de 'pequeños' rentistas.  

Por eso es tan importante el último paso que ha dado el Gobierno. El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha anunciado que aprobará por Real Decreto y de urgencia una limitación de los contratos de temporada, de manera que “se requerirá la causalidad de esa temporalidad”, y se declarara el alquiler turístico como “una actividad económica”, por lo que las comunidades de vecinos tendrán que autorizarlos explícitamente. De esta manera se subsana el vacío legal que suponen los alquileres que duran menos de un año, unos arrendamientos que quedaron fuera de la Ley de Vivienda y que, junto a los alquileres turísticos, están haciendo imposible encontrar piso a amplias capas de la población que tampoco pueden permitirse una vivienda en propiedad. En esta información te explicamos las modificaciones de los alquileres de temporada y turísticos.

Cada vez que habla sube el pan

Si analizamos los ciclos históricos desde 1970, podemos ver que cuando los principales bancos centrales subieron las tipos de interés mientras los precios de la energía eran altos, los costes para la economía fueron generalmente bastante elevados

Christine Lagarde — Presidenta del Banco Central Europeo (BCE)

La inflación de la eurozona se moderó una décima en junio, hasta el 2,5%, buenas noticias para acabar de una vez con la política monetaria restrictiva del Banco Central Europeo (BCE). Sin embargo, la institución monetaria sigue instalada en la ortodoxia más cerril. Esta semana el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, y su homóloga en el BCE, Christine Lagarde, coincidieron en el foro de política monetaria de Sintra. Ambos dirigentes se agarraron “a la fortaleza del mercado laboral” y la resistencia del crecimiento económico para mantener sus posiciones inalterables alrededor de los tipos de interés, pese a que sendos banqueros centrales reconocen que los datos de inflación son buenos. En el caso de Lagarde, la presidenta del BCE admitió que “hasta ahora este ciclo no ha seguido los patrones anteriores” y admitía que no se ha cumplido el supuesto paradigma de precios elevados de energía más tipos altos suponen costes altos para la economía y frenazo de la actividad, que llevaría a la caída de los precios. Seguimos con recetas del pasado para arreglar una economía en transformación. Aquí te explicamos más sobre cómo los banqueros centrales se agarran a la fortaleza del mercado laboral para retrasar bajadas de los tipos de interés. 

El Gráfico

La vivienda no es lo único que ahoga a los ciudadanos. Pese a las reiteradas medidas de rebaja del IVA de los alimentos, de dudosa eficacia, por parte del Gobierno, el gasto en la cesta de la compra sigue disparado. La inflación ha subido un 24% el gasto que las familias dedica a comprar alimentos desde antes de la pandemia. El dinero que se dejan los hogares en los supermercados al mes alcanzó de promedio en 2023 el récord de 444 euros, frente a los 357 euros de 2019, según la Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF). Aquí te explicamos cómo el gasto de las familias se ha disparado en el supermercado.

El Dato

50.200 millones de euros

Se llevaron inversores españoles a otros países en 2023, según consta en las estadísticas de la CNMV sobre instituciones extranjeras de inversión colectiva que comercializan sus productos en España. Estamos hablando de más de 136 millones de euros diarios. Las sociedades y fondos de inversión radicados en otros países contaban con un volumen de inversión procedente de España superior a los 251.304 millones de euros al final del año pasado. Casualmente son Luxemburgo e Irlanda, conocidos por sus beneficios fiscales, los mayores destinos de esos fondos. Así es el patriotismo de algunos. Aquí te contamos dónde vuela el dinero de los inversores españoles fuera de España.

Financiación autonómica

En el boletín de la semana pasada ya te contamos que nos parecía un error que el Gobierno trate de abordar un nuevo modelo de financiación autonómica, soltando sin concretar lo de “financiación singular” para Cataluña, cuando la debilidad parlamentaria es evidente y se trufa con las negociaciones para la investidura como presidente de la Generalitat de Salvador Illa, el líder del PSC. Aquí tienes unas claves.

Esta semana buscamos, sin encontrar, cuál es el planteamiento del Partido Popular para la financiación autonómica pero es que, además, el último informe sobre “la ejecución presupuestaria” regional del Ministerio de Hacienda, muestra que el déficit acumulado en 2024 de la mayoría de Comunidades Autónomas gobernadas por el PP supera la media nacional. Uno de los principales motivos es la competencia fiscal a la baja, en la que destaca el caso de Andalucía, el único territorio donde desciende la recaudación de todos los tributos cedidos por el Estado tras apuntarse a las bajadas de impuestos espoleadas por el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso en Madrid. Aquí te explicamos cómo la competencia fiscal a la baja del PP embarra el debate sobre la reforma de la financiación autonómica.

Entrepreneur

Años de experiencia como directivo en empresas punteras pero se acaba tropezando el la piedra de la avaricia. Esta semana nuestro 'entrepreneur' de la semana es José María Castillo Lacabex, histórico directivo de ACS y hoy consejero delegado de su antigua filial industrial, Cobra. La Audiencia Nacional ha confirmado tres multas impuestas en 2022 a Castillo Lacabex, a su madre del ejecutivo y a su cuñado, por usar información privilegiada sobre la inminente venta de una filial de ACS, Saeta Yield, en 2017. Todo queda en familia. Las sanciones suman 180.000 euros. Aquí te contamos el multazo por uso de información privilegiada que le han puesto al CEO del gigante Cobra, su madre y su cuñado.

Bien público

¿Para qué sirve una Ley si no se cumple? ¿Es viable un sistema legal en el que nadie se preocupa de su cumplimiento? El Gobierno dio un paso fundamental con la modificación de la Ley General de Telecomunicaciones para regular el “derecho a no recibir llamadas no deseadas con fines de comunicación comercial”. La modificación entró en vigor el pasado 29 de junio de 2023 pero, al parecer, nadie hace caso a la Ley. Organizaciones de consumidores como Facua y OCU señalan que los ciudadanos siguen recibiendo la invasión de las llamadas publicitarias mientras que la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) explica que las reclamaciones recibidas denunciando estas prácticas se incrementaron un 114% respecto a 2022. El Ministerio de Consumo, que impulsó la prohibición de las llamadas comerciales no deseadas, ahora traslada la pelota a la AEPD. Es necesario que la AEPD imponga multas más duras por este tipo de prácticas invasivas y abusivas. Es necesario que el Ministerio haga cumplir la Ley. Aquí puedes leer este reportaje de Carlos del Castillo sobre el fracaso de la ley para frenar las llamadas comerciales.

Nos gusta la competencia

En esta sección os mostramos una lista de artículos de otros medios que nos han parecido interesantes:

Esto es todo por esta semana. Volveremos el jueves que viene con más información económica. Mientras tanto, si tienes algún comentario o propuesta nos puedes escribir a contraoferta@eldiario.es.

¡Buena semana!

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¡Buenos días!

¿Cómo va la semana? En elDiario.es estamos completamente a favor de la declaración de reconocimiento del Estado de Palestina que ha hecho el Gobierno de España. Es una medida a favor de la paz y la convivencia y contra el genocidio que está perpetrando Israel en Gaza. El mismo día, el líder del partido de ultraderecha Vox, Santiago Abascal, viajaba a Israel para reunirse con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. El viaje de Abascal le va a marcar para toda su vida política. Es relevante y un aviso a navegantes en este momento en el que nos jugamos tanto por las elecciones europeas.

De hecho, en los últimos cinco años la ultraderecha en el Parlamento Europeo ha seguido una estrategia de nacionalismo, xenofobia y rechazo a la transición ecológica, sin dar tampoco soluciones a los problemas que sufren los países de la UE. El partido que lidera Santiago Abascal y sus socios de la extrema derecha se han dedicado esta legislatura a intentar boicotear medidas que podrían incrementar el nivel de vida de los trabajadores españoles. 

Luchar contra la brecha de género, mejorar los derechos de los trabajadores de plataformas con una 'ley rider' europea o una norma para reforzar las obligaciones de las multinacionales en el respeto de los derechos humanos son algunas de las iniciativas legislativas a las que se ha opuesto Vox y sus aliados de ultraderecha. 

En otros casos, cuando el interés político es evidente, Abascal y los suyos optaron por la abstención para que no se evidencie que están posicionados contra los trabajadores, como fue el caso del acuerdo para fijar un “salario mínimo adecuado” en la UE y reforzar la negociación colectiva. En esta información te damos más datos y explicaciones sobre la posición de la ultraderecha y Vox contra los intereses de los trabajadores españoles y europeos. 

Cada vez que habla sube el pan

No es en ningún caso para tirar cohetes... Estamos ante una aplastante mediocridad económica

Alberto Núñez Feijóo — Presidente del Partido Popular 

Es cierto que sacar pecho con que la economía va “como un cohete”, como dijo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con un crecimiento de 2,9%, es un tanto exagerado, pero lo que no tiene fundamento ni base es responder con que estamos “ante una aplastante mediocridad económica” como ha apuntado Alberto Núñez Feijóo, el presidente del Partido Popular. De las cuatro grandes economías de la UE, Francia y Alemania están por detrás de España, solo Italia ha crecido más desde 2019. Nuestro país, aunque tenga una tasa de paro muy alta, ha superado los 21 millones de empleados y, según corroboró la OCDE, la renta real disponible de las familias sí que supera el nivel de 2019 en promedio.

