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El BNG anuncia que llevará a la justicia la negativa de la Xunta a hacer público el acuerdo que firmó con Altri

El consejo de administración de Impulsa Galicia en el acto para presentar como presidenta a la conselleira de Economía, María Jesús Lorenzana.

elDiario.es Galicia

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La Xunta se niega a hacer público el acuerdo, en forma de memorando de entendimiento, que firmó con Altri para el proyecto de construir una macrocelulosa en Palas de Rei (Lugo). Las reiteradas negativas a facilitar esta información van a llevar al BNG a poner el asunto en manos de la Justicia. El diputado Luís Bará, responsable de los asuntos de medio ambiente en el grupo parlamentario, anunció acciones judiciales ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) por este motivo.

En una rueda de prensa, Bará recalcó que la formación nacionalista reclama estos documentos desde hace más de año y medio a través del artículo 9 de reglamento del Parlamento, que es el que establece que los diputados tienen la facultad de “recabar de las administraciones los datos, informes o documentos que obren en poder de estas”. La ocultación, razona el BNG, es “una declaración de culpabilidad”. “Tenemos indicios fundados de que hay una relación de connivencia y de trato de favor entre la Xunta y Altri por medio de los negocios que se hicieron a través de Impulsa”, dijo Bará.

El memorando de entendimiento se rubricó el 1 de octubre de 2021. Las partes firmantes eran Altri y la sociedad Impulsa, una empresa público-privada creada a iniciativa de la Xunta con el objetivo declarado de aprovechar los fondos europeos de recuperación tras la pandemia. El Gobierno gallego aportó el 40% del capital social de Impulsa, mientras que Abanca puso el 38%, Reganosa el 12% y Sogama el 10% restante. La participación de la Xunta en estas dos últimas sociedades hacía que, en realidad, controlase el 48%. Quien firmó por parte de la sociedad-público privada fue Francisco Conde, entonces conselleiro de Economía y presidente de Impulsa. Pero la Xunta argumentó su negativa a facilitar ese acuerdo con que Conde no estampó su firma como conselleiro, sino “en su condición de titular de un órgano de una sociedad mercantil privada”.

Bará señala que el BNG quiere tener acceso a documentación sobre tres cuestiones: el memorando de entendimiento, las empresas que participaron en el concurso internacional que se recoge en ese memorando y el acuerdo definitivo. La formación nacionalista cree que es “bastante fácil de deducir” que, si se sabía que el proyecto de macrocelulosa podía no ir adelante, “se blindó esa opción de recuperar la inversión”. Los gallegos, defendió, “tienen derecho” a conocer todos los detalles de la tramitación.

También el PSdeG cargó este viernes contra la opacidad de la Xunta y pidió amparo al Parlamento por la negativa de la Xunta a entregar el memorando de entendimiento. Considera que hay un “veto informativo”, que se extiende también a las copias de los trabajos pagados al despacho que fundó el exministro Cristóbal Montoro. Los diputados Patricia Iglesias y Aitor Bouza indicaron que no descartan acudir también a la vía judicial “si no se respeta el derecho de los diputados”.

Iglesias calificó de “chanchullada” la sociedad Impulsa, que anunció su disolución el pasado mes de agosto. “Nació y desapareció en el más absoluto oscurantismo”, denunció y criticó que el Gobierno gallego se negó en nueve ocasiones a entregar los expedientes de creación de esta empresa. El argumento es que se trata de una entidad privada, pero la diputada objeta que la mayoría la tiene la Xunta.

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