El Gobierno de Imanol Pradales ha acordado este martes el cese de Cristina Uriarte (Hondarribia, 1965). Ella era la única consejera del primer Ejecutivo de Iñigo Urkullu, el de 2012, que continuaba como alto cargo de la Administración vasca. Eso sí, desde 2020 ya no tenía como tal rango de consejera y ejercía de comisionada del lehendakari para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. Pradales deja vacante esa plaza para nombrar a una nueva persona aunque tendrá otras funciones. Se creará el puesto de comisionado de Euskadi Berria, inspirado en los 'ministerios del futuro' de los países nórdicos, y se le asignará un presupuestos de 260.000 euros, según figura en los presupuestos de 2025 y como adelantó este periódico.

Uriarte fue consejera de Educación de 2012 a 2020 y también de Cultura en los primeros cuatro años. Su cartera inicial la asumen ahora hasta tres consejeros, Begoña Pedrosa en Educación, Juan Ignacio Pérez Iglesias en Ciencia, Innovación y Universidades e Ibone Bengoetxea en Cultura y Política Lingüística. En 2020, con el arranque de la tercera legislatura, Uriarte cedió Educación a Jokin Bildarratz, que sí completó el camino de renovar la ley autonómica, pero se quedó dentro del equipo de confianza más próximo a Urkullu como comisionada, un puesto dependiente directamente de la Presidencia vasca.

Con Uriarte, que es doctora en Química y que también fue vicerrectora de la UPV/EHU en Gipuzkoa, se marcha la última de quienes integraron el primer gabinete de Urkullu. Eran ocho consejeros y hace ya casi una década desde que se relevó al primero, Juan María Aburto, que pasó a ser alcalde de Bilbao. Los únicos dos que se mantuvieron como consejeros durante los doce años de Urkullu fueron Josu Erkoreka y Arantxa Tapia. Ambos cesaron en junio, con la llegada de Pradales.

El cese aparece dentro de los cambios acometidos en la estructura de la Presidencia vasca. Coordina el equipo, con rango de secretario general, Mikel Iriondo, de la máxima confianza de Pradales. El director de Coordinación Estratégica será Aimar Rico, otro colaborador director del lehendakari desde antes de llegar a Ajuria Enea. Ander Caballero será el responsable de Acción Exterior y de él dependerán las delegaciones, incluida ya la de Madrid, que volverá a tener ese rango. La pata de Comunicación e Innovación Social recae en Ion Muñoa. A ese equipo se han sumado en las últimas horas Marta Martín, exdirectora de 'Deia' y nueva responsable de Identidad Corporativa, y Juan Miguel Goicoechea, aunque la directora de Comunicación continuará siendo otra de las colaboradoras de toda la vida del lehendakari, Aitziber Díez.

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha estado rodeado en estos doce años de 23 consejeros. Solamente dos, Josu Erkoreka y Arantxa Tapia, han completado con él las tres legislaturas. Pero el socialista Iñaki Arriola, con dos legislaturas ahora y antes otra con Patxi López, también alcanza los tres mandatos. En cifras, diecisiete de los consejeros han sido propuestos por el PNV y seis por el PSE-EE, que ha gobernando en coalición con los nacionalistas desde 2016 y durante dos legislaturas.

En Ajuria Enea, el palacio presidencial, ha habido siete fotografías diferentes del gabinete. Fueron en 2012 con el equipo original, en 2015 cuando Juan María Aburto se fue a la alcaldía de Bilbao y llegó Ángel Toña, tras las elecciones de 2016, en 2019 por dos veces tras las salidas de Alfredo Retortillo primero y de Jon Darpón después -por la crisis de las oposiciones de Osakidetza-, en 2020 con el inicio de la tercera legislatura y en 2023 por el ajuste de Nerea Melgosa por la marcha de Beatriz Artolazabal. Urkullu, nada amigo de las crisis de Gobierno, solamente ha hecho cambios por exigencias electorales de cualquiera de los dos partidos o entre legislaturas. La única excepción es la de Darpón: no ha habido más casos en los que directa e indirectamente un problema de gestión le haya costado el cargo a un miembro del Gobierno. Con todo, él sigue insistiendo públicamente en la buena gestión de Darpón.

A diferencia de otros lehendakaris o de otros presidentes, Urkullu ha dirigido todos y cada uno de los Consejos de Gobierno que se han celebrado, habitualmente en martes. Habrán sido más de medio millar. Incluso, si ha sido preciso, los ha celebrado telemáticamente desde lugares como Japón o Bruselas con ocasión de alguno de sus viajes oficiales. Urkullu ha visitado también Estados Unidos, Canadá, el Vaticano -se vio brevemente con el Papa Francisco- y otros países. De hecho, solamente suspendió uno en febrero de este año por el fallecimiento de su madre pudiendo haber delegado en el vicelehendakari primero, Josu Erkoreka.

Erkoreka ha sido su 'número dos' desde el inicio. Primero ejerció como portavoz porque, como tal, no existía la vicepresidencia. En 2020 ya adquirió ese rango. Entonces también entró la socialista Idoia Mendia como vicelehendakari segunda. En la tercera legislatura, el portavoz ha sido Bingen Zupiria. El lehendakari también ha tenido otros colaboradores estrechos sin rango de consejero. Txus Peña, hasta su jubilación, fue el secretario general de Presidencia como antes con otros lehendakaris del PNV. El lehendakari ha tenido durante doce años a un mismo núcleo duro con Iñaki Bernardo, Manu Castilla, Marian Elorza, Miren Edurne Erezkano, Luis Petrikorena o Jonan Fernández. Bernardo o Erezkano, por ejemplo, ya ocupaban con él las mismas funciones -Comunicación y Secretaría- cuando era presidente del PNV.

Urkullu cambió dos nombres clásicos, Sanidad e Interior, por Salud y Seguridad nada más llegar al cargo. También ha ido ajustando las denominaciones de las carteras hasta el punto de separar en 2016 Trabajo de Empleo o tener un consejero de Economía y Hacienda y luego de Hacienda y Economía. Aunque ha tenido consejeros no vascoparlantes tanto de PNV como de PSE-EE, buena parte de las reuniones del gabinete se han hecho en euskera. El lehendakari dirige también un Consejo de Gobierno virtual, un grupo de WhatsApp llamado “Eusko Sailburuak”.

El lehendakari podrá argumentar que en su tercer y último mandato (2020-2024) ha tenido una elevada producción legislativa. Ha sacado adelante 59 leyes. Sobrepasan claramente las 28 de la etapa anterior (2016-2020) y las 34 de la primera legislatura (2012-2016). Los tres mandatos han sido diferentes. En el primero el PNV gobernó en solitario y en minoría. En el segundo PNV y PSE-EE formaron una coalición en minoría. Y para la tercera llegó el bipartito con mayoría absoluta.

En la legislatura vasca que se inició en 2016 y terminó en 2020 -unos meses más tarde de lo previsto por la suspensión de las elecciones debido a la llegada del coronavirus- el lehendakari, Iñigo Urkullu, y los trece consejeros que participaron en su gabinete de coalición en todo el cuatrienio o en parte de él realizaron 248 viajes fuera de Euskadi y gastaron en ellos 712.506,36 euros, según los datos obtenidos por este periódico del portal de Transparencia de la Administración autonómica. El 62% de esos desplazamientos se realizaron dentro de España pero se visitaron 23 países de Europa, América (del norte y del sur), África y Asia. Cada viaje tuvo un precio medio de 2.873 euros.

El lehendakari Urkullu realizó doce viajes en el anterior mandato, el segundo de los tres para los que ha resultado elegido. Sus expediciones son las que más gasto medio tienen, 36.475 euros. La razón es que ha llevado entre cinco y once acompañantes a sus viajes y han sido rutas más largas y estancias de hasta una semana. El viaje más caro, al que asistieron once personas, fue entre el 31 de octubre y el 6 de noviembre de 2018 a Argentina y Chile. Costó 108.888,86 euros. Un año antes, en fechas muy similares, Urkullu y ocho personas viajaron a Canadá por 100.756,65 euros. Urkullu es quien ha estado en el país más pequeño de todos los recorridos por los miembros del Gobierno, en la Ciudad del Vaticano, donde tuvo ocasión de departir unos minutos con el pontífice de la Iglesia católica, Francisco (11.361,98 euros).

Los consejeros del PNV fueron nueve, ya que Jon Darpón dimitió en marzo de 2019 por la investigación de las irregularidades en las oposiciones médicas del año anterior y le relevó Nekane Murga al frente de Salud. Ellos y Josu Erkoreka, Arantxa Tapia, Beatriz Artolazabal, Pedro Azpiazu, Cristina Uriarte, Bingen Zupiria y Estefanía Beltrán de Heredia realizaron 175 viajes con un precio medio de 1.286,35 euros. Los consejeros del PSE-EE fueron cuatro puesto que el titular de Turismo, Alfredo Retortillo, dejó el cargo en la primavera de 2019 para ser candidato a alcalde de Barakaldo y ocupó su lugar durante el último tramo de la legislatura Sonia Pérez. Además de ellos participaron Iñaki Arriola y María Jesús San José. Son 61 los viajes de los representantes socialistas, con un coste medio de 814 euros.

La consejera más viajera fue Arantxa Tapia, responsable de Desarrollo Económico, ya que tuvo 44 estancias fuera de Euskadi. Darpón, eso sí, llegó a hacer 35 desplazamientos en menos de tres años. En la parte socialista, San José, que se responsabilizó de Trabajo y Justicia, viajó 29 veces. Por el contrario, la titular de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia, no hizo más que tres viajes en cuatro años. Eso sí, el precio medio más alto fue el de sus expediciones, 6.497,12 euros. Le siguen los viajes de Azpiazu, consejero de Hacienda, que salieron por 5.867,8 euros. En el lado opuesto, Josu Erkoreka, como responsable de Gobernanza Pública y Autogobierno, se movió seis veces a un coste medio de 238,11 euros.

