“No es aceptable una presidencia sin rumbo. No es aceptable gobernar a la deriva ni limitarse a administrar la inercia”. El líder del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, insistió una y otra vez en esta idea durante su intervención en el debate sobre el estado de la autonomía. En su réplica al discurso de Alfonso Rueda, Besteiro dibujó un gobierno gallego sin planificación ni proyecto propio, “entregado a controlar el relato”, a “silenciar a la oposición” –con los medios públicos como “principales censores”– y a beneficiar a “unos pocos, los de siempre”.

El portavoz socialista recordó que Rueda lleva cuatro años como presidente y 17 formando parte del ejecutivo autonómico para preguntarse “qué mejoró” y “qué problemas resolvió” en ese tiempo. “¿Qué encuentra un gallego cuando piensa en qué decisión de su gobierno le mejoró de verdad la vida? Lo que encuentra es preocupación, incertidumbre”. Y en el último año, desde el anterior debate, sólo “propaganda”.

Tema por tema, Besteiro dibujó esa inercia de la Xunta, que en primer lugar identificó con la postura “cobarde” del PP estatal ante la guerra de Irán. “No se puede ser ambiguo con la paz. No caben equilibirios cómodos. Sólo tres palabras: Non á guerra”. Un conflicto al que el Gobierno central y las comunidades autónomas han respondido con partidas amplias mientras Rueda sólo tenía “excusas”. Su plan de 157 millones es “tan triste” que incluye reformas de pantalanes o señalizaciones del Camino de Santiago.

Los socialistas propusieron en cambio un escudo social gallego y un Banco Público de Vivienda para hacer frente al principal problema de los ciudadanos, “claramente dominante sobre el resto”. Si hace un año eran 22.000 los gallegos que esperaban una vivienda pública, ese número creció en 10.000, “833 cada mes”. Mientras, la Xunta “deja más de cien millones de euros sin ejecutar” y lo fía todo a las 10.000 viviendas prometidas para 2030. “Pero estamos en 2026”.

El único ámbito en el que Besteiro admitió una posible planificación fue en el de la sanidad, donde preguntó si se planificó su “desmantelamiento”. Y si, por la mañana, Rueda habia anunciado un plan para mejorar la atención primaria, el socialista le recordó que, en ese campo, Galicia es “la segunda comunidad que menos invierte, sólo por detras del Madrid de la señora Ayuso”. Mientras, faltan facultativos –sobre todo pediatras–, sigue sin cumplirse la promesa de tener cita con el médico de familia en menos de cuatro días y la autonomia lidera la tasa de suicidios con un número “muy bajo” de especialistas en salud mental.

La carta única de Altri

Hace un año, Besteiro acusó a Rueda de formar parte de “la gran mentira que rodea a Altri”. Este miércoles, el líder socialista volvió a referirse al frustrado proyecto de macrocelulosa que la Xunta “vendió como modernidad verde” para acabar siendo “el símbolo de una política industrial opaca y sin respaldo social y técnico”. Como tampoco aquí habia plan “apostaron a una unica carta”, un “error” que fue “frenado” por “la sociedad gallega y un gobierno socialista”. Besteiro reclamó que le diese el carpetazo definitivo.

Como Galicia “le queda grande”, Rueda “no es capaz de entender ni siquiera a la Galicia urbana, la que tira de la economia y del progreso” y en la que “casualmente” no gobierna el PP. Entre las “agresiones” a las ciudades destaca la falta de coordinación entre los aeropuertos y los “globos sonda” que mandan sus portavoces, en alusión a la propuesta del Clúster de Turismo para “especializar” las tres terminales gallegas. Besteiro le preguntó, directamente, si creía que había que cerrar alguna.

Si así es como el socialista considera que actúa Rueda con las ciudades, al rural, “lo deja morir porque no cree en él”. Allí, los colegios se cierran, los médicos no se sustituyen y las líneas de transporte, desaparecen. Los incendios forestales –2025 fue el peor año de la serie histórica con una cifra que Besteiro elevó hasta las 178.000 hectáreas– son otra muestra de ese abandono. “No fue una fatalidad inevitable, fue la consecuencia de una cadena de decisiones políticas: menos prevención, menos ordenación, menos rural vivo”. Por eso, si Galicia vuelve a arder, “no será una sorpresa ni una fatalidad: será su responsabilidad”.

Besteiro cerró su discurso con una lista de catorce propuestas que contrapuso a los múltiples “bonos” del gobierno Rueda. Si el año pasado el Bono Peixe fue la principal medida del debate, en este traía bajo el brazo una ampliación del Bono Coidado. El socialista ironizó proponiéndole el Bono Presidente, con un funcionamiento “simple”: “Los ciudadanos pagamos los impuestos y el gobierno resuelve los problemas”.

Y casi como conclusión, el líder del PSdeG insistió en dar la vuelta a otro de los mantras del ejecutivo gallego: “No tiene modelo, lo que sí tiene es una marca, la marca Galicia Caridade... no confundir con Calidade”.

“Ourense en pequeñito”

El primer portavoz de la oposición en dar la réplica a Alfonso Rueda fue el diputado de Democracia Ourensana, Armando Ojea, quien ironizó con el parecido “casi idéntico” al discurso que el presidente ofreció el año pasado. Una intervención marcada por el “autobombo” y “coherente con el sesgo de su Gobierno en priorizar el litoral sobre el interior”, algo que ejemplificó con la definición que el presidente dio de Galicia como “Balcón del Atlantico”. “Este Gobierno tiene una imagen de Galicia que no es la perfecta, distorsionada de tal manera que el litoral ocupa espacio y la provincia de Ourense la tiene en pequeñito”, aseguró tras señalar que “la única vez” que Rueda nombró a su provincia fue por “algo malo”: los incendios de agosto, para mencionar la última vez que se había encontrado con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

La mayoría absoluta del Grupo Popular en el Parlamento ha bloqueado la comisión de investigación sobre el proyecto de macrocelulosa de Altri que reclaman tanto BNG como PSdeG. Las portavoces de los dos partidos de la oposición en el debate han criticado la falta de transparencia de la Xunta y han considerado que la negativa a crear este órgano en el Cámara gallega es un indicio de que el Gobierno gallego “tiene mucho que ocultar”.

Tanto la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, como la diputada del PSdeG Patricia Iglesias recordaron la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que condena a la Xunta por haber retirado de su estrategia verde la protección de unos terrenos en los que se proyectaba la fábrica de Altri. Y volvieron a pedir que se haga público el acuerdo declarado confidencial entre la Sociedad Impulsa -una empresa público-privada ya disuelta y que estaba presidida por el titular de la Consellería de Economía- y Altri. El Gobierno gallego se ha negado a divulgar el contenido de este memorándum de entendimiento alegando que se pactó entre dos sociedades privadas. Pese a ello, el presidente de la Xunta, que no formaba parte de los órganos de gestión de Impulsa, desveló que él si conoce la información contenida en ese documento.

“Les pedimos que desclasifiquen los papeles secretos de Altri. Si no lo hacen, solo nos demostrarán que tienen mucho que ocultarnos”, recalcó Pontón, según informa Europa Press. La portavoz del BNG fue la primera en intervenir, como representante de la formación que presentó la solicitud para crear la comisión. Los socialistas, que apoyan el movimiento, no tienen suficientes diputados para registrar la petición.

La líder nacionalista criticó que el proyecto de Altri es “el mayor ejemplo de la política industrial fracasada y errónea del PP de Rueda” y “un ejemplo de manual” de cómo “gobiernan desde la mentira”. Expuso que son tres los motivos para pedir la comisión: la sentencia del TSXG sobre la zona de amortiguamiento de la Serra do Careón donde se planeaba instalar la fábrica, el acuerdo secreto entre la Sociedad Impulsa y Altri y la falta de transparencia.

Sobre la sentencia del TSXG, Pontón preguntó “por qué se hizo esa modificación, cuándo y con base en qué informes técnicos”. “La Xunta modificó de manera consciente y premeditada un instrumento para favorecer a Altri. Los informes no existen porque esta fue una decisión política de la Xunta del PP para favorecer a Altri en contra del interés general y de la protección del medio ambiente”, denunció. Respecto al acuerdo Impulsa-Altri, consideró que ya no hay excusas para entregarlo, tras haber reconocido Rueda que sabe su contenido. La tercera cuestión a la que apela Pontón es la “higiene democrática” y la necesidad de transparencia.

Iglesias, por su parte, acusa al Ejecutivo autonómico de “posible tráfico de influencias”. La portavoz del PSdeG en el debate recordó que la formación pidió hasta en nueve ocasiones el expediente relativo a Impulsa, que insiste en que no se puede considerar una sociedad privada. “Hay que saber si el Gobierno gallego actuó a favor del interés público o, por el contrario, se estaba trabajando para favorecer el interés privado de una multinacional. Porque eso tiene un nombre, que se llama posible tráfico de influencias”, dijo.

Si se sigue negando la información, avisó de que valorarán acudir a los tribunales: “Si todo fue correcto, si todo se hizo conforme a la ley, ¿por qué no desclasifican el memorando secreto firmado con Altri? ¿Qué hay en ese documento que no pueden explicar?”.

El portavoz popular, Alberto Pazos Couñago, se mantuvo en su postura de tachar de “bulos” las críticas de la oposición. “Me encantaría que el juzgado diga que se puede hacer pública esa documentación para poder acreditar todo lo que han mentido y para pedirles la dimisión”, agregó. También repitió la argumentación de su partido y de la Xunta para justificar el archivo del expediente de Altri: sostiene que no se debe a la fuerte oposición social, sino por la decisión “infame” del Gobierno central de no incluir en su planificación una subestación eléctrica que necesitaría ese proyecto.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha evitado la autocrítica después de que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) haya dictaminado que su gobierno redujo de forma ilegal la protección ambiental de los terrenos en los que proyectaba instalarse la macrocelulosa de Altri en Palas de Rei (Lugo).

En respuesta a varias preguntas sobre esa decisión judicial durante su comparecencia tras la reunión semanal de su gabinete, Rueda manifestó que no descarta que la Xunta presente recurso. Eso, razonó, significaría que su equipo no está de acuerdo con la resolución y que su crítica, entonces, es para su contenido y, la manera de rebatirla, los argumentos jurídicos.

Sin embargo, no ha puesto pegas al proceso dentro de la Xunta a pesar de que lo que ha manifestado la Justicia es que se hizo una reducción de la protección de forma no conforme a la ley. La sentencia es la respuesta a una demanda presentada por la organización ecologista Adega y se refiere a que la Estratexia Galega de Infraestrutura Verde, publicada el 10 de febrero de 2025 en el Diario Oficial de Galicia, no consideraba zonas de amortiguación las fincas en las que había propuesto instalarse Altri. Pero unos meses antes, cuando ese documento estaba en la fase de exposición pública, esos terrenos sí figuraban amparados bajo esa figura, que implica ciertas restricciones en los usos y que suele aplicarse a zonas que lindan con áreas de mayor protección. Ese cambio es lo que rechaza el TSXG, que considera que se retiró la protección tras el trámite de información pública “sin argumentar ni demostrar que esa retirada debe prevalecer al interés público en la preservación del medio ambiente”.

Rueda no confirmó si la Xunta presentará recurso. No adelantó tampoco la postura de su partido, el PP, ante la propuesta del BNG de abrir una comisión de investigación sobre Altri en el Parlamento gallego, aunque deslizó que será contraria, al recordar que la formación nacionalista decidió ya obligar a abrir una comisión de este tipo en esta legislatura. Lo hizo amparándose en el que reglamento de la Cámara permite hacerlo si se reúnen un tercio de los votos, es decir, 25 escaños, que son los que tiene el BNG. La cuestión es que ese mecanismo solo se puede activar una vez en cada legislatura, de modo que el PP podrá tumbar ahora la nueva iniciativa con su mayoría absoluta.

La formación que dirige Ana Pontón señaló que uno de los puntos sobre los que quiere arrojar luz es el memorándum de entendimiento firmado con Altri. La Xunta no selló ese acuerdo directamente, sino que lo hizo una empresa público-privada denominada Sociedad Impulsa, ya disuelta. En esa empresa, la administración autonómica controlaba el 48% y, de hecho, el presidente era quien ocupase el cargo de conselleiro de Economía. En el momento de formalizar el pacto, esa persona era Francisco Conde. El hecho de que estuviese constituida como una sociedad mercantil privada fue uno de los argumentos dados por el Gobierno gallego para no hacer público el memorándum y declararlo confidencial. A pesar de ese secreto, el presidente gallego reveló la semana pasada que él sí conoce su contenido. Preguntado sobre en calidad de qué tuvo acceso a esa información, insistió este lunes en que lo supo a través de los representantes de la Xunta en Impulsa. Dado que se trata de un “asunto de interés general”, defendió que es su “deber” conocerlo.

Ana Pontón recibe a elDiario.es en su despacho del Parlamento de Galicia. Acaba de llegar de un acto público en Ourense y la conversación previa al encendido de la grabadora circula en torno a los rumores de que el PP quiere colocar a la polemista Ana de Bande como cabeza de cartel para las próximas elecciones en esa ciudad. “No me sorprende”, dice Pontón, para quien el PP ha buscado un perfil tan histriónico como el del actual alcalde Gonzalo Pérez Jácome.

La Portavoz Nacional del Bloque Nacionalista Galego cumple estos días diez años al frente de la formación. Lejos de aparentar hastío, Pontón se muestra más convencida que nunca de que el cambio está a la vista. En su opinión, el fracaso del plan de la Xunta para instalar una macrocelulosa de Altri en la comunidad ha demostrado que la sociedad ha decidido enmendar la idea que lanzó Alberto Núñez Feijóo y que Alfonso Rueda ha seguido defendiendo con tanta vehemencia como si se le hubiera ocurrido a él mismo.

Cumple usted diez años al frente del Bloque Nacionalista Galego. ¿Qué diría que ha cambiado en este tiempo?

En 2016 fue un momento muy difícil, la situación más crítica de la historia del BNG. Había mucha gente fuera y también alguna dentro que creían que el proyecto que representábamos estaba agotado. Sin embargo, siempre pensé que el BNG tiene mucho futuro y que este país necesita una fuerza como la nuestra y que lo que teníamos que hacer era analizar en qué estábamos fallando para sectores que nos venían apoyando y habían dejado de hacerlo.

Yo estaba convencida de que teníamos mucho futuro y en estos diez años, la década prodigiosa del BNG, fuimos capaces de demostrarlo y esto es el resultado de un trabajo colectivo.

Habla usted de década prodigiosa y eso suena a éxito, pero lo cierto es que el Partido Popular sigue dominando de manera absoluta y con un relevo que parece que no les pasó factura...

Yo hago otra lectura de lo que está pasando. Hay que entender que los cambios a veces tardan más en producirse de lo que nos gustaría, pero si analizamos el contexto hay muchas cosas que se le están torciendo al Partido Popular. En las últimas elecciones el BNG le gana al Partido Popular en la principal ciudad de Galicia. Y sabemos que las tendencias que se dan en las ciudades se acaban imponiendo en el resto del país.

¿Cree que ese resultado en Vigo es una advertencia para el PP?

Es una advertencia de lo que está pasando en el país. Hay un agotamiento con el Partido Popular y en esta legislatura también lo estamos viendo. Hay muchos sectores y muy diversos que se están rebelando contra las políticas del PP de Galicia, desde el ámbito sanitario hasta el debate de Altri. Y es que el debate de Altri no es un debate sobre un proyecto concreto, es un debate de modelo. Que haya una sociedad que sea capaz de frenar el proyecto estrella del Partido Popular y su modelo creo que demuestra hasta qué punto hay un cambio que está en marcha y que es imparable.

Su aniversario al frente del BNG coincide con la celebración del ecuador de esta legislatura con Alfonso Rueda como presidente. ¿Le ve usted consolidado?

Creo que se están viendo las costuras de un Gobierno que no es capaz de ofrecerle ninguna alternativa a la ciudadanía. Lo que vemos es como las condiciones de vida de los gallegos y gallegas están empeorando. Tenemos una peor situación de la sanidad pública, el acceso a la vivienda es más complicado. Vemos también como hay un malestar evidente en la situación de nuestro sistema educativo. Y yo creo que esto que estamos viendo demuestra que el Gobierno no tiene ningún proyecto de futuro. Al contrario, es un Gobierno agotado sin alternativas que ilusionen. Nuestro reto está en ser capaces de demostrar que hay una alternativa sólida que les puede dar un futuro mejor a los gallegos y gallegas.

¿Entre Alfonso Rueda y Alberto Núñez Feijóo usted con cuál se queda?

Yo no me quedaría con ninguno de ellos. Son dos caras de un proyecto fracasado. Lo que vemos es que la falta de impulso político es evidente. Feijóo quiso labrarse una imagen de señor moderado y gran gestor y lo que estamos viendo es que ni moderado ni gran gestor. Rueda tampoco está ofreciendo nada mejor sino todo lo contrario.

¿Comprende la frustración que puede sentir la izquierda en Galicia cuando echa cuentas y ve que el bipartito es algo que sucedió hace ya veinte años y pudiera parecer que el PP va a seguir gobernando Galicia hasta el fin de los tiempos?

Pues yo opino todo lo contrario. Creo que estamos cada vez más cerca de la derrota del Partido Popular y que tenemos que seguir empujando en esta dirección que nos está permitiendo llegar a sectores muy diferentes. Piensa que uno de cada tres gallegos en las últimas elecciones votaron al BNG. Yo veo al Partido Popular preocupado con el bloque porque estamos llegando a sectores muy amplios de la sociedad que quieren una alternativa hecha desde Galicia, que confíe en este país y represente un horizonte de esperanza.

Este Gobierno no genera mucho entusiasmo. Las encuestas dicen que es la primera vez en estos últimos veinte años que el presidente de la Xunta no es el líder más valorado. Llama la atención. Creo que es un dato que pone sobre la mesa el deterioro y desgaste de una formación que lleva casi 40 años gobernando este país y que no es capaz ni de ofrecer un horizonte y lo único que nos ofrece son celulosas del franquismo o el expolio eólico y de nuestra riqueza.

Galicia necesita situarse en el siglo XXI con un proyecto que realmente confíe en el país y que transforme la economía apostando por la ciencia, la innovación y los servicios públicos de calidad.

¿Cuántas oportunidades más se da usted para intentar llegar a la presidencia de la Xunta?

Eso es una decisión que habrá que tomar en su momento. Pero yo lo que te puedo decir es que tengo más ganas que nunca.

¿Pero hay alguna posibilidad de que usted no sea la candidata dentro de dos años?

Lo que quiero decir es que esa es una decisión que habrá que tomar en su momento y que además primero la tengo que tomar yo personalmente y después la tiene que tomar la organización en la que milito. Es la militancia quien decide.

¿El presidente Alfonso Rueda siempre le dice a usted en las sesiones de control que quien decide todo en su formación política es la UPG, que prácticamente le escriben la agenda?

Yo creo que el señor Rueda como no tiene argumentos lo único que hace es intentar traernos aquí la crispación madrileña, embarrar el debate y soltar mantras que llevamos escuchando durante 40 años. Lo que no entiende el PP es que en esta organización lo que funciona es la democracia interna. Ellos funcionan a base de dedazos, a él lo designó el anterior líder que se tuvo que marchar por culpa de la corrupción en el Partido Popular.

Durante las sesiones de control en el Parlamento se observa un tono de Rueda hacia usted que bordea las mínimas compostura y cortesía políticas...

Lo que me gustaría es que esas sesiones de control al presidente de la Xunta fueran retransmitidas por la televisión pública para que los gallegos y gallegas vieran como actúa el presidente de la Xunta, esa especie de superioridad...

¿Cuáles son los momentos más desagradables que recuerda de esos enfrentamientos dialécticos?

A mí me dolió que me dijera que estaba muy necesitada, no porque a mí me afecte personalmente sino porque creo que las mujeres en política no tenemos que soportar este tipo de machistadas y desde luego demuestran cuanto de necesario son más mujeres en política y más feminismo.

¿Cómo observa ahora desde aquí lo que le está pasando a Feijóo en Madrid?

No me sorprende. Sobre Feijóo se construyó una entelequia que lo presentaba como un gran gestor y un moderado. Yo siempre dije que era un nefasto gestor, un presidente que triplica la deuda recortando los servicios públicos. Además demostró que no hizo nada por Galicia. Si uno analiza cuál es el legado que nos dejó el Partido Popular en Galicia y nadie es capaz de significar nada. Es una hoja en blanco. Feijóo llegó al poder cabalgando en contra de la lengua propia de este país con los sectores más ultras de la derecha. Hizo cosas como las que está haciendo ahora Vox y que escandalizan tanto. De las primeras medidas que tomó Feijóo en Galicia una fue apoyar y financiar una red antiabortista, reducir las ayudas a las mujeres víctimas de violencia de género o ir en contra del gallego. Fue un precursor de muchas de las políticas de la extrema derecha.

¿Qué futuro le ve a Feijóo, cree que llegará a La Moncloa?

En todo lo que dependa del BNG no llegará. El escenario de las generales está abierto y hay que recordar que ya hemos tenido escenarios en los que las encuestas daban mayorías muy amplias para la derecha con la extrema derecha y luego no se verificaron. Yo espero que Feijóo nunca sea presidente, entre otras cosas por lo que representa y porque sería nefasto para Galicia.

Estuvo usted estos días en Madrid ¿Quedó para tomar un café con Gabriel Rufián?

Pues no. Hace tiempo que no hablo con él, pero es una persona con la que tengo una excelente relación. Es alguien a quien hay que escuchar.

¿Está llamando a la puerta del BNG en ese intento suyo de unir a las izquierdas?

A mí no me llamó, ni le he llamado yo a él. Yo tengo muy claro que la situación que hay en Galicia es muy diferente de la del estado español. Compartimos la preocupación por la extrema derecha, pero también es cierto que nuestra realidad es muy diferente. Aquí la extrema derecha es irrelevante.

¿Cómo lo explica?

