Dos hijastros de la alcaldesa de Marbella han solicitado al juzgado que ordene a Ángeles Muñoz que reparta la herencia que dejó su marido, Lars Broberg, después de que hayan pasado 32 meses de su fallecimiento y sin que la regidora marbellí haya realizado trámite alguno ni atendido a los requerimientos que ha recibido en ese sentido, según avanzan a elDiario.es fuentes del contencioso. El marido de Muñoz fue procesado en noviembre de 2022 por blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico, pero la acusación contra él decayó por su delicado estado de salud. Falleció el 5 de marzo de 2023.

Lars Broberg aportó al matrimonio con Ángeles Muñoz tres hijos de un anterior matrimonio. Tras la boda, hace más de treinta años, la pareja tuvo dos hijos. Pero son dos de los hijastros de Muñoz quienes reclaman a la alcaldesa la parte que les corresponde de la herencia de su padre. De estos, uno es Joakim Broberg, juzgado en la Audiencia Nacional por tráfico de drogas y blanqueo de capitales en la misma causa en la que fue procesado su padre. El otro hijastro es Lars Toni Andreasson, fruto de una relación extramatrimonial de Lars Broberg antes de trasladarse a España. Reconocido por Broberg, Lars Toni ha llevado el apellido de su padre, pero nunca vivió con el matrimonio, a diferencia de los otros dos hijastros. 

El Juzgado de Primera Instancia número 1 de Marbella admitió a trámite el pasado septiembre la demanda para la “división judicial” de la herencia de Lars Broberg. El marido de Muñoz era un ciudadano sueco con antecedentes por falsificación de matrículas que hizo fortuna en el sector inmobiliario de la Costa del Sol. Tanto es así que Muñoz siempre atribuyó su lujoso estilo de vida al éxito en los negocios de su marido. 

La Fiscalía Antidroga relacionó a Lars Broberg con tres operaciones inmobiliarias para blanquear más de siete millones de euros. El dinero procedería del tráfico del hachís orquestado por una delegación de la Mocromafia sueca asentada en la Costa del Sol y de la que sería cabecilla su hijo Joakim, pendiente de que la Audiencia Nacional dicte sentencia. El juicio se celebró entre los meses de junio y julio pasados. Durante el mismo, la Fiscalía insistió en la participación del fallecido Lars Broberg en el blanqueo del narcotráfico y solicitó una condena de 18 años de cárcel para su hijo Joakim.

El juzgado de Marbella admitió a trámite en septiembre la demanda para la “división judicial” de la herencia de Lars Broberg que hacen dos de sus hijos. Para repartir la herencia es necesario conocer antes a cuánto ascienden los fondos y bienes que Broberg dejó en vida, esto es, “la intervención judicial del caudal hereditario”, según se menciona en el auto de admisión de la demanda, al que ha tenido acceso elDiario.es. En la resolución, el juzgado ordena notificar la demanda a Ángeles Muñoz y que esta informe de la dirección de los dos hijos del matrimonio, Alex Jhon Broberg Muñoz y Christina Erik Broberg Muñoz, así como dónde localizar a Fredick Broberg, el tercer hijastro que no se ha unido a la demanda para el reparto de la herencia. Fredik es un financiero con residencia en Dubai. elDiario.es ha intentado sin éxito recabar un comentario de Ángeles Muñoz a través del departamento de Comunicación del Ayuntamiento de Marbella.

Lars Broberg mantuvo la nacionalidad sueca y no residía más de seis meses en España para tributar en su país. Las fuentes consultadas explican que su testamento responde a la distribución de la herencia que marca la ley sueca. Según esta, el heredero principal en una pareja con hijos es el cónyuge y los hijos no tendrán derecho a reclamar su parte de la herencia hasta que muera este. 

Para los hijastros la situación es otra. Estos hijos del fallecido, procedentes de una relación anterior, pueden reclamar su herencia inmediatamente después al fallecimiento de su padre, sin necesidad de esperar a que la pareja de este fallezca. Ángeles Muñoz ha sido requerida por los hijastros en varios formatos desde el fallecimiento de Lars, en marzo de 2023, incluido un burofax. La alcaldesa de Marbella no respondió a ninguno de ellos. 

Una ostentosa vida rodeada de presuntos delitos

La ostentosa vida de Ángeles Muñoz abre una incógnita sobre la herencia de Lars Broberg. Por otra parte, el procesamiento del empresario sueco abunda en las dudas sobre su procedencia. Los investigadores policiales del caso de la Mocromafia en la Costa del Sol solicitaron al juzgado abrir una línea de investigación por delitos de corrupción derivados del presunto cabecilla del grupo, Joakim Broberg, y el uso que podría haber hecho de la figura política de su madrastra. Pero ni la Fiscalía ni el magistrado atendieron a los requerimientos de la Policía, basados en los pinchazos en los que Joakim llegaba a celebrar la victoria del PP en los comicios de 2019: “La ciudad es nuestra, la Junta... la jodida Andalucía”.

Ángeles Muñoz y su marido estaban casados en régimen de separación de bienes. elDiario.es publicó en noviembre de 2022 que el patrimonio de Ángeles Muñoz, diferenciado del de su marido, ascendía 12 millones de euros siguiendo un cálculo conservador. La alcaldesa de Marbella lleva dedicada en exclusiva a la política durante tres décadas. Procedente de una familia de clase media, Ángeles Muñoz ejercía de médica de familia cuando conoció a Lars Broberg. Desde que entró en política, a mediados de los noventa, Muñoz no ha dejado de adquirir propiedades, tal y como detallaba la citada información. 

Entre el patrimonio que ahora debe cuantificar el juzgado para repartir la herencia está una de las propiedades más ostentosas de la familia. Se trata de una mansión que Muñoz compró al 50% con su marido en 2003 y que ha intentado ser vendida en los últimos años, sin que conste que la alcaldesa se haya desprendido de ella. 

La mansión está envuelta en la polémica desde que este medio desvelara en 2014 el modo en que fue adquirida. El matrimonio Muñoz y Broberg compró en 2003 el 98% de las participaciones que una sociedad llamada Crasel Limited tenía en otra, Crasel Panoramica SL, propietaria a su vez de la mansión. Crasel Limited estaba radicada en Gibraltar, un “paraíso fiscal”, según la definición que otorgaría después al territorio británico el Gobierno de Mariano Rajoy. 

Muñoz era propietaria del 49% de Crasel Panorámica, lo que se aproximaría a seis millones de euros por el valor de la casa. Este medio preguntó a un portavoz del Ayuntamiento si tras fallecer su marido Muñoz se ha hecho con la otra mitad de la empresa o, de no ser así, quién o quiénes son los propietarios, pero no obtuvo respuesta. La mansión tiene dos plantas y dos sótanos que albergan piscina cubierta, sauna, gimnasio y salas de cine y billar. En total, la vivienda tiene nueve cuartos de baño. También cuenta con una característica piscina exterior que ocupa 61 metros cuadrados y su perímetro recuerda a la cabeza del ratón de dibujos animados Mickey Mouse.

El pasado año, el Ayuntamiento de Marbella recalificó los terrenos donde se sitúa la mansión aumentando su valor. En 2023, la alcaldesa de Marbella había cancelado la hipoteca de 3,1 millones de euros que había contratado en el banco Nordea Bank, con sede en Luxemburgo.

El caso de narcotráfico y blanqueo de capitales que se juzga en la Audiencia Nacional afecta ya a tres miembros de la familia de Ángeles Muñoz, alcaldesa de Marbella (Málaga), del PP. Este jueves, la Fiscalía Antidroga elevó a definitiva su petición de 18 años de cárcel para Joakim Broberg, el hijastro, como cabecilla de una sucursal en la Costa del Sol de la Mocromafia sueca. En su intervención final, la fiscal María Dolores López Salcedo recordó el carácter preponderante del difunto marido de Muñoz, Lars Broberg, en el blanqueo de las ganancias de la droga, al tiempo que pidió el decomiso de la vivienda donde vive actualmente uno de los hijos que tuvieron la regidora y el empresario sueco.

Alexander Broberg vive en una vivienda de San Pedro de Alcántara (Málaga) que asegura que le pertenece, si bien es uno de los bienes para los que la Fiscalía solicita su decomiso al considerar que su verdadero dueño es Joakim Broberg, el hermanastro, para quien Antidroga pide una multa de 30 millones de euros, además de los 18 años de prisión.

La alcaldesa de Marbella ha querido aparentar distancia con Joakim Broberg desde que elDiario.es desveló los graves indicios que pesaban contra él como cabecilla de la Mocromafia en la provincia de Málaga. Joakim es uno de los tres hijos que Lars aportó al matrimonio con Ángeles Muñoz, hace más de tres décadas. Con quien no ha querido, ni puede poner distancias, es con Alexander, uno de los dos hijos que tuvo con Lars, que ahora se arriesga a ser desahuciado.

El joven compareció como testigo en una de las sesiones del juicio a petición de la defensa de su hermanastro. La casa, situada en San Pedro de Alcántara, está a nombre de la sociedad panameña Lesley Company INC, creada por Lars Broberg en el paraíso fiscal hace décadas. La sociedad habría sido utilizada para hipotecar la finca por 230.000 euros, el equivalente a la cantidad blanqueada en beneficio de Joakim Broberg, según la Fiscalía Antidroga.

Durante su declaración como testigo, Alexander Broberg aseguró que lleva viviendo en la casa desde 2017 y que en 2019 es su propietario como consecuencia de una “donación” de la sociedad. “Se cambiaron de nombre las acciones, la Sala tiene la documentación original. No hubo ningún pago”, afirmó el hijo de Ángeles Muñoz.

Este jueves, antes de iniciar su informe de conclusiones, la fiscal Antidroga solicitó “la nulidad de la transmisión de acciones que se realizó en 2019 a favor de Alexander Broberg”. María Dolores López Salcedo criticó la actitud pasiva del hijo de la alcaldesa: “No le ha dado la gana de personarse pese a que conocía el decomiso”.

La vivienda es el epicentro de la operación número 6 de blanqueo de capitales de las que se describen en el sumario. La fiscal López Salcedo utilizó el caso para describir el papel que Lars Broberg, el marido de Muñoz, tenía en los hechos juzgados. “La mejor prueba de que Lars estaba detrás de todas las operaciones de Joakim era precisamente expresar su última voluntad sobre un bien que en realidad, según todos los datos, estaba a disposición de Joakim”, dijo.

La Fiscalía implica a Lars Broberg en tres operaciones de blanqueo de capitales procedentes del tráfico de hachís por un valor superior a los siete millones de euros. La inspectora jefe de la UDEF aseguró en el juicio: “Lars supervisa. Recuerdo que en diferentes momentos de la investigación iba a ver las obras. Cuando hacen gestiones con abogados él les aconseja, les asesora y las facilita. Él va a ver las fincas y las construcciones. Es como si estuviera supervisando…”

Lars Gunnar Broberg fue detenido en febrero de 2021 en la operación contra la organización de tráfico de drogas de su hijastro. Quedó en libertad sin pasar a disposición judicial por su ya delicado estado de salud. Ángeles Muñoz realizó entonces una comparecencia pública defendiendo la inocencia de su marido y advirtiendo que todo quedaría “negro sobre blanco” cuando se levantara el secreto del sumario. A continuación acusó a la oposición de querer “dañar” su imagen y la de Marbella.

La investigación continuó en secreto hasta su conclusión por decisión del juez Manuel García Castellón. Cuando se alzó el secreto resultó lo contrario del pronóstico de la alcaldesa. En octubre de 2022, elDiario.es reveló que Lars Broberg había sido procesado por pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico, pero que quedaba fuera del procedimiento porque el juez consideraba que no estaba en condiciones para defenderse.

Este periódico comenzó a publicar entonces una serie de investigaciones sobre la participación de Lars Broberg y su hijastro en la trama de narcotráfico y blanqueo procedentes de un sumario que había permanecido bajo secreto. Ángeles Muñoz achacó las informaciones a una estrategia de la oposición política por la proximidad de las elecciones y presentó una demanda contra elDiario.es que un juzgado local descartó con el argumento de que la información publicada había sido “escrupulosamente contrastada”.

“Le avisa de que el teléfono está intervenido”

Para apuntalar la participación de Lars Broberg en la trama, necesaria para solicitar el decomiso, la Fiscalía trajo a la sesión del juicio un episodio desvelado en su momento por este medio. Se trata del chivatazo que, en plena investigación, Lars Broberg dio a su hijo Joakim. “Le avisa de que tiene el teléfono intervenido y Joakim le tranquiliza que este no lo van a pillar”, trasladó la fiscal.

“Escucha, escucha, el que estás sujetando está intervenido”, advirtió Lars Gunnar a Joakim Broberg el 28 de octubre de 2019, según consta en un informe de la Policía. Habían pasado seis meses desde que arrancara la causa secreta 38/2019 en el Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional. Unos meses antes, todavía en 2018, las autoridades suecas habían dirigido una Comisión Rogatoria Internacional ante la sospecha de que nacionales de su país habían asentado en la Costa del Sol una organización dedicada a importar hachís y marihuana desde Marruecos, con destino final en Suecia.

Lars Gunnar Broberg falleció en marzo de 2023. Su entierro se convirtió en un acontecimiento político y empresarial en la provincia de Málaga. Entre los asistentes estuvo Enrique Lamelas, máximo responsable de la Policía Nacional en Marbella hasta el año anterior y también durante la investigación al promotor inmobiliario y marido de la alcaldesa.

Menos de un mes después del chivatazo de su padre quien había reprendido a Joakim por tratar cuestiones delicadas por teléfono fue un concejal del equipo de Gobierno de Ángeles Muñoz, Diego López Márquez, hoy teniente de alcalde. “Te veo, te veo... escucha… calla, calla, calla, te veo a ti y me cuentas en persona mejor, ¿vale?”, le dice el político al hijastro de la alcaldesa. Y añade: “A ver si aprendes de tu padre, a ver si aprendes de tu padre”.

Los pinchazos policiales con autorización judicial depararon mayores sorpresas a los agentes. La UDEF puso en tres informes que había indicios de corrupción en torno al poder de Ángeles Muñoz y el uso que hacía su hijastro Joakim. Los agentes solicitaron abrir una línea de investigación por tráfico de influencias, cohecho y prevaricación, pero ni la Fiscalía Antidroga ni el Juzgado de la Audiencia Nacional les apoyaron.

El juicio contra una presunta delegación de la Mocromafia en la Costa del Sol acogerá este martes la declaración como testigo de un hijo de la alcaldesa de Marbella, María Ángeles Muñoz. Alexander Jhon Broberg Muñoz es uno de los tres hijos que tuvieron Muñoz y Lars Broberg, quien estuvo procesado en la causa pero que se libró por su estado de salud –después falleció– y ha sido citado a propuesta del principal investigado, Joakim Broberg, hijo de un matrimonio anterior de Lars.

La defensa de Joakim Broberg preguntará a Alexander por una de las operaciones de presunto blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico que se investigan en la causa. Se trata de una operación inmobiliaria orquestada, según la Fiscalía Antidroga, para lavar 230.000 euros a través de una empresa panameña, Lesley Company INC. La Fiscalía mantiene que la trama usó esta sociedad para hipotecar una finca en Marbella, de lo que acabaría beneficiándose Joakim Broberg, hijastro de la alcaldesa.