Con gran diferencia, el destino favorito de los consejeros es Madrid, la capital de España y sede de muchos encuentros institucionales y ferias. Los consejeros vascos viajan cada doce días a Madrid, 120 veces en cuatro años. Son casi la mitad de todos los desplazamientos y el 78% de los que se hicieron sin salir al extranjero. El más cercano fue a Pamplona y los más lejanos a las Islas Canarias aunque se visitaron Andalucía, Castilla-La Mancha, Catalunya o Galicia, entre otras autonomías.

En cuanto a los viajes al extranjero, los más distantes fueron a Japón -una “misión institucional y tecnológica” de cinco personas encabezadas por Arantxa Tapia que duró seis días y cuya factura no es muy elevada, 3.012 euros- y a Sudáfrica -otra expedición de la misma consejera-. Sin más, el punto más visitado es Bruselas, como capital de la Unión Europea. Pero los miembros del Gobierno ha puesto pie en Estados Unidos, Panamá, Reino Unido -y allí en Escocia, Gales e Inglaterra-, en los Países Bajos o en varias ciudades de Alemania.

El Gobierno vasco destinó en el curso 2019/2020 11.585.080,66 euros a 141 aulas de seis colegios privados que segregan por sexos. Son Arangoya en Bilbao, Gaztelueta en Leioa, Ayalde y Munabe en Loiu, Eskibel en Donostia y Erain en Irún. No hay ninguno en Álava. Todos ellos o son del Opus Dei o pertenecen a la patronal COAS, próxima a esa prelatura. En estos centros están matriculados 3.770 estudiantes de prácticamente todos los niveles, incluidos algunos grupos de Formación Profesional. La reforma educativa puesta en marcha por la ministra Isabel Celaá incorpora una disposición para cerrar el grifo de la financiación pública a estos colegios que autodefinen su veto a un sexo como “educación diferenciada”.

Estos datos han sido aportados al Parlamento Vasco por el consejero de Educación, Jokin Bildarratz, en respuesta a preguntas del representante de EH Bildu Ikoitz Arrese. En el curso 2017/2018, según datos solicitados en la Cámara entonces por Elkarrekin Podemos-IU, la cuantía era de 13 millones de euros. En una rueda de prensa hace dos semanas, Bildarratz aseguró que Euskadi aplicará la medida para dejar de financiar a estos colegios. “En ese sentido, nosotros lo que haremos será cumplir la ley. Es una ley orgánica, es una ley básica. Y siendo un Gobierno, además, que siempre entendemos que tenemos que trabajar en profundizar en la igualdad de género, en un equilibrio entre sexos, en la verdadera igualdad entre alumnos y alumnas”. Su predecesora en el cargo, Cristina Uriarte, también del PNV, opinaba que “la enseñanza disgregada por sexos no es discriminatoria”.

Por centros, dos son los colegios que acaparan más de la mitad de los fondos. Uno es Ayalde, femenino, ubicado en Loiu y con 1.290 alumnas. Se lleva 4,4 millones. Alrededor de 3,6 millones ingreso el otro, Gaztelueta, masculino, emplazado en Leioa y con 1.105 estudiantes. Este centro se ha hecho conocido por el caso de abusos sexuales ya juzgado y probado que tuvo lugar hace más de una década en el centro. La dirección no sólo no apoyó la denuncia del estudiante -ahora adulto- sino que se volcó en la defensa del abusador. En estos centros, a diferencia de lo habitual en Euskadi, impera el modelo educativo en castellano (A). Solamente 565 de los 3.770 cursan el modelo bilingüe (B) y no tienen ningún grupo en euskara (D).

La patronal COAS defiende públicamente con vehemencia la educación diferenciada y cree que mejora el “clima” en las aulas. Eso sí, ya han retirado de su 'web' un polémico documento sobre su propuesta pedagógica revelado por este periódico en el cual centros que reciben fondos públicos aseveraban, entre otras cosas, lo siguiente: “Para muchos chicos los deportes de contacto físico —fútbol, rugby, etc.— pueden no sólo ser divertidos sino que de hecho ponen la base para una duradera amistad. Para las chicas la agresividad no construye amistades, más bien las destruye. En los colegios mixtos ambos modos de vivir la agresividad chocan”.

Euskadi es la comunidad autónoma que tiene un mayor peso de la educación concertada en toda España. Representa prácticamente el 50% de toda la red, casi en posición de equilibrio con la pública. El motivo es que, además de los centros religiosos, tienen mucha importancia las ikastolas. También hay cooperativas.

El Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) lleva una semana publicando una sucesión de anuncios con los ceses y nombramientos de altos cargos del segundo nivel de la Administración vasca tras la conformación del nuevo gabinete de Iñigo Urkullu, que se conoció el sábado 5 de septiembre y tomó posesión el martes 8. El último de ellos es la recolocación de la exconsejera de Educación, Cristina Uriarte, que fue relevada por Jokin Bildarratz tras ocho años en el cargo y que ahora pasa a ser asesora de Presidencia con nivel 2 -equivalente a un viceconsejero-. El sueldo anual de esta categoría es de 85.000 euros, aproximadamente, según las tablas publicadas por el propio Gobierno su portal de transparencia. Aunque se conoce ahora, su designación se produjo el mismo día en que cesó en su puesto anterior, el 8 de septiembre.

En el nombramiento oficial, firmado por el secretario general de Presidencia, Txus Peña, solamente se indica que “las tareas a realizar serán las propias de un puesto de asesoramiento y las específicas del ámbito al que se adscribe”. Fuentes del Gobierno, sin embargo, indican que ejercerá de “comisionada de Innovación”. Recuerda que una de las competencias de Lehendakaritza -que se ha despojado de la coordinación de las áreas de Igualdad o Memoria Histórica- es la dirección del Plan de Ciencia y Tecnología y “una buena parte de ese plan está vinculado a las Universidades y a Ikerbasque”, dos áreas gestionadas por Uriarte en estas dos legislaturas. “Se encargará de coordinar los proyectos y planes de innovación del Gobierno”, informan estas fuentes.

En la parte del PSE-EE del Gobierno de coalición, también es noticia de las últimas horas que la exviceconsejera de Medio Ambiente, Elena Moreno, ha pasado a ser directora de Comercio. Antes, durante el Ejecutivo de Patxi López fue directora de la academia de la Ertzaintza en Arkaute.

Euskadi y Galicia han ido de la mano en todo 2020. Se convocaron elecciones a la par para el 5 de abril, la pandemia las suspendió en ambos casos y los presidentes Iñigo Urkullu (PNV) y Alberto Núñez Feijóo (PP) las recolocaron el 12 de julio. Tras sendas victorias -cada uno a su manera ha logrado mayoría absoluta- también celebraron en la misma fecha la investidura y, por lo tanto, sus cambios en el Gobierno se han conocido al tiempo. Y hay otro punto más en común: Urkullu y Feijóo han forzado relevos al frente de Educación y Salud, dos áreas clave en la gestión de la crisis de la COVID-19 y con los mayores presupuestos han cambiado

En el caso de Euskadi, la revolución es mayor, ya que han cambiado igualmente los titulares del resto de servicios básicos como Seguridad, Justicia o Empleo, así como la ubicación en el organigrama. Solamente uno de los consejeros del gabinete saliente repite con sus atribuciones intactas en el actual, Pedro Azpiazu al frente de Economía y Hacienda. Quien sale de Salud es Nekane Murga, que apenas llevaba 18 meses y que relevó a Jon Darpón tras su dimisión por la investigación de las filtraciones en las oposiciones del Servicio Vasco de Salud (Osakidetza). Es un asunto que todavía colea en los juzgados. De hecho, la pasada semana un testigo remarcó que en su examen, el de la especialidad de Angiología, se produjo un “tongo” para primar a los opositores previamente elegidos por los autores de las preguntas.

Murga pasó de estar al frente de esa crisis -otra testigo la sitúa como conocedora de las irregularidades en su condición de doctora de Osakidetza- a verse al mando de la lucha contra la COVID-19. Desde el principio, el Gobierno ya asumió que flaqueaba en comunicación, aunque se destacaba su capacidad de trabajo y que no había nadie mejor para ofrecer credibilidad que una cardióloga que ha salvado vidas en su trayectoria profesional. Aunque al final de esta etapa ya se hallaba más cómoda en las comparecencias, que han sido diarias en algunos momentos de estos meses, dejó momentos para la polémica cuando defendió la no utilización general de las mascarillas por prevención afeando a Pedro Sánchez que la llevara: “Tendrá coronavirus”. Tampoco ha quedado claro por qué en seis meses de pandemia nunca ha aparecido en público el director general de Osakidetza. Fuentes del Ejecutivo vasco indican que su salida ha sido una “decisión acordada” entre Urkullu y la afectada, aunque en las últimas semanas había mostrado su disposición a continuar. Su sustituta es Gotzone Sagardui, también de Bilbao, también licenciada en Medicina pero con mucho más peso político. Es bilingüe. “Tiene un perfil doble, técnico y político”, destacan de ella desde el Gobierno.

En Educación, la salida de Cristina Uriarte se daba por descontada. Desde hacía meses había sensación de final de ciclo. En su caso han sido ocho años, dos legislaturas, al frente de este cartera e incluso en la primera etapa con el añadido de Cultura. No han sido años exentos de polémicas y movilizaciones de los agentes sociales. Hay reformas educativas que no se han llevado a término y una comisión de investigación en el Parlamento puso en evidencia el fraude en la contratación del servicio de comedores de la escuela pública hasta 2015 aunque con origen en 2003 y que también afecta a los exconsejeros de EA Tontxu Campos y Anjeles Iztueta o a la actual ministra del ramo, la socialista Isabel Celaá. Desde el Ejecutivo indican que la salida no puede interpretarse como un fracaso o como un reconocimiento implícito de errores en plena vuelta a las aulas. Subrayan que ningún consejero anterior ha estado tantos años seguidos al frente de un área tan sensible.

El caso gallego es similar. En los meses previos a las elecciones la exposición del conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña, fue total y sus explicaciones sobre las decisiones que se iban adoptando para frenar la pandemia generaron varios incendios que Feijóo tuvo que solucionar personalmente. Fue el caso de la decisión de cancelar los contratos del personal sanitario con contrato temporal que contraía el virus. La decisión incendió los ánimos de los profesionales de la salud, en unas semanas en las que cada tarde a las ocho el sector recibía el aplauso unánime de los ciudadanos en los balcones. El candidato a la reelección tuvo que rectificar a su conselleiro y pedir disculpas. No sería la primera vez. 

También se sonrojó el barón gallego del PP cuando trascendió la decisión de pagar a los médicos con un cheque para restaurantes y hoteles, destinado a este sector y que pretendía compensar sus desvelos, al tiempo que se atendía a la principal obsesión de Feijóo durante el coronavirus: La industria turística y hostelera gallega. Hubo nuevas disculpas.

Con todas las miradas puestas en la sanidad, Feijóo asumió el riesgo de defender las estrategias que Almuiña ponía sobre su mesa cada día. Ahora, el exconselleiro se cae del nuevo Gobierno y en la Xunta no han tardado salir al paso con la teoría de que el cese del exdirigente de la sanidad gallega se debe a un problema de agotamiento y que la salida ha sido pedida por el propio interesado. La teoría no deja de tener sus puntos ciegos ya que nadie en el nuevo Gobierno gallego explica cómo en medio de la segunda oleada de coronavirus, con más de 200 contagios diarios y con una docena de muertes por semana el conselleiro de Sanidade puede argumentar cansancio para echarse a un lado. 

Tras meses de campaña electoral vendiendo la idea de que en Galicia el COVID-19 golpeaba menos que en el resto, ahora la Xunta presenta su nuevo equipo con una nota de prensa en cuyo primer párrafo se destaca el “compromiso con el realismo” del nuevo equipo. Nada de lo hecho mal al principio de la pandemia podrá ser juzgado políticamente ya que la sanidad gallega tiene un nuevo responsable, al que no se podrá culpar por los errores de su predecesor. 

En cuanto a la Educación, el relevo es producto del desastre con en el que la conselleira saliente, Carmen Pomar, afrontó el arranque del curso escolar al que los padres de alumnos llegan en pie de guerra y apoyando las huelgas planteadas desde los sindicatos. Pomar apostó antes del verano por no ceder a las recomendaciones del Gobierno central que apostaban por desdoblar aulas para reducir el riesgo de contagios. Feijóo llegó a asegurar que en los patios había más peligro que en las aulas. La Xunta acabaría rectificando tarde y al líder del PP gallego no se le ocurrió otra manera de escapar del problema que señalando a Madrid como responsable de no redactar un protocolo único, a pesar de que las competencias educativas son exclusivas de la comunidad autónoma. 

Sin llegar a asegurar que la conselleira sale porque así lo ha deseado, el ejecutivo gallego afirma que la decisión se toma para reducir burocracia en momentos de dificultad. Educación vuelve a integrarse en la consellería de Educación, en donde ya estuvo antes, bajo el mando de Román Rodríguez. Un paso atrás en toda regla.

A propuesta del PSE-EE, Javier Hurtado (Madrid, 1981) será el nuevo consejero de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno vasco. Hurtado será el tercero de los consejeros socialistas en el nuevo gabinete de Iñigo Urkullu, en el que el PNV tendrá ocho carteras. La propia secretaria general, Idoia Mendia, será vicelehendakari segunda y responsable de Empleo y el actual titular de Medio Ambiente y Vivienda liderará una nueva cartera de Transportes y Vivienda a la que ya aspiró en 2016 y que guarda semejanzas con la que dirigió en 2009-2012 dentro del Ejecutivo de Patxi López.

Hurtado, jurista de profesión pero con estudios de Políticas también, es un recién llegado a la política vasca. En 2019 fue fichado como diputado de Infraestructuras y Movilidad de Álava dentro de otra coalición con el PNV. Por motivos personales y profesionales se había traslado a Vitoria en 2013, pero antes acumulaba una larga trayectoria política en Madrid. Con menos de 30 años, fue jefe de gabinete del ministro José Blanco en Fomento y ha sido asesor en la secretaría general del PSOE.

El nuevo consejero tomará el martes en Ajuria Enea el relevo de Sonia Pérez, vizcaína, cuya despedida se confirmó al tiempo que la entrada de otra vizcaína, Mendia. Los socialistas tienen tres carteras y hay un consejero de cada territorio. También por ello Hurtado deja sin hueco a la actual titular de Trabajo y Justicia, María Jesús San José. Pérez y San José pasarán a ser parlamentarias en la próxima legislatura. Se da la circunstancia de que Hurtado dirigirá un área que, en la Diputación alavesa, lidera otra socialista, Cristina González. Aunque su nombre había entrado en las quinielas, finalmente el PSE-EE opta por un perfil diferente y muy valorado incluso fuera de su partido.

En cuanto al resto de nombramientos, fuentes del Gobierno confirman que Urkullu ya tiene decidida su estructura. Aunque la relación completa de miembros del nuevo gabinete se guarda bajo siete llaves, ya está confirmada también la salida de las consejeras de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia, y de Edudación, Cristina Uriarte, ambas después de dos legislaturas. También se da por segura la incorporación de Jokin Bildarratz.

Euskadi afrontará a partir de este lunes y de manera escalonada la vuelta a las aulas más critica, marcada por los condicionantes que acarrea la pandemia en cuanto a accesos, aulas y posibles contagios, con un relevo al frente de la cartera de Educación del Gobierno vasco. Cristina Uriarte Toledo (Hondarribia, 1965) dejará de ser consejera tras ocho años al lado de Iñigo Urkullu en una de las áreas con más presupuesto, unos 3.000 millones anuales. El también guipuzcoano Jokin Bildarratz, exalcalde Tolosa, expresidente de Eudel y hasta ahora portavoz del PNV en el Senado sería el elegido para el puesto, según 'El Diario Vasco' y 'El Correo'.

El lehendakari guarda con celo el nombre de los miembros del futuro gabinete hasta después de la jura de este sábado, un acto tradicional bajo el árbol de Gernika pero que en esta ocasión se celebrará con menos aforo y con distancias debido al coronavirus. Se llegó a plantear incluso un 'plan B' en el propio Parlamento por un reciente brote en la zona de hostelería de Gernika durante las 'no fiestas' de mediados de agosto.

En Educación no han programado ningún acto específico con motivo del arranque del curso 2020/2021, aunque las fuentes consultadas lo desligan de los cambios en el Gobierno, que se harán efectivos en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV). Aunque se produzca el relevo de consejeros -los nuevos tomarán posesión este martes a primera hora- el equipo actual de Educación y del resto de áreas -salvo los asesores- continúan en sus cargos a la espera de que sean ratificados o destituidos, para lo que se necesita un Consejo de Gobierno. Urkullu ha destacado la importancia de retomar la actividad educativa este viernes en la conferencia telemática con Pedro Sánchez y los presidentes autonómicos. Ha querido remarcar que su equipo lleva “desde junio” preparando protocolos para un retorno seguro y ha lamentado el “clima” generado en puertas de las fechas clave por los sindicatos, que han anunciado movilizaciones que desembocarían en una huelga el 15 de septiembre.

Se da la circunstancia de que Urkullu ha participado solamente unos minutos en la videoconferencia. Se ha excusado precisamente por su intensa “agenda” para conformar el nuevo gabinete: “Agradezco vuestra atención y, con vuestro permiso, dado lo que he comentado de las circunstancias que afectan también a lo que es la conformación del próximo Gobierno vasco y de las estructuras me ausentaría de esta reunión para atender estas cuestiones relacionadas con el nuevo Gobierno”.

Además del relevo en Educación, se ha de producir otro en Seguridad tras la marcha al Senado de otra de las consejeras que había estado con Urkullu desde su llegada, la alavesa Estefanía Beltrán de Heredia, que ocupará precisamente un puesto de designación autonómica hasta ahora en manos de Bildarratz. En la cuota correspondiente al PSE-EE (tres de las once carteras) Idoia Mendia será titular de Empleo y saldrá Sonia Pérez, hasta ahora titular de Turismo, Comercio y Consumo.

El Gobierno vasco, aunque mantiene su apuesta por la presencialidad 100% en el nuevo curso académico 2020/2021, ha decidido cambiar de planes y no hacer un inicio generalizado el próximo 7 de septiembre. Ese día solamente arrancarán las clases los más pequeños, Infantil, Primaria y el primer ciclo de Secundaria y además un 25% de los centros lo retrasarán a otro día de esa misma semana. Los más mayores -a partir de 14 años- arrancarán el 15 de septiembre. En FP se han fijado hasta seis fechas, 14, 16, 21, 23, 28 y 30 de septiembre. “Hay un cambio importante”, ha reconocido la consejera de Educación en funciones, Cristina Uriarte, sobre este arranque “escalonado”. La medida se anuncia en el día con más casos positivos en Euskadi desde la llegada del coronavirus hace justamente seis meses, el 28 de febrero.

Las autoridades educativas y sanitarias también han optado por “reforzar” el uso de la mascarilla en las aulas y la hacen obligatoria desde primer curso de Primaria, esto es, desde los 6 años. Sin embargo, también se hace “recomendable” para los menores de esa edad. Educación enviará a los centros 800.000 unidades y se repartirán 500.000 cada mes. También habrá un reparto de termómetros para la comprobación de la fiebre. Se recomienda que las familias hagan ese control en casa, pero habrá también seguimiento en los propios centros al inicio de la jornada.