Cuando no saben dónde asirse, la derecha suele cogerse a cualquier cosa. Ahora es la falta de inversión de las empresas, como si no hubiera habido una pandemia o un crisis de inflación. De hecho, el Banco de España constata que los factores que han limitado la inversión empresarial en España se diluyen. La economía española tiene muchos retos que afrontar todavía, pero desde luego no se acerca a la visión apocalíptica del líder el PP. Aquí te mostramos los gráficos que desmontan el catastrofismo económico de Feijóo.

El Dato

1.865,8 euros por metro cuadrado

Ha sido el precio de la vivienda libre en el primer trimestre de 2024, según los datos del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Esto supone un incremento del 4,3% hasta marzo y marca el nivel más alto desde 2009. Son datos que coinciden con el primer aniversario de la Ley de Vivienda, que cumple un año con el respaldo del Tribunal Constitucional a la mayor parte del texto. La vivienda sigue siendo un grave problema para las familias españolas. El Banco de España alerta de que la mitad de los inquilinos está en riesgo de pobreza porque los arrendamientos se comen la mayor parte de sus ingresos, mientras que los promotores inmobiliarios advierten de que los precios de la compra de vivienda no van a dejar de subir. Ante esta situación, elDiario.es ha planteado a expertos del ámbito académico, del activismo y del sector empresarial cómo enfocar esta crisis para encontrar arreglo: Aquí puedes leer las soluciones al problema de la vivienda en España. 

El Gráfico

Cuando una compañía multiplica sus beneficios por siete, de 2.043 millones a 14.881 millones de dólares, y sus ingresos se incrementan un 262%, hasta los 26.044 millones, en el primer trimestre de 2024 es que está protagonizando un cambio que va más allá de sus libros de cuentas. Es lo que le ocurre a la compañía de semiconductores, Nvidia, liderada por Jensen Huang. Se trata de la empresa líder en la infraestructura clave de la inteligencia artificial que está brotando por todo el mundo y su crecimiento se erige sobre la venta de chips para centros de datos avanzados. En este enlace te explicamos el ascenso vertiginoso del gigante tecnológico, Nvidia.

El furor bursátil tiene también un reflejo en España. Criteria Caixa, el holding que gestiona el patrimonio empresarial de la Fundación La Caixa, se ha reforzado en grandes cotizadas en unas operaciones que superarían los 5.000 millones de euros en la primera mitad de 2024. Por un lado, Criteria ha asumido un protagonismo propio en el devenir de Naturgy y negocia para que los fondos CVC y GIP vendan su 40% de la energética a inversores de Emiratos. Por otro lado, la compañía que preside Isidre Fainé ha comprado el 9,4% del capital social de ACS, convirtiéndose en el segundo mayor inversor en la constructora por detrás de su presidente, Florentino Pérez. Además, se ha hecho con el 3% del capital de Puig, en la socimi Colonial va a pasar del 3% al 17%, y en Telefónica, donde ya controla un 5%, tiene intención de alcanzar el 10% e igualar el peso de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) para conformar un núcleo duro junto al Estado frente al grupo saudí STC, que también roza el 10%. Aquí te explicamos cómo Criteria, el brazo inversor de La Caixa, se convierte en el gran comprador del año.

Entrepreneur

Esta semana tenemos varios candidatos al entrepreneur de la semana. Por un lado, Edith Rodríguez, la mujer más rica de Argentina, ha reforzado el peso de España en el entramado de sociedades que su opaca petrolera, Pluspetrol, lleva años tejiendo en diversos territorios para eludir impuestos. Sus dos empresas gemelas, Petro Andina Resources Spain SL y Petro Andina Spain SL, tienen su sede en las oficinas del despacho internacional Intertrust en Serrano, 41.Comparten domicilio con el entramado montado en los últimos años por otros multimillonarios latinoamericanos sin rostro, los Guillermo Prieto. Con esos activos por 41,3 millones de euros, sin empleados ni facturación, estas dos empresas españolas tienen el 100% de Pluspetrol Uruguay SA. Aquí te contamos cómo la mujer más rica de Argentina usa España para eludir impuestos con su opaco gigante petrolero.

Otro ejemplo de entrepreneur es Teresa Pérez de Madrid, propietaria de una empresa de interiorismo en Pozuelo. Esta decoradora confesó al regulador bursátil de Estados Unidos que a principios de 2023 obtuvo ilícitamente unas ganancias de cerca de 270.000 euros usando información privilegiada sobre una operación corporativa de la que había tenido conocimiento a través del ordenador de su marido, abogado de profesión. Iniciativa no le faltó. En este enlace te contamos la historia de la decoradora que ganó 270.000 euros usando información privilegiada de su marido abogado.

Y finalmente, un viejo conocido de las informaciones de elDiario.es, David Hatchwell. El inversor tuvo que reformular las cuentas de su conglomerado empresarial, la española Excem Grupo 1971, SA, aflorando pérdidas de 2,8 millones de euros adicionales a las declaradas inicialmente, tras una serie de errores contables que motivaron el despido fulminante en 2022 de los directivos del área Financiera. Aquí puedes leer cómo el amigo de Netanyahu y socio de Nacho Cano corrige las cuentas de su grupo empresarial y fulmina al área Financiera.

Letras que son un Tesoro

Esta semana os recomendamos el libro 'El juego del dinero' (Editorial Península), de Gary Stevenson. El autor, de familia trabajadora, estuvo empleado como trader en Citibank vendiendo y comprando acciones, swaps y otros productos financieros, apostando a que la economía colapse. Un mundo despiadado, donde la avaricia es el principal impulsor para unos jóvenes y unas empresas que se enriquecen con la pobreza del resto del mundo, como explica en su libro. Tras esta experiencia personal, Stevenson abandonó el mundo de los mercados financieros para dedicarse a explicar cómo funciona la economía y luchar contra la desigualdad. Aquí puedes leer una entrevista a Gary Stevenson sobre sus vivencias como 'trader' que recoge en su libro. 

Bien público

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea sentenció en enero que España vulnera la directiva europea sobre la igualdad de trato en el empleo, la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE y la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. A pesar de que cueste creerlo, el Estatuto de los Trabajadores recogía que la incapacidad permanente total o absoluta del trabajador era motivo de extinción del contrato. Fue el trabajador -José Angorrilla, que ves en la imagen-, el que llevó su caso a los tribunales, que ha acabado con una injusticia que afectaba a personas que además de sufrir un problema de salud eran despedidos de su trabajo. Ahora, la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, anunció una reforma del artículo 49 del Estatuto de los Trabajadores y se “corrige la discriminación”. Aquí puedes leer un reportaje de David Noriega, con testimonios de afectados, sobre cómo la incapacidad no volverá a ser motivo de despido.

Nos gusta la competencia

En esta sección os ofrecemos una selección de artículos de otros medios que nos han parecido interesantes: 

Aquí terminamos, volvemos a vernos el jueves que viene. Para cualquier ideo comentarios nos puedes escribir a contraoferta@eldiario.es. Te recordamos que el Festival de las Ideas y la Cultura (FIC) tendrá lugar los días 28 y 29 de junio en Barcelona, donde contaremos con Margaret Atwood, Sidonie y Juan Diego Botto, entre muchos otros. Es un evento gratuito y abierto al público, así que no dudes en pasarte a vernos.

¡Buena semana!

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A unas semanas de cerrar la primera mitad del ejercicio 2024, hay una sociedad que está protagonizando casi todas las grandes operaciones corporativas que se han producido en España en lo que va de año. Se trata de Criteria Caixa. Con una excepción, la opa hostil lanzada por BBVA sobre el Banco Sabadell. Ahí el holding que gestiona el patrimonio empresarial de la Fundación La Caixa es un espectador en primera línea, porque también es el primer accionista de Caixabank, la mayor entidad financiera de España, que verá cambiar su sector si sale adelante esa fusión.

Criteria Caixa lleva meses acaparando titulares por sus inversiones. Unos movimientos que, juntos, superarían los 5.000 millones de euros. En este tiempo, Criteria se ha metido en una constructora, en una empresa de colonias y va a reforzarse en otras cotizadas donde ya estaba presente, como Telefónica o la inmobiliaria Colonial.

El último paso llegó la semana pasada, cuando el holding presidido por Isidre Fainé comunicó la compra del 9,4% del capital social de ACS, valorado en 983 millones de euros. Será el segundo mayor inversor en la constructora, solo por detrás de su presidente, Florentino Pérez, que ronda el 13%. 

Una relación que viene de lejos

De esa operación, Criteria destacó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la diversificación geográfica de la empresa madrileña, que factura 35.700 millones y tiene en cartera proyectos que superan los 73.500 millones. También, las oportunidades que le dan sus filiales, como la estadounidense Turner, la australiana Cimic y el grupo de autopistas Abertis. 