La defensa de Broberg defiende que el hecho de que las sociedades de la otorgación de un préstamo fueran residentes en paraísos fiscales como Panamá o Islas Vírgenes “no convierte la operación en delictivia puesto que los fondos son de origen lícito”.

Lars Broberg, marido de Muñoz, constituyó en 2010 una sociedad en Panamá, Lesley Company INC, que luego pasó a manos de Joakim Broberg y que constituyó una garantía hipotecaria por la casa de Marbella. Desde 2019, esa casa y la sociedad pertenecen al hijo de Ángeles Muñoz que declarará este miércoles en el juicio como testigo. Alexander Broberg Muñoz no está acusado en el procedimiento y la defensa de su hermanastro considera que su testimonio servirá para aclarar la licitud de la operación inmobiliario.

En su escrito de acusación, la Fiscalía Antidroga considera que Lars Gunnar Broberg, marido fallecido de Muñoz, prestó su “colaboración” en el blanqueo de 7.300.820 euros obtenidos del tráfico de cannabis procedente de Marruecos a través de tres operaciones. No hay acusación contra Lars Broberg porque la causa decayó contra el marido de la alcaldesa en 2022 debido a su grave estado de salud y finalmente falleció en 2023. Contra Joakim Broberg, la Fiscalía presenta acusaciones que le valdrían hasta 22 años de cárcel por narcotráfico y blanqueo de capitales.

Del juicio han desaparecido todos los indicios que presentó la Policía por presunta corrupción y que la Fiscalía Antidroga y los jueces del caso descartaron. Los agentes se basaban en los pinchazos telefónicos a Joakim Broberg que apuntaban a que utilizaba el poder de su madrastra para hacer negocios.

“Dados los hallazgos resultantes de la intervención del teléfono de Joakim Broberg que se comunican en el presente [informe], se solicita se amplíe la investigación a los delitos de cohecho, prevaricación y tráfico de influencias decretando el secreto de las actuaciones”. Nunca ocurrió.

La inspectora jefa del grupo de la UDEF que investigó a Joakim Broberg realizó formalmente esta propuesta a la Fiscalía Antidroga y la Audiencia Nacional en julio de 2019. Las afirmaciones realizadas por el hijastro de la alcaldesa de Marbella en las conversaciones intervenidas por la Policía y las comprobaciones posteriores realizadas por los agentes hacían sospechar a la UDEF de que el presunto narcotraficante se había servido del poder de Ángeles Muñoz para hacer negocios. 

La fiscal del caso, María Dolores López Salcedo, y el juez en aquel momento, Alejandro Abascal, no adoptaron la medida que solicitaba la UDEF. Los agentes reiteraron esos indicios en dos informes más, pero no obtuvieron respuesta. El 'caso de los suecos' siguió instruyéndose como otra causa contra el tráfico de drogas internacional, en este caso de hachís. Nada de corrupción. 

El pasado lunes, 19 de mayo, llegó el turno para declarar en el juicio de la agente con número profesional 85.972, una inspectora de la UDEF que comparecía en calidad de perito. Durante la hora y 24 minutos que duró el interrogatorio de la fiscal no surgieron las sospechas de corrupción. Con la pregunta de si los informes que realizó eran “acumulativos” y se podían ceñir a preguntas sobre el último, la fiscal cercenó la posibilidad de aludir a los tres oficios policiales en los que se reproducían los pinchazos a Broberg y los indicios de corrupción.

En una de esas intervenciones, Joakim Broberg contaba a uno de sus socios que estaba en un bar al lado de un funcionario de Benahavís, localidad contigua a Marbella, al que habrían sobornado en el pasado. Una conversación que el hijastro de Ángeles Muñoz remataba: “La ciudad es nuestra, la Junta... la jodida Andalucía”. 

Tres días antes se habían celebrado las elecciones municipales y el PP había vuelto a arrasar en la Costa del Sol. Tres meses antes, Juan Manuel Moreno Bonilla se había convertido en presidente de la Junta tras cuatro décadas de gobiernos socialistas en Andalucía. 

La Policía comenzó a investigar y confirmó que el funcionario existía y respondía a la descripción que hacía el hijastro de Ángeles Muñoz. “De las conversaciones telefónicas interceptadas a Joakim Broberg se desprende la gran influencia que tiene el sueco sobre cuestiones urbanísticas y esto es debido a las relaciones de parentesco con la regidora marbellí”, advertía por escrito la inspectora 85.972.

Las sospechas de la Policía no tuvieron publicidad. El juez Manuel García Castellón, que relevó a Abascal al frente de la causa, no levantó el secreto del sumario hasta que había dictado el auto de procesamiento y concluido la instrucción. El PSOE intentó personarse tras las revelaciones de elDiario.es, pero su aspiración fue denegada. Si la Fiscalía no actuaba contra la posible corrupción tampoco lo haría la defensa de los supuestos narcotraficantes. El poder omnímodo en la ciudad de Ángeles Muñoz no tendría fiscalización judicial, solo periodística. 

Tres meses después de la primera advertencia policial sobre la corrupción que irrumpía en la investigación por drogas llegó un segundo atestado de la UDEF. En octubre de 2019, en un informe ampliatorio, la Policía trasladaba a la fiscal y al juez que había encontrado “tres aspectos fundamentales en lo que se refiere a las actividades delictivas de Joakim Peter Broberg”: sus “negocios inmobiliarios”, la utilización de paraísos fiscales y abogados especializados y, por último, un “notorio uso de influencias en las distintas administraciones públicas involucradas, que no duda en usar tanto para beneficio propio como de terceros”.

Un año después de la primera alerta sobre presunta corrupción vinculada a Ángeles Muñoz hubo un tercer informe policial con alusiones a la corrupción. En este caso, los agentes abordaban las conversaciones del hijastro de Muñoz en el otoño de 2019. Uno de los epígrafes del informe policial, fechado el 3 de agosto de 2020, se titulaba: “Información privilegiada para favorecerse con una operación de venta de terrenos”. 

Los agentes escucharon a Broberg hablar con una colaboradora de su padre y con otro empresario con antecedentes. “Se pone de manifiesto que Joakim cuenta con información privilegiada respecto a la elaboración de un nuevo Plan de Ordenación Urbanística”, escribieron en agosto de 2020. Broberg planeaba comprar unos terrenos de los que su dueño no había podido desprenderse por “un problema con el ayuntamiento”.

elDiario.es consultó a la Fiscalía Antidroga antes de publicar la información sobre los atestados policiales, en diciembre de 2022. Un portavoz contestó que la fiscal López Salcedo había investigado las cuentas de Broberg y que no encontró nada que apuntara a delitos de corrupción. López Salcedo no hizo una sola pregunta a Joakim Broberg cuando este compareció en fase de instrucción, ni de la corrupción, ni del tráfico de drogas. Su declaración durante el juicio se producirá a lo largo del próximo mes de junio. La Fiscalía solicita 22 años de cárcel para Joakim Broberg.

Nils Fischer, otro rastro invisible de la corrupción

El hijastro de la alcaldesa se sienta estos días en la tercera fila de asientos que ocupan los acusados, en una esquina. Tres sillas a su derecha está Nils Ander Fischer, otro nombre que ayuda a trazar la silueta invisible de la corrupción en el juicio por drogas. Una de las empresas investigadas como persona jurídica, Codecosol, es de su propiedad. La sociedad recibió más de 600.000 euros en contratos del Ayuntamiento de Marbella que dirige Ángeles Muñoz. Nada de esto se ha mencionado en el juicio.

Fischer era íntimo de Lars Broberg, el marido de la alcaldesa, también procesado por blanqueo de capitales, pero cuya causa fue archivada por motivos de salud. Lars fallecería posteriormente, en marzo de 2023. Fischer, que tenía la oficina de su empresa a metros de la de Lars Broberg, se enfrenta a una pena de seis años de cárcel.

En su filial en Málaga la mafia sueca tendría como “jefe o administrador” a Joakim Broberg, de 52 años, hijastro de la alcaldesa desde que su padre se casó con Muñoz, hace tres décadas. Y este, a su vez, disponía como “hombre de confianza” y “testaferro” a Nils Fischer, según los términos utilizados por el juez Manuel García Castellón en su auto de procesamiento. 

Codecosol (Construcciones y Demoliciones Costa del Sol), la sociedad de Fischer de los contratos con el Ayuntamiento de Ángeles Muñoz, habría sido usada “como tapadera para diferentes negocios inmobiliarios”, añadía el juez en su auto. Entre 2011 y 2015, Codecolsol obtuvo cinco adjudicaciones por un total de 642.415,22 euros durante el segundo mandato de Ángeles Muñoz en el Ayuntamiento marbellí, según descubrió elDiario.es.

El pasaje del interrogatorio de la fiscal a la inspectora de la UDEF sobre el juicio tampoco resultó vibrante en el pasaje dedicado a Fischer y Codecosol. Le preguntó por los antecedentes del empresario que presumía en su perfil de la red LinkedIn de ser “uno de los principales contratistas del Ayuntamiento de Marbella”. Receptación, robo, documentación falsa, fraude, quebrantamiento de condena… 

De las 12 sociedades donde figura Fischer solo Codecosol tiene actividad y declara ganancias, no más de 58.000 euros al año, explicó la inspectora de la UDEF. Ni rastro de unos correos electrónicos desvelados por elDiario.es en los que Fischer utiliza a Lars Broberg para hacer llegar una oferta para una adjudicación del Ayuntamiento en lugar de acudir a la ventanilla del Consistorio. Finalmente, Codecosol obtuvo el contrato. Se trata de uno de los cinco adjudicados a la empresa investigada en el caso de narcotráfico.

Tampoco surgió en el juicio otra cadena de correos donde Fischer obtiene información de cómo van las ejecuciones de obra en Marbella. La reacción de la alcaldesa fue querellarse por revelación de secretos contra elDiario.es, una demanda que ha sido rechazada en primera instancia. Esa información sobre los correos está en unas diligencias de investigación de la Fiscalía Anticorrupción que investigó el caso y acordó que o no había indicios de delito o los que pudiera haber estaban prescritos. 

El chivatazo, otro asunto esquivado

Otro escándalo que quedó por investigar fue el chivatazo que Lars Broberg le dio a su hijo de que estaba siendo investigado. En sueco, le dice el 28 de octubre de 2019: “Escucha, escucha, el que estás sujetando está intervenido”. Se refiere a que el terminal que usa es objeto de una intervención con autorización judicial. 

Desde Antidroga aseguraron que esos soplos son frecuentes en este tipo de investigaciones, más aún si hay implicadas multitud de unidades policiales y juzgados, más aún si son de varios países, como es el caso, y que resulta imposible dar con el origen del chivatazo. 

La única referencia a Lars Broberg durante el juicio ha sido cuando la fiscal preguntó a la inspectora de la UDEF por el papel del difunto marido de la alcaldesa en tres operaciones de blanqueo de capitales del narcotráfico. El motivo, explicó López Salcedo, es que Antidroga solicita el decomiso de unas propiedades de Lars Broberg que sospecha maneja a día de hoy su hijo. La inspectora atribuyó al marido de Ángeles Muñoz una labor de “supervisión” en esa trama de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico. 

Una inspectora jefe de la Policía ha vuelto a implicar a Lars Broberg, el difunto marido de la alcaldesa de Marbella, en el blanqueo de capitales procedente del narcotráfico. Durante su declaración en el juicio en calidad de perito, el mando de la UDEF ha descrito la labor de “supervisión” que habría tenido Lars Broberg en tres operaciones inmobiliarias destinadas a blanquear las ganancias obtenidas por su hijo, Joakim Broberg, y sus socios, en el banquillo de los acusados por integrar una organización de tráfico de hachís procedente de Marruecos y con destino al norte de Europa.

En su escrito de acusación, la Fiscalía Antidroga considera que Lars Gunnar Broberg prestó su “colaboración” en el blanqueo de 7.300.820 euros obtenidos del tráfico de cannabis procedente de Marruecos a través de tres operaciones. No hay acusación contra Broberg porque la causa decayó contra el marido de la alcaldesa en 2022 debido a su grave estado de salud y finalmente falleció en 2023.

Por este motivo, la presidenta del tribunal ha advertido a la fiscal Antidroga por las preguntas sobre Lars Broberg al no figurar este entre los acusados. La fiscal, María Dolores López Salcedo, ha explicado que solicita el decomiso de varias propiedades de Lars Broberg porque cree que las “maneja Joakim Broberg”, su hijo. Joakim se enfrenta a una pena de prisión de 22 años por tráfico de drogas, cohecho y blanqueo de capitales.

La primera de las operaciones de blanqueo en las que habría participado el marido de la alcaldesa de Marbella responde a un cambio de propiedad entre Joakim y otro de los acusados, como pago por una deuda de drogas, para la que se habría utilizado una empresa de Lars Broberg en Gibraltar. Se habrían blanqueado 3 millones de euros. 

La fiscal ha preguntado a la inspectora jefe de la UDEF si Lars aparecía en esta operación. “Aparece porque Lars está pendiente de la reactivación de una empresa en Gibraltar a través de conversaciones. Está pendiente de todo este proceso de reactivación de la empresa”, ha dicho la agente 85.972, quien ha declarado protegida por un biombo.

El marido de Muñoz también habría puesto sus empresas a disposición de otra operación de blanqueo con pagos de pequeñas cantidades a un importante número de sociedades, que sumarían 1.397.000 euros blanqueados. Para el blanqueo se utilizan tres fincas donde se construye. “Lars supervisa. Recuerdo que en diferentes momentos de la investigación iba a ver las obras. Cuando hacen gestiones con abogados él les aconseja, les asesora y las facilita. Él va a ver las fincas y las construcciones. Es como si estuviera supervisando…”, ha respondido la jefa de la UDEF.

Por último, en las actuaciones aparece un préstamo inmobiliario y la suma del tráfico de divisas, en relación con la compra fraudulenta de otra residencia de lujo, hace que los investigadores añadan otros 2.009.820 euros a la cantidad total que el marido de la alcaldesa de Marbella habría blanqueado de la droga. “Cuando la casa ya está construida tenemos diversas conversaciones en las que se ponen de acuerdo para cuando está en venta y la enseñan a diferentes compradores con conocimiento de Lars”, ha descrito la inspectora. “Lars Broberg controlaba bastante de las operaciones que iban efectuando”, ha dicho la policía.

Detenido en 2021

Lars Gunnar Broberg fue detenido en febrero de 2021 en la operación contra la organización de tráfico de drogas de su hijo. Quedó en libertad sin pasar a disposición judicial por su ya delicado estado de salud. Ángeles Muñoz realizó entonces una comparecencia pública defendiendo la inocencia de su marido y advirtiendo que todo quedaría “negro sobre blanco” cuando se levantara el secreto del sumario. A continuación acusó a la oposición de querer “dañar” su imagen y la de Marbella. 

La investigación continuó en secreto hasta su conclusión por decisión del juez Manuel García Castellón. En octubre de 2022, elDiario.es reveló que Lars Broberg había sido procesado por pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico, pero que quedaba fuera del procedimiento porque el juez consideraba que no estaba en condiciones para defenderse. 