Euskadi “apuesta decididamente por un comienzo de curso presencial”. La consejera Uriarte ha recordado que los niños llevan desde marzo sin acudir a las aulas y que no ir a un modelo tradicional implica consecuencias curriculares y de conciliación. No obstante, se es consciente de que “la incidencia de la pandemia ha variado en las últimas semanas” y ello ha obligado a reforzar medidas de seguridad e higiene. El modelo escalonado, según Uriarte, es el que ya funcionó de manera exitosa “a pesar de las críticas” en mayo-junio, cuando volvieron grupos de 4º de Secundaria y 2º de Bachillerato. Alrededor de 160.000 estudiantes verán alargadas unos días sus vacaciones de verano, según la estimación con la matriculación del curso anterior. Uriarte, en cambio, ha recalcado que “todo” el alumnado estará en septiembre operativo y en las aulas, alrededor de 400.000 personas.

Educación plantea también la contratación de 1.000 docentes de apoyo para afrontar las nuevas exigencias, aunque asume que no llegarán a tiempo para el inicio del curso. El sindicato mayoritario del sector, Steilas, cifró las necesidades reales en 6.000 y solamente en la red pública, que representa únicamente el 50% en Euskadi. Se incidirá en las necesidades “caso a caso” de los centros, para resolver problemas específicos en aulas de “mayor concentración de alumnado”, ha prometido el Gobierno. Uriarte, en cambio, ha rechazado que los ratios por aulas se superen en Euskadi y ha indicado que es más un problema de espacios físicos: no es lo mismo 20 personas en un sala pequeña que una más grande. En todo caso, a pesar de que la apuesta por la docencia física es total, se han comprado 24.631 equipos informáticos para reforzar posibles necesidades de educación a distancia. El curso anterior se cedieron 6.000 aparatos a familias con necesidades, 500 tabletas y algunas conexiones a Internet no cuantificadas.

El protocolo presentado este viernes por Educación -a solamente 10 días del 7 de septiembre- recoge en 15 páginas algunos ajustes al documento más amplio de julio, detallado por este periódico esta semana. La idea que subyace es que se evalúe de manera continuada la situación epidemiológica para ir adoptando medidas más o menos restrictivas. Uriarte ha reconocido, por ejemplo, que se ha bajado de 8 a 6 años la necesidad de la mascarilla y que se ha recomendado su uso incluso por debajo de esa franja de edad por el volumen alto de transmisión comunitaria en Euskadi. No obstante, en los primeros ciclos se busca crear grupos 'burbuja' de convivencia más estable para que haya una relación más normalizada y tengan más libertad de movimientos entre ellos.

El protocolo considera brote cualquier agrupación de tres casos positivos y, en función de su origen y extensión, requerirá medidas que pueden llegar al cierre del centro si hay “transmisión comunitaria no controlada”, aunque siempre de manera quirúrgica o “proporcional”. La consejera de Salud, Nekane Murga, no ha precisado que puede darse un cierre generalizado en caso de que suba la transmisión comunitaria y ha incidido en que los positivos de agosto no son comparables con los de marzo aunque “cuantitativamente” la estadística se parezca.

Las medidas afectan también a todo lo que rodea a la enseñanza. Afectan al transporte, a los comedores y a las extraescolares, que quedan en el alero ya que se recomienda su suspensión en el “inicio” de curso. “Llegado el momento se comunicarán las condiciones en las que se podrían organizar”, se lee en el documento de Educación.

Preguntada por un posible mayor absentismo, Uriarte ha reconocido que esa posibilidad existe y que incluso podría actuarse con más “flexibilidad” en algunas circunstancias. No obstante, ha dejado clara la obligatoriedad de la escolarización y ha indicado que existen herramientas de control, desde las aplicaciones de asistencia y faltas hasta la inspección.

“¿Con cuánta fiebre activo el protocolo?”, se pregunta un directivo de un centro concertado de Euskadi. Los centros, los sindicatos, los docentes y las familias -y también los estudiantes- se hacen ésta y otras muchas preguntas a menos de dos semanas de la fecha prevista para el regreso a las aulas, en pleno pico de la segunda ola de la pandemia. En muchos casos, no tienen todavía respuestas claras. Los Departamentos de Educación y de Salud del Gobierno vasco están trabajando con intensidad en las últimas horas con el objetivo de presentar el viernes el plan definitivo para la vuelta a las aulas no universitarias en Euskadi, según garantizan desde el Ejecutivo. El lehendakari, Iñigo Urkullu, ya enfatizó que el objetivo es un retorno presencial al 100%, aunque las medidas ya diseñadas harán que cualquier parecido a cómo eran las clases en marzo sea casual.

Este jueves se celebra también una reunión entre la ministra de Educación, la exconsejera vasca Isabel Celaá, y las comunidades autónomas. Euskadi participa en ese foro -Urkullu ha apelado a la “colaboración leal” con el Estado- aunque consciente de que tiene plenas competencias para establecer su propio modelo. Una de las opciones que se barajan es hacer un calendario diferenciado en función de los niveles para evitar un regreso de golpe de todo el alumnado -casi 400.000 personas- más los profesores y el resto del personal.

El de la Educación no es un problema menor. En Euskadi, según los datos de matriculación del curso 2019/2020, había 84.327 estudiantes en Educación Infantil, 129.920 en Primaria, 86.447 en Secundaria, 31.180 en Bachillerato, 42.482 en las distintas modalidades de Formación Profesional, 20.120 en Educación para Adultos y 1.529 en ciclos especiales de todas las edades. En total son 396.005 personas, casi tantas como habitantes suman Vitoria y Donostia juntas. O las mismas que personas que han tenido que hacerse una PCR durante la pandemia. Un brote en la enseñanza podría tener importantes consecuencias epidemiológicas.

Desde los agentes educativos -y también desde la oposición política- se ha urgido al Gobierno de Urkullu a dar unas pautas claras para la vuelta a las aulas. Educación redactó un primer protocolo en junio y en julio lo actualizó. Ese documento (43 páginas) ya prevé medidas para escalonar accesos, salidas y recreos, evitar aglomeraciones en zonas comunes, separar a los alumnos dentro de las aulas, crear burbujas con los niños más pequeños -aunque a la vez se considere más seguro mezclarlos en el autobús escolar-, llenar los centros de puntos con gel, regular el uso de los aseos o prohibir que se comparta material. Recoge exigencias en cuanto a limpieza regular y ventilación.

El objetivo declarado, según se lee en el documento, es “garantizar la asistencia presencial de todo el alumnado”. Eso sí tiene ‘plan B’: “Si fuera preciso priorizar la asistencia de parte del alumnado, por la evolución de la pandemia, se mantendrá la presencia en los niveles y etapas Educación Infantil y hasta el 2º curso de Educación Primaria”. De hecho, se pide a los centros que preparen un “plan de evolución del aprendizaje a metodologías de trabajo educativo telemático”.“ Es preciso tener una planificación que facilite la educación aun cuando se presenten dificultades para la presencia en los centros, y el paso de una situación a otra en esta pandemia”, se indica. Y también que “los alumnos que por su especial vulnerabilidad o en situación grave transitoria no deban acudir al centro serán tenidos en cuenta para facilitarles si fuera necesario las ayudas necesarias para su formación de manera no presencial”. No obstante, fue un modelo diseñado en pleno valle de la pandemia, que en agosto se ha disparado en Euskadi.

Pero en el escenario de presencialidad al 100%, en lo que se tendría que incidir es una “reorganización” de los espacios para preservar las distancias. ¿Cómo? Habilitando gimnasios, salones de actos o incluso edificios públicos de fuera del recinto como ludotecas, centros cívicos o polideportivos, que serían transformados en aulas. En este sentido, el alcalde de Vitoria y presidente de Eudel (principal asociación de municipios de Euskadi), ha pedido a todos los ayuntamientos que hagan una relación de espacios que puedan ceder para garantizar la escolarización. Incluso “se recomienda fomentar las actividades al aire libre, utilizando los patios […] o parques cercanos al centro educativo”. En todo caso, no se descarta “sectorizar o compartimentar” las aulas con mamparas u otros elementos para ganar en seguridad, al estilo de como se han separado los escaños en el Parlamento Vasco o algunos edificios públicos. La regla es que haya “2,25 metros cuadrados por persona”. Más complejas se presentan las gestiones del comedor o de los gimnasios y de los recreos, hasta el punto de que se recomienda si no son seguros los patios la “permanencia en el aula”. Con el ánimo de minimizar los movimientos, en Secundaria el 95,4% de los centros ha optado por la jornada continua.

¿Las mascarillas las ponen las familias?

Parece clara la obligatoriedad del uso de mascarillas en clase, salvo en los ciclos en los que los alumnos son más pequeños y en educación especial. La recomendada es la quirúrgica o higiénica. ¿Pero ese material lo llevarán desde casa o lo pondrá el centro? Solamente se indica en el protocolo que “debe explicarse el uso correcto de la mascarilla ya que un mal uso puede entrañar más riesgo de transmisión”. Un responsable de un centro de Vitoria indica que, en su caso, las mascarillas para el profesorado las pone el colegio pero las del alumnado tendrán que costearlas las familias. Por otro lado, la idea es crear una “sala de aislamiento” por centro para llevar allí un posible contagiado, sea un alumno o un docente.

¿Y qué hay de la opción de contratar más personal para crear grupos más reducidos? El 18 de agosto, la consejera de Educación, Cristina Uriarte, adelantó que no consideraba necesario incrementar el profesorado. Según sus datos, las ratios de alumnos por clase son adecuadas. Dijo que de 333 centros de Primaria 121 tienen menos de 17 estudiantes por aula, aunque también hay 36 con 23-25. En Secundaria, manifestó que la media es de 21,5 cuando el tope son 25. En Bachillerato, la ratio es de 24,6 sobre 30, aunque también hay 17 centros saturados.

