Lo que comenzó hace apenas medio año como un decreto para acelerar proyectos estratégicos ha terminado convertido en una de las leyes más controvertidas de la actual legislatura en Balears. Con los votos de PP y Vox, el Parlament ha aprobado finalmente la norma impulsada por el Govern de Marga Prohens (PP) tras una tramitación exprés marcada por la incorporación de centenares de enmiendas que nada tienen que ver con el espíritu inicial del texto y que modifican de forma encubierta cerca de 70 leyes autonómicas.

No en vano, las negociaciones llevadas a cabo estos meses por conservadores y extrema derecha han multiplicado por cinco el texto original de la norma, convirtiéndolo en una macroley en la que han sido introducidas cuestiones tan alejadas de su esencia como la reserva de plazas de policía local a militares de tropa y marinería, la agilización de licencias urbanísticas y la externalización de sus controles, el endurecimiento de las condiciones para acceder a las ayudas sociales, la flexibilización de los requisitos de la lengua catalana en el ámbito público, la creación de una oficina antiokupación -una de las grandes banderas discursivas de los de Santiago Abascal- y la recuperación del tiro al pichón y a la codorniz, una práctica consistente en lanzar aves vivas para ser abatidas en competiciones.

El texto no modifica solo una o dos normas sectoriales, sino que acaba tocando numerosas disposiciones distintas de leyes, decretos, órdenes y reglamentos. La complejidad y el volumen alcanzado por la macroley, con la incorporación de transacciones acompañadas de latinismos como “sexies”, “quinquies” o “novoquadragies”, ha provocado incluso momentos de desconcierto durante la votación y ha obligado a suspender momentáneamente el pleno para aclarar cuál era exactamente el redactado que se estaba votando. Los diputados de PP y Vox han dado luz verde al texto definitivo cuando pasaban las 17.00 horas.

La polémica, sin embargo, no solo la suscita el contenido de las enmiendas, sino también la maniobra utilizada para incorporarlas. La oposición de izquierdas denuncia la utilización de leyes tipo ómnibus para introducir reformas estructurales “por la puerta de atrás”, evitando el debate y los informes específicos que requerirían cada una de ellas por separado y anulando la posibilidad de presentar enmiendas independientes por parte de los demás grupos. La fórmula permite, de este modo, modificar simultáneamente decenas de leyes bajo un único paraguas legislativo, reduciendo drásticamente los tiempos parlamentarios.

Durante el debate de la ley, el portavoz de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, en línea de los demás grupos, ha denunciado que el texto ha dejado de ser una norma para agilizar proyectos estratégicos para convertirse en un “auténtico cajón de sastre” utilizado para introducir reformas ideológicas sin debate específico, lo que, ha aseverado, sienta “un precedente muy peligroso”. El dirigente ecosoberanista ha acusado al Govern de Prohens de asumir progresivamente la agenda ideológica de Vox y convertir una ley de simplificación administrativa en una herramienta para impulsar cambios estructurales “sin debate público real”. “Las líneas rojas se han transformado en líneas rojigualdas de inspiración franquista”, ha espetado en alusión a los supuestos límites que los conservadores han asegurado en numerosas ocasiones haber impuesto a sus socios de investidura.

El portavoz de Més ha puesto el foco, además, en varias de las medidas incluidas en la norma que, ha advertido, favorecerán la entrada de grandes capitales inmobiliarios y fondos de inversión extranjeros en Balears en un momento de máxima tensión residencial al reducir controles y plazos administrativos, permitir excepciones a licencias municipales y crear mecanismos específicos para acelerar inversiones privadas. Asimismo, la macroley abre las puertas a que personas jurídicas -empresas, sociedades o fondos de inversión- puedan adquirir viviendas de precio tasado para destinarlas al mercado del alquiler. La oposición alerta de que el nuevo marco allana el camino para que actores privados puedan llevar a cabo operaciones inmobiliarias y turísticas de gran escala en un territorio ya fuertemente tensionado por la turistificación, la presión urbanística y la compra de vivienda por parte de capital extranjero. “Será una autopista para la inversión especulativa”, ha incidido Apesteguia.

Por su parte, el portavoz de Més per Menorca, Josep Castells, ha acusado a PP y a Vox de haber “pervertido el procedimiento legislativo” y ha recriminado al vicepresidente primero del Govern, Antoni Costa -encargado de defender la iniciativa legislativa-, que haya sacado pecho del “diálogo”. “Eso probablemente lo hacen en su despacho”, le ha espetado.

Con la aprobación de esta norma 'contenedor', el Govern de Prohens sigue la senda del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso, que también ha utilizado varias leyes ómnibus para modificar o derogar decenas de normas con incidencia en el urbanismo, la ordenación del territorio, el medioambiente y la agricultura.

Estas son las principales medidas aprobadas a través de la ley de proyectos estratégicos en Balears.

Restricción de ayudas sociales

La norma incorpora criterios más restrictivos a la hora de acceder a la red de protección social de la comunidad, una modificación que, en palabras de Vox, busca frenar el “efecto llamada”, elemento amplia y reiteradamente cuestionado por distintos estudios y especialistas en migraciones. Entre otros requisitos, el Govern exigirá un mínimo de tres años de residencia legal ininterrumpida en Balears para poder obtener la renta social garantizada (Resoga), además de obligar a los solicitantes a haber solicitado previamente el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y cualquier otra prestación o subsidio al que pudieran tener derecho.

El nuevo redactado también endurece las obligaciones vinculadas a la inserción laboral: el Govern reclamará que las personas en edad laboral de la unidad familiar estén inscritas como demandantes de empleo y no hayan rechazado ofertas de trabajo ni abandonado voluntariamente un empleo durante los tres meses anteriores a la solicitud. La ley amplía además el régimen sancionador de estas ayudas, incluyendo periodos de prohibición de acceso de hasta 18 meses para toda la unidad de convivencia en casos considerados muy graves.

El giro restrictivo en el acceso a las ayudas sociales encaja con una estrategia política más amplia impulsada por Vox en distintos territorios bajo el concepto de “prioridad nacional”, consistente en limitar prestaciones públicas a la población migrante. En Balears, el PP evita asumir explícitamente ese marco discursivo y, en lugar de establecer diferencias directas entre ciudadanos españoles y extranjeros, articula las nuevas restricciones a través de requisitos administrativos y de residencia prolongada que, en la práctica, endurecen especialmente el acceso de la población más vulnerable a la principal red de protección social de la comunidad.

Entre las nuevas medidas figura también la creación de una Oficina de Atención a las Personas Afectadas por la Okupación Ilegal, que replica el modelo impulsado previamente por conservadores y extrema derecha en el Ayuntamiento de Palma. Aunque carecería de competencias ejecutivas, su creación institucionalizaría el enfoque antiokupación dentro de la política autonómica, a pesar de que sindicatos de vivienda y entidades sociales llevan tiempo denunciando que la okupación representa una parte mínima del problema habitacional a nivel estatal y en Balears en particular.

Este apartado ha sido especialmente criticado por la izquierda. “Ustedes, PP y Vox, son un peligro para los derechos humanos”, ha espetado el diputado socialista Llorenç Pou. En esta misma línea, su compañera de bancada, Amanda Fernández, ha acusado a ambos socios de dejar “a los más desfavorecidos y vulnerables sin las necesidades más básicas cubiertas”. “Ustedes quieren economía sumergida pero sin derechos”, ha reprochado, denunciando que, en paralelo, los populares intenten bloquear la regularización de personas migrantes y alimenten un clima político basado “en el racismo y el odio”.

Agilización de licencias y externalización de controles

La Ley también profundiza en la filosofía de “desregulación” y simplificación administrativa que PP y Vox han defendido durante toda la negociación. En esta materia, las medidas incorporadas pretenden apuntalar una de las normas más controvertidas de la legislatura en Balears, la ley de liberalización del suelo, que permite legalizar viviendas construidas de forma ilegal en suelo rústico en determinadas condiciones so pretexto, según defiende el Govern de Prohens, de facilitar el acceso a la vivienda. El texto abre además las puertas a regularizar cientos de edificaciones, incluidas aquellas situadas en las áreas de máxima protección de la Serra de Tramuntana, el pulmón verde de Mallorca declarado en 2011 Patrimonio Mundial por la UNESCO.

El nuevo texto permite eximir de licencias municipales determinadas obras públicas declaradas de especial interés estratégico y facilita que infraestructuras autonómicas o insulares se tramiten con procedimientos excepcionales y preferentes. No solo eso: la declaración de proyecto estratégico lleva implícita la autorización para contratar, firmar convenios e iniciar expedientes de gasto sin trámites adicionales del Consell de Govern. El nuevo marco crea incluso una Comisión y una Unidad Aceleradora de Proyectos Estratégicos encargadas de captar inversiones privadas y acompañar a empresas durante las tramitaciones administrativas.

Las enmiendas, además, buscan ampliar el uso de las declaraciones responsables no solo para iniciar actividades, sino también para sustituir documentación en numerosos procedimientos administrativos, evitando, como sostienen desde el PP, que los ciudadanos “tengan que aportar repetidamente documentos que ya están en su poder o la verificación de los cuales se puede hacer posteriormente”. En la práctica, este sistema permitiría impulsar actividades sin necesidad de autorización previa, trasladando el control a un momento posterior pero reforzando el régimen sancionador en caso de incumplimiento.

Otro de los puntos pasa por incorporar a las entidades colaboradoras de certificación -como los colegios profesionales o las cámaras de comercio- para que puedan validar la documentación y los requisitos técnicos con eficacia administrativa. Se trata de un modelo que, aunque con la intención de reducir tiempos de revisión, supondrá en la práctica una externalización parcial de las funciones de control y una mayor agilización de licencias y trámites en un contexto marcado por la creciente saturación turística y el debate sobre los límites del crecimiento en Balears.

Las enmiendas también alcanzan a ámbitos profesionales específicos, como el de los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API), a través de modificaciones en su regulación. Los cambios planteados afectan al marco de acceso y ejercicio de la actividad, en línea con el objetivo declarado por el PP de simplificar trámites y reducir cargas administrativas. En este caso, la reforma se orienta a flexibilizar los requisitos y procedimientos vinculados al ejercicio de la actividad inmobiliaria, introduciendo mecanismos que faciliten la incorporación de nuevos operadores y reduzcan los controles previos en favor de sistemas de verificación posterior.

Ofensiva contra el catalán

Respecto a la lengua propia de Balears, el texto incorpora excepciones al requisito de catalán tanto para determinados puestos laborales de la Administración como para los nuevos directores de proyectos estratégicos, para quienes no será exigible acreditar conocimientos del idioma, algo que Vox llevaba tiempo reclamando bajo el discurso de acabar con la “imposición lingüística”: “No podemos permitir que un aula se quede sin profesor porque el candidato más cualificado no tenga un titulito excluyente como es el catalán”, expresó en su momento la portavoz parlamentaria de la formación de extrema derecha, Manuela Cañadas.

El PP y los de Santiago Abascal también eliminan la obligatoriedad de acreditar conocimientos del catalán a los trabajadores de los niveles 7 y 8 del personal laboral de la comunidad autónoma, vinculados sobre todo a tareas auxiliares, subalternas, de mantenimiento o servicios básicos. En este sentido, el diputado de Unides Podem José María García ha acusado al Govern “romper el consenso” alcanzado hace cuatro décadas con la Ley de Normalización Lingüística para alinearse con la extrema derecha. “Ustedes cambian cromos y se defienden como pueden cuando se les acusa de ir contra la lengua propia de Balears”, ha reprochado a los populares.

En línea de los demás grupos de izquierdas, ha recriminado que las modificaciones introducidas representan “un ataque directo” a la normalización lingüística. “El catalán sí está en recesión”, ha alertado el parlamentario de la formación morada, que ha defendido que la escuela debe compensar la posición de desventaja social de la lengua propia frente al castellano.

Militares en la policía local y pistolas táser

También han introducido un cambio relevante en el acceso a los cuerpos policiales municipales. A iniciativa de los de Abascal será modificada la normativa de coordinación de policías locales para permitir que los ayuntamientos reserven hasta un 20% de las plazas de policía local a militares de tropa y marinería con más de cinco años de servicio -una medida que ya ha celebrado la Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME)-, así como la autorización del uso de pistolas eléctricas (taser) como equipamiento policial.

En paralelo, la macroley introduce cambios fiscales de enorme alcance. Entre ellos figura una bonificación del 100% en determinadas escrituras notariales para la compra de primera vivienda por parte de jóvenes menores de 30 años o personas con discapacidad, siempre que cumplan requisitos económicos y de residencia previa en Balears. También se modifican normativas de comercio, turismo, residuos, actividades económicas y contratación pública, además de facilitar nuevas fórmulas para la cesión de suelo público entre administraciones y ampliar competencias de la Agencia Tributaria balear.

El PP: “Un texto más sólido y ambicioso”

El conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, ha subrayado, durante la defensa de la iniciativa legislativa, que, en contra del criterio de la oposición, aquélla no traspasa ninguna de las “líneas rojas” marcadas por el Govern. Según ha señalado, las nuevas medidas ayudarán a “cambiar la manera en la que la administración responde a las empresas y los ciudadanos” e impulsar la diversificación de la economía de Balears. El también vicepresidente primero ha defendido que las enmiendas introducidas “mejoran el texto” y permiten “dar cumplimiento” al acuerdo presupuestario firmado entre el PP y Vox hace ahora un año.

“El acuerdo presupuestario queda cumplido y, evidentemente, ahora seguiremos negociando ley a ley e iniciativa a iniciativa”, ha subrayado.

En esta línea, el diputado del PP Jorge López ha apuntado que la tramitación de la norma demuestra que “cuando existe voluntad política los acuerdos son posibles” y ha reivindicado el texto como una herramienta para “modernizar la Administración”, reducir burocracia y facilitar inversiones y proyectos empresariales en Balears. El parlamentario popular ha aseverado que el resultado final es “un texto más sólido, más ambicioso y más útil para los ciudadanos”. Según ha alegado, la ley combina “agilización administrativa con seguridad jurídica” y permitirá impulsar vivienda para residentes, medidas fiscales para jóvenes y familias y nuevas herramientas contra la oferta turística ilegal.

Frente a las críticas de la oposición por la utilización masiva de enmiendas inconexas, López ha apelado a la legitimidad democrática de la tramitación al contar con una mayoría parlamentaria. López ha aprovechado el debate para cargar contra la regularización extraordinaria de migrantes impulsada por el Gobierno central, que ha calificado de “improvisación” y “caos”. “Cuando veo que ustedes manipulan y mueven las reglas según les interesa es cuando uno pierde la credibilidad”, ha reprochado.

Alejandro Jurado, cap de Gabinet de la presidenta balear, Marga Prohens (PP), ha negat aquest dimarts davant la jutgessa les imputacions de presumptes irregularitats que pesen sobre ell en relació a la contractació del xofer oficial de la líder autonòmica i ha defensat que el procediment es va desenvolupar amb “legalitat” i “transparència”.

Passades les 9.15 hores, el número dos de Prohens feia acte de presència en els Jutjats de Via Alemanya de Palma per a declarar com investigat pel presumpte tracte de favor a un familiar seu -el fill d'un cosí- per a ocupar una plaça de conductor adscrita a Presidència.

En la seva compareixença davant la jutgessa del Jutjat d'Instrucció número 3, Jurado, qui únicament ha respost a preguntes del seu lletrat, Jaime Campaner, ha rebutjat els fets descrits en la querella interposada per un veterà xofer i funcionari de carrera i ha defensat que la cobertura de la vacant va respondre a una necessitat temporal provocada per la baixa laboral d'un dels conductors oficials del Govern. D'acord amb la seva versió, el sistema previst legalment per a cobrir la plaça era el de lliure designació, atès que es tractava d'un lloc de confiança vinculat directament a Presidència.

L'investigat ha assegurat que la convocatòria es va publicar inicialment “per error” com un concurs amb baremació de mèrits, un extrem que posteriorment es va corregir per a ajustar-lo al procediment de lliure designació. Segons la seva declaració, una vegada revisades les candidatures se li va traslladar una llista amb quinze aspirants que complien els requisits exigits i va ser llavors quan ell va triar al candidat que va considerar més adequat per al lloc.

La defensa de Jurado coincideix a més amb la documentació remesa pel propi Govern al Jutjat. En un ofici signat per la secretària general de Presidència, l'Executiu assenyala que, una vegada elaborada la llista definitiva dels 15 aspirants admesos i revisats els seus currículums, tota la documentació va ser traslladada a la direcció del Gabinet de la Presidenta, que “va proposar a la persona que va considerar més idònia” per a ocupar la plaça.

La recerca judicial se centra precisament en aquest canvi de criteri. La querella sosté que, després d'una primera baremació en la qual el familiar de Jurado no hauria obtingut la millor puntuació, es van modificar les bases del procediment per a permetre una selecció discrecional i afavorir la seva contractació. El denunciant descriu la maniobra com una actuació “il·legal, injusta i arbitrària” i acusa l'entorn de Presidència d'alterar les regles “a posteriori” per a garantir el nomenament.

El cas va adquirir notorietat després que el xofer contractat acabés estavellant el cotxe oficial de Marga Prohens només uns mesos després d'incorporar-se al lloc. L'accident, ocorregut després de deixar a la presidenta en la terminal de l'aeroport de Palma, va deixar el vehicle sinistre total i va acabar situant sota focus públic la contractació impulsada des del nucli dur del Govern.

Durant la seva compareixença, Jurado ha insistit que el lloc era de “confiança” i que va actuar dins de les competències pròpies d'una plaça de lliure designació. La defensa del cap de Gabinet manté així la mateixa línia argumental sostinguda des de l'inici per l'Executiu autonòmic, que sempre ha defensat la legalitat del procediment i ha expressat la seva “màxima i absoluta tranquil·litat” respecte a la causa judicial.

El relat del querellant dibuixa, no obstant això, una batalla molt més profunda sobre el funcionament intern de Presidència i sobre el xoc entre els principis de mèrit i capacitat i la discrecionalitat política en els llocs de confiança. La querella acusa directament l'entorn de Prohens d'haver dissenyat un “pla il·legal, injust i arbitrari” per a “facilitar un lloc de treball en l'administració pública a un familiar”.

El denunciant, funcionari de carrera des de fa més de trenta anys i xofer de diversos presidents autonòmics, assevera que va ser apartat del servei directe a Presidència per a ser substituït per “un jove afí sense experiència”, la qual cosa va deteriorar greument la seva salut mental i va derivar en un quadre ansiós-depressiu que encara arrossega.

En la seva querella, el veterà xofer subratlla que el lloc de conductor adscrit a Presidència no era una plaça menor dins del Govern i que la pròpia relació de llocs de treball defineix el càrrec com un de “dedicació especial, perillositat, responsabilitat i dificultat tècnica”, atès que implica l'acompanyament directe a la màxima autoritat política de la comunitat autònoma.

La querella converteix a més l'accident del cotxe oficial en una peça central del relat acusatori. El denunciant sosté que el sinistre constitueix una prova que el conductor triat “no reunia mèrits, aptituds ni actituds” per a exercir el lloc.

Preguntat en el seu moment per l'accident, el portaveu i vicepresident del Govern, Antoni Costa, va tractar de rebaixar la polèmica assegurant que “una persona pot tenir un accident”. L'Executiu balear manté des de l'inici una línia de defensa tancada sobre l'actuació de Jurado i sosté que el procediment es va ajustar plenament a la normativa. Divendres passat, Costa va reiterar la “màxima i absoluta tranquil·litat” del Govern després que el denunciant ratifiqués judicialment la seva querella.

Alejandro Jurado, jefe de gabinete de la presidenta balear, Marga Prohens (PP), ha negado este martes ante la jueza las imputaciones de presunto amaño que pesan sobre él en relación a la contratación del chófer oficial de la líder autonómica y ha defendido que el procedimiento se desarrolló con “legalidad” y “transparencia”.

Pasadas las 9.15 horas, el número dos de Prohens hacía acto de presencia en los Juzgados de Vía Alemania de Palma para declarar como investigado por el presunto trato de favor a un familiar suyo -el hijo de un primo- para ocupar una plaza de conductor adscrita a Presidencia.

En su comparecencia ante la jueza del Juzgado de Instrucción número 3, Jurado, quien únicamente ha respondido a preguntas de su letrado, Jaime Campaner, ha rechazado los hechos descritos en la querella interpuesta por un veterano chófer y funcionario de carrera y ha defendido que la cobertura de la vacante respondió a una necesidad temporal provocada por la baja laboral de uno de los conductores oficiales del Govern. De acuerdo con su versión, el sistema previsto legalmente para cubrir la plaza era el de libre designación, dado que se trataba de un puesto de confianza vinculado directamente a Presidencia.

El investigado ha asegurado que la convocatoria se publicó inicialmente “por error” como un concurso con baremación de méritos, un extremo que posteriormente se corrigió para ajustarlo al procedimiento de libre designación. Según su declaración, una vez revisadas las candidaturas se le trasladó una lista con quince aspirantes que cumplían los requisitos exigidos y fue entonces cuando él escogió al candidato que consideró más adecuado para el puesto.

La defensa de Jurado coincide además con la documentación remitida por el propio Govern al Juzgado. En un oficio firmado por la secretaria general de Presidencia, el Ejecutivo señala que, una vez elaborada la lista definitiva de los 15 aspirantes admitidos y revisados sus currículums, toda la documentación fue trasladada a la dirección del Gabinete de la Presidenta, que “propuso a la persona que consideró más idónea” para ocupar la plaza.

La investigación judicial se centra precisamente en ese cambio de criterio. La querella sostiene que, después de una primera baremación en la que el familiar de Jurado no habría obtenido la mejor puntuación, se modificaron las bases del procedimiento para permitir una selección discrecional y favorecer su contratación. El denunciante describe la maniobra como una actuación “ilegal, injusta y arbitraria” y acusa al entorno de Presidencia de alterar las reglas “a posteriori” para garantizar el nombramiento.

El caso adquirió notoriedad después de que el chófer contratado acabara estrellando el coche oficial de Marga Prohens apenas unos meses después de incorporarse al puesto. El accidente, ocurrido tras dejar a la presidenta en la terminal del aeropuerto de Palma, dejó el vehículo siniestro total y terminó situando bajo foco público la contratación impulsada desde el núcleo duro del Govern.

Durante su comparecencia, Jurado ha insistido en que el puesto era de “confianza” y que actuó dentro de las competencias propias de una plaza de libre designación. La defensa del jefe de gabinete mantiene así la misma línea argumental sostenida desde el inicio por el Ejecutivo autonómico, que siempre ha defendido la legalidad del procedimiento y ha expresado su “máxima y absoluta tranquilidad” respecto a la causa judicial.

El relato del querellante dibuja, sin embargo, una batalla mucho más profunda sobre el funcionamiento interno de Presidencia y sobre el choque entre los principios de mérito y capacidad y la discrecionalidad política en los puestos de confianza. La querella acusa directamente al entorno de Prohens de haber diseñado un “plan ilegal, injusto y arbitrario” para “facilitar un puesto de trabajo en la administración pública a un familiar”.

El denunciante, funcionario de carrera desde hace más de treinta años y chófer de varios presidentes autonómicos, asevera que fue apartado del servicio directo a Presidencia para ser sustituido por “un joven afín sin experiencia”, lo que deterioró gravemente su salud mental y derivó en un cuadro ansioso-depresivo que todavía arrastra.

En su querella, el veterano chófer subraya que el puesto de conductor adscrito a Presidencia no era una plaza menor dentro del Govern y que la propia relación de puestos de trabajo define el cargo como uno de “dedicación especial, peligrosidad, responsabilidad y dificultad técnica”, dado que implica el acompañamiento directo a la máxima autoridad política de la comunidad autónoma.

La querella convierte además el accidente del coche oficial en una pieza central del relato acusatorio. El denunciante sostiene que el siniestro constituye una prueba de que el conductor elegido “no reunía méritos, aptitudes ni actitudes” para desempeñar el puesto.

Preguntado en su día por el accidente, el portavoz y vicepresidente del Govern, Antoni Costa, trató de rebajar la polémica asegurando que “una persona puede tener un accidente”. El Ejecutivo balear mantiene desde el inicio una línea de defensa cerrada sobre la actuación de Jurado y sostiene que el procedimiento se ajustó plenamente a la normativa. El pasado viernes, Costa reiteró la “máxima y absoluta tranquilidad” del Govern después de que el denunciante ratificara judicialmente su querella.

Quan el cotxe oficial de la líder balear, Marga Prohens (PP), va acabar convertit en un munt de ferralla després d’un accident als voltants de l’aeroport de Palma, l’episodi semblava limitar-se a un incident incòmode dins del parc mòbil del Govern. Tanmateix, el sinistre va acabar obrint una esquerda molt més profunda al cor del Consolat de Mar, seu de la Presidència autonòmica. Aquest dimarts, el cap de gabinet de Prohens, Alejandro Jurado, està citat a declarar com a investigat per presumptament alterar les regles d’un procés selectiu per col·locar com a xofer oficial un familiar seu: el fill del seu cosí. El mateix que, tot just uns mesos després d’accedir al lloc, va acabar estavellant el vehicle just després de deixar la dirigent popular a la terminal.

Jurado no és un càrrec secundari. És la mà dreta de Prohens, un dels seus homes de màxima confiança i una figura històrica de l’aparell popular balear. En concret, la jutgessa li atribueix la suposada comissió d’un delicte de prevaricació administrativa. La querella interposada contra ell per part d’un conductor i funcionari de carrera amb més de tres dècades de servei públic apunta també a un delicte de tràfic d’influències. Juntament amb Jurado també està citat a declarar aquest dimarts el xofer presumptament beneficiat.

El relat del denunciant, que la setmana passada va acudir al jutjat per ratificar-la, dibuixa un procés presumptament manipulat des de dins per garantir que la plaça acabàs en mans del parent de Jurado. D’acord amb la querella, el 2023 es va convocar la cobertura d’una vacant de xofer mitjançant concurs de mèrits, malgrat que el lloc figurava com de lliure designació. El veterà xofer acusa Jurado d’impulsar un canvi de regles a posteriori en el procés, al qual varen concórrer més de 200 aspirants, per facilitar la contractació de l’al·legat.

El querellant sosté que, després d’una primera baremació en què el candidat finalment escollit no hauria quedat en primer lloc, es varen introduir modificacions a les bases per obligar a presentar currículum i permetre que la selecció es resolgués a favor de “la persona que la Secretaria General trobi més adequada”, un gir que, al seu parer, va transformar un concurs de mèrits en un procediment discrecional.

La denúncia afegeix que, per justificar aquest canvi, es va aprovar una instrucció amb criteris per seleccionar personal funcionari interí mitjançant oferta genèrica del Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB), una eina que el denunciant considera “fal·laç i tendenciosa” i dissenyada per reconduir el resultat.

El nou xofer va ser nomenat conductor personal de la presidenta sense comptar ni tan sols amb deu dies d’antiguitat, segons la part demandant. El 22 de desembre de 2023, el director de gabinet de la Presidència del Govern hauria reunit els cinc xofers del departament i comunicat que relegava el denunciant i un altre treballador. El 10 de gener de 2024 va signar l’escrit que oficialitzava el relleu, sense comptar amb el vistiplau de la representació dels treballadors, d’acord amb la denúncia.

Acomiadat i substituït “per un jove afí sense experiència”

El funcionari sosté que la maniobra va ser “il·legal, injusta i arbitrària” i subratlla que, després del nomenament, va ser acomiadat per Jurado com a conductor de la presidenta balear per “col·locar” en el seu lloc “un jove afí sense experiència”. Es tracta d’un episodi que el denunciant vincula amb un deteriorament de la seva salut mental, atès que arran dels fets pateix un quadre ansiós-depressiu.