Y es esta última donde se halla la raíz de la relación entre Florentino Pérez e Isidre Fainé, que se convertirá en consejero de ACS. Juntos ya fundaron hace dos décadas Abertis, como uno de los principales gestores de autopistas de Europa. Un negocio en el que iban de la mano hasta 2018. Entonces, la propia ACS y el grupo italiano Atlantia lanzaron una opa conjunta por Abertis. Y ahí Criteria aprovechó para salir y hacer caja, porque ingresó con esa operación más de 3.300 millones de euros. 

Ahora, Fainé y Pérez volverán a sentarse en un mismo consejo de administración y es la propia Criteria quien explica por qué le interesa invertir en la constructora. “La política de retribución al accionista de ACS, con un dividendo estable y creciente, previsto en su nuevo Plan Estratégico 2024-2026, encaja en la estrategia de Criteria Caixa de buscar opciones de inversión con enfoque de largo plazo que maximicen la rentabilidad por dividendo”, indicó al sellar la adquisición. En este caso, ACS tiene como objetivo el reparto de 2.000 millones de euros durante esos tres años.

Nuevas cotizadas y reforzarse en pesos pesados

Una de las claves de este apetito inversor son los dividendos que sirven a Criteria como el motor y la gasolina de estas operaciones corporativas: busca empresas que apuesten por retribuir anualmente a sus inversores y, con eso, engrasar la maquinaria para seguir creciendo. 

Por ejemplo, otro de los movimientos recientes implica a Puig, el grupo de perfumes que salió a Bolsa a principios de mayo. En ese salto al parqué, Criteria se ha hecho con el 3% del capital social, con acciones de clase B, que tienen menos derechos de voto, pero los mismos cuando toca cobrar el dividendo. Este movimiento le ha conllevado una inversión de 425 millones y lo considera atractivo porque la moda y la belleza son sectores que crecen, incluso si viniesen mal dadas. Esta industria ha “demostrado ser resiliente en situaciones de crisis, con crecimientos anuales de cerca del 5% desde hace décadas”, justificó.

Y habrá dividendo. “La propuesta de 'pay-out' anunciada por Puig, con un dividendo estable y creciente, de en torno al 40% del resultado, encaja en la estrategia de Criteria Caixa de buscar opciones de inversión con enfoque a medio y largo plazo que maximicen la rentabilidad la rentabilidad por dividendo”. 

Al margen de desembarcar en nuevas cotizadas, Criteria también está acelerando en otras, donde ya estaba, en las que tendrá más peso y se reforzará como accionista de referencia. Por ejemplo, en la socimi Colonial va a pasar del 3% al 17%. Un paso que, además, le va a servir para reordenar su cartera inmobiliaria en un momento donde los promotores no ven techo a los precios, ni de venta ni de alquiler, porque asumen que van a seguir creciendo.

En otras dos cotizadas, Telefónica y Naturgy también ha reconocido que va a reforzar su poder como accionista de referencia. En la 'teleco' ya llega al 5% pero tiene intención de alcanzar el 10% e igualar el peso de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). De esta forma, conformaría un núcleo duro, junto al Estado, frente a la presencia del grupo saudí STC, que también roza el 10%. “Para Criteria Caixa, primer holding inversor en España, su participación en Telefónica tiene carácter estratégico y de largo plazo”, argumentó la sociedad. “En este sentido, su principal objetivo es dotar a la operadora de telecomunicaciones, que es una compañía esencial tanto para el país como para el sector a nivel internacional, de la mayor estabilidad accionarial”. Un claro mensaje sobre cuáles son sus intenciones. 

Como en Naturgy. La posible venta de las participaciones de los fondos CVC y GIP que suman un 40%; daría entrada al gigante Taqa, controlado por Abu Dabi. Eso derivaría, también, en el refuerzo como accionista de Criteria, que mantiene el 26,7%, De esta manera, ampliaría su peso como socio de referencia ante el recurrente debate de cómo garantizar la españolidad de empresas estratégicas, como las energéticas o las de telecomunicaciones. “Criteria Caixa considera estratégica su inversión en Naturgy”, asumió, “compañía en la que está presente con visión de largo plazo, vocación de permanencia y con el objetivo de salvaguardar y consolidar su política de remuneración al accionista”. De nuevo, los dividendos.

¿Pero qué es Criteria Caixa?

Criteria es el holding que gestiona el patrimonio empresarial de la Fundación La Caixa. Es decir, la sociedad posee una cartera de inversiones, de participadas, que ahora está aumentando; y que le van nutriendo de dividendos. Con ellos, o bien genera más inversiones o bien inyecta fondos a la Fundación de la que depende.

De esta forma, por debajo están sus participadas, con un valor de activos que superaba los 26.500 millones de euros al cierre de 2023, antes de todas las operaciones de los últimos meses. Dentro de ese paraguas estaba el 26,7% en Naturgy; un 4,36% en Cellnex; o el 2,55% que mantenía en Telefónica, el que ahora subirá al 10%. Y luego sus inversiones en banca: casi un 20% en The Bank of East Asia; un 9% en Inbursa, controlado por Carlos Slim. Y, sobre todo, el 31,92% de Caixabank. Es el primer accionista del banco, solo por delante del Estado, a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob), que tiene más del 16%. Una participación de control público que deriva del rescate de Bankia, fusionada con Caixabank en 2021.

Estado y Criteria comparten capital en Caixabank, estrategia y la visión de generar dividendos de la entidad financiera, sobre todo en los años en los que la banca logra resultados record, gracias a los tipos de interés. Solo en el año 2023, según la memoria de Criteria, sus participadas le aportaron 1.114 millones de euros en dividendos. De ellos, prácticamente la mitad correspondió a Caixabank, que aportó a la sociedad catalana 588 millones. A ellos sumó otros 388 millones de Naturgy y 42 millones de Telefónica, entre otros.

Esas son las participadas que tiene hasta ahora, hasta este reciente acelerón inversor. Y puede que los últimos movimientos no sean los únicos, porque hay otra operación gestándose entre las cotizadas españolas, la opa del grupo húngaro Magyar Vagon por el fabricante de trenes Talgo, por 619 millones de euros, que cuenta con la oposición del Gobierno. De hecho, el Ejecutivo ya ha abierto la puerta a que entren otros “actores” en juego. “Esa alternativa se puede constituir sin auspicio del Gobierno de España”, aunque “si hubiera que auspiciarla, la valoraríamos”, aseguró el ministro de Transporte, Óscar Puente. Y, entre esos posibles actores que defiendan la españolidad de Talgo, suena Criteria como alternativa, de la mano de un socio industrial, aunque Criteria no ha llegado a confirmar nada al respecto.

Si las participadas están por debajo del paraguas de Criteria, por encima está la Fundación La Caixa. Una fundación, también presidida por Isidre Fainé, que para este año cuenta con un presupuesto récord de 600 millones de euros, que se alimenta de los mencionados dividendos de Criteria.

En el patronato de esa fundación, también están otros representantes de empresas participadas por la sociedad catalana, como el presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete; o de empresas participadas por el Estado, como el presidente de Indra, Marc Murtra. También figura el expresidente de Inditex, Pablo Isla; o el exdiputado de CiU, Francesc Homs. Y vocales alejados del mundo empresarial, como el nombrado por Cruz Roja, Luis Carreras del Rincón; o por Cáritas Diocesana de Barcelona, Eugenio Gay Montalvo.

Los títulos de ACS se desplomaron este lunes cerca de un 10% en Bolsa después de que el Tribunal Supremo haya desestimado la reclamación de Abertis al Estado de 4.000 millones de euros en relación con las obras de ampliación de carriles ejecutadas en la autopista de peaje AP-7 en el año 2006.

En concreto, las acciones de la multinacional presidida por Florentino Pérez, que controla el 50% del capital de Abertis, se anotaron una caída del 9,99% al cierre de la jornada --la mayor caída de la última década en un solo día--, alcanzando también mínimos del pasado mes de noviembre.

Su filial alemana, Hochtief, titular de un 20% de ese 50% de ACS, también sufrió las consecuencias de la decisión del Tribunal Supremo y cayó un 8,96% en Bolsa. Fuentes de Abertis aseguraron a Europa Press que la compañía está analizando internamente las opciones frente a esta resolución.

El 31 de agosto de 2021 venció el plazo de duración de la concesión de la AP-7, decidiendo el Gobierno no renovarla. Posteriormente, el Consejo de Ministros adoptó en febrero de 2022 un acuerdo para compensar en 1.070 millones de euros las obras realizadas, algo que fue impugnado por Acesa, la concesionaria de Abertis.

La compañía consideró que la cantidad que le correspondía en virtud del convenio era de 5.373 millones de euros, por lo que reclamó la diferencia entre esta cantidad y la reconocida por el Consejo de Ministros en el recurso que ha resuelto ahora el Tribunal Supremo, estimando tan solo la concesión de 33 millones de euros adicionales a lo ya pagado por las inversiones que sí fueron reconocidas por la Administración.