Los sindicatos de la enseñanza consideran que Euskadi va tarde con la preparación de la vuelta a las aulas, a la vuelta “segura” a las aulas. En un comunicado conjunto, ELA, LAB, CCOO y UGT lamentan la “incertidumbre” que se ha extendido en “trabajadores, alumnado y familias” e instan a Educación a que consensúe las medidas con los agentes sociales y deje de adoptar “decisiones unilaterales”. La central mayoritaria, Steilas, también se ha mostrado muy crítica estas semanas, pero poniendo el acento en la situación de la pública. El matiz no es menor ya que la red privada en Euskadi casi acoge al 50% del alumnado, mucho más que la media española por la suma de ikastolas y centros religiosos concertados.

Steilas ve “sin rumbo” al Gobierno de Urkullu. Demanda como medida más efectiva la reducción de los grupos, lo que supondría la necesidad de, como mínimo, 3.000 docentes. Y si hay que cumplir los protocolos marcados por Educación en su propuesta de julio -que no les parece negativa-, cada centro debería incorporar cinco personas de refuerzo, es decir, otras 3.000 en toda la red. “6.000 personas en listas sí hay. Pero lo que no hay tiempo es tiempo. Es prácticamente imposible hacerlo ya. Es un tren que ha pasado”, se lamenta Aitor Idigoras, portavoz de Steilas, que tiene claro que “el único modo de garantizar el derecho a la educación es la escuela presencial, todo lo demás es otra cosa”.

Ya fue polémica la vuelta a las aulas por la que optó en mayo. El Gobierno vasco quiso un retorno en plena fase I de la desescalada y finalmente tuvo que posponerlo a la fase II y de manera muy limitada. Regresaron parte de quienes completaban cursos clave como 4º de Secundaria o 2º de Bachillerato, así como alumnado de FP. Aquella ya fue una prueba de lo que suponía establecer circuitos, tener pupitres distanciados o combinar la presencialidad con lo telemático. La Selectividad también se celebró, aunque con retraso. Ahora bien, las distancias y medidas durante los propios exámenes desaparecieron al acabar y algunas celebraciones posteriores de los jóvenes generaron importantes brotes de contagios, sobre todo en Gipuzkoa. El de Eibar ha alcanzado los 600 positivos en estos meses, como ha confirmado la consejera de Salud, Nekane Murga, esta misma semana.

Se da la circunstancia de que la vuelta a las aulas coincide con el relevo en el Gobierno vasco, que lleva meses en funciones y que se constituirá nuevamente entre el 3 y el 8 de septiembre una vez el Parlamento reelija por tercera vez a Urkullu como lehendakari. Uno de los cambios de caras en el Ejecutivo que más se ha comentado es el de Uriarte al frente de Educación -la segunda cartera con más presupuesto detrás de Salud-. Uriarte lleva los ocho años de Urkullu al frente de la enseñanza vasca.

La consejera de Educación en funciones, Cristina Uriarte, ha informado este martes sobre el contenido de las resoluciones del calendario para el inicio del curso académico 2020/2021 que ha remitido a los centros educativos para la vuelta a las aulas este mes de septiembre. Incluye recomendaciones como fomentar la creación de “grupos estables” del alumnado, junto con el tutor, en los ciclos de Educación Infantil y Primaria, que deberán intentar evitar “mezclarse” e “interactuar” con otros grupos del centro educativo.

La titular de Educación ha explicado que en junio el Departamento remitió a los centros la resolución del calendario y del inicio de curso. En la primera de ellas, se daba la opción a los centros de ESO de impartir el curso en jornada continua de mañana o en jornada de mañana y tarde. Uriarte ha informado de que el 95,4% de los centros ha optado hacer un horario de mañana. La consejera ha destacado que esto puede facilitar que, si se tiene que desdoblar algún aula “por algún motivo”, se podría usar el horario de tarde, informa Europa Press.

Asimismo, ha explicado que en la resolución del inicio de curso se incluye que este año no se prevé la celebración de actividades extraescolares en las que se pernocte. Los centros también deben elaborar un plan anual del centro con un protocolo general de actuación frente al coronavirus en el que deben establecer la organización del centro para el desarrollo de la actividad educativa, tanto de comunicación, información y coordinación en los distintos escenarios. También cada centro tiene que elaborar un plan de contingencia que recoja “de manera clara” las medidas de prevención e higiene.

Por otro lado, ha señalado que si en algún caso fuera necesario priorizar la asistencia de parte del alumnado, también se establece que se priorizará para los niveles inferiores --infantil y primaria--, así como del alumnado “más vulnerable” de centros considerados con alto índice de necesidades educativas. También se establece cómo escalonar la entrada, cómo establecer el horario de patio y unas comisiones se seguimiento, tanto en los centros como a nivel de la Administración, y que haya una persona “referente” en el centro para los aspectos relacionados con el covid-19 que tenga comunicación con el Servicio de Prevención y con el servicio responsable de la Salud.

La consejera de Desarrollo Económico del Gobierno vasco, Arantxa Tapia -no la de Salud, Nekane Murga-, ha presentado este martes las primeras medidas de la emergencia sanitaria de Euskadi, un marco excepcional iniciado el lunes por el incremento de contagios de COVID-19 detectado la pasada semana pero que ha coincidido con un descenso en los dos primeros días de esta semana. El plan, que afecta a toda la comunidad autónoma, incluye restricciones importantes en la hostelería -como el cierre total al ocio nocturno-, deja al 60% el aforo de las piscinas en plena temporada estival, se decreta el cierre de las lonjas juveniles y se establece un tope de 10 personas para los grupos, sea en bares o restaurantes o sea en la vía pública.

La consejera Tapia ha precisado que la emergencia sanitaria permite adoptar más medidas y más duras en un ámbito más concreto en el que pueda aparecer un brote, sea un barrio, un municipio o una comarca. No se ha concretado cómo podrían ser esas medidas más “quirúrgicas”, aunque la normativa que ha entrado en vigor habilita al “mando único”, al lehendakari, incluso a ordena un confinamiento. Estas decisiones se han adoptado tras la primera reunión del LABI, el organismo que hace las veces de mesa de crisis en la emergencia sanitaria. Participan de él la Administración autonómica pero también la foral y la municipal, así como el delegado del Gobierno de España en Euskadi, Denis Itxaso.

Tapia ha confiado en que las medidas entren en vigor “lo antes posible”, aunque no ha podido concretar si será el miércoles o el jueves. “Necesitamos un poco de tiempo para llevarlo a una orden”, ha asegurado la que en su día fue comisionada para gestionar la desescalada y que ahora de nuevo ha asumido la portavocía del Gobierno en esta fase. Ha explicado también que su vigencia es indefinida y que no habrá cambios hasta que la evolución sea “diferente”, ya sea para mejor o para peor. En principio, el LABI se reunirá cada semana para ir analizando los datos. La consejera Murga ha añadido que se considera como cambio de tendencia un descenso del 10% de la media semanal de positivos y ha rebajado a “diente de sierra” que en las últimas 48 horas hayan aparecido menos casos que el fin de semana. La normativa incorporará un “régimen sancionador” y tanto la Ertzaintza como los cuerpos locales realizarán el seguimiento para garantizar su cumplimiento.

¿Cuáles son las medidas nuevas?

Según el borrador de la orden que entrará en vigor en los próximos días, en los bares y restaurantes vascos no se admitirán grupos de más de 10 personas y únicamente se podrá consumir sentado. Se había barajado la posibilidad de restringir a 60 personas el aforo máximo en hostelería, pero ese punto ha sido eliminado de las sucesivas versiones. En este punto, se estará a lo que marque el aforo de cada local. Asimismo, tiene que haber 1,5 metros de distancia no solamente entre las mesas, sino entre los propios grupos. En la barra únicamente se podrá estar sentados y con distanciamiento. El horario de cierre, siguiendo las pautas del Ministerio de Sanidad, será a la una de la madrugada, pero no se podrá ni entrar a los locales ni pedir nada a partir de medianoche. La limitación es idéntica para zonas comunes de hoteles y 'buffets'. Se confirma el “cierre total” de discotecas y pubs. Los 'txokos' tienen un régimen similar al de la hostelería, pero las lonjas juveniles y similares tienen una “prohibición total” de abrir.

El transporte público se cortará a partir de la misma hora en que acabe la hostelería, a la una de la madrugada. La excepción será el servicio de taxis para posibles urgencias. En este ámbito se recuerda también que se prohíbe la ingesta de alimentos en trayectos de menos de dos horas para garantizar el uso continuado de mascarillas. Se puede beber agua, pero la mascarilla ha de ser colocada “inmediatamente después”.

En la vía pública, los grupos tampoco podrán ser de más de 10 personas. Ésa es la norma general también para actividades turísticas o de ocio, también en la naturaleza. Se recuerda que el botellón está prohibido y el aforo de las piscinas queda reducido al 60% y con una estancia de no más de tres horas. En los entierros y velatorios sí se permite hasta 30 personas como excepción, y el resto de celebraciones quedan reguladas por las normas generales para el culto. En cuanto a las residencias, que son competencia de las diputaciones, se fijan unas pautas generales para todo Euskadi: PCR obligatoria a los nuevos residentes y empleados con 72 horas de antelación, un solo visitante y como máximo durante una hora diaria y salidas limitadas para los mayores. Habrá excepciones para acompañamiento de los que estén “en el proceso final de la vida”.

