La estrategia es sencilla: adquirir un piso a bajo precio, invertir lo mínimo posible en su reforma y volver a sacarlo rápidamente al mercado, pero a un precio muy superior. La estrategia, conocida como flipping inmobiliario, se ha consolidado en los últimos años como una maniobra de inversión que dificulta, aún más, el acceso a la vivienda de jóvenes y familias.

La dinámica es cada vez más común en ciudades como Madrid, sobre todo en zonas y barrios tradicionalmente obreros, con precios todavía más relajados, y forma parte del agraviado problema de acceso a la vivienda existente a nivel nacional, pero que se acentúa aún más en las principales ciudades españolas y en territorios costeros o insulares.

El truco pasa por hacer un “lavado de cara” a pisos o casas de segunda mano con la intención de inflar su valor. Con el efecto colateral de que, a la vez que se incrementa su precio, también lo hace el del distrito o zona en la que se encuentran. Los inversores no hacen mejoras reales en la vivienda, sino cambios superficiales con el objetivo principal de que la compra dé rentabilidad lo antes posible. El fin es que el inmueble parezca recién reformado para evitar que el comprador fije su atención en las deficiencias estructurales del edificio o la casa, sobre todo en instalaciones antiguas, explica David, profesional del sector inmobiliario.

En Estados Unidos, donde el flipping lleva décadas asentado, la práctica generó un beneficio bruto medio de unos 55.000 euros por operación en el primer trimestre de 2025, según datos del BBVA. En España, el modelo gana peso en un contexto marcado por el auge de la vivienda de segunda mano y la preferencia creciente por pisos ya reformados. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), este tipo de inmuebles concentró cerca del 80% de las compraventas en 2024.

Distintos estudios del sector apuntan a que siete de cada diez compradores optaron por viviendas renovadas. La combinación de precios más accesibles, mejores ubicaciones y la posibilidad de evitar obras ha impulsado este cambio de tendencia, que favorece directamente a este tipo de inversores, como refleja un análisis de mercado de BizNexus Consulting.

El objetivo: zonas urbanas emergentes

De cara a este 2025, los expertos han determinado que la rentabilidad pasa por identificar viviendas con potencial, especialmente en barrios periféricos o en transformación, y por controlar al máximo los costes de reforma. Por ese motivo, el foco se ha posado sobre las zonas urbanas emergentes, que permiten vender más rápido y a mejor precio en un mercado cada vez más competitivo.

De hecho, las operaciones de un perfil más bajo se concentran, ahora mismo, en barrios como Vallecas, Usera, Villaverde y Carabanchel. Así como en la parte más asequible de Tetuán y Ciudad Lineal. Mientras tanto, inversores de mayor perfil —los que compran y venden pisos por encima del millón de euros—, buscan zonas más caras, como el barrio de Salamanca, Chamberí y Retiro. Entre ellos se encuentran muchos extranjeros, la mayoría provenientes de Venezuela y Argentina, aunque también hay mexicanos.

En estas áreas de mayor poder adquisitivo, la compraventa es frecuente a pesar de los elevados precios por una demanda constante y el flipping inmobiliario no es tan habitual. “Estos inversores contratan empresas más especializadas y que llevan a cabo reformas cuidadosas”, apunta el experto. En cambio, en los barrios históricamente más degradados y con menor demanda hasta ahora, ha vivido escenas como una puerta de lavavajillas que no se abría al no haberse tomado bien las medidas.

María, arquitecta e interiorista, lleva meses buscando una vivienda para comprar y ha podido comprobar cómo algunos pisos pequeños se venden a precios elevadísimos tras remodelaciones que no son integrales. “No se revisan las instalaciones del edificio como deberían, y eso puede provocar complicaciones con el paso del tiempo, porque suelen ser antiguas”.

Los problemas que tiene la vivienda se ven a posteriori. Mayoritariamente, la inversión que se hace ronda los 15.000 euros cuando lo recomendable es que sea de unos 45.000. La intención: vender rápido y más caro. Aunque existe un tipo de inversor que prefiere otra vía de especulación centrada en el mercado del alquiler: comprar viviendas de obra nueva y hacer un contrato de arrendamiento durante los primeros años persiguiendo un doble beneficio, la revalorización del inmueble a medio plazo y el ingreso del alquiler en el corto.

Revalorizar el metro cuadrado

La reconversión de locales en vivienda o la segregación de inmuebles también se ha convertido en una táctica habitual. Cuanto más pequeño sea el piso resultante, más sube el precio por metro cuadrado. Para ilustrarlo, David ejemplifica: si de una casa hipotética de doscientos metros cuadrados se sacan cuatro viviendas, cada una se valoraría en unos 200.000 euros. Aun teniendo en cuenta la inversión inicial, el beneficio podría llegar a superar los 300.000 euros.

Otro truco que utiliza el sector inmobiliario es trampear a través de los anuncios de los portales inmobiliarios. Entre ellos, reforzar el atractivo con imágenes generadas con inteligencia artificial y que muestran diseños no correspondientes al estado actual de la vivienda. También es habitual encontrar anuncios que simulan inmuebles más grandes o funcionales de lo que son en realidad a partir de manipular la superficie.

“A veces se publican los metros construidos y no los útiles, incluyendo zonas comunes como el rellano o el trastero, y eso reduce considerablemente el tamaño real”, detalla María. Denuncia, además, que algunas viviendas se fragmentan en más habitaciones de las que corresponden, con estancias pequeñísimas. “Fui a ver un piso y en una de ellas, no me cabía ni un pie”, hiperboliza. El objetivo es, una vez más, subir el valor del inmueble haciendo crecer el número de habitáculos.

Especular a través de la tasación

Alberto [nombre ficticio a petición propia], otro comprador del mismo gremio, confirma que existen empresas que operan directamente en este mercado. Algunas de ellas son Clikalia, centrada en inmuebles de perfil más bajo, y Velzia, con un enfoque más premium: “Compran pisos en mal estado, les dan un lavado de cara y los venden mucho más caros. Cuanto menos gastan, más beneficio sacan”. Su experiencia también refleja la voracidad del mercado. Tras un año buscando, ha logrado hace poco adquirir una vivienda en Tetuán, uno de los distritos de Madrid donde los precios han aumentado vertiginosamente.

El mismo crecimiento se ha dado en otras zonas históricamente degradadas como Puerta del Ángel, Prosperidad o el barrio de la Concepción. “Me fijé en seis casas y solo pude visitar dos, porque las otras cuatro se vendieron el mismo día o al siguiente”. Su presupuesto, no muy elevado teniendo en cuenta el mercado inmobiliario madrileño, y la rapidez con que se efectuaron las operaciones, le condujo a pensar que la mayoría de las compras se habían hecho por parte de empresas o inversores.

Alberto, que anteriormente trabajaba en tasaciones, detalla además que para calcular el valor hipotecario, un trabajo que se hace de forma estricta y donde es muy difícil que haya irregularidades, se toma la superficie útil, no la construida, y se compara con inmuebles similares de la misma zona, aplicando un coeficiente de depreciación según el estado del piso. “Los valores suelen establecerse teniendo en cuenta que, en caso de que el propietario no pueda hacer frente en algún momento a la hipoteca firmada con el banco, la entidad pueda vender la vivienda, como mínimo, por el precio estipulado por el tasador”, aclara.

Por otro lado, existen varias fórmulas de tasación. La primera es el método de coste o valor de reposición, sumando todos los costes de producción si se construyera la vivienda desde cero: mano de obra, aparejador, arquitecto, etc.; la segunda es hacer un promedio según la rentabilidad que puede generar esa vivienda en un periodo determinado; y la tercera es el método comparativo, fijándose en lo que han pedido de alquiler los vecinos en los últimos seis meses. “En todas, sale un precio de la vivienda mucho más alto que si se mirara realmente lo que vale y no lo que se pide”, sostiene por su parte Eduard Vila, abogado experto en temas de vivienda y mercado inmobiliario y ex director general de Arquitectura y Vivienda en Balears.

Así, los precios, que se estabilizaron durante la pandemia, han ido in crescendo desde entonces. Sobre todo, a partir de la inversión de empresas que empujan los precios en zonas donde hasta ahora más asequibles. En estos distritos, otra de las formas de especulación más salvaje es su promoción —y consecuente revalorización— con la construcción de nuevas infraestructuras, así como su ‘depuración’ a través de redadas antidroga: “Es muy típico coger zonas deprimidas y eliminar el problema, siempre, cuando antes ha habido una compra del terreno; una inversión”, asevera Vila.

Los barrios, lugar “para invertir”

El portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid, Pablo Pérez, señala que el flipping inmobiliario es una expresión “muy clara” de cómo la vivienda se ha convertido en un activo financiero. La organización sindical es testigo “constantemente”, en los barrios en los que tienen asambleas, de cómo se obtienen enormes plusvalías de la compra y reforma de inmuebles. “El problema es que ese beneficio privado se produce a costa de expulsar a vecinas y a vecinos encareciendo aún más el acceso habitacional”, considera Pérez.

Una consecuencia de este tipo de operaciones es la aceleración de los procesos de gentrificación, ya que la lógica especulativa de compra-reforma-venta a un precio superior hace que se eleve el precio no solo de esa vivienda concreta, sino de todo su entorno. La consecuencia es que los barrios dejan de ser lugares para vivir y pasan a ser “lugares para invertir”, lamentan desde el sindicato.

El portavoz añade que el problema no es el flipping en sí mismo, sino que las instituciones siguen autorizando que la vivienda funcione como un mercado financiero sin ningún tipo de límite. “Si la entendemos como un derecho, no puede seguir tratándose legalmente como un producto con el que se puede especular y, además, de manera rápida”. Se refiere a la Ley de Vivienda de 2023 o la propia Ley de Arrendamientos Urbanos, que permiten, según el sindicato, el alquiler de habitaciones fraudulentas y los arrendamientos de temporada, entre otros.

Además, denuncian que en Madrid existen recursos habitacionales que adquieren fondos de inversión, como Nestar o Blackstone, que deberían formar parte del parque público de vivienda para utilizarlos, en lugar de hacer nuevas construcciones. El rápido —y vasto— beneficio de estas empresas o fondos contrasta con la dificultad de otros ciudadanos de poder pagar el alquiler o poder acceder siquiera a él: “Necesitamos políticas que frenen la especulación y que protejan a los inquilinos”, subraya Pérez.

La crisis de la vivienda sigue golpeando nuestro país. Jóvenes que no pueden emanciparse, personas de mediana edad que siguen haciendo números cada mes para afrontar los alquileres y, en definitiva, hogares cada vez más empobrecidos por hacer frente a una problemática que para el CIS “era el principal problema para el 42,6% de los españoles y españolas”, según el Barómetro de enero de 2026.

A partir del Informe de Vivienda y Bienestar 2025, elaborado por CCOO Castilla-La Mancha, conocemos que el parque total de vivienda en la región se sitúa en más de un millón (1.347.273), de las cuales 303.226 se encuentran vacías -el 8% de todas las que existen en España- y 135.783 son viviendas de uso esporádico, teniendo en cuenta datos de 2024.

La provincia de Toledo tiene casi 90.000 viviendas vacías

El mayor parque de viviendas a nivel provincial se encuentra en Toledo, con 439.385 viviendas, de las cuales 88.866 están vacías. Cuenca es la provincia con menor parque de viviendas, con 165.616, de las que 41.000 se encuentran vacías. Por otro lado, en lo que respecta a viviendas vacías, Ciudad Real se sitúa a la cabeza de provincias con mayor porcentaje, el 29% de su parque de viviendas.

En el caso de la provincia de Albacete, la capital provincial es la que cuenta con más viviendas vacías, más de 5.400. Seguidamente, Villarrobledo (2.735 viviendas vacías), Hellín (2.643) y Tobarra (1.448), entre otros.

Después, en la provincia de Ciudad Real, la capital provincial es la que cuenta con más viviendas vacías (6.384), seguida de cerca por Puertollano (6.380), Tomelloso (5.304) y Valdepeñas (4.354), entre otros.

En la provincia de Cuenca, la capital conquense es la que posee más viviendas vacías (3.240), Tarancón (844), Mota del Cuervo (561) y San Clemente (510), entre otros.

En la provincia de Guadalajara, la capital alcarreña cuenta con 3.232 viviendas vacías, seguida por Azuqueca de Henares (596), Marchamalo (385) y El Casar (382), entre otros.

Por último la provincia de Toledo, la localidad de Talavera de la Reina es la que cuenta con más viviendas vacías (5.049), seguida por Toledo (2.672), Fuensalida (2.089) y Ocaña (2.054).

Pocas viviendas de protección oficial

En Castilla-La Mancha, además de la “escasa producción de vivienda”, también destacan la escasez de Vivienda de Protección Oficial (VPO). Mientras que en 2008, previamente al estallido de la burbuja inmobiliaria, el peso de la VPO era del 8,63% construido, una “tasa insignificante”, en 2024 se construyeron 4.003 viviendas, de las cuales 159 eran VPO.

Desde CCOO Castilla-La Mancha apuntan que el problema de “la baja capacidad de generar vivienda protegida ha existido siempre, incluso en los años en los que la VPO alcanza sus porcentajes más altos, ese aumento no se debe a un impulso real de las políticas públicas, sino que coincide con el hundimiento de la vivienda libre por la desaparición del crédito”.

El 57,64% de titulares de vivienda tenían una única propiedad, donde los grandes tenedores (con más de 10 viviendas) representaban el 0,62%

Por otro lado, en Castilla-La Mancha la compraventa de vivienda es un fenómeno en ascenso. Esta tendencia, que se mantiene a la alza en los últimos diez años, refleja en septiembre de 2025 que a lo largo del año se compraron un total de 26.397 viviendas, de las cuales más de 25.000 fueron libres y 1.372 protegidas. El patrón provincial es homogéneo: Toledo, muy por encima de los demás, presenta la mayor parte de las operaciones, mientras Cuenca se mantiene como el mercado más reducido.

Por lo que respecta a la concentración de la vivienda en Castilla-La Mancha, en 2025 el 57,64% de titulares de vivienda tenían una única propiedad, donde los grandes tenedores (con más de 10 viviendas) representaban el 0,62%.

En este caso, los grandes tenedores con más viviendas por provincias se concentran en Albacete en la capital albaceteña, Hellín, Almansa y La Roda. Para la provincia de Ciudad Real, principalmente en la capital, Puertollano, Valdepeñas y Tomelloso.

Con respecto a la provincia de Cuenca, en la capital conquense, Tarancón, Las Pedroñeras y San Clemente. En Guadalajara, la propia capital alcarreña, Azuqueca de Henares, Alovera y Cabanillas del Campo. Por último, en la provincia de Toledo radican en la capital toledana, Talavera de la Reina, Ocaña y Seseña.

Baja el stock de vivienda nueva y se dispara el precio del suelo

Castilla-La Mancha poseía en stock, en el año 2024 y según el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, más de 37.000 viviendas nuevas. La oferta de nueva vivienda está cayendo cada año, una tendencia que se observa desde 2011. El stock baja porque cada año se ofrecen menos viviendas nuevas, mientras que las disponibles se van vendiendo. Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo muestran caidas de entre el 20% y el 46%, lo que refleja una disminución continua del stock de vivienda nueva disponible. Un fenómeno llamativo es Guadalajara, donde su caída es cercana al 99%, y en 2024 solo poseía 35 viviendas nuevas disponibles.

El precio del metro cuadrado en Castilla-La Mancha se ha ido encareciendo en la última década, pasando en 2014 de 82,6 euros a 109,7 euros en 2025 -en este caso más de 66 euros por debajo de la media nacional-.

Si desglosamos este dato por provincias, los precios más altos de suelo urbano se dan en Ciudad Real (126,9 euros/m²), Toledo (118,2 euros/m²) y Albacete (108,8 euros/m²). Las provincias más económicas son Cuenca (108,9 euros/m²) -a pesar del fuerte crecimiento desde 2020- y Guadalajara (85,5 euros/m²).

¿Quién accede a la vivienda?

A partir del estudio realizado por CCOO Castilla-La Mancha, la distribución del régimen de la vivienda en la región por tramos de ingreso refleja que está concentrada en los niveles de renta media-baja.

De los 793.438 hogares existentes en la región, más de 67% se encuentra por debajo de los 2.000 euros mensuales, concentrándose en tramos de 500 a 1.000 euros. Una pauta que se repite igualmente en términos poblacionales, ya que más de 63% de las personas reside en hogares con ingresos inferiores a 2.000 euros mensuales.

El régimen de tenencia de la vivienda en Castilla-La Mancha presenta un marcado predominio de la propiedad, hasta el 78,9%, que radica en diferentes modalidades como: herencia, compra pagada al contado y la compra con hipoteca. Todo ello frente al alquiler estructuralmente minoritario, 11,5%.

Por lo que respecta a los alquileres, el 37% de los hogares inquilinos dispone de menos de 1.000 mensuales y casi un 29% se sitúa entre los 1.000 y 1.500 euros.

Las provincias de Guadalajara y Toledo lideran las zonas tensionadas donde la ciudadanía dedica el 50% de los ingresos al pago del alquiler

Más esfuerzo para hacer frente al alquiler

Si tomamos datos de octubre de 2025, el precio medio de alquiler por metro cuadrado en Castilla-La Mancha era de 8 euros: un piso de 90 metros cuadrados costaría alquilarlo alrededor de 720 euros mensuales.

La provincia de Guadalajara está a la cabeza en lo que se refiere al precio del alquiler: 9,6 euros el metro cuadrado, seguida de Toledo (8,4 euros), Albacete (7,9 euros), Cuenca (7,4 euros) y Ciudad Real (6,4 euros).

En el caso del esfuerzo por parte de la ciudadanía castellanomanchega para alquilar una vivienda se muestra un patrón claro en el periodo de 2010 a 2024, tomando como ejemplo un domicilio de 90 metros cuadrados. Castilla-La Mancha pasa de valores cercanos al 30% a superar el 40% de sus ingresos en 2024, superando el umbral que la Ley de Vivienda utiliza para definir zonas tensionadas, según CCOO.

Guadalajara y Toledo lideran la tensión, alcanzando ratios superiores al 50% de los ingresos del arrendatario, con un crecimiento muy fuerte a partir de 2021.

Vivienda turística y gentrificación con Toledo a la cabeza

Castilla-La Mancha poseía en mayo de 2025 más de 5.200 viviendas turísticas registradas. La provincia de Toledo representa el 31,93% de esas viviendas turísticas, Albacete (21,29%), Cuenca (18,20%) Ciudad Real (15.58%) y Guadalajara (13%).

¿Cómo hacer frente a la crisis de vivienda?

CCOO Castilla-La Mancha sigue defendiendo la intervención de los precios del alquiler a nivel regional. Aseguran que el modelo de Viena, “con más de 120 años es el único que ha sido capaz de generar unos precios a la baja en su zona de influencia, mantiene alquileres moderados pese a las subidas de las urbes más desarrolladas de Europa”.

Apunta el sindicato que el 43% de las viviendas son públicas y con carácter permanente, pertenecientes a las administraciones o a promotores sociales de vivienda sin ánimo de lucro o con lucro limitado. En este caso han conseguido precios accesibles y un mercado estable, donde a los inquilinos el alquiler les supone el 26% de sus ingresos de media.

Estas medidas de intervención también han llegado a otros lugares como Países Bajos, ciudades como París, Lille o Berlín.

Desde CCOO Castilla-La Mancha consideran que, a través de lo expuesto en este análisis, la región no cuenta con la suficiencia para la generación de vivienda nueva, y “hay que apostar por rehabilitar el parque más antiguo con el requisito de ponerla en alquiler a precios razonables”.

Aseguran que ante la “situación límite” de los jóvenes de entre 20 y 30 años la medida “más drástica sería intervenir el precio de la vivienda, sobre todo los alquileres que no deberían superar el 30% del salario de una familia, porque si no es imposible afrontarlo”.

El sindicato critica que las líneas puestas en marcha por el Gobierno de Castilla-La Mancha “no sirven para abordar la crisis del precio y acceso a la vivienda ni a corto, medio ni largo plazo”. Sin embargo, señalan medidas que pueden aportar soluciones y que pasan por la constitución de forma “inmediata” del Fondo de Inversión Público para la Vivienda Asequible (FIVA), destinado a la financiación de políticas públicas en material de vivienda a nivel estatal.

Por otro lado, piden la promulgación de la ley de vivienda regional, así como constituir las empresas municipales de vivienda en las principales capitales de provincia, con contratos de alquileres a 75 años y con financiación vía impuestos especiales en materias de turismo, aplicando una carga impositiva a la vivienda vacía vía IBI.

Otra medida que proponen es generar junto a la empresa de Gestión de Infraestructuras de Castilla-La Mancha (Gicaman) y las diferentes diputaciones provinciales un programa de vivienda rural con un tipo cualificado de protección oficial. También hablan de opciones como modificar la tipología de vivienda, vía ley de vivienda regional, eliminando la figura de vivienda protegida de iniciativa público-privada.

Por otra parte, sugieren la creación de un órgano conjunto en materia sancionadora que coordine las competencias de turismo en materia de vivienda turística, las de consumo en materia de contratos y las de vivienda o la creación de un cuerpo inspector de vivienda y suelo, fomentando también la coordinación con los ayuntamientos para que las policías municipales puedan sancionar.

Apuntan también a restringir temporalmente las bonificaciones en materia de IRPF y por renta, así como vehicular dichas cuantías a un programa de promoción de VPO y alientan a desarrollar un programa de bolsa de alquiler de vivienda asequible y desarrollar un modelo urbanístico más eficiente para Castilla-La Mancha, centrado en la movilidad eficiente dentro de las ciudades.

Por último, desarrollar un modelo profesional del sector de la construcción e inmobiliario, que esté ligado con la Fundación Laboral de la Construcción, que dote de soluciones a los problemas de falta de relevo y profesionalización de la construcción y rehabilitación.

UGT creará una oficina para asesorar a sus afiliados en materia de vivienda. El sindicato ha anunciado la medida este miércoles, durante la presentación de un informe, elaborado a partir de una encuesta a más de 4.300 personas trabajadoras, que muestra que una de cada tres tiene miedo a perder la casa en la que vive. “Hay una demanda clara de asesoramiento”, ha señalado Víctor Escorsa, de la vicesecretaría general de la organización y uno de los autores del estudio.

La vicesecretaria general de UGT, Lola Navarro, ha destacado que el objetivo es “incorporar la vivienda en la acción sindical de la organización” y aprovechar la experiencia en las labores de mediación y arbitraje, como ya ocurre con los conflictos colectivos, para resolver desavenencias, principalmente, en torno a los alquileres.

Según ha destacado Rubén Ranz, del Espacio de Vivienda Digna de UGT, la encuesta a esos más de 4.000 afiliados muestra como el alquiler “se ha convertido en el principal foco de desigualdad” e inestabilidad. El 31% se ha mudado más de cinco veces a lo largo de su vida, lo que impide “crear arraigo” y un 35% teme que el alquiler aumente de precio en el corto plazo. Son, ha dicho, esas personas que firmaron sus contratos en los años de la pandemia y que los verán finalizados en los próximos meses. Son unas 600.000 familias, según los datos del Ministerio de Consumo.

Además, el informe revela que el 39% de la población inquilina considera que el alquiler de su vivienda está por encima de mercado.

En este contexto, el sindicato ha identificado una demanda clara de asesoramiento, por lo que ha confeccionado un proyecto piloto con el que ofrecer ese servicio a sus afiliados y afiliadas. No solo a los inquilinos, donde estará el foco principal, sino que la organización atenderá también a trabajadores hipotecados, a pequeños propietarios, de hasta tres viviendas, y a cooperativistas.

Las oficinas presenciales estarán inicialmente en la Comunitat Valenciana, Andalucía, Aragón y Madrid, aunque el objetivo es ampliarlas a todos los territorios que, por el momento, tendrán atención telemática y siempre a cargo de asesores expertos en vivienda, también con una parte jurídica, “si finalmente hace falta articular cualquier acción legal”, ha señalado Escorsa.

El sindicato espera, no obstante, que las mayores consultas sean relativas a dudas habituales sobre los contratos de alquiler, plazos para notificar subidas o renovaciones o quién es responsable de determinados gastos.

El alquiler se ha convertido en una losa, cada vez más pesada, para el ahorro. Los inquilinos tienen más complicado llegar a fin de mes que la población propietaria, incluso que aquellos que están pagando una hipoteca, según un informe elaborado por Oxfam Intermón, a partir de una encuesta encargada a la consultora 40dB. “En España está empezando a ser más importante el tipo de vivienda que el empleo. Puede parecer algo obvio, pero ahora lo vemos con un modelo estadístico y la diferencia es mayor de la que esperábamos”, explica el responsable de políticas de protección social y empleo de la entidad y coordinador del trabajo, Alejandro García-Gil.

El informe arroja luz sobre las dos caras de una misma moneda. Una es la tasa de esfuerzo, el porcentaje de los ingresos que se destinan a pagar la vivienda. La otra, la capacidad de ahorro. Son, en realidad, dos vasos comunicantes, porque “el pago de la hipoteca o del alquiler suele representar el principal gasto de los hogares, por lo que la tasa de esfuerzo condiciona la capacidad de ahorro”, señala.

Como muestra el siguiente gráfico, tan solo el 15% de los inquilinos dedican menos del 30% a pagar el alquiler, frente al 38,1% de las personas que tienen una vivienda en propiedad. Esa barrera del 30% es a partir de la que el Banco de España considera que se realiza un “sobreesfuerzo”.

En cualquier caso, es un lastre del que no se libra buena parte de la población. “Se encontrarían en esta situación el 62% de las personas hipotecadas y el 85% de las inquilinas, lo que deja a los hogares en una situación comprometida económicamente tras pagar la vivienda, teniendo que destinar muy pocos recursos a otros gastos como la alimentación, ropa, suministros u ocio”, indica Oxfam Intermón, que califica este hecho de “grave”.

Pero la diferencia es notable, según los resultados del modelo estadístico. Aunque en la capacidad de ahorro influyen tanto los salarios como el régimen de tenencia de la vivienda, este último factor es el que más brecha genera. “No importa tanto que suban las pensiones, el salario mínimo interprofesional o mediante la negociación de los convenios, si el alquiler consume esos ingresos como un agujero negro”, apunta García-Gil, que reclama que el IPC refleje la evolución del precio de la vivienda y que esta se introduzca en la negociación colectiva.

Un informe de CGT, publicado hace unas semanas, indicaba que, en 2025, “la inflación media que sufrieron los hogares inquilinos fue del 4,7%, frente al 2,7% de inflación media que alcanzó el IPC oficial”. Desde enero de 2019, si se tiene en cuenta esta variable, los precios habrían aumentado un 31% para quienes viven de alquiler, frente al 25% del resto. El sindicato reclamaba como “urgente impulsar medidas políticas contundentes para contener el precio de la vivienda, así como lograr incrementos salariales que tengan en cuenta esta realidad”, que afecta a unos 3,3 millones de hogares, en los que viven 8,4 millones de personas.

La siguiente tabla muestra la probabilidad de ahorrar en función de los ingresos, según el régimen de tenencia del hogar. Tienen más probabilidad una persona que ingrese el salario mínimo, aunque tenga que pagar hipoteca, que un inquilino con un sueldo de 1.500 euros al mes. O un propietario sin hipoteca con ese salario, que un arrendatario que ingrese 2.500 euros. Hay múltiples combinaciones, pero todas dejan quienes viven de alquiler en una posición rezagada.

Como se puede apreciar, solo puede ahorrar una de cada tres personas que cobra el salario mínimo, el más habitual en España en este momento. El investigador atribuye ese 32,4%, que puede parecer abultado dado el coste de los alquileres, a rentas antiguas, a precios asequibles o a circunstancias concretas de esas familias. Incluso con ese sueldo mínimo, pueden ahorrar el 42,4% de las personas que afrontan mes a mes una cuota hipotecaria, y casi el 60% de quienes ya tienen la casa pagada.

García-Gil señala un factor difícil de ponderar a tener en cuenta en el análisis de los resultados relativos a las hipotecas. “Ahí se incluyen las del primer año, que pueden tener unos tipos relativamente elevados, o las del último, que están pagando poco. Sin embargo, las realidades de quienes viven de alquiler son más homogéneas, porque los contratos duran cinco o siete años”, aclara.

Esto dibuja una escalera en la capacidad de ahorro, donde cada escalón representa unos siete puntos. Menos del 40% de la población que vive de alquiler consigue ahorrar; son el 46% en el caso de las personas no emancipadas; el 53% de los hipotecados; y el 60% de quienes disfrutan de una vivienda completamente pagada. La encuesta hace referencia a la capacidad de ahorro, no a la cantidad que se ahorra.

La balanza entre alquiler y ahorro acaba mostrando, indica el autor del informe, la “trampa del alquiler”. “Las cuotas hipotecarias son más baratas que el alquiler; pero quien vive de alquiler no puede ahorrar; entonces no puede acceder a una hipoteca; así que sigue viviendo de alquiler”, describe García-Gil.

Un estudio publicado por Idealista la semana pasada indicaba que la cuota hipotecaria es, de media, un 36% más baja que el alquiler. Para un piso de dos habitaciones, la hipoteca supone un esfuerzo de 698 euros al mes, frente a los 1088 del alquiler. “Aun así, el principal obstáculo para la compra se sitúa en los elevados niveles de ahorro necesarios para poder optar a la financiación”, señala la plataforma, que estima que esta aportación inicial rondaría los 65.000 euros, con picos de hasta 100.000 en ciudades como Palma, Donostia, Madrid y Barcelona.

En este contexto, el apoyo familiar y las herencias se convierten en un empujón clave para acceder a la propiedad. En 2025, el número de donaciones de padres a hijos ascendió a 225.000 operaciones, según el Consejo General del Notariado, un 13% más que en 2024. El incremento es constante desde 2014. Ya en octubre, la portavoz del Consejo, María Teresa Barea, explicaba que se trata de “un reflejo socioeconómico y una imagen del mercado inmobiliario en cuanto a la coyuntura en la que los jóvenes tienen muchas dificultades para acceder a la vivienda”.

El salvavidas de las herencias es cada vez menos frecuente. Según un estudio del Instituto de Investigación Urbana de Barcelona, publicado a finales de 2024, ya alertaba de que 7 de cada 10 inquilinos de Madrid y Barcelona no espera heredar una vivienda que le permita acceder a una casa en propiedad y, de los que sí lo hacen, el 80% tendrá que compartirla.

El propio Banco de España indicaba en una reciente estadística que los hogares más acaudalados concentran cada vez más su riqueza en vivienda, mientras la crisis se ceba con la mitad más humilde. El regulador muestra así como la vivienda se está convirtiendo, cada vez más, en una fuente de desigualdad.

Oxfam Intermón señala como la dificultad de acceder a una vivienda asequible supone renuncias concretas. “En el último año, más de tres millones de personas se han tenido que mudar [por no poder hacer frente a las subidas de los alquileres], lo que tiene consecuencias que van más allá del sitio donde duermes: afectan a la distancia al trabajo o al centro de estudios, dejas atrás amigos y familiares o ya no puedes vivir en tu barrio o en tu pueblo”, explica García-Gil, que ha cuantificado que casi la mitad de las mudanzas se producen en zonas diferentes a las que se vivía. “En lugar de ir a la ciudad de 15 minutos, vamos a la vivienda a una hora”, lamenta.

El ala socialista del Gobierno se ha encontrado un escollo en la negociación del paquete anticrisis para hacer frente a las consecuencias de la guerra de Irán. Tanto Sumar como el resto de socios parlamentarios a la izquierda del PSOE han reclamado al Ejecutivo que ese nuevo escudo incluya medidas en materia de vivienda. Bien para prorrogar los contratos de alquiler, para congelar los precios o para proteger a hogares vulnerables de desahucios sin alternativa habitacional.

Los ministros de Sumar han defendido en los últimos días la prórroga de los alquileres. Es una medida que llevan reclamando desde octubre, vinculada a los 600.000 contratos que, según las estimaciones del Ministerio de Consumo, finalizan este año, encarando importantes subidas de precios. “Creemos que es la medida más importante que debe adoptar este Gobierno y vamos a seguir defendiéndola el tiempo que haga falta”, advertía el ministro Pablo Bustinduy, para quien esta es “una prioridad absoluta”.

“Vamos a convencer al Partido Socialista y a todo el Gobierno de que un escudo social tiene que ser sí o sí con medidas de vivienda”, defendía también este lunes la titular de Sanidad, Mónica García, para quien “no hay escudo social sin vivienda”.

Desde el espacio de Sumar insisten en establecer un paralelismo con la guerra de Ucrania, cuando “se aprobó y se aplicó sin reparos por parte de la mayoría parlamentaria” una prórroga de los alquileres. “Esta demanda va más allá de las fuerzas políticas, aunque ya ha sido expresada por varias de ellas; lo están reclamando organizaciones sociales como Amnistía Internacional o el Sindicato de Inquilinas y, sobre todo, es una demanda transversal”, indican fuentes consultadas, para quienes “lo primero es convencer al PSOE”. “Al resto de grupos se les convence negociando, con voluntad política”, confían.

Es, precisamente, en esa debilidad parlamentaria en la que se escudan los socialistas, que quieren llevar el viernes al Consejo de Ministros un paquete de consenso, que pueda pasar sin problemas el trámite parlamentario.

Este martes, la senadora de ERC Sara Bailac exigía a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, que congele los alquileres, que prorrogue los contratos mientras dure la inestabilidad internacional y que suspenda los desahucios a familias vulnerables sin alternativa habitacional. “No se entendería que estas medidas excepcionales que va a aprobar el Gobierno dejasen fuera medidas de vivienda”, apremió.

A Rodríguez le sorprendió, dijo, el “tono de la pregunta”. “No entiendo por qué me reprocha a mí algo que no depende de mí, sino de otros grupos parlamentarios”, contestó, en referencia a la moratoria antidesahucios que tumbaron en dos ocasiones Junts, PP y Vox. La ministra, que no suele confrontar directamente con sus socios, acusó a la senadora de “tratar de confundir con ambición partidista a los ciudadanos”: “No confunda a la ciudadanía. Nosotros queremos el escudo social, propusimos el escudo social y votamos el escudo social. Fueron otros grupos los que lo tumbaron, pero no podemos hacer magia y cambiar la aritmética parlamentaria”.

ERC presentó esta misma semana un paquete de medidas económicas, fiscales y sociales “para proteger el poder adquisitivo de la ciudadanía y garantizar la estabilidad económica ante el aumento de precios provocado por el conflicto internacional entre Estados Unidos, Israel e Irán”. Las propuestas incorporaban, entre otras, las ya mencionadas, además de una limitación al incremento de las cuotas hipotecarias vinculadas al Euríbor en la vivienda habitual.

BNG y Compromís también reclamaron medidas en este sentido. Y el portavoz de EH Bildu, Oskar Matute defendió, a través de su cuenta de X, la necesidad de “prorrogar de manera extraordinaria los contratos de alquiler y las cuotas hipotecarias, porque es muy previsible que se vaya a dar un aumento de ambos en los próximos meses”.

En la misma línea va el “plan anti-Trump” de Podemos. Este martes, el secretario de organización y coportavoz de la formación, Pablo Fernández, demandaba al Gobierno medidas relativas a la vivienda, como bajar por ley un 40% el precio de los alquileres, una moratoria antidesahucios de un mínimo de 12 meses, la expropiación de viviendas a los fondos buitre para destinarlas al parque público y un tope a las cuotas de hipotecas variables.

Fuentes del Ejecutivo trasladan la intención de que el paquete cuente con un amplio respaldo parlamentario. Eso incluiría al PP, que ya ha advertido que votará en contra del decreto si desde el Gobierno “siguen insistiendo en que se legalice la okupación”, señaló la portavoz Ester Muñoz, en referencia a la prohibición de dejar en la calle a familias vulnerables que no puedan pagar los alquileres o a quienes se les terminen los contratos.

El titular de Economía, Carlos Cuerpo, insistía este martes en las “lecciones” aprendidas tras la respuesta a la crisis en el inicio del conflicto en Ucrania, en 2022. Una era la “rapidez”, anticipando en 10 días el primer paquete de medidas. Otra, que ese paquete que se conocerá el viernes sea “proporcionado con el impacto que estamos observando” para tener “esa flexibilidad de poder ir respondiendo conforme se vayan desarrollando los acontecimientos”.

Esta ha sido la respuesta de Cuerpo a varias preguntas de los periodistas tras el Consejo de Ministros sobre la intención del Gobierno de incorporar algunas de las medidas de los socios en materia de vivienda. También, “que este paquete tenga el mayor consenso posible para que pueda pasar la semana que viene la convalidación del Congreso sin ningún problema”.

Al margen de los grupos políticos a la izquierda del PSOE, el secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, reclamó también que se congelen los alquileres y algunas organizaciones sociales se han pronunciado en el mismo sentido. Desde Amnistía Internacional, que señalaba la semana pasada que “la guerra no solo amenaza los precios de la gasolina o los alimentos” sino que “sus efectos se notarán también en el derecho a la vivienda, por el previsible impacto de la inflación en unos precios desorbitados”; hasta el Sindicato de Inquilinas, que exigía la congelación del precio del alquiler, una prórroga de tres años para los contratos y recuperar la moratoria antidesahucios.

“Sería incomprensible que medidas como limitar el precio de los alquileres o la prórroga obligatoria de los contratos de alquiler, que sí se tomaron durante la guerra de Ucrania, no se activen de la misma manera en este conflicto”, indicaban desde la Confederación de Sindicatos de Inquilinas este viernes. Por el momento, desde Economía señalan que “a día de hoy no estamos en las circunstancias en las que estábamos después de dos semanas del inicio de la guerra de Ucrania”.

Es algo en lo que coincidía también la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que este martes decía estar “negociando”, aunque reconocía que “no es la misma situación que Ucrania”. En lo que la crisis en Irán sí puede tener un efecto directo en los alquileres es la actualización de los precios que se realizan año a año. Aunque el Ministerio de Vivienda puso en marcha un índice de referencia de los arrendamientos de vivienda, para desligar estas actualizaciones del IPC en picos de inflación, este solo afecta a los contratos firmados a partir de la entrada en vigor de la Ley de Vivienda, el 25 de mayo de 2023.

Los contratos anteriores continúan ligados al IPC o al índice de Garantía de Competitividad, si viene indicado en el contrato. Funcas, el centro de estudios de las antiguas cajas de ahorros, publicó el pasado viernes su previsión de inflación para marzo, con una subida hasta el 3,6%, desde el 2,3% de febrero, que repercutiría directamente en los alquileres con actualización anual en marzo. Tras el inicio de la guerra de Ucrania, se aprobó una limitación extraordinaria al 2% en 2022 y 2023 y al 3% en 2024, que el Tribunal Supremo avaló este mes de enero.

Javier Gil (Madrid, 1985) fue la cara visible en los inicios del Sindicato de Inquilinas de Madrid. Era uno de los activistas por el derecho a la vivienda que acompañaba a las familias víctimas de desahucios, a los vecinos que hacían frente a los grandes fondos buitre o la voz que confrontaba con unas decisiones políticas orientadas, dice, a apuntalar un sistema que traslada el valor social de las casas a un marco especulativo. Su carrera profesional también ha estado enfocada a investigar la financiarización de la vivienda, las plataformas digitales y los movimientos sociales en torno al derecho a un techo digno.

Gil, doctor en Sociología e investigador en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, acaba de publicar 'Generación Inquilina' (Capitan Swing), un ensayo sobre las políticas que han llevado al país a una “crisis de Bienestar”, pero también un alegato por un nuevo paradigma en torno a la vivienda: “Esto se soluciona con una respuesta igualitaria, basada en la redistribución, o con un neoliberalismo autoritario”.

¿Dónde están hoy aquellos jóvenes que en 2006 ya coreaban que no iban a tener casa “en la puta vida”?

Siguen viviendo de alquiler o tienen una vivienda en propiedad porque les ha ayudado la familia. Estructuralmente, es imposible que esa generación se haya comprado una casa con sus propios medios.

¿Cómo reconfigura esta generación inquilina la sociedad, en términos de estabilidad y capacidad para trazar proyectos vitales a medio y largo plazo?

La vivienda en propiedad era un elemento central de cohesión y bienestar sobre el que se articulaba toda la sociedad, pero eso se rompe de 2008 en adelante. Es cuando empieza a surgir una generación inquilina, excluida de la propiedad y de todos esos sistemas de protección socioeconómica. Se restringe el crédito a la población y empieza a haber una demanda especulativa, que compra viviendas para alquilar, como fuente de inversión y expectativas de obtener una gran rentabilidad de ellas. La crisis es del Estado de Bienestar, porque la promesa de que si estudias, trabajas y te esfuerzas vas a tener una vida digna y con relativo bienestar, se rompe.

¿Qué vieron en España los grandes fondos de inversión?

Hay un arreglo político-financiero para no permitir que los bancos españoles vayan a la quiebra. El Gobierno de Rajoy, con mayoría absoluta y apoyado por la Comisión y el Banco Central Europeo, empieza a cambiar toda una serie de reglas para favorecer la especulación con la vivienda. Se crea la Sareb, avalada con dinero público, pero gestionada de manera privada; se crean las Golden Visa; se reforman las Socimis; la Ley de Arrendamientos Urbanos, para quitar derechos a los inquilinos; se venden viviendas públicas, algunas por debajo del coste de construcción, a Blackstone y Goldman Sachs, que empiezan a entrar en España… Nos intentan vender que [la crisis de la vivienda] tiene que ver con la propia dinámica del mercado, pero los mercados están muy intervenidos para favorecer la especulación y que suban los precios.

Describe el mercado inmobiliario como un esquema Ponzi, ¿cómo funciona y qué implicaciones para el sistema puede tener que se rompa?

Como todo mercado financiero, funciona y se estabiliza a través de las expectativas de que los precios sigan subiendo. La venta de vivienda pública a Blackstone y Goldman Sachs buscaba generar esas expectativas, aunque luego los tribunales hayan dicho que se tienen que revertir algunas de esas operaciones. Es una gran pirámide, en la que los precios se disocian de la economía real y los salarios de la población. Esto genera una gran burbuja especulativa, sostenida políticamente.

Muchos de esos fondos quieren deshacerse ahora de grandes paquetes de viviendas. ¿Es partidario de que el Estado se las compre, aunque eso suponga seguir aumentando sus cuentas con dinero público?

Esto muestra como todo ese proceso era una gran estafa. Blackstone está vendiendo por 300.000 euros las viviendas que le compró a Ana Botella por 68.000. Ahí estaba el negocio. A la pregunta concreta: sí, creo que el Estado se tiene que hacer con esas viviendas, la cuestión es cómo y a qué precio. El Estado no puede ser todo el tiempo un subordinado de los fondos de inversión, también tiene que actuar políticamente. No puedes, simplemente, comprar esas viviendas. Lo primero que hay que hacer es sanear el mercado de especuladores.

¿Cómo?

La vivienda se tiene que proteger como la sanidad o la educación, con un sistema de regulación que ponga límites a la especulación, a los precios y que garantice su función social, que no se puedan convertir en pisos turísticos o alquileres de temporada. Aunque haya una población y un número de casas dadas, el precio puede cambiar muchísimo dependiendo de cuál es la dinámica del mercado. Analizando los datos del Banco de España, hay municipios que han perdido un 15% de población, mientras los precios del alquiler han subido un 50 o un 60%.

Muchas voces apuntan que la solución es construir más.

Es la fórmula del rentismo, que lleva operando 40 años, la que nos ha traído hasta aquí. Un solar no vale nada, pero si lo haces urbanizable, su valor se dispara, metes a las constructoras, a los bancos… y, de repente, es una fuente central de negocio para una minoría que va a ganar mucho dinero. En los desarrollos del sureste de Madrid se está construyendo mucha vivienda. Salen pisos de dos habitaciones por medio millón de euros, en una zona donde no hay ni un comercio, ni centro de salud, nada. Si vas a construir, tiene que ser vivienda asequible, como sucede en Europa, con promotores sociales, asociaciones o cooperativas, que buscan producir un beneficio limitado, porque no quieren ganar todo lo que podrían, sino garantizar una vivienda y alquileres dignos. Cuando van a pujar por un suelo, llega un especulador que paga tres veces más, porque lo va a repercutir en el precio, y se lo queda. Por eso, también tienes que regular quién construye, cómo y bajo qué perspectiva, para fomentar que otros actores entren en el mercado inmobiliario.

¿Qué le parece el nuevo fondo soberano para vivienda que ha anunciado el Gobierno?

Creo que se tiene que hacer a una escala más masiva y no para construir. Lo primero es la compra preferente [por parte de las administraciones], para que no entren especuladores. En Valencia, hace unos años hubo una gran operación entre Sabadell y Cerberus. El Gobierno autonómico [del Botànic] intervino y se quedó las 225 viviendas a un precio un 25% por debajo del de tasación. Eso también manda el mensaje a los mercados financieros de que hay un cambio de rumbo.

No estamos en los grandes momentos de desarrollo industrial donde se producía, se crecía, había mucha riqueza, podían ganar el capital y los trabajadores y se pacificaba la sociedad. Ahora lo que ganan unos se lo quitan a otros

¿Se están implementando actualmente políticas reales para revertir el modelo? ¿Cómo valoras las actuaciones del Gobierno?

A nivel discursivo dice que va a hacer algo, pero luego nunca se atreve a hacer nada. Cambiar esto es un juego de suma cero. No estamos en los grandes momentos de desarrollo industrial donde se producía, se crecía, había mucha riqueza, podían ganar el capital y los trabajadores y se pacificaba la sociedad. Ahora lo que ganan unos se lo quitan a otros. No se produce ni se crea riqueza, solo se redistribuye hacia arriba. Si el Gobierno cambia el sistema, esas viviendas que Blackstone va a vender por 300.000 euros, tal vez las tenga que vender por 200.000. Y no somos tú y yo, es el principal donante de la campaña de Trump, con un poder político y económico espectacular. Regular contra eso hace que sufran ataques, pero hay gobiernos que ya lo están haciendo, porque si no, lo que generas es desafección en las nuevas generaciones, que ya no creen en el sistema. ¿De qué sirve esforzarse si el futuro depende de que tus padres te hereden una casa? Cuando la desigualdad ya no se articula a través de sistemas meritocráticos, sino de herencias, los consensos sociales se empiezan a desmoronar y cada vez menos personas creen en los valores democráticos. Estamos ante una crisis de bienestar, que se soluciona con una respuesta igualitaria basada en la redistribución o con un neoliberalismo autoritario.

Trump, Bolsonaro y las extremas derechas son respuestas a esta crisis de asequibilidad y bienestar, donde la vivienda juega un papel importante. Pero Mamdani llega a la alcaldía de Nueva York con un discurso muy radical y con una política muy central, de regular precios, hacer vivienda asequible, etc. Es una carrera a medio plazo.

¿Qué respuesta va ganando?

Es una carrera a medio plazo. Trump, Bolsonaro y las extremas derechas son respuestas a esta crisis de asequibilidad y bienestar, donde la vivienda juega un papel importante. Pero Mamdani llega a la alcaldía de Nueva York con un discurso muy radical y con una política muy central, de regular precios, hacer vivienda asequible, etc. En Berlín, la población ha votado en un 56% a favor de expropiar a los grandes caseros del país. Aquí, en una encuesta de 40dB para el Grupo Prisa vemos que el apoyo social a limitar la acumulación de viviendas en propiedad es amplio: un 83% en el caso de los votantes de Podemos, un 81% en los del PSOE, un 60% en los del PP y un 52% en los de Vox. Cuando el Gobierno no se atreve a llevar a cabo estas políticas por las presiones, lo que hace es preparar el terreno para que venga un neoliberalismo autoritario, las extremas derechas. El Gobierno está manteniendo cifras macroeconómicas muy buenas, pero la cuestión de la vivienda es la que le puede hacer perder las elecciones, porque no se atreve a intervenir, como si han hecho algunas comunidades autónomas.

¿Por ejemplo?

Catalunya, aunque aun así se está viendo que es insuficiente. Si tu política es demasiado suave, no va a ser efectiva. Cuando Rajoy reformó el sistema inmobiliario español, no se cortó. No tocó una o dos leyes, sino toda una batería. No dejó ley sin tocar para diseñarlo a la perfección y que entraran los fondos y el capital especulativo. Si tú quieres hacer lo contrario, necesitas un sistema integral de intervención. El Estado de Bienestar no se crea a través de palabras, sino con políticas públicas, intervención, regulación, financiación, etc. ¿Va a pasar? Parece que no está pasando y eso es lo que genera desafección.

Es imposible aspirar socialmente a una vida digna cuando estás subordinado a la voluntad de tu casero

Hablando de datos macro, sostiene que esa estabilidad ya no genera bienestar, sino que lo erosiona.

La población que vive de alquiler, la generación inquilina, cada vez está peor en términos económicos, vitales, familiares… Es imposible aspirar socialmente a una vida digna, como se nos ha prometido, cuando estás subordinado a la voluntad de tu casero. Esto tiene muchos efectos, desde la salud mental hasta que haya parejas que no se puedan separar; mujeres atadas al espacio doméstico, un sitio central de violencias machistas; en el derecho a la educación, si tienes que estar cambiando cada cinco años de casa y de colegio; si tienes que mudarte de municipio o al otro punto de la ciudad en medio de un tratamiento médico; o si tardas dos horas en llegar al trabajo.

¿Cómo ha calado la “racionalidad rentista” en la sociedad?

Vivimos en una sociedad súper individualista, un éxito del superindividualista que cada uno juega con sus recursos de la mejor manera posible. Hay una cuestión de supervivencia. No hay que olvidar que el 95% de los hogares que son rentistas ganan más dinero con su salario que con las rentas inmobiliarias. Eso es crucial, porque ocupan posiciones intermedias y contradictorias. El problema es que son los hogares con más dinero los que empiezan a acumular más viviendas para ponerlas en alquiler. Así es como se va rompiendo la sociedad, pero la búsqueda de riqueza en abstracto. Muchas familias se mueven para proteger a sus hijos, porque saben que con sus trabajos tampoco podrán acceder a una vivienda, o para poder pagar la residencia cuando se jubilen, porque se está desmantelando el Estado de Bienestar. La vivienda en propiedad funciona como un sistema de protección social y económica. Si quitas eso, lo tienes que dar por otro lado, por eso abogo por un nuevo paradigma de vivienda.

La nueva empresa pública de vivienda dispone de 100 millones de euros para comprar inmuebles y quiere usarlos para ampliar el parque público, en forma de alquiler asequible, para alcanzar los estándares europeos, cercanos al 8% del total. El Consejo rector de Casa 47 ha aprobado este jueves una oferta pública con la que busca atraer a particulares, empresas y fondos de inversión en proceso de deshacerse de sus casas para que se las venda directamente a esta entidad.

El Ministerio de Vivienda, de quien depende Casa 47, ha optado por la apertura de una convocatoria pública al considerar que es la fórmula que mejor garantiza que se adquieren “las mejores viviendas posibles, de forma transparente y con igualdad entre los ofertantes”, señalan fuentes del departamento que dirige Isabel Rodríguez. También es el mecanismo que permite a la empresa pública condicionar cómo deben ser y qué requisitos deben cumplir esas casas, que pueden provenir de “toda persona física o jurídica”.

Los particulares y las empresas que quieran venderle una o varias viviendas a Casa 47 podrán presentar sus ofertas a partir del día siguiente de la publicación de la convocatoria en la Plataforma de Contratación del Sector Público, previsiblemente el próximo lunes, y durante un plazo de cuatro meses.

Las viviendas, no obstante, deberán cumplir una serie de requisitos. Deben ser inmuebles en altura, de entre 40 y 120 metros cuadrados, exteriores, con huecos a calle o patios y sin dormitorios ciegos, y contar, al menos, con cocina, estancia principal —que no pueden estar bajo rasante— y baño completo. Además, deberán entregarse sin muebles y, si el piso se encuentra a partir de la tercera planta, el edificio debe disponer de ascensor.

En cuanto a la situación jurídica de las viviendas, estas deben contar con la inscripción registral correcta y el 100% del pleno dominio del oferente o el acuerdo de todos ellos, si hay varios. El concurso no acepta viviendas de protección oficial y, en cualquier caso, deben traspasarse libres de cargas. “Si existe hipoteca, se prevé un mecanismo de cancelación simultánea en notaría para que la transmisión quede libre”, indican fuentes ministeriales.

Precio máximo

Quienes concurran a esta oferta pública deberán indicar a qué precio quieren vender sus viviendas, pero este no será el que marque la compraventa en todos los casos. Casa 47 encargará una tasación del inmueble, a cargo de una entidad homologada, y analizará el precio por metro cuadrado que marque el Portal Estadístico del Notariado, y que indica a cuánto se están vendiendo las casas en esa zona. De entre los tres —oferta, tasación y notarios— el de adquisición “será automáticamente el menor” de los valores. Además, se pueden aplicar límites adicionales en caso de que haya que realizar obras en el inmueble.

En cualquier caso, concurrir a la oferta no es vinculante desde el primer momento. Por ejemplo, si se oferta por encima de la tasación, el proceso “concede un plazo al ofertante para aceptar continuar por ese importe” y, “si no acepta, la propuesta se entiende retirada”.

La empresa pública dispone de 100 millones de euros para la adquisición de viviendas. La ministra Rodríguez avanzó esta cifra hace unos meses, durante la presentación de Casa 47, aunque desde su departamento no disponen de una estimación de cuántas casas se podrán adquirir, al depender de múltiples factores.

Según los datos del Portal Estadístico del Notariado, entre enero y diciembre de 2025, el precio medio del metro cuadrado en España se situó en los 2.125 euros y el importe medio de las viviendas transaccionadas se situó en los 198.596 euros, con una superficie media de 93 metros. Si solo se tuviera en cuenta esta tipología de vivienda, se podrían adquirir unas 500, pero los precios entre zonas y el presupuesto total debe cubrir también gastos, impuestos y los costes de las actuaciones de rehabilitación o adecuación, si fueran necesarias.

Llamamiento a los fondos buitre

Al margen del 50% de los puntos por precio, “el concurso atenderá a criterios objetivos y de interés público, tales como su adecuación al planeamiento urbanístico, el cumplimiento de condiciones técnicas y de habitabilidad, la eficiencia económica de la operación y la adecuación a la demanda territorial”.

En este sentido, se valorará también que se encuentren en zonas de mercado tensionado, aunque las comunidades autónomas no lo hayan declarado, y que se oferten bloques completos o conjuntos de viviendas. De hecho, fuentes ministeriales emplazan “a los fondos que han anunciado públicamente procesos de desinversión que se sumen a esta oferta pública de compra, sobre todo a aquellos que se hicieron con viviendas públicas a precio de saldo”.

Grandes fondos que llegaron al mercado español tras el estallido de la burbuja inmobiliaria y la crisis financiera de 2008, adquiriendo viviendas que pusieron en alquiler, han mostrado en los últimos meses su interés por vender esos inmuebles y cerrar ese ciclo de inversión. Entre ellas se encuentra Blackstone, uno de los mayores caseros del país, a quien el Ayuntamiento de Ana Botella vendió por unos 128,5 millones de euros un paquete de 1.860 pisos protegidos de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS).

El Sindicato de Inquilinas y un grupo de inquilinas inició en febrero una campaña para que el Gobierno compre a estos actores estas viviendas y que se reincorporen al parque público. En cualquier caso, uno de los requisitos de la oferta pública que lanzará Casa 47 es que las casas se vendan libre de arrendatarios u ocupantes.

Las fuentes consultadas recuerdan que el Estado central no tiene derecho de tanteo y retracto, a diferencia de las comunidades autónomas, que pueden legislar para darse preferencia a la hora de adquirir determinadas viviendas en venta o para transferir esta competencia a otros actores dedicados a la vivienda social o cooperativa, como ocurre en Catalunya o sucedía en la Comunitat Valenciana bajo el Govern del Botànic.

Con esta operación, el Gobierno pretende movilizar de forma rápida vivienda en alquiler asequible, que pasará al parque público de forma permanente, según el compromiso del Ejecutivo. La convocatoria estará abierta durante dos meses y, tras la valoración de los inmuebles, la formalización de la escritura se realizará el plazo fijado por el pliego, de entre 15 días y dos meses, con posible ampliación excepcional.

“Esta oferta pública de compra se lanza para contribuir al objetivo de ampliar el parque público de vivienda para alcanzar cuanto antes estándares europeos. Esto se traduce en más oferta de vivienda, ya sea construyendo, rehabilitando, incorporando activos del Estado al patrimonio de Casa 47”, en referencia a las 45.000 viviendas transferidas desde la Sareb, “o adquiriendo viviendas a través de su compra o cesión”, señalan fuentes del Ministerio.

Las instituciones europeas tratan de trazar una hoja de ruta para atajar un problema de vivienda global, que ataca a buena parte del continente. Los precios de compraventa se han disparado en un 61% en los últimos 15 años y los del alquiler han subido un 29% en toda la UE, según los datos de la Comisión Europea, que el pasado mes de diciembre presentó un Plan de Vivienda Asequible para movilizar 150.000 millones de euros. Además, la presidenta Ursula von der Leyen nombró al primer comisario europeo con una cartera específica, Dan Jørgensen, y el Parlamento creó una comisión especial para proponer medidas concretas frente a la crisis residencial.

Fruto de esos trabajos, la Comisión Especial sobre la Crisis de la Vivienda en la UE ha elaborado un informe, que el Pleno del Parlamento Europeo deberá ratificar en un par de semanas, previsiblemente el 10 de marzo. El texto, negociado entre liberales, conservadores y socialdemócratas, y con el eurodiputado del PPE Borja Giménez como ponente, no tiene carácter vinculante, sino que señala las prioridades que deberían regir las políticas estatales, siempre bajo un principio de subsidiaridad. “Es una competencia de los Estados miembros, de los entes locales y regionales”, apuntaba el propio Giménez este viernes en un encuentro con periodistas, donde admitía que “hay 27 mercados inmobiliarios, cada uno con sus particularidades”.

Más allá de ser una declaración de intenciones, el documento muestra también la dificultad para plantear una estrategia común, capaz de ser asumida por gobiernos de diferente signo político. “Para nosotros, está lejos de ser perfecto”, apunta la eurodiputada socialista Alicia Homs, que ha justificado el apoyo de su grupo tras lograr introducir “aspectos que sí lo son y es necesario que lleguen a la Comisión, para que los pueda tener en cuenta”.

En concreto, los socialistas celebran haber incorporado cuestiones como la atención al sinhogarismo, el reconocimiento de modelos de vivienda alternativa, como las cooperativas, límites a la especulación y la financiarización de la vivienda o el refuerzo de los derechos de los inquilinos, mejorando la transparencia y reforzando los mecanismos de resolución de conflictos. “El borrador inicial se dedicaba exclusivamente al derecho a la propiedad, con el cual estamos de acuerdo”, señala Homs, que lanza una reflexión: “El 0,05% de las casas están okupadas y el 40% de la población en Europa es inquilina. Si tenemos que hacer un equilibrio, quizá habría que hablar incluso más sobre sus derechos y protecciones”.

La “seguridad jurídica” de los propietarios de viviendas en alquiler ha sido uno de los ejes capitales del Partido Popular, tanto en Europa como a nivel nacional. “En España hemos observado que la laxitud frente a estos fenómenos es un efecto de expulsión de vivienda del mercado y, por tanto, de oferta”, señala González, un día después de que decayera en el Congreso el escudo social que protege a los hogares vulnerables frente a desahucios.

Un IVA súperreducido para vivienda social y en alquiler

Según los datos que recoge el informe, en toda la Unión Europea hacen falta 10 millones de viviendas, unas 700.000 de ellas en este país, acorde a las estimaciones del Banco de España. De hecho, la construcción es uno de los ejes centrales de la propuesta. “Si no hay vivienda, los precios van a estar disparados”, apunta González, que propone el mix de recetas clásicas de la derecha: menos trámites, la implantación del silencio administrativo y bajada de impuestos. En este sentido, una de las propuestas pasa por ampliar la capacidad de los Estados para aplicar un IVA súperreducido para la construcción de vivienda con fines sociales, rehabilitación o alquiler residencial. “Abriría la puerta a poder pasar de entre un 6 a 10% a entre un 2 a un 5%”, ha señalado.

“Es evidente que hay que construir más”, concede Homs, pero “más vivienda pública y asequible, que es lo que falta en este momento”. “Nos estamos encontrando con gente de clase media, con buenos sueldos y problemas para pagar el alquiler que no puede plantearse comprar una casa”, ha señalado la eurodiputada socialista. Y en este sentido, también hay discrepancias en torno al informe. “La solución al problema de la vivienda, desde nuestra perspectiva, no vendrá de tener un parque público monumental”, considera Giménez, que apuesta por este tipo de solución como fórmula de “transición” hacia el mercado libre.

Un fondo propio para vivienda

La financiación es otro de los ejes centrales del informe. Hay varias vías por las que canalizar las inversiones, desde los fondos europeos hasta el papel que puede jugar el Banco Europeo de Inversiones (BEI) en la creación de una cuenta específica para vivienda, tanto en materia de construcción como en rehabilitación. Según los datos de la Comisión, una de cada diez ciudadanos comunitarios tiene problemas para mantener una temperatura adecuada en su hogar y 800.000 viviendas sociales necesitan ser renovadas cada año.

En la misma línea, los negociadores han acordado reclamar a los Estados que revisen sus normas estatales sobre ayudas para facilitar la inversión pública en vivienda social, “respetando la diversidad de los mercados nacionales”. “Tras la crisis financiera hubo importantes restricciones al crédito para el sector de la construcción. Sabiendo de dónde venimos, queremos que haya cierta laxitud”, añade González.

La propuesta incluye también una línea dedicada a la transparencia de la información. “Sin datos, estamos ciegos para el diseño de estas políticas”, reconoce González, que propone “utilizar Eurostat para compartir datos” y “crear una nueva plataforma digital de la UE”. De hecho, la opacidad del mercado es un diagnóstico común. En España, el flujo de información es uno de los requisitos que el Ministerio de Vivienda ha puesto sobre la mesa para adherirse al nuevo Plan Estatal, para el periodo 2026-2030, previsto para diciembre de 2025, pero que todavía no se ha presentado.

Pese a las discrepancias, el eurodiputado 'popular' pone en valor que pese a las “visiones diferentes” es “un éxito” que en Bruselas grupos tan diversos en sus planteamientos hayan sido “capaces de aprobar una posición conjunta”. La clave será si esas propuestas pueden trasladarse a un ecosistema competencial de sensibilidades también diferentes.

Esporles vuelve a ir a contracorriente. Este pueblo mallorquín enclavado en plena Serra de Tramuntana, varios de cuyos vecinos batallan desde hace más de dos años por la desclasificación de los sondeos que habría encargado Adolfo Suárez para conocer si la opinión pública prefería un Estado monárquico o republicano, ha decidido desafiar las políticas del Govern de Marga Prohens (PP) en materia de vivienda. El pleno municipal aprobó a última hora de este miércoles la autodeclaración simbólica de la localidad como zona tensionada, una figura prevista en la ley estatal de vivienda que el Ejecutivo autonómico, con el apoyo de Vox, se niega a aplicar a pesar de la creciente presión inmobiliaria y del imparable encarecimiento de los alquileres. Esporles es, de hecho, uno de los municipios que de forma más acusada ha visto transformado su equilibrio social como consecuencia de la escalada de precios, la irrupción de inversores extranjeros de alto poder adquisitivo y el desplazamiento gradual de sus vecinos.

“El Ayuntamiento está obligado moralmente a hacer todo lo que sea posible para defender el derecho al acceso a la vivienda de los vecinos de nuestro pueblo”, subraya el alcalde de Esporles, Josep Ferrà, representante de la coalición ecosoberanista PAS-Més. En declaraciones a elDiario.es, señala que la autodeclaración como municipio tensionado es “un acto de autodefensa como pueblo” y de protección “de los derechos de aquellas personas que no llegan a final de mes para poder pagar un alquiler”.

Aunque las competencias en cuanto a la regulación de la vivienda corresponden al Govern, el gesto permite convertir un problema estructural en un conflicto político visible. No en vano, el acuerdo aprobado por el pleno no se limita a la autodeclaración como mercado tensionado, sino que traza una hoja de ruta institucional y jurídica: el Ayuntamiento trasladará formalmente al Ejecutivo la solicitud para que inicie el procedimiento oficial de declaración de zona tensionada y le instará a emitir una resolución motivada basada en datos objetivos. Asimismo, impulsará la elaboración de una memoria municipal específica sobre la situación del mercado residencial y, además, se reservará el derecho de estudiar acciones jurídicas contra la negativa del gabinete de Prohens a desplegar en Balears la Ley estatal 12/2023 por el derecho a la vivienda -más conocida como ley de vivienda-.

El Ayuntamiento está obligado moralmente a hacer todo lo que sea posible para defender el derecho al acceso a la vivienda de los vecinos de nuestro pueblo

Josep Ferrà — Alcalde de Esporles

Mediante la iniciativa sacada adelante con los votos de la mayoría de izquierdas, el consistorio también se compromete a continuar desplegando políticas locales de acceso a la vivienda y a reforzar el arraigo de la población residente. La propuesta precisa que la declaración de zona tensionada “no es únicamente un mecanismo de limitación de precios”, sino “un instrumento integral de política pública”, y desliza que la “negativa genérica” del Govern a aplicar la ley estatal “puede suponer una vulneración del principio de buena administración”. Asimismo, aclara que la declaración es compatible con las políticas de aumento de la oferta de vivienda. El Ayuntamiento prevé trasladar sus acuerdos al Ejecutivo balear, al Consell de Mallorca, a los grupos parlamentarios y a las entidades municipalistas.

Fincas de lujo, vecinos desplazados

Esporles, como otros pueblos de la Serra -el pulmón verde de Mallorca declarado en 2011 Patrimonio Mundial por la UNESCO-, ha pasado en menos de una década de ser un refugio discreto a convertirse en objetivo del capital internacional y los compradores extranjeros de alto poder adquisitivo. Algunos adquieren fincas para transformarlas en una más de sus múltiples y lujosas residencias; otros, para maximizar su rentabilidad mediante su reconversión en hoteles boutique u otros negocios vinculados al turismo de alto nivel. Un proceso que no solo ha disparado los precios de la vivienda con la consiguiente expulsión de su población residente, sino que también ha acelerado la privatización progresiva del entorno debido al cierre de caminos y las restricciones de acceso a espacios que durante generaciones fueron de uso común, agravando con ello el proceso de segregación social del municipio.

En estos momentos, el alquiler más barato es el de un “exclusivo piso” que, según el anuncio que lo publicita en Idealista, destaca por su “diseño”, “tranquilidad” y sus “vistas a la montaña”. El precio: 1.500 euros.

En estos momentos, el alquiler más barato es el de un "exclusivo piso" que, según el anuncio que lo publicita en Idealista, destaca por su "diseño", "tranquilidad" y sus "vistas a la montaña". El precio: 1.500 euros

Tal como subraya la moción de PAS-Més, la situación de emergencia habitacional se ha convertido en uno de los principales factores de desigualdad y expulsión residencial tanto en Esporles como en el resto de Balears. “Nuestro municipio ha experimentado en los últimos años un incremento sostenido y desproporcionado de los precios del alquiler y de la compra. Este aumento, junto con la presión especulativa, la escasez de oferta residencial y la conversión de viviendas en usos turísticos, ha provocado que muchas familias se encuentren en una situación límite”, prosigue el texto. El resultado, según el propio documento, es un proceso de expulsión residencial que afecta especialmente a jóvenes y familias trabajadoras, obligadas a destinar “una parte inasumible de sus ingresos al alquiler”, o bien a abandonar el municipio “en el que han crecido, trabajan o mantienen sus vínculos sociales y familiares”.

El Ayuntamiento solicitó formalmente al Govern la declaración oficial de zona tensionada, pero la respuesta fue negativa. La Dirección General de Vivienda argumentó que la medida es una potestad, no una obligación, y sostuvo que la limitación de precios podría reducir la oferta de alquiler en el mercado balear.

El Consistorio, sin embargo, rechaza ese razonamiento. La moción se ampara en la ley estatal de vivienda, que establece que un municipio puede ser declarado zona tensionada cuando el coste medio del alquiler o la hipoteca supere el 30 % de la renta media de los hogares, los precios hayan crecido de forma sostenida por encima del IPC, y exista un riesgo acreditado de exclusión residencial. El Ayuntamiento considera que Esporles cumple estos indicadores y que la declaración es necesaria para proteger a la población residente y garantizar el derecho a la vivienda. La autodeclaración simbólica es, en ese sentido, un acto de presión institucional: una forma de forzar al Govern a motivar su negativa con datos concretos o a asumir el coste político de ignorar la situación.

La moción se ampara en la ley estatal de vivienda, que establece que un municipio puede ser declarado zona tensionada cuando el coste medio del alquiler o la hipoteca supere el 30 % de la renta media de los hogares, los precios hayan crecido de forma sostenida por encima del IPC, y exista un riesgo acreditado de exclusión residencial

Esporles, símbolo de resistencia municipal

No es la primera vez que Esporles adopta decisiones institucionales que lo sitúan en el centro del debate político, en abierta contradicción, además, con el rumbo político del Govern de Prohens. En julio del año pasado, el Ayuntamiento aprobó la primera ordenanza municipal de memoria democrática del Estado, en respuesta a la derogación de la ley autonómica que prevén materializar populares y Vox. La norma local establece un marco normativo propio para reconocer, reparar y preservar la memoria de las víctimas del golpe de Estado de 1936 y la dictadura franquista: de acuerdo a las investigaciones memorialistas, entre el alzamiento fascista y 1939, los sublevados se llevaron por delante, de forma directa o indirecta, la vida de al menos 21 personas: diez de ellas fueron ejecutadas, nueve fueron víctimas de desaparición forzada -tres de las cuales han sido localizadas y exhumadas-, y dos más se suicidaron.

El año pasado, el Ayuntamiento de Esporles aprobó la primera ordenanza municipal de memoria democrática del Estado, en respuesta a la derogación de la ley autonómica que prevén materializar populares y Vox. La norma local establece un marco normativo propio para reconocer, reparar y preservar la memoria de las víctimas del golpe de Estado de 1936 y la dictadura franquista

El Grupo de Memoria Democrática de Esporles -constituida como delegación local de la asociación Memòria de Mallorca, eleva a cerca de 300 las mujeres y hombres que fueron represaliados “por tener unas ideas diferentes de quienes se sublevaron contra la Segunda República”. Entre otras medidas, la ordenanza contempla el reconocimiento institucional de las víctimas, la instalación de placas y elementos conmemorativos en espacios públicos, la revisión del callejero y de los honores municipales para eliminar referencias contrarias a los valores democráticos, y la creación de un registro local de quienes fueron perseguidos o sufrieron la confiscación de sus bienes.

También en Esporles, un grupo de 74 personas emprendió hace más de dos años una insólita batalla: que el Gobierno haga públicas las encuestas que el expresidente Adolfo Suárez habría encargado en 1976 para preguntar a la opinión pública si prefería un Estado monárquico o republicano, como el propio mandatario de UCD confesaría décadas después: “Cuando la mayor parte de los jefes de Gobierno extranjeros me pedían un referéndum sobre monarquía o república... hacíamos encuestas y perdíamos”, señaló. La iniciativa convirtió al municipio en un actor inesperado en el debate histórico y político de la Transición.

Esporles torna a anar a contracorrent. Aquest poble mallorquí emplaçat en plena Serra de Tramuntana, alguns veïns del qual lluiten des de fa més de dos anys per la desclassificació dels sondejos que el 1976 hauria encarregat Adolfo Suárez per conèixer si l'opinió pública preferia un Estat monàrquic o republicà, ha decidit desafiar les polítiques del Govern de Marga Prohens (PP) en matèria d'habitatge. El ple municipal ha aprovat aquest dijous a darrera hora l'autodeclaració simbòlica de la localitat com a zona tensionada, una figura prevista en la llei estatal d'habitatge que l'Executiu autonòmic, amb el suport de Vox, es nega a aplicar malgrat la creixent pressió immobiliària i de l'imparable encariment dels lloguers. Esporles és, de fet, un dels municipis que de forma més acusada ha vist transformat el seu equilibri social com a conseqüència de l'escalada de preus, la irrupció d'inversors estrangers d'alt poder adquisitiu i el desplaçament gradual dels seus veïns.

“L'Ajuntament està obligat moralment a fer tot el que sigui possible per defensar el dret a l'accés a l'habitatge dels veïns del nostre poble”, subratlla el batle d'Esporles, Josep Ferrà, representant de la coalició ecosobiranista PAS-Més. En declaracions a elDiario.es, assenyala que l'autodeclaració com a municipi tensionat és “un acte d'autodefensa com a poble” i de protecció “dels drets d'aquelles persones que no arriben a final de mes per poder pagar un lloguer”.

Encara que les competències quant a la regulació de l'habitatge corresponen al Govern, el gest permet convertir un problema estructural en un conflicte polític visible. No en va, l'acord aprovat pel ple no es limita a l'autodeclaració com a mercat tensionat, sinó que traça un full de ruta institucional i jurídica: l'Ajuntament traslladarà formalment a l'Executiu la sol·licitud perquè inicii el procediment oficial de declaració de zona tensionada i l'instarà a emetre una resolució motivada basada en dades objectives. Així mateix, impulsarà l'elaboració d'una memòria municipal específica sobre la situació del mercat residencial i, a més, es reservarà el dret d'estudiar accions jurídiques contra la negativa del Govern a desenvolupar a Balears la Llei estatal 12/2023, de 24 de maig, pel dret a l'habitatge -més coneguda com a llei d'habitatge.

El Consistori també es compromet a continuar desplegant polítiques locals d'accés a l'habitatge i a reforçar l'arrelament de la població resident, i traslladarà els seus acords al Govern, al Consell de Mallorca, als grups parlamentaris i a les entitats municipalistes. La proposta precisa que la declaració de zona tensionada “no és únicament un mecanisme de limitació de preus”, sinó “un instrument integral de política pública”, i llisca que la “negativa genèrica” del Govern a aplicar la llei estatal “pot suposar una vulneració del principi de bona administració”. Així mateix, aclareix que la declaració és compatible amb les polítiques d'augment de l'oferta d'habitatge. L'Ajuntament preveu traslladar els seus acords a l'Executiu balear, al Consell de Mallorca, als grups parlamentaris i a les entitats municipalistes.

Finques de luxe, veïns desplaçats

Esporles, com altres pobles de la Serra --el pulmó verd de Mallorca declarat en 2011 Patrimoni Mundial per la UNESCO-, ha passat en menys d'una dècada de ser un refugi discret a convertir-se en objectiu del capital internacional i els compradors estrangers d'alt poder adquisitiu. Alguns adquireixen finques per transformar-les en una més de les seves múltiples i luxoses residències; altres, per maximitzar-ne la rendibilitat mitjançant la seva reconversió en hotels boutique o altres negocis vinculats al turisme d'alt nivell. Un procés que no només ha disparat els preus de l'habitatge amb la consegüent expulsió de la seva població resident, sinó que també ha accelerat la privatització progressiva de l'entorn degut al tancament de camins i les restriccions d'accés a espais que durant generacions van ser d'us comú, agreujant amb això el procés de segregació social del municipi.

En aquests moments, el lloguer més barat és el d'un “exclusiu pis” que, segons l'anunci que el publicita a Idealista, destaca pel seu “disseny”, “tranquil·litat” i les seves “vistes a la muntanya”. El preu: 1.500 euros.

Tal com subratlla la moció de PAS-Més, la situació d'emergència habitacional s'ha convertit en un dels principals factors de desigualtat i expulsió residencial tant a Esporles com a la resta de Balears. “El nostre municipi ha experimentat en els últims anys un increment sostingut i desproporcionat dels preus del lloguer i de la compra. Aquest augment, juntament amb la pressió especulativa, l'escassetat d'oferta residencial i la conversió d'habitatges en usos turístics, ha provocat que moltes famílies es trobin en una situació límit”, prossegueix el text. El resultat, segons el propi document, és un procés d'expulsió residencial que afecta especialment joves i famílies treballadores, obligades a destinar “una part inassumible dels seus ingressos al lloguer”, o bé a abandonar el municipi “en el qual han crescut, treballen o mantenen els seus vincles socials i familiars”.

L'Ajuntament va sol·licitar formalment al Govern la declaració oficial de zona tensionada, però la resposta va ser negativa. La Direcció General d'Habitatge va argumentar que la mesura és una potestat, no una obligació, i va sostenir que la limitació de preus podria reduir l'oferta de lloguer al mercat balear.

El Consistori rebutja aquest raonament. La moció s'empara en la llei estatal d'habitatge, que estableix que un municipi pot ser declarat zona tensionada quan el cost mitjà del lloguer o la hipoteca supera el 30% de la renda mitjana de les llars, els preus hagin crescut de forma sostinguda per sobre de l'IPC, i hi hagi un risc acreditat d'exclusió residencial. L'Ajuntament considera que Esporles compleix aquests indicadors i que la declaració és necessària per protegir la població resident i garantir el dret a l'habitatge. L'autodeclaració simbòlica és, en aquest sentit, un acte de pressió institucional: una forma de forçar el Govern a motivar la seva negativa amb dades concretes o a assumir el cost polític d'ignorar la situació.

Esporles, símbol de resistència municipal

No és el primer cop que Esporles adopta decisions institucionals que el situen en el centre del debat polític, en oberta contradicció, a més, amb el rumb polític del Govern de Prohens. Al juliol de l'any passat, l'Ajuntament va aprovar la primera ordenança municipal de memòria democràtica de l'Estat, en resposta a la derogació de la llei autonòmica que preveuen materialitzar populars i Vox. La norma local estableix un marc normatiu propi per reconèixer, reparar i preservar la memòria de les víctimes del cop d'Estat de 1936 i la dictadura franquista: d'acord amb les investigacions memorialistes, entre l'aixecament feixista i 1939, els sublevats es van endur, de forma directa o indirecta, la vida d'almenys 21 persones: deu d'elles van ser executades, nou van ser víctimes de desaparició forçada -tres de les quals han estat localitzades i exhumades-, i dues més es van suïcidar.

El Grup de Memòria Democràtica d'Esporles -constituït com a delegació local de l'associació Memòria de Mallorca- eleva a prop de 300 les dones i homes que van ser represaliats “per tenir unes idees diferents de qui es van sublevar contra la Segona República”. Entre altres mesures, l'ordenança preveu el reconeixement institucional de les víctimes, la instal·lació de plaques i elements commemoratius en espais públics, la revisió dels carrers i dels honors municipals per eliminar referències contràries als valors democràtics, i la creació d'un registre local dels qui van ser perseguits o van patir la confiscació dels seus béns.

També a Esporles, un grup de 74 persones va emprendre fa més de dos anys una insòlita batalla: que el Govern faci públiques les enquestes que l'expresident Adolfo Suárez hauria encarregat el 1976 per preguntar a l'opinió pública si preferia un Estat monàrquic o republicà, com el propi mandatari d'UCD confessaria dècades després: “Quan la major part dels caps de Govern estrangers em demanaven un referèndum sobre monarquia o república... fèiem enquestes i perdíem”, va assenyalar. La iniciativa va convertir el municipi en un actor inesperat en el debat històric i polític de la Transició.

José Manuel López (Madrid, 1966) llega con una ristra de propuestas para resolver el problema de la vivienda. Todas pasan por una premisa clave: ser imaginativo, inventar nuevas ideas. “Pasar de pantalla”, resume. Su nuevo libro, 'Casas. Hacer política con (la, nuestra, tu) vivienda' (Editorial Akal), es una radiografía del mercado inmobiliario y del alquiler actual. También una guía que evita vender balas de plata, pero que apunta a una consecuencia irrefutable: una sociedad que se divide entre “una parte a la que le cayó una casa y tiene la vida hecha y el resto”.

López es ingeniero de formación, especializado en planificación y urbanismo, con una amplia experiencia como gestor tanto en las administraciones públicas como en el sector privado. También en el ámbito político. Fue candidato de Podemos en la Comunidad de Madrid en 2015; director del plan de innovación Justicia 2030 del Ministerio de Justicia en 2020; y actualmente es director del gabinete de la ministra de Sanidad, Mónica García.

Propone sustituir el concepto ‘vivienda’ por el de ‘casa’.

Al escribir, me fijé en el término. Cuando invitas a alguien a cenar, lo invitas “a tu casa”, pero al preguntar a gente que tiene una vivienda que alquila, siempre me decían: “Yo vivo en una casa y alquilo una vivienda”. El concepto ‘casa’ nos permite pensar de otra manera, porque esa vivienda que se alquila es la casa de alguien. En torno a ese concepto, es mucho más fácil plantear cualquier tipo de política.

¿Se puede salir del relato de que la crisis de vivienda no tiene solución?

Sí, pero hay que cambiar de mirada. Cuando hablamos de vivienda encontramos dos salidas: construir mucho más o esa idea melancólica de ‘si fuéramos como Austria…’. No podemos construir mucho más y Austria ha tardado 100 años en lograr ese modelo. Tenemos que ver las casas como un ecosistema con cuatro elementos. Uno es el acceso, lo que está ahora encima de la mesa. Otro tiene que ver con el uso; con más de un millón de personas que no pueden bajar a la calle o que se han ido a una residencia porque no tienen ascensor. Está el impacto ambiental. Y un cuarto elemento, que tiene que ver con la economía. La construcción tenía un peso en la productividad, pero que ahora tiene más que ver con lo financiero, tanto para los fondos como para los hogares, que desde hace 60 años ahorran en ladrillo.

Hay otro elemento, la innovación. Estamos pensando en construir como siempre, pero la industrialización nos permite tener casas en cuatro meses. Si levantas la cabeza en ciudades como Madrid, Barcelona o València, verás que se están recreciendo los edificios. Si sales de la pantalla del acceso, aparecen otros elementos que pueden funcionar.

¿Eso debería ir acompañado de otras medidas? ¿Hasta dónde pueden crecer en alto las ciudades si no hay un aumento de los servicios públicos?

Hemos estado haciendo ciudades extensivas, que son las que no tienen transporte ni servicios públicos. Cuando montas un sistema de chalés adosados lejos del centro, las administraciones no tienen capacidad de generar servicios y el centro de salud llega 15 años después. Si lo haces sobre la ciudad consolidada, los servicios ya están ahí. En la Conferencia de Quito, en 2016, Naciones Unidas ya dijo que había que densificar en lugar de extender. Cualquier ciudad está llena de ‘agujeros’, de solares pendientes de algo, con los que puedes reconfigurar la ciudad. El recrecimiento te lo permite, siempre y cuando haya un control. Ahora lo hacen las élites, pero puedes sacar una ley que diga que todo lo nuevo es VPO permanente. Hay que volver a un sistema en el que la vivienda pase a ser redistribución y no un mercado libre, como lo es desde los años 80.

La sociedad se divide en dos, los ‘mochileros’ que han recibido ladrillo y los que no

¿Cómo ha influido el contexto social e ideológico en las políticas de vivienda de las últimas décadas?

El 80% de nuestras viviendas están construidas después del año 1960. Hay un primer ciclo, en el que Franco ve que se le está yendo la dictadura y reparte 8 millones de VPOs. No sé si mi padre tenía en la mano un lápiz o un cóctel molotov, pero cuando le dieron la casa, un quinto sin ascensor de 68 metros, lo soltó. Cuando en 2011 se cumplieron los 50 años de mi barrio, se hizo una reunión y ocho de cada diez vecinos, entre ellos mi padre, decían que conocían a alguien en el Ministerio de Vivienda. Les habían convencido de que era un favor personal. Ahí se consigue que empecemos a ahorrar en ladrillo y que la propiedad sea un valor para los españoles.

Luego llegó el segundo ciclo, con Felipe González, donde se pasa a las ayudas en el IRPF, que supusieron una transferencia de 160.000 millones. El gran problema entonces fue la descalificación. Mis padres estaban muy contentos, porque pasaron de vivir en una casa de 300.000 pesetas a una de tres millones. