Hola.

¿Cómo llevas la semana?

Quería escribir hoy sobre Alemania. Sobre cómo la monumental crisis que azota a Volkswagen –cuyo consejo de administración debate hoy el despido de 100.000 trabajadores en todo el mundo y el cierre de cuatro fábricas— es sintomática de los problemas estructurales que sufre la otrora locomotora europea y la UE en general. Pero el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóó, me ha hecho cambiar de opinión.

Es una ventaja que la derecha diga en voz alta lo que quiere hacer. Varios ministros lo han resumido este miércoles: Feijóo dice lo que piensa, y lo que piensa es en recortes sociales, en sacar la motosierra.

El detonante ha sido el absentismo laboral. Ya te habrás enterado, pero, por si acaso, te lo resume: ante el Círculo de Empresarios Vascos, el líder del PP llamó “cáncer” a las bajas médicas y aseguró que hay un fraude masivo, aunque no aportó ni un dato que lo sostenga. Habló de un porcentaje de fraude por encima del 4% o el 5% sin ningún sustento y comparó las bajas de 2018 con las de 2026 en términos brutos (de 450.000 a 1,1 millones) ignorando que España ha pasado de 19 a casi 22,5 millones de ocupados, un truco de estadística de primero de carrera. Laura Olias explica en este artículo cómo funcionan las bajas laborales y por qué no existen las faltas “sin justificación” como dice Feijóo. Y también contamos los datos del aumento de bajas que desmienten el “fraude” masivo del “absentismo”.

No es la primera vez que el PP hace suya, casi al pie de la letra, una reivindicación empresarial: es el sello de la política económica del político gallego desde que llegó a Génova. El propio despido por absentismo que ahora vuelve a sobrevolar ya existió con Rajoy en 2012, igual que el recorte del sueldo a los funcionarios de baja. La motosierra, en el PP, tiene precedentes.

Y no se detiene ahí. En su último Congreso, el PP defendió elevar a 250 trabajadores el umbral a partir del cual una empresa está obligada a tener comité de empresa, lo que en la práctica vaciaría de representación sindical a la inmensa mayoría del tejido empresarial español, hecho de pymes. En pensiones, el partido dice defender el sistema público mientras vota sistemáticamente en contra de su revalorización con el IPC; aún recordamos los recortes de 2013 bajo el gobierno de Rajoy. Y en cuanto al ingreso mínimo vital, “se tiene que ayudar al que trabaja, no al que no quiere trabajar”, en palabras del vicesecretario de Hacienda, Juan Bravo. Aunque no ha dicho expresamente que vaya a recortarlo, Feijóo sí ha lanzado el bulo de que lo cobran incluso inmigrantes en situación irregular.

A todo esto, se suma la “prioridad nacional” pactada con Vox en cuatro comunidades, que condiciona el acceso a ayudas públicas a un “arraigo” con el territorio.

Nada de esto es gradualismo inocente, como recuerda Alberto Garzón. Es método: primero se asfixia la sanidad pública, después se dice que sobran bajas médicas. Que Feijóo lo diga tan claro, en realidad, nos hace un favor. Si algún día llega a la Moncloa, que nadie diga que no lo vio venir.

El dato

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Reactores nucleares son el equivalente a los activos de energías renovables que han vendido las grandes energéticas españolas en los últimos cinco años en todo el mundo. Hablamos de una potencia de más de 12 gigavatios (GW) en fotovoltaica, eólica e hidráulica. Estas operaciones, calculadas por el compañero Antonio M. Vélez a partir de datos de las propias compañías, ya superan los 15.000 millones de euros. Lejos de reflejar un repliegue de la transición energética, estas desinversiones responden a una estrategia financiera: reducir deuda, liberar capital y compartir riesgos en un momento en que la caída de los precios de la electricidad está lastrando la rentabilidad de muchas plantas. El sector reorienta además sus inversiones hacia las redes eléctricas y el almacenamiento, considerados los grandes cuellos de botella para la electrificación de la economía. Reflexión: la transición energética requiere no solo instalar más potencia limpia, sino adaptar el conjunto del sistema eléctrico para que esa inversión siga siendo viable.

El gráfico

Esta trabajadísima información de los compañeros del departamento de Datos Ainhoa Díez y Raúl Sánchez explica muy bien la gran transferencia que se produce en España entre los que pagan el alquiler y los que lo reciben. En 2025, casi 28.000 millones de euros pasaron de inquilinos a caseros en España. La cifra se ha duplicado en apenas una década y ya supone alrededor de un 1,6% del PIB. ¿Desde dónde se mueve el dinero y hacia dónde va? La mayor parte del dinero viene de los inquilinos más jóvenes: más de la mitad procede de menores de 45 años. Pero no es tanto una brecha generacional, sino de clase. Aunque todos los grupos de renta aportan una cifra similar --principalmente, porque los más ricos tienen alquileres más caros--, la desigualdad se muestra en el destino final de los pagos. El 10% más rico concentra casi la mitad de lo que se paga por alquiler en España.

Un estudio elaborado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y el CSIC presentado esta semana sostiene también que la principal línea de desigualdad económica en España no pasa por la edad, sino por la posición que ocupa cada hogar en el mercado de la vivienda: si vive de alquiler, es propietario de su vivienda o, además, obtiene ingresos por alquilar inmuebles a terceros.

No todo nos parece mal

A veces conviene la mirada de alguien de fuera para ver con mayor claridad lo que ocurre dentro. La insoportable toxicidad que destila el clima político en España parece no afectar a la economía. El mayor inversor del planeta coloca a España como su gran apuesta mundial. BlackRock, destaca del país que presenta una fotografía muy sólida desde el punto de vista macroeconómico. “Es el gran protagonista de Europa en lo que a crecimiento económico se refiere; su superávit por cuenta corriente en torno al 2%; una inflación controlada; y donde el mercado laboral está mejor”. BlackRock tiene alrededor de 104.000 millones de euros en invertidos en España. La mayor parte de esa cantidad, el 50%, está en Bolsa española. Es el mayor inversor privado del Ibex 35 y es el mayor accionista de muchas de las grandes compañías que lo componen.

Tipos (y tipas) de interés

Sube Rafael Ruiz, presidente de Ebro Motors Group. Hace cinco años era un consultor técnico al frente de Btech, una firma poco conocida fuera del sector del automóvil. Hoy es el primer accionista de Ebro, tras liderar la operación que devolvió la actividad a la antigua fábrica de Nissan en la Zona Franca de Barcelona. El proyecto, que parecía casi quijotesco cuando arrancó, ha ido ganando tracción: la planta ya emplea a unos 2.000 trabajadores de forma directa (y hasta 4.000 si se cuenta el empleo indirecto) y produce alrededor de 250 vehículos diarios, con capacidad instalada para superar las 100.000 unidades anuales.

Ruiz reivindica además haber sido pionero en un modelo que otros fabricantes europeos empiezan ahora a imitar: aliarse con un socio chino, en su caso Chery, para reindustrializar plantas que el capital occidental había dado por perdidas. Prevé fabricar su primer modelo 100% eléctrico entre finales de este año y 2027.

El olfato inversor de Ruiz no se queda en Ebro. A través de su sociedad Focus On Next Frontier, acaba de meter cuatro millones de euros a título personal en Wallbox, el fabricante catalán de cargadores para vehículos eléctricos que atraviesa un delicado proceso de refinanciación de su deuda. La apuesta de Ruiz por la electrificación del automóvil no tiene fisuras.

Nos gusta la competencia

Estas informaciones de otros medios me han parecido interesantes:

Eso es todo por esta semana. Espero que este boletín te haya sido útil.

¡Hasta la próxima!

“Hija de la crisis” de 2001 en Argentina, Natalia Zaracho (Buenos Aires, 1989) comenzó a trabajar con 12 años al quedarse en paro sus padres y separarse. Hija de una trabajadora doméstica y un trabajador de la industria, Zaracho creció en Villa Fiorito, a las afueras de la capital argentina, y conocida mundialmente por ser cuna de estrellas del fútbol como Diego Armando Maradona o Héctor Yazalde. La necesidad empujó a su familia a buscar en la basura para comer y después a hacer acopio de materiales reciclables para venderlos.

De cartonera a diputada es el título del libro que acaba de publicar en España con la editorial La independiente (coordinado por Cecilia Flachsland, Violeta Rosemberg y Nahuel Marchesin) y en el que recorre el camino de una joven de los barrios populares desde la precariedad y la informalidad del trabajo de cartonera al asociacionismo y el sindicalismo. Y de ahí al Congreso Nacional de Argentina de la mano del partido Patria Grande, la fuerza liderada por Juan Grabois, quien prologa el libro junto a la exlegisladora de Buenos Aires Ofelia Fernández.

Zaracho, que acudió a la presentación de su biografía en la Feria del Libro de Madrid con su remera de trabajadora, admite que le costó mucho reconocerse como trabajadora. Ya organizadas, las cartoneras conquistaron un sueldo, vacaciones, obra social, un local para hacer acopio de materiales... “Antes lo llevábamos a casa hasta que juntábamos una cantidad y lo vendíamos. Pudimos conseguir un lugar donde acopiar y sacar la basura de las casas, pero fue un proceso de años”.

Hoy las cartoneras argentinas poseen la cooperativa más grande de Latinoamérica y han logrado la aprobación de Argentina Recicla, una política de “fortalecimiento” de sus derechos laborales. Y ahora, su única representante en el Congreso está promoviendo la ley de envases, para tratar su coste ambiental y social. La diputada recuerda que fue uno de sus primeros proyectos en el Parlamento argentino y que “los lobbies de las grandes empresas como Coca Cola lo trabaron porque no quieren pagar”.

¿Por qué empieza a militar en Patria Grande?

Me sumo a Patria Grande porque llevaba nuestra agenda, la de “tierra, techo y trabajo”, y sentíamos que nos hablaba a nosotros. Soy parte del espacio de Juan Grabois, para quien una de sus prioridades era dar la discusión de la representación. Que los de abajo tengan voz. Cuando empecé a militar, estaba descontenta con la política. Imagínate vivir en un barrio que se inundaba cuando caían dos gotas y salir a trabajar a los 12 años de una forma muy informal.

En 2003, cuando asume Néstor [Kirchner], después con el gobierno de Cristina (2007-2015), el barrio se urbanizó, el riachuelo se entubó, hubo políticas públicas que empezaban a transformar la vida a la gente. La Asignación Universal por hijo, las jubilaciones de amas de casa... Así todo, creo que faltó la discusión del mundo del trabajo, de hablarle a los trabajadores informales.

Se estaba dando un momento de avance y estábamos quedando afuera. Juan Grabois tuvo mucho que ver. Así que me sumo a Patria Grande y me proponen ser candidata en 2019 y asumo en 2021 como diputada. En un momento de retroceso con Milei, es importante hablar de la representación, porque la vuelta de un gobierno neoliberal tiene que ver con no hablar de las cosas que faltaban, de lo que había que mejorar como la salud, la educación y que la dirigencia sea más parecida al pueblo.

¿Es difícil que esa pluralidad llegue a las instituciones?

Sí, porque están preparadas para determinadas clases sociales. Pero creo que hay una experiencia con dirigentes como Juan que lo ponen como una prioridad. Fui parte de ese proceso y no fue nada fácil. No era lo mismo proponer una cartonera que no había terminado el secundario que a un blanquito con título universitario. Tiene que ver con la antipolítica. La gente se da cuenta de que los políticos no los representan, que viven en un mundo muy alejado de la realidad. Y eso genera un descreimiento de la política.

No era lo mismo proponer una cartonera que no había terminado el secundario que a un blanquito con título universitario

Tenemos una compañera que estuvo al frente de políticas para urbanizar barrios populares, que tengan agua, luz, cloacas, plazas... Y se hizo porque había una villera pensando cómo hacerlo. Alguien que no vive en un barrio no va a entender las urgencias. Necesitamos más representación de los trabajadores informales, que somos la mayoría, de los docentes, de los médicos... Y estoy convencida de que si eso pasara, el Gobierno de Milei no podría avanzar tan fácilmente en el Congreso. Y tiene que ver también con un poder que no se ve, pero que gobierna también. Y que tensiona.

El poder económico...

El poder económico. Pasa en casi todos los países. Funciona con EEUU, condiciona con la deuda con el FMI... Y después estos países pierden la soberanía y la independencia económica. Terminan haciendo que repriman a los jubilados y que se recorte a la gente con discapacidad, a las universidades, a los hospitales... Eso es un modelo que ya hemos vivido. Y Milei nos quiere hacer creer que es algo nuevo. No, ya lo vivimos en los noventa, lo vivimos ahora y sabemos las consecuencias. Por eso el desafío es no solamente tener una estrategia electoral, sino una estrategia de gobierno para no fracasar como pasó con el Gobierno de Alberto [Fernández].

¿Cómo se lleva lo de ser oposición a una de las principales figuras de la internacional reaccionaria?

Confrontamos en todas las áreas. En Argentina tenemos que confrontar con los medios que responden a estos intereses. Hay que pensar una reforma judicial. Tenemos a la principal dirigente del campo nacional y popular presa —estos días se cumplió un año—, pero hace cuatro la quisieron matar. Y tiene que ver con un disciplinamiento para la dirigencia política que se opone. Necesitamos dirigentes con coraje, que sepan que no va a ser gratis, que te van a perseguir mediática y judicialmente, como a Cristina. La ultraderecha no ganó en todos lados. Es una disputa abierta. Hay países que resisten y el año que viene nos toca a nosotros —hay elecciones en Argentina y en España— ser motores fundamentales para volver a tener gobiernos populares. Ese es el desafío.

¿Qué debería incluir la reforma judicial?

Lo principal es que la gente los tiene que votar. En Argentina son cargos que se eligen políticamente y eso condiciona. Ahora está habiendo casos de corrupción en el Gobierno. Si eso pasase con un dirigente del peronismo te puedo asegurar que ya estaría preso. Y no pasa. ¿Por qué? Porque es un partido político. Si quiere jugar electoralmente, que se presente a elecciones, y estoy convencida de que necesitamos una reforma judicial para que la sociedad los vote, los vea y los conozca. Gozan de impunidad y a veces tienen más poder que los que gobiernan.

