La instrucción de la causa en la que se investiga a la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno (aliada a Coalición Canaria), por un presunto amaño en un proceso de mediación con un empresario, se ha vuelto a prorrogar hasta el próximo 4 de abril. Este jueves 1 de febrero está llamada a declarar una de las testigos clave: una de las abogadas que fue apartada por la dirigente política (Ana J.). También están citados Francisco González Jaraba, redactor del Plan General de Ordenación de Mogán y tres técnicos municipales. 

La jueza acordó el pasado mes de junio mantener como imputada en esta causa a la alcaldesa y a su número dos en el Ayuntamiento, Mencey Navarro, rechazando así el archivo que habían solicitado las defensas. En la resolución judicial se recordaba que aún quedan diligencias que practicar para tratar de dilucidar esta causa. 

Los hechos que se tratan de esclarecer se remontan a los años 2015 y 2019, cuando Bueno estuvo investigada por una supuesta compra de votos. El juez concluyó en 2022 que los hechos que hacían referencia a los comicios de 2015 están prescritos y los de 2019 no tienen suficiente valor probatorio para formular acusación. No obstante, sí que pedía continuar con las piezas separadas.

El juez recordaba entonces que en julio de 2021 se abrieron cuatro piezas separadas para investigar, de manera independiente y autónoma, otros hechos presuntamente delictivos hallados por el equipo de la policía judicial de la Guardia Civil durante la instrucción. Una de estas causas es precisamente la que investiga si la alcaldesa favoreció con dinero público al empresario Luis Oller (presidente de Aguas de Arguineguín y dueño de Cornisa del Suroeste, también imputado en la causa) a la hora de resolver viejos litigios que el empresario mantenía con el Ayuntamiento y si lo hizo como contraprestación al apoyo económico que este dio a Ciuca en la campaña electoral de 2015.

El informe de la Guardia Civil que dio origen a esta pieza separada destaca que el gobierno municipal apartó a dos abogadas que pusieron objeciones al acuerdo por el que el empresario se acabó embolsando cerca de 900.000 euros. La primera en ser apartada fue A.J a quien el Ayuntamiento había encomendado en 2014 el pleito judicial abierto a raíz de una demanda presentada por el presunto financiador de Ciuca, que reclamaba el pago de facturas por un valor superior a los 850.000 euros.

Como ya había explicado este periódico, fue el funcionario y coordinador general de cuatro áreas del municipio, Salvador Álvarez, quien comunicó a la abogada su despido en una reunión. Así lo declaró ante la Guardia Civil la responsable de la Asesoría Jurídica municipal, que también estaba presente y dijo que se produjo una acalorada discusión porque el coordinador pidió a Ana J. que no contestara a la demanda. “Yo defiendo los intereses del Ayuntamiento, tú estás defendiendo los intereses de Cornisa (del Suroeste, la empresa de Oller)”, respondió la asesora, que antes de ser despedida presentó en plazo la contestación y advirtió de duplicidades y de la improcedencia de algunas facturas reclamadas.

La otra abogada apartada, Patricia H., acudió como responsable de los servicios jurídicos municipales a las cuatro primeras reuniones de la mediación, en las que manifestó sus discrepancias. En su declaración ante la policía judicial, Patricia H. mencionó alguno de los episodios que vivió durante esa etapa para demostrar que la postura de Álvarez era “coincidente” con la de Oller.

Onalia Bueno ya declaró sobre esta causa en junio de 2022 y negó el amaño. Entonces, dijo que su actuación en ese procedimiento se limitó a plantear la mediación y a acudir a las primeras sesiones y que, posteriormente, dejó todo en manos de técnicos. 

Por su parte, Luis Oller, a quien la Guardia Civil identifica como financiador ilegal de Ciuca y a quien se le pagó cerca de 900.000 euros para resolver conflictos judiciales antiguos, negó también en 2022 haber resultado beneficiado de ese acuerdo y aseguró que, de haber continuado con el procedimiento en la vía contencioso-administrativa, habría cobrado antes y más.

La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, que se encuentra imputada en varias causas penales, ha entrado en la dirección regional de Coalición Canaria. Así lo ha anunciado el partido en un comunicado, donde especifica que Bueno será  la nueva secretaria ejecutiva encargada de las políticas vinculadas con los municipios. Hasta ahora, había sido aliada del partido de Clavijo, aunque sigue sin estar afiliada pasa a tener un cargo orgánico.

Desde Coalición Canaria explican que con aquellos partidos que tienen acuerdos de colaboración “es normal” que puedan en momentos puntuales tener una secretaría ejecutiva. “No es la primera vez, es más, en este último congreso, Narvay Quintero de AHÍ, salió elegido Secretario Ejecutivo de Agricultura y Zósimo Darias del PNC de identidad”, señalan las fuentes consultadas.

Bueno gobierna Mogán desde 2015. En las elecciones del pasado 28 de mayo revalidó y amplió la mayoría absoluta que ya había logrado en 2019. En los últimos comicios concurrió con una marca propia, Juntos por Mogán, dejando de lado las siglas con las que se había presentado en los anteriores, Ciudadanos por el Cambio (Ciuca). Además, fue como número tres en la lista de Coalición Canaria al Parlamento por la isla de Gran Canaria, aunque no resultó elegida.

La alcaldesa de Mogán permanece imputada en tres de las cuatro piezas separadas en las que se dividió la investigación original sobre la compra de votos en las elecciones de 2015 y 2019, archivada por la prescripción de los hechos más antiguos y por la falta de pruebas en los más recientes. En concreto, los juzgados de San Bartolomé de Tirajana investigan el presunto amaño de un proceso de mediación para favorecer a un empresario con intereses en el municipio; los sobresueldos asignados a empleados municipales con vínculo familiar o político con la alcaldesa, y la adjudicación de contratos menores a dos asesores del Ayuntamiento.

También está investigada por los contratos encadenados adjudicados a dedo a dos productoras emparentadas entre sí, Etiazul y 21 Bombillas, de los hermanos Pedro y Gregorio Guerra. La cuarta pieza separada, sobre un presunto bloqueo a la Guardia Civil para impedir el acceso a documentación digital intervenida en un registro, fue archivada el pasado mes de septiembre.

Su actitud con las personas migrantes y mayores

Bueno ha estado inmersa en diversas polémicas y actitudes contra las personas migrantes que llegan a su municipio. En las últimas semanas, ha sido noticia por negarse a pagar los entierros de personas migrantes. Tampoco quiere a Salvamento Marítimo, que tantas vidas rescata, en su municipio.

Durante la crisis de acogida de finales de 2020, también se opuso a que el municipio de Mogán alojara a los migrantes que llegaban a la isla de Gran Canaria. La alcaldesa llegó a fletar tres guaguas para trasladar, sin alternativa habitacional ni comida, a unas 200 personas hasta la plaza de La Feria de la capital, donde se encuentra la sede de la Delegación del Gobierno en Canarias.

Así mismo, después de lamentar las condiciones en las que se encontraban los migrantes hacinados en el Muelle de Arguineguín, amenazó con sanciones de hasta 300.000 euros a los establecimientos turísticos que ofrecieron sus instalaciones para que estas personas se pudieran hospedar en ellos. Decenas de vecinos de Mogán organizaron entonces concentraciones xenófobas en las que insultaban a los migrantes alojados en esos hoteles.

La alcaldesa de Mogán participó en manifestaciones que ligaban el aumento de la presión migratoria con el descenso de la actividad turística, en un contexto marcado por la pandemia de Covid-19 y por las restricciones de movilidad en los principales países emisores de turistas del Archipiélago.

El Ayuntamiento liderado por Bueno resolvió los expedientes sancionadores contra los establecimientos hoteleros con multas de entre 900 y 6.000 euros, cantidades muy alejadas de las que anunció Bueno para tratar de disuadir a los propietarios.

Su última polémica es que se ha opuesto al uso de un hotel del municipio como recurso de tránsito para los pacientes sociosanitarios del Servicio Canario de Salud. Es decir, para que se pudieran alojar en ese establecimiento personas que llevaban meses, e incluso años, viviendo en los hospitales públicos de la isla con el alta médica porque no tenían casa a la que acudir o familia que pudiera hacerse cargo de ellas.

Otros cambios en CC

Coalición Canaria (CC) ha renovado sus cargos orgánicos de dirección interna con el objetivo, dice, “de adaptar la composición de los órganos de dirección de la formación política nacionalista a las exigencias de la nueva etapa política abierta en Canarias a partir del inicio, el pasado 27 de junio, de la XI Legislatura en el archipiélago”.

En esta reordenación de los órganos de gobierno interno de Coalición Canaria ha sido confirmado un nuevo organigrama a partir del nombramiento de cinco nuevos secretarios ejecutivos, cuya labor será gestionar las políticas internas del partido.

En un comunicado, el partido explica que la figura del secretario ejecutivo fue creada en el último Congreso Nacional para implementar esfuerzos en la coordinación e impulso de las políticas del partido nacionalista desde diversas áreas de acción temáticas. Los secretarios ejecutivos se encargan de coordinar el trabajo de discusión y debate interno en CC a la hora de adoptar la posición política que con posterioridad desarrollarán sus cargos públicos en sus respectivos ámbitos de actuación, ya sea ejecutiva de gobierno o de trabajo parlamentario.

La dirección de Coalición Canaria confirmó los nombramientos de, además de Onalia Bueno, del palmero Sergio Rodríguez como nuevo secretario ejecutivo responsable de políticas vinculadas con la Unión Europea (UE); el tinerfeño Víctor Díaz como secretario ejecutivo encargado de las políticas de identidad y formación política; el tinerfeño José Téllez como secretario ejecutivo responsable de las políticas de Coalición Canaria en el exterior y la majorera Jana González como secretaria ejecutiva para políticas de igualdad.

La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, ha declinado este lunes hacer declaraciones sobre la investigación por acoso laboral y delito sexual al director de la Radio Televisión Pública de su municipio al ser preguntada en el programa Una más Uno de Canarias Radio La Autonómica. “Mire, yo ahí no me voy a manifestar porque eso está totalmente judicializado, y yo con las cosas que están en la Justicia y se lo digo porque me ha tocado vivirlo en primera línea no me voy a manifestar, cuando la justicia se pronuncie actuaremos, de lo contrario hay que dejar actuar a la Justicia”, ha afirmado.

El Ayuntamiento de Mogán ha mantenido silencio desde que Canarias Ahora publicara que una trabajadora de la Radio Televisión Pública había denunciado al director del organismo, Gregorio Guerra, y que un juzgado había abierto diligencias previas. Se trata de un caso por el que ya fue llamado a declarar Gregorio Guerra y la denunciante el pasado 5 de julio, sin que el Ayuntamiento haya tomado medidas cautelares al respecto.

