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La agobiante inflación de los alimentos se cronifica: “Hace dos años que no como merluza”

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Daniel Yebra / Cristina G. Bolinches

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En la mesa de la terraza de un bar, están sentados Laura, Cecilia y Raúl. Los tres, menores de 30 años. También los tres, con salarios por debajo de los 27.000 euros. Charlando de esto y de lo otro, mientras en la tele el FC Barcelona de baloncesto gana la final de la liga al Real Madrid, la conversación se adentra en la declaración de la renta: que si este año me ha tocado pagar, que si a mí me han devuelto… Hasta que uno pregunta al aire: “Oye, ¿y pedisteis la ayuda de 200 euros?”.

—Yo no.

—Yo tampoco.

—Ni yo.

Unos días antes, la AIReF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal) recordó que, en 2022, el Gobierno solo había ejecutado el 23% del gasto previsto para este cheque ‘anti inflación’. Un 77% de los potenciales beneficiarios, como Laura, Cecilia y Raúl (por cobrar menos de 27.000 euros), no lo solicitaron. En el mismo informe, por ejemplo, se destaca que el 58% de los hogares que merecerían el ingreso mínimo vital (IMV) tampoco lo ha pedido.  

Ambas medidas se pusieron en marcha o se mejoraron en 2022 para contrarrestar el daño de la inflación en los más vulnerables. Una concreción que sigue el criterio de los expertos: poner el foco en quien más lo necesita. Pero su bajo impacto, respecto al potencial previsto, explica la sensación de desamparo que muestran algunos trabajadores con ingresos bajos, asfixiados primero por la escalada de la energía desde 2021 y después por lo que les cuesta hacer la compra.

De hecho, que la última fase de la crisis de inflación esté siendo especialmente intensa en los alimentos ha difuminado el positivo impacto de los planes de choque del Gobierno sobre la inflación. Las medidas se centraron inicialmente en la energía: las bajadas de impuestos a la electricidad, el descuento a los carburantes, el tope al gas… 

En buena parte gracias a ellas, España es el país de la eurozona que sufre menos inflación actualmente, un 1,9% en junio. Es decir, donde los precios suben menos en general, principalmente porque la factura de la luz o la gasolina se han abaratado respecto a los máximos de 2022. Todo un alivio tras la histórica pérdida de poder adquisitivo del año pasado, cuando la inflación media fue del 8,4%, lo que para un sueldo de cerca de 20.000 euros supone perder en bruto una de las 14 pagas que normalmente se cobran al año.



Pero los alimentos van mucho más despacio. Es ahora, en verano, cuando empiezan a dar las primeras señales de desaceleración. Los alimentos y la energía conforman esa parte básica de la cesta de la compra que para los más pobres supone la mayor parte de su gasto total y de la que no se puede prescindir sin pasar frío en invierno, calor en verano, poner en riesgo la salud o, en la situaciones más complicadas, pasar hambre. El Gobierno reaccionó con una bajada del IVA a algunos de los alimentos imprescindibles en cualquier cocina (aceite, pastas o pan), pero no parece ser suficiente para que hacer la compra cueste menos. 

“Hace dos años que no como merluza”

“¿Que cómo me apaño? Pues tampoco tengo mucho que hacer, así que vengo cada día o uno sí y otro no, depende de lo que tenga en casa y compro lo justito”, afirma Carmen, con una media sonrisa, en un mercado municipal de la zona Este de Madrid. “Hoy me llevo pollo, mañana vendré a por algo de pescado, pero no te vayas a pensar que hago excesos, que hace dos años que no como merluza”, reconoce.

Los mercados de abastos son el epicentro de las compras de barrio, sobre todo en lo que se refiere a los productos frescos. “Aquí en el mercado compro la fruta, las verduras, algo de pescado, el pollo, porque es más barato que en el supermercado”, argumenta un cliente que prefiere no decir su nombre. “Puedes decir que estoy jubilado”, matiza. “Vengo a por los frescos, porque veo lo que compro y siempre he venido. Ahora no voy a cambiar, aunque compre menos; pero es que esta gente necesita que vengamos, que también tienen que comer”, afirma mientras señala a los puestos.

Más que los mercados de abastos, los supermercados llevan meses en el foco por la gestión de los precios, por sus márgenes, que no hacen públicos. También por la pregunta de si pueden hacer más a la hora de mitigar el efecto de la inflación. “Claro que es más caro comprar. Cada vez que vengo, de 20 euros no bajo y me llevo cuatro cosas”, indica Isabel mientras mira su carrito del 'súper'. En él se ve un litro de aceite, latas de conservas y algo de fruta. “Yo no he notado que hayan bajado los precios, eso dicen y no te digo que no, pero no lo noto”. Precios que no están bajando, simplemente, en los últimos meses suben con menos ímpetu.