¿Qué ha sabido hacer bien Javier Milei para ganarse el voto en los barrios populares de Argentina?

Capitalizar el enojo que había de una parte de la sociedad que la estaba pasando mal. Este personaje viene gritando con una motosierra y captó un poco eso: a los pibes que el peronismo les quedó lejos. Por eso el desafío es ganar, pero gobernar bien también. Y pensar y escuchar a la gente. En campaña no ir a decir la propuesta, sino escuchar qué quiere la gente y desde ahí construir la alternativa. Milei captó eso y lo subestimamos mucho. No creíamos que un personaje como ese podía gobernar la Argentina.

Que gobierne la ultraderecha cuatro años deja consecuencias muy zarpadas. Y traigo esa preocupación porque escuchaba a sectores acá diciendo: “Tenemos que elegir lo menos malo”. Sería una falta de respeto venir a decir lo que tienen que hacer, pero sí les digo que no es lo mismo. Las políticas que está llevando adelante Milei, van a tener consecuencias muy difíciles de revertir. Estoy segura de que Milei va a perder el año que viene. Nos va a costar mucho reconstruir los sectores populares, pero la clase media está muy afectada. Hay un problema muy grande de vivienda, de alquileres, de sueldo, que está pisado y no coincide con lo que valen las cosas. Consecuencias de las que nos va a costar mucho salir. Por eso tenemos la responsabilidad de construir una alternativa superadora.

¿Tiene que hacer autocrítica la izquierda?

Yo creo que sí. En Argentina tenemos el peronismo, que no lo hay en otros países, que gobierna y es el único que puede hacer frente a estos gobiernos de ultraderecha. Por eso Cristina Fernández está presa. El peronismo transforma la vida de la gente, llega a los barrios, está siempre ahí. Y por eso creo que vamos a volver a gobernar. Pero sí, claramente hay que hacer críticas y hay que tener capacidad de sentarnos con otros sectores y pensar una estrategia de gobierno. Que el Estado llegue con capacidad de planificar y a tiempo, que no llegue tarde. Que la gente reconozca que los escuchamos, que podemos hacer algo. No solamente decir “Milei es malo” y ya está. Eso no alcanza. Tenemos que pensar cómo hacer para gobernar. Y gobernar bien.

En Argentina fue un fracaso decir "vamos todos juntos" sin un programa de fondo. Y eso llevó a que, cuando tuvimos que votar el acuerdo con el FMI, se rompiera

¿Qué lecciones cree que pueden extraer los partidos de izquierda españoles del peronismo y de esa unidad política?

No lo tengo claro. En Argentina fue un fracaso decir “vamos todos juntos” sin un programa de fondo. Y eso llevó a que, cuando tuvimos que votar el acuerdo con el FMI, se rompiera. Nosotros proponemos diez puntos de gobierno para que por lo menos tengamos un programa de consenso. Y no que nos estemos matando después en la primera discusión. Ahora, si solamente es una estrategia electoral, va a fracasar. Y lo decimos nosotros, que ya nos pasó con el gobierno de Alberto Fernández. Tu estrategia electoral no solamente puede decir “no, lo que propone está mal”.

¿Cómo ve la relación actual de Argentina con EEUU?

Lo veo muy mal. Vamos a esperar a noviembre. Ojalá pierda el presidente Trump [en las elecciones legislativas de mitad de mandato]. Creo que hoy lo está sosteniendo a Milei. Lo vimos en las elecciones en Argentina, en que lo sostuvo mandándole plata otra vez del FMI y pudo ganar. Porque jugaba con la estabilidad de un montón de familias que decían “mañana se va a ir todo a la mierda si pierde Milei”. Y fue una presión muy fuerte. Creo que si pierde cambia la etapa para un montón de países que están condicionados. Pero después depende mucho de nosotros también.

Dicen que bajan la pobreza, pero no lo vemos. Yo vivo en Villa Fiorito, un barrio popular. Y no tenés que ser economista para saber que si tu sueldo queda planchado y las cosas siguen aumentando, somos más pobres. Es imposible comer carne... ¡En el país de las vacas!

¿Son los argentinos más pobres desde que Milei gobierna?

Sí. Dicen que bajan la pobreza, pero no lo vemos. Yo vivo en Villa Fiorito, un barrio popular. Y no tenés que ser economista para saber que si tu sueldo queda planchado y las cosas siguen aumentando, somos más pobres. Es imposible comer carne... ¡En el país de las vacas! O tomar leche... Es una etapa muy difícil. Todo políticas de retroceso con un costo en la vida de la gente.

Y lo vemos en los números: cómo cae el consumo de la carne, el consumo general... y las familias están endeudadas. La gente se endeuda para comer, no para comprarse una casa, un auto o irse de vacaciones. Se endeuda para comprar en el supermercado o con aplicaciones de billeteras virtuales.

¿Se ha convertido tan rápido el Gobierno de Milei en la nueva casta de Argentina?

No se convirtió tan rápido, llegó siendo la casta. Porque con el acuerdo con Patricia Bullrich ya la tenía toda adentro. Los Caputo vienen de la casta, Sturzenegger viene de la casta. Son los mismos personajes clave en los peores gobiernos de la Argentina. Mirá, cuando a mí me tocaba ir a cartonear, Bullrich era ministra de Trabajo. No había nada nuevo. Un gobierno de casta que venía a decir que era lo nuevo y que el Estado no servía para nada.

Ahora el Estado sirve para generar leyes de blanqueo. “Inocencia fiscal” le pusieron. Se creen que cambiándole el nombre la gente no se va a dar cuenta de que es blanquear la plata de la corrupción, del narcotráfico. Cuando tuvimos sesión se lo dije, porque la avanzada de la droga en los barrios tiene que ver con este gobierno que libera la frontera, cómplice de los narcos. Esa plata que se blanquea no es de los colchones de los jubilados, es de la droga y la corrupción que hoy “no existe”. Están los pendrives de Adorni y la moneda cripto de Milei y de su hermana. Estoy convencida que van a ir presos porque la justicia en Argentina un día va para un lado y otro para otro. Y ya le va a llegar el momento.

¿Quiénes están siendo los más perjudicados por los recortes del gobierno?

Para mí los más perjudicados somos los que venimos de los sectores populares. Pero creo que los más perjudicados son los niños. Pibes que no pueden comer bien. No se van a desarrollar bien los que no tienen posibilidad de poder estudiar porque cuando los padres tienen que estar todo el día fuera de sus casas para trabajar, esos pibes los queda cuidando la comunidad, los vecinos.

Queda la comunidad...

Queda la comunidad y esa comunidad cada vez se está desintegrando más. Empieza a haber otro actor que son los que manejan el narcotráfico, que te organizan un día del niño o te terminan ayudando o son los mismos prestamistas que vos terminás siendo cómplice de un delito sin quererlo hacer, pero por una necesidad. Eso está pasando en Argentina y por eso nosotros estamos diciendo que va a costar mucho recuperar.

¿Sirven las movilizaciones contra gobiernos como el de Milei?

Sí, estoy convencida. Porque en Argentina tenemos una historia fuerte de organización, de lucha en las calles, de marchas potentes que claramente traban a este gobierno, que sabe que cuando el pueblo está organizado, se detienen. Sino sería mucho peor la avanzada. Como la última marcha universitaria. Si el pueblo está organizado, también es una fuerza para los dirigentes, para poder avanzar con políticas en beneficio del pueblo.

Ya para terminar, ¿qué consejo le daría a alguien en Argentina, en España o en otro lugar de Latinoamérica que lo esté pasando mal y que necesite dos o tres empleos y aun así puede que no llegue a fin de mes?

En Argentina vivimos etapas muy difíciles y peores que esta. De hecho, recientemente tuvimos la triste noticia que se fue una gran luchadora de Argentina como Taty Almeida. Tuvimos historias que nos demuestran que luchar sirve, que no hay que bajar los brazos, que hay que resistir, pero que hay que pelear con mucho coraje. Así que vamos a salir adelante. Vamos a volver a tener un gobierno que nos represente, que transforme la vida para que el pueblo sea feliz. Pero tenemos que ser parte. El mensaje que daría es que tenemos que comprometernos, que alejarnos y decir: “¿Son todos iguales?” Eso nos quieren hacer creer, pero solo beneficia a los que siempre estuvieron y que hacen mala política. Tenemos que participar en el lugar que sea. Que nos sintamos parte, cómodos, pero que participemos. Que estemos al lado de los que sufren, pero que no perdamos nunca la esperanza.

El Gobierno de Javier Milei ha vuelto a meterse con los más vulnerables: las personas con discapacidad. El Ejecutivo argentino incumple con la normativa actual, demorando el pago de prestaciones, e impulsa un proyecto de ley titulado 'Contra el fraude de pensiones por invalidez', que es rechazado por organizaciones sociales y asociaciones civiles. Resulta paradójico tras el cierre de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y su absorción por parte del Ministerio de Salud por un escándalo de corrupción.

“No soy un gasto, soy una persona con discapacidad”, dice un cartel en una protesta frente al Ministerio de Salud en la ciudad de Buenos Aires. Los manifestantes tienen un claro reclamo: que el Ejecutivo ultraderechista cumpla con la Ley de Emergencia en Discapacidad aprobada el año pasado y respaldada por la Justicia, y que el Congreso desestime el proyecto en ciernes que endurece el acceso a las pensiones. Motosierra tras motosierra.

Pablo Molero, presidente del Foro Permanente de Discapacidad (que reúne a varios colectivos de personas con alguna limitación), señala a elDiario.es un “maltrato sistemático” hacia este grupo, con atrasos en los pagos; ahora se suma el intento de eliminar la pensión por protección social, que ayuda a quienes están en situación de pobreza. “La situación es grave y se requiere atención urgente, ya que este Ministerio está atrasado con el pago de prestaciones. Hay instituciones que aún no cobraron desde octubre y tienen que hacerse cargo de la compra de medicamentos y pañales”.

La Ley de Emergencia en Discapacidad fue aprobada en julio de 2025 por el Congreso y vetada en agosto a través de un decreto firmado por Milei, que luego fue rechazado por el Parlamento en septiembre, ratificando así la ley y obligando al Ejecutivo a promulgarla. No obstante, el Gobierno se resiste a aplicarla con el argumento de que el proyecto no enunciaba de forma expresa de dónde se obtendrían los fondos para financiar tal mejora para el sector. La Justicia rechazó ese argumento en diciembre pasado y ordenó aplicar la ley de manera inmediata, en un fallo que fue apelado por el oficialismo.

El Ejecutivo alega que entre 2003 y 2023 la cantidad de pensiones por invalidez tuvo un “crecimiento exponencial”, pasando de 76.000 a 1.200.000 en ese período de 20 años y generando una “inevitable sospecha” sobre las condiciones en que esos beneficios fueron otorgados.

Al respecto, Molero responde: “En 1999 había 33 millones de personas en nuestro país, de ese total, 3,3 millones tenían alguna discapacidad, mientras la pobreza ascendía al 30%. Alrededor de 990.000 personas con discapacidad estaban en ese momento en situación de pobreza y con el Gobierno de Néstor Kirchner fueron reconocidas con una pensión social, no sólo por incapacidad laboral. Hoy la población es de 46 millones y el Gobierno celebra que hay un 28% de pobreza, aunque muchos expertos cuestionan el número, pero aun así es enorme, brutal”.

En medio de una investigación judicial

Estela Maris Calandra, fonoaudióloga que trabaja en el área de discapacidad desde hace 30 años, se muestra indignada ante el nuevo proyecto de ley que el Ejecutivo envió al Senado, cuyo texto estipula que el Estado debe establecer mecanismos para “prevenir, detectar y sancionar el fraude en las pensiones”. “Yo trabajo con niños con autismo y trastorno del lenguaje que necesitan el certificado de discapacidad para poder recibir el tratamiento y, más en este momento, donde está aumentando el desempleo. ¿Cómo hablan de fraude cuando los que hicieron fraude fueron ellos en la Agencia de Discapacidad?”.

La investigación apunta al manejo irregular de fondos para la compra de medicamentos de coste elevado, destinados a personas con discapacidad, realizadas entre diciembre de 2023 y octubre de 2025.

La causa se inició en agosto de 2025 a partir de la difusión de audios atribuidos a Diego Spagnuolo, extitular de la ANDIS, que mencionan a la hermana del presidente, Karina Milei, en los que se hablaba de supuestos pedidos de dinero a proveedores. Según la Fiscalía argentina, el esquema implicó más de 75.000 millones de pesos, con adjudicaciones direccionadas, sobreprecios y acuerdos previos entre proveedores. El fiscal Franco Picardi sostuvo que la ANDIS funcionó como “una verdadera ventanilla administrada discrecionalmente”.

Hasta el momento, hay 19 personas procesadas. Entre ellos, Spagnuolo, procesado por cohecho, fraude al Estado y negociaciones incompatibles con la función pública.

Es en este contexto, con una agencia cerrada en enero y degradada a Secretaría dentro del Ministerio de Salud, el Ejecutivo vuelve con una iniciativa en un área tan sensible. El nuevo proyecto empeora la situación ya delicada: elimina la posibilidad de que una persona con discapacidad siga cobrando la pensión por invalidez, si logra acceder a un trabajo registrado. Además, desregula los pagos mínimos a las organizaciones que prestan servicios a personas con discapacidad.

“No aplicar la ley es abandonar a las personas con discapacidad”, dice el cartel que lleva Ana Luppi. La mujer señala a este periódico: “Tengo una hermana con discapacidad que está en el Hogar Los Jazmines, donde ha progresado muchísimo. Hace 22 años que está allí y realmente es vergonzoso que el Gobierno no esté pagando lo que tiene que pagar, incumple la ley. Es un lugar de excelencia, pero no puede seguir funcionando normalmente si hace meses, desde octubre, que el Estado demora las prestaciones y los profesionales tienen que cobrar por sus servicios”.