Una década del inicio del fiasco del Castor, el multimillonario almacén subterráneo de gas que ACS construyó frente a las costas de Castellón y Tarragona, y que solo llegó a operar en pruebas.

Diez años después el resultado es conocido: una infraestructura inservible, un agujero multimillonario que ha acabado pagando el contribuyente y una cascada de litigios judiciales, sin que haya habido responsables, tras el archivo de la causa por la vía penal.

El 3 de octubre de 2013, José Manuel Soria, entonces ministro de Industria, confirmó la paralización de las primeras inyecciones de gas en esa infraestructura, tras una sucesión de microseísmos en la zona registrados entre el 13 de junio y el 16 de septiembre de aquel año.

Ese anuncio fue el pistoletazo de salida de un culebrón del que se escribió un capítulo clave justo un año después. El 3 octubre de 2014, el Gobierno del PP, a propuesta de Soria (que se cuidó de comparecer tras aquel Consejo de Ministros), aprobaba la indemnización exprés de 1.350 millones de euros para la adjudicataria por renunciar a la concesión de la infraestructura, que en ese momento se declaró en estado de “hibernación”, mediante un Real Decreto-ley declarado inconstitucional en diciembre de 2017.

Las prisas para aprobar ese decreto se justificaron “teniendo muy presente”, dijo la entonces vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, el papel del Banco Europeo de Inversiones (BEI) en el proyecto, al que había prestado 500 millones. Pero el Constitucional, tras un recurso del PSC, no apreció razones justificadas de urgente necesidad para usar esa figura normativa.

La última consecuencia de esa sentencia ha sido la reciente decisión de la Audiencia Nacional de obligar a Escal UGS, la sociedad controlada por ACS y participada por la canadiense Dundee que construyó el fallido almacén, a devolver a los consumidores de gas 209,7 millones de “retribución financiera” que cobró por los ejercicios 2014, 2016 y 2017.

Esos pagos han quedado anulados tras esa sentencia del Constitucional, pero está por ver que la empresa los devuelva, dado que Escal entró en concurso de acreedores en 2019, tras reclamarle esas cuantías la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

La sentencia del Constitucional también propició que la CNMC paralizase en enero de 2018 los pagos a los bancos que habían adelantado esa indemnización, a cambio de cobrarla con intereses en la factura del gas durante 30 años. Al cesar los pagos mensuales, las entidades financieras recurrieron y el Tribunal Supremo les dio la razón. El resultado fue que el Estado, y por ende el contribuyente, tuvo que endeudarse por decreto para indemnizar a la banca.

Socializar pérdidas

Este clásico ejemplo de socialización de pérdidas tuvo también una derivada penal. Pero en noviembre de 2021 la Audiencia de Castellón absolvió a Escal UGS y a dos de sus principales directivos de un delito contra el medio ambiente y los recursos naturales. Esta retahíla de procesos judiciales quizá explique por qué ACS ha batido este año el récord de abogados del Estado en un consejo de administración del Ibex: de tener uno en 2013, cuando arrancó el caso Castor, a los seis actuales, pese al menguante peso de España en la facturación del grupo.

Aunque fue Soria quien rescató el Castor con esa norma inconstitucional, la indemnización a ACS estaba recogida en un decreto del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero que adjudicó en 2008 la infraestructura a Escal UGS.

Una polémica cláusula, que el Gobierno del PP intentó declarar lesiva para el interés público y que avaló el Supremo en octubre de 2013, días después de paralizarse las inyecciones de gas, decía lo siguiente: en caso de extinción de la concesión, la adjudicataria tendría derecho a recibir una compensación por “el valor residual de las instalaciones”, aun en caso de “dolo o negligencia imputable a la empresa concesionaria”.

El decreto llevaba la firma de Miguel Sebastián, entonces recién aterrizado en Industria, que luego culpó a su antecesor en el cargo, Joan Clos, de la cláusula de la discordia. En una comparecencia en 2019 en el Parlament de Catalunya, el presidente de ACS, Florentino Pérez, dijo que sin esa garantía para la concesionaria, por la que “el Estado asume el riesgo geológico”, “nadie” se habría presentado a una licitación de este tipo.

Pérez se mostró en esa comparecencia “consternado” por la “desgracia” del Castor, que pese a su “trascendencia” representa “el 1% de la facturación de nuestro grupo”. También aseguró que su empresa perdió dinero en el proyecto y negó haber “intervenido en ninguna cuestión” relativa al almacén.

Cortes de suministro

El proyecto se justificó por la necesidad de impulsar el almacenamiento de gas en España, que no produce este hidrocarburo, en previsión de posibles cortes de suministradores como Rusia. La crisis energética derivada de la invasión de Ucrania, la más grave en medio siglo, ha puesto de manifiesto que la infraestructura no era necesaria, gracias a la red de regasificadoras de España, la mayor de Europa.

Pero, sobre el papel, y en los mensajes que se lanzaban desde empresas como Enagás, el operador del sistema gasista, parecía una buena idea. El proyecto ya figuraba en la planificación energética que el Gobierno de José María Aznar elaboró en 2002, pero no era prioritario “dada la inmadurez” de los estudios previos.

El espaldarazo definitivo llegó en marzo de 2006. Con el socialista José Montilla al frente de Industria, la Planificación energética 2005-2011 identificó como “urgentes” cinco almacenamientos subterráneos, entre ellos Castor, calificado de “proyecto necesario y prioritario para el sistema gasista español”.

El silo submarino estaba avalado por las recomendaciones de la extinta Comisión Nacional de la Energía (CNE) y Enagás. Entonces, la demanda estaba disparada por la elevada utilización de las centrales de ciclo combinado (que queman gas para producir electricidad) y España sólo tenía dos almacenamientos subterráneos, Gaviota (frente a las costas de Bilbao) y Serrablo (Huesca).

Castor debía ser capaz de guardar un tercio de la demanda durante 50 días. Con la crisis posterior y el desplome de la demanda eléctrica, cuando acabó su construcción (mediados de 2012) las infraestructuras gasistas funcionaban al 50% de su capacidad.

El almacén submarino está ubicado a unos 1.700 metros de profundidad, a 21,6 kilómetros de la costa, frente a Vinarós (Castellón), en la comarca de Baix Maestrat, muy próxima a la comarca de Montsià (Tarragona). Se diseñó aprovechando el sellado natural que proporcionaba el terreno calizo del antiguo yacimiento de la falla de Amposta, en el que Shell extrajo entre 1975 y 1989 unos 56 millones de barriles de petróleo.

Con una capacidad de unos 1,9 bcm (miles de millones de metros cúbicos), consta de una plataforma marina, un gasoducto de 30,3 kilómetros de longitud y una planta terrestre en Vinarós bautizada con el nombre de Ignacio Pérez, como el expresidente de ACS Servicios Industriales y Energía, fallecido en 2007 y hermano del presidente del Real Madrid.

El almacén es hoy un activo varado de cuya gestión se encarga Enagás. En 2019, el Consejo de Ministros acordó el desmantelamiento y sellado de los pozos del Castor. Escal trató de tumbar sin éxito esa decisión en el Supremo. Y se ha planteado su desguace para venderlo por piezas.

La Audiencia Nacional ha rechazado un recurso de Escal UGS, la sociedad controlada por ACS que promovió el fallido almacén de gas Castor, que esta empresa presentó contra una resolución de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que le obligó a devolver 209,7 millones de euros con cargo a la tarifa del gas.

Se trata de pagos que la promotora del Castor recibió en concepto de “retribución financiera” por los ejercicios 2014, 2016 y 2017.

En una sentencia del pasado 5 de julio, la sección 4 de la Sala de lo Contencioso rechaza el recurso de Escal contra la resolución de Competencia y condena a la demandante al pago de las costas procesales. La Sala señala que “las liquidaciones anuladas de oficio por la CNMC son nulas de pleno derecho (y no meramente anulables) por haberse realizado a partir de un acto legislativo declarado nulo por el Tribunal Constitucional y exigirlo así la efectividad de esta declaración”.

Se trata del decreto-ley 13/2014 que aprobó el Gobierno del PP para pagar una indemnización exprés de 1.350 millones para ACS, la empresa cuyo presidente y principal accionista es Florentino Pérez, por la hibernación de ese almacenamiento submarino, en el que dejó de inyectarse gas hace ahora casi una década, en octubre de 2013, tras una sucesión de medio millar de microseísmos en esa zona cuando la infraestructura empezó a operar en pruebas.

Ese decreto fue declarado inconstitucional en diciembre de 2017 tras un recurso presentado por el PSOE, por no estar justificada la urgente y extraordinaria necesidad de esa norma. Esto propició que posteriormente la CNMC pusiera en revisión las liquidaciones que se habían satisfecho a Escal en esos tres ejercicios.