L'accident

A la primavera de 2024, quan tot just feia uns mesos que treballava com a xofer de la presidència autonòmica, el jove conductor presumptament beneficiat va estavellar el cotxe oficial mentre conduïa tot sol, segons va avançar aleshores Diario de Mallorca. Després de deixar Prohens a l’aeroport de Palma, el conductor va protagonitzar un accident que va deixar el vehicle completament sinistrat. Per aquest motiu, segons la querella, el vehicle va ser donat de baixa del parc mòbil del Govern.

Preguntat sobre aquesta qüestió després de transcendir la interposició de la denúncia, el portaveu i vicepresident del Govern, Antoni Costa, va admetre que l’Executiu sabia que s’havia produït un accident amb un vehicle oficial de la presidenta Prohens. “És cert que el vehicle va quedar en situació de sinistre. Però va ser un accident. Hi va haver un accident. Sí. No tenc gaire més a afegir. Vull dir: una persona pot tenir un accident? Sí”, es va limitar a assenyalar. “Hauria estat desitjable que no el tengués? Sí, però com en qualsevol altre cas”, va justificar.

És a partir d’aquell succés quan, segons sosté el querellant, varen començar les irregularitats. Afegeix, a més, que aquesta situació va suposar un perjudici per a les arques públiques, ja que els vehicles oficials de l’administració pública es sufraguen amb els imposts de la ciutadania balear. El percance provaria, segons el demandant, que el conductor presumptament beneficiat pel procés no reunia els mèrits, aptituds i capacitats necessàries per a la prestació del servei de xofer oficial.

El denunciant incideix que les bases haurien estat modificades posteriorment introduint criteris que afavorien específicament el candidat finalment seleccionat i descriu una actuació “il·legal, injusta i arbitrària” orientada a assegurar la contractació del familiar de Jurado. La jutgessa instructora ha apreciat prou indicis com per citar a declarar el màxim assessor de la presidenta balear com a investigat.

El Govern del PP, en defensa de la contractació

Des del primer moment, el Govern ha defensat la legalitat del procediment. Divendres passat, Costa va expressar la “màxima i absoluta tranquil·litat” de l’Executiu després que, el dia anterior, el denunciant ratificàs la seva querella. Des de l’Executiu autonòmic remeten a aquestes declaracions de Costa després de la petició de la seva versió per part d’elDiario.es.

Quan va ser preguntat per aquesta temàtica, Costa va assenyalar que “el posicionament del Govern continua sent el mateix”: “No ha canviat ni un mil·límetre del que vàrem expressar en el seu moment i em remet, per tant, a aquell pronunciament. El Govern té la màxima i absoluta tranquil·litat, això sí que ho puc confirmar amb total seguretat”. El passat mes de desembre, la consellera de Presidència i Administracions Públiques, Mercedes Estarellas, va defensar que el procediment de substitució del funcionari a través del borsí va seguir tots els conductes reglamentaris.

Petició de dimissió

Per la seva banda, el PSIB-PSOE va reclamar el gener el cessament immediat de Jurado després de la seva citació judicial com a investigat. El portaveu socialista, Rubén Castro, va acusar a més la presidenta balear d’intentar esquivar l’escàndol. “Que deixi d’amagar-se davant els casos de corrupció que cada vegada més surten al seu voltant i que doni explicacions a la ciutadania”, va asseverar.

“Fa dos anys que escoltam Prohens difonent mentides i notícies falses en relació amb el PSIB, però la realitat és que l’únic partit que té persones investigades per la seva gestió durant la pandèmia i que hauran de declarar en judicis per presumpta corrupció és el PP de Prohens”, va insistir Castro. Entre aquestes causes, varen al·ludir a la investigació oberta contra el president del Consell Insular d’Eivissa, Vicent Marí (PP), per presumpta prevaricació administrativa i coaccions a una funcionària pel cas de ‘La vida islados’.

Cuando el coche oficial de la líder balear, Marga Prohens (PP), acabó convertido en un amasijo de chapa tras un accidente en las inmediaciones del aeropuerto de Palma, el episodio parecía limitarse a un incidente incómodo dentro del parque móvil del Govern. Sin embargo, el siniestro terminó abriendo una grieta mucho mayor en el corazón del Consolat de Mar, sede de la Presidencia autonómica. Este martes, el jefe de gabinete de Prohens, Alejandro Jurado, está citado a declarar como investigado por presuntamente alterar las reglas de un proceso selectivo para colocar como chófer oficial a un familiar suyo: el hijo de su primo. El mismo que, apenas unos meses después de acceder al puesto, acabó estrellando el vehículo nada más dejar a la dirigente popular en la terminal.

Jurado no es un cargo secundario. Es la mano derecha de Prohens, uno de sus hombres de máxima confianza y una figura histórica del aparato popular balear. En concreto, la jueza le atribuye la supuesta comisión de un delito de prevaricación administrativa. La querella interpuesta contra él por parte de un conductor y funcionario de carrera con más de tres décadas de servicio público apunta también a un delito de tráfico de influencias. Junto a Jurado también está citado a declarar este martes el chófer supuestamente beneficiado.

El relato del denunciante, quien la pasada semana acudió al Juzgado para ratificarla, dibuja un proceso supuestamente manipulado desde dentro para garantizar que la plaza acabara en manos del pariente de Jurado. De acuerdo a la querella, en 2023 se convocó la cobertura de una vacante de chófer mediante concurso de méritos, pese a que el puesto figuraba como de libre designación. El veterano chófer acusa a Jurado de impulsar un cambio de reglas a posteriori en el proceso, al que concurrieron más de 200 aspirantes, para facilitar la contratación del allegado.

El querellante sostiene que, tras una primera baremación en la que el candidato finalmente escogido no habría quedado en primer lugar, se introdujeron modificaciones en las bases para obligar a presentar currículum y permitir que la selección se resolviera en favor de “la persona que la Secretaría General encuentre más adecuada”, un giro que, a su juicio, transformó un concurso de méritos en un procedimiento discrecional.

La denuncia añade que, para justificar ese cambio, se aprobó una instrucción con criterios para seleccionar personal funcionario interino mediante oferta genérica del Boletín Oficial de Balears (BOIB), una herramienta que el denunciante considera “falaz y tendenciosa” y diseñada para reconducir el resultado.

El nuevo chófer fue nombrado conductor personal de la presidenta sin contar siquiera con diez días de antigüedad, según la parte demandante. El 22 de diciembre de 2023, el director de gabinete de la Presidencia del Govern habría reunido a los cinco chóferes del departamento y comunicado que relegaba al denunciante y a otro trabajador. El 10 de enero de 2024 firmó el escrito que oficializaba el relevo, sin contar con el visto bueno de la representación de los trabajadores, de acuerdo a la denuncia.

Despedido y sustituido “por un joven afín sin experiencia”

El funcionario sostiene que la maniobra fue “ilegal, injusta y arbitraria” y subraya que, tras el nombramiento, fue despedido por Jurado como conductor de la presidenta balear para “colocar” en su lugar “a un joven afín sin experiencia”. Se trata de un episodio que el denunciante vincula con un deterioro de su salud mental, dado que a raíz de los hechos padece un cuadro ansioso-depresivo.

En la primavera de 2024, cuando apenas llevaba unos meses trabajando como chófer de la presidencia autonómica, el joven conductor presuntamente beneficiado estrelló el coche oficial mientras conducía solo, según avanzó entonces Diario de Mallorca. Tras dejar a Prohens en el aeropuerto de Palma, el conductor protagonizó un accidente que dejó el vehículo completamente siniestrado. Por este motivo, según la querella, el vehículo fue dado de baja del parque móvil del Govern.

Preguntado sobre esta cuestión tras trascender la interposición de la denuncia, el portavoz y vicepresidente del Govern, Antoni Costa, admitió que el Ejecutivo sabía que se había producido un accidente con un vehículo oficial de la presidenta Prohens. “Es cierto que el vehículo quedó en situación de siniestro. Pero fue un accidente. Hubo un accidente. Sí. No tengo mucho más que añadir. Quiero decir: ¿una persona puede tener un accidente? Sí”, se limitó a señalar. “¿Habría sido deseable que no lo tuviera? Sí, pero como en cualquier otro caso”, justificó.

Es a partir de aquel suceso cuando, según sostiene el querellante, comenzaron las irregularidades. Añade, además, que esta situación supuso un perjuicio para las arcas públicas, ya que los vehículos oficiales de la administración pública se sufragan con los impuestos de la ciudadanía balear. El percance probaría, según el demandante, que el conductor presuntamente beneficiado por el proceso no reunía los méritos, aptitudes y capacidades necesarias para la prestación del servicio de chófer oficial.

El denunciante incide en que las bases habrían sido modificadas posteriormente introduciendo criterios que favorecían específicamente al candidato finalmente seleccionado y describe una actuación “ilegal, injusta y arbitraria” orientada a asegurar la contratación del familiar de Jurado. La jueza instructora ha apreciado suficientes indicios como para citar a declarar al máximo asesor de la presidenta balear como investigado.

El Govern, en defensa de la contratación

Desde el primer momento, el Govern ha defendido la legalidad del procedimiento. El pasado viernes, Costa expresó la “máxima y absoluta tranquilidad” del Ejecutivo después de que, el día anterior, el denunciante ratificara su querella. Desde el Ejecutivo autonómico remiten a estas declaraciones de Costra tras la petición de su versión por parte de elDiario.es.

Al ser preguntado por esta temática, Costa señaló que “el posicionamiento del Govern sigue siendo el mismo”: “No ha cambiado ni un milímetro del que expresamos en su momento y me remitido por tanto a ese pronunciamiento. El Govern tiene la máxima y absoluta tranquilidad, eso sí lo puedo confirmar con total seguridad”. El pasado mes de diciembre, la consellera de Presidencia y Administraciones Públicas, Mercedes Estarellas, defendió que el procedimiento de sustitución del funcionario a través del bolsín siguió todos los cauces reglamentarios.

Petición de dimisión

Por su parte, el PSIB-PSOE reclamó en enero el cese inmediato de Jurado tras su citación judicial como investigado. El portavoz socialista, Rubén Castro, acusó además a la presidenta balear de intentar esquivar el escándalo. “Que deje de esconderse ante los casos de corrupción que cada vez más salen a su alrededor y que dé explicaciones a la ciudadanía”, aseveró.

“Escuchamos a Prohens desde hace dos años difundiendo mentiras y noticias falsas en relación al PSIB, pero la realidad es que el único partido que tiene a personas investigadas por su gestión durante la pandemia y que tendrán que declarar en juicios por presunta corrupción es el PP de Prohens”, incidió Castro. Entre tales causas, aludieron a la investigación contra el presidente del Consell Insular d’Eivissa, Vicent Marí (PP), por presunta prevaricación administrativa y coacciones a una funcionaria por el caso de ‘La vida islados’.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha sostenido que el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, imputado esta semana en el caso Plus Ultra, “no era un jubilado haciendo negocios por su cuenta” sino que “tenía detrás al poder, al Consejo de Ministros y a la Presidencia del Gobierno”. Lo ha dicho durante el cierre del XVII Congreso autonómico del PP de Baleares celebrado este sábado en el Palacio de Congresos de Palma y que ha reelegido a Marga Prohens con el 99,93% de los votos.

Feijóo ha reivindicado un cambio del clima político nacional, porque, a día de hoy, “no puede ser más repugnante”, y ha añadido que hay que estar “muy podrido moralmente” para leer los 80 folios del auto de imputación a José Luis Rodríguez Zapatero y “salir a darle apoyo”. “Hay que estar muy podrido moralmente o muy pringado, o las dos cosas, para leer los 80 folios del auto de imputación por corrupción de Zapatero y salir a darle apoyo. 'Todo el apoyo', dijo Sánchez”, ha criticado. “Faltan las palabras para calificar lo que estamos viendo (...), todo es corrupción, todo es decadencia, casi es imposible hablar de otra cosa”, ha señalado.

Feijóo, quien se ha preguntado si no queda nadie en el PSOE que se sonroje con este Gobierno, ha denunciado que nunca se había llegado a algo así, “nunca antes habíamos visto semejante degradación institucional”. “La corrupción del PSOE es peor que la mafia. La mafia, al menos, dejaba al margen a la familia, y el sanchismo ni eso”, ha apuntado.

España, ha insistido, necesita “salir urgentemente de esta decadencia, necesita limpieza, ejemplaridad, instituciones respetadas. Necesita un gobierno que no se convierta cada semana en una nueva humillación nacional”. “España necesita un cambio y lo necesita cuanto antes, y vamos a propiciar ese cambio desde todos los rincones, desde todos los ámbitos y, por supuesto, también desde aquí -en referencia a Baleares”, ha señalado Feijóo.

“Un cambio firme y profundo”

“(Será la primera vez que en España se produzca un cambio tan grande, tan firme y tan profundo para que nunca más vuelva a suceder algo así, y lo haremos todos juntos, de izquierda a derecha, y lo haremos con contundencia, con democracia y con una mayoría abrumadora de españoles”.

Feijóo ha apuntado que decencia es lo mínimo que se le puede pedir a un ciudadano al que se le paga el sueldo, y eso es lo que representa el Partido Popular, y ha lamentado que desde hace ya varios años, “la única agenda que hay en España, la única que tiene el Gobierno es la agenda de los tribunales”.

El líder popular ha hablado de cinco grandes compromisos, el primero de ellos con los médicos. “El primer compromiso con los servicios públicos es no robar”, ha subrayado el dirigente popular, quien se ha comprometido, y así se lo ha dicho por escrito al comité del huelga, a aumentar las plantillas y las plazas MIR, y hacer una pieza separada en el sistema de financiación de las comunidades, “medir bien lo que se invierte en sanidad y financiar adecuadamente al Sistema Nacional de Salud”.

Además, se ha comprometido con la financiación autonómica en general. “Mi modelo de financiación estará hecho a medida de las necesidades de los españoles”, y hay tres cuestiones que deben reflejarse: la vivienda, los servicios públicos y la insularidad.