Creo que por varias razones, pero la primera es que una fuerza política que quiere suprimir nuestra lengua y nuestra autonomía con Galicia no casa bien de inicio. Aquí hay un sentimiento de identidad muy fuerte.

En ocasiones el Partido Popular se atribuye el mérito de frenar a Vox en Galicia...

Decían que era Feijóo quien frenaba a la extrema derecha y estamos viendo en el resto de España que para nada es capaz de frenar a la extrema derecha. Yo creo que hay que hacer un análisis más profundo. En muchas partes en donde crece la extrema derecha lo está haciendo apoyada en cierta decepción con lo que se llama izquierda o socialdemocracia. Personas que antes tenían opciones más de tipo progresista ven que sus vidas no mejoran con políticas que apoya la socialdemocracia como el acuerdo con Mercosur, que deja atrás a nuestros ganaderos. O porque ven que trabajan duro, pero sus vidas no mejoran y en esas circunstancias se agarran a un clavo ardiendo.

Mientras en otros lugares la gente joven es la que aúpa a la extrema derecha, aquí en Galicia el BNG es la primera fuerza entre la juventud. No hay que echarle la culpa a la gente sino ofrecerles alternativas para que la extrema derecha no sea capaz de penetrar con sus mentiras y con sus soluciones falsas.

Déjeme volver sobre el debate en la izquierda que han abierto entre otros Gabriel Rufián...

Eso es una incógnita que las fuerzas de ámbito estatal tendrán que responder. Nosotros en Galicia tenemos un panorama político muy distinto. El BNG es una fuerza gallega y que tiene la razón de ser en este país. No nos vamos a diluir en plataformas estatales. Creo que además aquí ya hay una experiencia con sectores que formularon esa posibilidad y la llevaron a la práctica y el resultado es bien conocido.

Ustedes ya han concurrido conjuntamente con Esquerra Republicana de Catalunya en unas elecciones...

Eso lo hacemos en unas elecciones europeas en las que hay una circunscripción de ámbito estatal que hace que quien compite desde un solo territorio lo hace en desigualdad de condiciones. Sin embargo en unas elecciones en las que la circunscripción es la provincia eso no tiene ningún sentido, ninguna virtualidad, ni va a mejorar el resultado. Al contrario, yo creo que si en política damos el debate de qué fórmula electoral utilizamos la gente lo que piensa es que nos estamos repartiendo los cargos.

Sería mucho más interesante que ese espacio político con el que tenemos puntos de conexión pensara en cuál es la alternativa política que le están ofreciendo a los ciudadanos. La unión tiene que estar hecha sobre bases sólidas porque eso es lo que va a premiar la ciudadanía. Cuando la unión es real la ciudadanía también lo premia. Yo les deseo lo mejor y que sean capaces de enfrentar esta situación, pero una tiene la sensación de un cierto deja vu cada vez que hay unas elecciones generales.

¿Qué opina del paso a un lado que ha anunciado Yolanda Díaz?

Yolanda es una persona con una trayectoria muy dilatada, es una mujer con inteligencia y creo que está dando un paso que podía ser previsible. Desde la distancia hay que respetar las decisiones que toma cada uno en su carrera política.

El otro día en la sesión de control Alfonso Rueda vino a decir que el fracaso del proyecto de Altri era culpa de la oposición y vino a dar la idea de que él no tenía ningún proyecto alternativo...

Rueda es un presidente que no quiere asumir sus fracasos políticos. Cuando uno como presidente toma la decisión de apostarlo todo a la carta de Altri tendrá que asumir alguna responsabilidad. En torno a esto hay cosas muy graves: estamos conociendo que hay una serie de chanchullos que hizo el Partido Popular para beneficiar a Altri. Esta semana hemos conocido una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que dice que se modificó de manera ilegal la protección ambiental de unos terrenos para beneficiar a la empresa. Pero es que tenemos además un pacto secreto con esa compañía cuyo contenido se nos está ocultando.

Un acuerdo que tiene una cláusula de confidencialidad que no ha impedido que el presidente de la Xunta diga que él sí ha leído esos papeles que firmaron para fijar ese protocolo de intenciones...

Sí, dijo que la conoce después de que su Gobierno hubiera dicho lo contrario. Todo esto demuestra que de cada tres palabras que Rueda dice sobre Altri dos son mentira. Y los ciudadanos tienen derecho a conocer la verdad sobre un proyecto de esta envergadura. Nosotros vamos a impulsar la creación de una comisión de investigación y creo que Rueda tiene que ir al Parlamento a dar explicaciones. Primero, sobre su fracaso de Altri; segundo, sobre todas las mentiras e irregularidades que puede haber en la tramitación y tercero: ¿cómo puede ser que un presidente tenga como única propuesta en materia de política industrial las macrocelulosas del franquismo? Eso es un fracaso rotundo y demuestra que con el Gobierno del Partido Popular lo único que estamos haciendo es que este país esté perdiendo un tiempo precioso.

¿Por qué cree que el PP se la ha envainado con Altri?

Porque sabe que tiene un coste y que la mayoría de la sociedad gallega está en contra de este proyecto. Evidentemente.

La organización ecologista Adega ha exigido este viernes la dimisión de la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, después de que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) condenase a la Xunta por reducir la protección de los terrenos donde planeaba instalarse la macrocelulosa de Altri en Palas de Rei (A Ulloa, Lugo). “La sentencia manifiesta, una vez más, el absoluto desprecio del Gobierno gallego por los procedimientos legalmente previstos”, señala Adega, “y su parcialidad sistemática en favor de intereses espurios y contra el interés general y la protección del medio ambiente”. La Xunta anunció la semana pasada el archivo de un proyecto que se encontró con una formidable oposición ciudadana y los reparos de los técnicos del Ministerio de Industria.

El fallo del Superior, adelantado este jueves por Nós Diario, se produjo en respuesta a una demanda de Adega y obliga al ejecutivo de Alfonso Rueda a restituir la consideración de “zona de amortiguación” de varias de las fincas en las que se había fijado la multinacional portuguesa. Las zonas de amortiguación, incluidas la Estratexia Galega de Infraestrutura Verde publicada en el Diario Oficial de Galicia hace ahora un año, en salvaguardan con ciertas restricciones de usos, después reguladas por planes específicos, hábitats de interés comunitario de carácter prioritario o donde habitan especies amenazadas y suele establecerse en espacios que lindan con lugares sometidos a protección más estricta, en este caso la Zona Especial de Conservación Serra do Careón.

Para Adega, el dictamen implica además que la Xunta debe “desestimar expresamente los procedimientos de autorización ambiental integrada” y de la concesión de aguas a Altri y declarar nula la declaración ambiental integrada otorgada a la pastera en marzo de 2025. También pide la revocación de la consideración de la iniciativa como proyecto industrial estratégico. “La sentencia dificulta cualquier tentación de la Xunta de Galicia de cerrar en falso la tramitación de la macrocelulosa con la intención de dejar abiertas grietas administrativas a una futura recuperación del proyecto”, avisa Adega.

Según el departamento de Medio Ambiente, la condena del Superior afecta a “un documento estratégico previo que servirá de base para la futura identificación, declaración y cartografiado oficial de la infraestructura verde en Galicia” y “no invalida delimitaciones ni declaraciones definitivas”

La Xunta de Galicia redujo de manera ilegal la protección ambiental de los terrenos en los que planeaba instalarse la macrocelulosa Altri en las inmediaciones de la Serra do Careón en A Ulloa (Lugo). Así lo ha concluido el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia en una sentencia datada el 13 de febrero, adelantada por Nós Diario y a la que ha tenido acceso elDiario.es. “Debe mantenerse la protección de la zona objeto de la presente litis […] y anularse la posterior corrección”, dice el fallo en respuesta a una demanda de la organización ecologista Adega. El gabinete de Alfonso Rueda anunció la semana pasada el archivo definitivo del proyecto de Altri, que había apoyado con entusiasmo y que tropezó con una gran contestación social, ecológica, científica y política, además del revés de los técnicos del Ministerio de Industria que bloquearon su acceso a fondos europeos lo dejaron fuera de la planificación eléctrica. El departamento autonómico de Medio Ambiente asegura que “no se invalidan delimitaciones ni declaraciones definitivas” y que el recurso de Adega afecta a “un documento estratégico previo que servirá de base para la futura identificación, declaración y cartografiado oficial de la infraestructura verde en Galicia”. Pero que, en todo caso, la consellería tendrá que restituir a su estadio inicial, que incluye proteger los solares elegidos por la pastera de origen portugués.

El Gobierno gallego aprobó en octubre de 2024 la Estratexia Galega de Infraestrutura Verde, publicada el 10 de febrero del año siguiente en el Diario Oficial de Galicia. El documento no consideraba “zonas de amortiguación” las fincas en las que pretendía construir Greenfíber -la marca gallega de Altri en alianza con un empresario gallego- una planta para producir 400.000 toneladas anuales de celulosa soluble y otras 200.000 de fibra vegetal lyocell. Lo que levantó las sospechas de vecinos contrarios a la iniciativa y colectivos ambientalistas era que, apenas unos meses antes, cuando la Estratexia Verde salió a exposición pública, sí las consideraba como tales. Las zonas de amortiguación salvaguardan con ciertas restricciones de usos, después reguladas por planes específicos, hábitats de interés comunitario de carácter prioritario o donde habitan especies amenazadas y suele establecerse en espacios que lindan con lugares sometidos a protección más estricta, en este caso la Zona Especial de Conservación Serra do Careón.

“No cabe duda de que por parte de esa Administración [en referencia a la Xunta de Galicia] ha existido un reconocimiento de la relevancia ambiental de este espacio, que fue inicialmente reconocido como zona de amortiguación cercano a la Serra do Careón”, dice la sentencia, “y a la que, simplemente, se le retiró tal protección una vez transcurrido el trámite de información pública, sin argumentar ni demostrar que esa retirada debe prevalecer al interés público en la preservación del medio ambiente”. El dictamen añade que, de no existir esa justificación expresa, “se vulnera la normativa nacional y de la propia Unión Europea”. Si la Administración alegase “otros supuestos intereses públicos frente al interés público de protección medioambiental” tendría que tratarse de “una alegación concreta, no meramente hipotética (o no emplear argumento alguno, como el presente caso)”.

El fallo insiste en que “para realizar ese cambio y promover la desprotección de esos terrenos necesariamente la demandada tendría que aportar una especial motivación que justificase dicha desprotección con base en un interés general o público, y revisado el expediente no consta ninguna motivación”.

Contra la sentencia del Superior cabe recurso. Consultada por este periódico al respecto, la Xunta no aclara si lo presentará.

El proyecto de instalar una macrocelulosa en el corazón geográfico de Galicia descansa ahora en un cajón de los despachos de San Caetano, después de haber sido la propuesta estrella de la Xunta para la recuperación económica tras la pandemia. Se topó con un férreo rechazo social, de colectivos ecologistas, de asociaciones gremiales, de órganos consultivos del Gobierno gallego y de los partidos de la oposición en el Parlamento. Pero los planes de Altri –en asociación con el empresario gallego Manuel García Pardo– no son los únicos que han levantado en contra a vecinos, sectores productivos y expertos en la comunidad. Varias explotaciones mineras, la multiplicación de propuestas para parques eólicos o las plantas de biometano acumulan también críticas por su impacto negativo y han dado lugar a plataformas que se organizan para frenar estos planes.