En el pleno del pasado 3 de junio, el Ayuntamiento de Mogán confirmaba que no había tomado medidas ante la denuncia contra el director de la televisión pública del municipio. “Esta administración no tiene conocimiento oficial de circunstancia alguna que tenga que ver con estos hechos, teniendo en cuenta que ni siquiera tenemos conocimiento oficial de este asunto evidentemente no se ha tomado ninguna medida al respecto, porque como usted muy bien ha dicho es una noticia de la que se ha tenido público conocimiento por este medio digital”, contestó entonces el vicealcalde Mencey Navarro (Ciuca) a las preguntas planteadas por el concejal del PSOE l PSOE Artemi Artiles.

“¿Eran conscientes desde la corporación de esta circunstancia ? ¿Eran conocedores? ¿Qué medidas han tomado al respecto?” cuestionó el edil, que también preguntó: ¿Existe responsabilidad subsidiaria por parte del ayuntamiento en caso de que el presunto delito sea ratificado por la justicia?“. ”Evidentemente, a nosotros lo que nos corresponde a día de hoy es el sometimiento y respeto de las resoluciones judiciales que pudieran dictarse en el seno de este procedimiento y, una vez tengamos conocimiento oficial del asunto, pues esta corporación con responsabilidad actuará en consecuencia“, afirmó entonces Navarro. 

Este periódico ha intentado en multitud de ocasiones recabar la postura del ayuntamiento sobre este caso. En concreto, ha preguntado por escrito y por teléfono  si se había aplicado algún protocolo o se había abierto una investigación para este caso. En una ocasión desde el gabinete de prensa se aseguró que no harían declaraciones al respecto, colgando el teléfono posteriormente.

Nueva Canarias Mogán registró a principios de junio en el Ayuntamiento un escrito en referencia a este caso. En el documento, la concejala Isabel Santiago reclamaba que “se den las instrucciones oportunas a la entidad adjudicataria del servicio de gestión de la radio televisión pública de Mogán, la mercantil Etiazul para que, cautelarmente, suspenda del ejercicio de todas sus funciones al director del medio público hasta que se resuelva el proceso judicial, que se sustancia contra este por presunto acoso sexual”. 

El presunto caso de acoso laboral y delito sexual

Las diligencias se abrieron a raíz de una denuncia en la que la periodista, contratada por Etiazul, relata hechos que se habrían producido en abril de 2022. El primer episodio del presunto acoso laboral data en el Día Internacional de la Mujer, tras un directo desde el Instituto de Enseñanza Secundaria de Arguineguín. Según su testimonio, en ese momento su jefe, el director de la televisión pública de Mogán, le habría proferido frases como “no tienes ni puta idea de cómo hacer el inicio de un programa” o “a mi no te me pongas chula”. En la denuncia afirma también que tras ese directo, Guerra se burló de ella delante de unos compañeros después de que se torciera el tobillo, que se sintió “totalmente ridiculizada” y que tuvo que abandonar el lugar para llorar. 

El presunto abuso sexual denunciado habría ocurrido el 5 de abril de 2022 en la zona del muelle de Arguineguín, en Mogán. Antes de la grabación de unas entrevistas, los trabajadores fueron a comer con su jefe a la Cofradía de Pescadores, donde se habría iniciado una discusión en la que el investigado se habría dirigido a ella con frases como “no tienes ni puta idea”, “lo que dices son chorradas” o “como sigas así de chula te vas de aquí”, “te vas a tu puta casa”. Además, relata en la denuncia que la trabajadora y su jefe se dirigieron hacia la plaza de Las Marañuelas, mantuvieron una conversación sobre lo sucedido y se dieron un abrazo para zanjar los problemas. Posteriormente, explica que ocurrió el presunto abuso sexual, cuando le “agarró el culo” y le espetó “me lo voy a follar”, por lo que afirma que quedó “en shock”. 

La denunciante causó baja laboral con síntomas de ansiedad el 8 de abril. Un informe fechado cinco días después tras una nueva visita médica señala que la paciente atribuye un nuevo episodio de vómitos y nervios a problemas laborales y hace referencia a que su jefe “la ha insultado”, “la acosa” e “incluso la ha tocado de forma inapropiada hace una semana”.

La trabajadora fue despedida el 19 de abril y la empresa alegó que no era necesaria “la continuidad de los servicios que ha venido prestando para esta entidad”. La productora Etiazul ha defendido al director de la televisión pública de Mogán a través de un artículo de opinión publicado en un periódico digital de su propiedad, Tiempo de Canarias, dirigido por Pedro Guerra, hermano del investigado. Gregorio Guerra señaló a este periódico antes de publicarse la primera de las informaciones que se trataba de una “denuncia falsa” motivada por el despido de la periodista. No obstante, la baja laboral data del 8 de abril, la denuncia del 16 de abril y el despido del 19 del mismo mes.

La Asociación Canaria de Mujeres de la Comunicación, Vivas, emitió tras la información de Canarias Ahora un comunicado reclamando “espacios laborales seguros para las profesionales de los medios” y exigiendo a Etiazul, la empresa que explota esta televisión que “abra actuaciones” así como al Ayuntamiento. Las comunicadoras recordaron que todas las empresas están obligadas a contar con un protocolo de prevención y actuación por acoso laboral y que la Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Además, el Ayuntamiento de Mogán cuenta con un plan de Igualdad.

La concejala de Nueva Canarias en Mogán, Isabel Santiago, ha anunciado este sábado que emprenderá acciones legales contra los testigos que han cambiado su versión sobre la presunta compra de votos en el municipio en los años 2015 y 2019 y que en algunos casos la acusan a ella de urdir un montaje. Se trata de una trama en la que están siendo investigadas diez personas, entre ellas la alcaldesa, Onalia Bueno, y por la que han sido llamados a declarar 18 testigos por el juez instructor del caso, Francisco Javier Ramírez de Verger-Vargas nueve meses después de que se produjeran detenciones y registros. El pasado miércoles, una de esas testigos cambió su versión y el juez sacó a relucir sus contradicciones.

La declarante, no solo cambió su testimonio, sino que aseguró entonces que fue Isabel Santiago quien le dio “en el patio de su casa” 150 euros para decir a la Guardia Civil “y a La Sexta” que enviados de Ciuca le habían comprado su voto, con lo que se enfrenta a un presunto delito de falso testimonio si los hechos documentados por la investigación dejan en evidencia sus acusaciones, y ahora también a las acciones legales emprendidas por la concejala de Nueva Canarias, que sostiene que esta persona estaría “incurriendo en una clara, evidente y flagrante contradicción” con lo que expuso a los investigadores del caso en un principio.

Este cambio en las versiones se ha vuelto a producir este viernes cuando otra testigo aseguró que cobró por votar, pero que no cambió el sentido de su voto y otra se desdijo de su versión inicial y aseguró que se sintió presionada. Según recoge Canarias 7, para justificar por qué se sintió presionada, aludió a que le tomaron declaración con sus dos familiares aislados en dos habitaciones y que no sabía qué pasaría con ellos.

Según este periódico, el tercero de los testigos en declarar este viernes aseguró que no le constaba que un dinero que él aportó para la campaña de Ciuca se destinara a la compra de votos.

Isabel Santiago, que ejerce de acción popular en la causa, comunicó al juez que “va a solicitar que se deduzcan testimonios de las declaraciones efectuadas por aquellos testigos que han faltado a la verdad, para emprender acciones judiciales contra ellos por haber podido cometer un delito de perjurio según determina el artículo 458 del Código Penal vigente”.

La concejala insiste en que hay testigos que están tratando de “dulcificar” la versión de los hechos que expusieron ante los agentes de la Guardia Civil y que obran en la documentación de la causa y remarca que “en este asunto de lo que se trata, no es de entrar en dimes diretes propios de un programa del corazón, sino de garantizar que los vecinos de Mogán puedan ejercer su derecho al voto de forma libre”.

El juez aprecia hechos “objetivos, accesibles y verificables”

El juez que instruye la causa sobre el presunto pucherazo en las elecciones de 2015 y 2019 en el municipio grancanario de Mogán ordenó la entrada y registro en el Ayuntamiento sureño y en la sede del partido local Ciuca (Ciudadanos por el Cambio), ya había apreciado algo más que indicios de la existencia de una “organización criminal” dedicada a la compra y tramitación fraudulenta de votos. 

La ronda de declaraciones se inició con el exalcalde Paco González, que este miércoles se extendió con detalle sobre el modus operandi que él tiene detectado y la implicación directa de uno de los presuntos empresarios de cabecera de Ciuca, Luis Oller, propietario de la mercantil Aguas de Arguineguín, considerado por los investigadores como uno de los presuntos financiadores de Ciuca para el fraude electoral y cuyos intereses se hubiesen visto afectados de no ganar Ciuca las elecciones y repetir el PP en el gobierno municipal. El exalcalde también indicó que cuenta con una serie de grabaciones que implicarían a más conejales de Ciuca en la presunta compra de votos y el juez le ha dado cinco días de plazo para que aporte.

El grupo de activistas The Long Walk caminará este viernes 16 de octubre en contra del desahucio del banco del Proyecto Vecinal de Alimentos de Mogán Nabohjelpen, el único banco de alimentos del municipio de Mogán. Presentarán 4.000 firmas de apoyo como último intento para convencer al Ayuntamiento de que permita que la asociación continúe su labor social.

Los manifestantes irán a pie desde Arguineguín hasta la sede del Ayuntamiento. Saldrán de su Puerto Rico a las 2 de la mañana, pasando por Tauro y subiendo por caminos de tierra para llegar a las casas consistoriales en Molino de Viento sobre las 10 de la mañana.

Desde hace más de una década, el proyecto vecinal ayuda a los más necesitados del sur de Gran Canaria con comida y otras necesidades básicas. Durante la crisis del coronavirus han visto un fuerte incremento de la demanda y actualmente apoyan a unas 700 personas.

Ni una huelga de hambre ni los intentos de mediación de la Iglesia han conseguido cambiar la posición del Gobierno presidido por Onalia Bueno (Ciuca), que ha obligado a la asociación a desalojar el espacio municipal que ocupan sin ofrecerle ninguna alternativa. La fecha para el desahucio es este sábado 17 de octubre, coincidiendo con el Día de las Naciones Unidas para la Erradicación de la Pobreza.

El Gobierno municipal ha esgrimido argumentos higiénico-sanitarios para justificar el desahucio, pero la Asociación ha pasado sin problemas todas las inspecciones pertinentes. El Ayuntamiento también ha criticado al banco de alimentos por falta de cooperación, pero ahora se niega a negociar.

“Con argumentos falseados y tergiversando la verdad para hacernos parecer villanos, han difamado a este colectivo y la labor que realizamos”, se lamenta Jenni Hymoff, la coordinadora del proyecto. “Nos obligan a cesar nuestra labor voluntaria quienes más deberían estarnos apoyando, pues ayudamos a las mismas personas que pagan sus sueldos y que las eligieron para que administraran lo de todos” , añade.

La Guardia Civil quiere cerrar el círculo de cinco años de investigación de presuntos pucherazos en Mogán siguiendo el rastro del dinero. Esa es la principal explicación de que este jueves, con la detención de la alcaldesa, Onalia Bueno (Ciuca), y los concejales de Urbanismo y Turismo, Mencey Navarro (Ciuca), y de Servicios Sociales, Tania Alonso (Coalición Canaria), el Equipo Judicial de la Benemérita haya empleado casi 10 horas de registros y volcado informático en las casas consistoriales del casco de Mogán.

