El ciclo electoral que se iniciará en 2027 no augura buenos resultados para Junts, que se hunde tanto en Catalunya como en Barcelona, tal como pronostican tanto el CEO como el Barómetro municipal, que se ha hecho público este viernes. En la capital catalana, los de Puigdemont se desploman y pasarían de ganar las elecciones a ser la última fuerza de derechas, por detrás de Aliança, Vox y PP en intención de voto.

Según el sondeo, Junts sucumbe a Aliança Catalana, formación que podría entrar con fuerza en el Ayuntamiento barcelonés, donde llegaría a escalar hasta la tercera posición. Así, Junts quedaría relegado a la penúltima fuerza, sólo por delante de la CUP, culminando una debacle de votos en Barcelona que se empezó a fraguar después de las elecciones de 2023.

Ahora bien, conviene tener en cuenta que esta encuesta recoge intención directa de voto, no una estimación, como sí hacen otros sondeos como el CIS o el CEO. Es decir, refleja lo que los encuestados responden cuando se les pregunta qué votarían si hoy hubiera elecciones. La estimación de voto, en cambio, es un cálculo elaborado que corrige esas respuestas mediante distintos modelos estadísticos.

Por eso, la intención de voto debe leerse como una fotografía de las respuestas, no como una proyección del resultado electoral. Para entender la importancia de tener en cuenta la diferencia entre ambas modalidades sólo hace falta fijarse en el número de encuestados que aseguran que se abstendrán (menos del 10%), frente al 43,2% que finalmente no votó en las elecciones de 2023.

Aun así, este sondeo sí sirve para constatar el descenso de Junts, que podría llegar a perder el 80,75% de los votos y cosecharía los peores resultados de su historia (contando tanto CiU como Junts). La bajada en intención de voto a este partido se ha sostenido en el tiempo desde las pasadas elecciones. De hecho, su popularidad -que ya estaba en horas bajas antes de los comicios- subió exponencialmente en el momento en que se supo que el exalcalde Trias se presentaría a la reelección y bajó de la misma manera después de que Collboni le arrebatara la alcaldía.

Que la popularidad de Junts en Barcelona vaya tanto de la mano de Trias constata que el votante juntaire en la capital se guía más por el eje ideológico que por el nacionalista. En los últimos 10 años, el partido sólo ha cosechado buenos resultados cuando el cabeza de lista ha sido el exalcalde y, por eso, no es de extrañar que la militancia de Junts en Barcelona haya apostado por Jordi Martí Galbis para sustituirle.

Se trata del hijo político de Trias, que competía con candidatos más afines a Puigdemont que a la herencia convergent. Cabe destacar que esta edición del barómetro municipal fue realizada antes de las primarias, con lo que el efecto Galbis todavía no se puede leer. Se deberá esperar hasta la segunda ola de la encuesta, en diciembre de 2026, y que será la última antes de las elecciones municipales.

El PSC revalida y crece en intención

Junts no es el único partido de derecha que sale mal parado de este barómetro. Si los postconvergents pierden casi un punto, el partido xenófobo de Sílvia Orriols se deja seis décimas respecto al último sondeo. Por contra, crecen PP y Vox, lo que hace que el apoyo al bloque de la derecha se mantenga prácticamente intacto. En cambio, crece el apoyo a las formaciones de derecha en 3 puntos (gracias al descenso de los encuestados que declaran que se abstendrán).

Según la intención de voto, el PSC revalidaría la alcaldía y crecería 1 punto respecto a los comicios. Pero el gran beneficiado sería ERC, que se consolidaría en segunda posición, creciendo 4,3 puntos respecto a las elecciones y 3,3 desde el último barómetro. Todo ello, en contraste a los Comuns, que podrían llegar a perder el 60,5% de los apoyos (casi un 15% más de lo que auguraba el último barómetro).

Estos resultados complicarían la gobernabilidad de un posible segundo mandato de Collboni. Para el primero necesitó sumar el apoyo del PP al de ERC y Comuns para poder arrebatar la alcaldía a Trias. Pero, de cumplirse las previsiones del barómetro, aun sumando al popular Daniel Sirera (quien ya ha dicho que no repetirá la maniobra), el socialista tendría menos fuerza que en 2023.

Así, Collboni se enfrentaría a un segundo mandato en una minoría todavía más clara que la de esta legislatura, durante la cual todavía no ha sido capaz de aprobar presupuestos por la vía ordinaria.

La vivienda se mantiene como principal preocupación

El barómetro municipal también pregunta a la ciudadanía cuál es su principal preocupación y en esta edición la vivienda se consolida como el mayor dolor de cabeza de los barceloneses. Este asunto arrebató en junio de 2025 la primera posición a la inseguridad, que llevaba liderando el ránking desde 2018.

La crisis habitacional preocupa ahora al 31% de la ciudadanía (casi 3 puntos menos que en la última encuesta). La inseguridad, por su lado, se mantiene en segunda posición, aumenta y pasa del 25,2 al 26,3. En cambio, el tercer puesto pasa a ser para la inmigración, que se intercambia el quinto puesto con la limpieza.

Con todo, también destacan las preguntas que ha hecho el Ayuntamiento relativas a diversas políticas públicas. Por un lado, destaca que casi el 80% de los barceloneses se muestra a favor de prohibir los pisos turísticos y regular el precio del alquiler de los locales comerciales. También se apunta a que crece el apoyo a limitar el nombre de cruceros que hacen escala en Barcelona, una cuestión que cosecha el apoyo del 64,4% de los encuestados.

Una grabación incorporada hace más de cuatro años al sumario del caso Tándem —nunca reproducida durante la celebración del juicio por la Operación Kitchen y nunca investigada hasta ahora— acredita cómo el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, planificó acciones policiales de guerra sucia contra los adversarios del PP.  La conjura, pagada con fondos reservados, incluía a jueces y fiscales con los que supuestamente se había hablado previamente para garantizar el éxito en los juzgados de esa operación política y policial contra dirigentes independentistas catalanes.

La Operación Kitchen que ahora se juzga comenzó en 2014 con una serie de maniobras policiales a espaldas del juez para espiar a la familia del extesorero Luis Bárcenas. El objetivo de los policías, que usaron como confidente y topo al chófer de la familia, era robar documentación sobre la financiación ilegal del PP. La Audiencia Nacional condenó a esta formación política en 2021 por pagar parte de las obras de su sede nacional con dinero negro procedente de donaciones ilegales de empresarios.

Fernández Díaz se ha defendido en el juicio de la Operación Kitchen declarando que desconocía la existencia de esas maniobras policiales y negando que hubiera enviado a Francisco Martínez varios mensajes telefónicos interesándose por el chófer de la familia Bárcenas al que se habría captado como confidente o topo para la operación ilegal de espionaje. Por su parte, Martínez levantó acta notarial de esos mensajes, pero el juez no pudo contrastarlos con el teléfono móvil del ministro del Interior porque este había cambiado de aparato y no conservaba los mensajes con su número dos en el ministerio. El exministro niega veracidad a los mensajes de su subordinado y asegura que nunca conoció las operaciones ilegales de los comisarios de policía que estaban a su cargo.

Sin embargo, la grabación de 2012 que sigue sin investigar acredita el protagonismo de Fernández Díaz en las operaciones de la policía política que trabajó durante su etapa como ministro.

La grabación sobre lo que ahora se conoce como Operación Cataluña recoge una cita en diciembre de 2012 del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, con su jefe de gabinete, Francisco Martínez (después nombrado secretario de Estado de Seguridad); el director adjunto operativo de la Policía, Eugenio Pino; y el comisario José Manuel Villarejo. El ministro planifica allí junto a sus colaboradores varias operaciones policiales encaminadas a denunciar por corrupción al expresidente catalán Jordi Pujol y a su sucesor, el entonces presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas.  

Durante esa reunión, fechada el 16 de diciembre de 2012, Fernández Díaz impone el secretismo y advierte a los comisarios de que negará “incluso bajo tortura” que esa cita se produjo, y que él no sabe “nada de nada” de lo que ahí se habló. El entonces ministro del Interior apremia en ese encuentro a Villarejo para que tenga todo listo y presentar cuanto antes en la Audiencia Nacional las denuncias contra Jordi Pujol y Artur Mas.

El comisario Villarejo explica que ha hablado con dos jueces instructores de la Audiencia Nacional —Fernando Andreu y el decano, Santiago Pedraz— para lograr que la denuncia prospere. El ministro Fernández Díaz pregunta si se ha hecho lo mismo con la fiscalía y Villarejo responde que lo han hecho “con Javier Zaragoza [entonces fiscal jefe de la Audiencia Nacional], pero muy sutilmente”. Es entonces cuando el ministro Jorge Fernández le tranquiliza: “Se ha hablado con el fiscal general [Eduardo Torres Dulce], ¿eh?”. Y el comisario contesta: “Pues eso es importante. De alguna manera, que estén todos…”.

Lo que sigue resume el contenido de la reunión en el Ministerio del Interior para planificar acciones contra los principales dirigentes independentistas catalanes:

Jorge Fernández Díaz: ¿Hoy podría ser la cosa?

José Manuel Villarejo: Yo he estado el fin de semana, le estaba contando a su jefe de gabinete y al DAO… Yo he estado el fin de semana, he cenado con Fernando Andreu, el juez, y luego he hablado con Santiago Pedraz, con el decano, y ellos a su vez han tocado a otros y están, de alguna manera, dispuestos a que se presente la denuncia adecuada y ahora nos hace falta la declaración de la antigua amante [de Jordi Pujol Ferrusola, hijo del expresidente catalán], centrando los temas...

Fernández: ¿Y eso cómo va a ir?

Villarejo: Pues en principio va bien, yo he hablado esta mañana con ella, a las diez y pico, antes de ver al DAO y la chica está motivada.

Fernández: Para vuestra información, está reunión no ha existido…

Villarejo: No ha existido, por supuesto.

Fernández: ¿Está claro?

Villarejo: Está claro.

Fernández: El ministro no sabe nada del tema, ¿eh? (…) Esta reunión no ha existido. Y a partir de aquí, estamos dispuestos a judicializar, en la Audiencia Nacional...

Villarejo: Yo creo que sí, a las doce y media hemos quedado con el jefe de la UDEF, con todos los datos…

Fernández: Que es de absoluta confianza, ¿no?

Villarejo: A mí me parece un hombre (…)

Fernández: Repito que está claro que el ministro no sabe nada, está claro, ¿verdad? Digo esto porque sé que estoy hablando con servidores del Estado. Por eso, yo negaré, incluso bajo tortura, que esta reunión ha existido. Dicho esto, tenemos dos denuncias para la plaza de Castilla, que podría ser la segunda considerada como ampliatoria de la primera, junto con un informe de UDEF, ¿no? Y si se uniera la de esta señora, sería el paquete que iría, ¿es así?

Villarejo: Junto con otra serie de informaciones, anónimos, notas informativas, datos recogidos… todo eso se puede completamente estructurar en el mismo informe de avance.

Fernández: Y eso se podría presentar hoy…

Villarejo: Yo creo que sí… se podría presentar esta tarde.

Fernández: A mí me gustaría que se presentara hoy (...) En todo caso, en todo caso, aquí la cuestión es ver en la Audiencia nacional y en Plaza de Castilla para ver si…

Villarejo: Materia hay para la Audiencia Nacional y predisposición hay porque yo hablé en la Audiencia Nacional, con el decano, Santiago Pedraz, y me dijo no te preocupes que en todo caso, si no cae a uno de los cuatro que ya están tocados abiertamente, lo que le voy a pedir a quien le caiga en reparto que será en 10 o 15 días, cuando ya le adjudique a uno, es que antes de hacer nada por favor que hable con vosotros. Y dice, yo, obviamente, estaré en esa reunión, ira el de la UDEF…

Fernández: ¿Y la Fiscalía?

Villarejo: No está muy… Se le ha tocado, a Javier Zaragoza, pero muy sutilmente.  

Fernández: Con el fiscal general del Estado se ha hablado, ¿eh?…

Villarejo: Pues eso es lo importante, de alguna manera que estén todos. Pero si me permite, ministro, lo que está claro es que hay materia para la Audiencia Nacional con los datos que hay, con las cuentas...

Fernández: Pero esa no toca a Artur Mas.

Villarejo: No toca, no toca, entendemos que es un error.

Esta conversación en la que el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, asume la dirección política de la conocida como Operación Cataluña fue la primera de la que existe una grabación, pero no es la única. En octubre de 2014, Fernández Díaz se reunió en su despacho con el director de la Oficina Antifraude de Catalunya, Daniel de Alfonso, para hablar de nuevas corruptelas que afectaban a dirigentes independentistas catalanes y planificar la posibilidad de filtrar esas informaciones antes de la consulta del 9-N. La conversación fue grabada con el conocimiento y la autorización del propio ministro.

Ese mismo mes de octubre, Fernández Díaz filtró a El Mundo, según su secretario de Estado, Francisco Martínez, la información sobre una cuenta falsa de Xavier Trías, entonces alcalde de Barcelona, en Suiza.

El caso Pujol, pendiente de sentencia

Las denuncias contra Jordi Pujol por sus cuentas en Andorra, a raíz de las confidencias de quien fue la pareja sentimental del hijo mayor del presidente catalán, se judicializaron e investigaron en la Audiencia Nacional. Los magistrados Pablo Ruz y José de la Mata instruyeron la causa y llevaron a juicio a toda la familia Pujol. El caso está pendiente de sentencia.

