La presidenta del Govern balear, Marga Prohens (PP), ha advertido este miércoles de un supuesto deterioro de los servicios públicos y de un aumento de la presión sobre la vivienda como consecuencia de la regularización extraordinaria de personas migrantes aprobada por el Gobierno central. Asimismo, ha cuestionado los requisitos previstos en el proceso de regularización y ha aseverado que, a su juicio, no debería bastar con una declaración responsable para acreditar la ausencia de antecedentes penales: “No todo el mundo que llega es un delincuente, no me encontrarán en ese discurso, pero no todo el mundo que viene es un ser de luz”, ha incidido.

La medida, publicada este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE), permitirá que miles de personas en situación administrativa irregular accedan a derechos laborales y sociales básicos. Para Prohens, se trata de una regularización “indiscriminada” que “ignora la emergencia habitacional y la presión asistencial”, a pesar de que los datos desmienten este relato, ampliamente difundido por la derecha y la extrema derecha en contraste con la evidencia disponible.

Entre los estudios que rebaten este diagnóstico se encuentra el Informe de seguimiento del Marco Estratégico de Ciudadanía e Inclusión contra el Racismo y la Xenofobia 2023-2027, que confirma las desigualdades que sufre la población extranjera no comunitaria en educación, empleo, vivienda y acceso a los servicios públicos básicos como la sanidad. Según el documento, estos ciudadanos utilizan menos que los españoles los servicios sanitarios, presentan un abandono escolar temprano y sufren con mayor dureza el incremento de los precios de la vivienda.  

Sin embargo, para la líder balear el resultado de la regulación serán “peores servicios públicos para los ciudadanos de Balears”, recriminando que la medida no va acompañada por el “compromiso de más financiación” y aprovechando para reclamar la renovación del sistema de financiación autonómico. En esta línea, ha recriminado que el coste recae sobre las comunidades autónomas, evitando, no obstante, mencionar el potencial incremento de ingresos públicos derivado de la regularización.

No en vano, instituciones como el  Banco de España subrayan la contribución de la población migrante al mercado laboral y al sostenimiento del sistema de pensiones en un contexto de envejecimiento demográfico. Asimismo, indican que la regularización de migrantes permitirá aumentar las cotizaciones sociales y los ingresos fiscales al aflorar empleo no declarado. Por otro lado, informes académicos y análisis de organismos públicos han cuestionado la relación directa entre migración y criminalidad.

Respecto a la vivienda, Pohens ha reprochado que el Gobierno no tenga en cuenta la problemática que atraviesan las islas en esta materia, obviando el impacto que están teniendo en el encarecimiento del alquiler factores como la presión del alquiler turístico, la escasez de vivienda disponible y la inversión especulativa. Además, distintos informes apuntan a que los hogares migrantes suelen concentrarse en viviendas compartidas o en condiciones de hacinamiento, lo que refleja su limitada capacidad de competir en el mercado inmobiliario.

Con todo, y pese a que las competencias en materia migratoria corresponden al Estado, la presidenta balear ha señalado que el Govern recurrirá ante el Tribunal Supremo y tratará de lograr la suspensión cautelar de la medida, que entrará en vigor este jueves.

Alineamiento con Vox en materia migratoria

En los últimos meses, el PP ha afianzado su alianza en materia migratoria con Vox, su socio de investidura en Balears. Entre otras medidas, los conservadores facilitaron que el partido de extrema derecha sacase adelante una proposición no de ley (PNL) que insta al Gobierno central a deportar a las personas migrantes que, aunque se encuentren en situación legal, cometan algún delito grave o hagan del delito leve “su forma de vida”, así como a aquellos que “decidan no integrarse en la cultura de la nación que la acoge o intente imponer la suya”.

La propuesta apela a la llamada “remigración”, un término que la extrema derecha europea ha popularizado en los últimos años como consigna política, bajo la cual agrupan propuestas como la devolución masiva de migrantes -e incluso de ciudadanos nacionalizados- por motivos culturales o identitarios. El postulado, que no forma parte del marco jurídico español ni de la legislación de otros países europeos, ha sido abanderada especialmente por sectores de la ultraderecha alemana vinculados a Alternativa para Alemania (AfD) así como por formaciones ultras en Austria y Francia. En España, Vox lo ha incorporado a su discurso como eje de su ofensiva migratoria.

La “remigración” va, de este modo, más allá de la expulsión de una persona extranjera conforme a lo previsto en la Ley de Extranjería, es decir, con garantías procedimentales, motivación individualizada y posibilidad de recurso judicial. El término se apoya en valoraciones subjetivas sobre el grado de integración o adaptación cultural, conceptos que no figuran como causa legal de devolución o expulsión.

Aunque el PP se abstuvo en los puntos más extremos -como la expulsión automática de todos los migrantes en situación irregular o la supresión del arraigo-, sí avaló el núcleo de la PNL, que, entre otros puntos, incluye “acabar con las políticas de efecto llamada que han llevado miles de personas a jugarse la vida, y a perderla trágicamente en demasiados casos como consecuencia de las falsas promesas de un futuro mejor a Europa”, suspender la cooperación al desarrollo con países que no colaboren en el control de flujos e impulsar incentivos y bonificaciones fiscales para la contratación de españoles, además de promover una política migratoria “firme, ordenada y de acorde a las necesidades del mercado laboral”.

Endurecimiento de las condiciones de acceso a ayudas

Asimismo, ambas formaciones han alcanzado un acuerdo por el que exigirán un mínimo de tres años de residencia legal ininterrumpida en Balears para poder obtener la renta social garantizada (Resoga). Además, los beneficiarios deberán aceptar ofertas de empleo y permanecer inscritos como demandantes de trabajo, con riesgo de perder la prestación en caso contrario. También se endurecerán los mecanismos de control, revisión y reintegro, reconfigurando el sistema de ayudas autonómicas, una modificación no es menor: altera el acceso a la principal red de protección social de la comunidad y redefine su lógica, introduciendo criterios más restrictivos que, según la propia exposición política de Vox, buscan frenar el “efecto llamada”.

Durante el Debate de Política General celebrado el pasado mes de octubre, Prohens ya anunció el endurecimiento de las condiciones de acceso a las ayudas a los migrantes: “No podemos permitir que haya quien venga aquí con el único propósito de abusar de nuestras ayudas y prestaciones públicas como único medio de vida, y mucho menos que puedan suponer un efecto llamada”, espetó.

Tres meses antes, el Govern nombró como nuevo director general de Inmigración y Cooperación a Manuel Pavón, subinspector de la Policía Nacional y secretario general del Sindicato Unificado de Policía (SUP), quien en una entrevista vinculó la “subida de la violencia” en las islas con “la migración ilegal”, una visión que se alinea con las posiciones más duras del PP así como con los discursos de Vox -socio de investidura de los conservadores en las islas- y otros grupos ultras.

La despesa en viatges oficials del Govern balear ha desencadenat aquest dimarts un dur enfrontament al Parlament entre la diputada del PSIB-PSOE, Mercedes Garrido, i la vicepresidenta segona de l’Executiu, Antònia Estarellas, en un debat marcat per acusacions creuades i xifres que evidencien l’increment de costos en els desplaçaments institucionals respecte a la passada legislatura. En conjunt, el gabinet de Marga Prohens ha gastat 151.841 euros públics en viatges en menys de tres anys de legislatura, una xifra que contrasta amb els 98.173 de tot el mandat anterior per part de l’expresidenta Francina Armengol.

La polèmica sobre el cost dels viatges de Prohens no ha sorgit en el buit. Arriba precedida pel seu viatge institucional al Carib, que ha desfermat les crítiques de l’oposició en un context internacional convuls amb la guerra de l’Iran en el focus. D’aquest desplaçament, que ha provocat l’absència de la presidenta balear durant dues setmanes, n’ha quedat una imatge: la de Prohens ballant bachata en un restaurant de Punta Cana. El vídeo es va viralitzar ràpidament i va ser utilitzat pels grups d’esquerres com a metàfora de la gestió política del Govern i d’una suposada desconnexió amb la realitat de les illes en un moment de dificultats econòmiques.

“La gent que no arriba a final de mes i Prohens al Carib rebent classes de bachata a càrrec dels teus imposts”, va criticar el diputat de Més per Mallorca Ferran Rosa, mentre des del PSIB apuntaven en la mateixa línia: “Mentre el Govern de Pedro Sánchez abaixa els preus del combustible i fa front als efectes que patim per la guerra a l’Iran, Prohens balla al Carib”. La presidenta balear va sortir al pas de les crítiques assegurant que es tractava d’un gest de cortesia cap als seus amfitrions i part d’una agenda institucional habitual.

Aquest dimarts, amb Prohens de tornada al seu escó, el PSIB-PSOE ha qüestionat el model de l’actual Executiu. Ho ha fet a través de Mercedes Garrido, vicepresidenta segona de la cambra autonòmica, amb una pregunta directa: “El Govern està al servei dels seus alts càrrecs o de la ciutadania de Balears?”. Tot seguit, ha passat a desglossar les dades publicades al Portal de Transparència del Govern sobre els costos en viatges. Entre aquestes, els 26.000 euros que va pagar el gabinet de Prohens pel seu viatge a la Fira de Turisme de Madrid (Fitur) de 2025, un desplaçament que va arribar a mobilitzar un total de 32 persones entre membres del gabinet i de l’Executiu. La socialista ho ha contraposat amb els 9.600 euros abonats pel Govern de Francina Armengol en la darrera edició de Fitur a la qual va assistir.

El patró es repeteix en altres viatges. A la fira turística de Londres (WTM), la despesa de l’actual Govern es va elevar a uns 20.000 euros, més del doble que en l’etapa anterior, mentre que a la ITB de Berlín va superar els 18.000. El conjunt inclou desplaçaments a fòrums i actes més breus a Madrid, tot i que Prohens es va desplaçar amb diversos membres del seu gabinet i consellers, a més d’un berenar informatiu que va arribar a gairebé 4.000 euros, gairebé el doble que en el mandat anterior.