Y ese, fundamentalmente, es el motivo por el cual, tras una larga jornada encerrada en el ayuntamiento y en el despacho de Informática con la comitiva judicial mandatada por el nuevo titular del Juzgado de Instrucción número 3 de San Bartolomé de Tirajana, la alcaldesa y sus ediles caídos fueran trasladados después de las siete de la tarde a continuar con más registros en las oficinas municipales de Arguineguín. Una vez concluidos estos registros la noche de este jueves, Bueno y sus dos concejales quedaron en libertad con cargos, a la espera de que el juez Ramírez de Verger les tome declaración en próximas fechas como investigados por un delito electoral y contra la administración pública.

Según ha podido saber este periódico de fuentes cercanas a la investigación, en esos registros se buscan evidencias documentales de que Ciuca amañó las elecciones de 2015, y sobre todo las últimas de 2019, por medio de ayudas sociales y de suculentos contratos. Y también pruebas de que grandes operaciones sobre el territorio y el erario público moganeros hayan sido a cambio de financiar campañas del partido local, Ciudadanos por el Cambio (Ciuca), que Onalia Bueno montó en Mogán con permiso de los propietarios de la marca original en el municipio de Telde, tras su regreso al ruedo político en 2011 después de un breve ‘exilio’ por su expulsión del PP en 2007.

Aquel año, en enero, Onalia Bueno era detenida junto al entonces alcalde y ahora enemigo declarado, Paco González (PP), en el marco de la operación Góndola, un caso que tras pasar por las manos de más de trece jueces de ida y vuelta en las oficinas judiciales de Maspalomas acabó archivado a pesar de los ocho delitos que se le imputaban a la ahora alcaldesa, incluido el de investigar por su cuenta a la entonces jefa superior de Policía en Canarias, Concepción de Vega. Los pájaros contra las escopetas.

El presidente del PP de entonces, el exministro José Manuel Soria, decidió perdonarle la vida política a Paco González por las cercanías de las elecciones de mayo de 2007, ante la ausencia de un relevo claro como cabeza de lista en el municipio, y castigar a Onalia Bueno como la culpable de toda la trama. No en vano, los investigadores de la época consideraban a Bueno el cerebro del ayuntamiento. De aquella afrenta, vienen las enemistades irreconciliables entre González y Bueno, ambos hijos de alcaldes.

Que la Guardia Civil andaba detrás de otro presunto pucherazo en Mogán era vox populi hace años. Lo saben los lectores de Canarias Ahora desde el primer minuto. Tanto en 2016, cuando un antiguo colaborador de la alcaldesa ahora detenida, Onalia Bueno (Ciuca), confesaba a su enemigo político, Paco González (PP), cómo Ciuca ganó al PP en 2015 comprando voluntades; como en 2019, al denunciar la concejal Isabel Santiago las trampas que se preparaban en el último proceso electoral.

La edil de Nueva Canarias llevó a la Delegación del Gobierno otro audio, también publicado en Canarias Ahora, en la que Onalia Bueno explicaba a otro colaborador de Ciuca cómo manipular el voto por correo. Esa denuncia de Isabel Santiago acabó remitida desde Delegación a la Fiscalía y a la Guardia Civil, y tras abrirse diligencias previas aparte en el Juzgado de Instrucción número 3 de San Bartolomé de Tirajana, se incorporaron a las diligencias ya existentes desde 2015 que parecían languidecer en el cajón del Equipo Judicial, y que han permitido reactivar todo el caso.

Lo cierto es que durante año y medio la Guardia Civil no sólo ha ido recabando datos, testimonios y hasta más de 500 imágenes del presunto delito electoral en la jornada del 26 de mayo de 2019, sino que ha derivado también la investigación hacia el dinero. ¿Dónde está el dinero? Pues eso es lo que pretenden saber los investigadores y cerrar el círculo de la compra de votos a cambio de pagos y favores a los “clientes de Ciuca”. Y también elevar el tiro, no sólo apuntando a ayudas sociales, sino a actuaciones urbanísticas o contratos municipales de enjundia, a cambio de financiar al partido que gobierna un potente municipio turístico como Mogán desde 2015.

Es ahí donde intervienen las detenciones de dos concejales bien específicos, aparte de la alcaldesa. En el caso de Tania Alonso, desde Servicios Sociales se habrían realizado ese tipo de contraprestaciones por votar a Ciuca el 26M pasado. Hay testimonios para llenar un carro de la compra, o una lavadora, pero también indicios de que en otro de los departamentos, Urbanismo, se hayan estado fraguando operaciones con algunos empresarios, con nombres, apellidos y relevantes sociedades, a cambio del sostén económico de Ciuca.

Hasta cheques nominativos que dejan rastro

Algunos de esos empresarios, que pusieron toda su carne en el asador de Onalia, se han ido arrepintiendo y más de uno ha pasado ya estos meses por los despachos de la Benemérita, incluso hay cheques nominativos que iluminarían el rastro del dinero. Esa es la parte de la investigación que se desmenuza ahora, ya con el secreto de sumario levantado y personada en la causa como acusación popular la concejal Isabel Santiago (NC), bajo la dirección letrada de la abogada tinerfeña Sandra Rodríguez, que también ha llevado los casos Grúas y Reparos, abiertos contra el expresidente del Gobierno de Canarias y casualmente socio preferente de Onalia Bueno, Fernando Clavijo.

En Mogán se vive la política con saña. A sangre (nunca mejor dicho) y fuego, como en todo pueblo chico que lleve su infierno grande. “El padre de Paco no descansó hasta ver detenida a la atosigadora de su hijo”, cuenta una vecina de Arguineguín, muy al tanto de la polítiquería moganera. Francisco González Saavedra, alcalde de Mogán entre 1983 y 1991 bajo diferentes siglas de la derecha de toda la vida (era concejal ya en 1970, por el tercio de cabezas de familia durante la Dictadura), dejaba de existir este jueves, víctima de la COVID-19, en el Hospital Insular de Gran Canaria.

Su hijo Paco, en la actualidad concejal del PP en la oposición a Ciuca, está en cuarentena por positivo de coronavirus. Este viernes no podrá despedir a su padre. Y este jueves no ha querido valorar la detención de su enemiga declarada, por el luto familiar. Tampoco lo ha hecho su partido, en shock por su reciente acercamiento a la alcaldesa a cambio de un sueldo para su portavoz, Maicol Santana. Paco González, hace ahora casi 14 años pasaba tres noches en los calabozos de la Jefatura Superior de Policía de Canarias, cuando fue detenido en el marco de la operación Góndola, siendo alcalde de Mogán junto a su entonces mano derecha, la misma Onalia Bueno que ahora detesta y odia. Esta noche desde su casa de Pie de Cuesta saborea con amargura la venganza política, que tanto hizo sufrir a su padre.

Al otro lado del municipio, Onalia Bueno seguía en manos de la Benemérita a la hora de concluir este análisis. Quién se lo iba a decir, justo el día en que venía la exministra y expresidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, a la pasarela de políticos en el que se ha convertido el campamento de migrantes africanos en el muelle de Arguineguín, va y se lo pierde. “Serán malvados estos picoletos…”. Quienes tienen que estar fumando en pipa ahora mismo son los dirigentes canarios del PP. Cuando Ana Pastor preguntaba la mañana de este jueves histórico por Onalia Bueno en Arguineguín, ni la presidenta regional, Australia Navarro, ni el presidente insular, Poli Suárez, sabían dónde meterse. No en vano el PP grancanario no esconde los guiños que le hace a Onalia Bueno para que deje su alianza táctica con Coalición Canaria y se acerque al partido de Pablo Casado, como su vecino Marco Aurelio Pérez con su Agrupación de Vecinos en San Bartolomé de Tirajana…

Qué tendrá Mogán que atrae fatalmente al PP. Como cuando el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy celebró un mitin junto a José Manuel Soria y Paco González en la plaza de Las Marañuelas de Arguineguín. Era octubre de 2005 y aquel bolo lo pagó una empresa con la que el Ayuntamiento de Mogán había cerrado acuerdos para construir viviendas de protección social: Grupo Europa. ¿Se repite la historia?

Nueva Canarias en Mogán ha pedido este jueves a la alcaldesa del municipio, Onalia Bueno, que dimita, así como todo su grupo de gobierno, después de que la mandataria y dos de sus concejales hayan sido detenidos en el marco de una operación policial que investiga un presunto fraude electoral en el municipio en las elecciones de 2015 y 2019.

En un comunicado, Nueva Canarias afirma que es la segunda vez en la que Onalia Bueno se ve envuelta en problemas judiciales relacionados con la puesta en marcha de una supuesta trama para la compra de votos y recuerda que ya en 2007, en el seno de la operación Góndola, “resultó imputada por la comisión de un supuesto delito electoral”.

NC recuerda que en mayo de 2019 mantuvo una reunión con el anterior delegado del Gobierno, Juan Salvador León, al que le solicitó por escrito que se adoptasen las medidas oportunas para garantizar la limpieza del proceso democrático en Mogán, “dados los antecedentes ya denunciados por la formación nacionalista”, y sobre todo, por la grabación publicada por este periódico en mayo de 2019, en el que la misma Onalia Bueno “parecía explicar cómo se podría manipular el voto por correo”. NC califica dicha grabación de “escandalosa” y apunta que señalaba a la alcaldesa como la posible cabecilla de esta trama corrupta para garantizarse el triunfo electoral.

NC, con todos estos antecedentes, “celebra la actuación judicial porque representa un espaldarazo a todo el trabajo que su portavoz en el municipio sureño, Isabel Santiago ha venido desarrollando en los últimos años, junto al resto de compañeros de la formación política”.

Isabel Santiago ya ha anunciado que su abogada ha presentado el escrito de personación en la causa que instruyen los juzgados de San Bartolomé de Tirajana “para favorecer que todo el proceso siga adelante y se esclarezcan todas las supuestas irregularidades que se investigan”.

Por otro lado, Isabel Santiago exige la dimisión de Onalia Bueno y de su gobierno al frente del consistorio, “pues ante estos gravísimos hechos, no puede seguir ni un minuto más representando a los vecinos de Mogán”. Y hace un doble llamamiento, tanto a los partidos de la oposición para “construir una alternativa limpia” que defienda los intereses de todos los vecinos de Mogán, como a los concejales de Ciuca, partido de la alcaldesa, para que “rompan con ella y pongan fin a una gestión marcada por el estás conmigo o estás contra mí, de la presión, del miedo y del chantaje”.

“Onalia Bueno debe dimitir, su sola presencia rebaja y denigra la institución municipal y perjudica el buen nombre del municipio”, concluye la nota de NC.