Una de las iniciativas industriales que más protestas ha provocado en la última década en Galicia es la de la reactivación de la mina de Touro – O Pino. En 2017, cuando se presentó el primer proyecto para retomar la actividad, la extracción de cobre llevaba tres décadas parada sin que se hubiese hecho una recuperación adecuada del entorno. Una plataforma vecinal, con la mirada puesta en la contaminación nunca resuelta, se opuso a reabrir la explotación. Como en el caso de Altri, a la causa se sumaron entidades de la ría de Arousa, a la que llegarían, a través de afluentes del Ulla, los contaminantes. Las manifestaciones, caminatas reivindicativas y concentraciones se repitieron durante casi tres años y, en 2020, la Xunta terminó por anunciar que la declaración de impacto ambiental era desfavorable por los efectos que tendría en la zona y el aumento de la presión sobre el río.

Aquel celebrado carpetazo no fue, sin embargo, el final de la historia. La empresa, Cobre San Rafael, volvió a presentar ante la Xunta lo que asegura que es un proyecto nuevo, “más innovador y más verde”, creado desde “la escucha al territorio”. La respuesta de la Xunta fue declarar, a mediados de 2024, estos planes proyecto industrial estratégico, una fórmula favorable para el promotor porque permite acelerar los plazos de tramitación. El presidente gallego, Alfonso Rueda, aludió aquel día a que la empresa cumplía con sus promesas los requisitos establecidos para darle el amparo de esa figura y destacó el interés de la extracción de cobre, considerado mineral estratégico por la Unión Europea. La reactivación de la mina está actualmente a la espera de la declaración de impacto ambiental.

La plataforma vecinal Mina Touro – O Pino Non y la asociación Ecoloxistas en Acción, por la contra, no vieron cambios significativos en el proyecto y han vuelto a organizarse para batallar contra la reapertura de la mina, a la que presentaron miles de alegaciones. Enfrente, la empresa ha optado por la estrategia comunicativa de no dejar pasar las críticas y dar la réplica presentando su proyecto como algo que respaldan los propios vecinos, con fiestas y sorteos de camisetas de equipos de fútbol incluidos. Las alegaciones a favor no son lo habitual, pero la propia Cobre San Rafael difundió que, en este caso, se registraron unas 6.000.

Isabel García, miembro de la plataforma que se opone a la mina y portavoz de Ecoloxistas en Acción en lo que tiene que ver con la misma, recuerda que hay varios frentes abiertos: la declaración de proyecto industrial estratégico fue recurrida y Explotaciones gallegas, que es copropietaria de Cobre San Rafael, afronta una demanda penal por daños al medio ambiente. Con los antecedentes del proceso en el que ella está implicada, García pone todas las precauciones en su reacción al archivo de Altri. “Están haciendo lo mismo que hicieron con Touro: darle aire, tiempo, a la empresa para mejorar y ver si pueden sacar adelante las necesidades que tiene el proyecto. Mientras tanto, a ver si la oposición social se va diluyendo. Es una táctica que utilizan tanto el Gobierno como las multinacionales”. Lo que ve como algo positivo es que en estas luchas se han implicado varios colectivos y “no va a ser tan fácil” para los promotores. En Touro, el primer proyecto para volver a explotar la mina es de 2017 y nueve años después, reivindica, “no se está sacando un solo gramo”.

La de Touro no es la única explotación minera que ha generado oposición, bien de vecinos, bien de entidades ecologistas. La de Doade (en Beariz, Ourense), incluida entre los proyectos impulsados por la Unión Europea para extraer minerales críticos –en este caso, litio–, ha registrado más de 3.000 alegaciones en contra. La de Penouta (Viana do Bolo, Ourense) tiene paralizada la extracción de coltán tras la denuncia de Ecoloxistas en Acción. Y la de San Fins (Lousame, A Coruña) no llegó a tener producción en su último intento, a principios de 2023. Mariscadores y ecologistas protestaron contra el permiso dado por la Xunta para verter aguas contaminadas a un arroyo siete kilómetros por encima de la ría de Muros e Noia. Un año y dos meses después, el Gobierno gallego retiró esa autorización tras constatar que seguía contaminando.

Renovables, pero con riesgos

Aunque forman parte troncal de la estrategia europea para que la economía dependa menos de los combustibles fósiles, las energías renovables afrontan sus propias objeciones. Y estas suelen proceder de colectivos vecinales y de organizaciones ambientalistas, aunque pueda parecer una paradoja. En el caso gallego, se cuentan por decenas los proyectos eólicos encallados en la Justicia por posible daño ambiental. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha encontrado casos en los que no se evaluaron conjuntamente los impactos de todos los elementos de la explotación o en los que no se revisó lo suficiente el efecto sobre territorios incluidos en Red Natura o la presencia de especies protegidas. También hay casos de litigios para proteger patrimonio cultural, no solo natural.

La situación ha derivado en un parón en la eólica que la Xunta y el PP achacan en exclusiva a los jueces, pero que expertos atribuyen a que las deficiencias en el trámite ambiental en el Gobierno gallego hacen que los proyectos sean impugnables ante la Justicia y a que hay un mayor activismo en este ámbito. A principios de esta década, con la multiplicación de solicitudes para levantar nuevos parques también creció la oposición. En los despachos de la Xunta se acumularon tantos expedientes que el entonces presidente, Alberto Núñez Feijóo, anunció en 2021 una moratoria que impedía presentar más mientras no se fuesen resolviendo los que ya habían llegado a San Caetano. Fue el momento en el que se vieron más manifestaciones con el lema 'Eólica si, pero non así' en Galicia.

El foco se está colocando en los últimos meses sobre otra renovable: el biometano. Según los datos que dio el pasado octubre la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, en Galicia hay ocho plantas funcionando y otras tantas en tramitación. En aquella comparecencia, que era una respuesta a una pregunta del BNG en el Parlamento, Vázquez criticó las protestas contra los proyectos industriales de este tipo. Cuando se anuncia una planta, “aparece una plataforma”, dijo, tratando de relacionar la contestación con intereses de partidos políticos y no con los propios de vecinos o colectivos ecologistas.

El biometano y los purines

Solo unos días antes de que la conselleira defendiese los proyectos de biogás en la Cámara gallega, la empresa láctea lucense Lence anunciaba que renunciaba a la planta de biometano que quería levantar junto a sus instalaciones en el polígono de O Ceao por la creciente oposición social. En una carta firmada por Carmen Lence, presidenta del grupo, y publicada en el diario El Progreso, señalaba que el objetivo era dar solución al “problema urgente” en el que se habían convertido los purines de las granjas de animales.

En otros puntos de Galicia han nacido plataformas que se están organizando para tratar de frenar otros proyectos, como en Agolada (Pontevedra) o en la comarca de A Limia (Ourense). En este último caso, un colectivo reunió en enero más de 3.400 alegaciones contra el proyecto impulsado por Ence en Xunqueira de Ambía. Sostienen que se trata de una planta de gran tamaño que representa una “amenaza” para la salud humana por sus emisiones y también un riesgo para el entorno, dado que se proyecta junto a una zona de especial protección para las aves (ZEPA). Entre las entidades que presentaron sus objeciones está la Sociedade Galega de Historia Natural (SGHN), que señala contradicciones en las previsiones de consumo de agua, falta de datos y cuestiona que, teniendo en cuenta los gases de efecto invernadero que se van a liberar, el balance energético salga realmente a favor de las instalaciones.

El presidente de la SGHN, el biólogo e investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) Serafín González, duda de que este proyecto se pueda calificar de “verde” y critica que estas plantas, alimentadas con purines y otros desechos, se están utilizando en varios casos para justificar el modelo de las macrogranjas. Precisamente en A Limia, otra batalla medioambiental liderada por los vecinos del embalse de As Conchas ha terminado con una condena a la Xunta y al Estado confirmada por el Tribunal Supremo. El fallo señala que la inacción de estas administraciones supuso una vulneración de los derechos humanos de los residentes de la zona, sometidos a los efectos de la contaminación de las aguas por la presencia de grandes granjas de animales en la comarca.

El fracaso del principal proyecto industrial del Gobierno de Alfonso Rueda es culpa de la oposición, dice Alfonso Rueda. Pese al entusiasmo burocrático y político con el que la Xunta defendió la idea de implantar una macrocelulosa en el corazón de Galicia, no fue capaz de llevarlo a término y la semana pasada anunció su archivo. De entrada responsabilizó al Ejecutivo de Sánchez por dejar la iniciativa de Altri fuera de la planificación eléctrica, pero en la sesión de control parlamentario de este miércoles ese argumentario quedó en segundo plano y BNG y Partido Socialista ocuparon el centro de su diana. Lo que Rueda no mencionó fue el formidable rechazo vecinal y ecologista, que organizó algunas de las manifestaciones más concurridas de los últimos años en la comunidad, ni las múltiples críticas de instancias científicas y expertas. El presidente gallego tampoco despejó otras incógnitas: se volvió a negar a desvelar el acuerdo secreto que firmó su gabinete con la empresa a través de la sociedad público privada Impulsa -hoy disuelta- y no aclaró si tiene un plan industrial más allá de Altri.

Fue Ana Pontón, la líder del BNG, quién se interesó por el ya célebre documento. “¿Qué esconde? ¿Qué dice ese papel para tener que ocultarlo a las gallegas y gallegos? Entréguelo ya a esta Cámara”, acabó su primera intervención. Antes había atribuido el final administrativo de la pastera “al pueblo gallego” y a las sostenidas movilizaciones coordinadas por la Plataforma Ulloa Viva. “El BNG acompañó”, dijo, “a la gente que defendió la dignidad y el sentido común. Es una victoria del pueblo gallego y su derrota personal”. Altri, a través de la compañía Greenfiber de la mano de un empresario coruñés, pretendía instalar en Palas de Rei (A Ulloa, Lugo) una factoría que produjese 400.000 toneladas anuales de celulosa solube y 200.000 de fibra textil vegetal lyocell. Para ello absorbería 46.000 metros cúbicos diarios de agua del río Ulla -a escasos kilómetros de su nacimiento-, de los que devolvería 30.000 “convenientemente tratados”. El número de empleos que crearía osciló de los 2.500 prometidos por Feijóo a los menos de 500 directos.

“Alguien tiene que asumir la responsabilidad de apostar toda una política industrial a una carta perdedora”, insistió Pontón, “usted solo ha ofrecido el franquismo industrial de una macrocelulosa”. Pero si algo no hizo Rueda en su réplica fue asumir responsabilidades. Sí repartirlas. “Está siendo una sesión divertida”, quiso ironizar, “tratan de ponerse una medallita para ver quién impide que se instale industria en Galicia”. “Pero hay un claro perdedor, Galicia y su futuro”, añadió, como si él no fuese presidente de la comunidad desde 2022 y miembro de la primera línea de sus gobiernos -conselleiro y vicepresidente- desde 2009. “¿Qué le va a decir a los jóvenes que quieren trabajar en Galicia?”, le espetó a la portavoz nacionalista, “¿cuál es su Arcadia feliz y el futuro de los jóvenes?”. Él mismo no ofreció ninguna pista, más allá de una apelación genérica a la industria que, en abstracto, comparten todos los grupos con escaños en O Hórreo. Sobre por qué un día aseguró que, de no haber dinero europeo para Altri, la Xunta buscaría otras vías de financiación y después cambió de parecer sin mayores explicaciones no se pronunció.