“La contenció en la despesa d’aquest Govern és exactament la mateixa que la contenció turística d’aquest Govern. Diuen que reduiran, però en realitat el que fan és incrementar”, ha etzibat la també vicepresidenta segona del Parlament, per a qui aquestes dades “el que demostren és que aquest Govern menteix, com fa amb tot”, denunciant en aquesta línia el seu “despilfarro” en viatges i comitives. Igualment, ha criticat la “incoherència” de l’Executiu del PP en qüestions com l’ús de serveis com Uber durant desplaçaments oficials mentre, segons ha assenyalat, defensa públicament el sector del taxi.

Per la seva banda, Estarellas, consellera de Presidència, ha rebutjat de ple les acusacions i ha qualificat de “totalment fals” el relat de la diputada socialista. “Aquest Govern té un únic compromís: servir els ciutadans d’aquestes illes”, ha afegit. En la seva rèplica, ha acusat el PSIB de fer comparacions interessades i ha recordat que durant l’etapa d’Armengol els viatges institucionals també incloïen comitives similars. “És pràcticament el mateix que feia la senyora Armengol”, ha afirmat, malgrat que les comitives en aquesta legislatura són més àmplies i el cost mitjà per viatge s’ha incrementat notablement. Encara que el nombre total de desplaçaments no difereix substancialment respecte a la legislatura anterior, la despesa per viatge és significativament més alta.

La diferència s’explica, principalment, per la dimensió de les comitives. En alguns casos, el nombre d’acompanyants del gabinet i del Govern duplica el de l’etapa anterior, fet que eleva el cost total de cada desplaçament. Així, mentre en la legislatura anterior la mitjana rondava els 1.000 euros per viatge per al gabinet de la presidenta, en l’actual supera els 2.300 euros.

Des del Govern justifiquen que, durant aquesta legislatura, Prohens ha ostentat la presidència de l'Euroregió Pirineus-Mediterrani, la qual cosa li ha portat a realitzar desplaçaments en aquest sentit. Així mateix, recorden que, en el marc del Comitè Europeu de les Regions, l'Executiu ha impulsat un dictamen sobre sostenibilitat amb el qual, com ja va assenyalar en el seu moment el Govern, l'arxipèlag busca liderar la transformació del model turístic europeu.

També assenyalen que en la passada legislatura va haver-hi dos anys de pandèmia en els quals es va suspendre alguna de les edicions de les fires turístiques i que les conferències de presidents se celebraven de manera telemàtica. Respecte al desplegament de les 32 persones que van acudir l'any passat a Fitur, asseguren que no sols van acudir les mateixes persones que la passada legislatura, sinó també el conseller de Turisme amb el seu gabinet i l'equip de l'Agència d'Estratègia Turística de les Illes Balears (AETIB). Pel fet que durant la fira també es va dur a terme una presentació cultural, també va acudir el secretari autonòmic de Cultura i Esports, així com el d'Agricultura, amb part del seu gabinet, en incorporar-se un espai gastronòmic en l'estand de les illes per a promocionar el producte local.

El gasto en viajes oficiales del Govern balear ha desatado este martes un duro enfrentamiento en el Parlament entre la diputada del PSIB-PSOE, Mercedes Garrido, y la vicepresidenta segunda del Ejecutivo, Antònia Estarellas, en un debate marcado por acusaciones cruzadas y cifras que evidencian el incremento de costes en los desplazamientos institucionales respecto a la pasada legislatura. En conjunto, el gabinete de Marga Prohens ha gastado 151.841 euros públicos en 25 viajes realizados en menos de tres años de lesgislatura, una cifra que contrasta con los 98.173 abonados en los 33 desplazamientos llevados cabo a lo largo de todo el mandato anterior por parte de la expresidenta Francina Armengol.

La polémica sobre el coste de los viajes de Prohens no ha surgido en el vacío. Llega precedida por su viaje institucional al Caribe, que ha desatado las críticas de la oposición en un contexto internacional convulso con la guerra de Irán en el foco. De ese desplazamiento, que ha provocado la ausencia de la presidenta balear durante dos semanas, ha quedado una imagen: la de Prohens bailando bachata en un restaurante de Punta Cana. El vídeo se viralizó rápidamente, siendo esgrimido por los grupos de izquierdas como metáfora de la gestión política del Govern y de una supuesta desconexión con la realidad de las islas en un momento de dificultades económicas.

“La gente que no llega a finales de mes y Prohens en el Caribe recibiendo clases de bachata a cargo de tus impuestos”, criticó el diputado de Més per Mallorca Ferran Rosa, mientras desde el PSIB criticaban en la misma línea: “Mientras el Gobierno de Pedro Sánchez baja los precios del combustible y hace frente a los efectos que sufrimos por la guerra en Irán, Prohens baila en el Caribe”. La presidenta balear salió al paso de las críticas asegurando que se trató de un gesto de cortesía hacia sus anfitriones y parte de una agenda institucional habitual.

Este martes, con Prohens de vuelta en su escaño, el PSIB-PSOE ha cuestionado el modelo del actual Ejecutivo. Lo ha hecho a través de Mercedes Garrido, vicepresidenta segunda de la Cámara autonómica, con una pregunta directa: “¿El Govern está al servicio de sus altos cargos o de la ciudadanía de Balears?”. Acto seguido ha pasado a desglosar los datos publicados en el Portal de Transparencia del Govern sobre los costes gubernamentales en viajes. Entre ellos, los 26.000 euros que pagó el gabinete de Prohens por su viaje a la Feria de Turismo de Madrid (Fitur) de 2025, un desplazamiento que llegó a movilizar a un total de 32 personas entre miembros de gabinete y Ejecutivo. La socialista lo ha contrapuesto con los 9.600 abonados por el Ejecutivo de Francina Armengol en la última edición de Fitur a la que asistió.

El patrón se repite en otros viajes. En la feria turística de Londres (WTM), el gasto del actual Govern se elevó a unos 20.000 euros, más del doble que en la etapa anterior, mientras que en la ITB de Berlín superó los 18.000. El contunto incluye desplazamientos a foros y actos más breves en Madrid, a pesar de lo cual Prohens se desplazó con varios miembros de su gabinete y de sus consellers, además de un desayuno informativo que alcanzó cerca de 4.000 euros, casi el doble que en el anterior mandato.

“La contención en el gasto de este Govern es exactamente el mismo que la contención turística de este Govern. Dicen que reducirán, pero en realidad lo que hacen es incrementar”, ha espetado la también vicepresidenta segunda del Parlament, para quien estos datos “lo que demuestran es que este Govern miente, como hace con todo”, denunciando en esta línea su “despilfarro” en viajes y comitivas. Del mismo modo, ha criticado la “incoherencia” del Ejecutivo del PP en cuestiones como el uso de servicios como Uber durante desplazamientos oficiales mientras, ha señalado, defiende públicamente al sector del taxi.

Por su parte, Estarellas, consellera de Presidencia, ha rechazado de plano las acusaciones y ha calificado de “totalmente falso” el relato de la diputada socialista. “Este Govern tiene un único compromiso: servir a los ciudadanos de estas islas”, ha apostillado. En su réplica, ha acusado al PSIB de realizar comparaciones interesadas y ha recordado que durante la etapa de Armengol los viajes institucionales también incluían comitivas similares. “Es prácticamente lo mismo que hacía la señora Armengol”, ha afirmado, a pesar de que las comitivas en esta legislatura son más amplias y el coste medio por viaje se ha incrementado notablemente. Aunque el número total de desplazamientos no difiere sustancialmente respecto a la legislatura anterior, el gasto por viaje es significativamente mayor.

La diferencia se explica, principalmente, por el tamaño de las comitivas. En algunos casos, el número de acompañantes del gabinete y del Govern duplica al de la etapa anterior, lo que eleva el coste total de cada desplazamiento. Así, mientras en la anterior legislatura la media rondaba los 1.000 euros por viaje para el gabinete de la presidenta, en la actual supera los 2.300 euros.

Desde el Govern justifican que, durante esta legislatura, Prohens ha ostentado la presidencia de la Euroregión Pirineos-Mediterráneo, lo que le ha llevado a realizar más desplazamientos. Asimismo, recuerdan que, en el marco del Comité Europeo de las Regiones, el Ejecutivo ha impulsado un dictamen sobre sostenibilidad con el que, como ya señaló en su momento el Govern, el archipiélago busca liderar la transformación del modelo turístico europeo.

También señalan que en la pasada legislatura hubo dos años de pandemia en los que se suspendió alguna de las ediciones de las ferias turísticas y que las conferencias de presidentes se celebraban de manera telemática. Respecto al despliegue de las 32 personas que acudieron el año pasado a Fitur, aseguran que no solo acudieron las mismas personas que la pasada legislatura, sino también el conseller de Turismo con su gabinete y el equipo de la Agencia de Estrategia Turística de las Illes Balears (AETIB). Debido a que durante la feria también se llevó a cabo una presentación cultural, también acudió el secretario autonómico de Cultura y Deportes, así como el de Agricultura, con parte de su gabinete, al incorporarse un espacio gastronómico en el stand de las islas para promocionar el producto local.

El conseller balear d'Agricultura, Joan Simonet, ha responsabilitzat el “mercat” del tancament de l'empresa Agama, peça clau de la indústria làctia balear, justificant així que el Govern del PP no hagi pogut impedir el desenllaç de la històrica central. “A vegades les empreses tanquen per la llei del mercat, perquè simplement no han volgut innovar, per decisions equivocades o per circumstàncies alienes. I aquí l'Administració poca cosa pot fer. Això no és la Rússia soviètica”, ha etzibat, contraposant un model en què “tot era de l'Estat” -i que, segons el seu relat, “va acabar com va acabar”- i desplaçant el focus des de la responsabilitat política cap a l'empresarial.