La Guardia Civil ha detenido este jueves a Onalia Bueno (Ciuca), la alcaldesa de Mogán, uno de los principales municipios turisticos de la isla de Gran Canaria, con cerca de 20.000 habitantes censados, en una operación en la que además ha registrado las oficinas municipales en busca de pruebas de la presunta compra de votos en las elecciones municipales celebradas en mayo de 2019, que reactivaron una investigación abierta en 2015.

Policías judiciales han entrado por sorpresa en el Ayuntamiento y en las oficinas municipales en Arguineguín y han ordenado apagar todos los ordenadores y hacer copias de los servidores. Los agentes han asistido en tres coches sin distintivo policial - dos a la sede del Ayuntamiento y otro al edificio de informática - cargando numerosas cajas de cartón para portar documentación. La alcaldesa, Onalia Bueno, ha sido detenida tras ausentarse de la visita de la expresidenta del Congreso Ana Pastor (PP) al campamento de migrantes ubicado en el Muelle de Arguineguín.

También han sido detenidos la concejala de Servicios Sociales, Tania Alonso y el primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Mencey Navarro, investigado, además, por presunta prevaricación en un caso de contratos fraccionados para beneficiar, supuestamente, a su despacho de abogados.

La alcaldesa y el primer teniente de alcalde entraron este mediodía en la sala de ordenadores del Ayuntamiento acompañados por la comisión judicial y los agentes de la Guardia Civil. Han salido sobre las 7 de la tarde en un coche camuflado de la Guardia Civil que los agentes habían cargado con abundante documentación tras casi 10 horas de registro.

Los tres detenidos fueron trasladados a las oficinas municipales de Arguineguín y una tercera localización, donde la Guardia Civil ejecutó un segundo y un tercer registro por orden judicial. Sin embargo, al salir de las casas consistoriales, Onalia Bueno negaba estar detenida. Fuentes oficiales de la Guardia Civil en la Comandancia de Las Palmas no prevén que los ediles pasen la noche entre rejas y su abogado, Dani Reyes, asegura a este periódico que ya han sido puestos en libertad.

El Juzgado de Instrucción número tres de San Bartolomé de Tirajana investiga una presunta trama de compra de votos en las elecciones de 2015 y 2019. Las diligencias se abrieron en 2015 en el Juzgado de Instrucción número 3 de San Bartolomé de Tirajana tras la denuncia del exalcalde, Paco González (PP), y un supuesto colaborador de la compra de votos, Ramón Trujillo, conocido en el municipio como 'El Perraya'. Las pesquisas se ampliaron tras las elecciones de mayo de 2019, después de que la Delegación del Gobierno de España en Canarias trasladara a la Fiscalía y a la Guardia Civil una denuncia de Nueva Canarias (NC) sobre la presunta compra de votos en el municipio sureño. Tanto el exalcalde popular como la portavoz de NC en el municipio, Isabel Santiago, personada en la causa bajo la dirección letrada de Sandra Rodríguez, han sido llamados a declarar la próxima semana, el primero en condición de denunciante y la segunda, de testigo. El juez ha levantado el secreto de sumario, pero la investigación tiene carácter reservado, informan fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

La detención de Onalia Bueno ha interrumpido una visita de tres líderes del Partido Popular al campamento de migrantes de Arguineguín después de que la alcaldesa pidiera, con la voz temblorosa del llanto, que “políticos de mayor instancia” se acercaran al muelle para conocer la situación. A su llamada asistieron, además de la expresidenta del congreso, Ana Pastor, la presidenta de los populares canarios, Australia Navarro y el presidente del partido en Gran Canaria, Poli Suárez. Este último reconoció en recientes declaraciones a Canarias Ahora que buscaba un acercamiento al partido de la alcaldesa para poner fin a la fragmentación de la derecha en la isla. Como parte de este mejor entendimiento, el portavoz del PP en el municipio, Maicol Santana, se aseguró un sueldo de 34.000 euros como sustituto del ahora detenido Mencey Navarro, al que había denunciado anteriormente por prevaricación. Sus compañeros de denuncia de NC dicen que el acuerdo contempla la retirada de la denuncia del portavoz Santana contra el primer teniente de alcalde de Ciuca. 

En relación a la investigación policial en curso, a Onalia Bueno se la escucha en una conversación grabada antes de los comicios de 2019, explicando a un simpatizante cómo manipular el voto por correo. Su partido ganó su primera mayoría absoluta en mayo del año pasado tras pasar de 500 a 2.000 los votos por correo en este municipio de menos de 20.000 habitantes.

El equipo de policía judicial encargado de investigar el presunto pucherazo a favor de la alcaldesa también maneja más de 500 imágenes de la jornada electoral. En ellas se observa cómo actuaban delante de los mismos colegios los apoderados del partido aliado de Coalición Canaria en el municipio, unos recibiendo a votantes y hasta otros pasando lista.

Además, colaboradores suyos han revelado que su modus operandi, que consistía en comprar voluntades a cambio de 50 o 100 euros –denunciando incluso que el mismo domingo electoral se cambiaban votos por papelas de droga–, y de financiar estas por medio de contratistas cómplices.

Así, algunos de estos implicados ya arrepentidos habrían montado empresas para contratar obras, con el único fin de inflar facturas por pequeñas actuaciones en el municipio, cuya mayor parte del montante se destinaría a comprar voluntades de votantes de cara a las elecciones. Otra línea de investigación se basa en negocios que tenían deudas pendientes con el Ayuntamiento. En este caso, los recursos a esas sanciones serían admitidos a cambio de comprometer el voto de propietarios y empleados.

Supuesto fraude en 2015

En los penúltimos comicios, Ciuca ya fue señalado a posteriori por uno de sus colaboradores por su supuesta compra de votos. En una grabación difundida por Canarias Ahora, uno de los responsables de la campaña del partido, José Monzón, conocido en el pueblo como Pepe El Japonés explicaba cómo el partido habría pagado la renovación del DNI o clases de karate a cambio de votos en las elecciones municipales de mayo de 2015. La trama, según esta conversación, habría contado con colaboradores en las oficinas de Correos para hacer entrega de las papeletas electorales.

Ciuca ganó las elecciones electorales de 2015 con 2.806 votos, 398 más que el segundo partido más votado, el PP (2.408 votos) de Francisco González. Sólo El Japonés habría comprado, presuntamente, 383 votos, y a ello habría que añadir los que supuestamente se compraron durante la misma jornada electoral. Además, otro testigo aseguraba haber comprado 100 votos por correo para esta formación política. 

La de este jueves es la segunda detención de Onalia Bueno. La alcaldesa ya fue investigada por ocho presuntos delitos –entre ellos, el electoral– en el conocido como caso Góndola, cuando era la mano derecha del entonces alcalde del PP y ahora su enemigo irreconciliable, Paco González. Ambos fueron detenidos en enero de 2007 dentro de esa investigación, que después de once años de instrucción en un juzgado por el que pasaron varios jueces y fiscales, quedó archivada.

A raíz de esa detención, Onalia Bueno abandonó el PP señalada como responsable del escándalo y regresó a la política de la mano de Ciuca en 2011. Paco González siguió siendo alcalde hasta 2015, cuando perdió las elecciones ante su otrora mano derecha. Los recientes acercamientos de PP grancanario al partido de Bueno, no han sido a gusto del exalcalde.

Los negocios de la alcaldesa

Bueno también se ha visto envuelta en polémica recientemente por compaginar sus negocios personales con la alcaldía de Mogán. A pesar de las posibles incompatibilidades, conserva el 100% de las acciones de la mercantil Ernesto Fernández Morales SL, titular de parte de terrenos donde su ayuntamiento ha dado licencia a su padre, el exalcalde Guillermo Bueno, para un centro de ecoturismo. La alcaldesa inyectó en 2017 una ampliación de capital de 120.000 euros sin que haya querido aclarar el origen y destino de ese dinero.

Un mes después de ganar las elecciones de 2019, Bueno dimitió como administradora única de la empresa, investigada por Hacienda y la Inspección de Trabajo, poniendo a su padre como sustituto. El cambio de administrador confirmaría las causas de incompatibilidad en la que incurrió Onalia Bueno durante el anterior mandato, al no dirigirse al pleno para poder compaginar su cargo público de alcaldesa con la actividad empresarial de su empresa como administradora única desde 2014.

Nueva Canarias ha presentado un escrito ante el registro del Ayuntamiento de Mogán en el que reclama a la alcaldesa, Onalia Bueno, a que reconsidere su decisión de desahucio del banco de alimentos de Arguineguín para evitar lo que sería “un grave perjuicio a los vecinos mas necesitados del municipio”, según ha informa la formación nacionalista en un comunicado. El grupo ha solicitado copia de los informes en los que el Ayuntamiento de Mogán fundamenta su decisión y el listado de locales de titularidad municipal disponibles para buscar un espacio alternativo para la asociación.

La Asociación de Vecinos de Las Lomas ha asistido durante doce años a familias en apuros - cerca de 300 actualmente . El Ayuntamiento alega falta de colaboración y seguridad sanitaria en el banco de alimentos para justificar su decisión, acusaciones que la asociación rechaza frontalmente. Jenni Hymoff, presidenta de la asociación, defiende que “la gente tiene que comer y no puede esperar semanas a que la administración arregle toda la documentación”. Además, sostiene que el establecimiento ha superado las inspecciones sanitarias correspondientes, incluida una efectuada el pasado mes de diciembre por parte del Ministerio de Agricultura, responsable del programa nacional del reparto de alimentos.

Isabel Santiago, portavoz municipal de Nueva Canarias, cree que la situación que se genera con el cierre del banco de alimentos es “muy grave”. Sobre todo en el marco de una crisis sanitaria y económica por la pandemia del coronavirus. La decisión de Onalia Bueno es única en Gran Canaria, según Santiago, porque nunca antes se había cerrado el banco de alimentos de un municipio. Lo ocurrido en Mogán, denuncia, es un acto de “control y explotación electoral de la pobreza que tan útil le resulta a Bueno”.

Según la formación nacionalista, el Ayuntamiento de Mogán dispone de locales de titularidad pública que podría ceder a la asociación vecinal y así puedan continuar con el desarrollo del proyecto social. Además, afirma que la alcaldesa es plena conocedora de todos los locales disponibles ya que en el año 2014, antes de convertirse en alcaldesa del municipio, Mencey Navarro denunció al anterior alcalde, aportando un listado de locales disponibles por no ceder un espacio a Ciuca para el desempeño de sus funciones.

La portavoz de NC, Isabel Santiago, le ha pedido a Onalia Bueno que haga memoria y recuerde sus reivindicaciones cuando no era alcaldesa. En este sentido Nueva Canarias ha recordado que este modo de proceder representa un incumplimiento del programa electoral de Ciuca, que proponía la creación de mesas de coordinación con las distintas organizaciones sociales que prestan ayudas a la comunidad para un mejor control y distribución de las ayudas.

La formación nacionalista entiende que la gestión desarrollada por la alcaldesa perjudica a los vecinos más vulnerables del municipio, pues, según el comunicado, “piensa más en el valor de la parcela que en apoyo a proyectos vecinales que redundan en beneficio de la comunidad”.