La portavoz del BNG no dejó escapar esos silencios de Rueda. “Poco menos que Lugo va a ser el Lejano Oeste sin Altri”, criticó los discursos del PP tras dar carpetazo al proyecto, “hambre y atraso. Las 4.000 familias trabajadoras de A Ulloa, las 19.000 que viven del mar, ¿eso es atraso? Como no consiguieron imponer la macrocelulosa, va a haber hambre y atraso y ninguna política industrial, es lo que está diciendo”. Pontón tampoco calló ante la acusación de que su formación, al igual que el Partido Socialista, habían apoyado la iniciativa de la pastera y más tarde pasado a la oposición. “Ustedes vendieron una biofábrica y en realidad era una macrocelulosa. Se cuidaron muy mucho de no publicar el proyecto antes de las elecciones”, dijo. Alfonso Rueda repitió su argumentario en el turno de cierra, se refirió a que el Gobierno de Sánchez dejó sin conexión eléctrica “gracias a usted o a Besteiro” a la provincia de Lugo y lo tildó de sectario. No asumió ninguna responsabilidad.

Besteiro a Rueda: “Desclasifique los papeles de Altri”

El secretario general de los socialistas gallegos, José Ramón Gómez Besteiro, también había hablado de la macrocelulosa en su debate con Rueda, aunque fuera de pasada. “Usted no desclasifica los papeles de Altri. Es especialista en protestar por aquello en lo que no tiene competencias pero no en lo que sí”, definió la estrategia argumental del Partido Popular. Pero su preguntaba trataba sobre las relaciones entre la Xunta de Galicia y los ayuntamientos y lo que Besteiro entiende como “agresiones continuas” de Rueda a los principios de autonomía local, suficiencia económica e igualdad de trato de los consistorios. “Usted violenta las arcas municipales y saquea los concellos”, aseguró, “al atribuirles competencias impropias. Lo vemos con el servicio de ayuda al hogar o con la doble imposición del canon del agua”.

Alfonso Rueda lo negó. No aportó datos demasiado concretos pero sí frases: “Galicia es una de las comunidades en donde los ayuntamientos más participan de los impuestos que recauda el Gobierno autonómico”. También citó las modificaciones en las aportaciones al servicio de ayuda en el hogar -“pasa del 9,7% al 18% entre 2021 y 2028”- o las obras financiadas por el citado canon hidráulico. “Hay colaboración, hay acuerdos, hay lealtad”, resumió. Y atacó a Sánchez a propósito de la política de vivienda pública: “De las miles que ha prometido, ninguna en Galicia”. Besteiro le había recordado que en solo 15 días, el registro de demandantes en la comunidad había crecido en 667 personas, hasta los 29.800. El Gobierno de Rueda se ha comprometido a construir 10.000 en 2030 después de 15 años de gobiernos de su partido, y de los que él formaba parte como número dos o tres, de absoluta inacción en la materia.

El socialista le respondió que “sus desgracias no llevan el apellido de Sánchez, llevan el apellido de Feijóo” y, en esa línea, que “los problemas de Feijóo no son los problemas de Galicia”. Rueda no se dio por aludido y se revolvió con un “el Gobierno central no tiene una sola política de vivienda”. No le concedió ese estatus ni siquiera a medidas como la declaración de zona tensionada de alquiler que su propio gabinete ha dificultado en ciudades como A Coruña o Santiago de Compostela.

El acceso al memorándum de entendimiento firmado entre la Xunta y Altri sobre el proyecto de macrocelulosa en Palas de Rei (Lugo) ha sido denegado reiteradamente por el Gobierno gallego, tanto a los grupos que lo solicitaron en el Parlamento de Galicia como a través de la ley de transparencia con el argumento de que se trata de un documento confidencial. Pero, una vez que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha reconocido públicamente que él sí conoce el contenido, el PSdeG le exige que comparezca ante la Cámara gallega para dar explicaciones por ello y para que aclare si está defendiendo algún interés impropio al no dar a conocer ese acuerdo.

El secretario xeral de los socialistas gallegos, Xosé Ramón Gómez Besteiro, compareció este martes para exigirle a Rueda que explique ante el Parlamento ese pacto declarado confidencial. Puso en foco en la contradicción entre esta afirmación del presidente gallego y la hecha por la Consellería de Economía, que alegó no conocer el contenido de ese acuerdo. Este departamento del Gobierno autonómico respondió a una petición realizada al amparo de la ley de transparencia por el diario Praza.gal que desconocía el contenido de ese acuerdo. Besteiro señaló que los gallegos se preguntan “qué intereses se están protegiendo con ese silencio”.

En su comparecencia, el líder de los socialistas gallegos también pidió a la Xunta que deniegue el proyecto basándose en un análisis de fondo del mismo, en lugar de archivarlo, porque interpreta que esta es una forma de “ganar tiempo” y dejar su viabilidad “latente”, con la posibilidad de reactivarlo. “Archivar no es resolver”, recalcó. Este lunes, en la misma comparecencia en la que admitió conocer el memorándum de entendimiento, Rueda manifestó que el proyecto, tal y como se presentó, no va a seguir adelante. Si la empresa encuentra otra manera de conectar la fábrica a la red eléctrica, tendría que volver a empezar la tramitación.

Besteiro cargó contra Rueda calificándolo de “opaco” por no dar información que sí conoce. “Es un presidente indigno y en el que no se puede confiar”, aseguró. Los socialistas reiteran su intención de pedir el acuerdo a través de la Justicia si no se hace público.

La Xunta se ha parapetado en la confidencialidad del memorándum de entendimiento firmado con Altri para no entregar el documento al Parlamento y para dejarlo fuera de la ley de transparencia y evitar hacerlo público. Pero el presidente gallego, Alfonso Rueda, admite que sí conoce su contenido, pese a no haber formado parte del consejo de administración de la sociedad a través de la cual se formalizó el acuerdo con la compañía portuguesa. Y ha revelado uno de sus aspectos: no se recogen compensaciones para el caso de que el proyecto no vaya adelante, como es el caso ahora.

Rueda dijo, en respuesta a una pregunta sobre ese memorándum de entendimiento, que él si sabe lo que consta en ese documento, antes de volver a destacar su “carácter de confidencialidad”. Ni las peticiones del BNG ni las del PSdeG en el Parlamento lograron que el acuerdo fuese revelado. Tampoco las apelaciones a la ley de transparencia, como publicó el diario Praza.gal. Los argumentos insistentes son que el pacto es confidencial y que queda fuera de la información accesible al amparo de la ley de transparencia porque el exconselleiro que lo firmó lo hizo como representante de una empresa en la que participaba la Xunta, pero era una sociedad mercantil privada. Según el Gobierno gallego, Rueda sí sabe del contenido porque los representantes de la Xunta le dieron cuenta de las decisiones que se tomaban en esa empresa.

El origen del embrollo hay que buscarlo en las gestiones de la Xunta para acceder a los fondos europeos Next Generation tras la pandemia. El Gobierno gallego, entonces liderado por Alberto Núñez Feijóo, decidió crear una empresa con participación pública y privada que buscase proyectos adecuados para presentarse a las convocatorias de ayudas. Así nació Impulsa Galicia, en la que la Xunta tenía un 40% de las participaciones; Abanca, el 38%; Reganosa, el 12% y Sogama, el 10%. La participación de la Xunta tiene, a su vez, tanto en Reganosa como en Sogama hacía que el Gobierno gallego controlase algo más del 48%. El presidente de Impulsa era la persona que tenía el cargo de conselleiro de Economía, de modo que inicialmente y en el momento del acuerdo con Altri, era Francisco Conde. A él es a quien se refería la Comisión de Transparencia cuando argumentaba que su firma estaba en el pacto como presidente de Impulsa, no como conselleiro.

Impulsa anunció en octubre de 2021 que había elegido como socio estratégico a Altri en lo que presentaba como una planta de fibras textiles de origen vegetal. Impulsa anunció su disolución en verano de 2025 y el proceso acaba de culminar. El principal proyecto que se gestó a su amparo, el de la fábrica proyectada por Altri en Palas de Rei (Lugo) ha fracasado. Tras meses de incógnitas, el pasado viernes la conselleira de Economía, María Jesús Lorenzana, anunció que el Gobierno gallego va a proceder al archivo del expediente. Encallado antes de recibir la autorización ambiental integrada, el proyecto decae y el motivo dado por la Xunta es que la conexión a la red eléctrica que necesitaría la planta está fuera de la planificación, aún provisional, del Gobierno central. El presidente gallego admitió que la decisión se tomó sin esperar a que los planes de construcción de infraestructura eléctrica fuesen definitivos y antes de que las alegaciones que presentó el Gobierno gallego tuviesen respuesta. La resolución se adopta “en función de todo lo manifestado”. Recordó que Altri puede alegar contra el archivo, algo que la empresa asegura que está estudiando.

La noticia del carpetazo llegó tras meses de tibieza de la Xunta con respecto a los planes de Altri -el presidente dijo en alguna ocasión que, sin conexión a la red estaba en realidad en manos de la compañía decidir si seguía adelante- y después de unas manifestaciones en contra masivas y sostenidas en el tiempo que dejaron claro el fuerte rechazo social a la iniciativa. La falta de conexión eléctrica, insistió este lunes Rueda, “hace inviable el proyecto”. El presidente gallego insistió en que, tal como está el proyecto, este es el fin definitivo. Si Altri busca otra forma de conectarse a la red deberá volver a iniciar los trámites para solicitar la autorización de la Xunta.

Palas de Rei (A Ulloa, Lugo), una pequeña localidad situada en el Camino Francés de Santiago, no recordaba nada igual: el domingo 26 de mayo de 2024, miles de personas respondieron al llamamiento de la plataforma Ulloa Viva y desbordaron sus calles en la primera de las grandes protestas que han desembocado en el carpetazo definitivo al proyecto de Altri. Unos 20.000 manifestantes en un pueblo de 3.200 habitantes expresaron su rechazo a una macrocelulosa planeada para utilizar 46.000 metros cúbicos diarios de agua del río Ulla a escasos kilómetros de su nacimiento y para emitir una incierta, discutida cantidad de gases a la atmósfera. Aquella jornada marcó el inicio de una sostenida oposición vecinal, política, ambientalista y científica, quizás la más constante después de la que, hace más de dos décadas, se concentró en torno al Nunca Máis y la crítica de la gestión política del desastre del Prestige.

Las manifestaciones contra Altri se tropezaron con la Xunta de Alfonso Rueda. Este había heredado la idea de la factoría de su antecesor, Alberto Núñez Feijóo, pero la asumió con entusiasmo. Así, la gente que disentía de la misma “estaba politizada” -por BNG y Partido Socialista, fundamentalmente. Por el contrario, todas las decisiones gubernamentales estaban únicamente basadas en “criterios técnicos”. Las del Ejecutivo gallego. Porque las del central o las comunitarias, instancias que denegaron apoyos al proyecto, también eran “políticas”. El caso es que el manual que el Partido Popular aplica a las protestas sociales contrarias a su estrategia no acabó de funcionar. Unos meses después del histórico domingo de Palas de Rei, decenas de miles de ciudadanos abarrotaron Santiago de Compostela al son de “Altri non” o “Rueda, recúa, a auga non é túa [Rueda, retrocede, el agua no es tuya]”.

El presidente gallego se recreó aquel diciembre de 2024 en su cantinela habitual: respecto a “los manifestantes de buena fe” pero no a “los politizados” por la oposición. Mientras, el anagrama Altri non, rojo y blanco sobre negro y con un mapa agujereado de Galicia en la letra o se hacía cada vez más popular. Los paralelismos con la mítica bandera negra de Galicia de la lucha contra el chapapote eran evidentes, a decir de prensa y activistas. Pancartas y pintadas se integraron el paisaje de A Ulloa, la tranquila comarca agraria y con un importante sector servicios ubicada en el corazón geográfico de la comunidad en la que se fijó la multinacional portuguesa.

La manifestación de los barcos

Cuatro meses más tarde, Ulloa Viva -que aglutinó vecinos y coordinó asociaciones como Adega, Greenpeace o Ecoloxistas en Acción y sindicatos como la CIG- volvió a la carga. Esta vez de la mano de la Plataforma en Defensa da Ría de Arousa organizó una travesía protesta de barcos pesqueros. El río Ulla junto al que Altri quería instalarse fluye hasta la ría de Arousa y pescadores de bajura y mariscadores temían los efectos que, corriente abajo, podía suponer la papelera. Más de 600 embarcaciones navegaron en un día de primavera pero tiempo invernal y dejaron imágenes icónicas. Al mismo tiempo en tierra, en A Pobra do Caramiñal (O Barbanza, A Coruña), diez mil personas les mostraban su apoyo. Para entonces, el grito Altri non se había escuchado en Balaídos, el Estadio del Celta de Vigo, y no eran pocos los conciertos u obras de teatro que mostraban su solidaridad con la protesta. El laureado arquitecto inglés David Chipperfield, con oficina y casa en Galicia, avivaba las críticas: “La Xunta no ha logrado demostrar cómo encaja Altri en su visión del desarrollo de la comunidad”. Y Ana Pontón y José Ramón Gómez Besteiro, portavoces de la oposición nacionalista y socialista, ya secundaban prácticamente todos los actos.

Apenas había pasado un mes tras la manifestación en Arousa cuando el Gobierno central denegaba el acceso a las ayudas europeas de descarbonización solicitado por la pastera. Los técnicos del ministerio entendían que la compañía no cumplía con las emisiones de CO2 y que, en general, el proyecto no estaba maduro. Rueda los descalificó como “políticos”. Sin embargo, defectos parecidos y otras deficiencias también los habían detectado los expertos y científicos que firmaron un exhaustivo informe -180 páginas- encargado por el Consello da Cultura Galega: Altri provocaría “una grave fractura en el territorio”, emplearía menos trabajadores de los anunciados y tendría consecuencias negativas sobre el medio ambiente. Que el documento lo emitiera el principal órgano asesor del Gobierno gallego en materia cultural no le evitó los amargos reproches de Rueda, su partido (el PP) y su gabinete. Al día siguiente, estos admitieron que ni siquiera lo habían leído.

La protesta social no cedió. Además de mesas informativas en centros sociales y mercados, en ferias y fiestas y encuentros deportivos, Ulloa Viva convocó otra vez en Santiago de Compostela. El Ejecutivo central ya había entonces comunicado a Altri que no construiría la subestación eléctrica que exigía la empresa. Este es ahora el hecho con el que la Xunta argumenta el archivo definitivo del proyecto. Esa última gran marcha de oposición sucedió el pasado 15 de diciembre: de nuevo decenas de miles de personas ratificaron la vitalidad de la oposición social, ecologista y política a la factoría. Y Rueda, pese a que casi por inercia minimizó la multitudinaria manifestación, en realidad había empezado a modular su respaldo a Altri. Hasta que este viernes su conselleira de Economía, María Jesús Lorenzana, anunció el carpetazo en un corrillo con periodistas tras una visita a Maderas Besteiro.

La polémica macrocelulosa que Altri proyectaba en Palas de Rei (Lugo) acaba de recibir la negativa de la Xunta para seguir adelante. El ejecutivo de Alfonso Rueda ha decidido denegar la Autorización Ambiental Integrada, indispensable para que el plan siguiese adelante. La Xunta toma su decisión tras meses de protestas en torno a un proyecto que concitó una crítica unánime en ámbitos políticos, sociales y ecologistas. El Gobierno gallego explica su decisión apuntando al ejecutivo de Pedro Sánchez como responsable y argumenta que no se puede autorizar una industria para la que no hay prevista una conexión eléctrica que sería indispensable para su puesta en funcionamiento.

La Conselleira de Economía, María Jesús Lorenzana, ha sido la encargada de confirmar la decisión política que arrastra al cajón el principal proyecto industrial de la era Alfonso Rueda al frente de la Xunta: “Se procederá al archivo formal del expediente de Altri”, ha señalado en declaraciones a los medios. La decisión pone fin al mayor embrollo social y político en el que se ha involucrado Rueda desde su llegada al cargo. La contestación social al proyecto se convirtió desde hace más de un año en el único asomo de oposición que ensombrecía la mayoría absoluta obtenida por el PP en las elecciones de hace ahora dos años.

El Gobierno gallego ha comunicado su decisión a pocos días de la comparecencia que Rueda tiene agendada en el Parlamento de Galicia y en la que la oposición le quiere preguntar otra vez por los acuerdos secretos que la administración gallega alcanzó con Greenfiber, empresa que impulsaba el proyecto, en un protocolo de intenciones cuyo contenido el equipo de Rueda oculta con la excusa de que fue firmado por la administración, pero a través de una empresa público-privada que se denominó “Impulsa” y que fue liquidada hace meses. La gran incógnita que se abre a partir de ahora conecta directamente con ese acuerdo secreto y la posibilidad de que la empresa exija algún tipo de compensación económica por las inversiones realizadas para la puesta en marcha del proyecto.

Se despeja por tanto la posibilidad de que la comunidad gallega asuma a corto plazo una segunda pastera, además de la que Ence tiene en la Ría de Pontevedra. Con su decisión el Gobierno gallego devuelve el proyecto a la casilla de salida, pero sin descartar que en un futuro pueda volver a reactivarse si un Gobierno de otro color político decide en un futuro autorizar las conexiones eléctricas que el ejecutivo de Pedro Sánchez le ha denegado a la empresa.

Greenfiber estudia recurrir

Greenfiber, la empresa que impulsa el proyecto de Altri en la comarca de A Ulloa, ha avanzado que analiza “diferentes opciones técnicas” para la conexión a la red eléctrica, “independientemente de la planificación futura de Red Eléctrica Española”, y ha trasladado que estudia presentar alegaciones al archivo de la iniciativa anunciado este viernes por la Xunta. En un comunicado, la entidad ha insistido en que la decisión del Gobierno central de excluir la factoría de la planificación eléctrica tiene “un carácter político y no técnico”, ya que “no se ha aportado ninguna explicación técnica que justificase esa exclusión”.

Respecto a la comunicación de la Xunta sobre el inicio del procedimiento de archivo del expediente, Greenfiber ha explicado que “se reserva el derecho de presentar las alegaciones que considere oportunas”.

El monstruo en cifras

Altri se proyectó sobre una parcela de 366 hectáreas, diez veces más que los terrenos de la planta de ENCE en Pontevedra. La tercera parte —112 hectáreas— estaba prevista para la planta. Allí ya no irá la chimenea de 75 metros de altura de una celulosa que pretendía consumir cada año 1,2 millones de toneladas de eucalipto y 46.000 metros cúbicos de agua, el equivalente a todo el consumo de la provincia de Lugo. La empresa se esforzó durante todo el proceso que ahora termina en utilizar ese verbo, “usar”, asegurando que devolvería al río Ulla 30.000 metros cúbicos, dos terceras partes, convenientemente tratados y a una temperatura que no alterará la del cauce “en más de tres grados”, que es lo que marca la ley. Nada de eso sucederá ya y Alfonso Rueda despeja la protesta social sin la cual podrá encarar la segunda parte de su mandato que ahora comienza.

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha exigido la puesta en marcha de una comisión de investigación en el Parlamento de Galicia para aclarar las circunstancias en las que se firmó el memorando de entendimiento entre la Xunta y la multinacional Altri.

Así lo trasladado en un comunicado remitido a los medios, y recogido por Europa Press, en el que ha pedido al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que dé explicaciones públicas sobre el acuerdo que el propio Gobierno gallego admite ahora que se firmó al margen del control administrativo.

Para Besteiro, la gravedad de estas informaciones, desveladas por Praza.gal, obliga al máximo responsable del Ejecutivo gallego a dar la cara y explicar qué sabía, cuándo lo supo y qué consecuencias puede tener este pacto para Galicia.

El reglamento del Parlamento marca que el debate de la puesta en marcha de una comisión de investigación puede ser llevado a pleno a propuesta de dos grupos parlamentarios o de la quinta parte de los diputados de la Cámara, por lo que el PSdeG, con nueve diputados, necesitaría el apoyo de parlamentarios del BNG para que se debata.

Las normas del parlamento también indican que podrá crearse de forma automática una única Comisión de investigación por legislatura si lo solicitase un tercio de los diputados de la Cámara que pertenezcan a un mismo grupo parlamentario, o las dos quintas partes de los parlamentarios. Una 'bala de plata' que el BNG ya utilizó para investigar los contratos de la Xunta durante la pandemia y el coste de las obras del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo.

Hecho “extremadamente grave”

El jefe de filas del PSdeG ha advertido de que se trata de un hecho “extremadamente grave” desde el punto de vista político e institucional, ya que implica que un conselleiro pudo firmar un acuerdo de enorme trascendencia económica, territorial y ambiental “sin control político ni transparencia pública”.

“No es creíble que la Xunta no sepa qué compromisos se asumieron en nombre de Galicia. Si no lo sabe, el problema es gravísimo. Y si lo sabe y no lo explica, también”, ha señalado.

Besteiro ha sostenido que el PSdeG fue el primer grupo en advertir en el Parlamento de Galicia de que este proyecto “nacía rodeado de opacidad” y ha señalado que los socialistas denuncian desde finales de 2023 el “oscurantismo” que rodea a “Impulsa Galicia, una sociedad instrumental utilizada por la Xunta para impulsar proyectos estratégicos al margen del control y de al transparencia parlamentaria”. “El tiempo nos está dando la razón. Lo que está pasando es grave y no se puede normalizar”, ha afirmado.

El PSdeG señala que, según la información conocida, el memorando fue firmado en 2021 por Francisco Conde, entonces vicepresidente de la Xunta y conselleiro de Economía, en el marco de Impulsa Galicia, sin que el propio Gobierno gallego aclare cuál era su contenido ni qué compromisos se asumieron en nombre de Galicia. Para Besteiro, esta explicación es “políticamente insostenible e incompatible con el funcionamiento normal de un gobierno democrático”.