Durant la seva compareixença en el ple del Parlament balear per abordar el tancament d'Agama, Simonet ha incidit en què l'administració pública no pot assumir el paper de les empreses privades ni intervenir directament en les seves decisions, fins i tot en un context de tancament com el d'Agama. Malgrat reivindicar en altres ocasions el sector primari com a element clau per a la sobirania alimentària, l'equilibri territorial i la diversificació econòmica de Balears, el conseller ha abundat en què “el Govern no pot posar vaques ni munyir-les”, defensant de nou que la continuïtat de projectes industrials depèn de la seva viabilitat econòmica i de l'interès d'inversors i productors.

Amb tot, el titular d'Agricultura ha asseverat que l'Executiu autonòmic ha posat “les eines” sobre la taula a través d'ajudes i incentius, però ha subratllat que correspon al propi sector decidir cap a on vol evolucionar. Al respecte, ha apuntat que alguns ramaders ja estan optant per models alternatius, com produccions més petites o diversificades -amb cabres o ovelles- orientades a productes de més valor afegit, defensant que aquests poden ser fins i tot més rendibles que les grans explotacions.

En el seu discurs, el conseller també ha apel·lat a la necessitat de replantejar el model productiu, qüestionant si és sostenible mantenir grans volums de producció lletó o explotacions intensives. Segons el seu parer, el sector agrari no pot entendre's com una estructura “estancada” en asseverar que aquest evoluciona constantment en funció del mercat, els canvis socials i les condicions ambientals. Simonet ha insistit que el Govern està “essencialment per donar suport a iniciatives de futur, amb ajudes molt dotades”, passant a continuació a enumerar, entre altres, les línies d'inversió efectuada pel seu departament en matèria de transformació agroalimentària i comercialització. En aquest sentit, ha insistit que, si els propis productors decideixen no apostar per determinades iniciatives, l'administració no pot imposar un model concret ni substituir la iniciativa privada.

En aquest sentit, Simonet ha anunciat que el Govern destinarà cinc milions d'euros, amb càrrec a l'impost de turisme sostenible (ITS), per finançar nous projectes estratègics en el sector agroalimentari després del tancament d'Agama, una quantitat que el conseller ha emmarcat en una estratègia de transformació del model productiu i de reforç de la competitivitat del sector primari. La partida, ha incidit, no té res a veure amb les mesures que l'Executiu té previst adoptar per ajudar el sector a fer front a les conjuntures econòmiques derivades de la guerra a l'Iran i del context de conflicte bèl·lic internacional.

La seva intervenció ha despertat les crítiques dels grups de l'oposició, entre elles les del portaveu adjunt del PSIB-PSOE, Marc Pons, qui ha denunciat la falta de respostes del Govern pocs dies abans del tancament d'Agama. El socialista ha retret que, després d'una compareixença de gairebé una hora, Simonet no hagi estat capaç de concretar què passarà amb la llet produïda a Mallorca ni quines alternatives existeixen per evitar la desaparició del sector. “Què farem a partir del dia 31?”, ha insistit, subratllant la incertesa en la qual, ha assenyalat, quedaran els productors.

En aquesta línia, Pons ha acusat el conseller de limitar-se a afirmar que s'estan “buscant fórmules” sense detallar cap mesura concreta, cosa que, a parer seu, evidencia la manca de planificació i anticipació de l'Executiu. En aquest sentit, ha considerat que el discurs del Govern sobre la sobirania alimentària queda “liquidat” davant el tancament de tota la producció làctia a Mallorca sense una resposta clara per part de l'administració, alhora que ha recriminat que traslladi la responsabilitat al mercat o a les decisions empresarials sense assumir el paper que li correspon a l'Administració.

El PSIB: “El Govern ha tirat la tovallola”

El diputat ha advertit que aquesta actitud suposa, en la pràctica, “tirar la tovallola” i acceptar la desaparició del sector lacti a l'illa sense desplegar les eines pertinents per a evitar-ho. Així mateix, ha denunciat la falta de lideratge polític i de coordinació entre Conselleries, apuntant especialment a l'absència d'una estratègia conjunta entre Agricultura i Indústria que permeti donar una resposta estructural a la crisi. Segons ha recordat, el Govern es va comprometre fa dos anys a impulsar un pla agrari “pactat entre tots”. “Han passat dos anys, però no ens han convocat més vegades ni hem sabut res més”, ha lamentat.

El portaveu adjunt socialista ha contraposat aquesta situació amb la gestió de l'anterior legislatura, quan, en plena pandèmia, el Govern llavors presidit per Francina Armengol va ser capaç d'articular respostes ràpides davant situacions de crisi empresarial. “Centenars d'empreses, amb bona coordinació, van rebre una resposta veloç”, ha subratllat, criticant així mateix les vegades que Vox, soci d'investidura del PP, “s'ha gratat aquí les vestidures en benefici del sector o en defensa del sector primari”. Finalment, Pons ha lamentat que la compareixença de Simonet hagi conclòs sense haver ofert “cap explicació”: “L'única cosa que hem vist ha estat la seva resignació cap a la mort del sector lleter a Mallorca. I això, agradi o no agradi, marcarà la legislatura del Govern de Marga Prohens”.

A principis de març, el Grup Damm, que en 2017 va adquirir Agama, va comunicar a la plantilla la seva intenció pròxima de tancar l'empresa mallorquina, un anunci que arribava mesos després que la cervesera informés que deixaria de comprar llet a les tres vaqueries mallorquines que distribueixen a la lletera, encenent totes les alarmes entre treballadors i ramaders.

La incertesa dels 16 empleats de la plantilla

La companyia va traslladar a la representació legal dels treballadors l'inici d'un procediment d'acomiadament col·lectiu conforme a la normativa vigent, encara que assegura que treballa en un pla de recol·locació per als 16 empleats de la planta de Palma en diferents empreses del grup amb l'objectiu de minimitzar l'impacte laboral. Els empleats, per part seva, lamenten la decisió adoptada, encara que admeten que es tracta d'un anunci que “es veia venir”.

Durant els últims mesos, els treballadors han treballat en una proposta que consideraven viable: deixar Agama en mans de la plantilla mitjançant un pont financer d'1,2 milions d'euros, equivalent als fons públics que Damm ha de retornar si cessa la seva activitat, i que els treballadors proposaven reinvertir a donar continuïtat a la marca sota un model cooperatiu. No obstant això, el delegat de Personal i Prevenció de CCOO d'Agama, Jesús Ávila, va lamentar en declaracions a elDiario.es que no hi ha hagut reunions conjuntes que permetessin fer realitat la proposta, cosa que ha impedit construir i defensar de manera adequada la iniciativa.

El 2017, Agama va ser adquirida pel grup cerveser i, després d'anys d'alts i baixos, el passat 26 de setembre l'empresa va comunicar a les tres vaqueries de Mallorca que abasten la marca la seva intenció de deixar de comprar-los llet a partir de desembre de 2026. “Quin poble es permet tancar la seva indústria lletera? Si tanca Agama, serà un atemptat contra la sobirania alimentària de Balears”, van recriminar aleshores les associacions que representen els pagesos de Mallorca.

El conseller balear de Agricultura, Joan Simonet, ha responsabilizado al “mercado” del cierre de la empresa Agama, pieza clave de la industria láctea balear, justificando así que el Govern del PP no haya podido impedir el desenlace de la histórica central. “A veces las empresas cierran por la ley del mercado, porque simplemente no han querido innovar, por decisiones equivocadas o por circunstancias ajenas. Y aquí la Administración poca cosa puede hacer. Esto no es la Rusia soviética”, ha espetado, contraponiendo un modelo en el que “todo era del Estado” -y que, según su relato, “acabó como acabó”- y desplazando el foco desde la responsabilidad política hacia la empresarial.

Durante su comparecencia en el pleno del Parlament balear para abordar el cierre de Agama, Simonet ha incidido en que la administración pública no puede asumir el papel de las empresas privadas ni intervenir directamente en sus decisiones, incluso en un contexto de cierre como el de Agama. Pese a reivindicar en otras ocasiones el sector primario como elemento clave para la soberanía alimentaria, el equilibrio territorial y la diversificación económica de Balears, el conseller ha abundado en que “el Govern no puede poner vacas ni ordeñarlas”, defendiendo de nuevo que la continuidad de proyectos industriales depende de su viabilidad económica y del interés de inversores y productores.

Con todo, el titular de Agricultura ha aseverado que el Ejecutivo autonómico ha puesto “las herramientas” sobre la mesa a través de ayudas e incentivos, pero ha subrayado que corresponde al propio sector decidir hacia dónde quiere evolucionar. Al respecto, ha apuntado que algunos ganaderos ya están optando por modelos alternativos, como producciones más pequeñas o diversificadas -con cabras u ovejas- orientadas a productos de mayor valor añadido, defendiendo que estos pueden ser incluso más rentables que las grandes explotaciones.

En su discurso, el conseller también ha apelado a la necesidad de replantear el modelo productivo, cuestionando si es sostenible mantener grandes volúmenes de producción láctea o explotaciones intensivas. A su juicio, el sector agrario no puede entenderse como una estructura “estanca” al aseverar que éste evoluciona constantemente en función del mercado, los cambios sociales y las condiciones ambientales. Simonet ha insistido en que el Govern está “esencialmente para apoyar a iniciativas de futuro, con ayudas muy dotadas”, pasando a continuación a enumerar, entre otras, las líneas de inversión efectuadas por su departamento en materia de transformación agroalimentaria y comercialización. En este sentido, ha insistido en que, si los propios productores deciden no apostar por determinadas iniciativas, la administración no puede imponer un modelo concreto ni sustituir la iniciativa privada.

En este sentido, Simonet ha anunciado que el Govern destinará cinco millones de euros, con cargo al impuesto de turismo sostenible (ITS), para financiar nuevos proyectos estratégicos en el sector agroalimentario tras el cierre de Agama, una cantidad que el conseller ha enmarcado en una estrategia de transformación del modelo productivo y de refuerzo de la competitividad del sector primario. La partida, ha incidido, nada tiene nada que ver con las medidas que el Ejecutivo tiene previsto adoptar para ayudar al sector para hacer frente a las coyunturas económicas derivadas de la guerra en Irán y del contexto de conflicto bélico internacional.