Además, le preocupa que el asesor de urbanismo, Raico Guerra, se esté “extralimitando en el ejercicio de sus funciones, pues legalmente no puede ir mas allá del mero asesoramiento al gobierno de Mogán”. NC defiende que Guerra no puede desempeñar funciones “ni de inspección ni de técnico” ya que carece de formación universitaria.

El Partido Popular busca recuperar su protagonismo en Gran Canaria, donde encadenó cinco presidencias insulares hasta la caída de José Manuel Soria, la ruptura con José Miguel Bravo de Laguna y el triunfo de Antonio Morales (NC) en 2015. Los populares quieren poner fin a la fragmentación de la derecha, empezando por atraer a su antigua concejala convertida en independiente aliada a Coalición Canaria, la todopoderosa alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno. 

Así lo ha dejado claro el presidente del partido en la isla, Poli Suárez, en declaraciones a esta redacción. “Mi proyecto buscar sumar con personas y grupos que se han ido a otras fuerzas como Ciudadanos y otros independientes”, dijo. Suárez niega que haya habido ninguna negociación respecto a las listas de 2023 con Onalia Bueno, pero dice que su objetivo en Mogán es “suavizar las cosas” y hacer una “oposición colaborativa”. 

Suárez dice que, aunque las relaciones en Mogán “no han sido buenas”, el entendimiento con Ciuca no es nuevo. El líder popular señala como ejemplo la inclusión de Daniel Reyes, de Ciuca Telde, en cuarto lugar de las listas del PP al Cabildo. Anteriormente, el candidato a la presidencia del PP, Marco Aurelio Pérez, gobernó el municipio turístico de San Bartolomé de Tirajana como líder de Asociación de Vecinos, otro grupo independiente con peso también en Santa Lucía, un municipio del sureste grancanario con fuerte tradición nacionalista. 

El mejor entendimiento entre las dos formaciones se sellará el próximo lunes con el fichaje del portavoz del PP de Mogán, Maicol Santana Araña, como sustituto del concejal de Urbanismo, Juan Mencey Navarro, en la presidencia de la Comisión de Evaluación Ambiental Estratégica de los Planes Urbanísticos. Santana, que hasta ahora no cobraba nada como portavoz del principal partido de la oposición, consigue así la dedicación al 75% a sus labores como concejal y se asegura un sueldo de 34.000 euros anuales. 

El concejal popular se convierte de esta manera en necesario colaborador de Mencey Navarro, contra quien tomó acciones legales hace menos de un año. Santana se personó, junto a la concejala de Nueva Canarias Isabel Santiago, como acusación popular en la investigación por presunta prevaricación en los contratos de asistencia jurídica del Ayuntamiento moganero por su posible trato de favor al despacho de abogados del responsable de Urbanismo. En un comunicado del partido sobre el nuevo sueldo municipal de Santana, no se menciona el conflicto legal entre el popular y la mano derecha de Onalia Bueno a quien va a servir como suplente. El concejal se ha negado a atender las preguntas por escrito y las llamadas telefónicas de este redacción, pero sus antiguos compañeros de denuncia explican que el acuerdo contempla la retirada de la denuncia del portavoz del PP contra el primer teniente de alcalde de Ciuca. 

El acercamiento con el partido de Onalia Bueno no ha sentado bien a todos los populares de Mogán. Paco González, concejal conservador y antiguo alcalde del rico municipio turístico subraya su lealtad al partido, pero niega que haya cambiado su relación con el partido de Gobierno y la alcaldesa. “Yo, personalmente, no he hecho ningún acercamiento a Ciuca”, espetó en declaraciones a esta redacción. 

González, que tuteló a la actual alcaldesa hasta la explosión del caso Góndola a poco tiempo de las elecciones de 2007, que acabó con la expulsión de Onalia Bueno del partido y el crecimiento de Ciuca como partido independiente, dice que él no tenía conocimiento de los acuerdos con Maicol Santana y que está al margen de las decisiones del partido porque no tiene ningún cargo orgánico. 

El exalcalde niega ningún contacto con su otrora fiel aliada y ahora enemiga política declarada, Onalia Bueno: “Ellos conmigo no hablan más que en los juzgados”, dice. González hace referencia a la denuncia de Onalia Bueno contra él, su partido y Maicol Santana por supuestas ofensas a su honor por pedir explicaciones en el pleno sobre una casa de protección oficial de su propiedad. González no cree que la alcaldesa haya retirado la denuncia, en la que pide una indemnización de 45.000 euros y está ya vista para sentencia. Antes de la denuncia por lo civil, la líder de Ciuca intentó, sin éxito, ir contra su antiguo partido por la vía penal. 

Jugando a dos bandas

Pese a las intenciones de acercamiento del Partido Popular, Onalia Bueno continúa labrando su estrecha relación con la Coalición Canaria de Fernando Clavijo, que llegó a hacer campaña por Ciuca en Mogán durante su etapa de presidente autonómico. Tras su ruptura con la izquierda nacionalista grancanaria que formó el partido ahora al frente de la isla, Nueva Canarias, CC ha buscado crecer en la isla a través de alianzas con antiguos líderes del PP como Bueno o Bravo de Laguna.  

La alcaldesa de Mogán ha renovado a Jesús Romero Espeja, arquitecto y exviceconsejero de Política Territorial en el anterior Gobierno de Canarias liderado por Clavijo, como asesor en la elaboración del Plan General de Ordenación y el segundo Plan de Modernización de Playa de Mogán. 

Espeja, que está imputado en un juzgado de Arona por autorizar una ampliación ilegal de un local de ocio, figura como tercer vocal de la Comisión de Evaluación Ambiental de la que Maicol Santana será presidente suplente y representa al Ayuntamiento en la comisión homóloga a nivel autonómico. 

Tras haber asesorado a Mogán durante los tres últimos meses de 2019 por un importe de 3,750 euros, el Gobierno de Onalia Bueno le ha vuelto a contratar por todo el 2020 con el mismo fin. El contrato es de 14,999.00 euros, un euro por debajo del máximo permitido para considerarlo un contrato menor y evitar un proceso de concurrencia y el pago se divide en doce mensualidades. 

Un año después de que vecinos de Mogán acreditaran con fotografías que la alcaldesa del municipio grancanario, Onalia Bueno (Ciuca), seguía utilizando el coche oficial, un Mercedes Benz, a pesar de que en 2015 anunció que renunciaría a ese vehículo para reducir gastos, la regidora sureña ha autorizado con cargo a los presupuestos el gasto de 4.937 euros en el alquiler de dos vehículos a la entidad Inauto Sur SL.

Tras firmar un decreto en julio de 2019 para autorizar el alquiler “sin conductor” de un Wolkswagen Polo durante seis meses por un importe de 2.880 euros, este mes la alcaldesa de Mogán ha vuelto a repetir el mismo contrato menor, con leves diferencias: el vehículo es un Ford CMax, el gasto es de 2.057 euros y el periodo es por cuatro meses. En ambos casos, la duración no podrá ser superior a un año, ni ser objeto de prórroga ni de revisión de precios.

Las razones esgrimidas en el decreto son prácticamente idénticas a las que reflejó en el documento firmado en julio: se trata de una “necesidad del servicio de la Alcaldía” dada “la complejidad y especialidad de los trabajos a realizar”, pero tampoco especifica a qué se refiere. También alude a “la inexistencia de medios materiales y personales del Ayuntamiento para la realización de dichos servicios”.

La adjudicación ha vuelto a recaer en Inauto Sur SL, única entidad que presentó oferta para llevar a cabo este servicio en ambas ocasiones. Ello a pesar de que no cumple con la obligación de justificar la elección de la empresa adjudicataria y de las tres ofertas que se deben solicitar antes de proceder a la concesión, como establece la instrucción 1/2019, de 28 de febrero de 2019, de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación, un órgano dependiente del Ministerio de Hacienda.

El grupo municipal de Nueva Canarias en el Ayuntamiento de Mogán ha denunciado que la alcaldesa del municipio, Onalia Bueno, prepara subidas de un 15% para las terrazas de restaurantes y cafeterías y de hasta un 46% para los mercaderes.

Esta subida de tasas “pone de manifiesto las dificultades del Ayuntamiento para dar cumplimiento al plan económico financiero” que se vio “obligado a aprobar” por incumplir con la regla del gasto, según indica en un comunicado.

Nueva Canarias asegura que ha tenido acceso a los expedientes que se someterán a consideración plenaria en la próxima semana, y que incluye además “la modificación de tres ordenanzas fiscales para incrementar las tasas que regulan de cada una de ellas”.

Una de estas ordenanzas que se modifican es la que regula la tasa por la utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local mediante la instalación de puestos de venta en los mercadillos municipales y en las zonas comunes de los centro comerciales.

También, señalan, la que regula tasa por la utilización privativa o aprovechamiento especial que se deriva de la instalación de puestos, barracas, casetas de ventas, espectáculos, atracciones o recreo, situados en terreno de uso público local.

Del mismo modo, se presentará la modificación para industrias callejeras y ambulantes y rodaje cinematográfico, así como la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local.

Según los expedientes analizados por Nueva Canarias, las subidas “van a suponer un incremento de la carga fiscal que ya vienen soportando quienes desarrollan una actividad económica” en el municipio de Mogán.

Así, por ejemplo, los mercaderes que vienen a Arguineguín y a Playa de Mogán, junto con los centros comerciales, en lo que se refieren sus zonas comunes, “van a sufrir un incremento del 46%”.

La instalación de puestos de comida y atracciones de feria que se produzcan en las fiestas del Carmen y en el Carnaval de Costa Mogán “sufrirían una subida del 40%; un 24% en las fiestas del Carmen en Playa de Mogán y en la de San Antonio en Mogán y un 15% en las fiestas de los barrios de Barranquillo Andrés, Veneguera y Motor Grande”, entre otros, ha adelantado.

Por último, la subida que afectará a bares, restaurantes y cafeterías, por la instalación de terrazas, se incrementa en un 15%.

Para NC, según ha expresado su portavoz, Isabel Santiago, esta subida viene motivada por “la mala gestión económica del gobierno de Ciuca”, que “ha tenido que aprobar dos planes de ajuste por gastar más de lo que la ley permite”.

El incumplimiento de la regla del gasto puede derivar en una intervención de las arcas públicas, con una gestión que “es contraria a la defensa del interés general”, pues “los errores en los que incurre Onalia Bueno acaban pagándolo los vecinos y los empresario del municipio” con un incremento de la presión fiscal, ha resaltado Santiago.

El grupo de gobierno de Mogán, liderado por Onalia Bueno (Ciuca), aprobó en un pleno el pasado 20 de diciembre un expediente que pretende, según los partidos de la oposición, Nueva Canarias y Partido Popular, recalificar un espacio de suelo ubicado en Loma Dos de Arguineguín, propiedad de la promotora Cornisa del Suroeste S. L., para construir un supermercado en detrimento de los usos deportivos y culturales previstos para este lugar. Un procedimiento emprendido “tras la propuesta del propio empresario”, según NC. Los terrenos pertenecen al empresario de cabecera del gobierno de Mogán, Luis Oller, que ha mantenido el respaldo a Onalia Bueno en los últimos mandatos, tal y como atestiguan los grupos de la oposición.