Las personas con discapacidad, sus familiares y las instituciones que les brindan asistencia exigen al Ejecutivo que no les siga dando la espalda y ponga un freno a sus intentos por desmantelar la protección social. El debate en la Cámara Alta promete ser intenso, ya que la iniciativa legislativa pone en cuestión la discapacidad como un derecho humano frente a una mirada que busca restringirla a una lógica mercantilista.

La guerra contra Irán ha impactado ya en el bolsillo de los estadounidenses, que ven como esta semana el precio de la gasolina ha superado los cuatro dólares el galón (3,78 litros). Pero más allá del previsible aumento del coste de vida, la campaña militar en Oriente Medio también amenaza con empobrecer de otra forma a los estadounidenses. Donald Trump quiere aumentar para el 2027 un 40% el presupuesto en Defensa, lo que prevé compensar con un tijeretazo de 73.000 millones de dólares en programas sociales. El republicano volvió a la Casa Blanca con la promesa del America First y priorizar a los estadounidenses, pero ahora quiere desinvertir en ayudas para sus ciudadanos y dedicarlas a conflictos exteriores.

Los días antes de presentar el presupuesto, Trump había comentado a sus asesores en una comida privada la necesidad de convertir el gasto militar en una prioridad nacional. Aunque fuera a costa de programas sociales como el Medicaid y el Medicare, destinados a ayudar a pagar el seguro médico.

“No nos podemos ocupar de las guarderías, de Medicaid, de Medicare y de todas estas cuestiones individuales. Lo pueden hacer los estados. Somos un país grande. [...] Estamos librando guerras. No nos podemos ocupar de las guarderías”, dijo el presidente. Las declaraciones que hizo durante el encuentro las compartió la Casa Blanca por error en su canal de YouTube y después las eliminó. Aún se conserva el vídeo completo porque Business Insider lo grabó. 

Este recorte de 73.000 millones implicaría eliminar algunos programas sobre temas como el cambio climático, el servicio meteorológico, la vivienda y la educación. Esta sangría se sumaría a un contexto donde, durante un año, la nueva administración se ha dedicado a mermar muchos de estos programas. El presidente ya ha desmantelado buena parte de la agencia de emergencias meteorológicas (la FEMA) y ha provocado inquietud en cuanto a la capacidad del país de prevenir futuros desastres relacionados con el mal tiempo. El año 2025 estuvo marcado por las inundaciones mortales de Texas, con al menos 119 muertos y más de 160 desaparecidos.

Por otra parte, el presidente ha reducido buena parte de los programas de ayudas sociales del Departamento de Educación. En su primer año de gobierno, el republicano amenazó con suspender la financiación a los centros que apliquen políticas DEI (las siglas de Diversidad, Equidad e Igualdad). 

En materia de vivienda, el presupuesto prevé recortar 50 millones de dólares de un programa que otorgaba subvenciones competitivas a estados y gobiernos locales para reducir los obstáculos al acceso a viviendas asequibles. El gobierno Trump ha acusado al programa de subvenciones de financiar “agencias DEI divisivas”. 

Lagunas legales para tiburones inmobiliarios

Por contra, una de las pocas medidas que ha aplicado Trump para intentar solucionar la crisis que sufren los estadounidenses es aprobar un decreto ley que prohíbe que los gigantes de Wall Street compren edificios para alquilarlos. Sin embargo, deja un vacío legal que sí les permite construir vivienda para dedicarla a alquiler. 

Las grandes firmas estadounidenses de capital privado como Blackstone ya se han pasado a este mercado en los últimos años. El alza de los precios de las casas y las bajas tasas de ejecución hipotecaria han hecho que estas compras sean menos rentables frente al mercado de las nuevas construcciones dedicadas al alquiler. El presidente ha querido solucionar la crisis del mercado inmobiliario poniendo en el foco en los grandes inversores, cuando actualmente se estima que solo poseen entre el 1% y el 3% de todas las viviendas unifamiliares en alquiler del país.

Este recorte que prevé el nuevo presupuesto se sumaría ya al tijeretazo que dio Trump el año pasado con su Big Beautiful Bill [Gran Bella Ley]. El reverso de mantener la rebaja de impuestos para las empresas que aprobó durante su primer mandato es que más de 11 millones de estadounidenses se quedaran sin cobertura médica para 2034. Esto se debe a que la norma recortará un billón de dólares del Medicaid –uno de los programas para poder recibir asistencia médica en un país sin sistema de salud pública– y reducirá las ayudas alimentarias para los más vulnerables.

La One Big Beautiful Bill ya preveía aumentar la deuda pública en más de 3,3 billones de dólares, y, ahora, el presupuesto de defensa que ha presentado Trump amenaza con inflarlo aún más. Por no hablar de cómo el déficit que ha creado el primer mes de guerra también impactará en la deuda del país. Otra de las promesas de campaña del republicano era reducir la deuda pública, y bajo esta supuesta premisa Trump dejó que Elon Musk pasara la motosierra por las agencias federales los primeros meses de gobierno. Una oleada de despidos que también sirvió para purgar al funcionariado.

Podemos Castilla-La Mancha denuncia que el Gobierno de Page, a través de la aprobación de los presupuestos generales de 2026, realiza “recortes sociales, medioambientales y feministas” y también “aumenta progresivamente las privatizaciones en sanidad y educación”. Estos presupuestos ascienden a 12.903 millones de euros, un 1,5% más que en el año 2025.

En ese sentido Irene Arcalá, coordinadora autonómica de Podemos, señala que “estos presupuestos implican una continuidad del legado privatizador de Cospedal, dan la espalda a las necesidades de la clases populares de la región y profundizan la lógica neoliberal de privatización y recortes de servicios públicos”.

Arcalá ha alertado de “las nuevas privatizaciones del PSOE y Page en sanidad, de 5 millones y en Educación, de 2,5 millones, que demuestran que están asumiendo la culpabilidad del escándalo de las mamografías confirmando que su modelo es destinar el dinero de todas y todos a quienes especulan con nuestra vida y nuestro futuro”.

En el sentido de lo anterior, la coordinadora de la formación morada en la región considera “inadmisibles los nuevos recortes que vuelve a haber otro año más”. Podemos justifica sus afirmaciones en “los datos de reducción de presupuesto respecto al del año anterior en partidas como promoción y protección social de las mujeres para entidades locales, gestión y protección de espacios naturales, transporte terrestre, y protección y defensa de los consumidores con recortes porcentuales de un 0,2%, 17%, un 7% y un 3% respectivamente.” Además, Podemos pregunta “por qué ha bajado ese 0,2% en 51.500 euros respecto a 2025 la partida destinada a promoción y protección social de las mujeres para entidades locales, y espera que el gobierno regional confirme que no se merman los servicios públicos de prevención, actuación y protección frente a violencias machistas y las iniciativas de educación afectivo-sexual a nivel local”.

Por último, los coordinadores de Podemos en la región, han querido “desear felices fiestas a la ciudadanía de Castilla-La Mancha y han hecho un balance general de este año 2025 destacando ”el trabajo continuo de Podemos en desenmascarar un gobierno regional que hace políticas de derechas, proponiendo un modelo de región transformador, democrático, social, ecologista y feminista que frene a las derechas y pueda generar más derechos y felicidad para toda la gente en la región“.

Finlandia sigue siendo el país más feliz del mundo, según la lista elaborada por las Naciones Unidas, gracias, en parte, al sólido sistema del Estado del Bienestar que ha sabido construir la nación nórdica. Sin embargo, esta imagen de Finlandia contrasta con el estado actual de su economía, que en los últimos años está luchado contra el incremento de la deuda pública, la pobreza y el aumento del desempleo (10,2% en la segunda mitad de 2025, la segunda más alta de la Unión Europea, solo por debajo de España).

Finlandia, en el pasado, fue una de las economías que competía por ser comparada con el resto de sus vecinos nórdicos, pero lleva una década en medio de un declive industrial que empezó con la caída del gigante de la telefonía móvil Nokia en el año 2009. Siguió después la crisis de la COVID-19, y desde entonces que el PIB del país no crece, el desempleo aumenta y las cuentas públicas están cada vez más desequilibradas.

Con este contexto, el gobierno, formado por una coalición entre partidos de derecha y extrema derecha liderada desde 2023 por el conservador Petteri Orpo, ha hecho de la reducción del gasto público su prioridad. Pero los severos recortes en el presupuesto estatal comienzan a tener graves consecuencias sociales, sin que haya perspectivas en el horizonte de que el nivel del endeudamiento público disminuya.

La deuda pública no deja de aumentar

El objetivo del gobierno a largo plazo es reducir la deuda pública, que se prevé que se elevará hasta el 86% del PIB a finales del año 2025. Esto ha provocado la primera recalificación de su deuda en casi una década por parte de la agencia Fitch Ratings, pasando de AA+ a AA. A su vez, el crecimiento económico del país tampoco termina de arrancar, situándose en el 0,2% del PIB, sin que prácticamente haya experimentado cambios desde 2019, lo que lo sitúa como uno de los más débiles de la UE.

Tras las elecciones generales de 2023, el nuevo gobierno anunció un programa para reducir 9.000 millones de euros del presupuesto estatal en ocho años, unos recortes que se preveían de 6.000 millones antes de 2027. El anuncio fue seguido por una reforma laboral muy criticada por los sindicatos, con la promesa de crear 100.000 empleos nuevos que tampoco se han materializado. A pesar de la austeridad, las predicciones del Fondo Monetario Internacional seguían anunciando el aumento de la deuda hasta más del 90% en los próximos años, por lo que en abril de 2024 el gobierno presentó un plan adicional de recortes de 3.000 millones de euros en el gasto público antes de 2028.

La cara más visible en la ejecución de los recortes es la ministra de Finanzas y líder de la formación de extrema derecha, Riikka Purra. En las intervenciones de la controvertida ministra asegura que los finlandeses, un país tradicionalmente frugal, apoyan las medidas de austeridad, aunque las últimas encuestas muestran que dos tercios de los ciudadanos no están de acuerdo con la política del gobierno.

Presupuesto disparado en defensa

Sin que los recortes ya anunciados fueran suficientes, el gobierno presentó hace unas semanas la ley de presupuestos para 2026, que incluye una restricción presupuestaria adicional de 1.000 millones de euros: “Hemos elaborado los presupuestos en un entorno económico deficiente y, por lo tanto, hemos tenido que volver a realizar recortes de gastos, aunque inicialmente pensábamos que las principales decisiones de austeridad ya habían pasado”, anunció el primer ministro Petteri Orpo.

Entre las nuevas medidas para reducir el gasto público se han incluido la reducción de la ayuda al desarrollo, la suspensión de las ayudas a los municipios para la acogida de refugiados, la disminución de las subvenciones a los gobiernos locales y la congelación del presupuesto de las universidades, aunque el mayor recorte se lo llevan los planes de construcción de vivienda social.

Con todo, las restricciones presupuestarias aún resultan más polémicas tras la decisión del gobierno de reducir el impuesto marginal sobre la renta a los más ricos, una medida que solamente beneficiará al 2% de los finlandeses que cobran más de 100.000 euros al año. Medidas como esta van de acuerdo con la línea del gobierno conservador de reducir la carga de los impuestos a los ciudadanos, que es del 42,4%, una de las cifras más altas en la UE por encima de la mediana comunitaria del 33,9%.

A su vez, la partida presupuestaria para la defensa es de las pocas que han incrementado en los últimos años, con un aumento de 6.000 millones para el siguiente año. Tras el inicio de la guerra en Ucrania y el ingreso del país en la OTAN, Finlandia prevé gastar el 3% de su PIB en defensa antes del año 2029.

Los efectos de estos recortes ya son palpables entre los más vulnerables, según revelaba un estudio elaborado por el Instituto Finlandés de Salud y Bienestar. El estudio señalaba que las políticas de austeridad han hecho caer a 110.000 personas por debajo del umbral de la pobreza, entre ellas 27.000 niños: “Los recortes agravarán aún más la pobreza entre la población vulnerable”, advertía Jussi Tervola, uno de los responsables del estudio.

La deuda seguirá creciendo en los próximos años

El economista de la Universidad de Turku, Jouko Vilmunen, expone que anteriormente la economía también estaba endeudada, “pero entonces teníamos una solución milagrosa, el gigante Nokia, que en su apogeo representaba el 4% del PIB, pero su cierre causó un enorme déficit en las finanzas públicas”, dice Vilmunen.

El economista defiende que el país tiene las bases establecidas para una buena economía, con una población con estudios, buenas infraestructuras y servicios que funcionan. “Sin embargo, el modelo industrial, basado en las exportaciones y el procesamiento de la madera, está obsoleto”, dice. Como ejemplo de ello, la demanda de papel ha caído un 70% desde el año 2007, pero, a pesar de eso, la industria forestal sigue siendo una de las más importantes del país.

El economista Jussi Systa, del think tank Kalevi Sorsa Foundation, con sede en Helsinki, coincide en que “el modelo de crecimiento finlandés se basaba principalmente en las exportaciones, sobre todo de madera y de electrónica de consumo. Pero los gobiernos no han sabido compensar la pérdida de ingresos”, dice.

Systa explica que el profundo déficit que arrastra el país y el insuficiente crecimiento económico, sumado a una menor recaudación fiscal, ha provocado la caída de los ingresos del estado, por lo que “en los próximos años, la deuda seguirá aumentando”, unas perspectivas que coinciden con los pronósticos hechos por el gobierno.

En cuanto a la política de recortes para reducir la deuda, el economista admite que “Me preocupa que esto genere un círculo vicioso que impida la consolidación de la economía”, dice Systa, quien añade: “Para que nuestra economía se recupere de forma adecuada, necesitamos inversiones que impulsen una producción más compleja para la exportación y medidas que fortalezcan la demanda interna. A eso añadiría gravar a quienes tienen mayor riqueza para aumentar los ingresos públicos”, termina diciendo.

El exministro de Hacienda del PP, Cristóbal Montoro, fue uno de los principales adeptos al dogma neoliberal de que para salir de una crisis hay que recortar en gasto social. “Imagina que acabas de salir del alcoholismo. No se te ocurre salir a celebrarlo yéndote de copas. Pues no celebremos gastando el fin de una crisis de gasto”, así resumía Montoro en 2018 ese mantra económico que luego se demostró fallido.

