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La AIReF señala que el ingreso mínimo vital apenas aumenta y la ayuda por hijo solo llega al 18% de las familias

Un grupo de niños, en una imagen de archivo.

Laura Olías

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“Escasos avances” en el ingreso mínimo vital (IMV) en el último año. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha advertido este jueves de que la renta mínima estatal se ha “estancado”, manteniéndose en torno a los 284.000 hogares beneficiarios, el mismo dato que un año antes, lo que supone que alcanza solo al “35%” de los posibles beneficiarios. El organismo público señala además que la ayuda por hijo, de entre 50 y 100 euros al mes por menor, solo alcanza al 18% de las familias con derecho a este complemento.

Se trata del segundo análisis de la AIReF, tras un primero el año pasado, fruto de su misión encomendada de evaluar anualmente el IMV. El nuevo documento señala que, pese a las medidas implementadas para llegar a más población, el número de hogares beneficiarios de la renta mínima a finales de 2022 se mantenía en el mismo nivel que un año antes, alrededor de 284.000 hogares (sin datos de Euskadi y Navarra, que la Autoridad Fiscal ha señalado que no han facilitado información).

Las cifras de alcance de la Autoridad Fiscal se sitúan a gran distancia de las que ofrece mes a mes la Seguridad Social, que indica que el IMV “alcanza los 627.957 hogares”, ya que el Ministerio ofrece datos acumulados, como ya publicó este medio el verano pasado.

Es decir, que la Seguridad Social informa de las altas en la prestación “pero no de las bajas”, ha destacado Cristina Herrero, presidenta de la AIReF, de manera que se muestra el dato acumulado de familias que han recibido la prestación en algún momento desde 2020, pero no a las que cubre en el presente. Además, la Seguridad Social también incluye en el recuento las ayudas por hijo, aunque las familias no perciban el ingreso mínimo vital, algo que tampoco comparte la Autoridad Fiscal. “Son cosas distintas”, ha señalado el director de la División de Evaluación del Gasto Público, José María Casado.

Choque con la Seguridad Social

Desde el Ministerio que dirige José Luis Escrivá han salido en contra del estudio de la Airef. Fuentes de la Seguridad Social han destacado esta mañana que “el Ingreso Mínimo Vital es una prestación viva, de la que, como el propio informe indica, entran y salen beneficiarios en función de su situación de vulnerabilidad”.

“Se indica como algo negativo la salida de beneficiarios de la prestación cuando puede deberse a una mejora de su situación personal, saliendo de la vulnerabilidad. Esta cuestión es de gran relevancia a la hora de valorar el avance real de una prestación”, han destacado ante el análisis de la AIReF.

Por ello, “y porque es una prestación en despliegue, creemos que la forma mejor de dar los datos es de forma acumulada, ya que es la mejor manera de medir su alcance”, defienden desde la Seguridad Social y destacan que las comunidades autónomas “presentan de una manera similar” sus datos anuales de rentas mínimas.

El Ministerio de José Luis Escrivá ha criticado además que “se ha elaborado sin interlocución con el área del Ministerio que dirige esta política (la Secretaría General de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social)”, así como la “escasa calidad” de los datos del análisis.

Por ejemplo, desde la Seguridad Social destacan que los datos de potenciales beneficiarios están “sobreestimados”, porque la Autoridad Fiscal no tiene en cuenta, “entre otros, los requisitos no económicos del IMV (residencia, composición y antigüedad de la unidad de convivencia), que son muy importantes puesto que su no cumplimiento supone el 40% del total de denegaciones”. Sin embargo, el Ministerio no aporta una cifra de potenciales beneficiarios.

La presidenta de la Autoridad Fiscal ha afirmado por su parte que han mantenido “dos reuniones” con el Ministerio de José Luis Escrivá, al que se envió el informe hace dos semanas, y que se han seguido todos los cauces habituales en este tipo de análisis. Los datos “son incontestables”, ha subrayado Cristina Herrero.

“Alcance limitado” de la ayuda por hijo

Por otro lado, la Autoridad Fiscal detecta “un alcance limitado” del nuevo complemento de ayuda a la infancia, las ayudas por hijo lanzadas el año pasado de entre 50 y 100 euros al mes para familias con escasos recursos, pero que pueden superar hasta tres veces el límite de renta del ingreso mínimo vital. Este complemento alcanzaba a “274.000 familias” a finales de 2022, de las 1,5 millones de potenciales beneficiarias, indica la AIReF. Es decir, que solo llegaba a un 18% de las familias con derecho a esta ayuda.

La AIReF ha destacado el elevado número de hogares que teniendo derecho al ingreso mínimo vital no lo solicitan, el llamado non take up. La cifra de nuevo tiene poca variación respecto al año pasado, destaca el organismo público, con alrededor de 470.000 hogares potenciales beneficiarios que no lo solicitan, el 58% del total con derecho a la ayuda.

En el caso de las ayudas por hijo, este porcentaje de familias con derecho que no han pedido el complemento es mucho más alto: del 76%. La ayuda se solicita mediante el mismo trámite del IMV, algo que las ONG y ahora también la AIReF consideran que puede confundir a algunos hogares sin derecho a la renta mínima estatal pero sí a este complemento, llevando a que no lo soliciten. El organismo también ha subrayado la escasa publicidad que ha tenido esta ayuda a la infancia, por lo que ha recomendado más campañas específicas sobre ella.

La Autoridad Fiscal ha incluido varias propuestas para ampliar la extensión del IMV a más beneficiarios. La principal pasa por modificar la gestión hacia un modelo más automático, que parta de oficio de la Administración, lo que requeriría crear una gran base de datos con información de renta y prestaciones a nivel estatal, que podría alimentarse de una declaración universal de la renta, ha sugerido el organismo.

Por otro lado, el informe añade que el aumento del IMV por la crisis de precios, con un 15% más de cuantía al igual que las pensiones no contributivas, ha amortiguado el 80% de la inflación en las economías de los hogares beneficiarios.

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