Este periódico comenzó a publicar entonces una serie de investigaciones sobre la participación de Lars Broberg y su hijo en la trama de narcotráfico y blanqueo procedentes de un sumario que había permanecido bajo secreto. Ángeles Muñoz achacó las informaciones a una estrategia de la oposición política por la proximidad de las elecciones y se querelló contra elDiario.es.

El auto de procesamiento de Lars Broberg ya incluía la descripción de las tres operaciones de blanqueo de capitales en las que habría participado el marido de Muñoz. La Audiencia Nacional ratificó esos indicios al confirmar el auto de procesamiento, en enero de 2023. Dos meses después, Lars Broberg falleció a consecuencia de sus graves problemas de salud.

El Ayuntamiento de Marbella ha multado con 7.750 euros a la sociedad LGSB Holding Aktiebolag por acometer sin licencia obras en un inmueble. Se trata de una “infracción urbanística grave”, consistente en construir sin licencia un garaje adosado de 35 metros cuadrados y rebajar el acerado público. LGSB es una empresa constituida en Suecia por Lars Gunnar Sune Broberg (LGSB), el difunto marido de la alcaldesa Ángeles Muñoz, que es ya la propietaria del 100% de la empresa, según su declaración de bienes en el Ayuntamiento. El inmueble, valorado en 1,1 millones de euros, es una vivienda en Nueva Andalucía en la que reside o ha residido la regidora, a quien las cámaras de La Sexta captaron saliendo de allí a primera hora de la mañana en diciembre de 2022.

En esa vivienda de la alcaldesa se cometieron dos infracciones, según recoge el documento. Ambas consisten en ejecutar obras sin tener permiso municipal hace ahora seis años y ambas son infracciones graves, pero una es legalizable y la otra no. La infractora alegó estar dispuesta a regularizarlo todo y pidió suspender la sanción, pero el recurso cayó en saco roto, al menos en relación con las obras del garaje: debe demolerlo y, además, pagar la multa por haberlo construido al margen de la legalidad.

El Decreto de sanción, al que ha tenido acceso elDiario.es Andalucía, tiene fecha de 4 de abril y está firmado por el Director General Adjunto a la Asesoría Jurídica. Aunque puede ser recurrido ante los tribunales es ya ejecutivo, por lo que Asesoría Jurídica lo ha trasladado a Tesorería para que proceda con el cobro. La alcaldesa no ha respondido a las preguntas de este medio.

“Reforma total” y nuevo garaje

Las obras se ejecutaron en una vivienda unifamiliar con 1.163 metros cuadrados de parcela y 741 de superficie construida. Se trata de una edificación levantada en 1980 en una de las mejores zonas de Marbella, con instalación deportiva y 526 metros cuadrados de vivienda en dos plantas.

El inmueble fue objeto de una ambiciosa reforma que comenzó en 2018. Una “reforma total”, según el catastro, que afectó a la vivienda, al porche y al resto de zonas de la edificación. En 2023, cuatro años después de que terminaran las obras y tras varias inspecciones, el departamento de licencias urbanísticas de Marbella abrió un procedimiento sancionador por dos infracciones: la primera, la reforma interior y la demolición del garaje. Estas obras constituyen una primera infracción grave, aunque son “aparentemente legalizables”, según el informe de la arquitecta municipal. La sanción propuesta, de 3.749,75 euros, está suspendida hasta que se legalicen las obras.

Por otro lado, los propietarios construyeron un garaje de 35 metros cuadrados adosado al lindero público y privado, y también rebajaron el acerado. Esto no es legalizable porque contraviene la normativa urbanística y es otra infracción grave. La infractora alegó que el rebaje no lo hizo ella, sino que fue una obra municipal de acondicionamiento y prometió ajustar el garaje a la norma. Pero da igual: hizo las obras sin licencia y es suficiente para ordenar la demolición e imponer la multa, si bien atenuada: 7.750 euros.

Cuando fue cuestionada por las obras ilegales en su casa la alcaldesa negó la mayor. “No existe absolutamente ninguna obra”, declaró a La Sexta en diciembre de 2022.

LGSB ha obtenido hace apenas dos meses la licencia para demoler el garaje y construir en su lugar una pérgola.

Una sociedad creada por su difunto marido, que se la traspasó

La sanción a LGSB es, en realidad, una sanción a la propia alcaldesa. En 2019 Muñoz recibió 500 acciones de esta sociedad procedentes de su marido, Lars Gunnar Broberg, según desveló en su día La Sexta a partir de la declaración de la alcaldesa a Hacienda. Muñoz no había informado de este patrimonio en su declaración de bienes ante el Senado.

En el momento de la transacción su marido ya estaba siendo investigado por blanqueo de capitales y organización criminal. La Fiscalía Antidroga concluyó que ayudó a su hijo a blanquear siete millones de euros procedentes del narcotráfico. Salió de la investigación debido a su delicado estado de salud. El juicio contra su hijo Joakim, entre otros, ha comenzado esta semana en la Audiencia Nacional.  

LGSB fue fundada en Suecia el 29 de septiembre de 2017 por su difunto marido, Lars Gunnar Sune Broberg. Se trata de una sociedad familiar, en la que los dos asientos del consejo de administración se reservaron para Lars y Christian Erik Broberg, el hijo apasionado por los coches del empresario y la alcaldesa.

El objetivo de esta empresa siempre fue el de disponer de una entidad legal en la que recoger parte del notable patrimonio inmobiliario que había amasado Lars, del que disfrutaba la familia y parte del cual fue trasladando a la alcaldesa. Documentos del registro sueco que este medio ha podido consultar recogen que el objeto social de la empresa es “poseer y administrar propiedades principalmente en el extranjero”, principalmente en España. En su día, registró su voluntad de emitir bonos convertibles canjeables por un préstamo, una operación que nuevamente difuminaría el rastro de la titularidad. Sus activos iniciales superaban por poco el millón de euros; es decir, la vivienda por la que ahora se le sanciona.

Sus movimientos también demuestran que se trata de una mera sociedad instrumental inmobiliaria. Su única actividad queda reflejada en las cuentas de 2018, cuando computa unas pérdidas de 73.905 euros. Es el probable reflejo del coste de las obras ilegales. Por aquel entonces, Muñoz acababa de recuperar la alcaldía tras un breve mandato de dos años de PSOE y Opción Sampedreña, que en 2017 dejó de prestar apoyo a los socialistas para entregar de nuevo la alcaldía a la regidora, quien siempre ha negado cualquier vinculación con las presuntas actividades delictivas de su marido o su hijo.

La Audiencia Nacional reservará a partir del lunes una de las grandes salas de su sede en San Fernando de Henares para celebrar, durante 35 sesiones, el juicio contra una sucursal de la Mocromafia sueca en la Costa del Sol. Como principal acusado se sentará en el banquillo Joakim Broberg, el hijastro de la alcaldesa de Marbella para el que la Fiscalía Antidroga pide 22 años de cárcel por liderar una organización criminal de tráfico de hachís desde Marruecos y con destino final en Suecia. 

El procesamiento en la causa contra Broberg y de su padre ya fallecido, Lars, el marido de Ángeles Muñoz, fue el punto de arranque para una investigación de elDiario.es que afloró los indicios de corrupción en el entorno de la regidora marbellí. El trabajo periodístico también sirvió para conocer cómo la Audiencia Nacional ignoró la petición de la Policía para abrir una línea de investigación por tráfico de influencias. El juez Manuel García Castellón había mantenido en secreto la investigación hasta que dictó el final de la misma. 

La investigación partió de una colaboración solicitada por la Policía sueca, que seguía a integrantes de la Mocromafia de su país, importadores de hachís de Marruecos para distribuirlo en el norte de Europa. El hilo condujo hasta Joakim Broberg, a quien se le atribuye las tareas de “jefe” y conectar “productores” en Marruecos y “clientes” en Suecia. También habría puesto al servicio del blanqueo de capitales de la organización su red de sociedades con sede en la Costa del Sol, principalmente en Marbella. 

Por todo ello, Joakim Broberg está acusado de organización criminal, en grado de jefe, blanqueo de capitales y un tercer delito que abre la puerta al ecosistema político del postgilisimo, el cohecho. Broberg habría tenido a sueldo en el Ayuntamiento de Marbella a un policía municipal, antiguo miembro de la escolta de su madrastra, para obtener información sacada de bases de datos de acceso restringido. 

La intervención del teléfono de Joakim Broberg deparó numerosas sorpresas a los agentes de la UDEF que le investigaban. Tres días después de las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2019, Broberg habla con uno de sus socios, también procesado, y celebra el triunfo del Partido Popular: “Ahora hemos ganado nosotros también. Porque ahora tenemos la Junta de Andalucía. Tenemos Marbella. Tenemos Estepona. Tenemos todo. La ciudad es nuestra. Básicamente, tenemos toda la jodida Andalucía”.

Las revelaciones de los pinchazos telefónicos no se quedan ahí. Muestran a la alcaldesa organizando reuniones entre miembros de su equipo de Gobierno y su hijastro, o al propio Broberg presumiendo de tener acceso al plan urbanístico de la ciudad antes de que se presentara. 

Pero también dibujan la figura de Lars Broberg, su padre. Casado durante más de tres décadas con Ángeles Muñoz, el constructor advierte en una conversación mantenida en sueco a su hijo de que tiene el teléfono intervenido. La evidencia del chivatazo tampoco quiso ser investigada por la Policía antidroga ni por los jueces del caso. Antes de archivar las diligencias contra Lars Broberg, el juez le había impuesto una fianza de 25 millones de euros para satisfacer posibles responsabilidades penales una vez se dicte sentencia.

Los agentes de la UDEF propusieron hasta en tres informes la apertura de una línea de investigación, distinta a la del narcotráfico, por posibles delitos de tráfico de influencias, cohecho y prevaricación administrativa. Ni la fiscal Antidroga, ni la Fiscalía Anticorrupción ni tampoco los jueces del caso, Alejandro Abascal y Manuel García Castellón, abrieron la pieza separada que pedían los investigadores. Los posibles delitos de la transición postgilista se limitarían a los indicios que presentaran los pocos medios de comunicación interesados en el caso. 

Lars Broberg fue procesado por García Castellón, pero de inmediato decayó la causa contra él debido al grave estado de salud que tenía entonces, cuando cumplía 79 años. El auto de procesamiento y el escrito de la Fiscalía Antidroga recogen, sin embargo, los indicios contra él en dos operaciones para el blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico. Lars Broberg falleció en marzo de 2023. Su esposa siempre atribuyó su alto nivel de vida a los ingresos de su marido. 

La investigación de este periódico puso de manifiesto el inmenso patrimonio de Ángeles Muñoz pese a haber pasado treinta años desde que dejó su trabajo como médico de familia para dedicarse por entero a la política. Más de 12 millones de euros en propiedades –en un cálculo conservador–, cuentas en Luxemburgo y negocios pasados en Gibraltar. El afloramiento del patrimonio de Muñoz evidenció que no había informado como debía al Senado y a las pocas horas de la noticia de elDiario.es, Ángeles Muñoz actualizó la declaración de bienes a la que está obligada. 

Junto a Joakim Broberg se sentarán en el banquillo de los acusados otras 25 personas. Un reducido número, no vinculado directamente a Broberg, negocia acuerdos de conformidad con la Fiscalía Antidroga. El juicio en la Audiencia Nacional se prolongará hasta el 17 de julio. 

Cuando Policía y Guardia Civil explotaron sus pesquisas, el 9 febrero de 2021, Joakim Peter no se encontraba en España, aunque posteriormente fue detenido en Brasil. Su padre fue arrestado en Marbella y puesto en libertad después sin medidas cautelares. Muñoz reaccionó asegurando que el levantamiento del secreto del sumario pondría “negro sobre blanco” la inocencia de su marido. Fue al contrario. 

En cuanto a su hijastro, la alcaldesa de Marbella quiso evidenciar una relación distante, algo que los pinchazos telefónicos desmienten. Además, en uno de sus intentos de librarse la prisión provisional, Joakim Broberg exponía que iría a vivir con la pareja para cuidar de su padre enfermo. 

Marbella tiene un nuevo jefe de Policía local. Se trata del intendente Ricardo del Río, quien ejercía de número dos de su antecesor, Javier Martín, que se ha jubilado. El nuevo responsable del Cuerpo aparece en las escuchas del caso contra el marido –ya fallecido– de la alcaldesa Ángeles Muñoz y su hijastro, Joakim Broberg. En una de esas escuchas, Joakim Broberg expresa a un colaborador su deseo de que Del Río, con el que dice tener una relación habitual, pase a integrar su “banda”. 

Los investigadores habían intervenido los teléfonos de Joakim Broberg con una autorización judicial que les habilitaba también para colocar micrófonos ocultos en su coche. El 3 de septiembre de 2019, Broberg charla en el interior del vehículo junto a Rafael Bayona, uno de sus “machacas” que también será juzgado en la causa por narcotráfico. Los agentes de la UDEF lo registran todo.

Joakim Broberg cuenta a Bayona que ha ido a ver a su padre en un bar o pub y lo ha encontrado con Rafael del Río. Asegura que él conoce al agente porque toma copas con él. Broberg cuenta a su subordinado lo que cree que es un ofrecimiento de Del Río para ayudarle a pasar la Inspección Técnica de Vehículos aunque el automóvil no tenga todo en orden.  

“Que yo he pasado cosas con coches que han pasado la ITV y ese coche no tiene cinturón”, le habría comentado el número dos de la Policía. “Esa es su forma de decir: no te preocupes, que no te pases, pero no te preocupes”, entiende Broberg. Para rematar su conversación en el coche con su colaborador, Joakim Broberg dice del intendente Del Río: “Ese lo quiero tener yo en mi banda”.

El portavoz del Ayuntamiento de Marbella, Félix Romero, aseguró tras el nombramiento que era algo “automático” porque Del Río es “un funcionario de la plantilla de más alta graduación”. Del Río fue en el pasado jefe de la Policía local de la vecina localidad de San Pedro de Alcántara.

La Audiencia Nacional juzgará entre mayo y julio próximos a Joakim Broberg, el hijastro de la alcaldesa de Marbella y senadora del PP, Ángeles Muñoz, por narcotráfico y blanqueo de capitales. La Fiscalía Antidroga solicita que se imponga a Broberg una pena de 22 años de cárcel.

La investigación de una organización criminal dedicada a trasladar cannabis desde Andalucía a los países nórdicos condujo a las policías sueca y española hasta Joakim Broberg, hijo del empresario de la construcción en la Costa del Sol Lars Gunnar Broberg, casado desde hace décadas con la alcaldesa de Marbella, María Ángeles Muñoz. 

Lars Broberg también fue investigado y procesado por blanqueo de capitales en la misma causa pero su delicado estado de salud hizo que la acusación decayera. En marzo de 2023, el marido de la alcaldesa de Marbella falleció.

La intervención del teléfono de Joakim Broberg deparó en 2019 una sorpresa a los agentes españoles cuando éste celebró con un socio el poder que había revalidado el Partido Popular en Marbella, donde gobierna su madrastra, y el triunfo meses antes de Juan Manuel Moreno Bonilla en las elecciones autonómicas: “Básicamente, tenemos la jodida Andalucía”.