Finalmente, en julio de 2019 Competencia declaró la obligación de Escal de reintegrar, en un plazo de quince días, 209.721.751,27 euros al sistema gasista. Para no hacer frente a esos pagos, la filial de ACS (empresa que desde este año tiene en su haber el récord de abogados del Estado en el Ibex) recurrió a la Audiencia Nacional.

Según la sentencia, la “pervivencia” de ese concepto de retribución financiera a favor de Escal UGS, “que es la consecuencia inmediata del contenido singular de la ley declarada inconstitucional”, habría puesto “en jaque la propia eficacia de la sentencia constitucional”.

La Audiencia rechaza, entre otras, cosas, el argumento de la filial de ACS de que la competencia de revisar los actos de la CNMC corresponda al Gobierno y no al regulador. Le recuerda que Competencia es una “autoridad administrativa independiente”, no depende del Ejecutivo y la ley que regula su funcionamiento le prohíbe “solicitar o aceptar instrucciones de ninguna entidad pública o privada”.

Un culebrón judicial

El de estos pagos es un capítulo más del larguísimo culebrón judicial asociado al caso Castor. También como consecuencia de la anulación por parte del Constitucional del Decreto-ley 13/2014, se paralizaron en enero 2018 los pagos a los bancos que adelantaron esa indemnización de 1.350 millones a ACS para cobrarla con intereses con cargo a la factura del gas durante 30 años.

Tras congelarse esos pagos mensuales, las entidades financieras recurrieron al Tribunal Supremo, que les dio la razón, y el Estado tuvo que endeudarse para indemnizar a la banca.

El caso Castor tuvo también una derivada penal, pero en noviembre de 2021 la Audiencia de Castellón absolvió a Escal UGS y a dos de sus principales directivos de un delito contra el medio ambiente y los recursos naturales. Escal entró en concurso de acreedores en septiembre de 2019, poco después de esa millonaria reclamación de la CNMC.

También en 2019, el Consejo de Ministros acordó el desmantelamiento y sellado de los pozos del Castor, que Escal trató de tumbar sin éxito en el Tribunal Supremo.

El proyecto Castor fue impulsado en la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero. Se justificó por la necesidad de impulsar el almacenamiento de gas en España, que no produce este hidrocarburo, en previsión de posibles cortes de suministradores como Rusia. La última crisis energética, la más grave en medio siglo, ha puesto de manifiesto que la infraestructura no era necesaria, gracias a la red de regasificadoras de España, la mayor de Europa.

La constructora ACS se dispone a batir el récord de abogados del Estado en el consejo de administración de una empresa del Ibex 35. El gigante español de la construcción va a nombrar en la junta de accionistas del próximo 5 de mayo a dos integrantes más de ese cuerpo de élite para formar parte de su máximo órgano de gestión. Con ello, se elevarán a seis los abogados del Estado que tiene en su consejo. Es una cifra sin precedentes en el Ibex.

La constructora va a incorporar como consejeras independientes a dos abogadas del Estado en excedencia, Lourdes Máiz y Lourdes Fraguas. Esto le permitirá anticiparse a la ley de paridad que prepara el Gobierno, que prevé que las cotizadas tengan al menos un 40% de consejeras antes de julio de 2024. Otra cosa es la alta dirección de ACS, que a cierre de 2022 solo tenía tres mujeres, un 12,5% del total de altos directivos, según su último informe de gobierno corporativo.

Máiz y Fraguas, abogadas del Estado de la promoción de 1992, cubrirán las vacantes producidas por la jubilación de dos veteranos consejeros históricos de ACS, el jurista y ex diputado Miquel Roca (padre de la Constitución) y Antonio García Ferrer. Estos últimos no van a renovar para que la compañía “pueda cumplir con los mejores estándares de buen gobierno”.

Lourdes Máiz, consejera de BBVA, ha sido máxima responsable legal de la aerolínea Iberia y en el sector público ocupó entre otros cargos el de secretaria general Técnica del Ministerio de Agricultura. Por su parte, Lourdes Fraguas es vicepresidenta del grupo Italfármaco, directora de Farma y Salud del bufete Herbert Smith Freehills. Hasta 2019 fue secretaria general de la patronal farmacéutica, Farmaindustria, y en el sector público, fue entre 2001 y octubre de 2004 Agente del Reino de España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

En la documentación que ha puesto a disposición de sus accionistas, la mayor constructora española explica que “la incorporación de dos nuevas Consejeras refuerza el compromiso con la diversidad de ACS, pasando el Consejo de Administración de estar integrado por un 26,67% de Consejeras a un 40%”, el porcentaje que recomendaba la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para 2022.

Por su parte, el peso de los independientes pasará de un 40% a un 53,3%, “todo ello teniendo en cuenta los criterios legales y recomendaciones de buen gobierno al respecto”. Máiz y Fraguas “reúnen el talento, la formación y la competencia requeridas para el desempeño del cargo de Consejeras contribuyendo a la plena capacidad del Consejo para adoptar decisiones de forma autónoma e independiente en interés de la Sociedad”.

De Lourdes Máiz, la comisión de nombramientos y retribución de ACS destaca “especialmente” sus conocimientos sobre gobierno corporativo, cumplimiento normativo y derecho de sociedades, “así como su experiencia en el ámbito empresarial, en particular, en materia económico-financiera, y en consejos de administración de sociedades cotizadas y no cotizadas y otros órganos de gobierno de entidades privadas, contando además con experiencia en entidades públicas de sectores relevantes para ACS y su Grupo, especialmente en materia administrativa y de infraestructuras”.

De Lourdes Fraguas, “ha valorado especialmente sus conocimientos en el ámbito jurídico en diferentes jurisdicciones, así como su experiencia, de un lado, en diversas entidades del sector público y, de otro lado, como administradora y miembro de la alta dirección en destacadas compañías con presencia internacional”.

Caso aparte

Hace tiempo que los abogados en Estado en excedencia o jubilados cotizan al alza en el Ibex, que tiene a un miembro en excedencia de ese cuerpo, Óscar García Maceiras, al frente de la primera empresa del selectivo, Inditex (es su consejero delegado). El anzuelo, también para los consejeros independientes, es difícil de rechazar para unos funcionarios que, tras superar una durísima oposición y bregarse defendiendo a la Administración, pueden multiplicar la retribución que reciben en el sector público pasándose al otro lado.

Esta tendencia es especialmente llamativa en el caso del consejo de ACS, que desde hace más de tres décadas tiene en sus filas a un histórico ya jubilado de ese cuerpo de élite, José Luis del Valle, de 72 años, que va a renovar en la Junta por otros cuatro años junto a, entre otros, el presidente ejecutivo y máximo accionista, Florentino Pérez (76 años).

Abogado del Estado de la promoción de 1975 (la misma de los ex ministros Eduardo Serra y Miguel Arias Cañete), Del Valle, 'Chitín', para los amigos, es secretario y consejero ejecutivo de ACS y lleva vinculado al grupo desde 1989. Como el presidente del Real Madrid, tiene un pasado en política, como ex diputado de UCD y ex subsecretario en el ministerio de Administración Territorial. Durante muchos años, fue el único abogado del Estado en el consejo de ACS.

Pero eso cambió en mayo de 2015, cuando la constructora fichó de una tacada a Antonio Botella y a Catalina Miñarro, ambos pertenecientes a ese cuerpo. Procedían, respectivamente, del Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional, donde en los últimos años ACS se ha jugado sumas multimillonarias, tanto por el 'caso Castor' como en otros litigios como el rescate de las autopistas en quiebra o las sanciones que ha impuesto a la constructora la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Botella, actualmente jubilado, y de la misma promoción que Del Valle, tuvo como último destino la Abogacía del Estado del Tribunal Supremo, que incluso llegó a compatibilizar durante un tiempo con su sillón en ACS. Y Miñarro, en excedencia, venía de la Audiencia Nacional, donde también se mantuvo en activo tras incorporarse en 2013 a la aseguradora Mapfre, de la que sigue siendo consejera y es vicepresidenta segunda. Ambos van a renovar su mandato también en esta junta.

Los dos ficharon por ACS meses después de que el Gobierno de Mariano Rajoy aprobase a toda prisa la indemnización de 1.350 millones a la constructora por el cierre del fallido almacén de gas Castor, mediante un Real Decreto-Ley declarado inconstitucional en 2017. Esa decisión no tuvo efectos prácticos para el grupo, que se garantizó esa multimillonaria compensación, cargada al recibo de los consumidores de gas (con intereses) y adelantada por los bancos. Como es conocido, al final, pagó el contribuyente: al anularse el decreto, los pagos a las entidades (Santander y Caixabank) se paralizaron, estas demandaron al Estado, el Supremo les dio la razón en 2020 y el Estado tuvo que acabar endeudándose para resarcir a las entidades.

En los últimos años, la proporción de abogados del Estado en el consejo de ACS ha crecido exponencialmente, de forma inversamente proporcional al peso de España en su cifra de negocios, que el año pasado cayó por primera vez por debajo del 10%. En concreto, en 2022, la multinacional de construcción, concesiones y servicios, con cerca de 129.000 empleados, facturó más de 33.000 millones, de los que el 56% provino de Estados Unidos, el 19% de Australia, y solo el 9% de España.