“Hablamos de un memorando firmado en una etapa en la que Conde era la mano derecha de Feijóo. Pretender ahora que un acuerdo de estas dimensiones, con posibles consecuencias millonarias para el erario público, se firmó sin conocimiento político al más alto nivel no resulta verosímil”, ha advertido.

Además, el dirigente socialista ha considerado que “sería extremadamente grave” que ese documento “secreto” incorporase algún tipo de blindaje legal para la empresa, que pudiese abrir la puerta a que Altri reclame millones de euros e indemnizaciones con cargo a fondos públicos. “Estaríamos ante un nivel de irresponsabilidad política inadmisible con consecuencias económicas muy serias para Galicia”, ha señalado.

“No estamos hablando de un trámite administrativo ni de un acuerdo técnico menor. Estamos hablando de un pacto que condiciona un proyecto estratégico, con impacto territorial, ambiental y económico, y que puede implicar el uso de fondos públicos”, ha dicho.

Además, ha puesto en cuestión que un conselleiro pudiese actuar al margen del presidente y del Consello de Gobierno. “Si esto ocurrió sin conocimiento del presidente, estamos ante un problema muy serio de funcionamiento institucional. Y si esto ocurrió con conocimiento, alguien está ocultando información”, ha advertido para asegurar que “hay dos versiones claramente contradictorias y solo el Parlamento puede aclarar que pasó realmente”.

Por todo ello, Besteiro ha considerado imprescindible que Feijóo y Francisco Conde, hoy diputados en el Congreso, comparezcan en una Comisión de investigación en el Parlamento de Galicia para explicar quién firmó, con qué contenido, con qué mandato político y con qué consecuencias para Galicia. “Es una cuestión de transparencia, de responsabilidad política y de respecto a la ciudadanía. Galicia merece saber qué se hizo y en nombre de quién”, ha asegurado.

La Xunta va a registrar sus alegaciones contra la planificación de infraestructuras eléctricas propuesta por el Gobierno central y que excluye la subestación que necesita el proyecto de macrocelulosa de Altri para instalarse en la comarca de A Ulloa. Una de las reclamaciones del Gobierno gallego volverá a ser que se incorporen nuevos proyectos de transporte para la zona central y oeste de la provincia de Lugo, ya que la carencia de una subestación “frena su futuro industrial”.

El Consello de la Xunta revisó en su reunión de este lunes un informe sobre las alegaciones, en la víspera de que termine el plazo para presentarlas. El presidente gallego, Alfonso Rueda, manifestó que hay más de una docena de proyectos industriales declarados estratégicos que no tienen garantizada la conexión que necesitan con la planificación entre 2026 y 2030 y consideró que “no es de recibo” que Galicia sufra lo que considera “una nueva discriminación”.

La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, insistió en la falta de infraestructuras para la provincia de Lugo. Cuando se conoció la propuesta de planificación dio por hecho que el proyecto de Altri sería inviable. Este lunes defendió que las alegaciones, en las que el Gobierno gallego vuelve a pedir la subestación que requeriría la fábrica para instalarse en Palas de Rei, buscan que “no se condene” a algunos territorios y que “no se haga morir proyectos”.

La Xunta defiende que Galicia necesita más capacidad para que se instalen proyectos industriales, entre los que cita el centro de datos planeado para Curtis (A Coruña)o la central de bombeo reversible Meirama. También reclama más posibilidades de evacuación de la energía renovable que se produce en territorio gallego. Rueda aseguró que, de los 13.122 millones de euros totales de inversión en el periodo hasta 2023, se reservan para Galicia unos 367, es decir, el 2,8%.

La manifestación contra Altri

Rueda trató de minimizar la participación en la multitudinaria protesta del domingo contra el proyecto de Altri. Aunque reiteró que respeta a los manifestantes que van “de buena fe” a las protestas, agregó que “todo parece indicar que el apoyo fue menor que en la anterior”. Y cargó también de nuevo contra lo que considera “propaganda y bombardeo interesado de ciertas fuerzas políticas”, que considera que provocó que algunas personas “pensasen que tenían que estar ahí [en la manifestación]”.

Repitió que la decisión de seguir adelante o no con el proyecto es de la empresa, tras confirmarse que no tendrá acceso a fondos de descarbonización ni contará con esa subestación eléctrica que reclamaba. Hace unos días el presidente gallego aseguraba que la tramitación del proyecto por parte de la Xunta ha pasado a ser, en este contexto, algo “incluso secundario”.

Miles de personas han partido este mediodía de la Alameda de Santiago de Compostela en una manifestación contra la instalación en Palas de Rei (Lugo) de una macroplanta celulosa de Altri, pendiente de la autorización definitiva de la Xunta, y “en defensa del futuro” de Galicia. Esta protesta tiene lugar un año después de que otra masiva movilización desbordase la Praza do Obradoiro.

Convocados por las plataformas Ulloa Viva (PUV) y En Defensa da Ría de Arousa (PDRA), entre otras, marchan hacia la Praza do Obradoiro para repetir el masivo “no” a este proyecto industrial que ya realizaron hace un año “con la misma convicción y la misma fuerza para defender el futuro de nuestras hijas e hijos”.

La marcha ha arrancado a las 12.00 horas desde la Alameda, donde una hora después (alrededor de las 13.00 horas) continuaba saliendo personas. Paralelamente, a esa misma hora, el Obradoiro, punto de llegada, empezó a completarse ante la multitudinaria afluencia de la protesta y donde se ha leído un manifiesto.

Allí, hay personas sosteniendo paragüas decoradas con hojas de castaños y robles, con la intención de convertir la plaza en un bosque autóctono, al igual que en 2024 una gran tela azul recorrió Santiago simulando ser un río.

La manifestación, que cuenta con el apoyo de numerosas organizaciones -como los partidos de la oposición BNG y PSdeG- se desarrolla bajo el lema “Dende a Ulloa ata o mar, polas que somos e as que virán” (Desde Ulloa hasta el mar, por las que somos y las que vendrán), que se completa con el de “Altri no, fóra xa” (Altri no, fuera ya), que también corean los asistentes.

“Estamos aquí para defender que los recursos que tenemos sean para nuestras hijas e hijos y no para que acaben en la mano de empresas que lo únicos que nos traen es pobreza y robar nuestros recursos a cuenta de lo que sea”, ha manifestado la portavoz de Ulloa Viva, Marta Gontá, en el inicio de la movilización.

Este colectivo es uno de los que está detrás de la protesta, junto a la Plataforma en Defensa da Ría de Arousa (PDRA), la Plataforma Veciñal contra a Mina de Touro-O Pino y una decena de entidades más.

Altri, la multinacional portuguesa que en asociación parcería con una empresa gallega proyecta instalar una macrocelulosa en Palas de Rei (A Ulloa, Lugo), guarda silencio sobre la pérdida de entusiasmo de la Xunta en apoyar la iniciativa. Consultada por elDiario.es por las declaraciones del presidente gallego, Alfonso Rueda, en las que aseguraba que la idea de la planta es ahora “incluso secundaria” para su gabinete, la empresa ha declinado manifestarse. Rueda continúa marcando distancias con los planes de Altri que hace unos meses respaldaba con entusiasmo.

El Gobierno gallego todavía no ha hecho pública la autorización ambiental integrada -el paso siguiente a la declaración de impacto ambiental, concedida en marzo- y este martes Rueda se refirió a la demora en la tramitación porque “han ocurrido muchas cosas”. “Es absolutamente ajustada a la normativa”, adujo, pero se ha convertido en “algo incluso secundario”. Esas “muchas cosas” fueron la denegación de fondos europeos al proyecto y la circunstancia de quedar fuera de la planificación eléctrica estatal. Además, multitudinarias manifestaciones en contra recorrieron Palas de Rei, Santiago de Compostela o -en barcos- la ría de Arousa y el malestar social fue relevante.

El presidente de la Xunta aseguró, en todo caso, que se está cumpliendo “toda la tramitación ambiental” aunque añadió “siempre que la empresa siga teniendo interés”. A preguntas de este periódico, Altri eludió pronunciarse.

El proyecto de macrocelulosa de Altri para la comarca de A Ulloa ha pasado a ser algo “incluso secundario” para la Xunta. Los planes de levantar una gran planta en Palas de Rei (Lugo) recibieron el amparo del Gobierno gallego, pero ahora, tras quedar fuera de las ayudas europeas y de la planificación eléctrica, han perdido peso en la agenda y el presidente gallego, Alfonso Rueda, se remite a la empresa, de la que dice que es la que tiene que decidir si sigue adelante o no con la propuesta, que recibió una gran contestación social.

La Xunta ha defendido en varias ocasiones la propuesta -la conselleira de Economía decía, en marzo de 2024, que era “redonda” desde el punto de vista del medio ambiente- e insiste en que la tramitación se ha hecho con rigor. En marzo de este año publicó la declaración ambiental integrada, que es favorable, aunque con algunos condicionantes. Pero, tras confirmarse que el proyecto no va a recibir las ayudas de descarbonización a las que aspiraba y que tampoco va a tener la conexión que necesitaría a la red eléctrica, el Gobierno gallego empezó a marcar distancias con el proyecto.

Sobre el retraso en la tramitación de la autorización ambiental integrada -el paso siguiente a la declaración de impacto ambiental y que se preveía para el verano-, Rueda se limita a asegurar que la tramitación es “absolutamente ajustada a la normativa”, pero desde que se dieron los primeros pasos “ocurrieron muchas cosas” que han hecho que en la actualidad esa autorización ambiental sea “algo incluso secundario”.

El Gobierno gallego insiste en que seguirá “cumpliendo toda la tramitación ambiental, siempre que la empresa siga teniendo interés”. En medio de esta espera, las protestas contra el proyecto se han vuelto a activar. El día 14, domingo, está convocada en Santiago una nueva manifestación contra la construcción de una macrocelulosa en Palas de Rei.

Que los sucesivos gobiernos del Partido Popular que han ocupado la Xunta de Galicia redujeron la política de vivienda pública a la anécdota es un hecho basado en datos objetivos. Lo recordó este miércoles Ana Pontón durante la sesión de control al presidente gallego Alfonso Rueda: “Vuelva al planeta Galicia, usted no lleva dos años gobernando, lleva 16 años dinamitando la política de vivienda”. La líder del BNG lo interpelaba por uno de los principales problemas de la ciudadanía gallega -así lo recogen estudios y sondeos-, el derecho a un lugar donde vivir y le afeó sus promesas incumplidas en la materia. La primera, las 4.000 viviendas públicas que comprometió el pasado año para estar terminada en 2028. Alfonso Rueda lo negó y aseguró, sin concretar, que están en construcción.