En otra grabación, que su hijo Joakim creía a salvo de la Policía, Lars le dice que no hable por teléfono porque sabe que lo tiene pinchado, evidencia de que el marido de la alcaldesa recibió un chivatazo acerca de que les estaban investigando. Ni el chivatazo ni los tres informes de la UDEF en los que se propone abrir una línea de investigación por delitos de corrupción, relacionados con el parentesco de los Broberg con la alcaldesa, tuvieron éxito. Fueron ignorados por la Fiscalía Antidroga y por el Juzgado de la Audiencia Nacional. 

“Bajo las órdenes” de Muñoz

En el banquillo también se sentará un policía municipal para el que Antidroga solicita cuatro años por cohecho. En fase de instrucción ese policía declaró que obtuvo información de las bases de datos del Ayuntamiento y se las entregó al presunto narcotraficante Joakim Broberg, “bajo las órdenes” de Ángeles Muñoz. La alcaldesa de Marbella nunca ha estado investigada ni ha sido llamada a declarar como testigo. 

El teléfono encriptado de Joakim Broberg sirvió al hijastro de la alcaldesa de Marbella para hablar aún desde la cárcel en Bélgica, a donde había sido extraditado después de su detención en Portugal en febrero, para cumplir 30 meses de condena por blanqueo a través de la compra-venta de oro. 

En mayo de 2020, su socio Mike Holmen contacta con él porque otro presunto miembro de la banda reclama un contacto en la Policía de Marbella. Holmen habla con Broberg y comenta al tercero: “Dijo [Joakim] que tiene varios [policías] diferentes pero ninguno en el que confíe al 100% si es muy delicado. Así que creo que ese camino será difícil”.

La mansión de 12 millones de euros que encabeza el amplio patrimonio inmobiliario de Ángeles Muñoz, alcaldesa de Marbella, quedó el pasado noviembre libre de cargas. La regidora canceló la hipoteca de 3,1 millones de euros que había contratado en el banco Nordea Bank, con sede en Luxemburgo, según la información que consta en el Registro de la Propiedad y a la que ha tenido acceso elDiario.es. 

La lujosa casa situada en el límite de Marbella con Benahavís llegó a estar en venta una larga temporada, hasta la noticia de la investigación en una causa de narcotráfico contra su hijastro y su marido –este ya fallecido–, y entonces desapareció de la web que anunciaba su venta. Cuando Lars Broberg murió, en marzo de 2023, la mansión llevaba tiempo cerrada y el matrimonio residía en otro lugar de Marbella.

El inmueble de Ángeles Muñoz está envuelto en la polémica desde que este medio informara en 2014 que había sido adquirida 11 años antes a través de una sociedad radicada en Gibraltar, que a su vez poseía otra a nombre de la que está la finca. A esa polémica se ha añadido un nuevo capítulo este mismo miércoles cuando elDiario.es ha desvelado los planes del Ayuntamiento de Marbella para recalificar el terreno en el que se encuentra la mansión, con la consiguiente revalorización del inmueble.

El matrimonio formado por Ángeles Muñoz y Lars Broberg compró en 2003 el 98% de las participaciones de la sociedad Crasel Limited, radicada en territorio opaco de Gibraltar. Esa sociedad poseía a su vez una empresa con sede en España, Crasel Panoramica SL, titular de la mansión. Muñoz era propietaria del 48% de Crasel Panorámica SL y, de acuerdo a su última declaración de bienes, lo sigue siendo. Este medio ha preguntado a un portavoz del Ayuntamiento si tras fallecer su marido Muñoz se ha hecho con la otra mitad de la empresa o, de no ser así, quién o quiénes son los propietarios, pero no ha obtenido respuesta.

La hipoteca suscrita en 2010 es un complejo producto financiero. La sociedad Crasel Panorámica SL, propiedad del matrimonio, recibió ese año un crédito de 3,1 millones de euros por parte de Nordea Bank SA. Al tiempo, el dinero quedó invertido en la entidad bancaria, al contratarse un seguro de vida asociado a una cartera de inversiones. Como garantía se hipotecó la lujosa mansión de Muñoz por 3,1 millones. El Consistorio tampoco ha respondido a la cuestión de si la cancelación de la hipoteca responde al cobro del seguro de vida después de la muerte de Lars Broberg. 

La modalidad de producto financiero al que recurrió el matrimonio en Nordea Bank SA era ofrecida por la propia entidad para reducir el valor del inmueble a efectos del Impuesto sobre el Patrimonio y del de Sucesiones, que entonces tenía una fiscalidad que hoy en día es escasa o nula.

Una mansión de 12 millones de euros

La mansión fue puesta a la venta en 2016 en una web inmobiliaria de lujo por un precio de 12 millones de euros. En 2022, poco después de conocerse la investigación a Lars Broberg y el hijo de este por una presunta trama de narcotráfico internacional, Muñoz y su marido empezaron a negociar la venta de la casa con un millonario procedente de Baréin. Según el documento al que tuvo acceso elDiario.es, pretendían nueve millones de euros, con dos pagos iniciales de 500.000 euros cada uno a ingresar en una cuenta de Luxemburgo. A este país acuden grandes fortunas internacionales por su alambicado sistema de sociedades pantalla y extraordinarios beneficios fiscales. 

Finalmente no hubo acuerdo con el acaudalado ciudadano de Baréin y vecinos de la zona creen que en la actualidad nadie vive allí. Casa Rosada, en Vega del Jaque, es un palacete construido en parte con mármol de Carrara muy cerca del yacimiento arqueológico del Cerro Colorado. Cuenta con dos plantas y dos sótanos, suelos de madera y mármol, techos abovedados, habitación de pánico, pista de pádel, biblioteca, sala de cine y gimnasio. En el jardín se sitúa una amplia piscina cuya forma emula la silueta de la cabeza de Mickey Mouse y en la que hace años uno de los hijos del matrimonio introducía su moto acuática y lo exhibía en las redes sociales. 

Además de Casa Rosada, Broberg era dueño de una parte relevante de la zona de Vega del Jaque a través de otra mercantil (Vega del Colorado, S.A.), y aspiraba a edificar en los terrenos. En 2008, el Pleno del Ayuntamiento de Marbella votó a favor de modificar parte de las lindes con Benahavís y que los terrenos en los que tenía interés Lars Broberg pasaran a este segundo municipio, que considera la zona urbanizable. El asunto llegó al Tribunal Supremo, que terminó años después archivando la causa. Recientemente se ha impuesto el criterio del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía según el cual las lindes entre ambos municipios deben ser las históricas de 1873, por lo que los planes urbanísticos no pueden modificarlas.

Ahora, el nuevo plan urbanístico de Marbella –aún en tramitación– clasifica por primera vez esos suelos como urbanos. Hasta ahora, para Marbella eran no urbanizables, mientras que para Benahavís sí lo son. Los terrenos se sitúan junto a la linde que separa ambos municipios: están dentro del término municipal de Marbella, pero es Benahavís quien les presta servicios y cobra impuestos.

Marbella pretende aplicarles a partir de ahora una figura que no aparece en la nueva ley andaluza del suelo (LISTA) denominada “tejido urbano discontinuo”, e incluirlos en un “área de ordenación conjunta” con Benahavís. En la práctica, ya son suelos urbanos (y urbanizados) desde los 90; pero sobre el papel, no constaban como tal para el consistorio de Marbella sino como no urbanizables.

elDiario.es informó del abultado patrimonio de Ángeles Muñoz a raíz del procesamiento de su marido por pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico. Muñoz siempre atribuyó su alto tren de vida al éxito en los negocios de su marido durante treinta años. La Audiencia Nacional había encontrado indicios suficientes para juzgar a Lars Broberg, pero el estado de salud en el que se encontraba hizo decaer la causa contra él. Quien sí se sentará en el banquillo será Joaquim, hijo de un primer matrimonio de Lars, a quien la Fiscalía Antidroga atribuye tareas de liderazgo en una filial de la Mocromafia sueca asentada en la Costa del Sol. 

El Ayuntamiento de Marbella, gobernado por Ángeles Muñoz (PP), ha dado un paso para regularizar la situación urbanística de los intereses inmobiliarios que tiene su alcaldesa en Vega del Jaque, una urbanización situada en un paraje del término municipal de Marbella colindante con Benahavís. La actuación consiste en recalificar –sobre el papel– los terrenos donde se ubica el palacete de la regidora, lo que tendría el efecto de aumentar su valor de mercado en una posible venta.

El nuevo plan urbanístico de Marbella califica por primera vez esos suelos como urbanos. Hasta ahora, para Marbella eran no urbanizables, mientras que para Benahavís sí lo son. Los terrenos se sitúan junto a la linde que separa ambos municipios: están dentro del término municipal de Marbella, pero es Benahavís quien les presta servicios y cobra impuestos.

Marbella pretende aplicarles a partir de ahora una figura que no aparece en la nueva ley andaluza del suelo (LISTA) denominada “tejido urbano discontinuo”, e incluirlos en un “área de ordenación conjunta” con Benahavís. En la práctica, ya son suelos urbanos (y urbanizados) desde los 90; pero sobre el papel, no constan como terrenos urbanizables para el consistorio de Marbella. Hasta ahora.

Dentro de Vega del Jaque está la llamada Casa Rosada, un palacete construido en mármol de Carrara muy cerca del yacimiento arqueológico del Cerro Colorado. Cuenta con dos plantas y dos sótanos, suelos de madera y mármol, techos abovedados, habitación de pánico, pista de pádel, biblioteca, sala de cine y gimnasio. Muñoz y su difunto marido, Lars Broberg, han sido dueños de esta mansión a través de la entidad Crasel Panorámica, S.L., de matriz gibraltareña. Además, a través de otra mercantil (Vega del Colorado, S.A.), Broberg era dueño de una parte relevante de los terrenos de Vega del Jaque, y aspiraba a desarrollarlos.

La mansión fue puesta a la venta en 2016 en una web inmobiliaria de lujo por un precio de 12 millones de euros. En 2022, poco después de conocerse la investigación a Broberg (fallecido en marzo de 2023) y el hijo de este por una presunta trama de narcotráfico internacional, Muñoz y su marido empezaron a negociar la venta de la casa con un millonario procedente de Baréin. Según el documento al que tuvo acceso elDiario.es, pretendían nueve millones de euros, con dos pagos iniciales de 500.000 euros cada uno a ingresar en una cuenta de Luxemburgo. No hay constancia de que esa venta se haya materializado.

Una regularización de la situación urbanística, de tal forma que los terrenos pasasen a ser urbanos para Marbella, incrementaría su valor en el mercado inmobiliario, y ese es el motivo que la oposición siempre vislumbró en los reiterados intentos de “mover” Vega del Jaque de Marbella a Benahavís, donde sí serían urbanos.

Estos intentos empiezan en 2008, con una propuesta de acuerdo entre Benahavís y Marbella para cambiar las lindes, previo Pleno en el que la alcaldesa evitó votar, según recuerdan fuentes presentes. En 2016, llegó a constituirse una plataforma ciudadana contra la alteración de las lindes (“Ni un metro de Marbella para otra población”) y la Fiscalía denunció a Muñoz por la presunta alteración subrepticia de los planos en un Pleno municipal de aprobación del PGOU.

La denuncia penal fue finalmente archivada, pero el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía acabó zanjando el debate: no se puede cambiar en un Pleno ni por un acuerdo entre municipios un deslinde que tiene su origen en 1873, de modo que Vega del Jaque sigue estando en el término municipal de Marbella.

“Tejido urbano discontinuo” y “ordenación conjunta” con Benahavís

Ahora, el ayuntamiento está enfrascado en aprobar una nueva ordenación urbanística, que tantos quebraderos de cabeza ha dado desde los tiempos del GIL, partido del ya fallecido Jesús Gil. Marbella se rige por el PGOU de 1986 desde que el Tribunal Supremo anuló (en 2015) el PGOU de 2010, pensado para hacer borrón y cuenta nueva de los desmanes de la época de Gil.

El objetivo del consistorio es que la nueva ordenación esté en vigor a finales de 2025. Para ello, ha presentado dos documentos de avance: el Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) y el Plan de Ordenación Urbana (POU), ya aprobados en Junta de Gobierno Local. Este último estuvo abierto al trámite de información pública hasta primeros de marzo.

En ambos documentos se retoca la situación urbanística de Vega del Jaque (y, por tanto, del palacete de la alcaldesa), que aparece expresamente reseñada como una de las cuatro categorías del suelo urbano de Marbella. Según la memoria de Ordenación del nuevo PGOM, es suelo urbano lo que califica como “terrenos que forman parte de desarrollos urbanísticos realizados por los municipios colindantes” (Benahavís y Mijas), “pero que, debido al replanteamiento de las lindes del municipio, han quedado situados dentro del término municipal de Marbella”.

Ese sería el caso de Vega del Jaque, que forma una pequeña cuña desconectada de la trama urbana al norte de la A-7. En la práctica, la autovía hace de barrera con Marbella y “acerca” Vega del Jaque a Benahavís, en cuyo Registro de la Propiedad están inscritas las fincas. El municipio vecino ha llegado, incluso, a expedir licencias en esta zona, a pesar de que los terrenos están en el término municipal de Marbella.

Ahora, el ayuntamiento de Marbella propone para ellos una nueva categoría: un área de “ordenación conjunta” con Benahavís, lo que permitiría declarar los terrenos como “tejido urbano discontinuo”, alegando que se conectan con la trama urbana de Marbella a través de Benahavís. En la práctica, significa integrar ese espacio en la ordenación urbana marbellí. Estos terrenos se incluyen en el suelo urbano porque, “aunque no están integrados en la malla urbana de Marbella, sí lo están en la trama urbana” de Benahavís, dice el avance del PGOM.

El documento advierte de que Marbella por sí sola no podría plantear nuevos desarrollos en estos terrenos “por no estar integrado en la trama urbana de Marbella”, pero a continuación parece abrir la puerta a un desarrollo conjunto con Benahavís: “Cualquier actuación de ampliación de estos suelos tiene carácter supralocal por depender de las redes y servicios de los municipios colindantes”.

Los socialistas piden que pague impuestos en Marbella

La “ordenación conjunta” es un concepto nuevo introducido por la Ley de Suelo andaluza, en vigor desde diciembre de 2021. La ley recoge la posibilidad de aprobar un Plan Intermunicipal para ordenar áreas integradas por terrenos situados en municipios colindantes que necesiten una actuación urbanística conjunta. Nunca se ha usado hasta ahora. En cambio, el concepto “tejido urbano discontinuo” no aparece en la ley andaluza. Es un concepto metodológico que los urbanistas suelen usar para referirse a áreas en las que los edificios, carreteras y áreas de superficie artificial ocupan entre un 50% y un 80% de la superficie total.

Para el PSOE, se trata de un nuevo subterfugio orientado a recalificar los terrenos. “Resulta incongruente, inusitado e inverosímil aducir que dichos terrenos se encuentran dentro de la trama urbana (…) ya que para incorporarse a la misma debe discurrirse por otro municipio”, se subraya en las alegaciones al plan de los socialistas, que recuerdan que se calificaron rústicos en 1986 precisamente porque estaban aislados, “cuestión que a la fecha no ha cambiado”.

Los socialistas recuerdan que las lindes no han sido “replanteadas”, como repite el gobierno marbellí, sino que siguen siendo las mismas que en 1873 porque así lo sentenció el TSJA, en una sentencia luego confirmada por el Tribunal Supremo.

Los socialistas sugieren que los terrenos se queden como están, y que sus titulares obtengan del ayuntamiento una declaración de Asimilado a Fuera de Ordenación (AFO), figura menos “artificiosa”, según el PSOE. Si fueran declarados AFO podrían mantener y conservar lo existente, pero no aspirar a nuevos desarrollos. Además, quedarían obligados al pago de impuesto y la tasa local, que sería del 4,7% por analogía con el Impuesto de Obra Nueva.

Un edificio denunciado desde 1998, declarado ilegal por sentencia firme en 2009, con auto judicial ordenando la ejecución de sentencia en 2017 y con orden de demolición desde 2020, es protagonista de un inusitado cruce de pareceres: el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía pide que se cumpla la demolición que dictó, el ayuntamiento dice que no puede, y la Fiscalía ha acabado dando carpetazo a una investigación a la alcaldesa Ángeles Muñoz (PP) por desobediencia, porque no cree que esté ignorando deliberadamente las resoluciones judiciales.

Fue el propio TSJA el que pidió a la Fiscalía que hiciera algo, tal y como contó este medio hace un año. Tras años de insistencia, los magistrados habían comprobado que la colaboración del Ayuntamiento para cumplir su orden de demolición era “sencillamente nula”, por lo que multaron a Muñoz con 1.000 euros y dieron traslado a la Fiscalía al entender que la alcaldesa podría estar incurriendo en un delito.

El Ministerio Público abrió diligencias, y desde entonces el asunto ha ido y vuelto a Madrid, ya que Muñoz era aforada ante el Tribunal Supremo y dejó de serlo tras las elecciones generales de julio de 2023. Ahora recibe carpetazo definitivo en Marbella: según el decreto de archivo, dictado el pasado 7 de marzo y al que ha tenido acceso este medio, aunque la conducta del Ayuntamiento “pudiera considerarse obstaculizadora o dilatoria, algo que debe haber llevado al agotamiento, asfixio y hastío” de los particulares afectados, el consistorio lo hizo utilizando los recursos previstos en la ley.

De esta forma, la Fiscalía, que en marzo de 2023 sí apreció indicios objetivos de delitos de desobediencia (artículo 410 del Código Penal) y resistencia a la autoridad (556) en la actuación de Muñoz concluye ahora que en su comportamiento no hay un “menosprecio al principio de autoridad”, por lo que faltaría el elemento subjetivo del tipo penal.

El TSJA afea los incumplimientos del Ayuntamiento

Para apuntalar el archivo, el fiscal argumenta que el propio TSJA, que impulsó la investigación a la alcaldesa, acabó abriéndose a declarar la “imposibilidad material” de que el Ayuntamiento de Marbella cumpla su sentencia de demolición.

Sin embargo, lo cierto es que la sala de lo contencioso-administrativo del TSJA descartó esa opción el pasado 14 de febrero, tres semanas antes del archivo del fiscal, en una resolución en la que volvió a afear los incumplimientos del consistorio con estas palabras: “Realmente, el Ayuntamiento no parece comprender que tiene ordenada una demolición para hacer efectiva la sentencia y que esta Sala tiene la obligación de ejecutar lo juzgado”.

En ese auto, los magistrados insistían en hacer valer su potestad de hacer ejecutar lo juzgado rechazando el incidente de imposibilidad material de ejecución de la sentencia. Ese mismo día, el TSJA volvió a requerir al ayuntamiento para que cumpla sentencia y demuela el edificio.

La abogada de la comunidad de propietarios perjudicada pidió a la Fiscalía que no obvie esta última resolución del TSJA, pero el fiscal acaba de reafirmarse en un nuevo escrito: cree que el mero hecho de que el TSJA valorara la “imposibilidad material” de ejecutar su sentencia ya “hizo desvanecerse” el elemento subjetivo del delito de desobediencia (la presunta voluntad de Muñoz de ignorar las resoluciones judiciales).

Qué hacer con un millar de licencias ilegales de la época del GIL

La investigación a la alcaldesa Muñoz tiene su origen en los tiempos de Jesús Gil al frente del Ayuntamiento. Eran los años del urbanismo a la carta y desaforado, en los que las licencias de obra se entregaban sin que importara mucho lo que dijera el planeamiento urbanístico o los intereses de vecinos afectados. Hay casos emblemáticos, como el Carmen Suárez, cuya vieja casa quedo oscurecida para siempre por las 12 plantas del edificio Belmonsa, o el del hotel Guadalpín, en plena playa.

Con los años, aquella fiebre constructora dio paso a una resaca que todavía se arrastra. Más de mil licencias fueron anuladas por ignorar la legalidad urbanística dejando a los edificios en situación ilegal, de modo que los sucesivos gobiernos municipales se encontraron con un problema explosivo en las manos: ¿debían devolver la situación material a la legalidad –demoliendo cientos de edificaciones– o legalizar lo ilegal? Ángeles Muñoz optó por lo segundo, y aprobó un PGOU que en la práctica amnistiaba las construcciones ilegales. Pero en 2015 el Tribunal Supremo anuló ese PGOU, razonando que no podía tener la función de legalizar lo ilegal.

De esta forma, todo volvió al punto de partida: cientos de edificaciones de los años 90 y 2000 son ilegales (por ser su licencia nula), pero hay pocos interesados en que se restituya la legalidad echándolos abajo. El ayuntamiento dispone un informe interno del área de Hacienda en el que se cuantifica que demoler ocho edificios ilegales (solo aquellos en los que alguien lo está pidiendo en los tribunales) e indemnizar a sus propietarios (unos 600) le costaría 246 millones de euros, dejándolo en la ruina. Marbella tiene un presupuesto de 361 millones para 2024 y una deuda aproximada de 271.

Por eso, cuando alguien acude a la justicia para pedir que se cumpla alguna sentencia, el consistorio esgrime que hay una “imposibilidad material” de hacerlo, y pide que se tengan en cuenta alternativas como la expropiación, los acuerdos con los afectados o la legalización.

Resoluciones judiciales reiteradas

En la práctica, la mayoría de estas edificaciones no corren riesgo alguno, porque no hay vecinos que pidan su demolición y, menos aún, el ayuntamiento. Pero hay un puñado de ellas en las que chocan con otros intereses, de modo que comunidades de propietarios o terceros interesados impulsan el cumplimiento forzoso de las sentencias, en muchos casos para conseguir una compensación económica.

Uno de esos casos afecta a un chalet de 416 metros cuadrados distribuidos en una edificación de tres plantas, sita sobre una parcela de 854 metros cuadrados con piscina y jardín, construida sobre una parcela en la urbanización Artola que a priori debía estar dedicada a equipamiento público. El último titular conocido es la mercantil Brisas e Ventos Investimentos, S.L.

La construcción tiene ya un largo recorrido judicial. En 2007, un juzgado penal 8 condenó a Julián Muñoz y otros cuatro concejales por prevaricar al otorgar la licencia; en 2009, el TSJA la declaró ilegal; y en 2017, los vecinos consiguieron que se dictara auto de ejecución forzosa y que el Registro de la Propiedad lo inscribiera.

En los años siguientes, la comunidad de propietarios de Artola ha pedido en reiteradas ocasiones que se ordene al Ayuntamiento derribar la edificación. En noviembre de 2020, los magistrados le exigieron que procediera a “la reposición a su estado originario de la realidad física alterada mediante la demolición”; en junio de 2021 apuntaron a Muñoz, requiriendo al consistorio “en la persona de su Alcaldesa-Presidenta” para cumplir en tres meses, advirtiéndole de que la multarían si no cumplía; y el 8 de junio de 2022, acabaron por “constatar” que la colaboración del Ayuntamiento “es, sencillamente, nula”, de modo que multaron a Muñoz con 1.000 euros (que pagó) y remitieron el asunto a Fiscalía. 

El Ayuntamiento mantiene que demoler sería no solo muy costoso, sino también desproporcionado, puesto que en el chalet vivirían dos menores de edad.

El fiscal no ve el “menosprecio”

Inicialmente, la Fiscalía Provincial de Málaga apreció indicios de delito en la resistencia a cumplir, y envió al expediente a la Fiscalía del Tribunal Supremo. Cuando Muñoz dejó de ser aforada el asunto recayó en la Fiscalía de Marbella, no en la Fiscalía Provincial, y es el fiscal delegado Julio Martínez Carazo quien ha acabado por cerrar el asunto, en un Decreto de archivo inusualmente extenso.

Allí, se justifica el carpetazo por los vaivenes del caso, que implicaría que no se puede achacar a la alcaldesa una palmaria voluntad de ignorar las resoluciones judiciales. Así, el fiscal recuerda que, mientras el viejo PGOU estuvo vigente (de 2010 a 2015) la legalidad “sobrevenida” del edificio estuvo a un paso.

Es en 2017 cuando el TSJA empieza a requerir al ayuntamiento para que ejecute su sentencia de 2009, pero a partir de entonces el ayuntamiento recurre por todas las vías posibles. Algo que puede desesperar a los afectados, pero que la legislación permite, subraya el fiscal.

En el último año, el Ayuntamiento y la comunidad de propietarios han negociado una posible indemnización de 850.000 euros por los costes legales y daños morales, la recuperación de zonas verdes y el mantenimiento de viales para compensar la pérdida de equipamiento público.

Esto sirvió al TSJA para abrir un incidente de imposibilidad material de cumplimiento de sentencia, que es al que se agarra el fiscal para archivar la investigación a la alcaldesa, aunque finalmente el TSJA haya acabado concluyendo no hay imposibilidad alguna y que ese acuerdo, de producirse, no puede afectar a la legalidad urbanística.

De ahí, que los magistrados hayan vuelto a exigir al ayuntamiento que cumpla con sus resoluciones, mientras el fiscal, por otro lado, archiva su investigación penal a la alcaldesa.

La Fiscalía Antidroga considera acreditado que la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, convivió durante años con una persona, su esposo ya fallecido, que blanqueaba dinero procedente del narcotráfico. El escrito de acusación de la fiscalía especializada solicita 22 años de cárcel para el hijastro de Ángeles Muñoz y concluye que su padre, Gunnar Broberg, prestó su “colaboración” en el blanqueo de 7.300.820 euros obtenidos del tráfico de cannabis procedente de Marruecos. 

En su escrito de acusación, la fiscal añade que no especifica la pena que hubiera pedido contra Lars Broberg porque su fallecimiento en marzo de 2023, a los 79 años, motivó que quedara fuera del procedimiento. Por el delito de blanqueo de capitales en el que el padre habría participado, su hijo Joakim se enfrenta a una petición de la Fiscalía de siete años de cárcel. El Ministerio Público pide además para el hijastro de Muñoz 11 años como jefe de una organización dedicada al tráfico de drogas, y cuatro años por un delito de cohecho, por sobornar a un policía municipal que había sido escolta de su madrastra. 

Desde que elDiario.es desvelara en octubre de 2022 el procesamiento de los Broberg en este caso contra una delegación de la Mocromafia sueca, Ángeles Muñoz ha querido exhibir distancia con Joakim, su hijastro, y ha defendido la inocencia de su marido. Lars Gunnar Sune Broberg era un constructor de la zona, especializado en el negocio de las urbanizaciones y el golf, al que Muñoz responsabilizaba del lujoso estilo de vida que siempre ha llevado ella y su familia. 

Casados de segundas nupcias hace más de treinta años, no hay rastro de Lars Broberg antes de su vida con Muñoz, más allá de que fue detenido en los años ochenta por infracción de la Ley de Extranjería y falsificación de matrículas. En público, Broberg era un empresario del que presumía el Partido Popular, por atraer lujo y riqueza a Marbella. En la intimidad que revelaron los pinchazos del caso asomaba una faceta más oscura de Lars, un plano que toda la plana mayor del PP andaluz parecía ignorar cuando fueron a presentar sus respetos en el funeral del pasado marzo. 

“Aprende de tu padre: no hables por teléfono”

Diego López es un ambicioso político local del PP, de 43 años, concejal de Obras y Medio Ambiente, al que Ángeles Muñoz ha empoderado en esta legislatura sumándole las competencias de Limpieza y Playas. En una conversación intervenida por la Policía en 2019, Joakim Broberg llama al concejal para presentarle una persona que puede ofrecerle “un producto” para una de sus áreas del Ayuntamiento. López le corta abruptamente y le cita en persona. “No hables por teléfono, a ver si aprendes de tu padre”, le dice. Según Diego López, que ha hecho toda su carrera política al lado de Ángeles Muñoz, al próspero empresario marido de la alcaldesa, por alguna razón, no le gustaba hablar de según qué cosas por teléfono. 

El último hito del proceso judicial contra los Broberg ha sido el escrito de acusación de la Fiscalía Antidroga, que vuelve a insistir en la participación del marido de Muñoz en tres operaciones de blanqueo de capitales. La primera de ellas responde a un cambio de propiedad entre Joakim y otro de los acusados, como pago por una deuda de drogas, para la que se habría utilizado una empresa de Lars Broberg en Gibraltar. Se habrían blanqueado 3 millones de euros. 

El marido de Muñoz también habría puesto sus empresas a disposición de otra operación de blanqueo con pagos de pequeñas cantidades a un importante número de sociedades, que sumarían 1.397.000 euros blanqueados. Por último, un préstamo inmobiliario y la suma del tráfico de divisas, en relación con la compra fraudulenta de otra residencia de lujo, hacen que los investigadores añadan otros 2.009.820 euros a la cantidad total que el marido de la alcaldesa de Marbella habría blanqueado de la droga. 

Lars Broberg no siempre cumplía su regla de hablar los asuntos delicados en persona. Quizá porque no esperaba que la Policía tradujera la conversación del sueco, el 28 de octubre de 2019, el padre llama al hijo con urgencia. En el idioma materno de ambos, Lars le dice a Joakim: “Escucha, este que estás sujetando está intervenido”. El hijo contesta que lo sabe y que por eso tiene un tercer terminal. 

Broberg Jr. no podía imaginar que los servicios de Información franceses terminarían penetrando en el servidor de Encrochat, la empresa que le vendió ese otro móvil, obteniendo la mayor captación de información sobre el narcotráfico en toda Europa hasta el momento. Y que todo lo que decía y enviaba por ese teléfono acabaría en manos de la Policía española. 

La conversación entre los dos Broberg denota la existencia de un chivatazo que les puso en conocimiento de la investigación contra ellos. La Fiscalía Antidroga y la Audiencia Nacional restaron importancia al asunto y no investigaron el soplo. Fuentes del Ministerio Público aseguraron a elDiario.es que filtraciones así son frecuentes en causas de esa magnitud, con tantos actores implicados, y más aún si se hace en colaboración con otros países, como en este caso con Suecia. 

La difícil convivencia de la relación matrimonial de una alcaldesa y un empresario de la construcción de la zona, la política y los negocios acabó en los juzgados hace dos décadas. Muñoz ordenó en 2008 el plan urbanístico de la ciudad regalando terrenos a la localidad anexa de Benahavís. Las modificaciones en los planos beneficiaron a una empresa, Vega Colorado, de la que fue administrador único Lars Broberg. La causa judicial por aquella recalificación acabó en el Tribunal Supremo que, una década después, terminó archivando el caso y exculpando a Muñoz. 