“Compro marca blanca, la de ellos”, indica otra clienta en el mismo súper. “Fruta y verduras, lo que veo mejor de precio, cosas que me aguanten, que no se me pongan malas, que no estamos para tirar nada. Llegar a fin de mes, llegamos, pero ojalá fuera todo más barato porque comeríamos mejor”, reconoce.

Una rebaja de impuestos que heredará el próximo Gobierno

La rebaja de impuestos de alimentos básicos no ha sido suficiente para que bajen los precios, pero habrá que esperar para saber su impacto completo. Entró en vigor el 1 de enero y estará en marcha durante toda la segunda mitad del año. Una rebaja impositiva que no es igual para todos los bolsillos. Impacta más en los hogares de rentas más altas que en los más vulnerables. “Cinco de cada diez euros que se dejaron de recaudar fueron a parar al 40% de hogares con mayor capacidad económica”, concluyó recientemente un análisis de EsadeEcPol, que además asegura que “el impacto total” de la reducción del IVA “es modesto en comparación con el tamaño del shock inflacionario”.

De la misma manera, el tercio de familias más ricas de nuestro país se aprovechó de casi un 40% del dinero total destinado por el Gobierno al descuento general a los carburantes en 2022, según el cálculo de la AIReF. El tercio de familias más pobres, apenas de un 20%. Sin embargo, esta última y otras medidas para todo el mundo, como las bajadas de impuestos a los precios energéticos o el tope al gas, han sido las más eficaces reduciendo la inflación en bruto, según distintos cálculos.

A día de hoy, el mayor problema de las familias está en los alimentos. Y debería ser la mayor preocupación del próximo Gobierno. La última previsión del Banco de España advierte de una persistencia muy dolorosa de las subidas de precios en los supermercados. 

“Hasta el momento, la corrección [de la inflación] se ha apoyado, fundamentalmente, en la desaceleración del componente energético de los precios. No obstante, también parecen haber iniciado una moderada tendencia de desaceleración tanto los precios de los alimentos –especialmente visible en el caso de las partidas de aceites, de pan y cereales y de productos lácteos– como los de la inflación subyacente –este es el caso, por ejemplo, de las partidas de transporte y, más recientemente, de las partidas relacionadas con la vivienda, el ocio, la restauración y el turismo–”, explica la institución. 

“En todo caso, de cara al futuro, diversos factores podrían redundar en una cierta resistencia a la baja de las actuales presiones inflacionistas. Entre dichos factores destacan, por ejemplo, la existencia de posibles asimetrías en la traslación a los precios de consumo de las variaciones en los precios de la energía –esto es, una traslación más lenta de las bajadas en los costes energéticos [de las empresas] que de las subidas–, la sequía –que supone un riesgo al alza en la evolución futura de los precios de determinados alimentos– y la posibilidad de que puedan producirse efectos de segunda vuelta sobre la inflación a través de salarios y/o márgenes empresariales”, añade el Banco de España. 



Sus previsiones son que, tras el pico del 15% de media del primer trimestre de este año, la inflación de la compra se quede en el 11% en estos meses (en junio se redujo al 10,3%),y que vaya moderándose, hasta el 8% hacia el cierre del año. Y, finalmente, al 3% en el verano de 2024.

Los supermercados se defienden

Lo doloroso que es hacer la compra abrió –hace casi un año– el debate de si las grandes cadenas de híper y supermercados pueden hacer algo más para contener los precios. Si tienen margen para, al menos, echar una mano. El pasado otoño la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, reclamó a las empresas que comercializan una cesta de productos básicos, de calidad, a precios asequibles. Desde entonces, alguna reunión entre el Ejecutivo y las empresas, pero nada de una cesta con esas condiciones de asequibilidad.

En otros países europeos, como Francia, el Ejecutivo sí ha pactado con las compañías iniciativas en este sentido, aunque no con todas las cadenas. En el caso francés, la denominada 'cesta antiinflación' viene además acompañada del compromiso de hacer públicos los márgenes de las compañías.

En España, los últimos márgenes que conocemos de las empresas de supermercados son los de 2021, anteriores, por tanto, a la guerra en Ucrania y al despegue del IPC. En concreto, la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas) –en la que están Mercadona, Dia o Lidl– publicó hace unas semanas que su rentabilidad media, ese año, fue del 2,2%. De las 62 empresas que analizó, solo dos tuvieron una rentabilidad media superior al 5%, justificó.

Habrá que esperar un año para ver qué dato de rentabilidad publica la principal patronal de supermercados sobre los márgenes de 2022. Lo que sí indican es que “los empresarios” se han sentido “injustamente tratados en los últimos meses, al pasar de ser héroes en la pandemia a ser tildados de villanos por la crisis de la inflación”, justificó ante los medios el presidente de Asedas, Josep Antoni Duran i Lleida, quien fue diputado con Convergència i Unió. “Es muy injusto este diagnóstico, sin ninguna base económica y sin ningún tipo de rigor”, aseguró.