“Hay 22.680 personas en el registro de demandantes de vivienda protegida”, arrancó Pontón su pregunta, “y lo cierto es que tienen más posibilidades de que les toque la Lotería de Navidad que una vivienda protegida”. A continuación, criticó que la derecha siempre haya preferido la especulación al derecho a la vivienda -recogido en la Constitución española- y que sus actuaciones se reduzcan a “bulos, propaganda y mentiras”. Si en 2024, el Gobierno gallego afirmó que en cuatro años terminaría 4.000 de promoción pública, solo han entregado, en cifras del ministerio del ramo citadas por Pontón, 47. “Ánimo, ya solo le quedan 3.953”, ironizó la nacionalista.

A Rueda no le hizo gracia. Dijo que las viviendas prometidas están en construcción y, con una peculiar manera de medir el paso del tiempo, que solo ha pasado un año desde su anuncio. En realidad, un año y diez meses, ya que sucedió durante la campaña de las elecciones de febrero de 2024, las de la primera mayoría absoluta del presidente gallego. Este, en todo caso, añadió que hay obras en más de 20 ayuntamientos y que algunos -citó Pontevedra, donde reside- los gobierna el BNG. La consellería María Martínez Allegue había afirmado un día antes que son 3.000 las que están “en tramitación” y las mil restantes lo estarán el año que viene. “[Las 4.000 viviendas públicas] van a estar construidas en 2028”, insistió el presidente. Fue cuando Ana Pontón mencionó la realidad: ni un año, ni un año y diez meses, Rueda forma parte de los ejecutivos populares en Galicia desde 2009 y es su jefe desde 2022. “Las últimas viviendas públicas que la Xunta entregó en Santiago de Compostela”, usó Pontón como ejemplo de la desidia del PP al respecto, “las entregó una conselleira del BNG”. Teresa Táboas, del bipartito entre socialistas y nacionalistas que gobernó la comunidad entre 2005 y 2009.

“¿Están construyendo 4.000 viviendas? Dígame dónde e iré a verlas. Pero se trata de un bulo más”, consideró la portavoz del Bloque, antes de sintetizar tres propuestas de su formación sobre el objeto de debate: “Compren vivienda para destinar a alquiler social, decreten protección permanente y adquieran aquella vivienda protegida que sale al mercado”. Rueda lo desdeñó, despreció una vez más a su interlocutora -“no sabe cómo funciona una administración”, “esas caritas que pone”- y se inventó que los nacionalistas habían instado a la Xunta a expropiar pisos.

Besteiro a Rueda: si autoriza Altri, “va a cruzar la raya de la prevaricación”

La táctica de José Ramón Gómez Besteiro, portavoz del Partido Socialista, para interrogar a Rueda fue distinta. Su grupo había registrado una pregunta sobre las políticas de bienestar del Gobierno gallego -el reglamento de la Cámara gallega obliga a hacerlo con casi diez días de antelación- pero llegada la hora se descolgó de la misma y arremetió contra la posición de la Xunta respecto del proyecto de macrocelulosa de Altri. Su jugada le valió una reprimenda amable del presidente del Parlamento, Miguel Santalices, y una ristra de descalificaciones de Rueda. “Con usted hablar de cualquier cosa en serio es cada día más difícil”. Y aunque en su primer turno, este había asegurado que no tenía inconveniente en hablar sobre Altri, lo cierto es que no lo hizo, más allá de volver a escudarse en los técnicos. En los autonómicos, claro.

Besteiro había enumerado todos los reveses que ha recolectado Altri en los últimos meses y mencionado el paradójico apoyo de Rueda a una iniciativa que, además, suscitó un enorme malestar social. “Es un proyecto vacío, muerto, no es autorizable”, resumió. Sin dinero de Europa ni el favor del Gobierno central, la Xunta debe ahora decidir si otorga la Autorización Ambiental Integrada. La opacidad que ha dominado la información sobre las relaciones entre la Administración autonómica y la empresa de matriz portuguesa impiden saber con exactitud cuando expira el plazo, pero para Besteiro, “si Rueda no tiene el valor de denegar la autorización, además de un error político, estará cruzando la raya de la prevaricación”.

La secretaria general del PP de Galicia, Paula Prado, equiparó el derecho a manifestación con la kale borroka al acusar al BNG de adoptar esa estrategia tras una reunión con Bildu, a los que se refirió como “los herederos de ETA”. “¿Cuáles son las soluciones [de los nacionalistas] en materia de sanidad, de educación, de vivienda, de politica social...? Pues la conflictividad, la manifestación, la contestación social... en definitiva, la kale borroka”. Las acusaciones llegan en vísperas de la celebración de las dos jornadas de huelga en la educación, convocadas por el sindicato mayoritario, la central nacionalista CIG-Ensino, a la que Prado acusa de tratar de “adoctrinar” al alumnado en esa misma conflictividad.

La número dos de los populares gallegos pronunció esas afirmaciones en una entrevista en Onda Cero, donde le preguntaron por el documento aprobado el 15 de octubre por la UPG —la formación nuclear dentro del BNG— y en el que, tras el análisis de la “intensa conflictividad social y política, que se extiende a lo ancho y largo de Galicia” concluían que está “marcando” y la agenda política y por eso “debe ser tomada como prioridad en esta etapa y en este contexto”. Entre los ejemplos que es recogen en el texto aparecen las manifestaciones contra la gestión de los incendios forestales o el proyecto de macrocelulosa de Altri. También las marchas en repulsa del genocidio de Palestina o en defensa del idioma gallego y la huelga educativa.

Todas esas movilizaciones tuvieron un carácter pacífico y, en varias ocasiones lograron un respaldo masivo. Aún así, Prado insiste: “Ese documento sale después de que el BNG fuese al País Vasco a reunirse con Bildu, con los herederos de ETA, y adoptasen esa postura de traer la kale borroka a Galicia”. En su cuenta personal de X, la diputada remata esa afirmación con los emoticonos de una bomba y una explosión.

Acto seguido, la diputada acusó a la CIG —la central con mayor representación en Galicia— de “instrumentalizar” esas directrices. “Estamos viendo cómo está trasladando a los centros educativos un correo electrónico instando al profesorado a participar en una formación para adoctrinar a los chavales con materiales sobre esos asuntos que tienen en esos documentos en los que hablan de conflictividad social: Altri, Lumes Nunca Máis, la sanidad, la educación...”.

“Desde el PP vamos a combatir eso. No vamos a consentir que la CIG intente adoctrinar a nuestros hijos”, añadió, y apeló a la “conciencia” de padres y madres “cuando les digan que les están poniendo en el cole un vídeo o dándoles un material para instigarlos en esa conflictividad social”. Prado los anima a denunciar, “porque desde la Xunta ya se aprobó una normativa donde se habla de neutralidad ideológica”, un eufemismo bajo el que —tanto la oposición como las anpas como los propios sindicatos educativos— consideran que se oculta el intento del gobierno gallego de censurar los asuntos que le resultan incómodos.

Esa misma tentativa de “censura” fue la que denunció CIG-Ensino en un comunicado de respuesta a Prado por sus palabras “impresentables”. El sindicato negó que enviase cartas a los centros y aseguró que lo que mandó fue un correo al profesorado para poner a su disposición “ciertos materiales didácticos” que pueden usar en las aulas para abordar asuntos como “la situación del pueblo palestino o los efectos de los incendios y de industrias contaminantes en nuestro territorio”.

Todos los materiales están en la web de la central y pretenden “fomentar la perspectiva crítica del profesorado” dentro de los contenidos curriculares y los objetivos del marco legislativo. En concreto, argumentan, responen a los objetivos enunciados en el preámbulo de la LOMLOE: “mayor participación y reconocimiento en el currículo de los movimientos sociales que la crisis impulsó, así como atender el desarrollo sostenible de acuerdo con lo establecido en la Agenda 2030, incardinándose en los planes y programas educativos de la totalidad de la enseñanza obligatoria”. Eso incluye la educación para la paz y los derechos humanos, la comprensión internacional y la educación intercultural, la emergencia climática y la transición ecológica.

“Así pues, la CIG-Ensino se reafirma en que todos los materiales didácticos puestos a disposición del profesorado se enmarcan en la legislación educativa vigente y acusa a la secretaria general del PP gallego de querer enfrentar a las familias con el profesorado con unas declaraciones que son una absoluta irresponsabilidad”, concluye el comunicado.

La Xunta se niega a hacer público el acuerdo, en forma de memorando de entendimiento, que firmó con Altri para el proyecto de construir una macrocelulosa en Palas de Rei (Lugo). Las reiteradas negativas a facilitar esta información van a llevar al BNG a poner el asunto en manos de la Justicia. El diputado Luís Bará, responsable de los asuntos de medio ambiente en el grupo parlamentario, anunció acciones judiciales ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) por este motivo.

En una rueda de prensa, Bará recalcó que la formación nacionalista reclama estos documentos desde hace más de año y medio a través del artículo 9 de reglamento del Parlamento, que es el que establece que los diputados tienen la facultad de “recabar de las administraciones los datos, informes o documentos que obren en poder de estas”. La ocultación, razona el BNG, es “una declaración de culpabilidad”. “Tenemos indicios fundados de que hay una relación de connivencia y de trato de favor entre la Xunta y Altri por medio de los negocios que se hicieron a través de Impulsa”, dijo Bará.

El memorando de entendimiento se rubricó el 1 de octubre de 2021. Las partes firmantes eran Altri y la sociedad Impulsa, una empresa público-privada creada a iniciativa de la Xunta con el objetivo declarado de aprovechar los fondos europeos de recuperación tras la pandemia. El Gobierno gallego aportó el 40% del capital social de Impulsa, mientras que Abanca puso el 38%, Reganosa el 12% y Sogama el 10% restante. La participación de la Xunta en estas dos últimas sociedades hacía que, en realidad, controlase el 48%. Quien firmó por parte de la sociedad-público privada fue Francisco Conde, entonces conselleiro de Economía y presidente de Impulsa. Pero la Xunta argumentó su negativa a facilitar ese acuerdo con que Conde no estampó su firma como conselleiro, sino “en su condición de titular de un órgano de una sociedad mercantil privada”.

Bará señala que el BNG quiere tener acceso a documentación sobre tres cuestiones: el memorando de entendimiento, las empresas que participaron en el concurso internacional que se recoge en ese memorando y el acuerdo definitivo. La formación nacionalista cree que es “bastante fácil de deducir” que, si se sabía que el proyecto de macrocelulosa podía no ir adelante, “se blindó esa opción de recuperar la inversión”. Los gallegos, defendió, “tienen derecho” a conocer todos los detalles de la tramitación.

También el PSdeG cargó este viernes contra la opacidad de la Xunta y pidió amparo al Parlamento por la negativa de la Xunta a entregar el memorando de entendimiento. Considera que hay un “veto informativo”, que se extiende también a las copias de los trabajos pagados al despacho que fundó el exministro Cristóbal Montoro. Los diputados Patricia Iglesias y Aitor Bouza indicaron que no descartan acudir también a la vía judicial “si no se respeta el derecho de los diputados”.

Iglesias calificó de “chanchullada” la sociedad Impulsa, que anunció su disolución el pasado mes de agosto. “Nació y desapareció en el más absoluto oscurantismo”, denunció y criticó que el Gobierno gallego se negó en nueve ocasiones a entregar los expedientes de creación de esta empresa. El argumento es que se trata de una entidad privada, pero la diputada objeta que la mayoría la tiene la Xunta.