Lars Gunnar Broberg fue detenido en febrero de 2021 en la operación contra la organización de tráfico de de drogas de su hijastro. Quedó en libertad sin pasar a disposición judicial por su ya delicado estad de salud. Ángeles Muñoz realizó entonces una comparecencia pública defendiendo la inocencia de su marido y advirtiendo que todo quedaría “negro sobre blanco” cuando se levantara el secreto del sumario. A continuación acusó a la oposición de querer “dañar” su imagen y la de Marbella. 

La investigación continuó en secreto hasta su conclusión por decisión del juez Manuel García Castellón. En octubre de 2022, elDiario.es reveló que Lars Broberg había sido procesado por pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico, pero que quedaba fuera del procedimiento porque el juez consideraba que no estaba en condiciones para defenderse. 

Este periódico comenzó a publicar entonces una serie de investigaciones sobre la participación de Lars Broberg y su hijastro en la trama de narcotráfico y blanqueo procedentes de un sumario que había permanecido bajo secreto. Ángeles Muñoz achacó las informaciones a una estrategia de la oposición política por la proximidad de las elecciones y se querelló contra elDiario.es.

El auto de procesamiento de Lars Broberg ya incluía la descripción de las tres operaciones de blanqueo de capitales en las que habría participado el marido de Muñoz. La Audiencia Nacional ratificó esos indicios al confirmar el auto de procesamiento, en enero de 2023. Dos meses después, Lars Broberg falleció consecuencia de sus graves problemas de salud.

“Tenemos la jodida Andalucía”

El sumario de la investigación a los Broberg contenía un episodio que el secreto decretado por García Castellón había impedido conocer. La Policía había solicitado al juzgado abrir una línea de investigación por los indicios de corrupción con los que se topó al intervenir el teléfono al hijastro de Ángeles Muñoz. Llegó a recoger esos indicios de corrupción hasta en tres informes. 

En el primero de ellos, fechado en julio de 2019, la unidad que actuaba en funciones de policía judicial comunicaba al juzgado: “Dados los hallazgos resultantes de la intervención del teléfono de Joakim Broberg que se comunican en el presente, se solicita que se amplíe la investigación a los delitos de cohecho, prevaricación y tráfico de influencias”.

Entre esos “hallazgos” policiales está la conversación interceptada el 29 de mayo de 2019, tres días después de las elecciones municipales, entre Joakim Broberg y uno de sus socios, Mark Homen. El hijo de la alcaldesa de Marbella, que acaba de revalidar su victoria, le dice a su socio: “Porque ahora hemos ganado nosotros también. Porque ahora tenemos la Junta de Andalucía. Tenemos Marbella. Tenemos Estepona. Tenemos todo. La ciudad es nuestra. Básicamente, tenemos toda la jodida Andalucía”. 

Broberg está explicando a su socio que tiene sentado al lado, en un bar, a un funcionario de Benahavís que en el pasado les había concedido unas licencias. La Policía comenzó su investigación e identificó al funcionario y las concesiones municipales. Para los policías, la conversación es “muy esclarecedora”. Un compañero que sustituía a la fiscal del caso avaló que se abrieran esas investigaciones por corrupción en un escrito de trámite en pleno agosto. A su regreso, María Dolores López Salcedo, la fiscal titular, ignoró la petición de la Policía. El Juzgado hizo lo mismo. 

La madrastra y el presunto traficante

La distancia que Muñoz ha querido exhibir con su hijastro se pulveriza en otras conversaciones telefónicas recogidas en el sumario. El 30 de octubre de 2019, en plena investigación judicial de esta delegación de la Mocromafia sueca, Joakim Broberg pidió ayuda a su madrastra y Muñoz le organizó una reunión con Félix Romero, su número dos en el Ayuntamiento, “Vale, un beso. Ahora le voy a mandar un mensaje para recordárselo”. Con estas palabras se despedía Muñoz de Joakim en una conversación sobre la reunión que mantendrían el teniente de alcalde Félix Romero y un socio de su hijastro, de nacionalidad rusa,, al que la Policía consideraba su “testaferro”.

En uno de sus informes, la UDEF expuso: “De las conversaciones telefónica interceptadas a Joakim Broberg se desprende la gran influencia que tiene el sueco en las decisiones del Ayuntamiento de Benahavís sobre cuestiones urbanísticas y esto es debido a las relaciones de parentesco con la regidora marbellí, localidad limítrofe y de la cual también fue alcaldesa [en realidad teniente de alcalde] en el pasado (entre los años 95 y 98). Esta influencia la utilizaría [Joakim Broberg] en su propio beneficio, contando con la colaboración de personas de su círculo cercano”.

La difícil convivencia entre el amor, la política y los indicios de delito se concentra en otras informaciones de la investigación realizada por elDiario.es a partir del procesamiento de Lars y Joakim Broberg. Muñoz incrementó de forma considerable su patrimonio en julio de 2020 gracias a al hacerse con el 50% de una sociedad propiedad de su marido que hasta ese momento tenían a medias. Con esta operación, Broberg se deshizo de propiedades objeto de posible embargo en un momento en el que ya conocía de forma subrepticia que era objeto de una investigación secreta de la Audiencia Nacional. 

El capital social de la sociedad es de 548.835,48 euros, pero el valor de mercado actual de las propiedades de Hacienda Property SL se eleva hasta los 3,5 millones de euros, de acuerdo a una estimación realizada por expertos inmobiliarios a la baja. La alcaldesa de Marbella actualizó su declaración de patrimonio ante el Senado apenas unas horas después de que este periódico revelara su patrimonio y el incremento en el mismo al hacerse con el control total de Hacienda Property. En total, el patrimonio de Muñoz superaba los 12 millones de euros.

Lars Gunnar Broberg entregó a su esposa, la alcaldesa de Marbella, el presupuesto de una obra pública que finalmente obtuvo la adjudicación en 2013, según acredita una cadena de correos electrónicos publicados por este medio. Se trata de una de las cinco adjudicaciones que consiguió de la administración local el empresario Nils Fischer, acusado ahora por la Audiencia Nacional de pertenecer a la misma organización criminal de narcotráfico y blanqueo de capitales que el marido y el hijastro de la regidora.

El juzgado de instrucción 3 de Marbella, que investigaba la licencia concedida por el ayuntamiento a la discoteca Opium, ha decidido archivar las pesquisas tras cerca de un año. El juez Gonzalo Dívar considera que no existe “indicio alguno” de los delitos denunciados por varios vecinos, que llevan años reclamando al consistorio que tome medidas contra el ruido en la zona. El local, que patrocinaba el coche de carreras de uno de los hijos de la alcaldesa, se hizo especialmente famoso cuando el 18 de julio de 2022 se produjo un tiroteo en presencia de Froilán de Marichalar.

Dívar ha tomado declaración como investigados al concejal Félix Romero y los propietarios del establecimiento, pero no a la alcaldesa Ángeles Muñoz (PP), contra quien también se interpuso la querella. Según el juez, “ni siquiera tuvo la más mínima intervención” en la concesión de la licencia de apertura provisional y la autorización de música pregrabada, si bien ambas acabaron siendo revocadas por el ayuntamiento ante las protestas de los vecinos.

El juzgado archiva así una investigación que apuntó inicialmente a Muñoz en un momento en el que ésta ya estaba en el foco por la investigación de la Audiencia Nacional a su marido (ya fallecido) Lars Broberg y su hijastro Joakim Broberg, por su presunta participación en una organización internacional de narcotráfico y blanqueo de capitales.

El juez Dívar ha investigado penalmente en cuatro ocasiones a la alcaldesa, archivando todas ellas. Lo hizo en el caso deslindes, en el que se investigaba la modificación de las lindes entre Marbella y Benahavís, afectando a terrenos propiedad de la familia de la alcaldesa; en el caso PGOU, sobre la presunta falsedad de un acta que permitió la aprobación del PGOU con unas lindes diferentes; y en el “caso altos cargos”, en el que se investigaba una decena de contratos de alta dirección de personas vinculadas al PP. En el caso PGOU, la Audiencia Provincial de Málaga obligó a Dívar a reabrir la investigación, a la que volvió a dar carpetazo meses después.

Ahora, los querellantes están estudiando la resolución con vistas a un posible recurso contra el archivo del caso.

Sin delito de prevaricación

El juzgado debía investigar si se concedió irregularmente una licencia para música al aire libre (ampliando la que Opium tenía para restaurante), si el ayuntamiento evitó investigar las denuncias por el ruido que generaba, y si eso provocó lesiones a los vecinos. En el auto, fechado el pasado 30 de enero, el juez detalla por qué considera que no hay indicios de prevaricación, delito contra el medio ambiente y lesiones.

Respecto a la prevaricación, Dívar recurre al principio de intervención mínima del derecho penal, una doctrina habitualmente aplicada por los juzgados de instrucción para archivar investigaciones por actuaciones administrativas que, aunque puedan ser irregulares, no reviste la suficiente gravedad. En este caso, concluye que “en modo alguno” puede decirse que la concesión de licencia de música al aire libre supone “una contradicción patente y grosera” del ordenamiento, “desbordando la legalidad de un modo evidente, flagrante o clamoroso”.

El juez considera que los técnicos han justificado por qué concedieron la licencia por un periodo superior a cuatro meses y con horarios distintos a los recogidos por el Decreto a priori aplicable, y recuerda que también se admitió en las licencias a otros clubes. En todos estos casos, la concesión de las licencias también generó unas diligencias previas que fueron igualmente archivadas. Sin embargo, el propio juez admite en el auto que el ayuntamiento acabó corrigiendo su criterio, después de que el propio querellante consultara con la Junta de Andalucía cuál era la interpretación correcta de la norma. El juez tampoco admite que haya indicios de que el ayuntamiento fuera pasivo en la tramitación de las denuncias vecinales.

“Ha podido existir una distinta interpretación de criterio respecto a la concesión del tiempo de las autorizaciones para música pregrabada, criterio que con carácter general se seguía en todo el municipio, si bien el mismo fue consultado al competente (la Junta de Andalucía), cambiando de criterio cuando así lo acordó la Junta, siendo rectificado por el Ayuntamiento el criterio inicial”, concluye el juez.

Tampoco habría delito contra el medio ambiente ni lesiones por el ruido

Los vecinos, que durante semanas padecían un calvario en forma de ruido que les impedía dormir y desarrollar su vida con normalidad, denunciaron también a la discoteca por un delito contra el medio ambiente y de lesiones. Opium se encuentra al pie de la nacional 340 (una autovía de dos carriles en cada sentido) del lado de la playa; las casas afectadas están al otro lado de la vía.

El auto utiliza esa situación para poner en duda que el ruido de la discoteca pueda suponer trastorno añadido al que ya supone el ruido del tráfico. Un informe pericial subraya que esa mezcla de ruidos impide obtener un “contraste claro” que permita aislar el emisor. Los informes realizados por los técnicos municipales, que los vecinos siempre pusieron en duda, descartaban que el ruido del local superara el máximo legal.

En cambio, los vecinos habían encargado otro que sí encontró incumplimiento, lo que motivó, según relata el juez, la revocación de la licencia de apertura provisional que se había concedido a Opium. La conclusión del magistrado es que los informes municipales no constataron nunca incumplimiento de la legislación de ruido, y que cuando esto ocurrió el ayuntamiento revocó las licencias, de modo que no habría delito.

Por último, el juez archiva también la investigación por un presunto delito de lesiones, subrayando que sólo “parece haberse producido” “en un solo vecino”, que denuncia que sufre “ansiedad/depresión”. Según el auto, como hay indicio contaminación acústica (una afirmación que parece chocar con el hecho de que el ayuntamiento revocara la autorización), no cabe imputar tampoco que las presuntas lesiones que sufre el querellante se deban al ruido de la discoteca. 

La Fiscalía cree que el Ayuntamiento de Marbella se guió por un criterio de “oportunidad política” para no entregar a la oposición los expedientes y contratos públicos con Codecosol, una empresa presuntamente usada por la trama de narcotráfico y blanqueo que implica a familiares de la alcaldesa Ángeles Muñoz. Los expedientes aparecieron tras las elecciones del 28 de mayo y se aportaron en septiembre, diez meses después de que los socialistas empezasen a pedirlos. Según el fiscal, el consistorio no aportó los contratos al PSOE porque no le convenía electoralmente, y no porque fuesen muy difíciles de encontrar.

De esta forma, el fiscal no se opone a la apelación de los socialistas contra la sentencia que aceptó las explicaciones del consistorio. En un escrito adelantado por Marbella24h al que también ha tenido acceso elDiario.es, la Fiscalía insiste en que el ayuntamiento de Marbella vulneró el derecho fundamental a la participación política de los concejales de la oposición, reconocido en el artículo 23.2 de la Constitución, y lo hizo por razones de mera conveniencia electoral. La Audiencia Provincial de Málaga aún debe resolver el recurso de apelación del PSOE.

“Más que una verdadera dificultad en la búsqueda de la documentación solicitada”, dice el fiscal, lo que el Ayuntamiento ha puesto de manifiesto es la “falta de voluntad” para facilitar a la oposición “documentos que puedan ser utilizados en la contienda política, en fechas próximas a una campaña electoral”. El objetivo es evidente, según el fiscal: “Evitar la fiscalización de la actividad del Ayuntamiento por parte de los grupos de la oposición”.

“Una cuestión de oportunidad política”

El fiscal se opone así a la decisión del juzgado contencioso-administrativo 1 de Málaga, que desestimó la demanda del PSOE por entender que la demora de diez meses en localizar los contratos con Codecosol no fue “excesiva y desproporcionada”. La jueza tenía en cuenta que se trata de un “Ayuntamiento de gran volumen de actividad y que no se encontraba digitalizado”, y no veía qué perjuicio pudo causar a los socialistas el retraso en recibir la documentación a la que tenían derecho.

El PSOE recurrió esta sentencia a la Audiencia Provincial de Málaga, insistiendo en la tesis de que el retraso fue deliberado. “Es imposible que una administración moderna pueda necesitar diez meses para localizar cualquier expediente”, se lee en su recurso de apelación. “La digitalización es un fenómeno relativamente reciente, pero los archivos existen desde hace milenios, y siempre han existido índices y numeraciones que han permitido localizar legajos o expedientes con relativa facilidad”. Una administración saturada de cajas y legajos sin orden provocaría el caos diario: “Sería un escándalo que habría llegado incluso a los medios de comunicación”. Y eso no ha ocurrido porque los expedientes en Marbella se localizan con facilidad. Todos, menos los de Codecosol.

En su día, el Ministerio Público ya había pedido la condena del Ayuntamiento. Ahora, se suma a la hipótesis del retraso deliberado subrayando que la documentación solicitada por el PSOE no era genérica o indeterminada (lo que podría explicar cierta demora), y que el Consistorio no debería poder “escudarse” en su volumen ni en su “aparente desorganización” para “evitar cumplir” con la obligación legal que “le incumbe”, “cuando además los citados documentos podrían tener relación con la actividad del marido de la alcaldesa”.

“La entrega al demandante de los documentos diez meses después de su solicitud, mediando unas elecciones municipales y una campaña electoral, evidencia que no existía ningún impedimento para la entrega de los documentos en el momento solicitado sino una cuestión de oportunidad política que nada tiene que ver ni con la carencia de medios personales o materiales ni con el volumen de la documentación solicitada”.