Pese a ese marcado y creciente perfil internacional, ACS sigue sin incorporar a ningún consejero extranjero a su máximo órgano de gestión, en contra de la tendencia generalizada en el Ibex. Y ha optado por pescar en ese cuerpo de élite de altos funcionarios. El último fichaje hasta ahora llegó el año pasado, con la incorporación de María José García Beato, en excedencia desde 2005 y actual consejera de Banco Sabadell, cuyos servicios jurídicos dirigió durante años. Con ella, el número de abogados del Estado en el consejo de ACS se elevó a cuatro.

Y en breve serán seis, en un momento en el que la CNMC quiere aplicar de forma directa el veto como contratistas de la Administración a las empresas que monten cárteles, un asunto en el que la constructora de Florentino Pérez se convirtió en líder destacado en España hace tiempo.

La última multa que le impuso Competencia se notificó en julio de 2022, con una sanción de 57,1 millones a su filial Dragados por manipular durante décadas licitaciones junto a todas las grandes constructoras. Entre otras, Ferrovial, que ha anunciado recientemente una polémica mudanza a Países Bajos.

En sus últimas cuentas anuales, ACS señala que “en opinión de Dragados y de sus asesores externos se considera que la actuación sancionada no es ilícita y no restringió la competencia además de considerarse la multa desproporcionada y carente de justificación”. Y estima “remota la posibilidad de que la resolución final de este asunto pueda tener un efecto significativo contra la sociedad”.

La semana en la que el grupo Ferrovial ha abierto una crisis empresarial y política al decidir trasladar su sede social a Países Bajos ha coincidido con las presentaciones de resultados, no solo de la empresa presidida por Rafael del Pino, de casi todas las grandes constructoras españolas.

En su informe financiero, Ferrovial repite uno de los argumentos que ha trasladado para explicar su mudanza de sede: España es una pequeña parte de su negocio aunque aquí tenga sus “raíces”. Y no es la única que hace énfasis en su internacionalización y en el fuerte peso de su actividad en el exterior, aunque en paralelo casi todas las compañías desglosan el desarrollo de las infraestructuras en España y, alguna de ellas, también el impulso que van a suponer los fondos de recuperación europeos para sus negocios.

“Somos el país más avanzado en el despliegue de dichos fondos, parte de los cuales están siendo destinados a la mejora del transporte y la movilidad, así como a las infraestructuras energéticas”, indica Sacyr en su informe al hablar de la inyección que pueden suponer los Next Generation. “Respecto al futuro del sector de la construcción en nuestro país, continúa siendo bastante prometedor, ya que las infraestructuras son clave a la hora de ganar competitividad en un país cuyos pilares económicos son el turismo y las exportaciones”, añade esta compañía que, en 2022, dejó atrás los números rojos postpandemia y ganó 110 millones de euros en un año récord en ingresos, más de 5.851 millones.

Unos negocios ligados a las concesiones

En el caso de Sacyr, casi dos tercios de sus ventas se generan fuera de España. En nuestro país obtiene el 38% de su facturación, cerca de 2.166 millones de euros. Un peso de España en su actividad que se repite en casi todas las grandes constructoras cotizadas, según detallan en la información que han remitido -aunque no todas- a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Si se entra al detalle de los datos publicados por otros competidores, Acciona tiene en España el 43% de su actividad, 4.925 millones al cierre del ejercicio. La compañía controlada por los Entrecanales, en los últimos años, ha puesto el foco en las energías renovables. Sin embargo, habla del mercado español como clave en actividades de infraestructuras e inmobiliario.

Esa es una de las características de cómo ha cambiado el negocio de las grandes constructoras españolas que han virado su actividad desde la construcción tradicional a negocios ligados a las concesiones públicas, como autopistas, a las que se han abrazado, por ejemplo, en Estados Unidos o Canadá. Acciona, cuando explica el peso por mercados en sus actividades de construcción de infraestructuras, de los 4.650 millones de volumen de negocio, a España le corresponden 754 millones.  

No es una situación muy diferente a la de FCC, que está controlada por el magnate mexicano Carlos Slim, que genera fuera de España casi la mitad de sus ingresos. De hecho, habla de Estados Unidos como eje a futuro en el negocio medioambiental, donde incluye la gestión de residuos y los servicios de limpieza urbana. “A nivel internacional destaca el fuerte crecimiento en EEUU, donde el crecimiento en ventas en 2022 respecto al año anterior fue del 121%. FCC ya está dentro del Top 15 de las empresas del sector en EEUU, con expectativas de estar en el Top 10 en los próximos 2 años”, desglosa.

En la construcción más tradicional, su negocio en España se redujo un 1,7% en 2022, hasta 870 millones de euros “aún con el buen ritmo de avance en la remodelación del estadio de fútbol Santiago Bernabéu”, asume, sin decir cuánto prevé ingresar por esa obra.

Hay otras empresas que son más escuetas a la hora de hablar de cuánto le supone cada país. Es el caso de OHLA, que en los últimos años ha pasado de estar en manos de la familia Villar Mir a la de los también mexicanos Luis y Mauricio Amodio. Esta multinacional solo apunta que España le supone casi el 30% de su actividad, mientras el conjunto de Europa -mercado español, incluido- es el 48%; Norteamérica, un 35,4%; y Latinoamérica, un 16,4%. No da más detalles de cómo le va el negocio doméstico. 

La que sí tiene en España la mayor parte de su actividad es San José, una constructora de menor tamaño -vale en bolsa 250 millones frente a los 19.000 de Ferrovial- que concentra el 75% de sus ingresos en España, cerca de 818 millones de euros.

Si San José es la que más, en el extremo contrario está ACS, que es la constructora con más ingresos (más de 33.000 millones) pero con menos negocio en España, inferior en porcentaje al de Ferrovial. La compañía presidida por Florentino Pérez solo concentra el 9% de su actividad en el mercado local, que un año antes era el 10,7%, según sus presentaciones de resultados, porque no ha publicado aún su informe anual. En concreto, en España factura 3.170 millones de euros. 

Casi 10 de cada 100 euros que ingresa ACS vienen de España, mientras que de Estados Unidos le llegan 56 y de Australia, 19. Esta proporción se repite si se ve dónde tiene localizada su cartera de proyectos. Con un matiz, su filial Clece, centrada en los servicios medioambientales, urbanos o aeroportuarios, sí depende de España, que le supone el 90% de la actividad.

Ferrovial prevé crecer en España con los fondos europeos

Y qué ocurre en Ferrovial. La multinacional argumenta al explicar su marcha a Países Bajos que su “negocio es predominantemente internacional”, porque su país de origen aporta el 18% de su facturación. En cambio, Canadá y Estados Unidos, donde aspira a crecer, son el 36%. 

Sin embargo, también prevé crecer en el negocio constructor en su, todavía, mercado doméstico por los fondos europeos. “En España se prevé un crecimiento en ventas con respecto a 2022 gracias al buen ritmo de contratación, con la adjudicación de varios contratos relevantes de ferrocarriles y para clientes privados, y una vez superados los retrasos en licitación derivados de la COVID”, argumenta en su informe anual. “En el medio plazo, la aplicación de los fondos europeos Next Generation mantendrá el impulso de la licitación, a lo que se suma la buena dinámica de iniciativas públicas ferroviarias y sanitarias, y privadas en proyectos industriales, de edificación y de energía renovable”, enumera sobre las palancas que cree le harán crecer en España.

Aquí, al cierre de 2022, Ferrovial contaba con 5.413 empleados. En Estados Unidos -donde también prevé crecer gracias al gasto público en infraestructuras-, con 4.178. En Países Bajos, donde prevé tener su sede antes del otoño, tenía cinco.

Una disparidad de plantillas, que conllevará mudanzas. Este jueves, la empresa explicó a la CNMV que “tras el momento de efectividad de la fusión, puede ocurrir que determinados empleados de Ferrovial se trasladen voluntariamente a los Países Bajos”. “Igualmente, cabe la posibilidad de que determinados empleados de Ferrovial sean recolocados y pasen a ser empleados de otras filiales del grupo Ferrovial en España”, reconoce.

El beneficio neto atribuible del Grupo ACS en el primer trimestre de 2022 asciende a 136 millones de euros, con un crecimiento anual del 59,7%, según la información proporcionada por la compañía. Las ventas alcanzan los 6.926 millones de euros, aumentando un 8,4% respecto al año anterior.

ACS presenta al cierre de marzo de 2022 una posición neta de caja de 665 millones, frente a la deuda neta de 3.691 millones de hace 12 meses. El sustancial cambio en la posición financiera se sustenta en la venta de la actividad de Servicios Industriales cerrada el pasado ejercicio por 4.902 millones.

Todas las actividades de la compañía que preside Florentino Pérez han tenido un buen comportamiento, destacando especialmente la recuperación del tráfico en las autopistas de Abertis por encima de los niveles pre-pandemia. La contribución de Abertis al Ebitda de la compañía ha mejorado en 20 millones de euros, mientras que ha aportado 16 millones al beneficio del grupo.