En 2012, el Gobierno de Rajoy aplicó el mayor recorte social de la democracia, un 17% del gasto medio de los ministerios: más de 13.000 millones de euros. En paralelo, Montoro decidió lanzar una amnistía fiscal, por la que quienes hubieran defraudado a Hacienda solo pagarían un 10% por blanquear su dinero negro. Esa amnistía fue luego declarada ilegal por el Tribunal Constitucional.

Este miércoles un juez de Tarragona ha imputado a Montoro (y a nueve altos cargos de su Ministerio) por beneficiar presuntamente a empresas gasísticas que eran clientes del bufete fundado por el ministro en 2008. El juez asegura que las empresas gasísticas llegaron en dos ocasiones “a redactar los textos legales, todo ello mediante el pago de importantes desembolsos”. Una de esas modificaciones alcanzó a la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2018.

En años anteriores, Montoro, que fue ministro tanto con Aznar como con Rajoy, defendía “una corrección duradera” (eufemismo de recortes) para contener el déficit, en incluso llegó a decir que los recortes en los Presupuestos cargaban “de razón y de causa moral” al Gobierno del PP.

Durante ese periodo entre 2008 a 2014, las llamadas “políticas de austeridad” llevaron al paro a cientos de miles de personas. La tasa del paro entre 2011 y 2016 superó siempre el 20% llegando a picos de casi el 27% (actualmente ronda el 11%). Fue también durante el mandato de Montoro, en concreto en 2012, cuando el IVA pasó del 18% al 21%.

El primer ministro francés, François Bayrou, anunció este martes un plan de ajuste presupuestario a cuatro años, que comenzará en 2026 con un esfuerzo anual de 43.800 millones para reducir el gasto y aumentar los ingresos.

La congelación de las pensiones, la reducción del empleo público o el recorte del gasto social y sanitario para frenar lo que desembolsa el Estado son algunas de las medidas que ha esbozado Bayrou en una intervención especial ante el Gobierno y la cúpula parlamentaria.

En el lado de los ingresos, Bayrou ha anunciado una “contribución de solidaridad” para las personas que tienen mayores ingresos, así como un nuevo impulso a la lucha contra el fraude fiscal y a la recuperación de las cantidades defraudadas. Otra medida muy llamativa que ha explicado el jefe del Gobierno es la supresión de dos días festivos, de los once anuales que hay actualmente en Francia, y ha citado como posibles “ejemplos” el Lunes de Pascua y el 8 de mayo. “Tenemos que aumentar nuestra producción nacional. No producimos lo suficiente”, ha justificado.

El jefe del Ejecutivo ha urgido repetidamente a atajar el rápido aumento de la deuda pública, ya que al actual ritmo el pago alcanzaría en 2029 los 100.000 millones de euros y se convertiría en la primera partida del presupuesto. La deuda pública francesa cerró el primer semestre de este año en 3,3458 billones de euros, lo que supone un 114 % del PIB nacional.

Bayrou ha recordado que esa deuda aumenta al ritmo de 5.000 euros por segundo, lo que supone más de 150.000 millones adicionales cada año, una situación que calificó de “insostenible”. La hoja de ruta marcada por el Gobierno parte de un objetivo de déficit del 5,4 % en 2025 para llegar al 4,6 % en 2026 de la mano de los ajustes presentados este martes. Tras eso, Bayrou quiere que Francia continúe su batalla contra la actual “espiral de endeudamiento” situando el déficit en el 4,1 % para 2027, reducirlo en otras siete décimas en 2028 y llegar a una línea de base del 2,8 % ya en 2029.

“Es una anomalía que se pague por el mero hecho de ser, sin justificar ningún trabajo. Se acabó la financiación obligatoria a los chiringuitos sindicales y empresariales”. La primera medida del pacto presupuestario en la Región de Murcia entre PP y Vox ya está materializada. Dicho y hecho. Ambas formaciones acaban de aprobar este martes la modificación de la ley autonómica de Participación Institucional de sindicatos y patronal. Con este cambio, se elimina de un plumazo la obligatoriedad de pagar a organizaciones sindicales y empresariales las cuantías económicas que recibían hasta ahora por su implicación en los órganos asesores y consultivos murcianos. A día de hoy, CCOO y UGT forman parte de más de 90 mesas de diálogo social en la comunidad.

La extrema derecha ya dicta, de forma real, con textos ratificados en la Cámara, la hoja de ruta del Gobierno de Fernando López Miras. Es la primera vez que un gobierno autonómico en solitario del PP aprueba un recorte expreso de subvenciones a la participación institucional de sindicatos. La posición beligerante que Vox ha mantenido en la Región contra ellos, a lo largo de la legislatura, ha terminado por imperar en todo el Ejecutivo.

Se trata de una ofensiva sin precedentes al derecho de las entidades sindicales y empresariales a cobrar por su trabajo de representación de trabajadores y empresarios. A esta circunstancia se añade, en el nuevo texto de la ley, que “la presencia de las personas que representan a organizaciones sindicales y empresariales en los órganos consultivos de asesoramiento se presume a título gratuito y no percibirán indemnización alguna por asistencia o compensación de gastos”.

El pacto que el PP cerró con la extrema derecha el pasado 6 de junio incluye, asimismo, para las cuentas de 2025, una reducción del 25% a las aportaciones que estas organizaciones deberían —todavía de forma obligatoria— recibir en este ejercicio, que se suma al 25% que ya se aplicó el año pasado. Desde el año 2024 se han reducido las ayudas a sindicatos y representantes empresariales a la mitad.

El siguiente paso se ha dado hoy. La misma votación de la ley, en el momento de salir adelante, ha sido más que reveladora. Los diputados de Vox se han quedado solos aplaudiendo la entrada en vigor de su texto. Los del PP, que les han dado su apoyo necesario, han permanecido callados, sentados en su escaño. La formación ultra no se ha cortado durante su turno de intervención. El diputado Antonio Martínez Nieto ha hecho gala de su habitual repertorio de ataques para asegurar que el actual sistema, ya suprimido, es “incompatible con la buena gestión pública”, y que la “participación institucional no tiene capacidad para mejorar la Región”. “Ha llegado la hora de arrancar el parasitismo institucional que está chupando las cuentas públicas. Esto empieza quitando a sindicatos y patronal”, ha expresado, ante la mirada complaciente de los populares.

Una ley sin informe jurídico

Vox pone la lupa directamente en los sindicatos y niega, de manera unilateral, su derecho a percibir una retribución por la participación en las más de 90 mesas de diálogo social que hay en la Región de Murcia. La misma ley sacada adelante este martes fue en febrero declarada inconstitucional por los servicios jurídicos del Parlamento murciano. El debate y la votación se han celebrado, esta vez, sin que estos mismos servicios hayan emitido ningún informe al respecto, lo cual ha sido muy criticado por la oposición.

La única diferencia entre la ley inconstitucional y la ley que todavía no se sabe si lo es, pero que ya ha sido aprobada, radica en un concepto clave cuyo autor es el PP. Junto a las palabras como “clientelismo” o “despilfarro” que incluye la formación de extrema derecha, los populares apelan al método de la “concurrencia competitiva”. De ahora en adelante, todos los sindicatos y organizaciones de la Región que lo deseen podrán entrar en un procedimiento para competir por una subvención, en el caso de que ésta se otorgue. Esto incumbe no solo los sindicatos mayoritarios, sino también aquellos que apenas cuentan con afiliados ni representados.

El diputado del PP Antonio Landaburu ha hecho referencia a que la reforma de la ley y la eliminación de ayudas a sindicatos es “una oportunidad única para optimizar los recursos de la Región y dirigirlos a lo prioritario, como reducir listas de espera”. Lo cierto es que tan solo un 0,03% del presupuesto regional se destina a las aportaciones a organizaciones sindicales y patronales.

CCOO y UGT interpondrán una denuncia conjunta

Las asignaciones públicas a los sindicatos mayoritarios por participar en mesas de negociación están reconocidas como un derecho en el Artículo 7 de la Constitución Española. En la Región de Murcia esos sindicatos son CCOO y UGT. La patronal de mayor peso es la CROEM. El informe jurídico que declaró, en febrero, inconstitucional la anterior propuesta de los de José Ángel Antelo exponía que la “reforma es contraria a la normativa básica en materia de subvenciones a la que está sujeta la Comunidad Autónoma”, al suponer “una carga a las organizaciones sindicales más representativas en el ámbito de la participación institucional”.

En Castilla y León, una medida similar aprobada en 2022 por PP y Vox para borrar del mapa el ingreso de cuantías públicas a dichas organizaciones ha sido recientemente revocada por la justicia. Una sentencia del Tribunal Superior de Castilla y León obligó a la Administración regional leonesa a devolver cerca de dos millones de euros a CCOO y UGT tras una denuncia de éstos.

A dicha jurispruencia apelan ahora las organizaciones murcianas. La secretaria general de CCOO en la Región, Teresa Fuentes, ha explicado a este periódico que la reforma hoy aprobada será denunciada en conjunto con UGT ante los tribunales al incumplir dicho Artículo 7 de la Constitución. “Es un camino peligroso, el de cuestionar el papel de los sindicatos. Ellos piensan que nos hacen daño. Pero, en realidad, le hacen daño a la clase trabajadora. Estamos en mesas defendiendo a los trabajadores, la brecha salarial, la violencia de género en el trabajo, la empleabilidad de los jóvenes y muchas otras cuestiones”, ha señalado.

Fuentes ha hecho hincapié, además, en un agravio comparativo. “Después de esta modificación, de las tres partes de una mesa —Gobierno regional, sindicato y patronal—, quien representa a los 660.000 trabajadores en activo de la Región será quien no cobrará. Sin embargo, la parte del Gobierno sí va a recibir dinero por estar en las negociaciones”.

Desde la perspectiva de UGT, muy similar a la de sus homólogos, su secretaria general, Paqui Sánchez, ha expresado que la nueva ley tiene “poco recorrido”. “A los sindicatos nos mantienen las cuotas de nuestros afiliados. La ley nos ampara y la Constitución también. Vamos a seguir defendiendo a los trabajadores”.

En la Región murciana, CCOO, la primera fuerza sindical, cuenta con 27.000 afiliados y aproximadamente 3.200 representantes. UGT tiene alrededor de 20.000 miembros y unos 2.600 delegados sindicales.

“Comienza a materializarse el chantaje de Vox al PP”

La oposición política al Gobierno regional en la Asamblea también ha criticado duramente la medida de PP y Vox. María Marín, de Podemos, ha aseverado que la extrema derecha “no entiende la idea de participación social”. “La medida que nos traen aquí”, ha dicho, “es un aperitivo”. “Les gustaría cargarse todas las organizaciones de clase y dejar a los trabajadores sin defensa ante el empresariado”.

Por parte del PSOE, Alfonso Martínez Baños ha esgrimido que la nueva ley pretende “resquebrajar uno de los pilares que sustentan la democracia”. “Comienza a materializarse el chantaje de Vox al PP”, ha manifestado. El PSOE ha confirmado, además, que presentará próximamente un recurso de inconstitucionalidad ante la reforma.

Esta es la primera medida que sale adelante de todas las que conforman el pacto presupuestario que ambas formaciones firmaron el pasado 6 de junio. El 13 de junio, el pleno de la Cámara aprobó el techo de gasto, de más de 6.700 millones de euros.

Ahora quedan numerosas iniciativas polémicas por seguir implementándose, como el cierre del centro de menores de Santa Cruz, que tendrá lugar en septiembre, “antes del inicio del curso escolar”. Otra directriz con tinte xenófobo es la de “poner en marcha un sistema inmediato”, según reza el texto del acuerdo, de protocolo para la determinación de la edad de los migrantes “que se autoperciben como menores”, con pruebas médicas incluidas. También destaca, por encima del resto, la futura modificación de la ley del Mar Menor vindicada por Vox. Ésta llegará al Parlamento regional “antes de octubre”.

Los recortes de la administración Trump en el Departamento de Salud y Servicios Humanos amenazan Meals on Wheels (Comidas sobre ruedas), un popular programa dedicado a combatir el hambre y el aislamiento de las personas mayores en Estados Unidos. Durante décadas ha contado con el apoyo de los partidos Demócrata y Republicano, pero ahora se enfrenta a los ataques de la administración Trump. El proyecto de presupuesto de los republicanos allana el camino para profundos recortes a la nutrición y otros programas de la red de seguridad social que compensen los recortes de impuestos a las grandes fortunas.

Los expertos y las organizaciones contra el hambre advierten de que esta medida podría tener consecuencias desastrosas para los millones de estadounidenses mayores que dependen del programa para comer diariamente. Según Nicole Jorwic, responsable de incidencia política y campañas de Caring Across Generations, una coalición de cuidadores y beneficiarios de cuidados que pone el foco en las personas mayores y las personas discapacitadas, “no es exagerado afirmar que muchas personas pasarán hambre y que esto tiene literalmente repercusiones de vida o muerte”. “No son sólo programas estéticamente bonitos. Son necesarios en el día a día de personas mayores de todo el país”, advierte.

Aunque todavía no se sabe exactamente qué se recortará, el anteproyecto sienta las bases para la posible eliminación de la Subvención Global para Servicios Sociales (SSBG, por sus siglas en inglés), una fuente clave de financiación para los programas locales de Meals on Wheels en 37 estados, y recortes profundos en el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (Snap) y el Medicaid, de cobertura sanitaria, lo que aumentaría la inseguridad y las dificultades alimentarias y aumentaría drásticamente la demanda de servicios de Meals on Wheels. Algunas informaciones señalan que ya se ha despedido a todo el personal que supervisaba la SSBG. 

Si el Congreso de Estados Unidos retira la financiación de la SSBG y debilita otros programas, aquellos que dependen de las entregas a domicilio o de las comidas en centros comunitarios y de mayores para sobrevivir recibirían menos ayuda, ya que los proveedores comunitarios de Meals on Wheels se verían obligados a reducir los servicios, añadir personas a las listas de espera o rechazar las solicitudes de mayores que pasan hambre. Algunos trabajadores de programas que ya se ven obligados a la difícil decisión de discriminar a quién servir debido a la tensión presupuestaria y el aumento de la necesidad dicen que cuando hacen triajes sienten que estuvieran “jugando a ser Dios”.

“Estamos hablando de vidas, por eso estoy tan preocupada”, afirma Ellie Hollander, presidenta y directora ejecutiva de Meals on Wheels America: “Algunos de nuestros programas ya funcionan con presupuestos muy reducidos y están tirando de sus reservas. [Si desaparece la financiación], podría provocar que algunos programas tuvieran que cerrar”. 

Uno de cada cuatro estadounidenses tiene más de 60 años y casi 13 millones de mayores están en riesgo de pasar hambre o la padecen. Fundada hace más de 50 años. Meals on Wheels America, una red de 5.000 programas comunitarios que alimenta a más de dos millones de estadounidenses mayores cada año, es una exitosa asociación público-privada. El Urban Institute, un think tank especializado en políticas sociales, calcula que en los próximos 40 años el número de mayores en Estados Unidos se duplicará con creces.

El programa de nutrición Older Americans Act [ley de mayores estadounidenses], que apoya la salud y el bienestar de los ciudadanos de más edad a través de servicios de alimentación, es la principal fuente de financiación federal de la red, y cubre el 37% de lo que se necesita para servir más de 250 millones de comidas al año. La combinación exacta de financiación local, estatal, federal y privada de los miles de programas comunitarios sobre el terreno de Meals on Wheels varía de un proveedor a otro.

El “departamento de eficiencia gubernamental” creado por Trump al inicio de su segundo mandato y en manos del hombre más rico del mundo, Elon Musk, y del secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy, ha despedido a más de 20.000 personas de la secretaría de salud en las últimas semanas, incluido al menos el 40% del personal de la Administración para la Vida Comunitaria, una agencia del Departamento de Salud y Servicios Sociales que coordina la política federal sobre envejecimiento digno, activo e independiente y discapacidad.

Dado que muchos de esos empleados ayudaban a cumplir funciones críticas para servir a los estadounidenses mayores, algunos programas de Meals on wheels ven peligrar los desembolsos de fondos, la presentación de informes de datos y la pérdida de conocimientos y experiencia institucional.

Una salvaguarda para evitar la residencia

La secretaría de salud ya ha avanzado que reorganizará la Administración para la Vida Comunitaria en otras agencias de la secretaría de Salud, aunque no está claro cómo se hará. Los copresidentes de la Disability and Aging Collaborative [Colaboración para la Discapacidad y el Envejecimiento], ente compuesto por 62 organizaciones que se centran en parte en el envejecimiento y la discapacidad, han señalado en un comunicado reciente: “Este cambio preocupante amenaza con aumentar las tasas de internamiento, falta de vivienda y dificultades económicas duraderas”.

Dierdre Mayes, de 64 años, sufrió varios derrames cerebrales que la dejaron con problemas cognitivos y en riesgo de caídas. Desde entonces, confía en la rama de Meals on Wheels del condado de Yolo para el reparto de comidas. “Las comidas que recibo me permiten seguir adelante”, afirma Mayes, residente en Woodland (California), que también dispone de 20 dólares al mes en vales de comida, que utiliza para comprar agua. “Lo mejor de todo es que no tengo que ir a ningún sitio para que me den la comida”, señala Mayes, que la recibe a domicilio. Para Mayes y otros ancianos confinados en casa, el programa es un salvavidas. 

La incertidumbre en torno al futuro de Meals on Wheels causa estrés a las personas mayores, preocupadas por cómo afectarán los recortes federales, los despidos y los aranceles a sus entregas diarias. La organización sin ánimo de lucro FeedMore WNY, que atiende a personas mayores que no salen de su casa en los condados neoyorquinos de Erie y Niágara, afirma que ha recibido noticias de usuarios mayores temerosos a medida que circulaba la noticia de otros recortes recientes.

Catherine Shick, gerente de relaciones públicas de FeedMore WNY, explica que el año pasado atendieron a 4.775 usuarios de Meals on Wheels y que la demanda de sus programas de alimentación aumentó en un 16% de 2023 a 2024, una tendencia que creen que continuará. “Cualquier recorte a cualquier programa tiene un impacto directo en las personas que confían en nosotros para la ayuda alimentaria y llega en un momento en que sabemos que la inseguridad alimentaria va en aumento”, lamenta. “Para poder cumplir con nuestra misión necesitamos el apoyo continuado de todos los niveles de gobierno, así como de la comunidad”, avisa.

Además de entregar alimentos sanos y nutritivos, los conductores de Meals on Wheels, que son principalmente voluntarios, prestan otros valiosos servicios: pueden detectar signos de cambios cognitivos o de otro tipo en la salud en las personas mayores que atienden. También pueden ocuparse de los peligros para la seguridad en el hogar o prestar servicios de apoyo a las mascotas, así como ofrecer conexiones sociales cruciales, ya que los conductores son a menudo la única persona que algunas personas mayores pueden ver al día o a la semana.

Se ha demostrado que las entregas contribuyen a luchar contra el aislamiento y el internamiento en residencias; ayudan a mantener a los ancianos sanos y en sus propios hogares y comunidades y fuera de los costosos entornos residenciales. En el debate en torno a los presupuestos, los republicanos de la Cámara de Representantes y el Senado han dicho que su objetivo es reducir el gasto federal, pero los expertos afirman que recortar los programas que ayudan a financiar organizaciones como Meals on Wheels aumentaría, en cambio, el gasto federal en asistencia sanitaria y cuidados de larga duración para los mayores. 

“Si la gente no puede permanecer en sus hogares, van a tener que ir a menudo al hospital o tendrán que ser ingresados prematuramente en residencias de ancianos”, ha señalado Hollander: “Esto costaría a los contribuyentes miles de millones de dólares al año”. En este sentido, ha indicado que servir comidas durante un año a una persona mayor equivale al coste de estar en el hospital durante un día o 10 días en una residencia de ancianos“.

Los expertos coinciden en que, incluso antes de los recortes, Meals on Wheels estaba infradotado. Defensores de su importancia e investigadores afirman que los programas federales para las personas mayores no han estado a la altura del rápido crecimiento de la población de la tercera edad, el aumento de los costes de los alimentos o la inflación. Uno de cada tres programas locales ya tiene listas de espera, y muchos están al límite de sus posibilidades. Para más del 60% de los proveedores de Meals on Wheels del país, la financiación federal representa la mitad o más de sus ingresos totales, lo que subraya el grave daño que podría causarse si se ejecutan recortes o cualquier otro cambio en el servicio.

“Lo vivimos como una serie continua de ataques a los programas de los que dependen las personas mayores para que puedan vivir de forma segura, independiente y saludable en sus propios hogares”, lamenta Jorwic, de Caring Across Generations: “Todas estas medidas que se están proponiendo y se están poniendo en marcha, desde los recortes a Meals on Wheels a los recortes a Medicaid, representan una amenaza real para la seguridad de los estadounidenses de mayor edad”.

Traducción de Emma Reverter.

La asociación APADIS de San Sebastián de los Reyes, una Fundación que integra desde hace 45 años a más de un centenar de personas con discapacidad y a sus familiares, ya no podrá contar con los 36.000 euros que venía recibiendo del ayuntamiento para actividades deportivas desde el año 2012. El entonces alcalde, Manuel Ángel Fernández Mateo, del PP, firmó con el club deportivo de esta entidad el primer convenio de Deportes mientras aplaudía “el avance en inclusión, derechos, participación y recursos” de estas personas con discapacidad. Dicho convenio les abría la puerta a compartir las instalaciones públicas del municipio y a competir en igualdad de condiciones con el conjunto de clubes deportivos de la ciudad en la práctica de deportes como fútbol, natación y golf. “Es un convenio con D de deporte, no de discapacidad”, resaltó entonces el regidor.

Pero el nuevo equipo de gobierno, liderado desde 2023 por Lucía Fernández, también del PP, ha decidido sorpresivamente después de 12 años retirarles de la lista de los clubes que reciben esa ayuda, proponiendo renovar y englobar todo únicamente en una subvención y solo desde la concejalía de Asuntos Sociales y Personas con Discapacidad. Hasta ahora la entidad contaba con esa ayuda y con otra específica de 36.000 euros para el ámbito deportivo, que es la que dejará de percibir. Por ello, la retirada les parece “absurdo” y “una grave discriminación” a los responsables de la asociación, ya que, según lamentan, la decisión “va a dejar sin opciones de práctica deportiva” a todo el colectivo. Lo que más les indigna es que el de APADIS haya sido el único convenio que el PP no ha renovado y aprobado por la Junta de Gobierno.

Así lo denuncia a esta redacción el director gerente de la asociación, Miguel Ángel Jiménez, que además lamenta que con ello el ayuntamiento “pretende ahorrarse el último año, que la concejalía de Deportes había renovado y APADIS había aceptado”, como pueden probar documentalmente y ahora el consistorio niega. Jiménez lamenta también que este recorte y modificación del convenio se ejecutara “sin ninguna comunicación ni negociación previa y sin una simple llamada de teléfono a APADIS”.

Izquierda Independiente llevó la denuncia al pleno municipal

El grupo municipal Izquierda Independiente llevó la denuncia de la asociación al pasado pleno municipal en el que denunció públicamente lo que considera “un claro ataque a APADIS”. Para su portavoz, Juan Torres, se trata de “un nuevo castigo y represalia a la asociación”. “Hay que ser muy mala gente para atacar y retirar la ayuda para el deporte a las personas con discapacidad”, afirma, en declaraciones a elDiario.es. Pero lo que le parece aún peor es que “mientras este gobierno recorta en las personas con discapacidad intelectual por otro lado mejora las condiciones de otras entidades, como el club deportivo con el que está relacionado el propio concejal de Deportes”. A su juicio, “todo esto demuestra lo malos y rencorosos que son el PP”. “Hacen bueno el dicho de que 'otros vendrán que bueno te harán'. El nuevo equipo de gobierno municipal funciona igual que el anterior: a quien le lleve la contraria lo persiguen”, zanja el edil de la oposición.

La versión que ha dado la concejala de Personas con Discapacidad, María Ordóñez, es que “el último convenio con la concejalía de Deportes tenía vigencia hasta el 30 de junio de 2024” y que a partir de entonces “se firmó un nuevo convenio pero desde la Concejalía de Personas con Discapacidad, con el mismo objetivo y con la aprobación de la propia entidad”. APADIS reconoce que gracias a este convenio se realizaban los Campamentos de Verano dirigidos a niños y jóvenes del municipio con discapacidad intelectual y grandes necesidades de apoyo, “que ha sido uno de los proyectos de más arraigo, éxito y participación”. Sin embargo, considera que esto no exime al gobierno municipal de renovar la subvención para las prácticas deportivas de la asociación.

La concejala Ordóñez rechaza las argumentaciones de la asociación y acusa de “mentir” a Torres. “No sabemos si están nerviosos por el supuesto Juego de Tronos que tienen en torno al próximo líder de la formación o si siguen peleándose con el resto de partidos de ultraizquierda a ver quién dice la mayor barbaridad contra el PP. O todo a la vez”. “La verdad es esta”, insiste. “El último convenio de la concejalía de Deportes con APADIS tenía vigencia del 1 de julio de 2020 hasta el 30 de junio de 2024. A partir de entonces, y tras un acuerdo con la propia APADIS, se pasó a firmar el nuevo convenio a través de la concejalía de Personas con Discapacidad de este Ayuntamiento. Eso es lo que firmó APADIS”, sostiene.

“No solo eso, sino que se destinó la misma cuantía del anterior convenio establecido: 30.096,85 euros. Y a esta cantidad, se añadieron otros 6.000 euros. Es decir, que APADIS ha visto mejorado lo que cobra para el mismo fin. Y APADIS es una entidad dedicada a la discapacidad al margen de las diferentes acciones que desarrollen. Con los clubes deportivos se han firmado los nuevos convenios, no correspondiendo a APADIS su firma evidentemente, ya que actualmente la subvención de este Ayuntamiento se gestiona desde la concejalía de Personas con Discapacidad”.

La asociación cree que la explicación que da Ordóñez “está completamente alejada de la realidad” y “solo puede explicarse desde el desconocimiento o desde una narrativa a todas luces desconectada de los hechos”. “Ordóñez asegura que el Convenio con Deportes no está en vigor desde 2024, obviando u ocultando, por tanto, la adenda que se acordó por un año más, hasta 2025”. “Así consta en la documentación en poder de APADIS que fue confirmado desde la propia concejalía de Deportes”, sostiene Miguel Ángel Jiménez, que insiste en que se trata de “una grave discriminación” y “un grave ataque a los derechos de las personas con discapacidad”.

Recurren al Defensor del Pueblo y al Consejo Superior de Deportes

El colectivo no está dispuesto a rendirse. De momento, ha decidido recurrir al Consejo Superior de Deportes y al Defensor del Pueblo. Además, advierte de que “si el ayuntamiento no se aviene a reconsiderar esta situación y sigue negando siquiera la posibilidad de reunirse con la directiva, como se ha solicitado desde APADIS en reiteradas ocasiones”, se “reserva el derecho a emprender las acciones legales que en derecho le corresponda tomar y se precisen para exigir el cumplimiento de los derechos de las personas con Discapacidad”.

“Nuestra valoración es de tristeza, perplejidad e indefensión”, remarca Miguel Ángel Jiménez. “No entendemos cómo a estas alturas del siglo XXI y en contra de todos los predicamentos de la ONU, en tiempos de avances sociales, se retrocede en derechos de las personas con discapacidad condenándoles de nuevo”. “Tampoco sabemos por qué motivo les envían al cajón de los servicios sociales, para que no se muevan de su rincón, negándoles su categoría de deportistas”, añade.

Torres destaca el palmarés deportivo de estas personas con discapacidad en San Sebastián de los Reyes. “Sus deportistas y equipos han conseguido victorias y campeonatos a nivel supramunicipal, han sido campeones de España y son un referente para la integración de personas con discapacidad a través del deporte”.

Izquierda Independiente recuerda además que los equipos deportivos de APADIS “siempre han cumplido con todas las obligaciones y proyectos acordados con el ayuntamiento”.  “También han justificado sus actividades y fondos económicos a pesar de seguir retenidos por el ayuntamiento por el conflicto judicial que este mantiene con APADIS. Algo que la actual alcaldesa del PP prometió resolver cuando estaba en la oposición, pero que en la actualidad mantiene en el juzgado de Alcobendas”, zanja el portavoz del grupo opositor.

El Ayuntamiento de València cerró el año pasado el albergue “Casal d'Esplai”, un centro de atención a personas sin hogar que atendía a 47 familias y que la propia alcaldesa, Maria José Catalá, prometió aprobar un recurso nuevo que “compensase la pérdida de plazas”, según denuncia Compromís. Ahora, el ejecutivo municipal pretende hacer lo mismo con otro de los albergues que lleva casi 10 años asistiendo a las personas sin hogar; con largas trayectorias en calle; patologías mentales o adicciones que necesitan tanto un techo como cubrir exigencias vitales como la alimentación, la higiene o la atención psicológica, carencias que ofrece este servicio público.

Así es cómo lo manifiestan los propios empleados del centro de alojamiento municipal El Carme, quienes sospechan que, tras el “fin de esta etapa y en el caso de abrirse un recurso alternativo para el mismo perfil poblacional”, se hará por adjudicación a dedo y a bajo coste. “Esto supone una precarización tanto de las condiciones de vida de las personas atendidas como de las condiciones laborales de los empleados”, insisten.

Asimismo, desde la entidad aseguran que el Ayuntamiento se contradice con “lo que dice y lo que hace” porque promete nuevos recursos “con el fin de limpiar su imagen”, a la vez que suprime centros municipales de alojamiento para este grupo poblacional, “a hurtadillas y sin hacer ruido”.

“Tememos que la próxima forma de financiación se base en ayudas económicas irrisorias a entidades del tercer sector, que no cubrirán el total de gastos del servicio, y un mayor grado de externalización que excluya al Ayuntamiento de toda responsabilidad”, detallan. A ello, añaden que con este escenario, los “contratos inestables y la improvisación” vuelven a anteponerse a las “políticas sociales de calidad y de atención integral”.

En líneas similares, desde Compromís también se suman a la crítica por el cierre de este centro y acusan al gobierno de Catalá de alejar la participación de la sociedad civil con las instituciones con la supresión del grupo de trabajo sobre sinhogarismo del Consell Local d’Inclusió y el veto a la participación de la Plataforma de Sinhogarismo, que califican de “decisiones graves que evidencian una falta de voluntad política para abordar un problema social de primera magnitud”.

“La desaparición de estos servicios esenciales agrava la exclusión social y deja sin alternativas a quienes más necesitan apoyo institucional. Esta decisión supone un retroceso en materia de derechos sociales y participación ciudadana”, puntualiza la concejala de Compromís en el Ayuntamiento de València, Lucia Beamud. De acuerdo con el III Censo de personas sin hogar en la ciudad de València realizado en 2023, cerca de 840 personas no tenían una vivienda propia, de les cuales 366 se encontraban en albergues y pisos tutelados y semitutelados, mientras que las 471 restantes estaban en situación de calle. En cuanto al género, según estos últimos datos, se determinó que un 90,6% eran hombres en la calle frente al 9,4% de las mujeres. En el caso de los albergues y los pisos, las mujeres suman más que los hombres, concretamente un 57% frente al 43%. En enclaves chabolistas se contabilizó un 38% del género femenino frente al 61% del masculino.

Según fuentes del Ayuntamiento, el centro social de El Carme no desaparece, sino que se va a “abrir otro” más grande porque se ha terminado el contrato y ya no se pueden conceder más prórrogas“. ”Es un local que no reúne las condiciones mínimas de seguridad y, por lo tanto, el Ayuntamiento ha decidido no seguir realizando ese servicio en esas instalaciones“, insisten. Además, aseguran que se está trabajando con la fundación que lo ha gestionado durante los últimos años para continuar con el servicio en un local ”que tiene la propia entidad“ con la intención de ampliar las plazas de las que disponen actualmente, diez en concreto, y achacan a Compromís la condición en la que han mantenido el servicio durante la pasada legislatura: ”Nunca han ampliado las plazas“. Sobre la eliminación del grupo de trabajo sobre sinhogarismo del Consell Local d’Inclusió y la prohibición de participar en la Plataforma de Sinhogarismo que denuncia la coalición valencianista, desde el consistorio no han querido dar declaraciones.

En este sentido, estas mismas fuentes sostienen que la atención de las personas sin hogar está “más que garantizada”: “Hay plazas y se hace seguimiento de todas las personas que duermen en jardines o en la calle, especialmente en los días que hay avisos por el temporal”, subrayan. En relación con la condición climatológica, el consistorio ha habilitado el Centro de Emergencias Sociales de la calle de Santa Cruz de Tenerife y el polideportivo de Benimaclet. A preguntas de este medio sobre si va a abrirse de nuevo el Casal de l'Esplai, desde el Ayuntamiento han confirmado que de momento “no hay novedades”.

Se cumplen 18 años de la aprobación de la Ley de Dependencia. Se vendió por parte del gobierno de Zapatero con mucha ambición: se habló de una verdadera revolución desde el punto de vista social. ¿Cuál es la realidad con el paso del tiempo? Pues que es una ley que ha ayudado a mucha gente pero que no ha llegado a muchas otras que la necesitaban urgentemente. En muchas familias lo hemos vivido: listas de espera eternas y a veces, la macabra paradoja de que la ayuda queda otorgada cuando la persona que la necesitaba…. ya ha fallecido.

Hablamos con algunas de estas personas. Por ejemplo, con Teresa. Loncha, su hija, tiene Síndrome de Rett y su familia ha recibido las prestaciones de la Ley de Dependencia durante muchos años. También hablamos con Yolanda Fernández y con Carmen Navarro. Ambas son cuidadoras de familiares que tienen algún tipo de discapacidad y que están a la espera de una resolución de la Ley de Dependencia. Además, hablamos con la periodista de elDiario.es que cubre la información sanitaria y de derechos sociales Sofía Pérez Mendoza.

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¡Buenos días!

¿Cómo llevas la semana? No hay día en el que no nos encontremos una sorpresa. Como es habitual, la izquierda se empeña en pegarse tiros en los pies. Lo que no había dudas de que era un caso de fraude fiscal por parte de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha devenido en una guerra interna en el PSOE que ha acabado con la dimisión como presidente de los socialistas madrileños de Juan Lobato.

Parecía que el Gobierno empezaba la semana con vientos de cola a pesar de las acusaciones de Víctor de Aldama. María Jesús Montero, vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, había logrado un sonado éxito tras conseguir sacar adelante una reforma fiscal capaz de contentar a los socios del Ejecutivo a derecha e izquierda. Son medidas de calado: el mínimo del 15% en el impuesto de Sociedades de las multinacionales, la subida del IRPF a las rentas del capital de los más ricos y el mantenimiento del tributo a las entidades financieras, entre otras. Además, el Gobierno se ha comprometido a establecer un nuevo impuesto especial a las compañías energéticas, dependiendo de sus inversiones en transición energética para convencer a PNV y Junts, que no podrá quedar descafeinado para espantar al bloque de la izquierda. 

Este fin de semana el PSOE celebra su Congreso Federal en Sevilla con el lema 'España adelanta por la izquierda'. Entre las propuestas de los socialistas están blindar el aborto y el matrimonio entre personas del mismo sexo en la Constitución o afianzar en la Carta Magna el carácter público de la vivienda protegida, entre otras. Si se consiguen sería un gran avance social para España.

Otra cosa es el tema de la financiación autonómica. Una de las iniciativas del Congreso es el compromiso de reformar el actual modelo garantizando mayores recursos para todas las Comunidades Autónomas, reforzando los servicios públicos y compatibilizando solidaridad a igual esfuerzo tributario con el reconocimiento de las singularidades. Difícil.

Entre otras cosas porque es irremediable recordar que la nueva financiación autonómica pende del concierto catalán. Sí, aunque la vicepresidenta Montero se empeñe en negar la mayor, el llamado acuerdo de financiación singular para Cataluña es un concierto económico desde el momento en el que se trata de un instrumento jurídico que regula las relaciones tributarias y financieras entre la Administración General del Estado de España y la comunidad autónoma de Cataluña. Es extraño que se empeñen en no querer admitir lo que es una evidencia.

Pero, además, este concierto económico no es progresista. Por un lado, establece el principio de ordinalidad por el cual una comunidad autónoma no debe perder puestos en el nivel de renta per cápita como consecuencia del reparto de fondos entre comunidades. Lo cual es el sueño neoliberal por excelencia: pagar impuestos siempre y cuando no descienda el nivel de riqueza, con lo cual no hay redistribución y se condena a las comunidades autónomas más pobres a seguir estando por debajo en términos de financiación de las ricas.

Como explica Carlos Arenas Posadas, doctor en Historia y profesor de Historia e Instituciones Económicas en la Universidad de Sevilla, “a menos que el Estado reduzca su gasto o que aumente sus ingresos y los distribuya entre las comunidades, el ”cupo“ catalán va a alterar los principios de solidaridad interterritorial”.

“Sí está claro que pone en riesgo la distribución y redistribución justa de la renta y la riqueza entre personas y regiones, que consagra el artículo 40 de la Constitución Española, es el modelo confederal que se propone ahora para Cataluña”, señala Carlos Martín Urriza, portavoz de Economía y Hacienda del grupo parlamentario Sumar.

Y es que este principio de ordinalidad choca con el supuesto carácter solidario del concierto económico catalán, por mucho que se empeñen en defender en algunos cenáculos del PSOE. Entre otras cosas porque este principio ya limita la cuantía de la supuesta solidaridad, pero es que además en el acuerdo se especifica: “Esta solidaridad debe estar limitada por el principio de ordinalidad”.

Siempre se aduce que Alemania rige el principio de ordinalidad en la financiación de los lander (el equivalente a las comunidades autónomas) pero se olvidan de recordar que en ese país los lander tienen las mismas competencias. En el acuerdo de financiación se recalca que “Cataluña ejerce un conjunto de competencias singulares que no tienen otros territorios” y que “es necesario actualizar su financiación atendiendo a sus costes reales ya las nuevas necesidades y funciones que se han generado en su entorno”, es decir, si esa comunidad autónoma incrementa su techo competencial necesitará más ingresos y la supuesta solidaridad será menor.

No hay que olvidar que la referencia es el concierto vasco, caracterizado por su opacidad y chanchulleo político a la hora de calcular la aportación de esa comunidad autónoma al Estado. Por otro lado, un informe de Funcas detalla que la fragmentación territorial de la gestión tributaria podría complicar la labor recaudatoria y el control del fraude, como han avisado los inspectores de Hacienda.

Opacidad, menos redistribución, más ingresos para los más ricos, menos opciones para controlar el fraude... Así no es extraño que el PP haya defendido en el pasado una financiación singular para Cataluña. Es un concierto económico y no es progresista.

El gráfico

El mapa de los grandes tenedores de vivienda, municipio a municipio

% de viviendas en manos de propietarios con más de 10 viviendas en cada provincia y municipio. Haz click en cada provincia para ver los datos por municipio

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Fuente: Catastro, Datos obtenidos vías ley de transparencia

Si has seguido un poco las informaciones de elDiario.es te habrás dado cuenta de que contamos con uno de los mejores equipos de Datos de los periódicos en español. Raúl Sánchez, como jefe, con Victòria Oliveres y Yuly Jara hacen un trabajo de una profundidad informativa y profesionalidad de gran calidad. Esta semana hemos publicado varios reportajes sobre los grandes tenedores de vivienda en España. Ellos han conseguido una exclusiva: En España hay más de un millón de viviendas (1.046.188) en manos de grandes tenedores. Se trata de 27.000 propietarios que poseen más de una decena de inmuebles de uso residencial, aunque 10 propietarios controlan más de 200.000 inmuebles.

Además, han conseguido localizar a los grandes propietarios y la ubicación de esos inmuebles en el mapa de España además de que se puede consultar cuántas viviendas hay en manos de grandes tenedores en cada localidad. En este enlace tienes el mapa de los grandes tenedores de más de 10 viviendas, municipio a municipio.

Por otro lado, en este trabajo periodístico se constata que el parque de vivienda pública en España es insuficiente. Según los datos del Catastro, los inmuebles en manos de administraciones, entidades y agencias públicas representan tan solo en torno al 1% del total. 257.000 unidades. Aquí te mostramos cómo los datos del catastro confirman la falta de vivienda pública en España: son solo una de cada 100.

El dato

179 millones de euros

ha sido la multa que ha impuesto el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 a un grupo de aerolíneas de bajo coste (Ryanair, Vueling, Easyjet, Norwegian y Volotea) por prácticas abusivas como cobrar por el equipaje de mano, un sobrecoste por la reserva de asientos contiguos en el caso de menores y personas dependientes, no permitir el pago en metálico en los aeropuertos o la imposición de una tasa desproporcionada por la impresión de la tarjeta de embarque. Las aerolíneas han anunciado que recurrirán la sanción ante la Audiencia Nacional para que decida sobre la legalidad de sus prácticas. Aquí tienes las claves de esta multa histórica a las aerolíneas por prácticas abusivas.

Ante la contundencia del Ministerio ante las prácticas dudosas de las compañías aéreas, decidimos entrevistar a Pablo Bustunduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Bustinduy asume que “la democracia” aún tiene que llegar a “las relaciones de consumo, atravesadas por profundísimas desigualdades de poder” y cree que el Estado tiene que tener “la capacidad de regular para impedir las lógicas de desinformación, de intoxicación y de bulos” que no son gratuitas sino “orquestadas”. Además, defiende que hay que intervenir el mercado de la vivienda, que “está actuando como una aspiradora de riqueza” y confía en tener lista en semanas la Estrategia Nacional de pobreza porque es el “principal problema que tiene este país”. Aquí tienes la entrevista al ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 que apunta: “Hay grandes empresas que se han acostumbrado a ser quienes dictan las reglas en el mercado”.

Entrepreneur

Es uno de los principales defensores del neoliberalismo más radical pero no deja escapar ni una subvención pública para sus empresas. Nuestro entrepreneur de la semana es el multimillonario profesor universitario y empresario Jesús Huerta de Soto, referente del anarcocapitalismo y gurú del presidente argentino, Javier Milei. Catedrático de una universidad pública, Rey Juan Carlos de Madrid, que utiliza como altavoz para sus teorías, Huerta de Soto preside la inmobiliaria Hispana, con un consejo de administración por el que han desfilado personas muy cercanas al dictador Francisco Franco. En este enlace te contamos cómo funciona la inmobiliaria del ultrarrico gurú español de Milei.

Cada vez que habla sube el pan

“Ahora vosotros sois los medios de comunicación. 𝕏 lo que sabes. 𝕏 lo que oyes. 𝕏 lo que ves”

Elon Musk — Propietario de la red social X

Y se puede seguir con muchas más declaraciones de uno de los hombres más ricos del planeta: “La maquinaria propagandística de los medios tradicionales ha impulsado bulos sin descanso” o “los medios tradicionales continuarán su declive”. Son palabras de Elon Musk en su carrera por atacar a los medios de comunicación que ponen en duda la carrera política de su protegido Donald Trump. La estrategia no se circunscribe solo a Estados Unidos. Se trata de una acción global. “Los medios noruegos mintieron al pueblo. Deberían registrarse en X para conocer la verdad”; “Esto está pasando debido a que demasiada gente en Alemania cree en los medios tradicionales. Deberían utilizar esta plataforma”; “Quieren que los medios tradicionales sigan engañando al pueblo de Australia, al igual que fueron engañados sobre Donald Trump”. Aquí te contamos cómo Musk centra sus esfuerzos en deslegitimar a los “medios tradicionales” mientras permite que los estafadores usurpen su identidad en X.

Bien público

La austeridad de las Administraciones Públicas siempre tiene más impacto sobre los más débiles. En 2012, el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó un paquete de recortes de la protección de paro como respuesta a la crisis financiera. Se utilizó la tijera a pesar de que el paro seguía en ascenso hacia la cima de las seis millones de personas desempleadas. No importaban los ciudadanos las débiles. Estas decisiones políticas tuvieron consecuencias. Un estudio de la Universitat Autònoma de Barcelona constata que la merma en la cuantía del paro supuso un significativo aumento de las bajas médicas, sobre todo las relacionadas con el estrés y la salud mental. En este reportaje de Laura Olías te explicamos cómo el recorte de Rajoy en la prestación de paro empeoró la salud de los desempleados con hasta el triple de bajas.

Nos gusta la competencia

En esta sección te traemos una serie de artículos de otros medios que nos han parecido interesantes:

Se acabó este boletín, el último de noviembre. Volvemos la semana que viene con muchas más informaciones económicas. Mientras nos puedes escribir a contraoferta@eldiario.es con tus propuestas o quejas.

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Vamos a ver. O sea, o sea…

Si estamos viendo cosas que recuerdan a lo peorcito del siglo pasado.

Si estamos asistiendo a genocidios televisados en directo.

Si tenemos a EEUU y sus países vasallos aplaudiendo al genocida o mirando para otro lado.

Si los neonazis están llegando al poder en media Europa (o más) tan campantes.

Si el cambio climático amenaza con acabar con la vida en gran parte del planeta.

Si cientos de millones de personas se ven obligadas a abandonar sus hogares como consecuencia del hambre, la persecución o la guerra.

Si aquí en España seguimos aguantando una monarquía impuesta por un dictador.

Si, encima, los miembros más putrefactos de la familia real se cachondean de los españoles paseando su corrupción con la desfachatez de quien se sabe impune.

Si existe todo un entramado judicial para desacreditar a líderes y lideresas de izquierdas, a imagen y semejanza de lo que ha ocurrido en otros países como Portugal o Brasil.

Si la extrema derecha está más fuerte que nunca.

Si sus mierdas sobre menores no acompañados o migrantes están teniendo más éxito que nunca gracias a sus altavoces mediáticos y a su masivo uso de las redes.

Si están consiguiendo imponer entre los jóvenes su agenda machista, racista, clasista y negacionista basada en el odio y el miedo, como buenos fascistas que son.

Si parece claro que de unas hipotéticas elecciones saldría un gobierno de derechas salvajes, valga la redundancia.

Si, por lo tanto, están en peligro los servicios públicos, los derechos y las libertades, particularmente los de las mujeres, los de los trabajadores y las trabajadoras y, en general, los de las personas más vulnerables.

Si, aquí en Castilla-La Mancha, a Page se le ha puesto la lengua azul, como a las ovejas, de tanto despotricar del gobierno de coalición y de tanto hablar como un político de derechas.

Si en nuestra región la educación sigue infrafinanciada.

Si no se han recuperado las ratios ni las horas lectivas previas a los recortes de Cospedal.

Si el personal sanitario está en pie de guerra reclamando más contrataciones.

Si aquí las mujeres no pueden interrumpir su embarazo en hospitales públicos.

Si nuestros cargos públicos siguen en plan nacionalcatólico zampándose todas las misas y procesiones que pillan en nombre de todos los castellanomanchegos y castellanomanchegas.

Si la derecha y la extrema derecha regionales parecen sacados de La escopeta nacional.

Si una victoria suya supondría convertir Castilla-La Mancha en un territorio esperpéntico de señoritos, toreros y señoronas con peineta como doña Finiquito.

Si sabemos todo eso y mucho más que no cabe en este modesto artículo, entonces, ¿por qué los responsables de las organizaciones de izquierdas no anteponen el interés colectivo al de sus pequeñas tribus y al de sus grandes egos, dejan ya de una puñetera vez de pelearse como niñatos en un patio de un colegio, se sientan a dialogar sin prejuicios ni victimismos ni paranoias, consensúan un programa electoral transformador verde, rojo y violeta e implementan un procedimiento de trabajo democrático, horizontal y participativo en el que todos y todas, provengan de donde provengan, puedan sentirse cómodos y útiles, de modo que surja un nuevo sujeto político que nos permita reavivar la poca ilusión que nos queda y mantener la esperanza en un mundo mejor, entre otras cosas porque si perdemos esa mínima esperanza estamos muertos?

* El Colectivo Puente Madera está formado por Esteban Ortiz, Eva Ramírez, Elías Rovira y Javier Sánchez. 

Galicia es una de las tres comunidades autónomas -junto a Castilla y León y Aragón- que durante los últimos cuatro años “hizo caja” al recortar en la atención a los dependientes mientras el Gobierno aumentaba el presupuesto que les transfería a través del Plan de Choque (2020-2023) que siguió a la pandemia. Es lo que afirma un estudio elaborado por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales que considera “especialmente sangrantes los recortes” gallegos, ya que no sólo es el territorio que menos invierte por persona, 1.073 euros frente a los 1.825 de promedio; también es el que tiene el menor porcentaje de casos atendidos sobre la población potencialmente dependiente (16%), siete puntos por debajo de la media estatal.

El estudio, recogido por Europa Press, indica que, en ese período, el ejecutivo central aumentó su aportación para la Dependencia en un 138 por ciento frente al 9 por ciento del incremento de las autonomías. Así, en 2023, la inversión pública en Atención a la Dependencia ascendió a 11.522 millones de euros: 8.230 millones por parte de las comunidades autónomas (71%), y 3.292 por parte del Gobierno central (29%) y constata una “acusada desigualdad territorial”, donde las comunidades que más invierten en dependencia por persona potencialmente dependiente y año son País Vasco (2.848 euros), Extremadura (2.599 euros) y Navarra (2.413 euros). En Baleares, la inversión es de 2.031 euros; La Rioja, 2.116 euros; CyL, 1.967 euros; Madrid, 1.921 euros; Andalucía, 1.888 euros; Castilla-La Mancha, 1.876 euros y Comunidad Valenciana, 1.825 euros.

Por debajo de la media de los 1.825 euros se encuentran Cantabria con 1.700 euros; Cataluña, con 1.649 euros; Asturias, con 1.604 euros; Aragón, con 1.536 euros; Murcia, con 1.504 euros; Canarias, con 1.248 euros y Galicia, a la cola, con 1.073 euros.

Según se desprende del informe, el peso relativo de la financiación autonómica frente a la estatal entre el periodo comprendido de 2015 a 2020 presentaba una tendencia alcista que se rompió en 2021, “cuando el incremento en la financiación aportada por el Estado mediante el plan de choque es utilizado por algunas comunidades para retirar parte de su financiación”. Así, el peso de las comunidades en la financiación cayó un 13% entre 2021 y 2023, mientras la Administración General “refuerza la financiación del sistema”. Estos recortes en la aportación en algunas CC.AA. “han limitado la capacidad de impacto de los fondos provenientes del plan de choque”, según la entidad.

En cuanto a las comunidades que mayor porcentaje destinan de sus propios presupuestos a la Atención a la Dependencia son País Vasco (83,9%); Navarra (80,8%) y Extremadura (78,2%). Mientras la media de financiación autonómica desciende hasta el 71% para el conjunto de España, CCAA como son La Rioja (59%), Galicia (59,3%), Andalucía (62,3%) y Castila y León (63,2%) se mantienen alejados de esta cifra.

“Cada 15 minutos muere una persona esperando prestaciones”

Ante estos datos, la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales ha puesto el foco, coincidiendo con la mayoría de edad de la ley de Dependencia, en el “incumplimiento de las Administraciones Públicas que han convertido derechos subjetivos en derechos efímeros y de papel”.

“Se trata de una política de interés de la ciudadanía, ya que en un importante porcentaje forma parte del ciclo natural de la vida, y muchas personas acabaremos estando en situación de dependencia”, argumentan, al tiempo que recuerdan que actualmente 292.792 personas están en las listas de espera y que cada 15 minutos fallece una persona en el laberinto burocrático de la Ley.

“Desgraciadamente, a las 45.360 personas que fallecieron el pasado año, los presupuestos no les llegaron a tiempo”, ha denunciado la entidad.

Motosierra en mano, el ultraderechista Javier Milei continúa con su plan de llegar a los 75 mil despidos en el Estado argentino. Con la última ola de no renovación de contratos a fines de junio, ya suman 25 mil los trabajadores públicos despedidos. Esto impacta de lleno en políticas clave, por ejemplo, contra la violencia machista, como demostró el caso reciente de un femicidio en la provincia de Tucumán de una víctima que esperaba atención. 

En el ex Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad 490 empleados han sido desvinculados desde diciembre y se ha frenado el presupuesto en programas cruciales. El Programa Acompañar, que fue creado para dar apoyo económico, legal y psicológico a las víctimas de violencia de género, ha quedado diezmado, ya que echaron al 50% de las personas que trabajaban ahí. El plan otorga un subsidio equivalente al salario mínimo durante seis meses y es renovable. 

Nadin Smith, delegada de la junta del extinto ministerio señala a elDiario.es su preocupación: “El Programa Acompañar quedó frenado, beneficiaba a casi 400 mil mujeres y diversidades en situación de violencia. Hace un mes, hubo un caso de femicidio en Tucumán de una mujer que no recibió dicho subsidio para poder irse del hogar. El nombre no lo doy por motivos de confidencialidad”.

El Ministerio de Justicia absorbió las funciones y objetivos el otrora ministerio creado durante el gobierno peronista de centroizquierda de Alberto Fernández. El actual titular de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, confirmó la noticia en X, el antiguo Twitter: “Hemos despedido al 85% de los empleados del ex Ministerio de la Mujer. Los restantes pasarán a cumplir funciones dentro de la órbita de la Dirección de Protección a la Familia, y asistirán a TODOS los argentinos que atraviesen una situación de violencia y riesgo”.

Cúneo Libarona demuestra ser un buen discípulo de Milei, quien en plena campaña electoral había prometido: “¡Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, afuera!”. Un video que se hizo viral. 

Persona trans, ingeniera en sistemas y ahora desocupada

El ministro de Justicia ha aclarado que la línea telefónica 144, que atendía 340 llamadas diarias para asistir a las víctimas de violencia de género, seguirá funcionando en todo el país. 

Al respecto, Smith se permite disentir: “En la línea gratuita 144, que trabaja 24 horas por siete días, eran 140 empleados entre abogadas, trabajadoras sociales y psicólogas y quedaron 70, entonces no se puede cumplir con la enorme demanda. Queda siempre una pata menos en el equipo interdisciplinario”. 

El testimonio de Romina Guadagnini es emblemático. Es una persona trans que entró a trabajar hace cuatro años en el Ministerio de las Mujeres, géneros y diversidad encargada de la parte tecnológica en la línea 144. “Cuando entré había todo por hacer en la línea, armé la base de datos y estadísticas. En los días más duros, en 2020, hubo 1000 llamadas por día en todo el país”, afirma a elDiario.es Guadagnini, ingeniera en sistemas y quien fue despedida por este gobierno. “Entré por el cupo trans. No quedó ninguna persona trans en el área. Es una pesadilla que la actual gestión de gobierno incumpla los convenios internacionales”, cuenta.

Guadagnini hoy es desocupada y no vislumbra un horizonte mejor en medio de una fuerte recesión. “Ya tengo 53 años, la subsistencia para nosotras, las mujeres trans es muy complicada. Vivo en una habitación en una pensión [hotel familiar], soy sola. La persona que queda en la calle va camino a la pobreza extrema. El 90% de las personas travestis trans en Argentina está por debajo de la línea de la pobreza”.

El Programa de Fortalecimiento del Acceso a Derechos Para Personas Travestis, Transexuales y Transgénero es un subsidio equivalente al salario mínimo durante cuatro meses. Según Smith, esos expedientes han quedado sin pagar; se cobra ese subsidio como reparación histórica para un colectivo al que le ha resultado más difícil la inserción laboral. La falta de estudios completos y apoyo en las familias, más la discriminación laboral, ha llevado a que personas travestis y trans vean a la prostitución como única forma de subsistencia. En ese contexto, Argentina se aprobó en 2021 la Ley de Promoción del Acceso al Empleo Formal para Personas Travestis, Transexuales y Transgénero.

A todo esto se suma la casi disolución del Programa para el Apoyo Urgente y la Asistencia Integral para familiares de víctimas de femicidio, en el que quedaron trabajando solo dos personas en todo el país. En lo que va del año, 151 hijos e hijas quedaron sin madre. Según datos del Observatorio de Femicidios en Argentina “Adriana Marisel Zambrano” que dirige La Casa del Encuentro, se registraron 136 femicidios, 3 lesbicidios, 1 trans-travesticidio y 11 femicidios vinculados. En 2023 hubo 250 femicidios en el país, según datos de la Corte Suprema de Justicia. 

La mayoría de los despidos del Estado fueron en el mencionado exministerio, en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), la Secretaría de Derechos Humanos y el Hospital Posadas. 

El gobierno planea despedir en total a 75.000 trabajadores y trabajadoras como parte del ajuste drástico del gasto público. Sin embargo, no todo se mide con la misma vara. El Estado argentino gastó más de 650 millones de pesos (unos 650 mil euros) en las giras al exterior de Milei y sus comitivas, que incluyeron la convención de Vox en Madrid en mayo pasado.

Patricia Daniela Calarco Arredondo lleva casi un mes detenida por protestar contra la aprobación de la Ley Bases en Argentina. Ella y tres hombres continúan presos desde el 12 de junio cuando 33 personas fueron detenidas tras la masiva manifestación afuera del Congreso contra una ley que desguaza el Estado. Calarco Arredondo tiene 39 años y es activista social del Movimiento Teresa Rodríguez (MTR). 

“Daniela tenía en la mochila la pechera de nuestro movimiento social y el pañuelo verde. Es clara la persecución. En la causa ponen como disvalor su militancia”, señala a elDiario.es Emilia Manazza, su pareja desde hace seis años. “Yo estuve a su lado cuando desconcentrábamos en medio de los gases lacrimógenos. Un policía de civil la detuvo en la Avenida 9 de julio y Chile. Salieron a cazar a más de diez cuadras del Congreso. Después de dos días en una comisaría en Chacarita, la trasladaron al penal de Ezeiza”.

“Resoluciones políticas”

Daniel Vázquez, abogado de Calarco afirma que “las resoluciones de la justicia son políticas”. El letrado de la Red Federal por la Democracia señala a elDiario.es que “el argumento del fiscal Carlos Stornelli siguió el guion de Javier Milei según el cual se iba a imputar como sedicioso o terrorista a cualquiera que se movilizara contra la Ley Bases. Stornelli planteó la misma línea argumental que el Ejecutivo en el sumario de la indagatoria”.

Fueron 33 las personas detenidas el 12 de junio en lo que organismos defensores de derechos humanos describieron como una cacería policial. Las fuerzas federales intervinieron en una manifestación de más de cien mil personas. Detuvieron a voleo a vendedores ambulantes, estudiantes y personas en situación de calle. No hubo ningún detenido por el incendio de la unidad móvil de Cadena 3, una radio afín al gobierno localizada en la provincia de Córdoba. El presidente Javier Milei felicitó a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich por la actuación policial contra organizaciones que denominó terroristas.

El fiscal Stornelli enumeró un sinfín de delitos —desde lesiones hasta delitos contra los Poderes Públicos y el Orden Constitucional, en sintonía con el relato gubernamental de un intento de golpe de Estado—, con el objetivo de que todos queden en prisión preventiva. De los 33, 28 obtuvieron la falta de mérito de la jueza federal María Servini de Cubría.

El pasado jueves, la Cámara Federal decidió la liberación de Facundo Gómez y la no excarcelación de Daniela Calarco, Cristian Fernando Valiente, David Sica y Roberto de la Cruz Gómez. Ninguno de los cuatro están acusados por el incendio del vehículo de Cadena 3 que acaparó la atención mediática y sirvió como punta de lanza para que el gobierno ultraderechista rechace la protesta frente al Congreso. La Cámara Federal aún no se pronunció sobre el procesamiento ordenado por la jueza Servini de Cubría. 

Daniela Calarco fue procesada el 18 de junio con prisión preventiva por los delitos de intimidación pública, incendio y daño agravado. Se le imputa haber quemado bicicletas del Gobierno de la Ciudad. 

“A Daniela le imputan intimidación pública y resistencia a la autoridad. Planteamos que no ha habido delito consumado según el Código Penal. Dimos como prueba el video del canal de noticias TN: se ve que ella no prende fuego a nada. El hecho no se consumó”, afirma su abogado Vázquez. Y agrega: “Tenemos que presentar un recurso de apelación ante la Cámara de Apelaciones de Casación, ya que el jueves pasado nos notificaron que no la dejaron libre porque Daniela podría entorpecer la investigación penal por estar en libertad. Hay una intención de generar temor a movilizarse. El Estado eligió de enemigos a los pobres, a los jubilados, a los desocupados”.

Calarco está actualmente sin trabajo: en marzo la despidieron del exMinisterio de Desarrollo Social fusionado con otras carteras dentro del nuevo Ministerio de Capital Humano. Ha habido miles de despedidos estatales.

Su novia Emilia dice que no hay razón para que no los liberen. “Dicen que es porque entorpecerían la investigación. David Sica es un hombre en situación de calle. ¿Cómo entorpecería la investigación?”.

Presos por protestar

El abogado Vázquez explica que a los cuatro se les dio prisión preventiva hasta que termine la investigación. “Los hombres sufrieron apremios, les arrojaron gas pimienta y los hicieron desnudar; los cachetearon en las caras preguntándoles a qué organización pertenecían. A Daniela la amenazaron con pasarla a un pabellón común. Los elementos de prueba son cámaras de seguridad de la ciudad, o sea, del Estado. No hay ningún elemento que Daniela pudiera entorpecer estando libre. La defensa oficial de los tres hombres y nosotros decimos que se violan los tratados internacionales al mantenerlos presos. Exigimos la libertad y el cierre de las causas. Ya juntamos 78 mil firmas de apoyo solidario”.

El fin de semana pudo entrar al penal de Ezeiza la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos (APDH), después de tres semanas de dilaciones. Este viernes, cuando se cumple un mes de las detenciones, habrá un acto en Plaza de Mayo a partir de las 15 horas de Argentina organizado por los movimientos sociales para reclamar la libertad de los cuatro detenidos y en contra de la criminalización de la protesta.

La reducción de ratios en el aula, la disminución de la burocracia, el aumento de horas complementarias, el acceso al cobro de verano a interinos y el fin de los recortes estructurales son las principales demandas del profesorado de Castilla-La Mancha.

Y para reivindicarlas, los sindicatos STE, CCOO y CSIF han anunciado una manifestación en Toledo que se realizará el próximo 18 de mayo, “en defensa de una educación pública de calidad”.

La manifestación tendrá lugar a partir de las 12 horas, arrancará en la Plaza de Zocodover y finalizará en el Palacio de Fuensalida. Además, los sindicatos convocantes han anunciado una serie de acciones que les permitirán a los interesados asistir a la concentración en transporte público y de forma totalmente gratuita.

Autobuses gratuitos

“Vamos a ofrecer autobuses gratuitos que saldrán de las distintas provincias, la idea es darle todas las facilidades posibles a un colectivo que hace mucho tiempo que está harto y que está decidido a que se le escuche”, han explicado los representantes sindicales durante la rueda de prensa.

En esta línea, los autobuses tendrán un horario y lugar de salida determinados: Albacete y Villarrobledo; Ciudad Real, Puertollano, Tomelloso y Alcázar de San Juan; Cuenca y Tarancón, así como Guadalajara y Azuqueca; y Talavera de la Reina.

Después de la manifestación, se prevé que la salida hacia Guadalajara y Azuqueca sea a las 16:00 horas y la del resto de localidades a las 18:00 horas.

Actividades de información

Los sindicatos STE-CLM, CSIF y CCOO van a visitar, además, “todos los centros educativos de Castilla-La Mancha” para difundir toda la información sobre la concentración del 18 de mayo.

“La idea es que el personal docente pueda contarnos sus principales necesidades. Somos conscientes del tiempo y la carga que implica la preparación de clases, la elaboración de materiales didácticos, la corrección, la adaptación de la enseñanza para promover la inclusión educativa o la elaboración de informes, pero queremos escuchar todas las voces posibles y darles la máxima visibilidad”, se ha explicado durante la rueda de prensa.

Concentraciones por la reversión de los recortes en cada provincia

El personal de algunos centros educativos como el IES Al-Basit en Albacete, el IES Juan de Ávila en Ciudad Real y el IES Brianda de Mendoza en Guadalajara ya se han concentrado para expresar su posición a favor de revertir los recortes. Además, tal y como se ha detallado en la comparecencia, esta práctica se va a prolongar hasta el 18 de mayo en las provincias restantes.

“Será ese día el que marque un punto de inflexión, vamos a llegar a mucha gente, de forma que el gobierno regional no va a tener más remedio que escucharnos. Se trata de revertir de una vez los recortes en Educación que tanto han afectado la calidad educativa en Castilla-La Mancha”, han concluido loas organizaciones.

Propuestas concretas

Respecto a esas demandas de los profesores antes destacadas, estas organizaciones sindicales también han aprovechado esta comparecencia pública para poner sobre la mesa propuestas concretas.

Respecto a carga lectiva, se ha reclamado una bajada a 18 y 23 horas en Enseñanzas Medias y Maestros respectivamente; se ha demandado una ratio máxima de 15 alumnos en infantil, 20 en primaria y secundaria, 25 en bachillerato, y 12 en Formación Profesional; y se ha pedido una reducción de la carga lectiva de dos horas para los mayores de 55 años.

Por último, se han relacionado todos estos reclamos con la “amenaza” que le está suponiendo a la escuela pública la caída de la natalidad. “Esta situación choca con el aumento del presupuesto destinado para la concertada, que además está blindada para los próximos 6 años”, han explicado, tras señalar que esta ya ha alcanzado “un 15% en Castilla-La Mancha”. “Se trata de una tendencia inexplicable, teniendo en cuenta los recortes que tiene que afrontar el modelo público”.

Unas 2.500 personas se han manifestado este domingo en el centro de Barcelona a favor de la sanidad pública, según cifras de la Guardia Urbana. Coincidiendo con la celebración del Día Mundial de la Salud, la Marea Blanca y la Marea Pensionista han impulsado la protesta, que ha arrancado en plaza Urquinaona hasta desembocar en la plaza Sant Jaume, bajando por la Via Laietana.

Los manifestantes han reivindicado el derecho a la salud y a la sanidad pública y han exigido medidas contra las listas de espera excesivas y la “privatización” de la sanidad. Entre otras consignas, han reclamado también más recursos para la atención primaria y la asistencia de la salud mental, así como unas condiciones laborales dignas para los profesionales sanitarios.

“O la ciudadanía se pone en pie y entiende que la salud es un derecho o nos quedaremos sin sistema”, ha dicho en declaraciones a los medios Toni Barberà, médico jubilado y uno de los portavoces de la Marea Blanca. Barberà ha recordado que “si no hay salud no hay vida” y ha cargado contra la “liquidación” del sistema sanitario, prometiendo seguir luchando “hasta la extenuación” en contra de las “privatizaciones” y “mercantilizaciones”.

Conchita Ribera, portavoz de la Marea Pensionista, ha denunciado la “degradación” de la sanidad pública y las largas listas de espera para algunas intervenciones o visitas con el médico de cabecera. “No podemos soportarlo”, ha aseverado.

“Precarización” del sistema y reclamaciones

El manifiesto unitario, que han leído en la plaza Sant Jaume, denuncia la “precarización” de la sanidad pública, que “atenta” contra el derecho a la salud, “desprecia” a los profesionales y beneficia intereses privados.

Ante esto, los movimientos sociales exigen más recursos para la Atención Primaria y denuncian que las listas de espera son “excesivas”, tanto en primaria como en la hospitalaria. Además, piden más recursos para la salud mental, para la detección precoz y la atención integral y transversal en cada etapa de la vida en todos los ámbitos de la atención asistencial.

Por otra parte, reclaman acabar con los contratos y convenios privados y detener las “privatizaciones” y remarcan que “la salud no es un negocio”. Por último, el manifiesto también pone el foco en las condiciones laborales. El sistema actual, denuncian, abusa de la temporalidad en la que se encuentran gran parte de las trabajadoras y establece diferencias “injustas” entre el personal sanitario. Por eso, hacen un llamamiento a dimensionar las plantillas y establecer condiciones de estabilidad laboral.

La salud entra en precampaña

En declaraciones a los medios antes del inicio de la manifestación Javier Pacheco, secretario general de CCOO, también ha pedido “recursos suficientes” para que el sistema no se privatice ni regresen los recortes. Pacheco ha hecho un llamamiento para que los partidos políticos tengan la salud en el centro de sus prioridades ahora que se acerca la campaña electoral.

La candidata de la CUP el 12-M, Laia Estrada, ha justificado su presencia en la manifestación para recalcar que “la sanidad se está convirtiendo en un privilegio” en Catalunya. “Quien puede permitírselo se puede saltar las listas de espera contratando mutuas privadas, lo que significa que la sanidad ha dejar de ser un derecho para ser un privilegio”, ha insistido Estrada, que ha hablado de una “situación crítica ” en la sanidad pública catalana. “

La candidata de Comuns Sumar, Jéssica Albiach, ha defendido que la sanidad pública “se blinda y no se recorta”, como ha dicho que hace ERC con la concentración pediátrica o la no renovación del contrato de 200 eventuales profesionales del Valle de Hebrón. En esta línea, ha pedido que haya pediatras en cada pueblo y más psicólogos públicos en la sanidad, así como el acceso a un dentista público.