Actualmente, el uso exigido para este suelo es deportivo, cultural y de ocio, “de los que está muy necesitado el núcleo más poblado de Mogán, que cuenta con muy pocas zonas verdes y de esparcimiento para la ciudadanía”, señalan NC y PP. Además, lamentan que se haya priorizado esta modificación frente a otras reivindicaciones de los vecinos de la zona, que han exigido en reiteradas ocasiones que se mejore la accesibilidad de Loma Dos a través de la construcción de una rampa que facilite el acceso a los residentes.

La oposición insiste en que el expediente está plagado de errores y que podría incluso incurrir en un fraude de ley. Las Normas Subsidiarias de Mogán de 1987 establecen en el capítulo 7 que el suelo de Cornisa del Suroeste debe habilitar 23.000 metros cuadrados de zona deportiva, de los 27.471 totales. Sin embargo, la oposición insiste en que la recalificación a la que aspira el grupo de gobierno del Ayuntamiento disminuirá en 4.970 metros cuadrados este tipo de usos, quedando un resultado que está “muy por debajo de la exigencia prevista en las Normas Subsidiarias”.

La modificación se prevé hacer sobre el Plan Parcial de Ordenación de Cornisa del Suroeste del Término Municipal de Mogán. Sin embargo, según la oposición, Onalia Bueno pretende modificar un documento que no existe en el mundo jurídico porque nunca fue publicada su aprobación en ningún boletín. “Es imposible modificar algo que no existe”, señalan.

“La actuación presenta indicios de ilegalidad y pueden dañar al interés general de los vecinos de Mogán, pues la recalificación propuesta va a permitir que el propietario de los terrenos cierre un acuerdo que solo será lucrativo para su cuenta de resultados a costa de sacrificar espacios culturales y de ocio de los vecinos de Arguineguín”.

Asimismo, Nueva Canarias recuerda que el nombre de Luis Oller apareció en unas grabaciones telefónicas a las que accedió este medio vinculadas a una posible compra de votos por parte de Ciuca en las elecciones de 2015. En estas conversaciones se insinuaba que el empresario, dueño de Aguas de Arguineguín, habría dado más de 240.000 euros a cambio de contratos con el Ayuntamiento tanto de agua como de basura. Por otra parte, un año más tarde, ante una pregunta formulada por Isabel Santiago (Nueva Canarias) en un pleno, el concejal de Urbanismo, Juan Mencey Navarro, reconoció que el arrendatario en la vivienda en la que reside es Cornisa del Suroeste S.L.

Nueva Canarias, tal y como anunció en un comunicado hace una semana, ha procedido a registrar en el Ayuntamiento de Mogán un documento por el que interpone un Recurso Especial en materia de contratación contra el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Mogán de 20 de noviembre de 2019 por el que se aprueba la tramitación ordinaria del procedimiento de adjudicación del contrato del “Servicio integral de prensa y comunicación del Ayuntamiento de Mogán”, así como contra los pliegos de prescripciones técnicas y la aprobación del expediente de contratación por un importe de más de 1,5 millones d euros.

En su escrito, Nueva Canarias entiende que se han producido varios incumplimientos de la ley de contratos del sector público (LCSP). Por un lado, sostiene que no se ha acreditado de forma precisa la idoneidad del contrato, incumpliendo así con lo establecido en el art. 28 de la LCSP.

En este sentido, el partido de la oposición hace hincapié en el “error en el que incurre la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, al sustentar su decisión, entre otras cuestiones, en el art. 51.2 de la CE que, lejos de referirse al derecho a la información de los ciudadanos, se confunde y se refiere a la obligación de los poderes públicos por promover la información y la educación de los consumidores y usuarios”.

Por otro lado, sostiene NC que el informe del técnico municipal en el que debe justificar la insuficiencia de medios materiales y humanos “pasa por alto que el Ayuntamiento creó una empresa pública, denominada Mogán Socio Cultural, para, entre otras cosas, encargarse de la promoción, gestión y explotación de cualquier modalidad de televisión digital, por cable, etc. y en especial la gestión directa de la televisión digital terrestre de la demarcación de Mogán”, según sus estatutos.

NC añade que actualmente existe un contrato entre esta empresa municipal y Retevisión que está en vigor hasta octubre de 2021 por un importe de más de 94.000 euros.

Además, NC asegura que en el pleno del 22 de noviembre Ciuca acordó la encomienda de gestión a favor de la empresa para que preste el servicio de medios de comunicación. Por ellos, según NC “no resulta muy fiable el contenido del informe técnico, que solo tiene apariencia de legalidad y parece ser emitido pensando en dar cobertura a la voluntad de la alcaldesa”.

En tercer lugar, sostienen los nacionalistas que la junta de gobierno local no es órgano competente para adoptar un acuerdo que afecta a trabajadores que no son del Ayuntamiento sino de la empresa Mogán Socio Cultural, lo que supone un incumplimiento de los estatutos fundacionales de dicha entidad, que reconoce como órganos de gobierno al Pleno, constituido en Junta General, y a su Consejo de Administración.

Estos incumplimientos, junto con la más firme voluntad por defender los derechos de los trabajadores de la Televisión, así como mantener su carácter de medio público de comunicación, son las claves principales de esta actuación de NC. Su portavoz en el Ayuntamiento de Mogán, la concejala Isabel Santiago, ha afirmado, que esta decisión es responsabilidad de la alcaldesa, Onalia Bueno, y de todos los miembros de la Junta de Gobierno, “a los que solo les preocupa cobrar su sueldo a final de mes, sin preguntar ni plantearse si es bueno privatizar una televisión pública, y qué va a ser de unos trabajadores que llevan más de diez años sacando adelante, con profesionalidad, un medio de comunicación público que es de todos los moganeros”.

“Onalia Bueno lo que ha hecho es privatizar el pluralismo político, implantar la censura y quitarse de encima a tres trabajadores”, sentenció la edil nacionalista.

El fichaje como asesor de uno de los popes del urbanismo de Coalición Canaria, Jesús Romero Espeja, por parte de la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno (Ciuca), puede quedar en papel mojado. El contrato entre el Ayuntamiento de Mogán y quien fuera viceconsejero de Política Territorial en el Ejecutivo de Fernando Clavijo (CC) está en manos del Ministerio de Hacienda, para que determine si el procedimiento administrativo incumple las propias directrices del ministerio.

A juicio de Nueva Canarias, la contratación de quien fuera el responsable máximo de la gestión del planeamiento de Canarias a través de una herramienta clave como es la empresa pública Gesplan, contraviene instrucciones oficiales del mismo Ministerio de Hacienda, por medio de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReSCon). En concreto, NC se ha dirigido a esa Oficina dependiente de Hacienda para que se pronuncie sobre si el fichaje del arquitecto y urbanista cumple o no con su Instrucción 1/2019, de 28 de febrero.

El procedimiento administrativo llevado a cabo para la contratación de Romero Espeja –que considera un “atrevimiento” que se le cuestione por su contrato en Mogán porque entiende que ya no es “un hombre público”- incumpliría algunos de los apartados de esa Instrucción de Hacienda. Según se desprende del expediente que ha examinado la concejal de NC, Isabel Santiago, el contrato no se ajustaría a derecho porque el ayuntamiento ni ha justificado la elección del contratista, ni ha quedado acreditado que haya solicitado al menos tres presupuestos.

Del mismo modo, el ayuntamiento no ha informado sobre esos tres presupuestos distintos para conocer cuál es la mejor propuesta para los intereses municipales, desde el punto de vista de la relación calidad-precio. En este caso, ese baremo sería fundamental según las instrucciones del Ministerio de Hacienda, ya que es de obligado cumplimiento para todos los órganos de contratación del sector público.

NC considera que “estamos ante una contratación caprichosa de la alcaldesa, pues carece de sentido que contrate al señor Romero Espeja y al poco tiempo nombre a un cargo de confianza –Raico Guerra, que formó parte de las listas de Ciuca- para que desempeñe las labores de asesoramiento en materia de urbanismo”. Una incongruencia, a juicio de NC Mogán, que merecería un informe del interventor para que determine si el contrato del exviceconsejero cumple con la legalidad.

Jesús Romero Espeja, viceconsejero de Política Territorial en el Gobierno canario presidido por Fernando Clavijo y director general de Urbanismo (posteriormente de Ordenación del Territorio) en los ejecutivos del expresidente Paulino Rivero, ha sido contratado por la alcaldesa de Mogán para el asesoramiento en materia urbanística y territorial y el seguimiento de los trabajos que realiza precisamente Gesplan. Así, el exviceconsejero que anteriormente dirigía Gesplan estaría ahora controlando desde el ayuntamiento la redacción y tramitación del Plan General de Ordenación Urbana y del II Plan de Modernización de Playa de Mogán.

El Ayuntamiento de Mogán ha celebrado este jueves un pleno en el que ha aprobado una modificación presupuestaria de 7,1 millones de euros pese a las advertencias tanto del interventor municipal como de la oposición, formada por Nueva Canarias y el Partido Popular.

Dicha modificación presupuestaria supone colocar al Consistorio al borde de la disolución, pues compromete más gastos de los fijados en su plan económico-financiero 2019-2020, y se verá ante la imposibilidad legal de decretar la indisponibilidad de créditos para esos gastos ya comprometidos.

Tanto NC como el PP en Mogán han anunciado, tras la aprobación, que estudian llevar la gestión económica de la alcaldesa Onalia Bueno (Ciuca) ante el Tribunal de Cuentas y crear además una mesa de trabajo conjunta para analizar todas las acciones a emprender en defensa del municipio.

Según denuncian, en el pleno de este jueves reiteraron a la alcaldesa su petición de que “dejase ambos expedientes sobre la mesa” y los volviera a someter a consideración del pleno tras la “subsanación de importantes deficiencias”, petición que fue desoída.

Los portavoces de la oposición Isabel Santiago (NC) y Maicol Santana (PP) registraron un escrito un día antes (este miércoles) en el que ponían en conocimiento de los representantes políticos del gobierno de Mogán y de los técnicos municipales que el expediente de reconocimiento de créditos, instruido para pagar facturas fuera de contrato, “incumplía radicalmente con el contenido de los informes, consultas e instrucciones dictadas por la Audiencia de Cuentas de Canarias y por el Tribunal de Cuentas”.

Según NC y PP, el equipo de gobierno y los técnicos municipales han ignorado las advertencias hechas por el portavoz del PP, Maicol Santana, quien insistió en que, tal y como determinan la Audiencia de Cuentas y el Tribunal de Cuentas, el procedimiento para pagar facturas sobre las que no existe contrato (que implica que sean nulas de pleno derecho) es el de la declaración de nulidad y la consecuente indemnización a los proveedores municipales.