Sin embargo, es el área de Construcción la que se mantiene como el negocio principal, ya que el beneficio neto creció un 11,7%, situándose en los 81 millones de euros. La actividad de Concesiones obtuvo unas ganancias de 16 millones, mientras que el área de Servicios desarrollados por Clece contribuyo con 8 millones de euros y los activos de energía retenidos, incluidos en Corporación, contribuyeron con 15 millones.

Las ventas de Construcción alcanzaron los 6.406 millones, con un crecimiento del 7,9%, gracias a la recuperación de actividad tanto en Dragados como en Hochtief. Destaca especialmente la actividad en Norteamérica, con “una sólida recuperación tras el impacto de la pandemia en 2021”, donde las ventas alcanzan los 4.109 millones.

Las ventas internacionales suman 6.081 millones de euros, el 95% de la facturación total de la actividad de Construcción, siendo América del Norte y Australia los mercados más importantes.

Abertis confirma la senda recuperación con un crecimiento del tráfico medio del 15,8% frente a 2021, alcanzando niveles previos a la pandemia. Esta recuperación del tráfico medio diario, así como la contribución de las nuevas concesiones adquiridas, sitúan las ventas en 1.126 millones.

El área de Servicios obtuvo unas ventas de 437 millones, aumentando un 8,7% respecto al mismo periodo del año anterior y recuperando los márgenes operativos previos a la pandemia.

La compañía también ha explicado que en el primer trimestre de 2022 se inició la OPA por el 21,4% de Cimic. A principios del mes de mayo Hhtief elevaba su participación al 96%, dando inicio al procedimiento de venta forzosa de los minoritarios. A fecha 6 de mayo, las acciones de Cimic fueron excluidas de cotización en la bolsa de Sídney.

La junta de accionistas de ACS ha aprobado el nombramiento de Juan Santamaría, actual presidente y consejero delegado de Cimic --su filial australiana--, como consejero ejecutivo de la compañía, lo que ha permitido nombrarle nuevo consejero delegado del grupo, según recoge Europa Press.

Así lo ha anunciado su presidente, Florentino Pérez, durante su intervención en la junta general de accionistas de la constructora, celebrada este viernes en Madrid con un quórum el 55,8% y que ha aprobado todos los puntos del orden del día, incluido el reparto de un dividendo de 2 euros por acción.

Tras la renuncia de Marcelino Fernández Verdes en marzo del año pasado al cargo de consejero delegado, este puesto quedó vacante hasta ahora, de igual forma que la renuncia de Fernández Verdes dio también paso en noviembre de 2020 al nombramiento de Santamaría como presidente de Cimic.

Anteriormente, Santamaría fue director general de CPB Contractors, el negocio de construcción del grupo Cimic, con responsabilidad en todas las geografías, incluidas Australia, Nueva Zelanda, Papúa Nueva Guinea, India y Asia. Antes de eso, ocupó cargos como el de director gerente de UGL, negocio de servicios del grupo Cimic, y el de gerente general ejecutivo de Public Private Partnerships and Construction West en CPB Contractors.

Santamaría también fueconsejero delegado de Iridium, empresa del grupo ACS, entre 2014 y 2015, así como director ejecutivo y director de operaciones de ACS Infrastructure North America y Canadá entre 2006 y 2013. Florentino Pérez ha asegurado en la junta que la incorporación de Santamaría en la máxima dirección del grupo “ayudará a afrontar los actuales retos estratégicos de la empresa y será de gran valor para el conjunto de la compañía”.

Oportunidades en Estados Unidos y alza del dividendo

En cuanto a estos retos estratégicos, el presidente ha insistido una vez más que el principal objetivo es reinvertir los cerca de 3.000 millones de euros de plusvalía obtenidos por la venta del negocio industrial a Vinci en el desarrollo de activos concesionales, principalmente a través del 50% que controla en Abertis junto con su socio italiano Atlantia, de la familia Benetton.

Tras la negativa de los italianos a una posible compra por parte de ACS de los activos de Abertis que no controla, Pérez ha anunciado que está analizando nuevas oportunidades concesionales de autopistas en Estados Unidos, cuyas conversaciones podrían encontrarse en un estado muy avanzado, puesto que ha asegurado que el resultado será anunciado “próximamente”.

El presidente de ACS también ha avanzado que las ampliaciones de capital aprobadas en la junta por un valor máximo de 600 millones de euros permitirán el reparto de un dividendo para este ejercicio de 2 euros por acción, lo que representa un incremento del 16% respecto al del año pasado, de 1,72 euros por acción.

Para atender estos futuros dividendos, que previsiblemente se entregarán el próximo mes de julio y en febrero del próximo año, la compañía acometerá en los próximos tres meses una primera ampliación de 460 millones de euros y, en el primer trimestre de 2023, una segunda que no excederá de 140 millones de euros.

Los accionistas de ACS también han dado su visto bueno a la entrada de la consejera independiente María José García Beato, actual consejera de Banco Sabadell; a la fijación del número de miembros del consejo en quince integrantes, y al nombramiento de KPMG como auditor de las cuentas del ejercicio 2022.

Presidente del Real Madrid de los galácticos y de la mastodóntica constructora ACS, Florentino Pérez encarna para muchos algo parecido a una santidad. Esa es su cara más conocida, la que proyecta gracias a su inmenso poder económico y su influencia en el panorama mediático, con la que ha logrado quitar programas y periodistas y poner directores en periódicos. Pero es también un político fracasado, un urdidor de pelotazos y uno de esos empresarios que sostiene su fortuna gracias a la contratación con la administración pública y a una relación privilegiada con líderes políticos. En este pódcast idagamos en esta faceta con Fonsi Loaiza, autor del libro ‘Florentino Pérez, el poder del palco’.  

Y hablamos de su fortuna y de aquellos que están por encima del bien y del mal, de los que manejan el cotarro, de millonarios que forman una oligarquía empresarial que extiende sus tentáculos al mundo del deporte y de la política con el periodista José Leal, que cada año elabora el especial “Los doscientos más ricos de España” en el diario El Mundo.

Es la gran operación corporativa en Europa en lo que va de 2022 y, de una forma u otra, va a tener como protagonistas a alguno de los grandes nombres del panorama empresarial español. Blackstone, el mayor casero de España, se ha asociado con la familia italiana Benetton para lanzar una oferta de compra por Atlantia, uno de los mayores operadores de autopistas del mundo, dueño junto a ACS de Abertis y que, además, gestiona los aeropuertos de la capital italiana y de la Costa Azul.

Esta adquisición parece una jugada a varias bandas. La constructora presidida por Florentino Pérez también está estudiando una oferta competidora por Atlantia, aunque todavía no se ha decidido. En este caso, la compañía del presidente del Real Madrid tampoco iría sola, sino de la mano de otras dos grandes firmas de inversión: GIP, dueño del 20% de Naturgy; y Brookfield, que en los últimos meses ha invertido en el sector hotelero español.

Tres grandes fondos con intereses en España ponen así el foco en las autopistas, que se convierten en activos de interés para los inversores internacionales, dado que, básicamente, conllevan tarifas estables, supervisadas por las administraciones públicas y que se revisan con la inflación. 

Los ejes de la oferta de los Benetton y Blackstone

En esta jugada empresarial internacional, los actores que participan tienen más de un papel. ACS y los Benetton ahora se pueden enfrentar pero, al mismo tiempo, son socios en Abertis. Una compañía que se repartieron, hace casi una década, tras una guerra de ofertas competidoras; y que comparten prácticamente a la mitad, aunque los Benetton tienen una acción más. Al final, es la empresa italiana la que decide y, a cambio, también tiene que apuntarse la elevada deuda de Abertis.

Los primeros en mover ficha, oficialmente, han sido los Benetton y Blackstone, que parten con ventaja. El motivo es que la familia que también fundó la cadena de ropa ya es el principal accionista de Atlantia. Tiene el 30% de su accionariado a través de Edizione, la sociedad que actúa como su principal vehículo de inversión. 

Ahora, los Benetton y Blackstone han formado una nueva sociedad, donde operan con otros nombres. Esta nueva firma se llama Schemaquarantatrè (Esquema cuarenta y tres). El 65% de esta empresa está en manos de los Benetton, a través de otra sociedad, que se llama Sintonia y que, coincidencia o no, es con la que pujaron por Abertis.

Mientras, Blackstone tiene otro 35% de Schemaquarantatrè a través de dos sociedades localizadas en Luxemburgo, BIP Hogan y BIP-V Hogan, según la información que han enviado a la bolsa italiana.

Juntos, Benetton y Blackstone ofrecen 23 euros por cada acción de Atlantia que no posee la familia italiana y se plantean sacarla de bolsa. De esta forma, Atlantia estaría valorada en unos 19.000 millones de euros, aunque la factura sube hasta 58.000 millones si se incluye la deuda. 