El Gobierno vasco quiere reabrir los institutos y centros de Formación Profesional en unos pocos días, a partir del 18 de mayo, sin que por el momento se haya activado ni siquiera la fase 1 de la desescalada y sin que haya habido contactos con el Ministero de Educación, que maneja otros ritmos. Ese día regresarían a las aulas los estudiantes de 2º de Bachillerato -se considera clave porque preparan la Selectividad-, todos los matriculados en FP superior y los de segundo curso de FP media. De manera escalonada, los días 25 y 28 de mayo regresarán también los alumnos de 4º de Secundaria, de 1º de Bachillerato y del resto de niveles de las FP medias y básicas.

Según un informe de Educación, en el curso 2019/2020 y solamente en la red pública hay 14.920 bachilleres, 10.000 en el último curso de ESO, 1.300 en la FP básica, 10.000 en la FP media y 13.000 en los grados superiores. Son 10.000 los profesores de estos ciclos. Si se le añade la red concertada, los afectados serían alrededor de 90.000. Uriarte ha remarcado que la medida “no es voluntaria”, aunque ha admitido situaciones “excepcionales” por motivos sanitarios. Vitoria y Labastida, en la Rioja Alavesa, fueran las primeras localidades de España en cerrar los colegios el 9 de marzo.

El regreso -de apenas unas semanas- obligará al uso de mascarillas por parte de estudiantes y docentes, se promoverán entradas y salidas escalonadas de los institutos -a ser posible con un circuito unidireccional-, habrá turnos para el patio y los descansos, habrá horario continuo de cinco horas y sin comedor y se obligará a que las mesas de las aulas estén separadas por 1,5 metros. Llama la atención que se dé esa cifra, ya que la campaña institucional del Gobierno vasco pide más distancia bajo el lema “2 metros, la distancia que nos une”. “Metro y medio pero con el uso de mascarillas”, ha defendido Uriarte.

Este plan contrasta con las medidas generales del Ministerio de Educación, que como norma general planteaba concluir este año académico de manera telemática con algunas excepciones por conciliación y refuerzo. Incluso se había valorado no empezar con normalidad el curso 2020/2021 en septiembre. “Respecto al planteamiento hasta los 6 años, es una medida de ayuda a la conciliación”, ha dicho Uriarte, que sólo lo ve necesario para estudiantes con padres y madres trabajando en servicios esenciales o dependientes y en la franja de 0 a 1 años. Ha añadido que septiembre “queda lejos” pero con el “deseo” de que vuelva “todo” el alumnado.

La consejera de Educación, Cristina Uriarte ha destacado que cuenta con el “aval” de la consejera vasca de Salud, Nekane Murga y que ha compartido sus planes con agentes sociales. Ha matizado tamaño que si la fecha del 18 de mayo es prematura -solamente sería la fase 1 de la desescalada en el mejor de los escenarios- todos los grupos tendrían que regresar el 25 de mayo. Sobre las propuestas de la ministra Isabel Celaá -predecesora de Uriarte en el cargo-, Uriarte ha dicho desconocer los planes del Estado: “No tengo ningún conocimiento de la propuesta que baraja la ministra”.

El plan de desescalada del Ministerio de Educación cuestiona las iniciativas vascas. En la fase 1 los centros podrán abrir para “desinfección”, “acondicionamiento” y “preparación”. En la fase 2, los cursos afectados por las medidas anunciadas por el Gobierno vasco son de “carácter voluntario” y en todo caso con grupos de “no más de 15 estudiantes” con “asistencia alterna”.

Las elecciones a celebrar el próximo 28 de abril no van a ser unas elecciones sin más. Van a ser tan decisivas que, como dice el profesor Héctor Illueca, van a tener una naturaleza materialmente constituyente, a pesar de no ser formalmente unas Cortes constituyentes.

En primer lugar, las elecciones van a marcar el final de una época: la del bipartidismo turnista, en la que el gobierno era siempre monocolor, aunque a veces necesitaba el apoyo parlamentario de alguna fuerza menor. Este papel de sostén del gobierno solía recaer en el nacionalismo catalán y/o vasco, gracias a los efectos del sistema electoral, que perjudicaba enormemente a terceros partidos de ámbito estatal, anulando de facto la capacidad de estos para actuar como partidos-bisagra. La irrupción de Podemos rompió este esquema “tendencialmente bipartidista”, iniciando la evolución hacia el multipartidismo. Consecuencia de ello es que el de Sánchez será probablemente el último gobierno monocolor y el próximo, el primero de coalición entre partidos.

Llegados al punto de un sistema que funciona en este momento como multipartidista, la política de pactos adquiere un protagonismo especial. Antes se trataba sólo de saber si el partido en el gobierno iba a necesitar o no el apoyo de alguno o algunos grupos menores. Ahora se trata de saber qué partidos formarán parte de la coalición que gobierne. En consecuencia, el hecho de que los ciudadanos conozcan los aliados preferentes de cada fuerza constituye en las nuevas circunstancias un componente esencial de aquello que la ciudadanía tiene derecho a saber para ejercer correctamente el derecho al voto. Y en consecuencia, ocultar a los votantes potenciales quienes serán los aliados preferentes de una fuerza política supone un desprecio al derecho de los ciudadanos a decidir qué tipo de gobierno, qué tipo de acuerdos de gobierno y qué tipo de políticas promueve cada fuerza.

Las tres derechas de ámbito estatal ya han dejado claro quiénes son sus aliados preferentes y cuáles las coordenadas básicas de una coalición de gobierno en la que estarían dispuestas a integrarse. También lo ha hecho Unidas Podemos. Y lo ha hecho en cierto sentido, la ciudadanía vasca, según una encuesta reciente encargada por EITB: un 86 % se inclina por continuar la reciente entente del PSOE con Podemos y nacionalistas, frente al 4 % que la sustituiría por otra entre las derechas.

Desgraciadamente, hay dos fuerzas que se niegan a aclarar si apoyan la apuesta de la mayoría social vasca. Y lo que es más grave, se niegan a facilitar que sus votantes puedan ejercer su derecho al voto conociendo por anticipado qué tipo de acuerdos de gobierno van a promover y para desarrollar qué tipo de políticas públicas.

En primer lugar está el propio PSOE, que se niega a concretar quiénes van a ser sus socios preferentes de cara a un acuerdo de gobierno. Es más, últimamente se está dedicando a implorar a Ciudadanos que no se cierre al acuerdo, a pesar de las repetidas veces en que este partido le ha dado con la puerta en las narices, con acusaciones de grueso calado al presidente del gobierno. Pero el PSOE insiste, seguramente con la triste esperanza de que Ciudadanos incumpla su palabra.

Más extremo es aún el caso del PNV. Este partido se resiste a facilitar a sus eventuales votantes la información sobre quiénes serán sus socios y sus acuerdos de gobierno preferentes. Ortuzar ha reivindicado explícitamente la “libertad absoluta” del PNV para decidir sobre posibles pactos tras las elecciones. Y es evidente que dispone de esa libertad absoluta. Nadie puede forzar al PNV a apoyar a quien no desea. Pero al proclamar esa libertad absoluta de su partido y negarse a informar a sus potenciales votantes de sus preferencias, lo que hace Ortuzar no es defender un derecho de su partido que nadie cuestiona ni puede cuestionar, sino justificar una falta de transparencia, bajo el manto de que todo lo que sea pactar es bueno, sea quien sea con quien se pacte, siempre que se obtengan las correspondientes contraprestaciones y al margen de cuáles sean las políticas que impulse ese gobierno e incluso de cuál sea la incidencia de esas políticas estatales sobre la ciudadanía vasca.

Haciendo oídos sordos a la voluntad mayoritaria de esa ciudadanía vasca que reflejan las encuestas, Ortuzar se muestra indiferente ante la eventualidad de pactar a favor o en contra de las tres derechas. En ello no hace sino profundizar en su actitud tradicional, que en la pasada legislatura se ha traducido en el apoyo al gobierno del PP la mayor parte del tiempo y en el posicionamiento contra el PP al final de la legislatura, siendo por ello acusado por esta organización de no respetar la palabra dada.

Jugar a todos los palos ha sido muy rentable políticamente para el PNV en el tiempo del bipartidismo. Es más dudoso que le resulte igualmente eficaz esa estrategia en los nuevos tiempos que se avecinan de multipartidismo. En todo caso, no es la más respetuosa con la ciudadanía, ya que fuerza a sus votantes a darle un cheque en blanco, sin que puedan intuir siquiera en manos de quién va a acabar.

*Roberto Uriarte Torrealday es profesor de Derecho Constitucional, cabeza de lista al Congreso por Bizkaia de Elkarrekin Podemos

El Gobierno vasco incorporará un incremento de la financiación de la escuela concertada en su proyecto de ley para gestionar la prórroga presupuestaria. Se aprobará en los próximos días para que se pueda tramitar en febrero en el Parlamento y contemplará igualmente una subida de los salarios de los funcionarios y de la renta de garantía de ingresos. En los tres casos, la mejora será del 2,25%, según ha confirmado este viernes la consejera de Educación, Cristina Uriarte, en relación a los salarios del personal de los colegios privados sujetos a financiación pública.

En un acto en Somorrostro, Uriarte ha indicado que las mejoras para la concertada irán “en línea de la subida salarial de todo el colectivo docente”, esto es, un 2,25%. Estas medidas -reclamadas también por el PP, cuyos votos son necesarios para que sean aprobadas en la Cámara- llegan en un contexto de huelga de ocho días en parte de la concertada, en concreto en los centros de Kristau Eskola o AICE, que suman unos 120.000 escolares. Son un total de ocho jornadas de paros, tres de los cuales se han consumido ya.

Según datos de Kristau Eskola -la patronal de los centros religiosos- el seguimiento de la huelga ha sido escaso, del 17%, por un 28% del miércoles y un 22% del jueves. De 8.168 trabajadores, apenas 1.387 han secundado el paro, remarcan estas fuentes. Por territorios, Bizkaia ha sido el de mayor seguimiento con un 24%, al contabilizarse 960 huelguistas de un total de 3.939. En Álava ha sido del 9%, con 144 trabajadores en huelga de un total de 1.558, y en Gipuzkoa del 11%, siendo 283 los que han secundado el paro de entre 2.680, informa Europa Press. Como es habitual, las cifras de los sindicatos son muy superiores.