Lo que sí sabemos es lo que dice el Observatorio de Márgenes, impulsado por el Ministerio de Asuntos Económicos, junto al Banco de España y la Agencia Tributaria, pero que no diferencia entre supermercados y otros negocios relacionados con la alimentación. Asegura que “en los eslabones finales de la cadena alimentaria, tanto el margen del comercio minorista como el del comercio mayorista se encuentran, a comienzos de 2023, en niveles similares a su media histórica. Tras registrar un mínimo en el cuarto trimestre de 2022, ambos márgenes han repuntado en el primer trimestre de este año, incremento que ha sido más acusado en el caso de los márgenes del comercio mayorista”.

Cambia la forma en la que compramos

Que en la cesta de la compra hay menos cosas pero es mucho más cara lo constatan las firmas de análisis de mercado. “El ticket medio, es decir, lo que los compradores gastan cada vez que van a comprar, muestra una tendencia al alza, la cesta se ha encarecido mientras que la carga por acto de compra cada vez es más baja. De casi 10 artículos que se incluían en la cesta de la compra en abril de 2021 hemos bajado a algo más de 8 artículos en este último año”, explica Ángeles Zabaleta, sales director para el Sur de Europa de Advanced Analytics NIQ.

También indica que vamos a más tiendas para comparar precios y decidir dónde compramos –se va a una media de 4,6 enseñas diferentes–, crece la marca del distribuidor, se cambia a categorías de productos más baratas y se intentan planificar más las compras. 

“Los hogares más jóvenes que son los que partían de una frecuencia menor al resto, son los que han crecido en frecuencia, pero por otro lado los hogares con personas mayores han mantenido también ese patrón de comprar más veces y a poquito”, afirma Zabaleta. “Por otro lado, en los hogares con menor renta es donde se percibe una mayor consolidación de este patrón control de la cesta”.

La clase media llega a los bancos de alimentos

Esa presión sobre las rentas y la imposibilidad de darlas más de sí la perciben, sobre todo, los bancos de alimentos. “Hemos notado que en grandes ciudades se genera más riqueza, pero también más pobreza”, apunta Mila Benito, responsable de Comunicación del Banco de Alimentos de Madrid. En esa realidad dual, “la clase media” ha tenido que recurrir a estas organizaciones sin ánimo de lucro. “Es algo que no había ocurrido antes, ni en la pandemia. Es gente que trabaja, que antes podía llegar a fin de mes y ahora no llega”.

En toda España, el año pasado se apoyaron en los bancos de alimentos 1,2 millones de personas, según el informe anual de la federación que los agrupa (Fesbal). De ellos, más de 222.000 eran niños y adolescentes de menos de 15 años; y más de 50.000 tenían menos de dos años. 

“Ahora vemos muchos hogares monoparentales, familias jóvenes con uno o dos hijos, con alquiler o con hipoteca, algunos con subidas del sueldo que no les han dado” para poder pagar la comida. También, indica Mila Benito, “mayores, con pensiones que están haciendo ayuda familiar, que atienden a hijos y nietos”.

Pero los bancos de alimentos también notan la subida de precios. “Nos afecta porque no llegamos solo con las donaciones, no es suficiente con la gran recogida [que hacen una vez al año], con las operaciones kilo, tenemos que comprar alimentos, que son más caros. Compramos en origen y optimizamos, pero también nos repercute”. Reconoce que la bajada del IVA ha servido, al menos, de pequeño respiro. “No ha tenido un efecto enorme, pero todo ayuda”.

El otro lado de la cadena, los productores

El despegue del precio de los alimentos golpea a los eslabones más débiles de la cadena. A un lado los consumidores, sobre todo, los que tienen rentas más bajas. A otro, los productores, el sector primario que además de pelear con el coste de las materias primas y de la energía, lleva más de un año batallando con el creciente problema de la sequía.

En el caso del campo, en los últimos años ha visto activarse la legislación que, por primera vez, prohíbe los contratos a pérdida, es decir, evita que se cierren acuerdos por debajo de lo que cuesta producir. Además, esta Ley de la Cadena Alimentaria obliga a que los contratos se realicen por escrito. 

Uno de los sectores primarios que más han visto el efecto de esta ley es el lácteo. Los productores de leche llevan años peleando por que la industria les pague lo suficiente para recuperar lo que les cuesta producir.

“Antes era la ley de la selva, una situación humillante”, asume Román Santalla, responsable de ganadería de UPA. Ahora es difícil encontrar un litro de leche en el súper por debajo de los 0,90 euros, pero los hay; y si estos bajan, la cadena se rompe. Al final, aunque no sea fácil, se trata de que los precios sean justos para todos los eslabones.

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