El exministro del Interior, Jorge Fernández, expresó en la reunión con Villarejo su contrariedad por el hecho de que el juez de guardia al que le podría corresponder la tramitación de las denuncias contra Pujol y Mas fuera Pablo Ruz. El Consejo General del Poder Judicial, de mayoría conservadora, optó mucho tiempo después, en marzo de 2015, por no prorrogar más tiempo la comisión de servicios de Ruz al frente del juzgado encargado de instruir el caso Gürtel. Las denuncias contra Artur Mas quedaron en nada porque todas las corruptelas económicas que se le atribuían en los informes apócrifos de la policía se demostraron falsas.

El juez Santiago Pedraz, citado por Villarejo en su conversación con el ministro Jorge Fernández Díaz, investiga desde hace más de dos años con escasos avances y algún retroceso una de las operaciones ilegales de la policía política que acumula más pruebas: el espionaje a dirigentes de Podemos. La Audiencia Nacional también mantiene en el limbo la pieza 34 del caso Villarejo, donde acumulan decenas de grabaciones del comisario donde se da cuenta de múltiples operaciones ilegales contra los adversarios políticos del PP.

La carrera hacia la alcaldía de Barcelona ya tiene a sus contendientes en el puesto de salida. Un año antes de las elecciones municipales, que se celebrarán el 23 de mayo de 2027, prácticamente todos los partidos han confirmado a sus aspirantes a ocupar el puesto que hoy ostenta el socialista Jaume Collboni. 

El actual alcalde, que aspira a un segundo mandato —y al cuarto como edil del Ayuntamiento—, parte como favorito en una contienda en la que todos sus principales rivales se estrenan como cabezas de cartel. Gerardo Pisarello, por los Comuns, busca llenar el vacío de Ada Colau, un reto no menos complicado que el de Jordi Martí Galbís, sucesor de otro exalcalde, Xavier Trias, que llevó a Junts a la victoria en 2023. 

Una de las que lleva más tiempo labrándose su perfil de alcaldable es Elisenda Alamany, de ERC, concretamente desde que sustituyó a Ernest Maragall al frente de los republicanos en 2023. Por parte del PP, aunque no está confirmado oficialmente, se da por sentado que repetirá Daniel Sirera. 

En las filas de la extrema derecha, falta por ver si Vox buscará una alternativa a Gonzalo de Oro-Pulido, con quien irrumpieron por primera vez en el consistorio. Son los únicos que no se han decidido todavía, después de que la otra formación ultra, la xenófoba Aliança Catalana, anunciara este viernes que su candidato es Jordi Aragonès. 

Collboni, a por su segundo mandato

Jaume Collboni afronta el tramo final de su primer mandato como alcalde convencido de que puede ganar por primera vez las elecciones, una victoria electoral que el PSC no celebra en Barcelona desde 2007. El concejal socialista logró finalmente la vara en 2023 en sus cuartos comicios como aspirante socialista, con el voto decisivo e in extremis —anunciado el mismo día de la investidura— de los Comuns y el PP. 

La falta de una mayoría clara ha marcado el mandato de Collboni, que no ha podido sacar adelante ningún presupuesto municipal de forma consensuada. Su principal aliado ha sido ERC. Con ellos llegó a cerrar un pacto de Gobierno que acabó naufragando, y ha mantenido acuerdos estables sobre rehabilitación de viviendas, la tasa turística o el catalán. 

Más allá de eso, Collboni ha sido capaz de pactar con Junts, en políticas de seguridad y civismo, y con los Comuns, en medidas para limitar el turismo. En su haber estará la finalización de las obras de la Rambla, el impulso al tranvía de la Diagonal, o el plan para climatizar escuelas. Pendiente queda la reforma de la reserva del 30% de nueva vivienda para protección oficial, que no pudo sacar adelante, y la promesa de eliminar todos los pisos turísticos en 2028. 

Jordi Martí Galbís para mantener el tirón de Trias

El último de los candidatos en ser anunciado ha sido Jordi Martí Galbís, que fue escogido este domingo a través de unas primarias que le dieron el 40% de los votos. Con esta victoria, las bases del grupo municipal buscan mantener la herencia del exalcalde Trias, que devolvió a la vida a un Junts que estaba en horas muy bajas desde 2015.

Martí Galbís viene a recuperar ese tirón. Que no mantenerlo, puesto que cuando el exalcalde dejó la política tras el fiasco de 2023, la popularidad de Junts en las encuestas bajó en picado. La elección del alcaldable es un mensaje claro: las bases de Barcelona quieren el partido que representa Trias, ese que se parece más a Convergència que al Junts de Puigdemont y que se guía más por el eje ideológico que por el nacionalista.

Las primarias han venido marcadas precisamente por este debate y los cuatro candidatos llegaron divididos por la influencia que debía tener el expresident. Mientras los contrincantes de Martí Galbís apostaban por mantenerse leales a la influencia de Puigdemont, este decidió desafiar su omnipotencia, llegando a asegurar que el grupo municipal debe ser “autónomo” y negando que el expresident tenga que meter mano en las listas.

Pisarello, el primer alcaldable migrante

Gerardo Pisarello tiene ante sí el reto de evitar que los Comuns se desmoronen electoralmente en la primera cita tras el adiós de Colau. El jurista argentino, que quiere ser “el primer alcalde de Barcelona de origen migrante”, ganó las primarias a Bob Pop y dejó durante el proceso una de sus principales promesas electorales: hacer el metro gratuito, como Zohran Mamdani en Nueva York.

El argentino se encuentra ante el reto de sustituir a Colau, a quienes los suyos llegaron a definir como una “hiperlideresa” y a quien costó mucho encontrar relevo. No será una campaña fácil, puesto que se enfrenta con unas encuestas muy desfavorables que muestran el desgaste de dos legislaturas en el poder y de la pérdida de una cabeza de cartel imprescindible como llegó a ser la exalcaldesa.

Será esta la primera carrera electoral de Pisarello como alcaldable, después de diez años como escudero de candidatos de Barcelona, como Colau en 2015, y del Congreso de los Diputados, como Xavier Domènech o Jaume Asens. Aun así, siempre ha conservado tirón mediático y un perfil propio, por ejemplo con una buena conexión con el espacio soberanista catalán. Como número 2 en la lista ya cuenta con la concejal Carol Recio. 

Alamany, ante su gran oportunidad

Elisenda Alamany llegó a ERC en 2019, procedente de los Comuns, como un fichaje para reforzar a unos republicanos que, con Ernest Maragall, aspiraban a alcanzar la alcaldía. Se quedaron a las puertas, pero Alamany se mantuvo como número dos en el Ayuntamiento de Barcelona, nuevamente en las elecciones de 2023, convencida de que la retirada de Maragall le dejaría vía libre para ser candidata. Y esto fue lo que ocurrió pocos meses después. 

Alamany, artífice del pacto de Gobierno frustrado con Collboni, se ha labrado paralelamente la confianza de Oriol Junqueras, que la aupó a la secretaría general del partido. Como líder del grupo parlamentario republicano durante casi todo el mandato, puede sacar pecho de haber llegado a acuerdos con los socialistas para fomentar el catalán en la ciudad e impulsar la rehabilitación de viviendas degradadas. 

El aliado de Feijóo, Aragonès y la duda de Vox

No está confirmado oficialmente, pero nadie duda de que Daniel Sirera será el candidato del PP, como lo fue en 2023. Dentro de un partido que en Catalunya está liderado por Alejandro Fernández, un verso libre que en el pasado se ha enfrentado con Alberto Núñez Feijóo, Sirera es todo lo contrario: el hombre de Feijóo en Barcelona, seleccionado directamente por él para los comicios de hace cuatro años. Su voto fue clave para que Collboni fuera investido alcalde, pero desde entonces se ha desmarcado totalmente del Gobierno municipal. 

El único partido que todavía no ha decidido a su candidato es Vox, que irrumpió en el consistorio barcelonés con Gonzalo de Oro-Pulido como alcaldable. No está nada claro que el edil vaya a repetir, y desde la formación ultra informan que un comité electoral desde Madrid decidirá sobre el candidato barcelonés, como hace con los demás.

Por último, Aliança Catalana, el partido xenófobo liderado por Sílvia Orriols, aspira a entrar con fuerza en el Ayuntamiento de la capital catalana. Lo hará con uno de sus pesos pesados en la formación, su ideólogo Jordi Aragonès.

La formación habría preferido una cara más mediática, pero después rechazos de figuras como el expresidente del Barça Sandro Rosell o el exconseller Jaume Giró, han apostado sobre seguro. Finalmente, le darán una oportunidad al joven de 33 años que, además de ser primo del expresident Pere Aragonès es, junto a Oriol Gès y la propia Orriols, quien tiene la última palabra en todas las decisiones de Aliança.

Junts ha escogido a su hombre para intentar recuperar la alcaldía de Barcelona. Ese hombre es Jordi Martí Galbís (Barcelona, 1961), un abogado que lleva más de un cuarto de siglo en política y desde hace 16 como concejal en el Ayuntamiento. Así lo ha decidido la militancia de la formación, que ha celebrado primarias este fin de semana, cuyo resultado ha dado una victoria del 40,3% para Martí Galbís. 

Se trata del hijo político de Xavier Trias, con quien fue concejal de distrito y responsable del área de Territorio durante su mandato. Martí Galbís le sucedió cuando el exalcalde abandonó definitivamente la política, después de haber ganado las elecciones de 2023, pero haber sido desbancado por Collboni a raíz de un pacto que incluía los votos de ERC, Comuns y el PP.

Ahora encara el reto de intentar recuperar la alcaldía, pero también la hazaña no menor de sustituir a Trias. Su figura ha sido decisiva en los últimos años para el grupo municipal, que perdió mucha fuerza durante los años del procés, siendo que el votante de Junts en Barcelona se guía más por el eje ideológico que por el nacionalista. 

La caída ha sido constante desde las elecciones de 2015, cuando Ada Colau entró en el consistorio. Trias ya no se presentó a los siguientes comicios y, en su lugar, el cabeza de lista fue ocupado simbólicamente por el exconseller Joaquim Forn, entonces en prisión preventiva por los hechos del 1-O. Ese gesto no gustó al votante de Junts, que prefería la versión convergent y provocó que la formación se dejara casi la mitad de los votos en el camino. 

La bajada de apoyo se mantuvo en las encuestas hasta que el nombre de Trias volvió a resonar. Con 75 años, el exalcalde confirmó que regresaba a la arena y le exigía la revancha a Colau. La estrategia de esa campaña fue volver a los orígenes y desvincularse de Junts, hasta el punto de esconder las siglas y concursar bajo la firma de Trias per Barcelona.

La apuesta personalista y alejada de las referencias al partido funcionó. El exalcalde remontó la pérdida de votos y resultó ganador de las elecciones, aunque la decisión del PP de apoyar a Collboni para evitar que un partido independentista gobernara Barcelona dejó a Trias sin su reválida. 

La derrota no sentó bien al exalcalde, que abandonó el pleno de investidura con el ya mítico “Que us bombin” (Que os den) y dejó definitivamente la política ahora hace dos años. Y, de nuevo, sin Trias, los pronósticos del partido en la capital se derrumbaron. El último barómetro municipal (diciembre de 2025) apuntaba a que, de celebrarse en ese momento las elecciones, el grupo habría perdido el 75% de los votos respecto a los comicios de 2023. Eso habría supuesto el peor resultado de su historia.  

La pugna entre las pulsiones nacionalistas e ideológicas que sacude a Junts desde el fin del procés -y desde la irrupción con fuerza de la xenófoba Aliança Catalana- han llegado también a Barcelona. La contienda para elegir al nuevo alcaldable de Junts se ha disputado entre cuatro candidatos de distinto perfil: Jordi Martí Galbis, Pilar Calvo, Glòria Freixa y Jaume Alonso-Cuevillas. 

En las primarias, a las que tenían derecho a voto los 628 militantes de la sección barecelonesa, han habido una participación del 67,24%. Jordi Martí Galbís se ha alzado con la victoria (40,3%), seguido de Calvo (29,3), Cuevillas (18,63%) y Freixa (11,15%).

Todos ellos han llegado a este fin de semana divididos por la influencia que debe tener el líder del partido, Carles Puigdemont, en la confección de la candidatura, y con distintos matices a la eventual política de pactos con el actual alcalde, Jaume Collboni. 

En este primer debate, la postura de Martí Galbís y Freixa es que el grupo municipal debe ser “soberano” para confeccionar su propia lista. Por otro lado están Cuevillas, exabogado del expresident, y Pilar Calvo, portavoz de Junts en el Congreso, que consideran que Puigdemont debe tener “todo el peso” en cualquier asunto del partido.

En esta línea, la elección de Martí supone toda una declaración de intenciones de las bases en Barcelona, que han decidido dejar atrás el puigdemontismo y la narrativa post-procés para volver a abrazar las formas que representaban las siglas de CiU. 

La larga sombra de Aliança

A la espera de ver cómo recibe el electorado la decisión de los militantes de Junts en Barcelona, lo que dejan claro las encuestas es que uno de los mayores retos que tendrá que afrontar el nuevo alcaldable es la pugna con una Aliança Catalana que amenaza con entrar con fuerza en el consistorio. 

Tanto, que el barómetro pronostica que la formación xenófoba, que el viernes presentó a Jordi Aragonès como su candidato, podría incluso llegar a superar a Junts y situarse como primera fuerza de derechas en Barcelona. El mismo Martí Galbís ha hecho referencia al partido xenófobo, aunque sin mencionar su nombre. “Ha habido partidos que nos han contraprogramado y han querido anunciar precisamente estos días a su candidato. Eso demuestra que somos referencia”, ha apuntado en la rueda de prensa en que se le ha presentado como alcaldable.

El centro del debate electoral, no sólo para la batalla entre Junts y Aliança, versará sobre dos temas: la vivienda y la inseguridad. Estas son las mayores preocupaciones de la ciudadanía y un ámbito en el que Aliança parece que se siente más cómoda. 

El partido xenófobo no asume contradicciones a la hora de rechazar la regularización extraordinaria ni en pedir abiertamente la expulsión masiva de migrantes, que los de Orriols han convertido en el chivo expiatorio de todo mal que achaque a la ciudadanía catalana. Para Junts -que si bien endurecido su postura para intentar frenar el goteo de votos hacia Aliança- este es un terreno algo más resbaladizo. 

Mientras Aragonès apuesta por expulsar a los migrantes para resolver el problema de la vivienda en Barcelona, Martí Galbís prefiere guardarse sus medidas. Por el momento, lo único que ha avanzado es que promoverá una gran reducción de la carga impositiva para comprar y construir, así como ayudas para el alquiler.

Con el anuncio del resultado de las primarias, casi todas las cartas de la partida en que se decidirá la próxima alcaldía de Barcelona, en 2027, están sobre la mesa. Martí Galbís ha sido de los últimos en sentarse a la mesa, donde le esperaban Jaume Collboni, que aspira a renovar la alcaldía; Elisenda Alamany por ERC; Gerardo Pisarello por los Comuns, el ya mencionado Jordi Aragonès por Aliança: y el casi seguro, aunque sin confirmar todavía, Daniel Sirera por el PP. 

Con todo, la única incógnita que resta es el nombre que disputará la contienda por Vox, un partido al que las encuestas le augura una pérdida de casi 1,5 puntos que le dejaría por debajo del mínimo de votos para poder tener un asiento en el pleno municipal. Así, con casi todos los contendientes decididos, empieza la carrera a las elecciones. Aunque se celebrarán en mayo, ninguno tiene tiempo que perder. Tal como ha apuntado el alcaldable de Junts, “la campaña empieza mañana mismo”.

Junts elige este fin de semana al sucesor de Xavier Trias como alcaldable en Barcelona para 2027 en un proceso de primarias entre cuatro candidatos de distinto perfil: Jordi Martí Galbis, Pilar Calvo, Glòria Freixa y Jaume Alonso-Cuevillas.

Los candidatos llegan a la votación divididos por la influencia que debe tener el líder del partido, Carles Puigdemont, en la confección de la candidatura, y con distintos matices a la eventual política de pactos con el actual alcalde, Jaume Collboni, informa la Agència Catalana de Notícies (ACN).

Sobre la mesa de Junts han pasado los nombres del expresident Artur Mas, el empresario Tatxo Benet, los exconsellers Joaquim Form y Jaume Giró o el portavoz del partido, Josep Rius. Todos ellos se descartaron como candidatos.

Tanto Freixa, secretaria primera de la Mesa del Parlament, como Martí, líder del grupo municipal de Junts en Barcelona, coinciden en poner sobre la mesa la soberanía de la agrupación barcelonesa para confeccionar la lista electoral.

“El president Puigdemont es el presidente del partido y, por tanto, siempre que dice algo es escuchado, pero nuestro partido ha defendido mucho la autonomía municipal”, observa Freixa, que quiere “cierto margen” para Junts por Barcelona para tejer la candidatura.

Por su lado, Martí recuerda que el partido tiene la “tradición” de pactar su lista local con la dirección nacional. Otra costumbre dentro del partido, observa, es que “se mantenga y se preserve la autonomía local con todo”.

Calvo, portavoz adjunta de Junts en el Congreso, tiene la intención de reunir los cargos del partido en Barcelona si gana las primarias, pero sostiene que “evidentemente” se contaría con la dirección nacional.

Por contra, Cuevillas, exabogado del expresident, afirma contundente que Puigdemont debe tener “todo el peso” en cualquier asunto de Junts. “El president es el referente de todo el partido de forma clara e indiscutida”, zanja.

Todos los candidatos se abren a integrar las diferentes sensibilidades de Junts en su candidatura si son escogidos cabezas de cartel, pero aparecen las dudas sobre qué harían si pierden la votación. Freixa asegura no haberse planteado la posibilidad de incorporarse a la lista ganadora; Martí también prefiere no especular sobre las consecuencias de las primarias.

Para Calvo, incorporarse a la lista ganadora dependerá de la voluntad de quien la lidere, aunque prefiere no plantear el escenario, igual que Cuevillas, quien se muestra confiado: “Yo quiero ser el alcalde de Barcelona”.

Martí, ungido por el exalcalde Xavier Trias, asegura que Junts ha tenido “malas experiencias” con Collboni, algo que “ha vacunado” a los de Carles Puigdemont. Ahora bien, no cierra la puerta a explorar pactos, también de investidura, con el PSC: “Si estamos en disposición de hablar, hablaremos con todo el mundo que no pise las líneas rojas que nos autoimponemos”.

Calvo descarta un hipotético escenario en el que Junts, con ella a la cabeza, negocie su apoyo a la reelección de Collboni, porque cree que los de Puigdemont “van a ganar y punto”. Sin embargo, y hablando sobre pactos puntuales, sostiene que Junts “siempre” ha estado abierto a sellar acuerdos que “beneficien” a la ciudadanía. “Si es un buen acuerdo, se puede pactar”, opina.

Freixa rechaza apoyar una eventual reelección de Collboni porque, a su juicio, su modelo de ciudad está “agotado”. Y Cuevillas añade: “Con la gente del 155 no podemos pactar un gobierno”. Sin embargo, el abogado aplaude los entendimientos que Martí ha conseguido con el gobierno actual, que vería bien reeditar en un futuro si solo abordan “medidas concretas”.

Cuevillas augura un “papel residual” por Aliança Catalana en las próximas municipales en Barcelona, porque “no tiene implantación” en la ciudad. El partido de extrema derecha, asegura el abogado, le ofreció ser candidato a la capital catalana, pero que lo rechazó porque le daría “vergüenza”.

Freixa, preguntada por si aceptaría el apoyo de los de Silvia Orriols para llegar a la alcaldía de Barcelona, descarta tejer coaliciones “con los extremos”, pero avisa: “Si alguien quiere sumarse sin pedirle nosotros el voto, es otra cosa. Tampoco puedes impedir quién vota y quién no vota”.

Asimismo se expresa Calvo, que reta a Aliança Catalana a decidirse entre una candidata independentista o alguien que “defiende la política española” si sus votos son decisivos para la alcaldía. Eso sí, advierte que Junts ha dejado “muy claro” que hay “líneas políticas” de la extrema derecha independentista con las que “jamás” estará de acuerdo.

Martí también ve elementos de los de Orriols que no le gustan “nada”, pero subraya la incertidumbre sobre quién encabezará su proyecto en la ciudad y cuál será su “talante”. “Quiero esperar a ver cómo evoluciona el panorama político (…) en el país en general”, señala.

La vivienda, principal problema

Los cuatro candidatos están de acuerdo en que el acceso a la vivienda es el principal problema que el candidato a la alcaldía de Barcelona debe abordar. Martí se reserva las grandes medidas “para cuando sea candidato”, aunque menciona las propuestas que, a lo largo del mandato, ha formulado el partido: reducir “muchísimo” la carga impositiva para adquirir un hogar, la construcción y la promoción, o ayudas al alquiler.

La receta de Calvo pasa por una “gran inversión” en nuevas viviendas de protección oficial, la “flexibilización” del 30% de residencias asequibles en nuevas construcciones o rehabilitaciones, “eliminar burocracia” o tejer una colaboración público-privada. Además, defiende tener en cuenta la antigüedad en el empadronamiento a la hora de adjudicar viviendas de protección oficial.

En una línea similar se expresa Freixa, que considera necesaria una inversión pública “sin precedentes” en materia de vivienda, especialmente en protegida. También interpela a las compañías privadas. La candidata quiere “incentivar” a los propietarios, sin “leyes de castigo”, y subraya la necesidad de “acabar” con las políticas de Colau y Collboni y poner en marcha medidas consensuadas, “sin que se prioricen ideologías”.

Ahora bien, los cuatro reconocen que hace falta tiempo para abordar la crisis de la vivienda, con medidas a corto plazo y otras enfocadas al futuro. Cuevillas cree que muchas problemáticas están “enquistadas” por el “mal” que, a su juicio, han hecho el PSC y los Comuns en Barcelona.

“Barcelona, capital de Catalunya”

Según Freixa, cuando alguien llega a Barcelona, no encuentra “ningún indicio” de que sea la capital de Catalunya, por lo que propone instalar “grandes anuncios” en el Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, “paneles informativos” en las calles o “lo que haga falta” para que se constate la catalanidad de la ciudad. También enfatiza la necesidad de “cuidar” la lengua y hacerla “obligatoria” para todos los que quieran venir a vivir a Barcelona.

Sobre las mismas coordenadas, Calvo se compromete a “recuperar la identidad catalana” de Barcelona, el ingrediente necesario para que la ciudad recobre “autoestima”. “Y, desde aquí, ser capaces de generar las sinergias necesarias para conseguir que lleguen más inversiones y oportunidades de trabajo calificado para nuestra gente joven”, dice.

Cuevillas, que, como Martí, subraya la capitalidad de Barcelona, ansía que se convierta en la primera ciudad de un “país libre” y que “tenga ese empuje” que, a su juicio, la ciudad tenía en el pasado. “Lo que debe recuperar Barcelona es la autoestima, la ilusión”, apunta.

Xavier Trias era alcalde de Barcelona aquel 27 de octubre de 2014 cuando el diario El Mundo publicó que el dirigente independentista mantuvo durante años una cuenta abierta en UBS (Union de Banques Suisses) y que en febrero de 2013 la traspasó a otra entidad de Andorra con un saldo de 12,9 millones de euros. Trias tardó 24 horas en acreditar mediante una certificación negativa de UBS donde figuraba que el entonces alcalde de Barcelona no tenía ni había tenido ninguna cuenta en esos bancos con sede en Ginebra. “No tengo ninguna cuenta en Suiza, ni en Andorra, ni en ningún sitio que no sea en Cataluña. No tengo ni he tenido 13 millones de euros, ni 200.000 en mi cuenta corriente, la información que apareció en El Mundo es totalmente falsa”, declaró entonces Trias.

Detrás de aquella información falsa estaba el Ministerio del Interior que dirigía Jorge Fernández Díaz (PP), según le contó diez años después Francisco Martínez, que era secretario de Estado de Seguridad cuando ocurrieron los hechos, a Leire Díez, militante socialista imputada como parte de una trama, amparada supuestamente por el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. Díez, según las pesquisas, maniobró buscando irregularidades en la actuación de jueces, fiscales o guardias civiles que investigaban la corrupción socialista.

La militante socialista citó a Martínez en julio de 2024 con la promesa de mejorar su situación judicial a cambio de informaciones relevantes sobre la actuación corrupta de la cúpula policial del Ministerio del Interior durante el mandato del PP. Díez se presentó a aquella reunión como una persona con capacidad de influencia en el PSOE y en el Gobierno. Martínez estaba ya procesado en el caso Kitchen y la Fiscalía pedía para él hasta 15 años de cárcel como jefe de una operación ilegal en la que participaron una decena de policías empoderados con el objetivo de sustraer a la familia del extesorero del PP, Luis Bárcenas, documentación sobre la financiación ilegal de la formación conservadora.

Martínez le contó a Díez en esa reunión detalles relevantes de una de las operaciones impulsadas desde el Ministerio del Interior para desacreditar a dirigentes independentistas catalanes. La militante socialista grabó aquella conversación, incorporada ahora al sumario del caso que instruye el juez Santiago Pedraz y donde Leire Díez está imputada.

El exsecretario de Estado de Seguridad se refiere así al episodio de la cuenta falsa de Trias en Suiza:

La operación del Ministerio del Interior para desprestigiar a Xavier Trias con una información falsa era una más de las que se pusieron en marcha aquellos años contra independentistas catalanes, inmersos en un proceso ilegal de convocatoria de consultas por la autodeterminación. En las semanas previas a las elecciones catalanas de noviembre de 2012, un informe policial sin sello ni firma denunciaba múltiples corruptelas —la mayoría de ella resultaron falsas— contra los principales dirigentes independentistas catalanes.

El ex secretario de Estado de Seguridad conoció la mayoría de las operaciones de guerra sucia contra los adversarios políticos del Gobierno de Mariano Rajoy. En su conversación con Leire Díez, el número dos de Interior señala que el problema de aquella información falsa sobre Trias es que no se investigó por parte de la UDEF, sino que se filtró mucho antes a El Mundo por culpa del exministro Jorge Fernández Díaz.

Información policial falsa era filtrada a los medios de comunicación afines al PP mucho antes de que fuera judicializada. Xavier Trias denunció estos hechos y se querelló contra el entonces ministro del Interior por un delito de violación de secretos, prevaricación y malversación de fondos públicos. Pero el Tribunal Supremo rechazó la iniciativa “reiterando la doctrina de la Sala de lo Penal contraria a admitir como base de la querella hechos cuya base probatoria aparece solo en medios de comunicación, como en este caso”.

Otros dirigentes catalanes perjudicados por maniobras similares denunciaron sin éxito en distintos juzgados “un entramado político-policial que tendría por finalidad llevar a cabo actuaciones para desestabilizar o frenar a personas vinculadas al movimiento independentista, o vinculadas, presuntamente a ellas”.

“Entre la vieja política y la nueva política, la gente elige la buena política”. La entonces portavoz de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), Marta Pascal, celebró así el 21 de mayo de 2016 el llamado , en el que un 70% de la militancia optó por bajar la persiana del partido que fundó Jordi Pujol y crear una nueva formación.

Diez años después, y con numerosas voces reivindicando un “reencuentro” del espíritu de CDC dentro de Junts, tanto el exalcalde de Barcelona Xavier Trias como el secretario general de Junts, Jordi Turull, ven aquella maniobra como un “error”. El expresident Artur Mas cree que la decisión de enterrar las siglas se la podrían haber “ahorrado”, aunque la defiende dada la voluntad de “salvar el proyecto”.

El “lío” de 2016

Diez años atrás, la nave convergente atravesaba la tormenta provocada en 2014 por la confesión del expresident Jordi Pujol sobre una herencia no declarada en Andorra y acababa de vivir el enésimo golpe de timón en la ruta hacia la independencia: el entonces alcalde de Girona, Carles Puigdemont, había sido investido a principios de año en sustitución de Mas, que se apartó por el reiterado no de la CUP a apoyarle. Además, CDC cargaba con la losa de los recortes durante el primer Govern de Mas, entre 2010 y 2012.

Turull y Trias, en sendas entrevistas con la agencia ACN, comparten el diagnóstico sobre el final de CDC. El secretario general de Junts recuerda que él nunca fue partidario de matar el partido. Aquella fue una “decisión estructural” dictada por unas “circunstancias coyunturales”, en alusión al impacto de los recortes presupuestarios o al “acoso por posibles casos de corrupción”.

Sobre la primera carpeta, Turull cree que los recortes “no se explicaron como se debería haber hecho” y repercutieron en el “alma social”, que quedó “muy afectada”. Sobre la segunda, señala el papel de las cloacas del Estado. El exalcalde de Barcelona también es crítico con la hoja de ruta que desembocó en la extinción de CDC. “Nos metimos en un lío”, sostiene, porque “a muchos partidos les han pasado cosas más sonadas” que al espacio convergente y “no han cerrado”. “Había mucha gente que quedó disgustada porque era pujolista y quedamos en una situación de cierta orfandad”, lamenta.

Precisamente, Mas enarbola el legado pujolista en su argumentario para justificar la decisión de acabar con CDC. La cuestión era encontrar la manera de “salvar” el proyecto convergente, “que era el de Pujol”, aunque fuera prescindiendo de las siglas. En una entrevista con la ACN, Mas califica la confesión del expresident como una “inundación de agua fría” contra el partido, que también debía cambiar de dirección dados los vientos que soplaban en Catalunya.

“Teníamos que pasar de un partido que siempre había actuado en clave autonomista a uno que lo hiciera en clave soberanista e independentista, que no era la tradición de CDC”, sostiene. Así, el expresident niega que, en pleno 2016, fuera un error sacrificar CDC. “Ahora, visto con perspectiva y habiendo ido las cosas como fueron, quizá nos lo podríamos haber ahorrado. Nunca lo sabremos del todo”, añade.

El parto “tortuoso” del PDeCAT

Turull define como “tortuoso” el nacimiento del PDeCAT, que ya contaba con “muchos defectos de fábrica”. Uno de ellos, que el aparato del partido “se resistía” a la dinámica independentista. Menos de 18 meses después se celebraría el referéndum unilateral del 1 de octubre de 2017. Para afrontar aquel momento, el secretario general de Junts defiende que hacía falta una “herramienta muy fuerte” que el PDeCAT no llegó a ser.

Trias sobrevuela los acontecimientos que marcaron el PDeCAT, desde la ruptura con Junts —que se constituyó como formación en julio de 2020— hasta su disolución en 2023 tras numerosos reveses electorales: fue “una muerte anunciada” que dejó a parte de la militancia “disgustada”.

Mas señala que faltaron dos piezas clave dentro del engranaje del partido heredero de CDC: unidad interna y un liderazgo como al que el espacio estaba “acostumbrado”, al estilo de Pujol o del propio Mas. De hecho, el expresident se reprocha a sí mismo “haber dejado, un poco, ese vacío de liderazgo” dentro de la familia convergente durante su tránsito hacia el PDeCAT.

“Yo ahora me acuso de no haberme mantenido más en primera línea aquellos primeros meses”, afirma. Considera que debería haberse implicado “mucho más” en la construcción de la nueva formación.

Los ingredientes del “espíritu convergente”

Los tres entrevistados coinciden en su definición del espíritu convergente. Para Turull, es “una manera de entender el país, de ser y de hacer que se injerta en los valores del catalanismo”. Para Trias, significa encontrar cómo “se junta al máximo de gente posible” para trabajar por una Catalunya “soberana” y “no dependiente” del Estado. Mas añade que es “unna manera de hacer y de ser con éxito”.

El exalcalde barcelonés, que llenó su última campaña electoral —en 2023— de referencias a la herencia convergente, subraya que en CDC había gente tanto de derechas como de izquierdas que remaba para construir un “proyecto común”. Turull añade a la mezcla la “cultura del esfuerzo” y la visión de Catalunya “en conjunto”. Y aunque coinciden en que el terreno de juego es el independentismo, muestran ciertas discrepancias sobre cómo debería ser la política de alianzas desde ese prisma convergente.

Trias, aunque reconoce su enfado por el pacto del PSC con el PP y BComú para que Jaume Collboni fuera alcalde de Barcelona, cree que el candidato de Junts en las próximas elecciones municipales “debe tener claro qué problemas tiene la ciudad”, especialmente en vivienda, y “marcar” políticas adecuadas y hechas “en colaboración” con el PSC. Sin embargo, añade que el discurso y la actitud de los socialistas “que mandan ahora en Catalunya” lo ponen “difícil” para el entendimiento con Junts.

Turull considera que la “voluntad de acuerdo” siempre debe estar presente en política. “Las dinámicas locales son muy diferentes”, añade. Eso sí, no significa “renunciar” a los propios objetivos ni “ser la muleta de nadie”. “Llegar a acuerdos con unos socialistas absolutamente sumisos a Madrid y aceptar esa sumisión, no lo haremos nunca”, asevera.

En este debate, Mas receta a Junts, con la voluntad de ser una formación “central”, que pueda llegar a acuerdos “a derecha e izquierda”. “Un partido central siempre pone la ideología en segundo orden, nunca es la excusa para negar pactos con otros”, constata. Asimismo, pide “combatir” a los adversarios, desde Aliança Catalana a los Comuns, la CUP o el PSC, si bien eso no significa “odiar, aislarse o imposibilitar cualquier pacto”. Además, cree que, si existe un “gran objetivo nacional”, es válido “sacrificar la ideología” propia, pero no “para siempre”.

El “reencuentro” y el “reto” de 2026

En pleno 2026, Trias considera que el ecosistema convergente tiene la “voluntad de reencuentro” —sobre todo impulsada desde el mundo local— dentro de Junts. De hecho, el partido de Puigdemont ha cerrado pactos con formaciones de la órbita de CDC para concurrir a los comicios locales de 2027, como Convergents —del exconseller Germà Gordó—, y en 2024 integró a Demòcrates, escisión independentista de la antigua Unió Democràtica de Catalunya, en su dirección.

Turull constata que dentro del partido “hay mucho espíritu” convergente, aunque con una “evolución” hacia las tesis del siglo XXI. “El 80 o el 90% de los militantes de CDC acabaron en Junts y, igual que CDC, tenemos la vocación de sumar”, subraya.

Mas comparte el análisis del secretario general, pero recuerda que Junts nació sin la receta convergente como “nexo de unión principal”. “Se ha ido volviendo a ello, y yo creo que todavía no ha llegado al 100%. La prueba, que es muy evidente, es que no todo el mundo que se sentía convergente hoy está en Junts”, remacha.

Aun así, cree que el partido de Puigdemont es el único que puede encarnar el espíritu de CDC, y se sabrá si lo ha conseguido cuando se “confirmen” el “proyecto” de Junts, la “estructura de gente” y sus “liderazgos”, tres elementos básicos para “definir una acción política”.

“El reto que tiene ahora Junts no es nada fácil: cómo actualizas un proyecto que fue un gran éxito, pero que ahora cuesta volver a visibilizar en su conjunto, entre otras cosas porque hemos ido hacia una fragmentación de la política catalana mucho mayor”, concluye Mas.

La carrera en Junts para encontrar alcaldable en Barcelona se prevé agitada. Jordi Martí Galbis, actualmente portavoz del partido en el Ayuntamiento, ha desafiado a la dirección y les ha comunicado que tiene intención de presentarse a la alcaldía. 

La intención de Junts era designar desde la cúpula un candidato de consenso, para no tener que pasar por primarias, cuando queda un año para la celebración de los comicios municipales. El nombre que encajaba en ese cálculo era el también concejal en la capital catalana Josep Rius, cercano a Carles Puigdemont y al secretario general, Jordi Turull.

Pero la irrupción de Martí Galbis, que ha adelantado el diario Ara, trastoca los planes del partido. El concejal atesora una larga experiencia en el consistorio, desde 2011, fue designado por Xavier Trias como sucesor cuando dimitió y es del agrado de la militancia.

Martí Galbis tratará de forzar unas primarias en la federación barcelonesa de Junts para que se decida de esta forma al candidato. Pero no está claro que lo consiga. El reglamento de la formación prevé que sea la Comisión Municipal Territorial la que, al conocer los candidatos y sus avales, decida cómo proclamarlos: de forma directa, con propuesta de nombre y ratificación, o con votación abierta a la militancia. 

Tras el movimiento de Martí Galbis, falta ver cómo reacciona la dirección, y si confirma a Josep Rius, que además de concejal en la ciudad es diputado en el Parlament y vicepresidente del partido. Antes de él, la dirección del partido barajó nombres de mayor impacto, como el empresario Tatxo Benet, o el expresident Artur Mas, pero no fructificaron.

La dirección buscaba un golpe de efecto parecido al retorno de Xavier Trias en las elecciones de 2023. El exalcalde logró entonces la victoria para Junts frente al PSC de Jaume Collboni y los Comuns de Ada Colau, pero no consiguió acceder a la alcaldía debido la alianza entre estos últimos y el PP para aupar al socialista.

Desde entonces, Junts ha ejercido como líder de la oposición en el consistorio, con Martí Galbis como cara más visible. Abierto a algunos pactos con el PSC, en general ha quedado relegado por el interés de Collboni en buscar acuerdos a la izquierda con ERC y los Comuns.

El Ayuntamiento de Barcelona ha estrenado este miércoles una galería con los retratos oficiales de los exalcaldes Narcís Serra, Pasqual Maragall, Joan Clos, Jordi Hereu, Xavier Trias y la exalcaldesa Ada Colau.

El alcalde, Jaume Collboni, ha inaugurado la galería en presencia de Serra, Clos, Hereu, Trias y Colau y de las dos hijas de Maragall en representación de su padre.

Los retratos oficiales se han colocado frente a la Sala del Bon Govern, uno de los espacios del edificio histórico del Ayuntamiento. En la inauguración, Collboni ha destacado que la iniciativa busca reivindicar a quienes han contribuido al “progreso de la ciudad” y la continuidad democrática de la institución.

Los exediles habían participado antes en un almuerzo y durante el acto han compartido anécdotas e imágenes como la de la conversación entre Trias y Colau, dos de los que probablemente mantuvieron más diferencias en el pasado.

Además, el Ayuntamiento ha entregado la Medalla de Oro a Clos, Hereu, Trias y Colau. En el caso de Serra y Maragall ya la habían recibido en el pasado. Todos han firmado también en el libro de honor del consistorio.

Xavier Trias, el que fuera alcalde de Barcelona, entre 2011 y 2015, acudió este lunes al Congreso para relatar la “pesadilla” que vivió a partir del 27 de octubre de 2014 tras ser acusado por un supuesto informe, publicado en El Mundo, de tener cuentas en Suiza y Andorra. La patraña elaborada por la llamada brigada política que operó durante el Gobierno del Partido Popular empezó a desactivarse solo tres días después, cuando su equipo consiguió un certificado del banco UBS que aseguraba que el regidor no había tenido cuentas en la entidad. Pero esa “falsedad total”, en palabras de Trias, sigue impune más de una década después y sin que nadie le haya pedido disculpas. 

“Ni El Mundo, ni el Partido Popular, ni algún partido que ha utilizado esto de manera negativa, como pueden ser los comuns. No hay manera de que reconozcan que se han equivocado”, dijo el exregidor a preguntas del diputado de EH Bildu Jon Iñarritu. “No quiero que nadie vaya a la cárcel, pero sí que a alguno le dé vergüenza”, había dicho minutos antes, durante su intervención inicial. Poco más tarde, insistió: “Lo único que deseo es que los que lo han hecho me pidan perdón. Si no consigues ni esto, significa que en este país algo no funciona”. Trias es considerado uno de los primeros damnificados de las maniobras policiales contra adversarios políticos que se realizaron sin control judicial cuando Jorge Fernández Díaz era ministro del Interior y que después afectaron a Podemos. 

El exdirigente aludió en varias ocasiones a Fernández Díaz, al que definió como “un señor malévolo”. Dijo que pese a profesar como él la fe católica e incluso haber ido junto a ver al papa nunca le ha pedido perdón por unos hechos que “atraviesan todas las líneas” y ante los que se sigue viendo “indefenso”. “No es ser de católicos actuar así”, añadió Trias. “Nos podemos pelear políticamente, pero lo que no puede ser de ninguna forma es usar herramientas ilegales, impresentables y que tengan la sensación de que tienen impunidad”, apuntó más tarde.

Trias también aprovechó la sesión para ajustar cuentas con Iniciativa per Catalunya, los comuns e incluso el exvicepresidente y fundador de Podemos, Pablo Iglesias, por “utilizar” esa mentira “de mala manera” para “sacar provecho” político. El diputado de Junts per Catalunya Josep Pagès advirtió precisamente de la ausencia en la comisión de representantes de Sumar y de Podemos. “Seguramente les da vergüenza venir”, apostilló Trias. 

Pagès preguntó a Trias si esas organizaciones a la izquierda del PSOE habían contribuido a blanquear las actuaciones de un “aparato del Estado que les agredió a ellos también”. “En la vida la coherencia absoluta es muy difícil, pero hay que ir con mucho cuidado”, respondió el exalcalde, que reconoció que la mentira de su cuenta en Suiza pudo influir en que perdiera las elecciones en 2015 frente a Ada Colau, aunque no fue el único factor. No perdí las elecciones por esta noticia, las elecciones las pierdes por muchas cosas. Pero parte de los 15.000 votos que me sacó Colau, están aquí“, remachó. 

Influencia en el procés

A preguntas de la diputada de ERC Pilar Vallugera, Trias analizó también las consecuencias que esa publicación, que vio la luz dos semanas antes de la consulta independentista del 9-N, tuvo sobre el procés. “¿Cree que eso pudo matar, de alguna manera, la posibilidad de que desde el Ayuntamiento de Barcelona coadyuvase junto al Govern de la Generalitat hacia un procés que hubiera acabado en el derecho a decidir?”, preguntó la diputada. “Matar, no. Pero influir, sí”, respondió Trias, que en una intervención posterior se mostró “muy orgulloso” del procés a pesar de que “no salió bien”.

El portavoz de Vox, Ignacio Gil Lázaro, realizó un monólogo de cuarenta minutos en el que calificó esta comisión de investigación como “una auténtica patraña” y se limitó a calificar de “vicisitud personal” lo ocurrido con Trias. Por parte del PP intervino el diputado Nacho Martín Blanco, dijo que esta comisión es “una ceremonia de la confusión, hecha a mayor gloria de los partido separatistas” y afirmó que el caso del exalcalde de Barcelona “tiene poco que ver con el resto de la comisión”. “Pensaba que me iba a encontrar a un PP en una posición diferente. Y veo que siguen igual. Ojalá algún día se curen”, apostilló Trias en su turno de réplica.

La marca de Junts en Barcelona ha empezado su reestructuración tras la salida de la política y del Ayuntamiento de Xavier Trias. Jordi Martí Galbis será quien tomará el relevo del exalcalde como primer hombre del partido -que, de hecho lleva por nombre oficial Trias per Barcelona - Junts BCN. Martí Galbis, hasta ahora número tres en la lista del partido, pasará a ser presidente y se intercambiará el cargo con la exconsellera Neus Munté -número dos-, que empezará a ejercer como portavoz, juntamente con el también exconseller Damià Calvet.

Martí Galbis ha sido mano derecha de Trias desde hace casi tres décadas y en diversas ocasiones el exalcalde lo ha presentado públicamente como posible candidato. De hecho, fue Martí Galbis quien se encargó de buena parte de las negociaciones cuando Junts todavía tenía números de convertirse en socio del PSC y entrar a formar parte del gobierno de Barcelona.

Licenciado en derecho, Martí Galbis empezó su carrera política de la mano de la extinta Convergència, donde ocupó un cargo en el Consejo Nacional. Desde 1993 a 1996 ejerció jefe del gabinete, primero del conseller de Sanidad de la Generalitat y luego de Presidencia. Ambos bajo el mando de Jordi Pujol.

A pesar de que Martí Galbis ejerza como líder de la formación en Barcelona, Trias ya ha dejado claro que eso no significa, necesariamente, que vaya a ser también el candidato. “Eso lo decidirá el partido”, dijo el exalcalde en una entrevista en El Periódico.

Por su parte, Neus Munté fue consellera de Bienestar Social y portavoz del Govern de Artur Mas. Munté repitió este último cargo bajo el mandato de Puigdemont, durante el cual también ejerció como consellera de Presidencia. Igualmente, llegó a ejercer como vicepresidenta del también extinto PEDeCAT.

El nuevo portavoz adjunto de Trias per Barcelona, Damià Calvet, ejerció como conseller de Territorio en el Govern de Quim Torra y en el de Pere Aragonès -hasta que Junts rompió con ERC en 2021. El hasta ahora número cinco en la lista, asumió su primer cargo público en 1997, como jefe del gabinete del conseller de Política Territorial. También ha ejercido como director del organismo público de vivienda catalán -Incasòl- y presidente del Puerto de Barcelona hasta 2022.

El exalcalde y líder del grupo de Junts en el Ayuntamiento de Barcelona, Xavier Trias, ha anunciado que dejará la primera línea política y su sillón como concejal a finales de julio. Afirma no querer ser “un tapón” y desea dejar espacio para que otras personas del partido le cojan “el relevo. ”Lo dejo. ¿Por qué lo dejo? Porque no tiene sentido estar en la oposición tres años cuando no me voy a volver a presentar“, ha afirmado en una entrevista con EFE.

“No quiero ser Biden. Con todo el respeto hoy me da un poco de pena. Me quiero ir relativamente bien. Como mínimo de cabeza”, ha reconocido Trias, que ha añadido: “Yo creo que antes de que te echen es mucho mejor decidir que ya basta. He hecho todo lo que había que hacer, ahora lo han de hacer otros”.

Xavier Trias i Vidal de Llobatera (Barcelona, 5 de agosto de 1946) ya había dejado la primera línea política, pero su partido le pidió en 2023 que volviese a ser cartel electoral en Barcelona, lo que hizo para ganar las elecciones frente a un socialista Jaume Collboni que finalmente se llevó la vara de alcalde con el apoyo de los comunes y el PP.

Un año después de ganar por segunda vez unas municipales en Barcelona, el presidente del grupo TriasxBarcelona-Junts argumenta: “En este momento yo ya no ayudo a los míos. Necesitan jugar solos, hacer su vida, marcar su perfil político”.

Trias ha hecho hincapié en la falta de “posibilidades de llegar a acuerdos” con el PSC. “Los socialistas no han querido, no han querido un gobierno de 21 [concejales]”. Con estas palabras, el exalcalde recuerda el momento en que el pacto 'sociovergente' tuvo números de materializarse. Pero esa posibilidad se desintegró cuando los socialistas firmaron un acuerdo con ERC de cara a la aprobación de los presupuestos.

Ahora, los republicanos están pendientes de que sus bases refrenden la oferta de entrar a gobernar con Collboni. Esta decisión debió haberse tomado en una asamblea a finales de junio (una semana antes del primer pleno de investidura), pero fue suspendida por exceso de aforo y no se ha vuelto a convocar.

A falta de que las bases de ERC voten, Trias considera que “la situación ya está clara. Los socialistas no quieren saber nada de nosotros, pues ya está”, ha afirmado el exalcalde, que quería aguantar como concejal hasta que se refrendaran los pactos de gobierno en el consistorio. “No vale la pena seguir aquí mirando qué pasará. Ya lo sabemos, el alcalde es el señor Collboni. No hay fuerza suficiente para hacerle un voto de censura y yo no voy a hacer cosas extrañas”, ha asegurado Trias.

“No hay que confiar nunca más en el señor Collboni. No confíen tampoco en el señor (Salvador) Illa, jamás. Usted cree que son de fiar, mi experiencia es que no son de fiar. Son amables, con formas correctas, pero no de fiar”, apunta. En este sentido, admite no saber de quién se fiaría más, “del señor Collboni o de la señora (Ada) Colau” porque, en su opinión, la exalcaldesa y líder de los comunes “tiene más palabra que otros, aunque haya sido ”bastante antipática“ y, asegura, ”no se portó bien“ con él.

Aún así, Trias afirma que el discurso que pronunciará en el pleno del próximo 26 de julio para despedirse, por segunda vez, del Ayuntamiento y de paso de la política activa no será “amargo” ni se dedicará a “pasar cuentas”, sino a “dar las gracias” porque la política le ha dado “mas satisfacciones que disgustos”.

“Que us bombin a tots (que os den a todos), ya lo he dicho”, ha bromeado Trias, cuando se le ha preguntado si repetiría esta expresión con la que resumió su enfado en el acto de investidura cuando Jaume Collboni le arrebató la alcaldía.

El alcalde Jaume Collboni ha conseguido aprobar sus primeros presupuestos al frente del Ayuntamiento de Barcelona. Pero lo ha hecho apurando hasta la última de las cartas que tenía en su mano. Su gobierno en minoría no fue capaz de alcanzar los votos necesarios para sacar adelante las cuentas y el socialista se vio obligado a echar mano de la moción de confianza.

Esta herramienta, contemplada en la LOREG, proporciona a los ayuntamientos una vía para desencallar decisiones importantes como los presupuestos, vinculándolas a la continuidad del mandato del alcalde o alcaldesa de turno. Los grupos de la oposición han contado con un mes para proponer un candidato alternativo y, como no se ha presentado ninguno, el gobierno ha quedado reafirmado y las cuentas automáticamente aprobadas.

“Sin que haya sido presentado ningún candidato alternativo a alcalde o alcaldesa [...] hay que entender otorgada la confianza y aprobados los presupuestos”. Así ha quedado escrito en el BOPB (Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona), cuya publicación pone punto y final, de manera discreta, a la moción de confianza. Con todo el foco mediático puesto en las elecciones catalanas y en las consecuencias que ha tenido la denuncia contra la mujer de Pedro Sánchez, Collboni ha conseguido salvar sus primeras cuentas sin llamar demasiado la atención.

Pero el alcalde todavía tiene trabajo por hacer. A día de hoy sólo ha cumplido una de las dos promesas que le hizo a la ciudadanía poco después de aceptar el cargo. Aseguró a los barceloneses que en primavera la ciudad tendría presupuestos y un gobierno estable. Sí hay cuentas, que suman 3.735 millones de euros, un 3,9% más alto que el del año anterior. Es la cifra la más alta que ha tenido el consistorio de la capital catalana hasta la fecha, 140 millones por encima del último presupuesto de Ada Colau.

Pero lo del gobierno estable todavía está en el horno ya que, con 10 concejales de 41, al socialista le faltan votos para poder seguir adelante con la legislatura. Todo apunta a que la elegida será ERC, tal como han dejado entrever en diversas ocasiones los líderes de ambas formaciones, cuyas relaciones cada vez se hacen más estrechas. Ahora bien, el acuerdo no se formalizará hasta pasados los comicios del 12M, tal como anunció Collboni el mismo día que inició la moción de confianza. Y es que del recuento de las urnas pueden nacer diversos escenarios.

A lado y lado de plaça Sant Jaume

Aunque la moción de confianza haya sacado las castañas del fuego a Collboni esta vez, es una carta que no puede jugar siempre que quiera. De hecho, sólo se puede usar dos veces por mandato y nunca dos años seguidos. Es algo de lo que han echado mano muchos alcaldes, pero Collboni es el primero que lo hace durante su primera legislatura. Y todavía le quedan otros tres presupuestos por delante.

Collboni sabía que iba a necesitar un socio desde el momento en que tomó la vara de mando y también lo sabían los grupos de la oposición que, desde el día uno, han estado pugnando por entrar en el gobierno. Durante meses, Collboni ha coqueteado con Junts, los comuns y ERC. Pero las relaciones con estos pretendientes han ido tomando caminos muy distintos.

Trias y Colau parecían los más cercanos a rubricar un acuerdo, a pesar de que no han cejado nunca en los embistes al socialista de cara a la prensa mientras, de puertas a dentro, se desarrollaban unas conversaciones que cada día se enfriaban más.

Por su parte, el camino de ERC ha ido a la inversa. Collboni y Ernest Maragall no se reunieron para discutir un pacto ya que el republicano había pactado con Trias, quien resultó ganador de las elecciones y estaba destinado a ser alcalde si no hubiera sido por un pacto 'in extremis' entre el PSC, el PP y los comuns. Era la segunda vez que Maragall se quedaba a las puertas del gobierno de la ciudad, después de que en 2019 fuera él el vencedor de los comicios y Colau le arrebatara el mando a través de un pacto con el PSC.

Pero cuando Ernest Maragall abandonó la dirección del partido en Barcelona, se llevó con él la negativa a negociar. En su lugar, Elisenda Alamany, su sucesora, empezó el deshielo y convirtió a los republicanos en los favoritos del alcalde. De hecho, mientras Junts y los comuns aseguraron que sólo votarían 'sí' a los presupuestos si Collboni les ofrecía entrar al gobierno, los republicanos ofrecieron su apoyo sin que -al menos oficialmente- supusiera su entrada en el Ejecutivo.

Ese gesto fue la constatación de que Collboni ya había elegido, al menos, a uno de sus futuros socios de gobierno. Pero el alcalde dejó muy claro que no oficializaría a su pareja de baile hasta después de la aprobación de sus presupuestos. Esto le daba tiempo a acompasar las negociaciones para las cuentas de Barcelona con las de la Generalitat, que se estaban llevando a cabo al otro lado de plaça Sant Jaume, también con ERC, el PSC y los comuns como protagonistas.

Pero el 'no' de los comuns a los presupuestos catalanes, que derivó en un avance electoral, dinamitó los tempos de Collboni. Porque, aunque la buena sintonía entre el PSC y ERC se hacía cada día más evidente, no era una opción zanjar un pacto con su rival político directo a las puertas de las elecciones.

Collboni no se esconde y ha dejado entrever en diversos momentos -el último en una entrevista en El Periódico este lunes- que el pacto con ERC está hecho. Pero no se oficializará hasta que las urnas catalanas hablen el 12M.

A no ser que haya un gran cambio de guion, los de Alamany estarán en el gobierno municipal, pero este acuerdo sumará 15 concejales, lejos todavía de los 21 en los que se sitúa la mayoría. Para esa suma necesitarían a los nueve de Ada Colau, quien todavía no ha querido dar por perdida la batalla por volver al gobierno a pesar de que sus relaciones con su exsocio son cada día más tensas, tal como han demostrado en diversas ocasiones.

Y no hay que perder de vista que el hecho que los de Colau insistan en su voluntad para llegar a acuerdos en el PSC también tiene algo que ver con las futuras negociaciones que se darán pasadas las elecciones, en las que los comuns pugnan por ser necesarios para la formación del Govern. Y es que a pesar de que Collboni ha afirmado en todo momento que él no mezclaba carpetas, sí reconoció que “el contexto a veces ayuda a los acuerdos y a veces los dificulta”. Y, en este caso, el contexto dependerá del nombre del próximo president de la Generalitat. 

28 de octubre de 2014. A menos de dos semanas de la consulta soberanista del 9-N, la portada del diario El Mundo atribuye, informe policial mediante, una cuenta suiza al entonces alcalde de Barcelona, Xavier Trias. La noticia y la cuenta eran falsas, tal y como constataron primero el banco helvético UBS –en un inédito comunicado– y luego la Fiscalía Anticorrupción, que en menos de un mes archivó la denuncia de la Policía. Pero los titulares y la sombra de sospecha ya estaban sembrados.

Casi una década después, las causas judiciales con eco mediático para desprestigiar a rivales políticos ya no se emplean únicamente contra elementos periféricos del Estado como los independentistas catalanes o políticos a la izquierda del PSOE. Ahora ya alcanzan el Palacio de La Moncloa con la apertura de una investigación a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, a raíz de una denuncia realizada a partir de titulares de prensa y bulos presentada por el sindicato de extrema derecha Manos Limpias.

Cada uno con sus particularidades –por ejemplo, no en todos los casos el desprestigio se urdió desde el Ministerio del Interior–, tanto las víctimas antiguas como las más recientes sí comparten rasgos comunes: ven aparecer información –a veces tergiversada– sobre ellos en la prensa, que luego se emplea para armar una querella o una denuncia en los tribunales, generalmente por parte de entidades rivales. Las causas terminan archivándose meses –o años– después, pero queda en los afectados un sentimiento de soledad e impotencia.

En el caso de Trias, tanto el entonces alcalde de Barcelona como su equipo desmintieron con contundencia y desde el minuto uno las piezas que El Mundo fue publicando sobre cuentas en el extranjero. Es más, el político se querelló contra el rotativo y los periodistas que firmaban las informaciones, Eduardo Inda, Esteban Urreiztieta y Fernando Lázaro, quienes resultaron absueltos al concluir el juez que su fuente policial era “fiable” y que no tenían como objetivo injuriar al entonces alcalde.

Los movimientos para atacar a rivales no siempre se han limitado a políticos. Distintas unidades policiales hicieron llegar al despacho del ministro del Interior del Gobierno de Mariano Rajoy listas de objetivos que fueron más allá de los líderes soberanistas y alcanzaron a todo aquel que no siguiera la línea marcada por el PP, como un exfiscal superior catalán o el entonces jefe de los Mossos, Josep Lluís Trapero.

Podemos: ocho años de acusaciones sin pruebas 

Manos Limpias sí tuvo un papel relevante en la guerra sucia contra Podemos casi desde su irrupción en 2014. A finales de ese año, el pseudosindicato denunció en el Tribunal Supremo que Pablo Iglesias, entonces eurodiputado, y otros miembros del partido blanqueaban dinero del chavismo. La denuncia, que no pasó el filtro de la Justicia, era una recopilación de recortes de prensa basados en documentos policiales. 

Esos informes apócrifos procedían de la factoría José Manuel Villarejo. El comisario lideraba un grupo secreto de policías que durante el primer Gobierno de Rajoy se había dedicado a combatir extrajudicialmente al independentismo y que vieron en Podemos un nuevo enemigo a batir. Otra de sus maniobras fue el llamado informe PISA, que pretendía demostrar la financiación irregular a través de Venezuela e Irán y que fue publicado por Okdiario y El Confidencial. También fue rechazado por la Justicia. Esa misma brigada política filtró a OkDiario una supuesta orden de pago de 272.325 dólares por parte del Gobierno venezolano a favor de Iglesias a través de una cuenta en el paraíso fiscal de Granadinas cuando el partido ya estaba fundado. El documento resultó ser falso, tal y como acreditó la entidad bancaria. 

Pero el caso más transversal a las distintas etapas del partido y que más se ha prolongado en el tiempo es el conocido como ‘caso Neurona’: una investigación sobre las cuentas de Podemos que se alargó durante tres años en un juzgado de Madrid, que llegó a tener una decena de piezas separadas, incluida una que pretendió indagar en si cargos públicos ejercieron como cuidadoras de los hijos de Iglesias e Irene Montero. Todo terminó en archivo. El caso, que llegó a ser comparado con la trama Gürtel, se inició tras una denuncia de un extrabajador que acabó admitiendo que se basaba en “rumores” y se nutrió de informes policiales dudosos. 

Victoria Rosell: acoso y derribo a la jueza de Podemos

El Supremo dictó en 2021 una de las pocas sentencias que describen un caso de 'lawfare' o guerra judicial con condena para el autor: el exjuez corrupto Salvador Alba y su conspiración para hundir a Victoria Rosell en 2015. La magistrada, entonces arrancando su carrera política con Podemos, fue víctima de una cacería judicial orquestada por Alba y tuvo que dejar todos los cargos y responsabilidades que ostentaba. Cuando todo fue archivado y la lupa de la Justicia se posó sobre Salvador Alba, hoy encarcelado, Rosell volvió a la política y ejerció como Delegada del Gobierno contra la Violencia de Género.

Colau: más de 10 querellas archivadas

Si bien no ha recibido ninguna querella de Manos Limpias, la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau también sabe lo que es soportar acciones legales de rivales políticos, empresas o incluso asociaciones fantasma por desacuerdos con su gestión. Dos veces tuvo que declarar como investigada durante su mandato. De las más de diez querellas que recibió Colau y su equipo, ninguna ha llegado a juicio.

En una de las últimas resoluciones de archivo de una de las querellas que recibió Colau, el pasado mes de diciembre, una jueza admitió por primera vez el uso político de la Justicia contra la exalcaldesa al señalar que el fondo buitre Vauras denunció a la líder de los comuns por “fines ajenos a los del procedimiento penal”. En concreto, porque “no le eran favorables las políticas de vivienda” impulsadas desde el Ayuntamiento. Para entonces, Colau ya había salido de la alcaldía.

Oltra: de dimitir a ser exculpada

Mónica Oltra dimitió como vicepresidenta y consellera de la Generalitat Valenciana el 21 de junio de 2022. Tras la condena a su exmarido, educador en un centro dependiente de la Generalitat, a cinco años de prisión por abusos sexuales a una menor tutelada, el abogado de la víctima, el dirigente neofascista José Luis Roberto, consiguió abrir una segunda causa para investigar la gestión de la conselleria de Igualdad, que dirigía Oltra, de los abusos sexuales.

En esta causa se sumaron Vox y la asociación Gobierna-te, en manos de la ultra Cristina Seguí, como acusaciones populares. El juez instructor pidió en abril de 2022 la imputación de Oltra, entonces aforada. En un contexto de las presiones de sus socios del PSPV-PSOE en el Pacte del Botànic y de algunos pesos pesados de Compromís, Oltra anunció su dimisión en una tensa rueda de prensa en la que denunció ser víctima de una estrategia de ‘lawfare’ por parte de la extrema derecha. 

La dimisión de Oltra supuso un auténtico terremoto para la izquierda valenciana y, singularmente, para Compromís, la coalición que lideraba. Después de la derrota de las fuerzas progresistas en las autonómicas de 2023, el popular Carlos Mazón consiguió formar un Ejecutivo con Vox, la formación que ejerce una de las acusaciones populares en la causa contra Oltra. Tras dos años de instrucción, el juez dictó el pasado 2 de abril un auto de sobreseimiento provisional, que aún no es firme, por la falta de indicios contra Oltra.

El 8-M feminista y el coronavirus

En 2020 la derecha centró parte de sus esfuerzos en intentar culpar al feminismo de la expansión del coronavirus en las primeras semanas de pandemia y el objetivo, tanto político como judicial, fue la manifestación del 8 de marzo. Desde acusaciones en el parlamento de que la manifestación “convirtió en víctimas a las mujeres” hasta una causa judicial abierta durante meses a instancias de un abogado, Víctor Valladares, condenado y encarcelado por estafar y engañar a clientes.

La causa judicial llegó a implicar la imputación del entonces delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, y fue esgrimida por PP y Vox para cargar contra la gestión del ejecutivo central durante los primeros meses de pandemia. Fue archivada en firme por la Audiencia de Madrid y, a lo largo del proceso, víctimas de fallecidos se quejaron de que mientras la causa permitía acusaciones populares de partidos políticos, ellos no habían podido personarse.

La directora de la Guardia Civil

El Gobierno de Pedro Sánchez decidió que la imputación del marido de la entonces directora de la Guardia Civil, María Gámez, debía conducir a la marcha de ella pese a que, en razón del cargo que tenía entonces –subdelegada del Gobierno en Almería—, no podía haber participado en ellos ni de forma remota. La causa contra Martínez acabó archivada porque había sido imputado siete meses más tarde del plazo legal.

El entorno de Juan Carlos Martínez siempre defendió que el atestado policial en el que se basó el juez para imputarle retorcía datos y realizaba inferencias. Un año después, María Gámez no ha regresado a la primera línea de la política pese a la proyección que presentaba y a haber sido descrita por Fernando Grande-Marlaska en su marcha como “el mejor director” que había tenido la Guardia Civil en su historia.

El líder de Junts en el Ayuntamiento de Barcelona, Xavier Trias, ha abierto la puerta a un pacto de gobierno con el PSC si Junts no es la fuerza más votada en las elecciones del 12M. “Veremos, en la vida todo puede cambiar. Tienes que estar abierto a negociar con la gente”, ha dicho en una entrevista en Ser Catalunya.

Ahora bien, ha asegurado que su partido no gobernará con el PSC si los suyos ganan las elecciones catalanas del 12M. Igualmente, ha avisado de que la estabilidad de la legislatura española puede descarrilar si Salvador Illa hace “combinaciones necesarias” para ser presidente de la Generalitat en caso de que Puigdemont salga vencedor de los comicios. “Creer que no tendrá consecuencias es vivir en Alicia en el país de las maravillas”, ha apuntado.

Con todo, se ha mostrado confiado de cara a las negociaciones porque quien las va a llevar a cabo en nombre de su partido será Carles Puigdemont, una persona que, ha dicho, “no tiene miedo” y es “insobornable”.

En este sentido, Trias ve “evidente” que Junts no llegará a acuerdos con el partido xenófobo Aliança Catalana. “Este tipo de preguntas las hace la gente que quiere que nos rompamos una pierna y debemos ser listos”, ha afirmado después de que, durante la primera entrevista que concedió Puigdemont tras anunciar que se presentaría a las elecciones, no descartara explícitamente aceptar los votos de los de Sílvia Orriols.

Trias ha asegurado que Junts hará “lo mismo” que con Vox. Así, ha puesto ambos partidos al mismo nivel, descartando pactos. “No contamos con ello”, ha concluido.

Preguntado también por unas declaraciones suyas en que apostó porque Junts hiciera un congreso para nombrar a Puigdemont presidente del partido, Trias ha asegurado que no quería desautorizar a la actual persona en el cargo, Laura Borràs.

El PSC ve “muy difícil” un acuerdo con Junts

El candidato del PSC, Salvador Illa, ve “muy difícil” un gobierno con Junts tras los comicios catalanes, pero ha destacado que intentará llegar a acuerdos con diferentes formaciones, tal como se ha hecho en otras administraciones, en las que los socialistas han pactado con Junts, ERC, comuns y hasta con el PP catalán.

Así, Illa ha replicado a Puigdemont en la Cope, después de que el líder de Junts asegurara que el negociador tras las elecciones sería Pedro Sánchez. “Es el PSC y no Pedro Sánchez quien negociará los pactos. Y con los interlocutores que decida el partido”, ha añadido.

Por otro lado, ha avisado de que un nuevo acuerdo entre Junts y ERC implicaría “la destrucción mutua asegurada” y ha recordado el “gobierno fallido” de estos dos partidos independentistas en la última legislatura.

Lo primero fue señalar los objetivos a atacar: generalmente eran políticos de partidos que molestaban al Partido Popular. Figuran en las llamadas “notas informativas”, documentos parapoliciales que distintas unidades del cuerpo elaboraban al margen de la ley y sin ningún control judicial y que se enviaban a la cúpula de Interior, donde las recibían el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, y el ministro, Jorge Fernández Díaz, a quienes la Justicia pide 15 años de cárcel por otro caso de corrupción policial y política, la trama Kitchen, para el borrado de pruebas de la financiación irregular del PP.

Y en la confección de la lista negra participaron dudosos confidentes de la Policía, como la exnovia de Jordi Pujol Ferrusola, a quien el Gobierno de Rajoy puso un sueldo con cargo a los fondos reservados, policías corruptos que decían tener infiltrados en el independentismo, hasta la propia líder del PP catalán en la época, Alicia Sánchez Camacho, que llegó a proponer entre los nombres a investigar al presidente del Barça, Sandro Rosell, que pasó en prisión preventiva dos años antes de ser absuelto de todas sus causas.

El nombre del exalcalde de Barcelona, Xavier Trias, figuró como objetivo en varios de esos pseudoatestados policiales a partir de 2012, tras la Diada masiva que encendió todas las alarmas en el Ministerio del Interior. Son varias las unidades de Policía que señalan la necesidad de investigar a Trias. Pero la pista fundamental, a raíz de los documentos recabados por la investigación conjunta de La Vanguardia y elDiario.es, la da un dudoso empresario, Javier De la Rosa, condenado por la corrupción de Kio, quien se ofreció a darle datos sobre Trias y Artur Mas al comisario José Manuel Villarejo a cambio de 150.000 euros. El dinero se lo pidió primero a Interior pero lo acabó pagando el Partido Popular a través de su 'número dos', María Dolores de Cospedal, según varios apuntes en la agenda del comisario.

Durante una extensa conversación en Marbella con el número dos de Interior, Francisco Martínez, grabada como casi todas por Villarejo, este contó que JR, como llamaba a De la Rosa, obtenía la información de un abogado que trabajaba para Trias.

Esa larga charla se produjo en agosto. Solo dos meses más tarde, el 27 de octubre, el diario El Mundo abrió el periódico con el siguiente titular: Investigan una cuenta de 12,9 millones del alcalde de Barcelona en Andorra.

El alcalde de Barcelona salió a negarlo tajantemente y anunció una querella contra el periódico. Según las fuentes consultadas, en el Ministerio del Interior, que no solo estaba al tanto de que iba a saltar esa información, sino que altos cargos presionaron a algunos medios para que la amplificasen, saltaron todas las alarmas. Como ya había sucedido con el informe borrador, publicado en el mismo periódico, la información volvía a ser falsa.

La información averiada la hizo llegar Jean-Michel Pillon, un supuesto informante de la policía francesa, a Enrique García Castaño, jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo y otro de los mandos implicados en la mafia policial. Pillon, jefe por entonces de la Aduana de Toulousse, recibió 25.000 euros de los fondos reservados a cambio de ofrecer el supuesto número de cuenta de Trias. Todo era falso.

El escándalo motivó que esa trama de mandos policiales acabase haciendo llegar un informe al ministro Fernández Díaz sobre lo ocurrido. No tiene sello ni firma, lleva fecha de 29 de octubre de 2014 y puede consultarse íntegro al final de esta información. La nota se titula “TEMA TRIAS” y ventila lo sucedido en folio y medio escaso. En ella la policía vuelve a recabar datos confidenciales del alcalde de Barcelona a través del Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (SEPBLAC).

Además de la numeración de la cuenta falsa ya publicada del banco UBS en Ginebra, se solicita información sobre dos productos bancarios del Banco Santander y el resto de cuentas de Trias en el Santander y Bankinter, y tambien “datos del hermano de Xavier, Juan María Trias y Vidal de Llobatera, el cual figuraría como titular de varias cuentas, igualmente en el Banco Suizo UBS con activos valorados aproximadamente en 20.000.000€, así como dos cuentas en Andorra”.

La “nota informativa” que recibió Fernández Díaz apuntaba: “Se está elaborando un pequeño informe con los datos a los que tenemos acceso y una patrimonial (intentando ver si existe desfase entre lo que declara y lo que tiene) con el objetivo de fundamentar el informe”.

Inciso importante: pese a las actuaciones que están llevando a cabo esas unidades policiales, Trias no estaba inmerso en ninguna investigación oficial, ni en el juzgado ni en la policía. El documento remitido al ministro continúa: “Una vez que el SEPBLAC reciba la información de la FIU Suiza, podremos motivar que tiene la cuenta, si está a nombre de una sociedad o cualquier otro dato relevante para la eficacia de la Comisión Rogatoria”.

En esa frase la Policía está admitiendo por escrito al ministro dos días después de la publicación de El Mundo que no tiene probada la existencia de la cuenta. Pese a ello, se compromete a que en cuanto lo consiga, “lo más pronto posible será remitido a la Fiscalía Anticorrupción con el fin de profundizar en la investigación y mediante Comisión Rogatoria, solicitar los datos asociados a la apertura de la cuenta (titular, beneficios, etc), los ingresos, transferencias, reintegros etc y toda la información que pueda ser relevante”.

Concluye la nota: “Se adjunta declaración patrimonial como alcalde de Barcelona de fecha 2-2-2013 y 16-11-2012”. Estos últimos datos sí eran públicos porque formaban parte de la declaración de bienes que como alcalde había hecho Trias de acuerdo con la ley de Transparencia.

Ninguna de esas gestiones realizadas a posteriori dieron sus frutos, la supuesta cuenta en Suiza de Trias nunca vio la luz, pero a la historia todavía le quedaban algunos capítulos. El 7 de diciembre el ministro Jorge Fernández Díaz vuelve a recibir otro informe apócrifo de la Policía para intentar dar apariencia de legalidad a la investigación secreta sobre el alcalde de Barcelona.

Ese documento, que tampoco tiene sello de ninguna unidad policial ni firma de ningún agente, se encabeza con el siguiente título: INFORME XTVL. Las iniciales del nombre y los apellidos del alcalde. Los siguientes párrafos son extractos del informe para justificar la investigación a Trias, que Villarejo había pactado con la cúpula de Interior unas semanas antes.

“En fechas recientes, concretamente el pasado día 8 de octubre del año en curso, se recibe información procedente de una fuente de las que colaboran habitualmente con el Cuerpo Nacional de Policía en casos similares (que ya en el pasado ha ofrecido informaciones positivas en este tipo de investigaciones contra la corrupción), quien nos participa la existencia de, al menos, una cuenta en Suiza sin declarar, con dinero procedente de actividades ilícitas a nombre de Xavier Trias i Vidal de Llobatera”. Recibida esta información se le da el mismo tratamiento que al resto de informaciones que se obtienen de este tipo y es remitida a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) para que al amparo de las disposiciones legales del Ordenamiento Jurídico Español, verifique todos los extremos de la información.

“Como quiera que la UDEF, al tiempo de recibir esta información, tiene en marcha unas investigaciones sobre unas obras de ampliación del Puerto de Barcelona, donde sale el nombre de esta persona como sujeto a investigar, por la posible procedencia ilícita de activos de un fondo del Banco de Chipre que aporta capital para esta operación relacionado con dinero proveniente, presuntamente de la mafia Rusa a través de este fondo, se participan todos estos hechos a la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad organizada”, recoge el documento.

Varios incisos: el envío de toda esa documentación a la Fiscalía Anticorrupción se produce después y no antes de la publicación de la supuesta cuenta en El Mundo y como respuesta a la demanda anunciada por el entonces alcalde de Barcelona. Y la supuesta información remitida por un confidente se produce después de que el jefe de la UCAO y colaborador habitual de Villarejo, Enrique García Castaño, remitiese un correo electrónico, publicado esta semana por La Vanguardia, al jefe de Aduanas de Toulousse, Jean-Michel Pillon. En ese mail fechado el 19 de agosto de 2014, unos días después de la charla entre Villarejo y el número dos de Interior Francisco Martínez en Marbella, García Castaño escribe a su colega francés: “Amigo ya estoy trabajando, seguimos con el problema catalán y necesito saber de nuestros amigos si tiene cuenta en Suiza: Xavier Trias Vidal de Llobatera con documento nacional de identidad [...] y de su hermano Juan María Trias Vidal de Llobatera”.

En el documento remitido a la cúpula de Interior dos meses después de la publicación no solo se insiste en la existencia de esa cuenta falsa a nombre de Trias, sino que para responder a “las discrepancias sobre la información recibida” se concierta una cita para la aclaración de algunos extremos. Y, ahí, asegura el pseudoinforme policial, es cuando el confidente manifiesta “que la información es absolutamente fidedigna y que Xavier Trias tiene cuentas en Suiza, pero que debido a los contactos que tiene en el País Helvético con Josef Ackerman, banquero suizo nacido el 7 de febrero de 1948 en Walenstaddt en el cantón de San Galo en Suiza, [sí, la información sobre su fecha de nacimiento figura así en el documento policial], es una de las pocas personas [Trias] que gozan del privilegio de poder cambiar de numeración cada cinco días, lo que hace prácticamente imposible que sea investigado”.

Aunque parezca difícil de creer, es un párrafo textual del informe que recibe Fernández Díaz en su despacho. En los siguientes, el mando policial autor del informe se dedica a intentar justificar la investigación prospectiva sobre Trias y cita incluso artículos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y varios decretos sobre la estructura de Interior. El razonamiento subraya que según la ley la Policía Judicial tiene por objeto, y será obligación de todos los que la componen averiguar los delitos públicos que se cometieren en su territorio o demarcación; practicar, según sus atribuciones las diligencias necesarias para comprobarlos y descubrir a los delincuentes...“.

Problema: en el caso de Trias nadie estaba actuando como policía judicial, porque el caso no estaba judicializado. Pese a ello, el ministro recibe un pantallazo con la información de la supuesta cuenta de Trias con el sello de la Dirección Adjunta Operativa, que presidía otro mando involucrado en la trama, Eugenio Pino, hombre para todo del ministro Fernández Díaz que hacía de receptor de los dosieres a través de distintas unidades policiales.

La numeración de la cuenta coincide con la que aportó al día siguiente del desmentido de Trias el diario El Mundo.

También en portada el periódico tituló: “UBS nº 7651162-3445.954 Este es el número de la cuenta suiza de Xavier Trias en la que estaban los 12.986.730,80 euros que fueron transferidos a Andorra en febrero de 2013”.

Los dígitos correspondían con el documento de Interior, incluso con lo que había mandado al margen de cualquier procedimiento el policía francés a García Castaño, pero no pertenecían a ninguna cuenta de Trias. Lo certificó en una acción inaudita el propio banco UBS al interesado.

Trias llevó el caso a los tribunales pero los periodistas que publicaron la información salieron indemnes. El juez concluyó que las informaciones de El Mundo “se enmarcan dentro de la difusión de la investigación patrimonial en el extranjero que sobre el Sr. Trias estaba llevando a cabo la Policía Nacional”. En otras palabras, el hecho de que la información falsa hubiera salido de la mafia policial es lo que la blinda en los tribunales. La justicia presupone que las investigaciones policiales se hacen cumpliendo la ley y atendiendo al interés público. También en el caso de la brigada política.

Los siete meses que han pasado desde que Jaume Collboni se convirtió en alcalde de Barcelona han sido una sucesión de dimes y diretes, de rumores y teorías sobre cómo acabaría siendo finalmente el gobierno municipal. Con sólo 10 concejales de 41, la única certeza era que el socialista no podría gobernar solo. Así que, desde el primer día, la pregunta era con qué exalcalde preferiría pactar Collboni: con Xavier Trias o con Ada Colau.

Pero en el campo de juego hay un tercer actor, muy determinante sobre todo de cara al pacto con los 'comuns'. La suma de Collboni y Colau sólo da 19 concejales -por debajo de los 21 que tendría un pacto con Trias. Por eso, desde el primer momento, los 'comuns' insistieron en incorporar a ERC a un hipotético gobierno tripartito, que les daría mayoría para aprobar medidas y presupuestos.

Si bien, durante las últimas semanas, todas las miradas se han centrado en las negociaciones con Trias y con Colau, este viernes Elisenda Alamany, líder de la formación republicana en Barcelona desde que Ernest Maragall se retirara el pasado diciembre, ha saltado a la arena, confirmando que el partido ha comenzado a reunirse con Collboni, “de la misma manera que habla con Junts y los 'comuns'.

“Es cierto que antes no estábamos en estas conversaciones y ahora estamos”, ha asegurado Alamany, quien también ha apuntado que las reuniones con el alcalde “se intensifican” y “se aceleran”. Aún así, la republicana ha querido ser prudente y ha asegurado que “es pronto para hacer grandes especulaciones”, a pesar de que apunta que las reuniones se dan “frecuentemente”.

Alamany ha explicado que hablan “sobre el modelo de ciudad” de Barcelona y no ha querido añadir más detalles sobre las negociaciones de cara a un posible tripartito. Apunta que “es demasiado pronto para decir si desembocarán en eso”. De hecho, también han declinado que estén en negociaciones con los 'comuns', pero en tanto que los republicanos sólo cuentan con 5 concejales, un posible pacto de gobierno requeriría de la presencia de los de Colau. Así que el hecho de que PSC y ERC hayan acordado empezar a reunirse podría ser un indicativo de que el pacto a tres bandas gana peso respecto a un acuerdo con Junts.

Por su parte, los 'comuns' han reclinado hacer declaraciones sobre las conversaciones que Collboni pueda tener con otros partidos y aseguran que sus propias negociaciones no han avanzado. Igualmente, el PSC también descarta hacer cualquier declaración sobre las conversaciones.

Las declaraciones de ERC cambian el equilibrio y las especulaciones. Y es que, aunque tanto Trias como Colau han dicho en diversas ocasiones que el pacto no está cerrado y se han conjurado para dar pocos detalles sobre sus respectivas negociaciones, la sensación generalizada es que Collboni se estaba entendiendo más con el de Junts. Sobre todo después de que este jueves se aplazara en el último momento la primera reunión confirmada entre el alcalde y Colau desde hace más de tres meses.

Un pacto complejo

Que la formación de gobierno iba a ser un encaje de bolillos ya se sabía desde el momento en que Collboni tomó la vara de mando. Un pacto con Junts daría una mayoría sólida, pero supondría una paradoja inédita: el socio de gobierno tendría más concejales y, por lo tanto, más fuerza, que el propio alcalde. Y es que cabe recordar que Trias fue el ganador de las elecciones, con un asiento más que Collboni, quien arrebató la alcaldía al de Junts in extremis gracias a los votos del PP y Barcelon en Comú.

Con todo, este sorpasso a último momento podría provocar rencillas entre socios de gobierno que, por otro lado, han mostrado sintonía en los diversos plenos celebrados hasta la fecha -en los que se han dado ya diversos acuerdos, por ejemplo, en la rebaja de la tasa de terrazas o en la apertura de nuevos hoteles, ambas decisiones que revocan medidas destacadas de la administración de Colau, con las que Collboni ha querido marcar perfil y alejarse de la herencia de la exalcaldesa.

Pero, a pesar de los pactos alcanzados, es de esperar que la relación entre Junts y el PSC fuera complicada, tal como lo está siendo en Madrid. El acuerdo entre socialistas y 'comuns' -sumando a ERC- daría como resultado un gobierno progresista que ha sido reivindicado por los tres partidos en repetidas ocasiones. Pero en esta opción, la figura de Ada Colau podría suponer un escollo.

Las relaciones entre los que fueron socios de gobierno durante seis años -con Colau como alcaldesa- se enfriaron y tensaron cuando Collboni decidió abandonar su puesto como teniente de alcalde pocas semanas antes de las elecciones. Y, todavía se enrareció más durante la campaña electoral, que estuvo plagada de reproches. A pesar de que ambos líderes han abogado por un Ayuntamiento de izquierdas, llevaban más de tres meses sin reunirse. Esa racha se tenía que haber roto el pasado jueves, con la reunión que, finalmente, se anuló en el último momento.

Y a esta extraña relación se debe sumar un último detalle, simbólico pero importante. Cabe recordar que además de los de Colau, los votos que permitieron a Collboni convertirse en alcalde fueron los del líder del PP en Barcelona, Daniel Sirera. El popular dio su sí al socialista para que no gobernara Junts con una condición: que no trajera de vuelta a Colau al gobierno. Si bien es una promesa que no está grabada a fuego, que Collboni aceptara esa condición fue algo que ya marcó el inició de las negociaciones y que enrareció más la relación entre socialistas y 'comuns'.

El alcalde de noche y el peso del Congreso

La tardanza a la hora de llegar a pactos de gobierno ha tenido sus consecuencias. Una de las más sonadas es que Collboni haya debido prorrogar los presupuestos del pasado año después de que todos los partidos le votaran en contra en lo que fue su primer batacazo y constatación de que no podría gobernar en solitario. De hecho, los comuns ya lo dejaron claro: su sí a las cuentas pasaba por el sí de Collboni a un gobierno tripartito.

Pero que no se aprobaran los presupuestos era algo de esperar, ya que se asumía que el socialista no tomaría una decisión hasta que Pedro Sánchez no tuviera un acuerdo de investidura para la presidencia. Una vez conseguido el acuerdo en el Congreso -con un peso importante de Junts que es posible que los socialistas no quieran repetir en el consistorio de Barcelona- ahora las miradas están puestas en el Parlament. Y es que sería de esperar que un pacto entre el PSC y ERC suavizara la aprobación de los presupuestos catalanes y las negociaciones que se den al otro lado de la Plaça Sant Jaume.

Quizás es en esa línea de acercamiento que se deba leer el último anuncio del alcalde Collboni, que explicó su intención de crear la figura del 'alcalde de noche', cargo que asegura que otorgará a su socio de gobierno. Esa figura, que tendrá competencias para regular el ocio nocturno -y las consecuentes medidas de seguridad y orden público-, fue muy bien acogida por ERC, ya que es algo que Maragall reclamaba desde 2019.

Todavía hoy siguen reinando las especulaciones, pero todo hace pensar que el cauce del río municipal podría tender a desembocar en una reedición de un gobierno tripartito, con el PSC a la cabeza.  

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, sigue sin decidirse entre Junts o los comuns para ampliar su gobierno municipal. Mientras tanto, sin embargo, ha anunciado que creará una nueva figura en el Ejecutivo, el ‘alcalde de noche’, y que está dispuesto a ceder el cargo a su futuro socio, sea el partido que lidera Xavier Trias o el de Ada Colau. 

Este edil nocturno, que ya aparecía en los programas electorales del PSC o de ERC, servirá para programar, coordinar y mediar en las actividades de noche de la ciudad, tanto culturales como deportivas o de ocio, según ha explicado Collboni en una entrevista en TVE. “Existe en Nueva York, en París y en otras ciudades europeas y permite reconocer un hecho: que son ciudades que por la noche tienen vida”, ha dicho.

Hasta ahora Collboni no había planteado este cargo al tener un gobierno en minoría y con muchas carteras que recaen en solo diez ediles. Pero su compromiso de ampliar el gobierno con un nuevo socio, un objetivo al que quiere llegar como muy tarde en primavera, abriría la puerta a ese segundo alcalde. Sobre los pactos, ha reiterado: “Mi compromiso con la ciudadanía es tener un gobierno ampliado y unos presupuestos antes de primavera”. 

Medio año después de su toma de posesión, Collboni esperaba a que los líderes de la oposición a su gobierno despejaran su futuro antes de tomar una decisión sobre futuros socios. El de ERC, Ernest Maragall, ya se ha retirado, aunque los republicanos siguen diciendo que están lejos de entrar en un tripartito con PSC y comuns. Pero Trias y Colau siguen al frente de sus grupos y la alcaldesa esta semana ha dejado claro que tiene intenciones de quedarse en el consistorio más tiempo del que se preveía, algo que no agrada a los socialistas, porque se verían obligados a compartir Ejecutivo con una exalcaldesa.

La investidura de Pedro Sánchez ha logrado unir bajo un mismo paraguas a formaciones progresistas, nacionalistas e independentistas, ha provocado el enfado de la derecha y ha desatado protestas en las calles contra la ley de amnistía. Pero aún podría dejar otras consecuencias, una de ellas en Barcelona. En la capital catalana, los partidos de la oposición en el Ayuntamiento de Barcelona esperan que el alcalde socialista Jaume Collboni, que actualmente gobierna con solo 10 concejales de 40, se decida finalmente a mover ficha para ampliar su limitado Ejecutivo. 

Desde que Collboni accedió al cargo, tras arrebatarle la vara de alcalde a Xavier Trias con los votos de Comuns y PP en el último instante, el PSC siempre ha insistido en que sus aliados naturales deben ser las formaciones de izquierdas: Barcelona en Comú y ERC. En paralelo, sin embargo, no ha descartado en ningún momento pactar con Junts, ya sea en acuerdos puntuales o incluso de gobierno si es necesario. “No cierro la puerta a nadie”, aseguró frente a los empresarios del Cercle d’Economia, buscando la reconciliación del Ayuntamiento con el empresariado. 

Tras cuatro meses de mandato y superada la investidura de Sánchez, en el puente de mando del consistorio barcelonés saben que no pueden aguantar cuatro años en solitario, tanto por la dificultad de sacar políticas adelante como por la carga de trabajo que recae sobre sus diez ediles. Pero a la vez se muestran pacientes: mantienen conversaciones informales con todos los grupos y evitan atarse definitivamente a izquierda o derecha. De hecho, desde el Ejecutivo consideran que no pueden negociar a largo plazo tanto con comuns y ERC como con Junts si estos no aclaran cuál será su liderazgo a lo largo del mandato, puesto que ni Ada Colau, ni Ernest Maragall ni Xavier Trias tienen intención de completar la legislatura entera. 

Con todo, y pese a que dicen no tener prisa, los socialistas han probado ya la medicina de estar en clara minoría. Su propuesta de mayor calado hasta ahora, los presupuestos para 2024, tuvo que aparcarla al no contar con ningún apoyo de la oposición. Collboni no fue capaz de convencer a los comuns y ERC, que lo tacharon de demasiado tímido, a pesar de que incluía un aumento de los impuestos al turismo pensado para seducirles. Y por otro lado, Junts votó en contra porque descartaba rebajas fiscales. 

En el Gobierno municipal hay cierto estupor por la dura oposición que está llevando a cabo Barcelona en Comú, quienes fueran sus socios en el Ejecutivo durante años, puesto que incluso llegaron a plantear una reprobación a Collboni que finalmente acabaron retirando. Los de Ada Colau, sin embargo, responden que el Ayuntamiento se está acercando demasiado a Junts para desmantelar parte de su legado. 

En una entrevista en Catalunya Ràdio este sábado, Collboni reconoció que tarde o temprano le tocará abrir juego. “Es obvio que 10 concejales no son suficientes para gobernar cuatro años; la prioridad es buscar aliados progresistas y también estamos hablando con Junts, porque han ofrecido la posibilidad de llegar a acuerdos”, declaraba.

Hasta la fecha, la lista de acuerdos alcanzados por el PSC con Junts es superior a la que incluye los comuns. Con los de Trias, Collboni ha acordado revisar la reserva del 30% de pisos sociales en nuevas promociones –al considerar que no funcionó–, la rebaja de la tasa de terrazas y, la semana pasada, la revisión del plan de alojamientos turísticos para volver a permitir la apertura de hoteles singulares en el centro de Barcelona.

“La imagen es de acercamiento progresivo hacia el pacto de la sociovergencia”, señalaba recientemente el concejal de Barcelona en Comú Jordi Martí. Los comuns trasladaron hace más de un mes una cincuentena de propuestas a Collboni para negociar un acuerdo de gobierno, pero lamentan que de momento no han obtenido ninguna respuesta. 

Con todo, el mayor escollo para alcanzar un acuerdo de izquierdas está en la distancia que separa al PSC de ERC. Los socialistas saben que los necesitan para alcanzar la mayoría (con los comuns suman solo 19 concejales y hay que llegar a 21), pero los republicanos están hoy lejos de esa posición, aunque fuentes del partido añaden que están abiertos a mantener conversaciones con el gobierno.

Uno de los guiños más recientes de los socialistas hacia los republicanos ha sido abrirse a la modificación de la Ordenanza de Civismo tal como reclamaba ERC. 

“Sobre las negociaciones de gobierno, quien debe decidir es el PSC”, recalca la número dos de ERC, Elisenda Alemany. Según su visión, hoy el PSC “mira al PP”, cuyos votos fueron necesarios para la investidura. “No nos podemos permitir una Barcelona que renuncie a las políticas progresistas”.

Vista la dificultad de armar un tripartito, en el PSC cuidan su relación con Junts, conscientes de que el pacto con el PSOE da alas al sector más pragmático, encarnado por figuras como Trias, para alcanzar acuerdos más allá de la investidura de Sánchez. De hecho, desde el grupo municipal de Junts, y en particular el propio Trias, no esconden su voluntad de llegar a una entente con el gobierno municipal.

“Collboni debe aclarar si prefiere a los comuns o a Trias”, le apremiaba también esta semana el concejal de Junts Jordi Martí Galbis, que esperaba, como los demás grupos, que el PSC abra ahora conversaciones. Si la investidura despeja el camino de los pactos en Barcelona es “una incógnita”, aseguraba el edil neoconvergente, antes de volver a fijar su posición: “Para contribuir a que la ciudad tire hacia adelante en base a un cambio, allí estaremos”. 

Junts y el PSC han llegado a un acuerdo en el Ayuntamiento de Barcelona para modificar la ordenanza que regula la tasa de las terrazas en la capital catalana. Lo ha anunciado el líder de Junts, Xavier Trias, quien asegura que ha hablado ya con el alcalde Jaume Collboni para iniciar en los próximos días el trámite que permitirá aprobar esta revisión.

La propuesta sigue clasificando a los establecimientos en función de las mesas que tenga, estableciendo tramos distintos cada cinco mesas. La diferencia con la normativa anterior es que, en los tres primeros tramos, se aplicará una rebaja del 5%.

Trias ha apuntado que la medida se ha diseñado con el objetivo de crear unas tasas “lógicas”. El pacto también cuenta con el apoyo del gremio de la restauración, que celebra que se “revierta la actualización desmedida e injusta que se aprobó en 2019”.

En ese momento, con Ada Colau como alcaldesa de Barcelona, el Ayuntamiento acordó -gracias a los votos a favor del PSC, entonces socio de Gobierno- un aumento de la tasa de las terrazas. Ahora bien, este incremento quedó congelado poco después, llegando a bonificarse hasta el 75%, debido a la crisis del Covid.

Esta medida de gracia caduca el 31 de diciembre de 2023, justo el margen que tiene Jaume Collboni para pactar sus primeras ordenanzas fiscales como alcalde de la ciudad.

En caso de no haberse llegado a un acuerdo, el consistorio preveía recaudar 8 millones de euros con la tasa de terrazas. La propuesta que elaboró Collboni en solitario proponía una rebaja que disminuía la cifra a los 4,6 millones de euros. Ahora, con el pacto de rebaja con Trias, el Ayutamiento prevé ingresar poco más de 2 millones de euros.

Estas ordenanzas fueron tumbadas por todos los grupos de la oposición hace a penas dos semanas. De no haber llegado a este acuerdo con Junts, el PSC tendría que haber prorrogado las ordenanzas del pasado año.

Este acuerdo con Trias es un guiño a otro escollo que debe salvar próximamente Collboni, que es la aprobación de los presupuestos para el próximo ejercicio. El PSC, con sólo 10 votos de 41, necesita apoyos para afianzar sus cuentas, pero los números son difíciles de cuadrar.

Los 'comuns' son el socio que, a priori, podría parecer el preferido de los socialistas, pero estos condicionan su sí a los presupuestos a entrar a formar parte del gobierno municipal. Pero no son los únicos que pugnan por ser socios de Collboni. Xavier Trias hace semanas que se muestra insistente en su voluntad de gobernar junto al socialista, a quien recrimina que todavía no haya decidido con quién va a pactar. Con todo, ha asegurado que ha sacado adelante este pacto “por responsabilidad”.