Según Uriarte, la convocatoria de ocho días de huelga en la enseñanza concertada es “un exceso” que “en nada ayuda a la Educación ni a la negociación”, por lo que ha reiterado su llamamiento a “sacar el conflicto de la aulas”. Las familias, que han llamado a la movilización, se han quejado de que el curso puede estar en riesgo, más teniendo en cuenta que ha habido más huelgas en este año académico. Así las cosas, ha reiterado el llamamiento a las patronales del sector y a los sindicatos para que “saquen el conflicto de las aulas, se sienten a negociar y busquen un acuerdo” porque, según ha remarcado, “es responsabilidad de todos conseguir que se alcance un acuerdo y mejorar la educación”.

En Europa seguimos hablando de 'Estado Social' haciendo como que no supiéramos que hace décadas ya que se rompió el pacto social de la postguerra. El difícil equilibrio entre Estado y mercado se rompió a favor del último y hoy la política no intenta ya la composición de dos lógicas diferentes, sino que se limita a la legitimación 'a posteriori' de las decisiones que toma el mercado. O mejor dicho, los mercados. Porque los mercados reales tienen muy poco que ver con el modelo plenamente neutral, igualitario y eficiente de la hipótesis liberal, frente a la cual la realidad es la de unos mercados cautivos y distorsionados, no gobernados por ninguna mano invisible, sino por todopoderosos actores privados en connivencia con gobiernos obedientes.

Este modelo de desarrollo conlleva profundos desequilibrios y dosis importantes de descontento ciudadano. Un malestar que es canalizado sabiamente a lo largo y ancho del mundo por numerosos partidos nacionalistas-populistas, que plantean soluciones milagrosas para contentar a los de abajo sin cuestionar los privilegios de los de arriba. La fórmula más habitual consiste en culpar de todos los males a los extranjeros y fomentar el 'orgullo nacional'. Y si se reside en el norte de un continente o de un Estado, también suele funcionar bien acusar de todos los males a los 'vagos e incompetentes del sur'. En Italia, la Liga Norte utiliza las dos estrategias para sacar rédito de enfrentar, dentro de la cadena de la desigualdad y de la precariedad a quienes ocupan los penúltimos eslabones (las clases medias empobrecidas) con quienes se sitúan en los últimos (inmigrantes y sectores marginalizados del sur). La estrategia se completa, al estilo Trump, con un discurso económico proteccionista 'anti-establishment globalizador'.

La respuesta a los italianos de ese establishment no ha tardado en llegar: ante las reticencias del nuevo gobierno italiano a ejecutar sin más la disciplina a ultranza que imponen los poderes financieros a los Estados desde Alemania y Bruselas, el vicepresidente de la Comisión europea y comisario de la competencia, Oettinger, ha declarado que los mercados enseñarán a los italianos lo que deben votar. Así de claro: los ciudadanos deben votar lo que mandan los mercados y si se equivocan y eligen mal, pagarán las consecuencias. Conclusión: la vieja idea de la 'voluntad general' como base de la democracia que tanto le costaba explicar a Rosseau ha quedado obsoleta y la definición de la era global es mucho más simple y está al alcance de cualquier mortal. La voluntad general consiste en entender los mensajes que nos llegan de quienes manejan los hilos de los mercados financieros. Por fin alguien habla claro.

Que el presidente de la Comisión europea, Junker, famoso por haber promovido medidas tendentes a reforzar su país como paraíso fiscal, le haya reprendido a Oettinger por ser tan explícito, no les quita a sus declaraciones el interés, sino que se lo añade. Ese tipo de cosas no se debe decir tan explícitamente. Deben ir envueltas en palabrería tecnocrática que las revista de un halo de cientificidad.

Por poner un ejemplo más cercano a nosotros: si queremos crear en Bizkaia, por ejemplo, parcelas de 'paraísos fiscales' al estilo Junker, para que los poderosos queden aminorados de su obligación de contribuir al bienestar colectivo, en ningún caso debemos mencionar que pretendemos dejar en suspenso el artículo 31 de la Constitución, que establece que “todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica”. Totalmente desaconsejable hacer eso. Lo apropiado es decir, como suele hacer con buen tino el diputado general de Bizkaia, que “pretendemos crear entornos fiscales atractivos para las inversiones internacionales que generan puestos de trabajo”. Así sí que suena bien y hay que ser muy anticuado para no desear que esos fondos aterricen sobre nosotros y nos colonicen con tanta prosperidad y tanta preocupación por garantizarnos nuestro derecho al trabajo.

En todo caso, no deja de producir admiración el hecho de que nuestras autoridades nacionalistas no necesiten recurrir aquí, como hacen sus homónimos ideológicos en otros lugares, a promesas proteccionistas. Y que puedan compatibilizar un discurso tan nacionalista en todo lo demás, y a la vez, tan internacionalista y pro-globalización en lo económico. Y que además, no les genere la mínima contradicción afirmar que la capacidad para trabajar de un pueblo como el vasco deba hacerse depender de conceder privilegios fiscales a inversores extranjeros. En tiempos de tanta ciudadanía indignada y de tanto político buscando soluciones milagrosas que no requieran intervenir sobre los privilegios de los poderosos, quizá podríamos patentar la receta: “nacionalismo globalizador a la vasca”.

Los colegios exclusivamente masculinos o exclusivamente femeninos que continúan operativos en Euskadi atienden a 3.826 alumnos, el 1,02% del total matriculado en el curso 2017/2018. El coste medio de la concertación de una plaza en estos colegios vinculados al Opus Dei -cuatro de ellos a través de la patronal Coas- es de unos 3.400 euros alumno/año por 3.100 euros alumno/año del conjunto de la red concertada.

Dos de estos colegios, Ayalde (chicas) y Gaztelueta (chicos), copan el 66% de las plazas en este tipo de centros. Los seis son privados pero forman parte de la red concertada por el Departamento de Educación, que financia 299 escuelas en total. De estos colegios segregadores, cuatro se hallan en Bizkaia (Arangoya y Munabe, además de los citados), dos Gipuzkoa (Eskibel y Erain) y ninguno en Álava. 

Los datos de alumnos matriculados en colegios masculinos y femeninos han sido solicitados por el parlamentario de IU y de la coaliciónElkarrekin Podemos Íñigo Martínez. La información facilitada por la consejera Cristina Uriarte también viene desglosada por modelos educativos. Oficialmente, el 91,3% de estos 3.826 escolares están matriculados en modelo A (sólo en castellano), el 8,7% en B (bilingüe, sólo disponible en Gaztelueta) y ninguno en D (todo en euskara). Eso sí, Coas ofrece un modelo lingüístico con el inglés como eje. 

Como ya adelantó este periódico, estos centros que segregan por sexos reciben casi 13 millones de euros de Educación en concepto de conciertos. Por su tamaño, son de nuevo Ayalde y Gaztelueta los más beneficiados. Asimismo, todos ellos cobran subvenciones para distintos programas educativos específicos, unos 0,6 millones adicionales. Entre ellos se halla la “adquisición de dispositivos digitales”, planes de “apoyo educativo”, programas de “excelencia” o cursos de euskaldunización. También se cubren parte de los gastos en “sustituciones” de bajas y las escuelas infantiles no concertadas.

La polémica sobre este tipo de colegios ha llegado en varias ocasiones al Parlamento vasco. Educación, en cambio, defiende en cada ocasión que este modelo “no es discriminatorio” y que es legal mantener los conciertos. En diciembre, la Cámara rechazó formalmente desmarcarse de este modelo con los votos de PNV, PSE-EE y PP. Y en enero, la patronal COAS celebró en el hemiciclo un acto educativo con alumnos también de otros países.

La patronal Coas, que agrupa a varios centros de este tipo en Euskadi, ha editado un documento informativo sobre las ventajas de la “educación diferenciada”. Este colectivo, apoyado en distintos estudios, defiende que existen diferencias cognitivas entre niños y niñas y que es oportuno aportarles una instrucción separada para optimizar sus capacidades. Apuntan también a un mejor comportamiento de los estudiantes en general e incluso a que ellos acaparan más la atención de los docentes dificultando el desarrollo de ellas. También destacan como en valor la mayor empatía que se genera con el maestro cuando es del mismo sexo que el alumno.

Finalmente, entran también en juego las diferencias físicas: “Para muchos chicos los deportes de contacto físico —fútbol, rugby, etc.— pueden no sólo ser divertidos sino que de hecho ponen la base para una duradera amistad. Para las chicas la agresividad no construye amistades, más bien las destruye. En los colegios mixtos ambos modos de vivir la agresividad chocan”.

El Parlamento vasco acordará la semana que viene con toda probabilidad, a pesar del criterio contrario de los partidos de Gobierno (PNV y PSE-EE), la apertura de una comisión de investigación en torno al fraude millonario en la mayor contrata del Departamento de Educación, la del servicio de comedor de los centros escolares de la red pública. La propuesta es fruto de un acuerdo entre Elkarrekin Podemos y PP ya firmado hace varios meses al que se sumará también EH Bildu.

El escrutinio final de las elecciones de 2016 arrojó un cambio respecto a los resultados provisionales de la noche electoral: la oposición tiene en la Cámara un escaño más (38) que los de los socios de Gobierno (37). Ese reparto de fuerzas, además, se ha ratificado ahora que la representante de Elkarrekin Podemos Pili Zabala ha vuelto al escaño tras varios meses de baja médica. Es precisamente este regreso el que ha reactivado una iniciativa en 'stand by' desde noviembre y que, sin Zabala, no tendría visos de prosperar.

