Altri intenta resucitar su proyecto de macrocelulosa en Galicia y alega a última hora para que no se archive

La Xunta de Galicia anunció el pasado mes de febrero la decisión de archivar los planes para levantar una macrocelulosa en Palas de Rei (Lugo). La responsabilidad del fracaso del proyecto, impulsado por la empresa portuguesa Altri y que recibió una amplia y férrea contestación social, era, según el Gobierno gallego, del Gobierno central, por haber excluido de su planificación la conexión eléctrica que necesitaba. El plazo para alegar contra el archivo vencía ayer lunes y, a unas horas de que acabase, el presidente del Ejecutivo autonómico, Alfonso Rueda, aseguraba públicamente que desconocía si Altri había movido ficha. Lo hizo a última hora, en un texto en el que contradice todos los argumentos dados por la Xunta.

Greenfiber, que es la filial a través de la cual Altri presentó su propuesta de macrocelulosa, indica en un comunicado remitido a los medios este martes que ha registrado un escrito formal de alegaciones ante la Consellería de Economía e Industria para reclamarle que siga con la tramitación de su proyecto, que recuerda que fue declarado estratégico por la Xunta en diciembre de 2022. Su principal argumento es que no es cierto que, con la negativa del Gobierno central a la subestación eléctrica que requería, la planta haya dejado de ser viable, como sostiene el equipo de Alfonso Rueda, que había ido tomando distancia en 2025 del proyecto que antes había amparado.

Altri sostiene que su planta es energéticamente autosuficiente porque prevé tomar los recursos de un sistema propio de cogeneración y que la conexión eléctrica externa es “una medida complementaria de seguridad operativa”, pero no algo “imprescindible”. Ese enganche a la red, insiste, “no es una condición sine qua non del funcionamiento de la planta” y que, además, ese “respaldo operativo” podría conseguirse mediante “soluciones alternativas, sin necesidad siquiera de conexión eléctrica externa”. Hay varias alternativas “viables” para garantizar su “operación continua en condiciones óptimas de seguridad y eficiencia”, insiste.

Y no solo eso: Altri asegura que los listados de capacidad de acceso publicados por Red Eléctrica de España (REE) y por las empresas distribuidoras “confirman la existencia de múltiples alternativas de conexión técnicamente viables” y que, de hecho, ha iniciado, “con carácter prudencial, los trámites de solicitud de acceso y conexión correspondientes a una de las distintas opciones disponibles”.

Greenfiber, en la que Altri se alió con el empresario gallego Manuel García Pardo (Greenalia), defiende que, en cualquier caso, la Xunta debe continuar con la tramitación del proyecto “en paralelo a la aprobación de la planificación eléctrica estatal, tal como ocurre con el resto de los proyectos estratégicos”. Es decir, recuerda que esos planes que excluyen la subestación a la que pensaba engancharse no son definitivos, sino que están en fase de audiencia, consulta e información pública y la propia empresa ha presentado alegaciones -lo hizo el 15 de diciembre de 2025, concreta-, aún pendientes de resolución. Que la tramitación ante la Xunta siga su curso ordinario, defiende, es su “derecho legítimo”.

La empresa añade que la “práctica habitual y comúnmente aceptada” es que los proyectos industriales estratégicos -una figura que la Xunta aplicó en este caso y que supone una aceleración de los plazos- sigan con la tramitación al mismo tiempo que se gestiona la aprobación definitiva de la planificación eléctrica por parte del Gobierno central, de modo que se eviten “dilaciones procedimentales no imputables al promotor”. Altri agrega que quiere trasladar a la sociedad gallega su “plena confianza” en que el proyecto se va a materializar. También apunta que confía en que “el procedimiento se desarrolle con el rigor técnico y la cooperación institucional que un proyecto de esta dimensión merece”.

Precisamente al rigor técnico se volvió a referir Rueda el lunes al hablar de la fase de alegaciones contra el archivo de los planes de Altri. Ese argumento, el del buen trabajo de los funcionarios de la Xunta, ha sido utilizado de forma recurrente por la Xunta y el PP para posicionarse en defensa de la macrocelulosa y de su gestión del proyecto, que ha recibido críticas tanto de los grupos de la oposición como de diferentes colectivos, expertos o de la Justicia. El presidente gallego se limitó a señalar, en respuesta a una pregunta al respecto, que desconocía si había o no alegaciones, pero que si las había serían examinadas “desde el punto de vista técnico y objetivo”.