Adjudicaciones por 1,3 millones de euros

Codecosol es una empresa constituida en marzo de 2010 por Nils Fischer, quien se convirtió en poco tiempo en “uno de los principales contratistas del Gobierno local” de Marbella, tal y como él mismo presumía en su LinkedIn. El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón cree que Fischer era un “testaferro” de la trama criminal presuntamente liderada por Joakim Broberg, hijastro de la alcaldesa Ángeles Muñoz. En una grabación interceptada por la Policía, Broberg se jactaba de tener el control de Marbella, Estepona y la “jodida Andalucía”. Ambos están procesados como presuntos integrantes de una trama internacional de narcotráfico y blanqueo de capitales.

La entrega de los expedientes y contratos entre el Ayuntamiento de Marbella y Codecosol, tres meses después de las elecciones, aportó información que demuestra que el vínculo que los unía era más amplio y duradero de lo que se creía hasta entonces.

Tal y como desveló este medio hace poco más de un mes, la relación del Consistorio con Codecosol empezó apenas once meses después de que se creara, cuando ni siquiera tenía bagaje comercial, y se extendió desde 2011 a 2015 en veinte contratos de obras municipales. En total, la veintena de contratos tienen un valor de 1.383.945 euros. Esa cifra es más del doble de la suma de las cinco adjudicaciones que se conocían hasta entonces, y que habían sido desveladas por elDiario.es el pasado otoño.

17 de ellos fueron contratos menores, de modo que fueron adjudicados sin concurso (a dedo) y más difíciles de rastrear. En la mayoría de los casos no superaban los límites de la contratación menor por una exigua cuantía, apenas un 1, un 2 o un 3%. Así, una decena se quedaron a 2.500 euros o menos de superar ese límite. En ninguno de los expedientes se explica por qué se contrataba con esta empresa y no con cualquier otra.

La investigación en la Audiencia Nacional a su difunto marido Lars y su hijastro Joakim, así como las revelaciones periodísticas de este y otros medios, pusieron a Ángeles Muñoz al filo de la defenestración política. Durante meses, el líder del PP andaluz Juan Manuel Moreno no se vio públicamente con ella, y el partido llegó a encargar una encuesta para medir su desgaste electoral. Finalmente fue ratificada y ganó las elecciones el pasado 28 de mayo, manteniendo el número de votos y concejales (14 sobre 27). 

La veintena de contratos adjudicados en cuatro años por el Ayuntamiento de Marbella a Construcciones y Demoliciones de la Costa del Sol (Codecosol), una empresa usada presuntamente como tapadera de la trama de narcotráfico liderada por el hijastro de la alcaldesa de Marbella, suman 1.383.945 euros, más del doble de lo que se conocía hasta hace apenas una semana.

Todos los contratos corresponden a obras municipales, fueron suscritos durante el segundo mandato de Ángeles Muñoz como alcaldesa de Marbella (2011 a 2015), y la inmensa mayoría son menores: es decir, tienen una cuantía inferior a 60.000 euros (IVA incluido) y por eso pudieron adjudicarse de forma directa sin mediar concurso público. En total, son 17 contratos adjudicados de esta forma por un total de 840.000 euros, según ha podido acreditar este medio.

Codecosol es una empresa constituida en marzo de 2010 por Nils Fischer, quien se convirtió en poco tiempo en “uno de los principales contratistas del Gobierno local” de Marbella, tal y como él mismo presumía en su LinkedIn. El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón cree que era un “testaferro” de Joakim Broberg, hijastro de la alcaldesa Ángeles Muñoz. Ambos están procesados como presuntos integrantes de una trama internacional de narcotráfico y blanqueo de capitales.

La primera adjudicación, menos de un año después de crearse

La relación comercial entre el consistorio marbellí y Codecosol arranca poco después del nacimiento de la empresa. Codecosol se inscribió como sociedad limitada unipersonal (con Nils Fischer como socio único) el 16 de febrero de 2010, y apenas necesitó 11 meses para lograr la primera de sus adjudicaciones públicas, por un importe de 250.000 euros.

Ese primer contrato se suscribió en enero de 2011 para la rehabilitación de los pavimentos dañados por la “climatología adversa”, por un importe de 250.000 euros procedentes del Plan Proteja de la Junta de Andalucía. La rehabilitación del Auditorio Municipal, en 2013, costó 135.000 euros inicialmente, más 15.000 euros en mejoras. Y la adecuación de un local de la Policía para la expedición del DNI, otros 143.000 euros. Estas tres obras se adjudicaron en procedimientos negociados con publicidad.

Apenas un mes después de lograr la adjudicación del Plan Proteja, Codecosol logró sus dos primeros contratos menores, ya por designación directa: la instalación de unas pistas deportivas en la avenida José Manuel Vallés y la sustitución del acerado de la calle Istán. Sumaban 58.700 euros. Ambas contrataciones fueron aprobadas por decreto de la propia alcaldesa.

A partir de ahí, el consistorio adjudicó a Codecosol una docena larga de contratos menores hasta 2015, casi siempre englobados en los “Planes de Barrios”, con los que se pretendía “revitalizar” los barrios. Las obras contratadas con Codecosol tenían la finalidad de reparar y mejorar el acerado, la accesibilidad a determinadas vías del municipio o la reforma de algunas ubicaciones.

Los expedientes, que el PSOE ha reclamado al Ayuntamiento durante diez meses, son en total 17 contratos menores y tres mayores. Sobre cinco de ellos ya informó hace un año elDiario.es. Sumaban una cifra de negocio total de 642.000 euros. Ahora, con la nueva documentación en la mano, la cifra se duplica con creces.

Una decena larga de contratos bordean la cuantía límite

Aunque la mayoría de los contratos menores se sufragaban con recursos propios del Ayuntamiento, algunos contaron también con subvenciones de la Junta de Andalucía o de la Diputación Provincial de Málaga.

Es el caso de la obra en Avenida de Los Girasoles, que recibió de urgencia una subvención del ente supramunicipal malagueño. Para justificar la urgencia y evitar concurrir a una convocatoria pública de subvenciones, el consistorio alegó “razones de interés público”, como que la acera tenía “mala accesibilidad” y barreras arquitectónicas que habían provocado ya “graves accidentes”. En este caso, la urgencia motivó que el acuerdo de gasto no fuera examinado por el secretario, el interventor ni la asesoría jurídica, según consta en el expediente.

Casi todos los contratos menores fueron suscritos por el entonces concejal delegado de Obras, Francisco Javier García. Y en casi todos los casos no llegaban a superar los límites de la contratación menor por una exigua cuantía, apenas un 1, un 2 o un 3%. Así, una decena se quedaron a 2.500 euros o menos de superar ese límite. En ninguno de los expedientes se explica por qué se contrataba con esta empresa y no con cualquier otra. 

El último de los expedientes es de 2015. Tras las elecciones de mayo de ese año comenzaron a gobernar los socialistas, y la contratación con Codecosol se corta y aparentemente no se reanuda con la vuelta del PP al equipo de gobierno, tras la moción de censura articulada por Muñoz y Opción Sanpedreña en agosto de 2017.

De hecho, a finales de 2017 el fiscal Julio Martínez Carazo abrió una investigación sobre algunos de estos contratos, pero las diligencias fueron archivadas. La adjudicación de obras a Codecosol volvió a aflorar cuando elDiario.es desveló que la Audiencia Nacional investigaba a Lars Broberg (marido de la alcaldesa, ya fallecido), Joakim Broberg (hijastro) y Nils Fischer, entre otros, por integrar una organización criminal dedicada al narcotráfico y el blanqueo de capitales. Los socialistas reclamaron entonces todos los expedientes municipales con Codecosol, pero el Ayuntamiento alegó que era muy difícil encontrarlos.

El PSOE pidió amparo a los tribunales, y el consistorio acabó entregándoselos a finales del pasado mes de septiembre, diez meses después de registrar la primera solicitud. Por este retraso, el fiscal ha pedido que se condene al Ayuntamiento de Marbella por vulnerar el derecho fundamental de la oposición a acceder a la información municipal.

La Fiscalía de Marbella ha asumido la investigación para aclarar si la alcaldesa Ángeles Muñoz cometió un delito de desobediencia al negarse a demoler una edificación sobre la que pesa orden de demolición judicial firme desde noviembre de 2020.

Desde entonces, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha reiterado en múltiples ocasiones al consistorio la obligatoriedad de cumplir con la orden, que tiene su origen en una sentencia de 2009 que declara la nulidad de la licencia de obras. Finalmente, el TSJA constató que la voluntad de colaboración del ayuntamiento era “sencillamente nula”. Tal y como informó en exclusiva elDiario.es Andalucía el pasado abril, los magistrados multaron con 1.000 euros a la propia Ángeles Muñoz, como máxima responsable del municipio, y pidieron a la Fiscalía que estudiase si su actitud podía constituir un delito de desobediencia.

Hasta ahora, la investigación había recaído en la Fiscalía del Tribunal Supremo, puesto que hasta mayo Ángeles Muñoz era senadora y, por tanto, aforada. Pero una vez que Muñoz ha dejado de ser senadora, las diligencias recaen de la Fiscalía del Tribunal Supremo a Marbella, donde el fiscal Julio Martínez Carazo ha incoado diligencias de investigación preprocesal, según consta en un escrito fechado el pasado 3 de octubre, adelantado por Marbella Confidencial, al que ha tenido acceso este medio.

Con los indicios ya existentes, más otros que pueda recabar, el fiscal debe decidir si presenta una querella contra Ángeles Muñoz o archiva las diligencias. En el expediente que tiene ya debería constar toda la documentación judicial del caso, pues el propio TSJA dio orden para que se remitiera. De hecho, antes de enviar el asunto a la Fiscalía del Tribunal Supremo, el propio fiscal jefe de Málaga, Juan Calvo-Rubio, firmó un decreto el 20 de marzo de 2023 en el que, “tras el estudio de la numerosa documentación remitida”, señalaba que “ha podido concretarse los hechos denunciados, que ciertamente podrían ser constitutivos de delito del art. 410 o 556 ambos del CP”, “al parecer” cometidos por la alcaldesa.

Penas de inhabilitación

De prosperar esta investigación, Muñoz podría afrontar una inhabilitación para ejercer como cargo público. El Código Penal castiga a los funcionarios o autoridades que se nieguen “abiertamente” a cumplir las resoluciones judiciales con multas de tres a doce meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público de seis meses a dos años. Para quienes se resistan o desobedezcan gravemente a la autoridad, la pena de prisión va de tres meses a un año o multa de seis a dieciocho meses.

Esta investigación se suma a otras que podrían afectar a la alcaldesa, como la derivada de una querella de vecinos afectados durante años por el ruido de la discoteca Opium, por presuntos delitos de prevaricación, contra el medio ambiente y lesiones. El juzgado de instrucción 3 de Marbella investiga la concesión de la licencia, y ha llamado a declarar como investigados a tres de los cuatro querellados, incluyendo el concejal Félix Romero. Todos, menos Muñoz.

Otro juzgado, en este caso del orden contencioso-administrativo, debe determinar si, tal y como cree el fiscal, el Ayuntamiento vulneró el derecho fundamental de los concejales de la oposición al no entregarles en diez meses los expedientes de contratación pública con Codecosol, una empresa que habría sido una tapadera de la trama de narcotráfico y blanqueo liderada por el hijastro de la alcaldesa, según cree el juez Manuel García Castellón.

Una licencia de la época de Gil declarada nula en 2009

El caso de presunta desobediencia que ahora investiga el fiscal tiene origen en una licencia de obras concedida en 1998 (bajo gobierno de Jesús Gil) para construir una vivienda, en la urbanización de Artola, en una superficie destinada a equipamiento comunitario. Un juzgado declaró nula la licencia en 2009, y otro juez de lo penal llegó a condenar a Julián Muñoz y otros cuatro concejales por prevaricación. Sin embargo, la edificación no se ha demolido, igual que al menos 600 que siguen en situación irregular.

El Ayuntamiento alega que se trata de una situación “compleja” y “heredada”, a la que debe aplicarse la “mediación judicial” y medidas alternativas que sustituyan la demolición. Por ejemplo, legalizando o incorporando los inmuebles al dominio público. Sin embargo, en este caso, el TSJA ya ha denegado expresamente esa posibilidad. En marzo, el Ayuntamiento aseguró a este medio que ha planteado un “incidente de imposibilidad material de ejecución” de la demolición.

El consistorio argumenta que el coste social y económico de restituir la legalidad de cientos de edificios es “inasumible”. En un informe de septiembre de 2021, la asesoría jurídica cifraba en 246 millones de euros los costes de demolición asociados a ocho procedimientos judiciales que instan a la demolición de diversos edificios ilegales.

Cientos de construcciones irregulares

Desde que llegó al Consistorio, Muñoz hizo bandera de la legalización de estas construcciones, algunas tan emblemáticas como las cuatro gasolineras en zonas verdes o de equipamiento público, el Hotel Guadalpín, el Edificio Belmonsa o La Gaviota, la casa marbellí de Antonio Banderas. De hecho, hubo una legalización transitoria operada por el PGOU, hasta que este fue declarado nulo en 2015 por el Tribunal Supremo, precisamente por sanar las irregularidades urbanísticas a través del planeamiento municipal.

En cientos de casos, nadie se preocupa por el restablecimiento de la legalidad. Pero en otros, particulares afectados por las edificaciones ilegales han seguido reclamando a los tribunales el cumplimiento de las sentencias. Es el caso de Artola. El propio TSJA ordenó la demolición en noviembre de 2020, volvió a dar un plazo de tres meses en junio de 2021 (personalizando en la alcaldesa) y, un año después (junio de 2022) comprobó que el consistorio no había hecho nada.

De ahí que los magistrados concluyeran que “la colaboración de la Administración municipal para dar cumplimiento a la orden de demolición” es, “sencillamente, nula”, y pidieran a la Fiscalía que investigase el posible delito de desobediencia. Más de un año después, esa investigación vuelve a Marbella. 

El pleno del Ayuntamiento de Marbella, con mayoría absoluta del PP, ha aprobado este martes el sueldo de su regidora, Ángeles Muñoz, que ascenderá a 92.928,03 euros, exactamente el máximo que puede cobrar un regidor de una ciudad del tamaño de la suya. Con esta nueva fuente de ingresos, Muñoz compensa la pérdida del sueldo de senadora, al quedarse fuera de las listas del PP a la Cámara Alta para las elecciones del próximo 23 de julio.

Hasta ahora, Muñoz cobraba algo más de 15.000 euros en dietas del Ayuntamiento de Marbella, sin asignación fija, pero a partir de ahora el Ayuntamiento ha aprobado que tenga “dedicación exclusiva” a la ciudad malagueña. Ángeles Muñoz todavía podría ser nombrada senadora por designación autonómica, pero el hecho de que el texto aprobado hable de esa “dedicación exclusiva” a partir del 24 de julio invita a pensar que la alcaldesa ha descartado que su partido cuente con ella para el Parlamento nacional después de los escándalos relacionados con su elevado patrimonio -incluido el porcentaje que ocultó al Senado- y el procesamiento de su marido, ya fallecido, y su hijastro por narcotráfico.