Su intervención ha despertado las críticas de los grupos de la oposición, entre ellas las del portavoz adjunto del PSIB-PSOE, Marc Pons, quien ha denunciado la falta de respuestas del Govern a pocos días del cierre de Agama. El socialista ha reprochado que, tras una comparecencia de casi una hora, Simonet no haya sido capaz de concretar qué ocurrirá con la leche producida en Mallorca ni qué alternativas existen para evitar la desaparición del sector. “¿Qué haremos a partir del día 31?”, ha insistido, subrayando la incertidumbre en la que, ha señalado, quedarán los productores.

En esta línea, Pons ha acusado al conseller de limitarse a afirmar que se están “buscando fórmulas” sin detallar ninguna medida concreta, lo que, a su juicio, evidencia la falta de planificación y anticipación del Ejecutivo. En este sentido, ha considerado que el discurso del Govern sobre la soberanía alimentaria queda “finiquitado” ante el cierre de toda la producción láctea en Mallorca sin una respuesta clara por parte de la administración, al tiempo que ha recriminado que traslade la responsabilidad al mercado o a las decisiones empresariales sin asumir el papel que le corresponde a la Administración.

El PSIB: “El Govern ha tirado la toalla”

El diputado ha advertido de que esta actitud supone, en la práctica, “tirar la toalla” y aceptar la desaparición del sector lácteo en la isla sin desplegar las herramientas pertinentes para evitarlo. Asimismo, ha denunciado la falta de liderazgo político y de coordinación entre Consellerias, apuntando especialmente a la ausencia de una estrategia conjunta entre Agricultura e Industria que permita dar una respuesta estructural a la crisis. Según ha recordado, el Govern se comprometió hace dos años a impulsar un plan agrario “pactado entre todos”. “Han pasado dos años, pero no nos han convocado más veces ni hemos sabido nada más”, ha lamentado.

El portavoz adjunto socialista ha contrapuesto esta situación con la gestión de la anterior legislatura, cuando, en plena pandemia, el Govern entonces presidido por Francina Armengol fue capaz de articular respuestas rápidas ante situaciones de crisis empresarial. “Centenares de empresas, con buena coordinación, recibieron una respuesta veloz”, ha subrayado, criticando asimismo las veces que Vox, socio de investidura del PP, “se ha rascado aquí las vestiduras en beneficio del sector o en defensa del sector primario”. Finalmente, Pons ha lamentado que la comparecencia de Simonet haya concluido sin haber ofrecido “ninguna explicación”: “Lo único que hemos visto ha sido su resignación hacia la muerte del sector lechero en Mallorca. Y esto, guste o no guste, marcará la legislatura del Govern de Marga Prohens”.

A principios de marzo, el Grupo Damm, que en 2017 adquirió Agama, comunicó a la plantilla su intención próxima de cerrar la empresa mallorquina, un anuncio que llegaba meses después de que la cervecera informase de que dejaría de comprar leche a las tres vaquerías mallorquinas que distribuyen a la lechera, encendiendo todas las alarmas entre trabajadores y ganaderos.

La incertidumbre de los 16 empleados de la plantilla

La compañía trasladó a la representación legal de los trabajadores el inicio de un procedimiento de despido colectivo conforme a la normativa vigente, aunque asegura que trabaja en un plan de recolocación para los 16 empleados de la planta de Palma en distintas empresas del grupo con el objetivo de minimizar el impacto laboral. Los empleados, por su parte, lamentan la decisión adoptada, aunque admiten que se trata de un anuncio que “se veía venir”.

Durante los últimos meses, los trabajadores han trabajado en una propuesta que consideraban viable: dejar Agama en manos de la plantilla mediante un puente financiero de 1,2 millones de euros, equivalente a los fondos públicos que Damm debe devolver si cesa su actividad, y que los trabajadores proponían reinvertir en dar continuidad a la marca bajo un modelo cooperativo. Sin embargo, el delegado de Personal y Prevención de CCOO de Agama, Jesús Ávila, lamentó en declaraciones a elDiario.es que no ha habido reuniones conjuntas que permitieran hacer realidad la propuesta, lo que ha impedido construir y defender de forma adecuada la iniciativa.

En 2017, Agama fue adquirida por el grupo cervecero y, tras años de subidas y bajadas, el pasado 26 de septiembre la empresa comunicó a las tres vaquerías de Mallorca que abastecen a la marca su intención de dejar de comprarles leche a partir de diciembre de 2026. “¿Qué pueblo se permite cerrar su industria lechera? Si cierra Agama, será un atentado contra la soberanía alimentaria de Balears”, recriminaron entonces las asociaciones que representan a los payeses de Mallorca.

El president del Parlament balear, Gabriel Le Senne (Vox), s'ha ausentat del ple d'aquest dimarts en trobar-se a Budapest per assistir a una trobada del grup ultra europeu Patriots -integrat per més de 80 eurodiputats ultranacionalistes i d'extrema dreta- en suport del primer ministre Viktor Orban de cara a les eleccions d'abril a Hongria. Juntament amb Le Senne, tampoc ha estat present la presidenta del Govern, Marga Prohens (PP), qui continua de viatge institucional a la República Dominicana i Puerto Rico.

El màxim representant de la Cambra autonòmica va comunicar la seva absència sense detallar els motius, si bé la seva presència a la trobada ha quedat acreditada a través de xarxes socials amb imatges que ell mateix ha difós. “És un honor que Vox m'hagi ofert l'oportunitat de venir a Budapest a la reunió de Patriots en suport de Viktor Orban abans de les transcendentals eleccions a Hongria”, va posar de manifest a última hora d'aquest dilluns a X.

L'absència de la líder balear i del màxim representant de la Cambra autonòmica ha portat el vicepresident primer, el popular Mauricio Rovira, a exercir temporalment com a màxima autoritat de les illes.

Entre altres dirigents, també s'han desplaçat fins a Hongria el president de Vox, Santiago Abascal, la líder d'Agrupació Nacional a França, Marine Le Pen, o el president de Lega a Itàlia, Matteo Salvini en una demostració de força del bloc ultra europeu en un moment clau per al líder hongarès després de més d'una dècada al poder. El passat mes de gener, líders de l'extrema dreta internacional ja es van unir per donar suport al primer ministre hongarès en un vídeo electoral.

La decisió ha provocat dures crítiques des dels grups d'esquerra, qui han qüestionat el fet que la segona autoritat de Balears s'absenti d'un ple per acudir a un acte de caràcter partidista i alineat amb l'extrema dreta internacional. Durant el ple, el portaveu de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha recriminat que Le Senne hagi prioritzat un “fachaencuentro” a les seves funcions, mentre que el PSIB-PSOE ha recordat que Orban es va situar en el focus d'una investigació que apunta que el seu govern va desplegar agents d'espionatge a Brussel·les per recopilar informació sobre les institucions europees i reclutar funcionaris de la UE.

Per la seva banda, el diputat d'Unides Podem, José María García, ha denunciat l'“abandonament de funcions de la segona autoritat de la comunitat autònoma”, una conducta que, al seu judici, “no es toleraria en cap treballador”: “Està utilitzant temps institucional per a interessos de caràcter personal i partidista”.

Cal recordar que el PP va aupar el 2023 Le Senne a la presidència del Parlament a canvi que els populars poguessin governar les illes en solitari -això sí, amb el suport extern de Vox-. El nomenament del dirigent ultra, qui percep 72.194,64 euros anuals, no va ser indiferent a ningú. Immediatament, van sortir a la llum les seves controvertides idees xenòfobes i negacionistes en forma de bel·ligerants publicacions contra el canvi climàtic, el racisme i la violència masclista que durant els últims anys ha abocat a X.

Le Senne és, a més, seguidor d'algunes tesis vinculades a grups neonazis, com la teoria de “el gran reemplaçament”, segons la qual la població blanca i cristiana estaria sent “substituïda” per pobles no europeus, especialment africans, cosa que consideren que posa en “perill” la cultura i civilització europees. Una teoria racista, definida per grups de supremacistes blancs lligats a grups d'extrema dreta -neonazis inclosos- que va ser popularitzada per l'escriptor francès Renaud Camus i sosté que existeix una espècie de conspiració liderada per una èlit global per acabar amb la població blanca, cosa que anomenen “genocidi blanc”.

Des del seu nomenament, el dirigent s'ha situat diverses vegades en el focus de la polèmica, especialment quan, en ple hemicicle, va estripar la imatge d'Aurora Picornell, icona del republicanisme a Mallorca, i de les activistes Maria i Antònia Pascual, afusellades pels feixistes la vigília de Reis de 1937. Uns fets pels quals es troba pendent de ser jutjat per un delicte d'odi. L'estretament dels vincles de Le Senne amb la cúpula de Vox va portar al Comitè Nacional Executiu del partit, a mitjans de 2025, a designar-lo president de la formació a les illes.

El presidente del Parlament balear, Gabriel Le Senne (Vox), se ha ausentado del pleno de este martes al encontrarse en Budapest para asistir a un encuentro del grupo ultra europeo Patriots -integrado por más de 80 eurodiputados ultranacionalistas y de extrema derecha- en apoyo al primer ministro Viktor Orbán de cara a las elecciones de abril en Hungría. Junto a Le Senne, tampoco ha estado presente la presidenta del Govern, Marga Prohens (PP), quien continúa de viaje institucional en República Dominicana y Puerto Rico.

El máximo representante de la Cámara autonómica comunicó su ausencia sin detallar los motivos, si bien su presencia en el encuentro ha quedado acreditada a través de redes sociales con imágenes que él mismo ha difundido. “Es un honor que Vox me haya ofrecido la oportunidad de venir a Budapest a la reunión de Patriots en apoyo a Viktor Orbán antes de las trascendentales elecciones en Hungría”, puso de manifiesto a última hora de este lunes en X. “Este viaje me ha permitido darme cuenta una vez más de lo importante que es nuestra defensa de la verdad y el sentido común para la supervivencia de nuestra civilización”, ha deslizado, mientras tanto, en Facebook, en línea con el marco narrativo de la extrema derecha.

La ausencia de la líder balear y del máximo representante de la Cámara autonómica ha llevado al vicepresidente primero, el popular Mauricio Rovira, a ejercer temporalmente como máxima autoridad de las islas.

Entre otros dirigentes, también se han desplazado hasta Hungría el presidente de Vox, Santiago Abascal, la líder de Agrupación Nacional en Francia, Marine Le Pen, o el presidente de Lega en Italia, Matteo Salvini en una demostración de fuerza del bloque ultra europeo en un momento clave para el líder húngaro tras más de una década en el poder. El pasado mes de enero, líderes de la ultraderecha internacional ya se unieron para apoyar al primer ministro húngaro en un vídeo electoral.

La decisión ha provocado duras críticas desde los grupos de izquierda, quienes han cuestionado el hecho de que la segunda autoridad de Balears se ausente de un pleno para acudir a un acto de carácter partidista y alineado con la extrema derecha internacional. Durante el pleno, el portavoz de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha recriminado que Le Senne haya priorizado un “fachaencuentro” a sus funciones, mientras que el PSIB-PSOE ha recordado que Orbán se situó en el foco de una investigación que apunta a que su gobierno desplegó agentes de espionaje en Bruselas para recopilar información sobre las instituciones europeas y reclutar a funcionarios de la UE.

Por su parte, el diputado de Unidas Podemos, José María García, ha denunciado el “abandono de funciones de la segunda autoridad de la comunidad autónoma”, una conducta que, a su juicio, “no se toleraría en ningún trabajador”: “Está utilizando tiempo institucional para intereses de carácter personal y partidista”.

Cabe recordar que el PP aupó en 2023 a Le Senne a la presidencia del Parlament a cambio de que los populares pudieran gobernar las islas en solitario -eso sí, con el apoyo externo de Vox-. El nombramiento del dirigente ultra, quien percibe 72.194,64 euros anuales, no fue indiferente a nadie. De inmediato, salieron a la luz sus controvertidas ideas xenófobas y negacionistas en forma de beligerantes publicaciones contra el cambio climático, el racismo y la violencia machista que durante los últimos años ha vertido en X.

Le Senne es, además, seguidor de algunas tesis vinculadas a grupos neonazis, como la teoría de “el gran reemplazo”, según la cual la población blanca y cristiana estaría siendo “sustituida” por pueblos no europeos, especialmente africanos, lo cual consideran que pone en “peligro” la cultura y civilización europeas. Una teoría racista, definida por grupos de supremacistas blancos ligados a grupos de extrema derecha -neonazis incluidos- que fue popularizada por el escritor francés Renaud Camus y sostiene que existe una especie de conspiración liderada por una élite global para acabar con la población blanca, lo cual llaman “genocidio blanco”.

Desde su nombramiento, el dirigente se ha situado varias veces en el foco de la polémica, especialmente cuando, en pleno hemiciclo, desgarró la imagen de Aurora Picornell, icono del republicanismo en Mallorca, y de las activistas Maria y Antònia Pascual, acribilladas a tiros por los fascistas la víspera de Reyes de 1937. Unos hechos por los que se encuentra pendiente de ser juzgado por un delito de odio. El estrechamiento de los vínculos de Le Senne con la cúpula de Vox llevó al Comité Nacional Ejecutivo del partido, a mediados de 2025, a designarlo presidente de la formación en las islas.

El grup socialista al Parlament balear ha col·locat aquest dimarts una tovallola, un barret de palla, unes ulleres de sol i un envàs de crema solar al seient de la presidenta del Govern, Marga Prohens (PP), escenificant d'aquesta manera les seves crítiques al viatge que la líder autonòmica està duent a terme al Carib.

“Aquest és l'escó des d'on, ara mateix, Prohens hauria d'estar treballant per solucionar els efectes negatius que paguem els i les ciutadanes de les illes per culpa de la guerra de Trump, però ella s'ha estimat més anar al Carib”, han assenyalat des del PSIB en un missatge publicat al seu compte d'X.

La publicació va acompanyada de la imatge dels objectes que han col·locat a la taula de Prohens abans del ple d'aquest dimarts, encara que a l'inici de la sessió ja havien estat retirats.

Mentre tant, la presidenta del Govern es troba de viatge institucional a la República Dominicana i Puerto Rico, on té previst mantenir trobades amb empreses mallorquines al Carib i visitar les cases baleàriques a tots dos països.

Prohens ha partit a tots dos països acompanyada per la vicepresidenta segona i consellera de Presidència, Coordinació de l'Acció de Govern i Cooperació Local, Antònia Maria Estarellas.

El grupo socialista en el Parlament balear ha colocando este martes una toalla, un sombrero de paja, unas gafas de sol y un envase de crema solar en el escaño de la presidenta del Govern balear, Marga Prohens (PP), escenificando de este modo sus críticas al viaje que la líder autonómica está llevando a cabo en el Caribe.

“Este es el escaño desde dónde, ahora mismo, Prohens tendría que estar trabajando para solucionar los efectos negativos que pagamos los y las ciudadanas de las islas por culpa de la guerra de Trump, pero ella se ha estimado más ir al Caribe”, han señalado desde el PSIB en un mensaje publicado en su cuenta de X.

La publicación va acompañada de la imagen de los objetos que han colocado en la mesa de Prohens antes del pleno de este martes, aunque al inicio de la sesión ya habían sido retirados.

Mientras tanto, la presidenta del Govern se encuentra de viaje institucional en República Dominicana y Puerto Rico, donde tiene previsto mantener encuentros con empresas mallorquinas en el Caribe y visitar las casas baleares en ambos países.

Prohens ha partido a ambos países acompañada por la vicepresidenta segunda y consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Maria Estarellas.

La presidenta del Govern, Marga Prohens (PP), ha considerat que seria “un fracàs col·lectiu com a país” que el rei emèrit “acabés els seus últims anys en l'exili”. “Si hi ha un procés de transició i així ho marca aquesta desclassificació, si hi ha una figura clau a part d'Adolfo Suárez, i altres persones que el van acompanyar, és sens dubte el rei Joan Carles”, ha exposat. La informació revelada aquest dimecres no canvia substancialment la interpretació actual sobre el paper de Joan Carles I en el cop d'estat, encara que entre els papers no estan alguns dels considerats de major rellevància per als investigadors.

Sobre els documents desclassificats, ha subratllat que “constaten el paper fonamental” de la monarquia i de Joan Carles I. “Nosaltres ens sentim molt còmodes amb què els documents hagin reafirmat això. No sé si el Partit Socialista i els seus socis també”, ha afegit. D'altra banda, ha apuntat que la desclassificació d'aquests documents és “una cortina de fum” del Govern d'Espanya per a “tractar d'evitar els seus escàndols”. “Tenim una cortina de fum per setmana”, ha resolt.

La líder l'Executiu autonòmic s'ha pronunciat en la mateixa línia que el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo. “La desclassificació dels documents del 23F ha de reconciliar als espanyols amb qui va parar el cop d'estat. Crec que seria desitjable que el rei emèrit tornés a Espanya”, ha escrit Feijóo aquest dijous en Twitter. El líder del PP argumenta que ha reconegut “errors innegables” en la seva trajectòria, als quals es refereix en les seves memòries, però “va contribuir a sostenir” la democràcia.

“Hauria de passar l'última etapa de la seva vida amb dignitat i al seu país”, conclou. No és la primera vegada que Feijóo surt en defensa del rei emèrit, qui va decidir voluntàriament fugir d'Espanya quan es van revelar els seus escàndols financers, inclòs el reconeixement de tenir quantitats de diners en paradisos fiscals d'origen incert i que no va declarar davant la Hisenda espanyola.

La presidenta del Govern, Marga Prohens (PP), ha considerado que sería “un fracaso colectivo como país” que el rey emérito “acabara sus últimos años en el exilio”. “Si hay un proceso de transición y así lo marca esta desclasificación, si hay una figura clave aparte de Adolfo Suárez, y otras personas que lo acompañaron, es sin duda el rey Juan Carlos”, ha expuesto. La información desvelada este miércoles no cambia sustancialmente la interpretación actual sobre el papel de Juan Carlos I en el golpe de Estado, aunque entre los papeles no están algunos de los considerados de mayor relevancia para los investigadores.

Sobre los documentos desclasificados, ha subrayado que “constatan el papel fundamental” de la monarquía y de Juan Carlos I. “Nosotros nos sentimos muy cómodos con que los documentos hayan reafirmado esto. No sé si el Partido Socialista y sus socios también”, ha añadido. Por otro lado, ha apuntado que la desclasificación de estos documentos es “una cortina de humo” del Gobierno de España para “tratar de evitar sus escándalos”. “Vamos a cortina de humo por semana”, ha zanjado.

La líder el Ejecutivo autonómico se ha pronunciado en la misma línea que el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. “La desclasificación de los documentos del 23F debe reconciliar a los españoles con quien paró el golpe de Estado. Creo que sería deseable que el rey emérito regresara a España”, ha escrito Feijóo este jueves en Twitter. El líder del PP argumenta que ha reconocido “errores innegables” en su trayectoria, a los que se refiere en sus memorias, pero “contribuyó a sostener” la democracia.

“Debiera pasar la última etapa de su vida con dignidad y en su país”, concluye. No es la primera vez que Feijóo sale en defensa del rey emérito, quien decidió voluntariamente huir de España cuando se desvelaron sus escándalos financieros, incluido el reconocimiento de tener cantidades de dinero en paraísos fiscales de origen incierto y que no declaró ante la Hacienda española.

La bonificació a l'IRPF per als propietaris que limitin les pujades del lloguer a l'IPC podria aprovar-se en un termini aproximat de dos mesos a les Balears en funció del ritme de tramitació del projecte de llei d'acceleració de projectes, on la mesura ha estat incorporada via esmena. La iniciativa s'emmarca dins l'estratègia de l'Executiu de Marga Prohens (PP) d'apostar per estímuls tributaris o liberalitzar sòl mentre rebutja declarar les illes com a zona tensionada o regular la compra de vivendes per part de no residents per abordar la crisi de la vivenda.

El portaveu del Govern i conseller d'Economia, Hisenda i Innovació, Antoni Costa, ha explicat després del Consell de Govern celebrat aquest divendres que la deducció assolirà uns 2.000 euros per contribuent i se situarà entre 600 i 800 euros per vivenda. Es tracta, segons defensa el Govern de Prohens, d'una mesura adreçada a petits propietaris que mantinguin els lloguers dins els marges d'actualització de l'IPC en l'actual context de tensió residencial a les illes, on el preu de la vivenda tant en compra com en lloguer continua en nivells rècord.

El nou instrument arriba en paral·lel a l'aplicació estatal de la Llei de Vivenda, que preveu mecanismes de contenció de rendes en zones declarades tensionades i penalitzacions fiscals per a grans tenidors que no ajustin els preus. El Govern balear, però, ha optat per una via diferent en al·legar que la política tributària autonòmica pot utilitzar-se per afavorir la moderació de preus sense recórrer a la intervenció directa del mercat.

Costa ha precisat que, una vegada aprovada, la deducció s'aplicarà a les renovacions contractuals que es formalitzin el 2026 i es reflectirà en la declaració de la renda corresponent al 2027. L'esmena es troba en fase final de redacció i la seva aprovació dependrà de la tramitació parlamentària del projecte de llei, que podria culminar a finals de març o principis d'abril si no es produeixen retards.

En aquest marc, el portaveu de l'Executiu autonòmic ha marcat distàncies amb la proposta del Govern central de penalitzar fiscalment els propietaris que incrementin les rendes. Costa ha defensat un enfocament basat en incentius enfront de sancions. “Veiem amb millors ulls les polítiques d'incentius abans que la mà dura i l'intervencionisme. I dins de les polítiques d'incentius, veiem amb millors ulls les polítiques de baixades d'impostos per incentivar que no les de, en aquest cas, pujar de l'IRPF per desincentivar”, ha subratllat.

La bonificación en el IRPF para los propietarios que limiten las subidas del alquiler al IPC podría aprobarse en un plazo aproximado de dos meses en Balears en función del ritmo de tramitación del proyecto de ley de aceleración de proyectos, donde la medida ha sido incorporada vía enmienda. La iniciativa se enmarca en la estrategia del Ejecutivo de Marga Prohens (PP) de apostar por estímulos tributarios o liberalizar suelo mientras rechaza declarar las islas como zona tensionada o regular la compra de viviendas por parte de no residentes para abordar la crisis de la vivienda.

El portavoz del Govern y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, ha explicado tras el Consell de Govern celebrado este viernes que la deducción alcanzará unos 2.000 euros por contribuyente y se situará entre 600 y 800 euros por vivienda. Se trata, según defiende el Govern de Marga Prohens, de una medida dirigida a pequeños propietarios que mantengan los alquileres dentro de los márgenes de actualización del IPC en el actual contexto de tensión residencial en las islas, donde el precio de la vivienda tanto en compra como en alquiler continúa en niveles récord.

El nuevo instrumento llega en paralelo a la aplicación estatal de la Ley de Vivienda, que contempla mecanismos de contención de rentas en zonas declaradas tensionadas y penalizaciones fiscales para grandes tenedores que no ajusten los precios. El Govern balear, sin embargo, ha optado por una vía distinta al alegar que la política tributaria autonómica puede utilizarse para favorecer la moderación de precios sin recurrir a la intervención directa del mercado.

Costa ha precisado que, una vez aprobada, la deducción se aplicará a las renovaciones contractuales que se formalicen en 2026 y se reflejará en la declaración de la renta correspondiente a 2027. La enmienda se encuentra en fase final de redacción y su aprobación dependerá de la tramitación parlamentaria del proyecto de ley, que podría culminar a finales de marzo o principios de abril si no se producen retrasos.

En este marco, el portavoz del Ejecutivo autonómico ha marcado distancias con la propuesta del Gobierno central de penalizar fiscalmente a los propietarios que incrementen las rentas. Costa ha defendido un enfoque basado en incentivos frente a sanciones. “Vemos con mejores ojos las políticas de incentivos antes que la mano dura y el intervencionismo. Y dentro de las políticas de incentivos, vemos con mejores ojos las políticas de bajadas de impuestos para incentivar que no las de, en este caso, subida del IRPF para desincentivar”, ha subrayado.

La actuació de Bad Bunny a la Super Bowl s'ha colat aquest dimarts en el ple del Parlament balear com a símbol de l'enfrontament polític entre el PSIB-PSOE i el Govern de Marga Prohens (PP) en matèria migratòria, convertida en un dels principals camps de batalla política de la legislatura. El portaveu socialista, Iago Negueruela, ha reivindicat el missatge d'orgull, diversitat i llibertat que l'artista porto-riqueny va llançar durant l'espectacle -marcat per la presència de banderes latinoamericanes- com un al·legat enfront de les polítiques migratòries impulsades per Donald Trump, que ha equiparat a les de l'Executiu illenc.

En resposta, Prohens ha etzibat “viva Bad Bunny” -lliscant amb ironia “vestit de Zara”, als treballadors de la qual qual l'artista va dedicar l'espectacle-: “Visquin les persones que venen a treballar, a contribuir, a generar riquesa, a integrar-se i a respectar les nostres lleis”, ha abundat, condensant bona part del marc polític que el PP balear ve desplegant des de fa mesos al costat de Vox, soci d'investidura dels populars.

Durant la pregunta que li ha formulat a la líder balear, Negueruela ha subratllat el missatge de “orgull llatí, drets i llibertat per a tota una població” llançat durant la Super Bowl, un “discurs en positiu enfront de les mentides i la desraó de les polítiques de Trump” que el socialista, dirigint-se a la bancada dels conservadors, ha extrapolat a Balears i a “les polítiques que vostès fan aquí”. El portaveu parlamentari ha denunciat amb això el “discurs d'odi en primera persona i el to altament racista” empleat pel Govern de Prohens.

Negueruela ha asseverat que les banderes llatinoamericanes que van desfilar durant el xou “són les mateixes que viuen aquí”, en referència a les més de 250.000 persones nascudes en països d'Amèrica Llatina que resideixen a Balears, d'acord amb les dades oficials de l'Institut Balear d'Estadística (Ibestat). “Colombians, veneçolans, argentins, equatorians, uruguaians, brasilers o mexicans que viuen aquí, treballen aquí i tenen drets aquí”, ha recalcat el socialista.

En aquesta línia, el parlamentari ha incidit en què es tracta de ciutadans amb drets, recriminant a l'Executiu autonòmic de “negar-los-hi” i defensant les regularitzacions extraordinàries dutes a terme en anteriors etapes, tant per l'Executiu central com per governs autonòmics, que van permetre a milers de persones accedir a permisos de residència i treball. Com a exemple ha citat serveis essencials com el de les cures, sector que depèn en gran manera de mà d'obra migrant, sovint de forma precarizada i en situació administrativa irregular.

En el seu torn de paraula, Prohens ha replicat apel·lant a la defensa del model migratori del PP i asseverant que si al PSIB el preocupés tant la situació dels migrants instaria que es resolguessin els problemes de saturació en Estrangeria, denunciant en aquest sentit que els retards administratius converteixen en “irregulars” a persones que ja residien legalment a les illes. En aquest context, ha qualificat la regularització extraordinària d'improvisada, considerant que ha estat duta a terme per a desviar l'atenció: “No va de drets, això és racisme institucional”.

Endurint el to, la presidenta ha acudit a un dels arguments habituals de la dreta per a desplaçar el debat migratori cap al terreny cultural: “Són molt valents per a atacar els símbols catòlics, però molt covards per a atacar el burca”.

La actuación de Bad Bunny en la Super Bowl se ha colado este martes en el pleno del Parlament balear como símbolo del enfrentamiento político entre el PSIB-PSOE y el Govern de Marga Prohens (PP) en materia migratoria, convertida en uno de los principales campos de batalla política de la legislatura. El portavoz socialista, Iago Negueruela, ha reivindicado el mensaje de orgullo, diversidad y libertad que el artista puertorriqueño lanzó durante el espectáculo -marcado por la presencia de banderas latinoamericanas- como un alegato frente a las políticas migratorias impulsadas por Donald Trump, que ha equiparado a las del Ejecutivo isleño.

En respuesta, Prohens ha espetado “viva Bad Bunny” -deslizando con ironía “vestido de Zara”, a cuyos trabajadores el artista dedicó el espectáculo-: “Vivan las personas que vienen a trabajar, a contribuir, a generar riqueza, a integrarse y a respetar nuestras leyes”, ha abundado, condensado buena parte del marco político que el PP balear viene desplegando desde hace meses junto a Vox, socio de investidura de los populares.

Durante la pregunta que le ha formulado a la líder balear, Negueruela ha subrayado el mensaje de “orgullo latino, derechos y libertad para toda una población” lanzado durante la Super Bowl, un “discurso en positivo frente a las mentiras y la sinrazón de las políticas de Trump” que el socialista, dirigiéndose a la bancada de los conservadores, ha extrapolado a Balears y a “las políticas que ustedes hacen aquí”. El portavoz parlamentario ha denunciado con ello el “discurso de odio en primera persona y el tono altamente racista” empleado por el Govern de Prohens.

Negueruela ha aseverado que las banderas latinoamericanas que desfilaron durante el show “son las mismas que viven aquí”, en referencia a las más de 250.000 personas nacidas en países de América Latina que residen en Balears, de acuerdo a los datos oficiales del Instituto Balear de Estadística (Ibestat). “Colombianos, venezolanos, argentinos, ecuatorianos, uruguayos, brasileños o mexicanos que viven aquí, trabajan aquí y tienen derechos aquí”, ha recalcado el socialista.