Pese a ello, se procedió a aprobar el expediente, lo que ha sido calificado por la oposición como un hecho “muy grave”, ya que el gobierno de Onalia Bueno ha dado luz verde al pago de dichas facturas “a pesar de conocer la ilegalidad y las responsabilidades penales y contables que se derivan de dicha aprobación”.

NC y PP se han mostrado “igualmente sorprendidos” por “la despreocupación” con la que actúan la alcaldesa y su concejal de hacienda, Ernesto Hernández, por no retirar el expediente por el que se ha modificado el presupuesto en más de 7 millones de euros “para financiar, entre otras cuestiones, las propuestas electorales de Onalia Bueno”.

Isabel Santiago (NC) y Maicol Santana (PP) han expresado en una nota de prensa previa al pleno que esperaban que la alcaldesa suspendiera la tramitación de un expediente que reduce los fondos líquidos del Ayuntamiento de 31 a 8 millones de euros y que, según expresó el interventor en un informe, unido al incumplimiento de la regla del gasto, “podría suponer la disolución de la Corporación de Mogán”.

Ambas formaciones han planteado que el expediente se revise y se supriman los gastos que no son fundamentales para el normal desarrollo de los servicios públicos, y que, de este modo, “se aleje del horizonte la sombra de la intervención del Ayuntamiento por parte del Gobierno de España, y la posible disolución de la Corporación”.

En opinión de la oposición, estos datos confirman que “Onalia Bueno no es una buena gestora y que desde que llegó a la alcaldía solo piensa en defender sus intereses y los de sus familiares, como acreditan la actividad empresarial que ha venido compatibilizando desde el 2015”.

NC y el PP afirman que no van a tolerar este tipo de “agravios que dañan la imagen de Mogán”. Por ello, han adelantado que van a adoptar todas las medidas a su alcance para evitar que Ciuca siga “paralizando y parasitando las instituciones públicas de Mogán”.

Por ello, ambas formaciones políticas han decidido construir una mesa de trabajo para “valorar y preparar las líneas de trabajo que van a emprender para la defensa de Mogán”. Entre las opciones que barajan está la de acudir al Tribunal de Cuentas para que tome cartas en el asunto y evite “el descalabro económico” del segundo municipio turístico de Gran Canaria.

Nueva Canarias (NC) y Partido Popular (PP), partidos en la oposición en el Ayuntamiento de Mogán, han denunciado este lunes que la alcaldesa Onalia Bueno (Ciuca) ha llevado al Consistorio al borde de su disolución.

Según afirman estos partidos, han tenido acceso al expediente citado por Canarias Ahora en el que el interventor advierte de dicho riesgo de disolución de la Corporación.

El expediente, explican NC y PP, recoge que los servicios municipales de asesoría jurídica, obras públicas y servicios públicos han emitido a su vez informes en los que advierten de que se han quedado sin recursos económicos para seguir haciendo frente al pago de facturas o a la gestión de los servicios públicos que de ellos dependen hasta final de año.

Para el interventor esta situación es muy grave, ya que Mogán tuvo que aprobar un plan económico financiero en marzo de este año por incumplir la regla del gasto, es decir, por gastar por encima de los límites que fija la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Tal y como denuncian NC y PP, el que ahora diversas partidas presupuestarias se hayan quedado sin dinero supone que el Ayuntamiento no tiene fondos para dar respuesta a esos compromisos y, por tanto, necesite 7,1 millones de euros más.

Sin embargo, tal y como explicó Canarias Ahora, de hacer efectivo este incremento, Mogán podría enfrentarse tanto a la intervención del Estado como a la disolución de la Corporación por haber desarrollado una gestión gravemente dañosa para los intereses generales.

Para los portavoces de ambas formaciones políticas, Isabel Santiago (NC) y Maicol Santana (PP), la situación no es una “sorpresa” porque, afirman, llevan advirtiendo del descontrol del gasto durante todo el mandato pasado.

El resultado de la “mala gestión económica del gobierno de Onalia Bueno se comprueba en el descenso del remanente con el que cuentan las arcas públicas, que ha pasado de los 31 de 2018 a los 8 millones de euros en 2019, si se aprueba la modificación que pretende Ciuca”.

Las consecuencias que se derivarían de la “mala gestión económica” podrían concretarse en la intervención del Ayuntamiento por parte del Estado y la disolución de la Corporación de Mogán.

Tanto Santiago como Santana señalan a Onalia Bueno como la “peor gestora que ha pasado por la alcaldía en décadas”, pues “deja en el aire” la prestación de servicios públicos esenciales para los vecinos en materia de obras, seguridad, educación y turismo, entre otros.

Desde NC y PP entienden que la solución a este “grave problema” solo puede resolverse con la retirada del expediente del orden del día y la renuncia o el aplazamiento de los gastos que el gobierno de Ciuca quiere ejecutar en lo que resta de año.

Por ello, ambos portavoces exigen a Onalia Bueno que no someta a pleno este expediente, ya que “de lo contrario estaría perjudicando, no solo a un municipio sino a toda Gran Canaria, sobre todo si consideramos el momento de recesión económica en la que se encuentra la economía española”.

“Estos datos”, opinan los representantes de NC y PP en Mogán, “confirman que Onalia Bueno no es una buena gestora y que desde que llegó a la alcaldía solo piensa en defender sus intereses y los de sus familiares, como acreditan la actividad empresarial que ha venido compatibilizando desde el 2015”.

NC y el PP han afirmado que no van a tolerar este tipo de agravios que dañan la imagen de Mogán, expresando que van a adoptar todas las medidas a su alcance, para evitar que Ciuca siga “paralizando y parasitando las instituciones públicas de Mogán”.

Los “hombres de negro” del Ministerio de Hacienda estarían tocando a la puerta del despacho de la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno (Ciuca), en 2020, si el jueves lleva a pleno y aprueba con su mayoría absoluta una modificación presupuestaria de 7,1 millones de euros. Incluso el Ayuntamiento de Mogán corre riesgo de una disolución de sus órganos de gobierno por comprometer más gastos de los fijados en su plan económico-financiero 2019-2020, y verse ante la imposibilidad legal de decretar la indisponibilidad de créditos para esos gastos ya comprometidos.

Así lo advierte el interventor de la corporación municipal del sur de Gran Canaria, Gonzalo Martínez Lázaro, en un informe sobre modificación presupuestaria y regla de gasto ante la pretensión de la alcaldesa de tirar de otros 7,1 millones de euros. El origen de las partidas, que este lunes pasan el trámite en la correspondiente comisión de Hacienda, sería a través del remanente líquido de tesorería. La mayor parte de esas partidas presupuestarias vacías son promesas electorales de Ciuca.

En su informe, el interventor municipal recuerda que en marzo de este año, con el PSOE en el pacto de gobierno con Ciuca y su concejal Artemi Artiles al frente de la Concejalía de Hacienda, el ayuntamiento aprobó un plan económico-financiero que abarca los años 2019 y 2020. Este ajuste en las cuentas se debió al incumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de la regla de gasto durante 2018. El plan estableció un límite de la regla de gasto de 34,4 millones de euros para este año, y de 34,5 millones de euros para 2020.

De este modo, según el estado vigente de ejecución del presupuesto a este mes de octubre, “se ha puesto de manifiesto un considerable aumento de las obligaciones reconocidas, especialmente en el capítulo 1 y el capítulo 2, lo que revela indicios de un riesgo de incumplimiento de la Regla de Gasto”, indica el interventor municipal.

En su informe, el fiscalizador de las cuentas dibuja dos escenarios posibles a 31 de diciembre, aplicando en el primero el grado de ejecución del presupuesto de 2018, y en el segundo, un grado de ejecución medio de los últimos ejercicios desde 2016. Así, de un lado prevé que en ambos escenarios se cumpla el objetivo de estabilidad, pero “con el escenario 1 cumpliríamos a duras penas la Regla de Gasto, mientras que con el escenario 2 incumpliríamos claramente, siendo necesaria la aplicación de las medidas coercitivas previstas” en la ley.

Estas medidas recogidas en la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera obliga a las entidades públicas a aprobar, en el plazo de 15 días desde que se produzca el incumplimiento, la no disponibilidad de créditos y efectuar la correspondiente retención de créditos, que garantice el cumplimiento del objetivo establecido. Ese acuerdo debe detallar “las medidas de reducción de gasto correspondientes e identificar el crédito presupuestario afectado”, es decir indicar qué recortes concretos llevará a cabo el grupo de gobierno municipal.

Además, el Ayuntamiento de Mogán se vería obligado a constituir, a petición del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, un depósito con intereses en el Banco de España equivalente al 0,2% de su Producto Interior Bruto nominal. El depósito sería cancelado en cuanto se aplicaran las medidas que garantizaran el cumplimiento de los objetivos presupuestarios y financieros marcados por la ley.

Estas medidas, de no cumplirse por parte de la administración pública, conllevaría “el envío, bajo la dirección del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, de una comisión de expertos para valorar la situación económico-presupuestaria”, los conocidos como “hombres de negro” que intervendrían las cuentas municipales según el grado de incumplimiento y de negligencia, hasta el punto de que “podrá procederse a la disolución de los órganos de la Corporación Local incumplidora”.

En sus conclusiones, el interventor advierte de ese grado de incumplimiento de la regla de gasto si se aprueba la modificación y la aplicación de esas medidas según la Ley 2/2012. Sin embargo, al tiempo que advierte de un claro riesgo de incumplir la regla de gasto y por tanto el plan económico-financiero 2019-2020, alerta de que si se adjudican esos contratos recogidos en esta nueva modificación de crédito 53/2019, sería imposible cumplir la exigencia legal de declarar la indisponibilidad de créditos, al quedar ya comprometidos mediante la aprobación en el pleno.

En su informe, así lo recoge y advierte sobre el riesgo de disolución de los órganos de la corporación municipal: “Una de las medidas coercitivas a tomar sería la declaración de indisponibilidad de créditos. Sin embargo, en caso de adjudicarse los correspondientes contratos, no sería posible declarar tal indisponibilidad [por ser ya un gasto comprometido], lo cual, en última instancia, podría llegar a considerarse como gestión gravemente dañosa para los intereses generales, pudiendo llegar a implicar, incluso, la disolución de la corporación”.

Sin recursos para electricidad o asfaltado

La situación que ha llevado al Ayuntamiento de Mogán a tirar de 7,1 millones de euros de sus remanentes de tesorería se produce después de distintos informes de servicios municipales que declaran la insuficiencia de recursos económicos para poder afrontar determinados gastos. Una insuficiencia que en cada uno de esos informes de los servicios municipales es corroborada por el interventor: se han quedado sin dinero para poder seguir gestionando los servicios públicos.

Así, desde la Concejalía de Servicios Públicos se confirma a Intervención que ya no disponen de dinero para afrontar proyectos como la adquisición de vehículos para la Policía Local y Vías y Obras; la redacción de proyectos para nuevas instalaciones eléctricas de colegios y guarderías, de las oficinas municipales de Arguineguín, de los campos de fútbol de esta localidad y de Playa de Mogán, de la biblioteca o del archivo municipales. También declaran que no hay recursos para inversiones para paliar los malos olores de la estación de bombeo de Playa de Mogán, ni siquiera para hacer frente a los pagos de agua, luz ni telefonía pública.