Estas últimas cifras son el punto de partida. Si ACS y sus socios quieren hacerse con el control total de Atlantia tendrán que poner encima de la mesa más de 23 euros por título. Actualmente cotiza a 22,8 euros. 

¿Por qué participa Blackstone en esta operación?

El papel de Blackstone en esta oferta es, de entrada, financiarla, porque tendrá que inyectar 4.000 millones a la sociedad con la que se lanza la oferta de compra, la OPA. Sería, si sale adelante, su mayor movimiento corporativo en el país transalpino. Pero más allá de la financiación, con Atlantia, Blackstone pisará el acelerador en el negocio de las concesiones. 

Será dueño, junto a los Benetton, de la mitad de Abertis; también de los dos aeropuertos de Roma (Fiumicino y Ciampino) y de los franceses de la Costa Azul (Niza, Cannes y Saint Tropez); además de una cartera de autopistas en Francia, Brasil, Chile y México. La mayoría, a través de Abertis.

Se trata de negocios de ingresos recurrentes, donde no se prevén desplomes, regulados y que, además, se revisan en función de la inflación; lo que en el contexto actual sería clave para Blackstone y para cualquier fondo que tenga que prometer una rentabilidad a sus inversores. 

En esta dirección apuntaba la agencia estadounidense Reuters, que señalaba a los grupos de infraestructuras reguladas (autopistas, aeropuertos, puertos…) como un foco de interés para los inversores, porque más de un 70% de los activos propiedad de las empresas de infraestructuras tienen margen para trasladar a los clientes el alza de la inflación. 

Blackstone mira a Italia después de invertir en el ladrillo español

El gigante estadounidense planea su gran inversión en Italia, pero no será la primera. Uno de sus grandes movimientos en ese país fue la compra del 20% de Versace. Pagó 210 millones de dólares. Cuatro años después, en 2018, el grupo textil fue adquirido por Michael Kors, que valoró el 20% en manos del fondo estadounidense en 424 millones de dólares.

En España, el gigante de la inversión está, sobre todo, ligado al ladrillo. Está considerado como el mayor propietario de viviendas en alquiler, estimadas en cerca de 40.000. No opera con su nombre, sino que está detrás de sociedades como Testa, Aliseda o Anticipa, entre otras. Con estas dos últimas, además, va a gestionar parte de la cartera de activos de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb). El 'banco malo' ha adjudicado a Blackstone la gestión de activos inmobiliarios valorados en más de 25.300 millones de euros y lo hará junto a Hipoges, controlado por otro grande de la inversión, el fondo KKR. 

Blackstone es el mayor gran tenedor de pisos pero también está en proceso de reestructuración de sus inversiones y de cambios. Por ejemplo, la semana pasada vendió más de 700 viviendas al grupo Axa por cerca de 285 millones de euros. No es su único paso atrás en España. A finales de 2021, colocó el cartel de 'se vende' a la 'cartera Hércules', hipotecas que, en 2014, compró a Catalunya Caixa.

Parece que Blackstone ha alejado el foco comprador del ladrillo español y le interesan más las autopistas. En este caso, España tiene un alto peso para Atlantia, sobre todo por los peajes de Abertis. En el último ejercicio, Atlantia obtuvo en España 721 millones de los 3.350 millones de euros de su resultado de explotación.

“Nosotros no hemos hecho este acuerdo para despiezar Abertis y repartirnos los activos. Punto. Hemos hecho un proyecto a largo plazo y con la ilusión de que dure toda la vida”. Así explicaba Florentino Pérez, presidente de ACS, el acuerdo que acababa de cerrar con el grupo Atlantia para repartirse el capital de Abertis, la principal concesionaria de autopistas en España. Era marzo de 2018.

“Luego la vida es como es”, matizó el también presidente del Real Madrid en la rueda de prensa donde la empresa controlada por la familia Benetton y la constructora anunciaron un pacto que ponía punto y final a la carrera por hacerse con el control de Abertis.

Hasta ese momento, la concesionaria de autopistas estaba bajo el paraguas de Criteria, el brazo de inversión empresarial de Caixabank. Entonces, ACS y Atlantia llevaban semanas pujando por el control de Abertis. Pusieron encima de la mesa más de 16.000 y 18.000 millones de euros, respectivamente. Hasta que llegaron a la conclusión de que era mejor repartirse el pastel que pelear por él. 

“El tiempo nos ha hecho pensar que era mejor esta alianza que cualquier otra cosa”, concluyó Florentino Pérez en la primavera de hace cuatro años. El tiempo ha pasado y ahora, esa alianza, ya no es el mejor acuerdo para ambas multinacionales.

En líneas generales, lo que acordaron ACS y Atlantia fue repartirse el control de Abertis a través de una sociedad conjunta. El grupo italiano se aseguró el 50% de esa sociedad más una acción y, por tanto, podía consolidar los resultados de Abertis en su balance. A cambio, también tenía que apuntarse la deuda. El otro 50% menos una acción quedaba en manos de ACS, pero no de forma directa sino a través de una filial, la alemana Hochtief. 

¿Qué quiere ahora ACS?

ACS persigue ahora hacerse con el control total de Abertis, pero no en una operación en solitario, sino a tres bandas, con los fondos GIP y Brookfield. Entre los tres, están analizando la adquisición de Atlantia. En este caso, a diferencia de lo que ocurrió con Abertis, sí se plantean un reparto de activos, según la información adelantada este miércoles por la agencia estadounidense Bloomberg.

El grupo constructor no da la operación como algo cerrado, sino que habla de ella como una opción en fase de análisis. “En relación con la noticia (...) sobre el posible interés de ACS en Atlantia podemos confirmar que ACS tiene un acuerdo exclusivo con dos de los grandes fondos internacionales de inversión (GIP y Brookfield) en el cual ACS acabaría comprando la mayoría del negocio de concesiones de autopistas, sin que a fecha de hoy haya tomado una decisión al respecto”, ha asegurado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

De esta forma, a la constructora le interesaría tanto Abertis como los activos en América Latina. La compañía no da más información al respecto y, de momento, limita su comunicación pública a lo indicado al supervisor de la bolsa española.

Los Benetton no parecen dispuestos a vender Atlantia

Atlantia está controlada por la familia Benetton, que tiene más del 30% del capital a través de la sociedad patrimonial Edizione. Con ese porcentaje de control, si una OPA quisiera hacerse con el 100% del accionariado, tendría que tener el beneplácito de la familia dueña de la cadena textil. A día de hoy, el valor en bolsa de Atlantia supera los 16.000 millones de euros, aunque suma una deuda cercana a los 30.000 millones, entre otros motivos, porque consolida la de Abertis. 

De entrada, los Benetton no parecen proclives a un pacto por vender. Al contrario, están planteando su propia oferta para aumentar su control en la compañía. Y tampoco van solos, sino de la mano de Blackstone, el gigante de la inversión, sobre todo, inmobiliaria. “Se están manteniendo conversaciones con el grupo Blackstone, como posible socio, pero aún no se ha llegado a ningún acuerdo”, ha asegurado la compañía a la bolsa italiana. 

Tanto ACS como Atlantia están comenzando a enseñar sus cartas en una operación corporativa que podría convertirse en una de las grandes adquisiciones de 2022. 

Abertis es el eje sobre el que gira esta compraventa, y la parte que interesa a ACS. La compañía opera actualmente autopistas en una decena de países. El principal, España. El pasado año el Gobierno eliminó el peaje del tramo catalán de la AP-7, que pasó a ser gratuita, a cambio de un pago por el Estado a Abertis de 1.000 millones.

Pero Abertis no es la única pata de negocio de Atlantia. La compañía italiana también gestiona los aeropuertos romanos de Fiumicino y Ciampino; y los franceses de Niza, Cannes y Saint Tropez. Infraestructuras que, a priori, no encajarían en el modelo de negocio de la constructora de Florentino Pérez.

En estos cuatro años de alianza entre los Benetton y ACS, la compañía italiana también es más pequeña en lo que se refiere al negocio de las autopistas. A mediados de 2021 finalizó la venta de su filial de autopistas Austostrade per l’Italia (ASPI) a la entidad pública Cassa Depositi e Prestiti (CDP), valorada en más de 9.000 millones de euros. Una filial por la que también llegó a pujar ACS.

No fue una operación voluntaria, sino que se vio forzada a ella como consecuencia del colapso de un viaducto en Génova en agosto de 2018, en que hubo decenas de fallecidos y que puso en entredicho el modelo de construcción y su mantenimiento. 

El próximo 6 de mayo, ACS tiene convocada su junta anual de accionistas, por lo que es previsible que en este mes haya avances sobre hacia dónde va la operación corporativa sobre Atlantia. Además, la compañía tiene caja, porque la constructora acaba de ingresar 5.000 millones por la venta a Vinci de su negocio industrial, Cobra. Atlantia no será el único tema a tratar en la junta, porque los accionistas también deberán votar la elección de Juan Santamaría como consejero ejecutivo, quien será el segundo de abordo, por detrás de Florentino Pérez.