Al no tener ni PP ni Elkarrekin Podemos los votos suficientes para propiciar en solitario una investigación -se exige un mínimo de 15 escaños-, ambas formaciones se han acogido a otra previsión recogida en el artículo 59 del Reglamento de la Cámara y han formalizado una solicitud conjunta. En ella recuerdan que el fraude en los comedores escolares, que consistió en un cártel entre las empresas de 'catering' que supuso un encarecimiento del precio pagado por la Administración y, por extensión, de la tarifa que abonan las familias por el servicio, fue descubierto por la Autoridad Vasca de la Competencia en una investigación que ha sido ratificada por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

PNV y PSE-EE se opondrán

Las fuentes parlamentarias consultadas explican que el deseo de Elkarrekin Podemos y PP es llegar “hasta el final” con el “doble objetivo” de determinar la “responsabilidad” de Educación en este fraude y el quebranto económico que supuso para las arcas públicas. EH Bildu no ha presentado ninguna enmienda de totalidad y sólo ha planteado un ajuste del texto para que, además de la investigación, el Gobierno realice en el plazo de tres meses un “diagnóstico” del servicio de comedores escolares. Desde los grupos proponentes ven perfectamente asumible alcanzar un acuerdo a tres bandas en los días que faltan hasta el pleno en que se votará la creación de la comisión, un asunto ya incorporado al orden del día de la sesión del próximo jueves.

Los partidos que sostienen al Gobierno, sin embargo, se opondrán a esta iniciativa. PNV y PSE-EE ya han registrado una enmienda de totalidad conjunta en la que recuerdan las medidas ya adoptadas la pasada legislatura, entre ellas el rechazo a la comisión de investigación. En aquella ocasión, los nacionalistas acusaron a los impulsores (entonces PP, UPyD y EH Bildu) de querer extender la sombra de la corrupción en Euskadi. Sobre la forma de la cuestión se limitan a reclamar de manera genérica que el Gobierno continúe “mejorando y profundizando en la eficacia y eficiencia en la prestación y contratación del servicio público de comedores escolares”.

Sanción histórica y segunda investigación archivada

El caso de los comedores escolares fue destapado en 2016. Ese año, la Autoridad Vasca de la Competencia propuso una sanción de 18 millones -la más elevada de su historia- contra las empresas Auzo Lagun, Cocina Central Goñi, Cocina Central Magui (las tres de MCC), Eurest, Tamar Las Arenas, Gastronomía Baska y Gastronomía Cantábrica. Se consideró probado que desde el año 2003 y hasta 2011 y entre 2013 y 2015 se habían concertado para repartirse las distintas áreas geográficas en que se repartía el contrato de comedores y para maximizar sus beneficios. El sobreprecio pudo alcanzar el 30%, lo que se traduce en unos 1.040 euros de más por cada familia usuaria durante el período analizado.

El asunto llegó incluso a motivar una investigación de la Fiscalía del País Vasco, cuyo titular entonces, Juan Calparsoro, archivó la causa al creer la versión de los empresarios, que declararon que no existía ningún tipo de mercado cerrado. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia ha rechazado uno a uno los recursos de las empresas sancionadas, que recurrieron la multa impuesta por Competencia. Eso sí, a pesar de dar por probadas las irregularidades, redujo la cuantía de las sanciones en un 60% al entender que las empresas actuaron de aquella manera por la desidia del Gobierno vasco, una de las cuestiones en las que quiere incidir, precisamente, la comisión de investigación.

El sistema de comedores escolares luego cuestionado se puso en marcha en el año 2000. Hasta 2009 fueron consejeros de EA (formación ahora integrada en EH Bildu) los responsables de Educación, de 2009 a 2012 la responsabilidad recayó en el PSE-EE y desde entonces hasta ahora en el PNV. De cara al curso 2015/2016, el equipo de la consejera Cristina Uriarte modificó parte del sistema de adjudicación del servicio, lo que ya generó un ahorro de 7 millones de euros anuales.

Sin embargo, la empresa que puso en conocimiento estos hechos -Aibak, que llegó a 'adivinar' ante notario cuáles serían las empresas ganadoras del concurso año a año- volvió a dirigirse a Competencia para alertar de que el fraude continuaba en marcha a pesar de los cambios introducidos. Con el nuevo sistema, Aibak recibió por vez primera la homologación para optar a uno de esos lotes territoriales, pero perdió la pugna contra MCC en la comarca en la que compitieron. Una de sus marcas, Auzo Lagun, ofrece el servicio de cocina a un coste medio de 2,70 euros por comensal, aunque en el único lote en el que pugnó Aibak ese precio se bajó hasta los 2,26 por el mismo servicio. Asimismo, había áreas geográficas en las que únicamente competían entre sí dos marcas de la propia MCC.

Como adelantó eldiarionorte.es, estos hechos motivaron una segunda investigación por parte de Competencia, que llegó a solicitar un informe externo para analizar los nuevos datos. En el medio del proceso, la que fuera presidenta de este organismo de control, Pilar Canedo, salió del cargo tras ser nombrada como vocal de la CNMC estatal. La primera decisión de su sucesora, Alba Urresola, fue archivar este expediente. En su primera comparecencia parlamentaria, PP y Elkarrekin Podemos preguntaron a Urresola por esta investigación y la primera respuesta de la presidenta fue asegurar que desconocía el asunto. Tras las repreguntas de la oposición, terminó por admitir que sí existía esa causa y que se le había dado carpetazo.

Por fin se produjo el esperado encuentro entre la consejera de Educación, Cristina Uriarte, y los sindicatos para intentar rebajar la conflictividad laboral que arrastra el colectivo de docentes de la red pública. En los últimos meses, los sindicatos han convocado varias jornadas de huelga, la última de ellas el pasado 13 de diciembre que fue secundada por los cinco sindicatos más importantes. Aunque las espadas siguen en alto, la mayoría de los sindicatos han considerado que lo puesto sobre la mesa por el Departamento de Educación es un punto de partida para comenzar a negociar. Sin embargo, también han dejado claro que la nueva oferta no cumple todas sus reivindicaciones. Mientras, la consejera considera las propuestas como “mejoras de calado”. Las vacaciones navideñas permitirán a las dos partes una tregua para analizar más en profundidad lo planteado.

Las nuevas propuestas incluyen una oposición para Educación Secundaria y Formación Profesional de 1.511 para 2018, la reducción de jornada de un tercio para los docentes mayores de 60 años, y de dos horas lectivas semanales para los profesores mayores de 59 años de Infantil y Primaria. Además, Educación ha ofrecido que las sustituciones en Secundaria y Bachillerato pasen a realizarse del quinto al tercer día y que las bajas programadas sea sustituidas desde el primer día en todos los niveles educativos.

También ha puesto encima de la mesa el uso de la doble tutoría en las aulas que acojan al número máximo de alumnos permitido por la ratio y que cuenten con un número determinado de alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. El personal interino podrá permanecer en una plaza hasta que ésta se cubra definitivamente. Por otra parte, 160 plazas de Secundaria pasarán a engrosar la plantilla estructural de docentes.

Estas propuestas se suman a las ya trasladadas en septiembre a los sindicatos con la convocatoria de 5.000 plazas en oposiciones durante toda la legislatura, la reducción de la interinidad del 27 % al 17 %, y las sustituciones desde el primer día en Primaria.

“Altura de miras”

Tras el encuentro, la consejera de Educación, Cristina Uriarte, ha pedido “altura de miras” a los sindicatos porque “es necesario que la conflictividad laboral deje de afectar a las escuelas. Estas propuesta mejoran las condiciones laborales, la organización de los centros y dan estabilidad a miles de profesores interinos”, ha subrayado.

Por su parte, STEILAS (sindicato mayoritario) ha valorado el hecho de que se haya entrado en una fase negociadora, aunque aún quedan “muy lejos” los mínimos que necesita la escuela pública para “hacer frente a todos sus retos”. “Las propuestas todavía son absolutamente insuficientes y dejan en el aire muchas cuestiones”.

Desde LAB también se aplaude que la administración haya puesto “un punto de partida interesante”, donde empieza a haber contenidos sobre los que negociar“. Para Comisiones Obreras, lo propuesto por el departamento supone un ”inicio“ de algo que espera que fructifique.

Mucho más críticos se han mostrado ELA y UGT. Ambas centrales entienden que lo ofertado por el Gobierno “no responde a las principales reivindicaciones”, por lo que han dejado la puerta abierta a seguir con las movilizaciones.

Sindicatos y Departamento se han citado para una nueva reunión de esta mesa sectorial de profesores para la tercera semana de enero.

La consejera de Educación del Gobierno Vasco, Cristina Uriarte, ha convocado para el próximo miércoles una nueva reunión de la mesa sectorial de Educación con los sindicatos de la red pública. Se trata de un intento de desbloquear la situación después de la jornada de huelga general en la educación pública del pasado martes 12 de diciembre. Ese paro fue la culminación de una serie de huelgas parciales que han venido convocando los sindicatos desde el mes de noviembre. Aunque ahora se han intensificado las movilizaciones, el malestar se arrastra desde cursos atrás.

Durante la visita a un colegio vizcaíno, la consejera ha mostrado las “ganas y disposición” del Ejecutivo de cara a alcanzar un acuerdo con los sindicatos. “Siempre hemos dicho que estábamos dispuestos y con ganas de seguir negociando y trabajando y el lugar son las mesas sectoriales y de negociación. Es ahí donde tenemos que trabajar conjuntamente con los sindicatos”, ha indicado.

El caso es que el paro general del 12 de diciembre da continuidad a las huelgas y movilizaciones iniciadas el curso anterior y las convocadas entre septiembre y noviembre del presente. Y la ausencia de una respuesta satisfactoria por parte de Educación a las demandas de mejoras laborales de los profesores amenaza con desestabilizar el curso con más movilizaciones.