En cuanto al departamento de Obras Públicas, se da cuenta también que no tiene créditos para afrontar una de las obras estrella promovida por la alcaldesa, Onalia Bueno, para este nuevo mandato: la obra de rehabilitación de la Playa de El Perchel en Arguineguín, que asciende a 1,8 millones de euros y es la mayor partida de esos 7,1 millones de euros que pretende aprobar el próximo jueves en el pleno. Obras Públicas también declara la imposibilidad de afrontar la construcción de los aparcamientos en el cementerio de Mogán casco, el saneamiento en el barrio del Cercado o la mejora del asfaltado de la cancha deportiva de Mogán.

Otra de las obras afectada por la falta de recursos económicos y que también fue una de las grandes promesas electorales en la campaña de mayo pasado es la de la construcción del centro socio-cultural de Mogán, iniciada y sin recursos para su finalización (la modificación prevé una partida nueva de 350.000 euros). Y otro de los grandes importes, por encima de los 900.000 euros, sería para el asfaltado de todo el municipio. También desde la Asesoría Jurídica se acredita la insuficiencia de recursos económicos para abonar facturas de abogados contratados para la asistencia jurídica del ayuntamiento en diversos pleitos.

El panorama que dibujan los diversos informes de los servicios municipales, antes incluso de la advertencia de disolución de la corporación por parte del interventor, pone en evidencia la ausencia total y absoluto descontrol del gasto realizado este 2019, año electoral. La solución que propone el gobierno municipal de Ciuca es que esos 7,1 millones de euros provengan del remanente de tesorería. En 2018, esos remanentes (dinero disponible en las cuentas municipales) ascendía a más de 31 de millones de euros. Tras las modificaciones ya ejecutadas al Presupuesto a lo largo de 2019, esa cantidad ha quedado por debajo de los 16 millones de euros. De aprobarse ahora una nueva modificación de crédito, el remanente no superará los 9 millones de euros, afectando a la sostenibilidad de los servicios públicos.

En la comisión informativa celebrada este lunes, el PP ha propuesto dejar sobre la mesa esta nueva modificación presupuestaria, ante las advertencias recogidas en el informe del interventor. La misma ha seguido su trámite con el voto favorable del grupo gobernante, Ciuca. El PSOE, su antiguo aliado y responsable del plan de ajuste 2019-2020, se ha abstenido. A la comisión informativa no asistió NC.

Sin cargo público desde su salida del Gobierno de Canarias en agosto, investigado en un juzgado de Tenerife por presuntos delitos urbanísticos y ahora contratado por el Ayuntamiento de Mogán como asesor en la materia. La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno (Ciuca), ha fichado a un hombre fuerte del urbanismo y del territorio de Coalición Canaria, Jesús Romero Espeja, exviceconsejero de Política Territorial en el anterior Gobierno de Canarias presidido por Fernando Clavijo (CC), e imputado en un juzgado de Arona por autorizar una ampliación ilegal de un local de ocio.

Romero Espeja está siendo investigado por el Juzgado de Instrucción número 4 de Arona, junto al alcalde de Adeje, José Miguel Rodríguez Fraga (PSOE) y el resto de su Junta de Gobierno local por permitir la ampliación del conocido local Monkey Beach Club, en la playa de Troya. El local de ocio era un referente de las noches del sur de Tenerife en primera línea de playa, hasta que tuvo que ser precintado por haber violado la Ley de Costas de 1988, a causa de una ampliación ilegal de 440 metros cuadrados y dos plantas en altura sobre el inmueble original de 1977.

Quien también fuera director general de Urbanismo y de Ordenación del Territorio en los gobiernos presididos por Paulino Rivero (CC), ha mostrado su malestar a este diario al ser cuestionado tanto por la causa abierta como por los detalles de su acuerdo con Mogán. “¿Qué tiene que ver un contrato de una persona privada para que se interese la prensa? No lo entiendo”, ha dicho en una agria discusión con esta redacción: “Y menos que tenga un periodista mi teléfono particular”. Sobre la causa penal abierta, aseguró que “no estoy imputado, es una investigación en diligencias previas, y yo sencillamente resuelvo lo que antes informan técnicos y jurídicos”.

Romero sostiene que no es “un hombre público. Es un atrevimiento preguntarme esa cuestión. Es mi vida privada y estoy ejerciendo la profesión como lo hacía antes porque yo sólo ejercí cargos públicos relativos a mi especialidad y conocimiento”, dijo el exviceconsejero, indignado por haber “pasado la frontera de lo privado” el periodista que le preguntaba. “Ahora ejerzo mi actividad privada, como si vendiera bolígrafos”, espetó sin querer aclarar su cometido con una entidad pública y si ha suscrito otros. “Con entidades públicas puede contratar cualquier profesional en el marco de la Ley. Esto es una injerencia en mi vida privada”, sostuvo.

El contrato menor de servicios profesionales en materia y asunto de naturaleza urbanística y territorial del Ayuntamiento de Mogán, como así reza el mismo en un decreto de la alcaldesa abarca el periodo entre 1 de octubre y 31 de diciembre de 2019 y asciende a un total de 3.993,75 euros.

Las condiciones de la prestación del servicio son el asesoramiento en materia urbanística y territorial y el seguimiento de los trabajos que realizan los equipos de Gesplan (Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental S.A, dependiente del Gobierno de Canarias) en relación a la redacción y tramitación del Plan General de Ordenación Urbana del municipio y del II Plan de Modernización de Playa de Mogán, dos documentos de planeamiento que han estado siempre bajo la polémica en el segundo municipio turístico de Gran Canaria.

Tanto Romero Espeja como la propia alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, no han querido aclarar si su vinculación contractual se debe a los estrechos lazos que tiene el partido gobernante en el municipio, Ciuca, con Coalición Canaria y en concreto de la regidora con el expresidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, tal y como les ha cuestionado este periódico a ambos.

El expresidente Fernando Clavijo y la candidata al Congreso por la provincia de Las Palmas María Fernández visitaron el pasado lunes el municipio, acompañados por buena parte del grupo de gobierno, con la alcaldesa Onalia Bueno al frente.

Ciuca gobierna en Mogán desde 2015, cuando desplazó al PP del poder y desde entonces, primero en alianza con el PSOE hasta 2019 y después en solitario tras su sospechoso triunfo electoral bajo investigación judicial por presunta compra de votos y fraude electoral en el voto por correo, ha intentado sacar adelante dos instrumentos clave para el urbanismo y el territorio municipales, como el PGOU y los planes de modernización de Playa de Mogán.

La alcaldesa Onalia Bueno impulsa una reducción de los tiempos de intervención de los portavoces y limita los instrumentos de control de la oposición sobre el gobierno

El grupo de gobierno de Mogán, integrado por los concejales de Ciuca, ha sometido a consideración del Pleno la aprobación definitiva de la modificación del Reglamento Orgánico Municipal, que consagra un recorte de derechos políticos sin precedentes en el municipio, según denuncian en una nota de prensa Nueva Canarias y el PP, partidos de la oposición.

El Reglamento, el más importante de cuantos regulan la actividad política de todos los grupos municipales y de los concejales en el Ayuntamiento de Mogán, “da carta de naturaleza a la reducción de los tiempos de intervención de los concejales, limita a dos las peticiones de comparecencias que pueden ser solicitadas al año, estableciendo un límite temporal que no incluyen las leyes de rango superior; equipara los derechos de los cargos de confianza con los de los concejales en lo que al acceso de la información se refiere; endurece los criterios para la presentación y defensa de las propuestas de la oposición ante el pleno y lo que es mas grave vulnera preceptos de reales decretos suprimiendo la presentación de preguntas orales ante el pleno”.

Todo ello, denuncian NC y PP, con la “colaboración y cooperación” del secretario de la corporación, imputado tras una denuncia de la fiscalía. Ante este “atropello sin precedentes”, los portavoces de la oposición Isabel Santiago (NC) y Maicol Santana (PP) han presentado un extenso documento donde recogen alegaciones y alternativas al “documento antidemocrático” propuesto por Onalia Bueno (Ciuca).

Ambas formaciones políticas, que definen la propuesta de Reglamento de Ciuca como “represora, antidemocrática y obstaculizadora pensada más para ejercer el control político que la participación”, sostienen que la propuesta del gobierno se opone de forma “grosera” a los principios constitucionales y a los derechos fundamentales que consagra.

Tanto desde NC como desde el PP se afirma que la propuesta de recorte de los tiempos de intervención es contraria a resoluciones judiciales tales como la sentencia, dictada por el juzgado de los contencioso administrativo nº 4 de Las Palmas, de fecha 26 de marzo de 2009, que expresa de forma clara que “la reducción de los tiempos de forma general... implica necesariamente constreñir a los concejales a que... realicen un ejercicio imposible de síntesis […]”.

Por otro lado, los portavoces de la oposición han dejado claro que se han cometido errores administrativos graves, no ya en la tramitación del expediente, sino en la regulación de la creación de la comisión municipal de evaluación ambiental, propuesta de Onalia Bueno.

Según NC y el PP, el gobierno de Mogán ha obviado la justificación razonada de la modificación propuesta, incumpliendo los requisitos fijados por la ley.

Para los partidos de la oposición lo más preocupante es que la propuesta ignora tanto el Estatuto Básico del Empleo Público como la Ley de Procedimiento Administrativo, respecto a que el ejercicio de autoridad queda reservado a los funcionarios públicos provistos de objetividad, imparcialidad e independencia, provisto de veracidad y certeza en lo que a los informes que emitan se refiere, de conformidad con la Ley de Procedimiento Administrativo.

O lo que es lo mismo, insisten NC y PP, el Reglamento no regula el régimen de incompatibilidades aplicable a aquellos profesionales que la alcaldesa designe para formar parte de la comisión, y que puedan tener intereses empresariales no coincidentes con la defensa del interés general.

Para los portavoces de la oposición este asunto es “muy grave, ya que lejos de dar cumplimiento al citado mandato legal, permite que formen parte del órgano ambiental personas ajenas a la función pública desprovistas de la condición de autoridad ni de las presunciones legales descritas, lo que supone que esta ausencia de regulación vicia el Reglamento”.

Para NC y el PP, este tipo de actuaciones, “propias de formaciones de ultraderecha, no hacen sino confirmar que la democracia y Onalia Bueno son incompatibles, y que cada decisión que toma Ciuca desde la Alcaldía va encaminada a construir un municipio totalitario bajo el mando de su alcaldesa, pisoteando y obstaculizando el ejercicio democrático de la labor de oposición que los ciudadanos han encomendado a la oposición”.

Por ello, anuncian que “ante esta situación de impunidad con la que campa Onalia Bueno en Mogán, sólo cabe una actuación firme de los tribunales, pues no existe otra vía posible ante personajes de este tipo, sentenciaron”, concluyen.