Asimismo, ha mencionado entre sus compromisos la antiocupación, una adecuada legislación de costas y una política migratoria razonable frente al modelo “inhumano e insostenible” de Sánchez. Esta tiene que proteger las fronteras, luchar contra las mafias y “respetar nuestros valores, con un principio básico: quien venga a aportar será bienvenido; quien venga a delinquir será expulsado de nuestro país”.

Feijóo, a lo largo de su discurso, también ha alabado en varias ocasiones la figura de Prohens y ha celebrado que tenga “el apoyo del partido y de esta tierra”. “Lo estás haciendo muy bien, porque ha sabido entender las múltiples sensibilidades de la gente de aquí y defenderlas con firmeza y determinación”, ha dicho.

Ha aprovechado, además, para dibujar al Govern que preside como la contraposición del Ejecutivo de Pedro Sánchez. “¡Qué suerte tienen en Baleares! Aquí no hay un Gobierno que se pasa el día inventando cortinas de humo, que necesita señalar a media sociedad para esconder sus miserias, que vive pendiente de tapar todos los escándalos de su partido y de sus socios”, ha señalado. “No hay una presidenta que necesita mentir y olvidar sus gestiones y conversaciones, no hay un Gobierno que desgobierna, sino un gobierno que gobierna, que gobierna bien, y una presidenta con las manos limpias y las manos libres”, ha proseguido.

El Govern balear del PP ha elevat la seva ofensiva contra la regularització extraordinària de persones migrants aprovada pel Govern central i sol·licitarà al Tribunal Supremo que suspengui cautelarment la mesura mentre resol el recurs contenciós administratiu que l’Executiu autonòmic preveu presentar en els pròxims dies.

L’anunci l’ha fet aquest divendres el portaveu i vicepresident primer de l’Executiu, Antoni Costa, després de la reunió del Consell de Govern, que ha autoritzat l’Advocacia de la Comunitat Autònoma a iniciar el procediment judicial contra el reial decret aprovat pel Govern de Pedro Sánchez. Balears segueix així la senda de la Comunitat de Madrid, que, juntament amb Vox i organitzacions d’extrema dreta, també ha recorregut la mesura entre vaticinis sobre un suposat impacte damunt els serveis públics.

En contra del criteri de diferents estudis i organismes públics que qüestionen el relat de la dreta i l’extrema dreta segons el qual la migració estaria directament relacionada amb la sobresaturació de la xarxa assistencial pública, el Govern de Marga Prohens sosté que la regularització -que permetrà que milers de persones en situació administrativa irregular accedeixin a permisos de residència i treball- tindrà un cost “significatiu” i “substancial” damunt els sistemes sanitari, educatiu i social de Balears, tot i que ha evitat concretar xifres.

“Tenim estimacions, però es manifestaran en el seu moment”, s’ha limitat a assenyalar Costa, retraient a l’Executiu central que no hagi previst mecanismes de compensació econòmica per a les autonomies. “La sensació és que Pedro Sánchez convida i la resta pagam”, ha recriminat, retraient, així mateix, que el decret s’aprovàs sense consens amb les comunitats autònomes, sense debat parlamentari i sense una memòria econòmica que quantifiqui el seu impacte damunt els serveis públics.

En realitat, les persones en situació irregular ja tenen dret a l’assistència sanitària normalitzada a Espanya després de diverses reformes impulsades pel Govern central, la darrera de les quals el març d’enguany. La modificació va corregir algunes escletxes de la normativa anterior per les quals encara es produïen casos d’exclusió sanitària en determinats supòsits.

L’únic canvi rellevant que comportarà la regularització és que, una vegada donades d’alta a la Seguretat Social, aquestes persones hauran de rebre la corresponent targeta sanitària mitjançant un procediment administratiu simplificat que ja contempla la mateixa web autonòmica. Es tracta, per tant, d’una modificació més qualitativa que material: en tenir ja reconegut l’accés a l’assistència sanitària, no es preveu un increment significatiu de la despesa pública ni una situació d’urgència administrativa, atès que aquestes persones ja compten amb atenció mèdica assignada.

D’altra banda, l’Informe de seguiment del Marc Estratègic de Ciutadania i Inclusió contra el Racisme i la Xenofòbia 2023-2027 conclou que la població estrangera no comunitària utilitza menys els serveis sanitaris que la població espanyola i presenta, en termes generals, una estructura demogràfica més jove, fet que redueix la seva pressió assistencial damunt el sistema sanitari.

Contribució a les cotitzacions fiscals

En matèria econòmica, diversos anàlisis acadèmics subratllen que les persones migrants contribueixen de manera neta al sosteniment de l’estat del benestar a través de cotitzacions i imposts, especialment en sectors amb manca de mà d’obra. En aquesta línia, el Banco de España subratlla la contribució de la població migrant al mercat laboral i al sosteniment del sistema de pensions en un context d’envelliment demogràfic. Així mateix, indica que la regularització de migrants permetrà augmentar les cotitzacions socials i els ingressos fiscals en aflorar ocupació no declarada.

Malgrat això, Costa ha insistit en el possible “efecte crida” que podria provocar la mesura, un argument recurrent en el debat migratori però qüestionat per especialistes i entitats socials, que sostenen que no existeix evidència concloent que les regularitzacions extraordinàries provoquin un augment automàtic d’arribades.

El també conseller d’Economia, Hisenda i Innovació ha vinculat igualment l’oposició de l’Executiu autonòmic a la seva estratègia de “transformació del model de creixement” de Balears. Preguntat pel suport que organitzacions empresarials han mostrat al procés de regularització davant la manca de treballadors en sectors com l’hostaleria o les cures, Costa ha defensat que “es pot establir una correlació directa entre creixement en volum i necessitat de mà d’obra”.

La iniciativa judicial se suma a l’enduriment del discurs migratori impulsat per diferents governs autonòmics del PP en els darrers mesos, en un context marcat per l’auge dels postulats d’extrema dreta i la intensificació de les crítiques a les polítiques migratòries del Govern central. A Balears, aquest discurs emergeix, a més, en un escenari de forta crisi habitacional derivada de l’encariment del lloguer, l’especulació immobiliària, la saturació derivada del model turístic i la precarització laboral.

El Govern balear del PP ha elevado su ofensiva contra la regularización extraordinaria de personas migrantes aprobada por el Gobierno central y solicitará al Tribunal Supremo que suspenda cautelarmente la medida mientras resuelve el recurso contencioso-administrativo que el Ejecutivo autonómico prevé presentar en los próximos días.

El anuncio lo ha realizado este viernes el portavoz y vicepresidente primero del Ejecutivo, Antoni Costa, tras la reunión del Consell de Govern, que ha autorizado a la Abogacía de la Comunidad Autónoma a iniciar el procedimiento judicial contra el real decreto aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez. Balears sigue así la senda de la Comunidad de Madrid, que, junto a Vox y organizaciones de ultraderecha, también ha recurrido la medida entre vaticinios acerca de un supuesto impacto sobre los servicios públicos.

En contra del criterio de distintos estudios y organismos públicos que cuestionan el relato de la derecha y la extrema derecha según el cual la migración estaría directamente relacionada con la sobresaturación de la red asistencial pública, el Govern de Marga Prohens sostiene que la regularización -que permitirá que miles de personas en situación administrativa irregular accedan a permisos de residencia y trabajo- tendrá un coste “significativo” y “sustancial” sobre los sistemas sanitario, educativo y social de Balears, aunque ha evitado concretar cifras.

“Tenemos estimaciones, pero se manifestarán en su momento”, se ha limitado a señalar Costa, reprochando al Ejecutivo central que no haya previsto mecanismos de compensación económica para las autonomías. “La sensación es que Pedro Sánchez invita y el resto pagamos”, ha recriminado, reprochando, asimismo, que el decreto se aprobase sin consenso con las comunidades autónomas, sin debate parlamentario y sin una memoria económica que cuantifique su impacto sobre los servicios públicos.

En realidad, las personas en situación irregular ya tienen derecho a la asistencia sanitaria normalizada en España tras varias reformas llevadas a cabo por el Gobierno central, la última de ellas en marzo de este año. La modificación corrigió algunas grietas de la normativa anterior por la que aún se producían casos de exclusión sanitaria en determinados supuestos. 

El único cambio relevante que traerá la regularización es que, una vez dadas de alta en la Seguridad Social, estas personas deberán recibir la correspondiente tarjeta sanitaria mediante un procedimiento administrativo simplificado que ya contempla la propia web autonómica. Se trata, por tanto, de una modificación más cualitativa que material: al tener ya reconocido el acceso a la asistencia sanitaria, no se prevé un incremento significativo del gasto público ni una situación de urgencia administrativa, dado que estas personas ya cuentan con atención médica asignada.

Por otro lado, el Informe de seguimiento del Marco Estratégico de Ciudadanía e Inclusión contra el Racismo y la Xenofobia 2023-2027 concluye que la población extranjera no comunitaria utiliza menos los servicios sanitarios que la población española y presenta, en términos generales, una estructura demográfica más joven, lo que reduce su presión asistencial sobre el sistema sanitario.

Contribución a las cotizaciones fiscales

En materia económica, diversos análisis académicos subrayan que las personas migrantes contribuyen de forma neta al sostenimiento del Estado del bienestar a través de cotizaciones e impuestos, especialmente en sectores con falta de mano de obra. En esta línea, instituciones como el  Banco de España subrayan la contribución de la población migrante al mercado laboral y al sostenimiento del sistema de pensiones en un contexto de envejecimiento demográfico. Asimismo, indica que la regularización de migrantes permitirá aumentar las cotizaciones sociales y los ingresos fiscales al aflorar empleo no declarado.

Pese a ello, Costa ha insistido en el posible “efecto llamada” que podría provocar la medida, un argumento recurrente en el debate migratorio pero cuestionado por especialistas y entidades sociales, que sostienen que no existe evidencia concluyente de que las regularizaciones extraordinarias provoquen un aumento automático de llegadas.

El también conseller de Economía, Hacienda e Innovación también ha vinculado la oposición del Ejecutivo autonómico a su estrategia de “transformación del modelo de crecimiento” de Balears. Preguntado por el respaldo que organizaciones empresariales han mostrado al proceso de regularización ante la falta de trabajadores en sectores como la hostelería o los cuidados, Costa ha defendido que “se puede establecer una correlación directa entre crecimiento en volumen y necesidad de mano de obra”.

La iniciativa judicial se suma al endurecimiento del discurso migratorio impulsado por distintos gobiernos autonómicos del PP en los últimos meses, en un contexto marcado por el auge de los postulados de extrema derecha y la intensificación de las críticas a las políticas migratorias del Gobierno central. En Balears, este discurso emerge además en un escenario de fuerte crisis habitacional derivada del encarecimiento del alquiler, la especulación inmobiliaria, la saturación derivada del modelo turístico y la precarización laboral.

PP i Vox han introduït un nou paquet de mesures a la llei balear de projectes estratègics que va molt més enllà de l'objectiu inicial de la norma. Entre les propostes hi ha la creació d'una Oficina d'Atenció a les Persones Afectades per l'Okupació Ilegal, una de les grans banderes discursives de la formació d'extrema dreta, a més de noves deduccions per maternitat i natalitat en l'IRPF en resposta a l'“hivern demogràfic” que, segons la retòrica dels de Santiago Abascal, afecta la població espanyola.

La utilització d'una llei òmnibus per introduir aquest tipus de canvis permet al Govern de Marga Prohens (PP) accelerar l'aprovació de reformes molt heterogènies sota un únic paraigua legislatiu. Es tracta d'una fórmula que accelera els temps parlamentaris i evita que cada modificació hagi de tramitar-se mitjançant una norma específica amb debats i dictàmens diferenciats, reduint amb això el marge per a l'escrutini polític i jurídic. L'oposició acusa l'Executiu autonòmic d'utilitzar la llei de projectes estratègics com un “calaix de sastre” per introduir reformes de gran calat aprofitant una tramitació molt més ràpida.

La creació d'una oficina antiokupació no és una idea nova dins dels acords entre ambdós socis d'investidura. L'Ajuntament de Palma ja va presentar el 2025 una Oficina Integral d'Habitatge i Antiokupació fruit del pacte entre ambdues formacions, una iniciativa que va desfermar les protestes del Sindicat de l’Habitatge i crítiques de l’oposició, que va acusar Cort de “criminalitzar la pobresa” i convertir l'okupació en un eix polític tot i representar una mínima part del problema d'accés a l'habitatge.

Ara, el PP i Vox pretenen estendre aquest model al conjunt de Balears mitjançant la creació d'una Oficina autonòmica d'Atenció a l'Okupació que, segons defensen, servirà per assessorar els propietaris afectats. La mesura encaixa a més amb l'estratègia dels d'Abascal d'introduir, com denuncien des de l'esquerra, estructures institucionals amb forta càrrega ideològica a través d'acords pressupostaris i esmenes legislatives, aprofitant la tramitació accelerada de la llei de projectes estratègics per incorporar reformes alienes al seu contingut original.

A través d'esmenes pactades durant la negociació parlamentària, ambdues formacions han incorporat canvis en matèries tan diverses com fiscalitat, habitatge, funció pública, llengua catalana, renda social, sanitat o policia local, una fórmula que permet modificar nombroses lleis de manera simultània i amb un debat molt més limitat que el que tindrien reformes tramitades per separat.

Entre les mesures també figura la flexibilització del requisit lingüístic en la funció pública, que Vox defineix directament com “el principi del fi de la imposició lingüística a l'okupació pública”. També es preveu la incorporació de noves deduccions per maternitat i natalitat en l'IRPF que arriben als 900 euros pel primer fill, 1.200 pel segon, 1.500 pel tercer i fins a 1.800 euros a partir del quart.

El paquet pactat entre PP i Vox també inclou rebaixes fiscals vinculades a la compra d'habitatge habitual, bonificacions per a habitatges de preu limitat i avantatges per a joves, famílies nombroses i persones amb discapacitat, així com modificacions en la renda social garantida, mesures per agilitzar projectes comercials mitjançant entitats col·laboradores urbanístiques, canvis en les borses educatives i la incorporació de psicòlegs generals sanitaris al sistema públic.