En esta línea, el parlamentario ha incidido en que se trata de ciudadanos con derechos, recriminando al Ejecutivo autonómico de “negárselos” y defendiendo las regularizaciones extraordinarias llevadas a cabo en anteriores etapas, tanto por el Ejecutivo central como por gobiernos autonómicos, que permitieron a miles de personas acceder a permisos de residencia y trabajo. Como ejemplo ha citado servicios esenciales como el de los cuidados, sector que depende en gran medida de mano de obra migrante, a menudo de forma precarizada y en situación administrativa irregular.

En su turno de palabra, Prohens ha replicado apelando a la defensa del modelo migratorio del PP y aseverando que si al PSIB le preocupara tanto la situación de los migrantes instaría a que se resolvieran los problemas de saturación en Extranjería, denunciando en este sentido que los retrasos administrativos convierten en “irregulares” a personas que ya residían legalmente en las islas. En este contexto, ha calificado la regularización extraordinaria de improvisada, considerando que ha sido llevada a cabo para desviar la atención: “No va de derechos, eso es racismo institucional”.

Endurenciendo el tono, la presidenta ha acudido a uno de los argumentos habituales de la derecha para desplazar el debate migratorio hacia el terreno cultural: “Son muy valientes para atacar los símbolos católicos, pero muy cobardes para atacar el burka”.

El comitè d'empresa de Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) -l'empresa dependent del Govern balear que gestiona les línies de ferrocarril de l'illa- ha convocat una assemblea general de treballadors per al proper dilluns amb l'objectiu de valorar la convocatòria d'aturs laborals i altres mesures de pressió dirigides a exigir garanties reals de seguretat, manteniment i condicions de treball segures, unes circumstàncies que, denuncien, porten mesos reclamant a l'Executiu liderat per Marga Prohens (PP) sense obtenir resposta.

Encara que l'anunci es produeix dies després de l'accident ocorregut a Adamuz (Còrdova), on van morir almenys 45 persones, i el registrat a Gelida (Barcelona), en què va morir un maquinista, tots dos sinistres han intensificat les crítiques dels treballadors a la gestió de SFM i del propi Govern. En un comunicat, el comitè d'empresa d'SFM subratlla que, des de fa mesos, venen denunciant de manera reiterada problemes de seguretat ferroviària, deficiències de manteniment i l'existència d'incidents que, encara que no sempre transcendeixen públicament, posen en risc tant els treballadors com els usuaris dels serveis ferroviaris de Mallorca.

Entre els incidents registrats es troba el descarrilament d'un tren a prop de l'estació de Marratxí el passat mes de juliol, un succés que no va causar ferits però va avivar les crítiques sindicals sobre l'estat de la infraestructura i el manteniment de la xarxa. El comitè recrimina, però, que les seves denúncies públiques no han estat ateses “amb la urgència ni la responsabilitat necessàries”, la qual cosa al seu parer demostra que “no es tracta de fets puntuals sinó d'una situació estructural que requereix respostes immediates”.

Es tracta d'unes manifestacions que contrasten amb les que aquest dimecres va realitzar el gerent de SFM, José Ramón Orta, al diari Ultima Hora, a les quals va reivindicar les mesures tecnològiques implantades per millorar la seguretat del tren a Mallorca, com la pròxima licitació d'un nou contracte de manteniment de vies per 7,5 milions d'euros o la implantació, per 51 milions, del sistema europeu de gestió i control de trànsit ferroviari (ERTMS). “La llei no ens obliga a fer-ho, perquè el nostre sistema és de via estreta, però ho fem per instrucció expressa de la presidenta Marga Prohens, que dóna prioritat a la seguretat”, va deixar anar Orta, qui el desembre de 2023, durant l'actual legislatura del PP, va ser designat com a gerent de l'empresa pública, un càrrec retribuït amb gairebé 58.000 euros bruts anuals. Des de llavors, la seva gestió s'ha vist ennegrida per acusacions que apunten a suposades irregularitats en diverses contractacions i a l'ascens arbitrari de diversos càrrecs. 

Des del Govern incideixen que la seguretat “és una prioritat absoluta” per a l'Executiu, la qual cosa s'està traduint, asseveren, en un increment de les inversions d'SFM en aquesta matèria. Entre elles, assenyalen, destaca una duplicació del pressupost de manteniment de trens fins a 31 milions, un nou contracte per a manteniment de vies per 7,5 milions o el reforç del manteniment de catenàries i subestacions amb un 20% més de pressupost.

El comitè recrimina, però, que es tracta d'actuacions que “res tenen a veure amb els problemes de seguretat, manteniment i infraestructura” que porten mesos denunciant ni donen resposta a les deficiències que els treballadors han posat sobre la taula. Així mateix, lamenta que aquests “anuncis públics” per part d'SFM estan generant confusió a la ciutadania atès que “barregen inversions planificades de cara a projectes de futur o contractes transversals de gerència a gerència dels quals no s'executa en la majoria de casos el global del pressupostat o es tiren a terra en licitacions que van canviant”. En aquesta línia, el comitè retreu a la gerència de l'empresa pública que utilitzi aquestes dades per “minimitzar” o “desviar l'atenció” sobre els problemes reals que segueixen sense resoldre's.

Els treballadors abunden en què la reunió del proper dilluns servirà per analitzar la situació actual en matèria ferroviària en considerar “imprescindible” afrontar aquest conflicte des d'una perspectiva pròpia de Balears i que atengui a la realitat específica d'SFM, “independentment de les decisions que s'adoptin a nivell estatal i sempre dins del marc de la unitat sindical”.

Val a recordar que, a l'estiu de 2025, els representants dels treballadors van alertar sobre el “caos”, la falta de previsió i el deteriorament del servei de SFM, la qual cosa incloïa severes crítiques per la mala comunicació de canvis d'horaris o de planificació d'obres, i l'absència de protocols clars en casos d'incidents que, segons ells, comprometen la seguretat operativa.

El comité de empresa de Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) -la empresa dependiente del Govern balear que gestiona las líneas de ferrocarril de la isla- ha convocado una asamblea general de trabajadores para el próximo lunes con el objetivo de valorar la convocatoria de paros laborales y otras medidas de presión dirigidas a exigir garantías reales de seguridad, mantenimiento y condiciones de trabajo seguras, unas circunstancias que, denuncian, llevan meses reclamando al Ejecutivo liderado por Marga Prohens (PP) sin obtener respuesta.

Aunque el anuncio se produce días después del accidente ocurrido en Adamuz (Córdoba), donde fallecieron al menos 45 personas, y el registrado en Gelida (Barcelona), en el que murió un maquinista, ambos siniestros han intensificado las crítica de los trabajadores a la gestión de SFM y del propio Govern. En un comunicado, el comité de empresa subraya que, desde hace meses, vienen denunciando de manera reiterada problemas de seguridad ferroviaria, deficiencias de mantenimiento y la existencia de incidentes que, aunque no siempre trascienden públicamente, ponen en riesgo tanto a los trabajadores como a los usuarios de los servicios ferroviarios de Mallorca.

Entre los incidentes registrados se encuentra el descarrilamiento de un tren cerca de la estación de Marratxí el pasado mes de julio, un suceso que no causó heridos pero avivó las críticas sindicales sobre el estado de la infraestructura y el mantenimiento de la red. El comité recrimina, sin embargo, que sus denuncias públicas no han sido atendidas “con la urgencia ni la responsabilidad necesarias”, lo que a su parecer demuestra que “no se trata de hechos puntuales sino de una situación estructural que requiere respuestas inmediatas”.

Se trata de unas manifestaciones que contrastan con las que este miércoles realizó el gerente de SFM, José Ramón Orta, al periódico Última Hora, en las que reivindicó las medidas tecnológicas implantadas para mejorar la seguridad del tren en Mallorca, como la próxima licitación de un nuevo contrato de mantenimiento de vías por 7,5 millones de euros o la implantación, por 51 millones, del sistema europeo de gestión y control de tráfico ferroviario (ERTMS). “La ley no nos obliga a hacerlo, porque nuestro sistema es de vía estrecha, pero lo hacemos por instrucción expresa de la presidenta Marga Prohens, que da prioridad a la seguridad”, deslizó Orta, quien en diciembre de 2023, durante la actual legislatura del PP, fue designado como gerente de la empresa pública, un cargo retribuido con casi 58.000 euros brutos anuales. Desde entonces, su gestión se ha visto empañada por acusaciones que apuntan a supuestas irregularidades en diversas contrataciones y en el ascenso arbitrario de varios cargos. 

Desde el Govern inciden en que la seguridad “es una prioridad absoluta” para el Ejecutivo, lo que se está traduciendo, aseveran, en un incremento de las inversiones de SFM en esta materia. Entre ellas, señalan, destaca una duplicación del presupuesto de mantenimiento de trenes hasta 31 millones, un nuevo contrato para mantenimiento de vías por 7,5 millones o el refuerzo del mantenimiento de catenaria y subestaciones con un 20% más de presupuesto.

El comité recrimina, sin embargo, que se trata de actuaciones que “nada tienen que ver con los problemas de seguridad, mantenimiento e infraestructura” que llevan meses denunciado ni dan respuesta a las deficiencias que los trabajadores han puesto sobre la mesa. Asimismo, lamenta que estos “anuncios públicos” por parte de SFM están generando confusión en la ciudadanía dado que “mezclan inversiones planificadas de cara a proyectos de futuro o contratos transversales de gerencia a gerencia de los que no se ejecuta en la mayoría de casos el global de lo presupuestado o se tiran abajo en licitaciones que van cambiando”. En esta línea, el comité afea a la gerencia de la empresa pública que utilice estos datos para “minimizar” o “desviar la atención” sobre los problemas reales que siguen sin resolverse.

Los trabajadores abundan en que la reunión del próximo lunes servirá para analizar la situación actual en materia ferroviaria al considerar “imprescindible” afrontar este conflicto desde una perspectiva propia de Balears y que atienda a la realidad específica de SFM, “independientemente de las decisiones que se adopten a nivel estatal y siempre dentro del marco de la unidad sindical”.

Cabe recordar que, en verano de 2025, los representantes de los trabajadores alertaron sobre el “caos”, la falta de previsión y el deterioro del servicio de SFM, lo que incluía severas críticas por la mala comunicación de cambios de horarios o de planificación de obras, y la ausencia de protocolos claros en casos de incidentes que, según ellos, comprometen la seguridad operativa.

El Tribunal Constitucional (TC) ha desestimat el recurs d'inconstitucionalitat presentat pel Govern de Marga Prohens (PP) contra diversos articles de la llei estatal d'habitatge. Els magistrats al·leguen que els preceptes impugnats ja van ser examinats arran d'altres recursos, com l'impulsat per la Junta d'Andalusia o el registrat per més de mig centenar de diputats del PP al Congrés.

L'alt tribunal assenyala que, en aquells processos previs, ja havia resolt part de les impugnacions plantejades per l'Executiu balear, sent diverses d'elles declarades inconstitucionals o nules, mentre que altres van ser directament desestimades. Amb aquesta base, el tribunal aplica la seva doctrina habitual: quan una norma ja ha estat expulsada de l'ordenament jurídic o ja hi ha un pronunciament ferm sobre la seva constitucionalitat, decau l'interès del recurs posterior atès que no hi ha res nou a resoldre.

El Govern havia recorregut la llei estatal d'habitatge argumentant, igual que altres comunitats governades pel PP, que diversos articles envaïen competències autonòmiques, principalment pel que fa a la regulació de les zones tensionades, la possibilitat de limitar el preu dels lloguers i determinades obligacions per a grans tenidors. El gabinet de Prohens considerava, en aquest sentit, que la norma interferia en el marge de decisió de les autonomies.

El portaveu de l'Executiu, Antoni Costa, ha restat importància aquest divendres a la decisió del TC, defensant que la sentència no suposa cap revés jurídic per al Govern, sinó un tancament tècnic del procediment. “El que ha succeït no és que no se'ns doni la raó, sinó que ja s'havia donat la raó, i per no reiterar”, ha asseverat.

Al gener de 2025, la majoria progressista del Constitucional va tombar la major part del recurs que el PP va interposar contra punts clau de la llei d'habitatge de 2023. A la seva sentència, el tribunal de garanties va avalar una disposició final rellevant en relació amb el lloguer en zones tensionades: les limitacions a apujar el lloguer en aquestes zones quan es negocia un nou contracte d'arrendament. Aquest nou contracte, afirma la llei -amb algunes excepcions que permeten apujar el preu fins al 10%-, “no podrà excedir de l’última renda de contracte d’arrendament” dels últims cinc anys en aquest mateix habitatge, aplicant l'actualització anual. La norma tampoc permet repercutir l'inquilí quotes o despeses que no estiguessin contemplades en el contracte anterior.

Es tracta d'una mesura que, diuen els magistrats amb el sector conservador en contra, no afecta el dret a la propietat tal com al·legava el PP: “No s’obliga, en cap cas, a fixar un preu antieconòmic”.

Molts dels arguments dels populars ja havien estat estudiats fa gairebé un any, quan es van desestimar gairebé totes les al·legacions de la Junta d'Andalusia, el recurs de la qual va ser el primer a arribar a mans dels magistrats. El procediment es va saldar amb un aval a la major part dels articles recorreguts, la majoria en clau autonòmica per suposada invasió de competències. Aquesta primera sentència sí que va anul·lar, en canvi, l'article que afectava els pisos protegits, mantenint la prevalença de la normativa autonòmica, on estàn transferides les competències.

El Tribunal Constitucional (TC) ha desestimado el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Govern de Marga Prohens (PP) contra varios artículos de la ley estatal de vivienda. Los magistrados alegan que los preceptos impugnados ya fueron examinados a raíz de otros recursos, como el impulsado por la Junta de Andalucía o el registrado por más de medio centenar de diputados del PP en el Congreso.

El alto tribunal señala que, en aquellos procesos previos, ya había resuelto parte de las impugnaciones planteadas por el Ejecutivo balear, siendo varias de ellas declaradas inconstitucionales o nulas, mientras que otras fueron directamente desestimadas. Con esa base, el tribunal aplica su doctrina habitual: cuando una norma ya ha sido expulsada del ordenamiento jurídico o ya existe un pronunciamiento firme sobre su constitucionalidad, decae el interés del recurso posterior dado que no hay nada nuevo que resolver.

El Govern había recurrido la ley estatal de vivienda argumentando, al igual que otras comunidades gobernadas por el PP, que varios artículos invadían competencias autonómicas, principalmente en lo que se refiere a la regulación de las zonas tensionadas, la posibilidad de limitar el precio de los alquileres y determinadas obligaciones para grandes tenedores. El gabinete de Prohens consideraba, en este sentido, que la norma interfería en el margen de decisión de las autonomías.

El portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, ha restado importancia este viernes a la decisión del TC, defendiendo que el fallo no supone ningún revés jurídico para el Govern, sino un cierre técnico del procedimiento. “Lo que ha sucedido no es que no se nos dé la razón, sino que ya se había dado la razón, y para no reiterar”, ha aseverado.

En enero de 2025, la mayoría progresista del Constitucional tumbó la mayor parte del recurso que el PP interpuso contra puntos clave de la ley de vivienda de 2023. En su sentencia, el tribunal de garantías avaló una disposición final relevante en relación con el alquiler en zonas tensionadas: las limitaciones a subir el alquiler en estas zonas cuando se negocia un nuevo contrato de arrendamiento. Ese nuevo contrato, afirma la ley -con algunas excepciones que permiten subir el precio hasta el 10%-, “no podrá exceder de la última renta de contrato de arrendamiento” de los últimos cinco años en esa misma vivienda, aplicando la actualización anual. La norma tampoco permite repercutir al inquilino cuotas o gastos que no estuvieran contemplados en el contrato anterior.

Se trata de una medida que, dicen los magistrados con el sector conservador en contra, no afecta al derecho a la propiedad tal y como alegaba el PP: “No se obliga, en ningún caso, a fijar un precio antieconómico”.

Muchos de los argumentos de los populares ya habían sido estudiados hacía casi un año, cuando se desestimaron casi todas las alegaciones de la Junta de Andalucía, cuyo recurso fue el primero en llegar a manos de los magistrados. El procedimiento se saldó con un aval a la mayor parte de los artículos recurridos, la mayoría en clave autonómica por supuesta invasión de competencias. Esa primera sentencia sí anuló, en cambio, el artículo que afectaba a los pisos protegidos, manteniendo la prevalencia de la normativa autonómica, donde están transferidas las competencias.

Alejandro Jurado, cap de Gabinet de la presidenta del Govern balear, Marga Prohens (PP), ha estat citat a declarar com a investigat davant el Jutjat d'Instrucció número 3 de Palma per les presumptes irregularitats en un procés de selecció de xòfer que va acabar béneficiant un familiar seu. La compareixença, juntament amb la d'aquest familiar, està prevista per al proper 24 de març.

La jutgessa li atribueix un delicte de prevaricació administrativa, si bé la querella inicial interposada contra ell per part d'un conductor i funcionari de carrera en l'administració autonòmica balear apunta també a la suposada comissió d'un delicte de tràfic d'influències.

Des de l'Executiu autonòmic insisteixen a assenyalar que es va tractar d'un nomenament per lliure designació i que el procediment es va ajustar a la normativa. El Govern assegura, a més, que ja ha remès a la Justícia tota la documentació requerida i que la mà dreta de Prohens acudirà a declarar “amb tranquil·litat” per “aclarir qualsevol dubte”. Juntament amb ell ha estat citat a declarar el seu familiar, que és fill d'un cosí seu.

La jutgessa, tal com ha avançat la Cadena Ser, interrogarà Jurado arran de la querella presentada pel funcionari -xòfer al Govern des de 2008 i amb més de tres dècades de trajectòria en l'administració-, qui acusa Jurado d'impulsar un canvi de regles a posteriori en el procés, celebrat a finals de 2023 i al qual van concórrer més de 200 aspirants, per a facilitar la contractació del familiar.

El querellant sosté que, després d'una primera baremació en la qual el candidat finalment escollit no hauria quedat en primer lloc, es van introduir modificacions a les bases per a obligar a presentar currículum i permetre que la selecció es resolgués en favor de “la persona que la Secretària General trobi més adequada”, un gir que, al seu parer, va transformar un concurs de mèrits en un procediment discrecional.

La denúncia afegeix que, per a justificar aquest canvi, es va aprovar una instrucció amb criteris per a seleccionar personal funcionari interí mitjançant oferta genèrica del BOIB, una eina que el denunciant considera “falça i tendenciosa” i dissenyada per reconduir el resultat.

El funcionari sosté que la maniobra va ser “il·legal, injusta i arbitrària” i subratlla que, després del nomenament, va ser acomiadat per Jurado com a conductor de la presidenta balear per “col·locar” en el seu lloc “un jove afí sense experiència”. Es tracta d'un episodi que el denunciant vincula amb un deteriorament de la seva salut mental, atès que arran dels fets pateix un quadre ansiós-depressiu.

En la primavera de 2024, quan a penes portava uns mesos treballant com a xòfer de la presidència autonòmica, el jove conductor presumptament béneficiat va estavellar el cotxe oficial mentre conduïa sol, segons va avançar Diario de Mallorca. Després de deixar Prohens a l'aeroport de Palma, el conductor va protagonitzar un accident que va deixar el vehicle completament sinistrat. Per aquest motiu, segons la querella, el vehicle va ser donat de baixa del parc mòbil del Govern.

La querella afegeix que aquesta situació va suposar un perjudici per a les arques públiques, ja que els vehicles oficials de l'administració pública se sufraguen amb els impostos de la ciutadania balear. Aquest accident provaria, segons el demandant, que el conductor presumptament béneficiat pel procés no reuniria els mèrits, aptituds i capacitats necessàries per a la prestació del servei de xòfer oficial.

Es dóna la circumstància que, a Extremadura, la presidenta autonòmica, María Guardiola (PP), tenia contractat com a xòfer al seu cosí, cessat el passat mes de desembre després de conèixer-se que havia estat condemnat per coaccions lleus a la seva exparella.