Con su sueldo de 92.928,03 euros, Ángeles Muñoz pasará a ser la alcaldesa mejor pagada de Andalucía, si ningún otro alcalde se sube extraordinariamente el sueldo respecto de la legislatura pasada. El socialista Antonio Muñoz Martínez cobró 88.673,68 euros durante su etapa como alcalde de Sevilla, la capital andaluza. Marbella es la séptima ciudad en tamaño de la comunidad autónoma.

El último sueldo que cobró Muñoz como alcaldesa de Marbella, en 2015, ascendía 54.948,03 euros en 2015. Luego recibió la asignación del Senado por no tener esa “dedicación exclusiva”. Eso significa que Muñoz se ha subido la asignación, de una vez, en más de un 40%.Ángeles Muñoz cobraba dietas del Ayuntamiento de Marbella, el año que más 19.600 euros en 2021. Los tenientes de alcalde de Muñoz son nueve y siete de ellos también han experimentado una subida del 30% mientras que el resto de concejales cobrará un 15% más.

Muñoz revalidó la mayoría absoluta el pasado 28 de mayo pese a los escándalos derivados de una investigación de la Audiencia Nacional contra su marido y su hijastro, ambos procesados por organización criminal y blanqueo de capitales. El hijastro, Joakim Broberg, suma a esas acusaciones la de tráfico de drogas y está pendiente de la apertura de juicio oral. elDiario.es desveló que Muñoz acumulaba más de 12 millones de euros en patrimonio después de tres décadas en política, según un cálculo conservador realizado por expertos inmobiliarios.

Los resultados de las elecciones municipales del domingo han demostrado que la corrupción no pasa la misma factura a unos partidos que a otros. Alcaldes o candidatos de partidos de derecha imputados por corrupción o bajo sospecha han tenido el respaldo masivo de los ciudadanos. La misma situación, en cambio, ha acabado con las aspiraciones de alcaldes o representantes del PSOE.

Hablamos con Néstor Cenizo sobre el caso de la alcaldesa de Marbella, cuya familia está imputada por un grave caso de narcotráfico y blanqueo de capitales. Lucas Marco nos cuenta el caso de Orihuela, en Alicante, donde todos sus alcaldes, del PP, han sido procesados por corrupción. Iván Suárez nos recuerda el caso de la alcaldesa de Mogán (Gran Canaria), que llegó a estar detenida por un caso de compra de votos, y con Aitor Riveiro tratamos de encontrar una explicación a este respaldo de los votantes conservadores a candidatos bajo sospecha de corrupción.  

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La disolución del Senado, publicada este martes en el Boletín Oficial del Estado para el adelanto electoral del 23 de julio, ha hecho que decaiga la investigación parlamentaria a la alcaldesa de Marbella en funciones, Ángeles Muñoz, en torno a su patrimonio, al dejar esta de tener la condición de senadora y limitarse a partir de ahora la actividad parlamentaria a la Diputación Permanente de la Cámara Alta.

Esta investigación se abrió hace unos meses en el seno de la Comisión de Incompatibilidades del Senado, a petición del PSOE, por la presunta violación del Código de Conducta de las Cortes Generales después de que Muñoz actualizase su declaración de bienes para incluir la adquisición del 100% de una sociedad y una casa en Suecia. La alcaldesa del Partido Popular podría haber ocultado parte de su patrimonio a la Cámara Alta, según los socialistas.

La investigación queda en agua de borrajas y Muñoz, con mayoría absoluta

Sin embargo, la disolución del Senado ha dejado esta investigación en agua de borrajas, teniendo en cuenta que no ha permitido a la Comisión de Incompatibilidades elaborar el informe para determinar si Ángeles Muñoz, que volvió a ganar con mayoría absoluta, vulneró el Código de Conducta de las Cortes.

Antes de esta disolución, la Comisión de Incompatibilidades solicitó documentación al Ayuntamiento de Marbella, además de pedir la comparecencia de Ángeles Muñoz, algo que finalmente rechazó. Y con esto, el grupo de trabajo de la investigación decidió posponer la elaboración del informe para después de las elecciones del 28 de mayo, aunque finalmente esta investigación ha quedado paralizada.

La publicación por elDiario.es de los audios de los pinchazos telefónicos en los que el hijastro de la alcaldesa de Marbella alardea de los beneficios que para él y sus socios, procesados por narcotráfico, acarreó en 2019 la victoria de Ángeles Muñoz son la última evidencia de cómo todos los indicios de corrupción existentes en la causa que se sigue en la Audiencia Nacional quedaron enterrados por motivos no aclarados. 

“La causa de los suecos”, como se la conoce en el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional siempre fue abordada por la Fiscalía Antidroga y los dos magistrados que ha tenido el caso como un asunto de drogas y de cooperación internacional con Suecia. 

Y eso ocurrió incluso después de que la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía alertara en tres informes de los indicios de que el poder político y el blanqueo de capitales procedente del narcotráfico podrían haberse cruzado a través de la figura de Lars y Joakim Broberg, marido e hijastro de la alcaldesa de Muñoz, respectivamente, el primero fallecido en marzo pasado. 

El sumario del caso estuvo secreto hasta que hubo auto de procesamiento en septiembre de 2022 y fue a partir de entonces cuando este medio comenzó a desvelar su contenido. Del Juzgado no hubo una explicación y la Fiscalía Antidroga señaló que la fiscal Dolores López Salcedo había rastreado las cuentas de Broberg y que no halló en ellas indicios de que se hubiera beneficiado del poder político de Muñoz. 

“Ahora hemos ganado nosotros también. Ahora tenemos la Junta de Andalucía. Tenemos Marbella. Tenemos Estepona. Tenemos todo. La ciudad es nuestra. Básicamente, tenemos la jodida Andalucía”. Esta es una de las frases intervenidas a Joakim Broberg con orden judicial. La pronuncia tres días después de las elecciones municipales de 2019 y, como otras con indicios de corrupción, se convirtió en un episodio irrelevante a la postre para el juez y la fiscal.

En la misma conversación, Broberg dice que está en un bar de Marbella y que tiene sentado al lado al “calvo” de Benahavís que les dio tres licencias. La UDEF se esforzó por identificarle. Efectivamente, Juan Carlos C.R es calvo, desempeña un puesto relevante en la delegación de Urbanismo del Ayuntamiento de Benahavís y había plasmado su firma en unas licencias de las que se benefició Broberg. “Está sentado con los tres técnicos, con todos, también han ganado, mayoría absoluta”, apostilla Broberg. 

Al menos hay tres llamadas más sospechosas de las influencias políticas que mueve Joakim Broberg [consultar aquí]. En su atestado de julio de 2019, la UDEF señala: “Dados los hallazgos resultantes de la intervención del teléfono de Joakim Broberg que se comunican en el presente, se solicita que se amplíe la investigación a los delitos de cohecho, prevaricación y tráfico de influencias”.

En agosto de 2019, un escrito de la Fiscalía Antidroga despacha brevemente las solicitudes de la Policía, apoyándolas ante el juez. Pero la firma es del otro fiscal Antidroga asignado al Juzgado de Instrucción número 6. A su regreso de las vacaciones, la fiscal Salcedo ignoraría tal petición y el entonces juez del caso, Alejandro Abascal, no llegaría a pronunciarse en un auto. 

Pero la Policía no cejó en su empeño. Tres meses después de su primer atestado, un segundo informe de la UDEF, de octubre de 2019, trasladaba a la fiscal y al juez que había encontrado “tres aspectos fundamentales en lo que se refiere a las actividades delictivas de Joakim Peter Broberg”: sus “negocios inmobiliarios”, la utilización de paraísos fiscales y abogados especializados y, por último, un “notorio uso de influencias en las distintas administraciones públicas involucradas, que no duda en usar tanto para beneficio propio como de terceros”.

Todavía habría un tercer informe, fechado en agosto de 2020, un año después del primero, en el que la UDEF titulaba un epígrafe sobre Joakim Broberg: “Información privilegiada para favorecerse con una operación de venta de terrenos”. “Se pone de manifiesto que Joakim cuenta con información privilegiada respecto a la elaboración de un nuevo Plan de Ordenación Urbanística”, escribían los agentes. Joakim Broberg planeaba comprar unos terrenos de los que su dueño no había podido desprenderse por “un problema con el Ayuntamiento”.

Tres años en secreto

Con un secreto de sumario tan prolongado, entre la irrelevancia mediática de las causas por narcotráfico frente a otras donde se investiga a políticos, solo la publicación del sumario por elDiario.es permitió conocer tres años después el procesamiento de su marido y su hijastro y los indicios alrededor de Muñoz. Pero para entonces, el juez Manuel García Castellón ya había dictado el auto de procesamiento y daba la investigación por concluida. 

Las informaciones se sucedían y Juan Manuel Moreno Bonilla ordenaba una encuesta local para conocer las posibilidades de Muñoz de revalidar el triunfo en Marbella. Finalmente, el presidente andaluz jugó la carta del posible triunfo de Muñoz y avaló su candidatura. Este mismo sábado, 'Titi' –como llaman cariñosamente a Muñoz– volvió a estar arropada por el PP nacional, ese cuyos miembros la tenían como anfitriona de lujo en sus veranos marbellíes. Esta vez fue el expresidente Mariano Rajoy quien acompañó a la candidata a revalidar la Alcaldía de Marbella. “La conozco bien y creo en ella”, dijo en un mitin en Málaga el ex presidente del Gobierno. “Es una candidata de postín”, añadió Rajoy en su reaparición pública.

La confesión del escolta

Después de las primeras revelaciones periodísticas, hubo un acontecimiento que igualmente ha sido ignorado por el juez y la Fiscalía Antidroga. El 21 de noviembre, un policía municipal, acusado de cohecho, debía comparecer ante el juez como el resto de los investigados para el trámite de comunicación de su situación procesal. Y en esa comparecencia, su abogado solicitó realizarle algunas preguntas. El policía municipal había sido durante años escolta de Muñoz y está acusado de vender al hijastro información que sacaba de las bases de datos del Ayuntamiento. Según él, con autorización de la alcaldesa. 

En un momento de su breve declaración de noviembre, el policía dice: “Realmente, eso es lo más escabroso. Todo lo que yo he hecho ha sido siempre bajo las órdenes de la alcaldesa. Lo que pasa es que el chico este [Joakim] tenía una cara muy dura y era exagerado las cosas que pedía. Pero siempre ha tenido conocimiento la alcaldesa, y siempre se ha puesto en conocimiento y siempre he tenido permiso. Siempre me han dicho que sí, que lo hiciera”.

La afirmación no provocó reacción alguna de la fiscal Antidroga y es muy probable que vuelva a ser ignorada durante la vista oral, cuando ésta se celebre. El Ministerio Público lleva siete meses de retraso en la presentación de su escrito de acusación respecto de su propia previsión. Si las previsiones electorales se cumplen, Muñoz habrá revalidado ya su mandato para cuando la Fiscalía pida elevadas penas de prisión para su hijastro.

El chivatazo que dio igual

Precisamente, la relación del hijastro de la alcaldesa con distintos miembros del equipo de Gobierno, gracias a la intermediación de su madrastra, se pone de manifiesto en los audios publicados por elDiario.es en los últimos días. Uno de los concejales con los que trata es el máximo responsable de la Policía Municipal en el momento de la grabación, octubre de 2019, y a día de hoy, José Eduardo Díaz, quien promete “cuidarle”.

Las diligencias 38/2019 recogen también otro hecho, con claros indicios de delito de revelación de secretos, que sin justificación aparente quedó igualmente sin investigar. Se trata del chivatazo que recibió Lars Broberg, el marido de la alcaldesa, de la investigación que se seguía contra su hijo, en secreto, en un juzgado de la Audiencia Nacional. 

Por entonces, el propio Lars no era investigado, lo que ocurrió más adelante, pero esa fuga de información, que puso en alerta al presunto cabecilla de una delegación de la Mocro Mafia sueca en la Costa del Sol, no fue perseguida. La explicación de Antidroga es que son habituales en causas con tantos investigados y tantas unidades policiales implicadas y, más aún si, como ocurre en este caso, se trata de una investigación internacional, procedente de Suecia. En el pinchazo incorporado a la causa, Lars le dice a su hijo en sueco: “El que estás sujetando [el teléfono] está intervenido”.

El patrimonio, abultado y parte sin declarar

Mientras informaba del sumario, elDiario.es indagó en la fortuna de Ángeles Muñoz, que ella atribuía históricamente a haberse casado con un hombre rico –Lars Broberg era promotor inmobiliario– que la Audiencia Nacional había pasado a considerar sospechoso de integrar una organización criminal y blanquear dinero del narcotráfico. 

Un estudio patrimonial de Muñoz, casada en régimen de separación de bienes, eleva a más de 12 millones de euros sus propiedades, siempre en un cálculo conservador realizado por expertos del sector. Esa investigación reveló además que Muñoz ocultaba al Senado el incremento de más de 1,2 millones de euros de su patrimonio, debido a una donación de acciones que le había hecho su marido cuando ya estaba siendo investigado. A las pocas horas de que elDiario.es revelara este hecho, Muñoz actualizó su declaración en la Cámara Alta con dos años de retraso.

La joya de ese patrimonio es una mansión en Benahavís cuyos detalles publicó este medio al tener conocimiento de las negociaciones con un rico jubilado de Bahréin para su venta, una operación que se desconoce si culminó y de que, como con el resto de asuntos consultados través del Ayuntamiento, elDiario.es no ha recibido respuesta de Muñoz, que sin embargo ha demandado a este medio y tres de sus periodistas.

El borrador del contrato de compra incluía que el millonario árabe adelantara un millón de euros por la casa y lo depositara en un banco de Luxemburgo, el país europeo que utilizan fortunas de todo el mundo para escapar de las obligaciones fiscales de sus lugares de procedencia. 

Los otros frentes judiciales de ‘Titi’: una casa y una discoteca

Más allá de la causa de la Audiencia Nacional, donde nunca ha estado imputada, Ángeles Muñoz llega a las elecciones del 28 de mayo con dos frentes judiciales abiertos y de los que igualmente ha informado en exclusiva este periódico. La Fiscalía del Tribunal Supremo, ante el que está aforada, la investiga por negarse a derribar un edificio ilegal. Las diligencias se han abierto a petición del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que ya ha impuesto una multa de 1.000 euros a la regidora. 

Por otra parte, el Juzgado de Instrucción número 3 de Marbella ha admitido a trámite una querella contra la alcaldesa de la localidad, Ángeles Muñoz, por los presuntos delitos de prevaricación administrativa y contra el medio ambiente. La querella describe las irregularidades cometidas en la concesión y explotación del club Opium, una discoteca al aire libre conocida por albergar el tiroteo ocurrido la madrugada 18 de julio pasado mientras Felipe Juan Froilán de Marichalar y Borbón celebraba su cumpleaños en el interior del local.

El caso ha recaído en el juzgado de Gonzalo Dívar, el magistrado que se opuso a investigar reiteradamente a Muñoz en el denominado ‘caso Lindes’, que llegó al Tribunal Supremo, y en el que aparecía mezclado su marido, y del que la alcaldesa fue finalmente exonerada. A Dívar se le puede ver fotografiado en actos sociales con la alcaldesa, según ella misma publicita en su cuenta de Twitter. Tras admitir la querella el pasado marzo, el juez se ha limitado a comunicar la condición de querellados a los dueños de la discoteca. Si encontrara indicios contra Muñoz debería elevar la causa al Supremo. 

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