Les propostes han estat reivindicades pels d'Abascal com “una bateria d'èxits” arrencats als conservadors durant la negociació de la llei òmnibus. En una nota de premsa, Vox assegura que “les mesures aprovades comparteixen una mateixa filosofia: llibertat davant l'intervencionisme, seguretat davant el càos, propietat privada davant l'okupació, igualtat davant la imposició lingüística i serveis públics eficaços davant la burocràcia”.

PP y Vox han introducido un nuevo paquete de medidas a la ley balear de proyectos estratégicos que va mucho más allá del objetivo inicial de la norma. Entre las medidas se encuentra la creación de una Oficina de Atención a las Personas Afectadas por la Okupación Ilegal, una de las grandes banderas discursivas de la formación de extrema derecha, además de nuevas deducciones por maternidad y natalidad en el IRPF en respuesta al “invierno demográfico” que, según la retórica de los de Santiago Abascal, “amenaza” a la población española.

La utilización de una ley ómnibus para introducir este tipo de cambios permite al Govern de Marga Prohens (PP) acelerar la aprobación de reformas muy heterogéneas bajo un único paraguas legislativo. Se trata de una fórmula que reduce los tiempos parlamentarios y evita que cada modificación tenga que tramitarse mediante una norma específica con debates y dictámenes diferenciados, reduciendo con ello el margen para el escrutinio político y jurídico. La oposición acusa al Ejecutivo autonómico de utilizar la ley de proyectos estratégicos como un “cajón de sastre” para introducir reformas de gran calado aprovechando una tramitación mucho más rápida.

La creación de una oficina antiokupación no es una idea nueva dentro de los acuerdos entre ambos socios de investidura. El Ayuntamiento de Palma ya presentó en 2025 una Oficina Integral de Vivienda y Antiokupación fruto del pacto entre ambas formaciones, una iniciativa que desató las protestas del Sindicat de l’Habitatge y críticas de la oposición, que acusó a Cort de “criminalizar la pobreza” y convertir la okupación en un eje político pese a representar una mínima parte del problema de acceso a la vivienda.

Ahora, PP y Vox pretenden extender ese modelo al conjunto de Balears mediante la creación de una Oficina autonómica de Atención a la Okupación que, según defienden, servirá para asesorar a propietarios afectados. La medida encaja además con la estrategia de los de Abascal de introducir, como denuncian desde la izquierda, estructuras institucionales con fuerte carga ideológica a través de acuerdos presupuestarios y enmiendas legislativas, aprovechando la tramitación acelerada de la ley de proyectos estratégicos para incorporar reformas ajenas a su contenido original.

A través de enmiendas pactadas durante la negociación parlamentaria, ambas formaciones han incorporado cambios en materias tan diversas como fiscalidad, vivienda, okupación ilegal, función pública, lengua catalana, renta social, sanidad o policía local, una fórmula que permite modificar numerosas leyes de manera simultánea y con un debate mucho más limitado que el que tendrían reformas tramitadas por separado.

Entre las medidas también figura la flexibilización del requisito lingüístico en la función pública, que Vox define directamente como “el principio del fin de la imposición lingüística en el empleo público”. También prevén incorporarse nuevas deducciones por maternidad y natalidad en el IRPF que alcanzan los 900 euros por el primer hijo, 1.200 por el segundo, 1.500 por el tercero y hasta 1.800 euros a partir del cuarto.

El paquete pactado entre PP y Vox también incluye rebajas fiscales vinculadas a la compra de vivienda habitual, bonificaciones para viviendas de precio limitado y ventajas para jóvenes, familias numerosas y personas con discapacidad, así como modificaciones en la renta social garantizada, medidas para agilizar proyectos comerciales mediante entidades colaboradoras urbanísticas, cambios en las bolsas educativas y la incorporación de psicólogos generales sanitarios al sistema público.

Las propuestas han sido reivindicadas por los de Abascal como “una batería de logros” arrancados a los conservadores durante la negociación de la ley ómnibus. En una nota de prensa, Vox asegura que “las medidas aprobadas comparten una misma filosofía: libertad frente al intervencionismo, seguridad frente al caos, propiedad privada frente a la ocupación, igualdad frente a la imposición lingüística y servicios públicos eficaces frente a la burocracia”.

“Les Illes Balears són encara un dels destins més segurs i atractius d'Europa tant per a viure com per a invertir”. Així resumeix la immobiliària internacional Engel & Völkers el seu últim informe, en el qual situa a l'arxipèlag com un dels principals “refugis” immobiliaris del continent. No obstant això, la presidenta del Govern, Marga Prohens (PP), ha evitat pronunciar-se sobre aquest diagnòstic quan l'oposició li ha interpel·lat en el Parlament i ha optat per reivindicar la propietat privada, carregant de nou contra l'okupació i apel·lant a la inseguretat que, segons sosté, sofreixen els propietaris. “La majoria dels propietaris no són senyors encorbatats, bancs i fons voltor, sinó petits propietaris, famílies, pensionistes i persones normals que són conscients de la situació”, ha reivindicat.

En el seu informe, Engel & Völkers, participada majoritàriament pel fons de capital de risc britànic Permira, situa Balears com un dels mercats residencials més dinàmics i atractius d'Europa per a la inversió internacional. “En un context global marcat per les tensions geopolítiques i la incertesa econòmica, l'estabilitat s'ha convertit en un valor cada vegada més preuat. I això és precisament el que ofereix Balears. ”Un enclavament segur dins de la Unió Europea, allunyat de zones de conflicte, amb un alt nivell de vida i unes condicions difícils d'igualar al Mediterrani“, assevera l'estudi.

Durant el ple del Parlament, el portaveu del PSIB-PSOE, Iago Negueruela, s'ha recolzat en aquest estudi per a acusar el Govern d'afavorir un model que expulsa als residents: “L'habitatge per a la gent d'aquí és la seva gran promesa, però vegem quins han fet en tres anys. Balears s'ha convertit en el refugi immobiliari d'Europa. I ho diu un mallorquí de soca-rel d'una empresa de soca-rel”, ha ironitzat en al·lusió a Engel & Völkers. En aquesta línia, ha recriminat que sigui “l'empresa de capçalera” de l'Executiu del PP la que estigui “marcant el finançament i la construcció en aquesta comunitat autònoma”.

“Això és on està anant l'habitatge en Balears i per això no es lloga, senyora Prohens, perquè afavoreix que els grans fons comprin aquí”, ha prosseguit el socialista, qui també ha fet referència a les manifestacions realitzades pel gerent de l'empresa immobiliària a Balears, Florian Hofer, qui assevera que, “de cara al futur, Mallorca manté una posició excepcional” gràcies a “una àmplia base internacional de compradors” i “una trajectòria demostrada de resiliència”. “Per això el 40% de les compres les fan alemanys. Per això s'està convertint en un paradís per a invertir”, ha retret Negueruela.

Enfront d'això, la líder autonòmica ha asseverat que el Govern està revertint la situació heretada després de “vuit anys de despropòsits” -en al·lusió a les dues anteriors legislatures d'esquerres-, defensant mesures com les rebaixes fiscals i els estímuls a la compra per a joves. “Treballem per a canviar el rumb: tant de bo es canviés d'un dia per a un altre, però el tenim clar: habitatge assequible per a la gent d'aquí”, ha etzibat. La presidenta ha reivindicat, així mateix, que durant els últims anys s'han registrat els nivells més alts de visats d'habitatge, la majoria d'ells per a plurifamiliars, assegurant a més que la compra d'habitatge per part d'estrangers ha caigut un 33% respecte a 2023, mentre “va guanyant pes la compra d'habitatge per a residents”.

En un altre moment de la sessió plenària, el portaveu de Més per Mallorca, Lluís Apestegua, ha lamentat la situació de “angoixa vital” que afecta desenes de milers de famílies després de decaure el reial decret llei que incloïa la pròrroga automàtica dels contractes de lloguer, denunciant que en els últims cinc anys els lloguers han pujat un 70% i posant en dubte que el mercat lliure pugui resoldre el problema. El ecosoberanista ha defensat la intervenció pública per a frenar una escalada de preus que, afirma, està empenyent a àmplies capes de la població cap a la precarització.

Enfront d'això, Prohens ha optat per un discurs de defensa del petit propietari, rebutjant la imatge de grans tenidors com a responsables únics de la crisi i reivindicant que “la majoria de propietaris no van encorbatats”. Així mateix, ha criticat que “la gent ja no vol posar el seu habitatge en lloguer” per les polítiques de l'esquerra que, en la seva opinió, “protegir els okupes en lloc de protegir els propietaris”.

“Las Islas Baleares siguen afianzándose como uno de los destinos más seguros y atractivos de Europa tanto para vivir como para invertir”. Así resume la inmobiliaria internacional Engel & Völkers su último informe, en el que sitúa al archipiélago como uno de los principales “refugios” inmobiliarios del continente. Sin embargo, la presidenta del Govern, Marga Prohens (PP), ha evitado pronunciarse sobre ese diagnóstico cuando la oposición le ha interpelado en el Parlament y ha optado por reivindicar la propiedad privada, cargando de nuevo contra la okupación y apelando a la inseguridad que, según sostiene, sufren los propietarios. “La mayoría de los propietarios no son señores encorbatados, bancos y fondos buitre, sino pequeños propietarios, familias, pensionistas y personas normales que son conscientes de la situación”, ha reivindicado.

En su informe, Engel & Völkers, participada mayoritariamente por el fondo de capital de riesgo británico Permira, sitúa Balears como uno de los mercados residenciales más dinámicos y atractivos de Europa para la inversión internacional. “En un contexto global marcado por las tensiones geopolíticas y la incertidumbre económica, la estabilidad se ha convertido en un valor cada vez más preciado. Y eso es precisamente lo que ofrece Baleares: un enclave seguro dentro de la Unión Europea, alejado de zonas de conflicto, con un alto nivel de vida y unas condiciones difíciles de igualar en el Mediterráneo”, asevera el estudio.

Durante el pleno del Parlament, el portavoz del PSIB-PSOE, Iago Negueruela, se ha apoyado en este estudio para acusar al Govern de favorecer un modelo que expulsa a los residentes: “La vivienda para la gente de aquí es su gran promesa, pero veamos qué han hecho en tres años. Balears se ha convertido en el refugio inmobiliario de Europa. Y lo dice un mallorquín de pura cepa de una empresa de pura cepa”, ha ironizado en alusión a Engel & Völkers. En esta línea, ha recriminado que sea “la empresa de cabecera” del Ejecutivo del PP la que esté “marcando la financiación y la construcción en esta comunidad autónoma”.

“Esto es adonde está yendo la vivienda en Balears y por eso no se alquila, señora Prohens, porque favorece que los grandes fondos compren aquí”, ha proseguido el socialista, quien también ha hecho referencia a las manifestaciones realizadas por el gerente de la empresa inmobiliaria en Baleares, Florian Hofer, quien asevera que, “de cara al futuro, Mallorca mantiene una posición excepcional” gracias a “una amplia base internacional de compradores” y “una trayectoria demostrada de resiliencia”. “Por eso el 40% de las compras las hacen alemanes. Por eso se está convirtiendo en un paraíso para invertir”, ha reprochado Negueruela.

Frente a ello, la líder autonómica ha aseverado que el Govern está revirtiendo la situación heredada tras “ocho años de despropósitos” -en alusión a las dos anteriores legislaturas de izquierdas-, defendiendo medidas como las rebajas fiscales y los estímulos a la compra para jóvenes. “Trabajamos para cambiar el rumbo: ojalá se cambiara de un día para otro, pero lo tenemos claro: vivienda asequible para la gente de aquí”, ha espetado. La presidenta ha reivindicado, asimismo, que durante los últimos años se han registrado los niveles más altos de visados de vivienda, la mayoría de ellos para plurifamiliares, asegurando además que la compra de vivienda por parte de extranjeros ha caído un 33% respecto a 2023 mientras “va ganando peso la compra de vivienda para residentes”.

En otro momento de la sesión plenaria, el portavoz de Més per Mallorca, Lluís Apestegua, ha lamentado la situación de “angustia vital” que afecta a decenas de miles de familias tras decaer el real decreto ley que incluía la prórroga automática de los contratos de alquiler, denunciando que en los últimos cinco años los alquileres han subido un 70% y poniendo en duda que el mercado libre pueda resolver el problema. El ecosoberanista ha defendido la intervención pública para frenar una escalada de precios que, afirma, está empujando a amplias capas de la población hacia la precarización.

Frente a ello, Prohens ha optado por un discurso de defensa del pequeño propietario, rechazando la imagen de grandes tenedores como responsables únicos de la crisis y reivindicando que “la mayoría de propietarios no van encorbatados”. Asimismo, ha criticado que “la gente ya no quiere poner su vivienda en alquiler” por las políticas de la izquierda que, en su opinión, “proteger a los okupas en lugar de proteger a los propietarios”.

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens (PP), ha prioritzat aquest dimarts la via punitiva sobre la regulació com a mesura per a fer front a la crisi residencial: l''okupació' en el centre de la seva resposta a la crisi residencial. “La propietat privada es defensa i als 'okupes' se'ls treu en 24 hores”, ha asseverat en resposta a una pregunta formulada pel diputat d'Unides Podem, José María García, qui ha recriminat a la líder autonòmica que “criminalitzi la pobresa” i eludeixi l'impuls de mesures estructurals per a garantir l'accés a l'habitatge.

La cambra balear ha tornat a ser aquest testimoni del desacord entre l'Executiu del PP i l'oposició d'esquerres en matèria residencial en un context de preus desbocats. Durant el ple d'aquest dimarts, García ha acusat el Govern de prioritzar un enfocament punitiu enfront de polítiques que garanteixin el dret a l'habitatge. “Fan més per culpabilitzar als qui busquen la manera de tenir un sostre que per buscar-los una alternativa residencial”, ha criticat, qüestionant algunes de les mesures pactades en aquesta matèria entre conservadors i Vox.

Entre elles es troben la creació d'una oficina antiokupació, l'exclusió de persones condemnades per usurpació de l'accés a habitatge públic o la possibilitat que persones jurídiques adquireixin habitatges de preu taxat, propostes que els populars han inclòs en diverses esmenes presentades a la llei autonòmica d'acceleració de projectes estratègics, una norma inicialment impulsada per a agilitzar inversions però convertida al seu pas pel Parlament en una eina per a modificar bona part de l'ordenament autonòmic balear.

El diputat de Podem ha recriminat que aquestes iniciatives no sols no resolen el problema estructural de l'accés a l'habitatge, sinó que agreugen l'exclusió dels col·lectius més vulnerables. “Si vostè tingués una visió social de l'habitatge, hauria facilitat solucions per als qui no poden accedir a una”, ha retret a Prohens.

En la seva rèplica, la cap de l'Executiu ha rebutjat aquestes crítiques, acusant a García de “equiparar la política social d'habitatge amb protegir els delinqüents” i asseverant que l'okupació suposa traslladar la responsabilitat social “a l'esquena dels propietaris”. “Jo ho tinc clar: a l'okupació i als okupes que vostè ha vingut a defensar es treuen fora en 24 hores”, ha etzibat.

La presidenta també ha elevat el to contra el Govern central i, en concret, contra la presidenta del Congrés, Francina Armengol, a qui ha acusat de “ser ”còmplice necessària dels delinqüents“ per no desbloquejar la llei antiokupació impulsada pel PP.

El pes de l'okupació en la crisi de l'habitatge és, segons les dades disponibles, marginal. Les xifres del Ministeri de l'Interior situen les denúncies per usurpació i aplanament en una proporció molt reduïda respecte al conjunt del parc d'habitatges, molt lluny d'explicar les dificultats generalitzades d'accés. A més, organismes com el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) venen assenyalant que la majoria de procediments vinculats a l'okupació no afecten primeres residències, sinó a immobles buits, sovint en mans de grans tenidors.

La dreta desvia així el focus dels factors que afecten els preus de forma més determinant, com l'especulació immobiliària, la pressió del mercat turístic i la creixent compra d'habitatge per part de grans inversors, principalment internacionals. Informes del Banc d'Espanya i estudis acadèmics alerten que la concentració d'habitatge en mans de grans propietaris, al costat de l'auge del lloguer de curta durada i la inversió estrangera en zones tensionades com Balears, redueixen l'oferta residencial i empenyen els preus a l'alça. Aquest procés, unit a la falta de parc públic suficient, es troben en la base d'una crisi d'accés que afecta especialment rendes mitjanes i baixes.

Un recent informe del Ministeri de Consum en col·laboració amb el CSIC revela, així mateix, que el 63% dels habitatges llogats per particulars a Palma pertanyen a multiarrendadors, una xifra superior a la mitjana estatal, que se situa en el 61%.

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens (PP), ha priorizado este martes la vía punitiva sobre la regulación como medida para hacer frente a la crisis habitacional: la 'okupación' en el centro de su respuesta a la crisis habitacional: “La propiedad privada se defiende y a los 'okupas' se les saca en 24 horas”, ha aseverado en respuesta a una pregunta formulada por el diputado de Unides Podem, José María García, quien ha recriminado a la líder autonómica que “criminalice la pobreza” y de eludir el impulso de medidas estructurales para garantizar el acceso a la vivienda.

La cámara balear ha vuelto a ser este testigo del desencuentro entre el Ejecutivo del PP y la oposición de izquierdas en materia habitacional en un contexto de precios desbocados. Durante el pleno de este martes, García ha acusado al Govern de priorizar un enfoque punitivo frente a políticas que garanticen el derecho a la vivienda. “Hacen más por culpabilizar a quienes buscan la manera de tener un techo que por buscarles una alternativa habitacional”, ha criticado, cuestionando algunas de las medidas pactadas en esta materia entre conservadores y Vox.

Entre ellas se encuentran la creación de una oficina antiokupación, la exclusión de personas condenadas por usurpación del acceso a vivienda pública o la posibilidad de que personas jurídicas adquieran viviendas de precio tasado, propuestas que los populares han incluido en varias enmiendas presentadas a la ley autonómica de aceleración de proyectos estratégicos, una norma inicialmente impulsada para agilizar inversiones pero convertida a su paso por el Parlament en una herramienta para modificar buena parte del ordenamiento autonómico balear.

El diputado de Podem ha recriminado que estas iniciativas no solo no resuelven el problema estructural del acceso a la vivienda, sino que agravan la exclusión de los colectivos más vulnerables. “Si usted tuviera una visión social de la vivienda, habría facilitado soluciones para quienes no pueden acceder a una”, ha reprochado a Prohens.

En su réplica, la jefa del Ejecutivo ha rechazado estas críticas, acusando a García de “equiparar la política social de vivienda con proteger a los delincuentes” y aseverando que la okupación supone trasladar la responsabilidad social “a la espalda de los propietarios”. “Yo lo tengo claro: a la okupación y a los okupas que usted ha venido a defender se sacan fuera en 24 horas”, ha espetado.

La presidenta también ha elevado el tono contra el Gobierno central y, en concreto, contra la presidenta del Congreso, Francina Armengol, a quien ha acusado de ser “cómplice necesaria de los delincuentes” por no desbloquear la ley antiokupación impulsada por el PP.

El peso de la okupación en la crisis de la vivienda es, según los datos disponibles, marginal. Las cifras del Ministerio del Interior sitúan las denuncias por usurpación y allanamiento en una proporción muy reducida respecto al conjunto del parque de viviendas, muy lejos de explicar las dificultades generalizadas de acceso. Además, organismos como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) vienen señalando que la mayoría de procedimientos vinculados a la okupación no afectan a primeras residencias, sino a inmuebles vacíos, a menudo en manos de grandes tenedores.

La derecha desvía así el foco de los factores que afectan a los precios de forma más determinante, como la especulación inmobiliaria, la presión del mercado turístico y la creciente compra de vivienda por parte de grandes inversores, principalmente internacionales. Informes del Banco de España y estudios académicos alertan de que la concentración de vivienda en manos de grandes propietarios, junto al auge del alquiler de corta duración y la inversión extranjera en zonas tensionadas como Balears, reducen la oferta residencial y empujan los precios al alza. Este proceso, unido a la falta de parque público suficiente, se encuentran en la base de una crisis de acceso que afecta especialmente a rentas medias y bajas.

Un reciente informe del Ministerio de Consumo en colaboración con el CSIC revela, asimismo, que el 63% de las viviendas alquiladas por particulares en Palma pertenecen a multiarrendadores, una cifra superior a la media estatal, que se sitúa en el 61%.

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens (PP), ha reclamat aquest dijous l'activació d'una contingència migratòria preventiva per frenar l'arribada de menors migrants procedents de Canàries, Ceuta i Melilla, alhora que ha demanat accelerar les repatriacions d'aquells que mantenen contacte amb les seves famílies.

La petició s'ha produït després de la reunió mantinguda al Consolat amb la ministra d'Infància i Joventut, Sira Rego, en una trobada en què també han participat els consells insulars. La líder balear ha traslladat a la ministra la “situació límit” que travessa el sistema de protecció de menors a Balears, tensionat per l'increment d'arribades en els últims anys.

Davant les reclamacions de Prohens, la ministra ha asseverat que “no hi ha contingència a la carta”, defensant que el model de repartiment de menors migrants no acompanyats entre comunitats autònomes és una “història d'èxit”. Tal com ha subratllat, el reial decret ha permès tramitar sense incidències uns 1.500 expedients, asseverant que el sistema prioritza la coordinació entre territoris i l'adaptació a la seva capacitat d'acollida.

La contingència migratòria és una figura amb la qual el decret per a la derivació dels menors habilita les comunitats autònomes que es declarin saturades a reubicar-los en altres regions. Per cursar aquest mecanisme, les autonomies han de triplicar la seva capacitat ordinària d'acollida, cosa que no succeeix en el cas de Balears: per obtenir-la hauria de superar els 1.218 nens i adolescents migrants acollits, un 45% més dels que atén en l'actualitat.

Durant la reunió, la presidenta autonòmica ha explicat que les illes tutelen 733 menors migrants no acompanyats, la qual cosa suposa prop de dos terços del total de menors sota protecció. Encara que aquesta xifra excedeix en 327 places la capacitat ordinària, la qual cosa suposa una sobreocupació superior al 80%, no arriba a triplicar-la, requisit exigit pel decret per activar el mecanisme.

Amb tot, l'Executiu autonòmic i els Consells Insulars han reclamat no solament frenar els trasllats des d'altres territoris, sinó també més finançament estatal per sostenir el sistema. Segons Prohens, els 7,8 milions transferits pel Govern resulten “clarament insuficients” davant l'increment de la pressió assistencial. En paral·lel, han sol·licitat poder recórrer a romanents per afrontar despeses extraordinàries i la retirada de l'últim decret estatal que eleva la capacitat teòrica d'acollida a Balears fins a les 434 places, cosa que, al seu parer, dificulta l'activació de mecanismes de contingència.

La resposta de Rego ha estat contundent. “No hi ha una contingència a la carta”. La ministra ha defensat el reial decret aprovat pel Govern -concebut per distribuir els menors entre comunitats en funció d'indicadors objectius- com “una història d'èxit” i ha apuntat que el text té en compte la situació de cada territori per evitar una major sobrecàrrega.

En aquesta línia, ha considerat “curiós” que Balears critiqui el decret i, al mateix temps, vulgui acollir-s'hi per frenar el repartiment. La ministra ha insistit que no és raonable que cada comunitat determini unilateralment si està saturada, incidint que el model ja preveu no derivar menors a aquells territoris amb els serveis més tensionats.

En relació amb la petició d'accelerar repatriacions, la ministra ha recordat que qualsevol actuació ha de regir-se pel dret internacional i l'interès superior del menor, i ha deixat entendre que aquest tipus de propostes s'emmarquen en acords amb l'extrema dreta.

El passat mes de setembre, el Govern central ja va denegar la petició de Balears d'acollir-se a la contingència migratòria, tal com va anunciar la pròpia Prohens durant una de les seves intervencions en el ple del Parlament balear, en la qual va assegurar que el seu gabinet recorreria “a totes vies” al seu abast per frenar la derivació de menors migrants no acompanyats a les illes.

Un mes després, el Tribunal Suprem va desestimar la primera sol·licitud de mesura cautelaríssima per suspendre els trasllats presentada pel Govern. Segons informava l'alt tribunal, no s'aprecia la concurrència de circumstàncies d'especial urgència que requereixi una suspensió cautelarísima i ordenava la tramitació de l'incident pel procediment ordinari.

Prohens ha aprofitat la trobada per traslladar a la ministra la necessitat de reformar la Llei de protecció de la infància amb l'objectiu d'ampliar els delictes que recull l'article 57 i incloure el delicte d'assetjament quan es comet sobre menors per excloure les persones condemnades per aquests fets de l'accés a professions que impliquen contacte amb menors .

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens (PP), ha reclamado este jueves la activación de una contingencia migratoria preventiva para frenar la llegada de menores migrantes procedentes de Canarias, Ceuta y Melilla, al tiempo que ha pedido acelerar las repatriaciones de aquellos que mantienen contacto con sus familias.

La petición se ha producido tras la reunión mantenida en el Consolat con la ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego, en un encuentro en el que también han participado los consells insulares. La líder balear ha trasladado a la ministra la “situación límite” que atraviesa el sistema de protección de menores en Balears, tensionado por el incremento de llegadas en los últimos años.

Frente a las reclamaciones de Prohens, la ministra ha aseverado que “no hay contingencia a la carta”, defendiendo que el modelo de reparto de menores migrantes no acompañados entre comunidades autónomas es una “historia de éxito”. Tal como ha subrayado, el real decreto ha permitido tramitar sin incidencias unos 1.500 expedientes, aseverando que el sistema prioriza la coordinación entre territorios y la adaptación a su capacidad de acogida.

La contigencia migratoria es una figura con la que el decreto para la derivación de los menores habilita a las comunidades autónomas que se declaren saturadas a reubicarlos en otras regiones. Para cursar este mecanismo, las autonomías deben triplicar su capacidad ordinaria de acogida, algo que no sucede en el caso de Balears: para obtenerla debería superar los 1.218 niños y adolescentes migrantes acogidos, un 45% más de los que atiende en la actualidad.

Durante la reunión, la presidenta autonómica ha explicado que las islas tutelan a 733 menores migrantes no acompañados, lo que supone cerca de dos tercios del total de menores bajo protección. Aunque esta cifra excede en 327 plazas la capacidad ordinaria, lo que supone una sobreocupación superior al 80%, no llega a triplicarla, requisito exigido por el decreto para activar el mecanismo.

Con todo, el Ejecutivo autonómico y los Consells Insulars han reclamado no solo frenar los traslados desde otros territorios, sino también más financiación estatal para sostener el sistema. Según Prohens, los 7,8 millones transferidos por el Gobierno resultan “claramente insuficientes” ante el incremento de la presión asistencial. En paralelo, han solicitado poder recurrir a remanentes para afrontar gastos extraordinarios y la retirada del último decreto estatal que eleva la capacidad teórica de acogida en Balears hasta las 434 plazas, lo que, a su juicio, dificulta la activación de mecanismos de contingencia.

La respuesta de Rego ha sido tajante. “No hay una contingencia a la carta”. La ministra ha defendido el real decreto aprobado por el Gobierno -concebido para distribuir a los menores entre comunidades en función de indicadores objetivos- como “una historia de éxito” y ha apuntado que el texto tiene en cuenta la situación de cada territorio para evitar una mayor sobrecarga.

En esta línea, ha considerado “curioso” que Balears critique el decreto y, al mismo tiempo, quiera acogerse a él para frenar el reparto. La ministra ha insistido en que no es razonable que cada comunidad determine unilateralmente si está saturada, incidiendo en que el modelo ya contempla no derivar menores a aquellos territorios con los servicios más tensionados.

En relación con la petición de acelerar repatriaciones, la ministra ha recordado que cualquier actuación debe regirse por el derecho internacional y el interés superior del menor, y ha deslizado que este tipo de propuestas se enmarcan en acuerdos con la extrema derecha.

El pasado mes de septiembre, el Gobierno central ya denegó la petición de Balears de acogerse a la contingencia migratoria, tal como anunció la propia Prohens durante una de sus intervenciones en el pleno del Parlament balear, en la que aseguró que su gabinete recurriría “a todas vías” a su alcance para frenar la derivación de menores migrantes no acompañados a las islas.

Un mes después, el Tribunal Supremo desestimó la primera solicitud de medida cautelarísima para suspender los traslados presentada por el Govern. Según informaba el alto tribunal, no se aprecia la concurrencia de circunstancias de especial urgencia que requiera una suspensión cautelarísima y ordenaba la tramitación del incidente por el procedimiento ordinario.

Prohens ha aprovechado el encuentro para trasladar a la ministra la necesidad de reformar la Ley de protección de la infancia con el objetivo de ampliar los delitos que recoge el artículo 57 e incluir el delito de acoso cuando se comete sobre menores para excluir a las personas condenadas por estos hechos del acceso a profesiones que implican contacto con menores .

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens (PP), ha advertido este miércoles de un supuesto deterioro de los servicios públicos y de un aumento de la presión sobre la vivienda como consecuencia de la regularización extraordinaria de personas migrantes aprobada por el Gobierno central. Asimismo, ha cuestionado los requisitos previstos en el proceso de regularización y ha aseverado que, a su juicio, no debería bastar con una declaración responsable para acreditar la ausencia de antecedentes penales: “No todo el mundo que llega es un delincuente, no me encontrarán en ese discurso, pero no todo el mundo que viene es un ser de luz”, ha incidido.

La medida, publicada este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE), permitirá que miles de personas en situación administrativa irregular accedan a derechos laborales y sociales básicos. Para Prohens, se trata de una regularización “indiscriminada” que “ignora la emergencia habitacional y la presión asistencial”, a pesar de que los datos desmienten este relato, ampliamente difundido por la derecha y la extrema derecha en contraste con la evidencia disponible.

Entre los estudios que rebaten este diagnóstico se encuentra el Informe de seguimiento del Marco Estratégico de Ciudadanía e Inclusión contra el Racismo y la Xenofobia 2023-2027, que confirma las desigualdades que sufre la población extranjera no comunitaria en educación, empleo, vivienda y acceso a los servicios públicos básicos como la sanidad. Según el documento, estos ciudadanos utilizan menos que los españoles los servicios sanitarios, presentan un abandono escolar temprano y sufren con mayor dureza el incremento de los precios de la vivienda.  

Sin embargo, para la líder balear el resultado de la regulación serán “peores servicios públicos para los ciudadanos de Balears”, recriminando que la medida no va acompañada por el “compromiso de más financiación” y aprovechando para reclamar la renovación del sistema de financiación autonómico. En esta línea, ha recriminado que el coste recae sobre las comunidades autónomas, evitando, no obstante, mencionar el potencial incremento de ingresos públicos derivado de la regularización.

No en vano, instituciones como el  Banco de España subrayan la contribución de la población migrante al mercado laboral y al sostenimiento del sistema de pensiones en un contexto de envejecimiento demográfico. Asimismo, indican que la regularización de migrantes permitirá aumentar las cotizaciones sociales y los ingresos fiscales al aflorar empleo no declarado. Por otro lado, informes académicos y análisis de organismos públicos han cuestionado la relación directa entre migración y criminalidad.

Respecto a la vivienda, Pohens ha reprochado que el Gobierno no tenga en cuenta la problemática que atraviesan las islas en esta materia, obviando el impacto que están teniendo en el encarecimiento del alquiler factores como la presión del alquiler turístico, la escasez de vivienda disponible y la inversión especulativa. Además, distintos informes apuntan a que los hogares migrantes suelen concentrarse en viviendas compartidas o en condiciones de hacinamiento, lo que refleja su limitada capacidad de competir en el mercado inmobiliario.

Con todo, y pese a que las competencias en materia migratoria corresponden al Estado, la presidenta balear ha señalado que el Govern recurrirá ante el Tribunal Supremo y tratará de lograr la suspensión cautelar de la medida, que entrará en vigor este jueves.

Alineamiento con Vox en materia migratoria

En los últimos meses, el PP ha afianzado su alianza en materia migratoria con Vox, su socio de investidura en Balears. Entre otras medidas, los conservadores facilitaron que el partido de extrema derecha sacase adelante una proposición no de ley (PNL) que insta al Gobierno central a deportar a las personas migrantes que, aunque se encuentren en situación legal, cometan algún delito grave o hagan del delito leve “su forma de vida”, así como a aquellos que “decidan no integrarse en la cultura de la nación que la acoge o intente imponer la suya”.

La propuesta apela a la llamada “remigración”, un término que la extrema derecha europea ha popularizado en los últimos años como consigna política, bajo la cual agrupan propuestas como la devolución masiva de migrantes -e incluso de ciudadanos nacionalizados- por motivos culturales o identitarios. El postulado, que no forma parte del marco jurídico español ni de la legislación de otros países europeos, ha sido abanderada especialmente por sectores de la ultraderecha alemana vinculados a Alternativa para Alemania (AfD) así como por formaciones ultras en Austria y Francia. En España, Vox lo ha incorporado a su discurso como eje de su ofensiva migratoria.

La “remigración” va, de este modo, más allá de la expulsión de una persona extranjera conforme a lo previsto en la Ley de Extranjería, es decir, con garantías procedimentales, motivación individualizada y posibilidad de recurso judicial. El término se apoya en valoraciones subjetivas sobre el grado de integración o adaptación cultural, conceptos que no figuran como causa legal de devolución o expulsión.

Aunque el PP se abstuvo en los puntos más extremos -como la expulsión automática de todos los migrantes en situación irregular o la supresión del arraigo-, sí avaló el núcleo de la PNL, que, entre otros puntos, incluye “acabar con las políticas de efecto llamada que han llevado miles de personas a jugarse la vida, y a perderla trágicamente en demasiados casos como consecuencia de las falsas promesas de un futuro mejor a Europa”, suspender la cooperación al desarrollo con países que no colaboren en el control de flujos e impulsar incentivos y bonificaciones fiscales para la contratación de españoles, además de promover una política migratoria “firme, ordenada y de acorde a las necesidades del mercado laboral”.

Endurecimiento de las condiciones de acceso a ayudas

Asimismo, ambas formaciones han alcanzado un acuerdo por el que exigirán un mínimo de tres años de residencia legal ininterrumpida en Balears para poder obtener la renta social garantizada (Resoga). Además, los beneficiarios deberán aceptar ofertas de empleo y permanecer inscritos como demandantes de trabajo, con riesgo de perder la prestación en caso contrario. También se endurecerán los mecanismos de control, revisión y reintegro, reconfigurando el sistema de ayudas autonómicas, una modificación no es menor: altera el acceso a la principal red de protección social de la comunidad y redefine su lógica, introduciendo criterios más restrictivos que, según la propia exposición política de Vox, buscan frenar el “efecto llamada”.

Durante el Debate de Política General celebrado el pasado mes de octubre, Prohens ya anunció el endurecimiento de las condiciones de acceso a las ayudas a los migrantes: “No podemos permitir que haya quien venga aquí con el único propósito de abusar de nuestras ayudas y prestaciones públicas como único medio de vida, y mucho menos que puedan suponer un efecto llamada”, espetó.

Tres meses antes, el Govern nombró como nuevo director general de Inmigración y Cooperación a Manuel Pavón, subinspector de la Policía Nacional y secretario general del Sindicato Unificado de Policía (SUP), quien en una entrevista vinculó la “subida de la violencia” en las islas con “la migración ilegal”, una visión que se alinea con las posiciones más duras del PP así como con los discursos de Vox -socio de investidura de los conservadores en las islas- y otros grupos ultras.

La despesa en viatges oficials del Govern balear ha desencadenat aquest dimarts un dur enfrontament al Parlament entre la diputada del PSIB-PSOE, Mercedes Garrido, i la vicepresidenta segona de l’Executiu, Antònia Estarellas, en un debat marcat per acusacions creuades i xifres que evidencien l’increment de costos en els desplaçaments institucionals respecte a la passada legislatura. En conjunt, el gabinet de Marga Prohens ha gastat 151.841 euros públics en viatges en menys de tres anys de legislatura, una xifra que contrasta amb els 98.173 de tot el mandat anterior per part de l’expresidenta Francina Armengol.

La polèmica sobre el cost dels viatges de Prohens no ha sorgit en el buit. Arriba precedida pel seu viatge institucional al Carib, que ha desfermat les crítiques de l’oposició en un context internacional convuls amb la guerra de l’Iran en el focus. D’aquest desplaçament, que ha provocat l’absència de la presidenta balear durant dues setmanes, n’ha quedat una imatge: la de Prohens ballant bachata en un restaurant de Punta Cana. El vídeo es va viralitzar ràpidament i va ser utilitzat pels grups d’esquerres com a metàfora de la gestió política del Govern i d’una suposada desconnexió amb la realitat de les illes en un moment de dificultats econòmiques.

“La gent que no arriba a final de mes i Prohens al Carib rebent classes de bachata a càrrec dels teus imposts”, va criticar el diputat de Més per Mallorca Ferran Rosa, mentre des del PSIB apuntaven en la mateixa línia: “Mentre el Govern de Pedro Sánchez abaixa els preus del combustible i fa front als efectes que patim per la guerra a l’Iran, Prohens balla al Carib”. La presidenta balear va sortir al pas de les crítiques assegurant que es tractava d’un gest de cortesia cap als seus amfitrions i part d’una agenda institucional habitual.

Aquest dimarts, amb Prohens de tornada al seu escó, el PSIB-PSOE ha qüestionat el model de l’actual Executiu. Ho ha fet a través de Mercedes Garrido, vicepresidenta segona de la cambra autonòmica, amb una pregunta directa: “El Govern està al servei dels seus alts càrrecs o de la ciutadania de Balears?”. Tot seguit, ha passat a desglossar les dades publicades al Portal de Transparència del Govern sobre els costos en viatges. Entre aquestes, els 26.000 euros que va pagar el gabinet de Prohens pel seu viatge a la Fira de Turisme de Madrid (Fitur) de 2025, un desplaçament que va arribar a mobilitzar un total de 32 persones entre membres del gabinet i de l’Executiu. La socialista ho ha contraposat amb els 9.600 euros abonats pel Govern de Francina Armengol en la darrera edició de Fitur a la qual va assistir.

El patró es repeteix en altres viatges. A la fira turística de Londres (WTM), la despesa de l’actual Govern es va elevar a uns 20.000 euros, més del doble que en l’etapa anterior, mentre que a la ITB de Berlín va superar els 18.000. El conjunt inclou desplaçaments a fòrums i actes més breus a Madrid, tot i que Prohens es va desplaçar amb diversos membres del seu gabinet i consellers, a més d’un berenar informatiu que va arribar a gairebé 4.000 euros, gairebé el doble que en el mandat anterior.

“La contenció en la despesa d’aquest Govern és exactament la mateixa que la contenció turística d’aquest Govern. Diuen que reduiran, però en realitat el que fan és incrementar”, ha etzibat la també vicepresidenta segona del Parlament, per a qui aquestes dades “el que demostren és que aquest Govern menteix, com fa amb tot”, denunciant en aquesta línia el seu “despilfarro” en viatges i comitives. Igualment, ha criticat la “incoherència” de l’Executiu del PP en qüestions com l’ús de serveis com Uber durant desplaçaments oficials mentre, segons ha assenyalat, defensa públicament el sector del taxi.

Per la seva banda, Estarellas, consellera de Presidència, ha rebutjat de ple les acusacions i ha qualificat de “totalment fals” el relat de la diputada socialista. “Aquest Govern té un únic compromís: servir els ciutadans d’aquestes illes”, ha afegit. En la seva rèplica, ha acusat el PSIB de fer comparacions interessades i ha recordat que durant l’etapa d’Armengol els viatges institucionals també incloïen comitives similars. “És pràcticament el mateix que feia la senyora Armengol”, ha afirmat, malgrat que les comitives en aquesta legislatura són més àmplies i el cost mitjà per viatge s’ha incrementat notablement. Encara que el nombre total de desplaçaments no difereix substancialment respecte a la legislatura anterior, la despesa per viatge és significativament més alta.

La diferència s’explica, principalment, per la dimensió de les comitives. En alguns casos, el nombre d’acompanyants del gabinet i del Govern duplica el de l’etapa anterior, fet que eleva el cost total de cada desplaçament. Així, mentre en la legislatura anterior la mitjana rondava els 1.000 euros per viatge per al gabinet de la presidenta, en l’actual supera els 2.300 euros.

Des del Govern justifiquen que, durant aquesta legislatura, Prohens ha ostentat la presidència de l'Euroregió Pirineus-Mediterrani, la qual cosa li ha portat a realitzar desplaçaments en aquest sentit. Així mateix, recorden que, en el marc del Comitè Europeu de les Regions, l'Executiu ha impulsat un dictamen sobre sostenibilitat amb el qual, com ja va assenyalar en el seu moment el Govern, l'arxipèlag busca liderar la transformació del model turístic europeu.

També assenyalen que en la passada legislatura va haver-hi dos anys de pandèmia en els quals es va suspendre alguna de les edicions de les fires turístiques i que les conferències de presidents se celebraven de manera telemàtica. Respecte al desplegament de les 32 persones que van acudir l'any passat a Fitur, asseguren que no sols van acudir les mateixes persones que la passada legislatura, sinó també el conseller de Turisme amb el seu gabinet i l'equip de l'Agència d'Estratègia Turística de les Illes Balears (AETIB). Pel fet que durant la fira també es va dur a terme una presentació cultural, també va acudir el secretari autonòmic de Cultura i Esports, així com el d'Agricultura, amb part del seu gabinet, en incorporar-se un espai gastronòmic en l'estand de les illes per a promocionar el producte local.

El gasto en viajes oficiales del Govern balear ha desatado este martes un duro enfrentamiento en el Parlament entre la diputada del PSIB-PSOE, Mercedes Garrido, y la vicepresidenta segunda del Ejecutivo, Antònia Estarellas, en un debate marcado por acusaciones cruzadas y cifras que evidencian el incremento de costes en los desplazamientos institucionales respecto a la pasada legislatura. En conjunto, el gabinete de Marga Prohens ha gastado 151.841 euros públicos en 25 viajes realizados en menos de tres años de lesgislatura, una cifra que contrasta con los 98.173 abonados en los 33 desplazamientos llevados cabo a lo largo de todo el mandato anterior por parte de la expresidenta Francina Armengol.

La polémica sobre el coste de los viajes de Prohens no ha surgido en el vacío. Llega precedida por su viaje institucional al Caribe, que ha desatado las críticas de la oposición en un contexto internacional convulso con la guerra de Irán en el foco. De ese desplazamiento, que ha provocado la ausencia de la presidenta balear durante dos semanas, ha quedado una imagen: la de Prohens bailando bachata en un restaurante de Punta Cana. El vídeo se viralizó rápidamente, siendo esgrimido por los grupos de izquierdas como metáfora de la gestión política del Govern y de una supuesta desconexión con la realidad de las islas en un momento de dificultades económicas.

“La gente que no llega a finales de mes y Prohens en el Caribe recibiendo clases de bachata a cargo de tus impuestos”, criticó el diputado de Més per Mallorca Ferran Rosa, mientras desde el PSIB criticaban en la misma línea: “Mientras el Gobierno de Pedro Sánchez baja los precios del combustible y hace frente a los efectos que sufrimos por la guerra en Irán, Prohens baila en el Caribe”. La presidenta balear salió al paso de las críticas asegurando que se trató de un gesto de cortesía hacia sus anfitriones y parte de una agenda institucional habitual.

Este martes, con Prohens de vuelta en su escaño, el PSIB-PSOE ha cuestionado el modelo del actual Ejecutivo. Lo ha hecho a través de Mercedes Garrido, vicepresidenta segunda de la Cámara autonómica, con una pregunta directa: “¿El Govern está al servicio de sus altos cargos o de la ciudadanía de Balears?”. Acto seguido ha pasado a desglosar los datos publicados en el Portal de Transparencia del Govern sobre los costes gubernamentales en viajes. Entre ellos, los 26.000 euros que pagó el gabinete de Prohens por su viaje a la Feria de Turismo de Madrid (Fitur) de 2025, un desplazamiento que llegó a movilizar a un total de 32 personas entre miembros de gabinete y Ejecutivo. La socialista lo ha contrapuesto con los 9.600 abonados por el Ejecutivo de Francina Armengol en la última edición de Fitur a la que asistió.

El patrón se repite en otros viajes. En la feria turística de Londres (WTM), el gasto del actual Govern se elevó a unos 20.000 euros, más del doble que en la etapa anterior, mientras que en la ITB de Berlín superó los 18.000. El contunto incluye desplazamientos a foros y actos más breves en Madrid, a pesar de lo cual Prohens se desplazó con varios miembros de su gabinete y de sus consellers, además de un desayuno informativo que alcanzó cerca de 4.000 euros, casi el doble que en el anterior mandato.

“La contención en el gasto de este Govern es exactamente el mismo que la contención turística de este Govern. Dicen que reducirán, pero en realidad lo que hacen es incrementar”, ha espetado la también vicepresidenta segunda del Parlament, para quien estos datos “lo que demuestran es que este Govern miente, como hace con todo”, denunciando en esta línea su “despilfarro” en viajes y comitivas. Del mismo modo, ha criticado la “incoherencia” del Ejecutivo del PP en cuestiones como el uso de servicios como Uber durante desplazamientos oficiales mientras, ha señalado, defiende públicamente al sector del taxi.

Por su parte, Estarellas, consellera de Presidencia, ha rechazado de plano las acusaciones y ha calificado de “totalmente falso” el relato de la diputada socialista. “Este Govern tiene un único compromiso: servir a los ciudadanos de estas islas”, ha apostillado. En su réplica, ha acusado al PSIB de realizar comparaciones interesadas y ha recordado que durante la etapa de Armengol los viajes institucionales también incluían comitivas similares. “Es prácticamente lo mismo que hacía la señora Armengol”, ha afirmado, a pesar de que las comitivas en esta legislatura son más amplias y el coste medio por viaje se ha incrementado notablemente. Aunque el número total de desplazamientos no difiere sustancialmente respecto a la legislatura anterior, el gasto por viaje es significativamente mayor.

La diferencia se explica, principalmente, por el tamaño de las comitivas. En algunos casos, el número de acompañantes del gabinete y del Govern duplica al de la etapa anterior, lo que eleva el coste total de cada desplazamiento. Así, mientras en la anterior legislatura la media rondaba los 1.000 euros por viaje para el gabinete de la presidenta, en la actual supera los 2.300 euros.

Desde el Govern justifican que, durante esta legislatura, Prohens ha ostentado la presidencia de la Euroregión Pirineos-Mediterráneo, lo que le ha llevado a realizar más desplazamientos. Asimismo, recuerdan que, en el marco del Comité Europeo de las Regiones, el Ejecutivo ha impulsado un dictamen sobre sostenibilidad con el que, como ya señaló en su momento el Govern, el archipiélago busca liderar la transformación del modelo turístico europeo.

También señalan que en la pasada legislatura hubo dos años de pandemia en los que se suspendió alguna de las ediciones de las ferias turísticas y que las conferencias de presidentes se celebraban de manera telemática. Respecto al despliegue de las 32 personas que acudieron el año pasado a Fitur, aseguran que no solo acudieron las mismas personas que la pasada legislatura, sino también el conseller de Turismo con su gabinete y el equipo de la Agencia de Estrategia Turística de las Illes Balears (AETIB). Debido a que durante la feria también se llevó a cabo una presentación cultural, también acudió el secretario autonómico de Cultura y Deportes, así como el de Agricultura, con parte de su gabinete, al incorporarse un espacio gastronómico en el stand de las islas para promocionar el producto local.

El conseller balear d'Agricultura, Joan Simonet, ha responsabilitzat el “mercat” del tancament de l'empresa Agama, peça clau de la indústria làctia balear, justificant així que el Govern del PP no hagi pogut impedir el desenllaç de la històrica central. “A vegades les empreses tanquen per la llei del mercat, perquè simplement no han volgut innovar, per decisions equivocades o per circumstàncies alienes. I aquí l'Administració poca cosa pot fer. Això no és la Rússia soviètica”, ha etzibat, contraposant un model en què “tot era de l'Estat” -i que, segons el seu relat, “va acabar com va acabar”- i desplaçant el focus des de la responsabilitat política cap a l'empresarial.

Durant la seva compareixença en el ple del Parlament balear per abordar el tancament d'Agama, Simonet ha incidit en què l'administració pública no pot assumir el paper de les empreses privades ni intervenir directament en les seves decisions, fins i tot en un context de tancament com el d'Agama. Malgrat reivindicar en altres ocasions el sector primari com a element clau per a la sobirania alimentària, l'equilibri territorial i la diversificació econòmica de Balears, el conseller ha abundat en què “el Govern no pot posar vaques ni munyir-les”, defensant de nou que la continuïtat de projectes industrials depèn de la seva viabilitat econòmica i de l'interès d'inversors i productors.

Amb tot, el titular d'Agricultura ha asseverat que l'Executiu autonòmic ha posat “les eines” sobre la taula a través d'ajudes i incentius, però ha subratllat que correspon al propi sector decidir cap a on vol evolucionar. Al respecte, ha apuntat que alguns ramaders ja estan optant per models alternatius, com produccions més petites o diversificades -amb cabres o ovelles- orientades a productes de més valor afegit, defensant que aquests poden ser fins i tot més rendibles que les grans explotacions.

En el seu discurs, el conseller també ha apel·lat a la necessitat de replantejar el model productiu, qüestionant si és sostenible mantenir grans volums de producció lletó o explotacions intensives. Segons el seu parer, el sector agrari no pot entendre's com una estructura “estancada” en asseverar que aquest evoluciona constantment en funció del mercat, els canvis socials i les condicions ambientals. Simonet ha insistit que el Govern està “essencialment per donar suport a iniciatives de futur, amb ajudes molt dotades”, passant a continuació a enumerar, entre altres, les línies d'inversió efectuada pel seu departament en matèria de transformació agroalimentària i comercialització. En aquest sentit, ha insistit que, si els propis productors decideixen no apostar per determinades iniciatives, l'administració no pot imposar un model concret ni substituir la iniciativa privada.

En aquest sentit, Simonet ha anunciat que el Govern destinarà cinc milions d'euros, amb càrrec a l'impost de turisme sostenible (ITS), per finançar nous projectes estratègics en el sector agroalimentari després del tancament d'Agama, una quantitat que el conseller ha emmarcat en una estratègia de transformació del model productiu i de reforç de la competitivitat del sector primari. La partida, ha incidit, no té res a veure amb les mesures que l'Executiu té previst adoptar per ajudar el sector a fer front a les conjuntures econòmiques derivades de la guerra a l'Iran i del context de conflicte bèl·lic internacional.

La seva intervenció ha despertat les crítiques dels grups de l'oposició, entre elles les del portaveu adjunt del PSIB-PSOE, Marc Pons, qui ha denunciat la falta de respostes del Govern pocs dies abans del tancament d'Agama. El socialista ha retret que, després d'una compareixença de gairebé una hora, Simonet no hagi estat capaç de concretar què passarà amb la llet produïda a Mallorca ni quines alternatives existeixen per evitar la desaparició del sector. “Què farem a partir del dia 31?”, ha insistit, subratllant la incertesa en la qual, ha assenyalat, quedaran els productors.

En aquesta línia, Pons ha acusat el conseller de limitar-se a afirmar que s'estan “buscant fórmules” sense detallar cap mesura concreta, cosa que, a parer seu, evidencia la manca de planificació i anticipació de l'Executiu. En aquest sentit, ha considerat que el discurs del Govern sobre la sobirania alimentària queda “liquidat” davant el tancament de tota la producció làctia a Mallorca sense una resposta clara per part de l'administració, alhora que ha recriminat que traslladi la responsabilitat al mercat o a les decisions empresarials sense assumir el paper que li correspon a l'Administració.

El PSIB: “El Govern ha tirat la tovallola”

El diputat ha advertit que aquesta actitud suposa, en la pràctica, “tirar la tovallola” i acceptar la desaparició del sector lacti a l'illa sense desplegar les eines pertinents per a evitar-ho. Així mateix, ha denunciat la falta de lideratge polític i de coordinació entre Conselleries, apuntant especialment a l'absència d'una estratègia conjunta entre Agricultura i Indústria que permeti donar una resposta estructural a la crisi. Segons ha recordat, el Govern es va comprometre fa dos anys a impulsar un pla agrari “pactat entre tots”. “Han passat dos anys, però no ens han convocat més vegades ni hem sabut res més”, ha lamentat.

El portaveu adjunt socialista ha contraposat aquesta situació amb la gestió de l'anterior legislatura, quan, en plena pandèmia, el Govern llavors presidit per Francina Armengol va ser capaç d'articular respostes ràpides davant situacions de crisi empresarial. “Centenars d'empreses, amb bona coordinació, van rebre una resposta veloç”, ha subratllat, criticant així mateix les vegades que Vox, soci d'investidura del PP, “s'ha gratat aquí les vestidures en benefici del sector o en defensa del sector primari”. Finalment, Pons ha lamentat que la compareixença de Simonet hagi conclòs sense haver ofert “cap explicació”: “L'única cosa que hem vist ha estat la seva resignació cap a la mort del sector lleter a Mallorca. I això, agradi o no agradi, marcarà la legislatura del Govern de Marga Prohens”.

A principis de març, el Grup Damm, que en 2017 va adquirir Agama, va comunicar a la plantilla la seva intenció pròxima de tancar l'empresa mallorquina, un anunci que arribava mesos després que la cervesera informés que deixaria de comprar llet a les tres vaqueries mallorquines que distribueixen a la lletera, encenent totes les alarmes entre treballadors i ramaders.

La incertesa dels 16 empleats de la plantilla

La companyia va traslladar a la representació legal dels treballadors l'inici d'un procediment d'acomiadament col·lectiu conforme a la normativa vigent, encara que assegura que treballa en un pla de recol·locació per als 16 empleats de la planta de Palma en diferents empreses del grup amb l'objectiu de minimitzar l'impacte laboral. Els empleats, per part seva, lamenten la decisió adoptada, encara que admeten que es tracta d'un anunci que “es veia venir”.

Durant els últims mesos, els treballadors han treballat en una proposta que consideraven viable: deixar Agama en mans de la plantilla mitjançant un pont financer d'1,2 milions d'euros, equivalent als fons públics que Damm ha de retornar si cessa la seva activitat, i que els treballadors proposaven reinvertir a donar continuïtat a la marca sota un model cooperatiu. No obstant això, el delegat de Personal i Prevenció de CCOO d'Agama, Jesús Ávila, va lamentar en declaracions a elDiario.es que no hi ha hagut reunions conjuntes que permetessin fer realitat la proposta, cosa que ha impedit construir i defensar de manera adequada la iniciativa.

El 2017, Agama va ser adquirida pel grup cerveser i, després d'anys d'alts i baixos, el passat 26 de setembre l'empresa va comunicar a les tres vaqueries de Mallorca que abasten la marca la seva intenció de deixar de comprar-los llet a partir de desembre de 2026. “Quin poble es permet tancar la seva indústria lletera? Si tanca Agama, serà un atemptat contra la sobirania alimentària de Balears”, van recriminar aleshores les associacions que representen els pagesos de Mallorca.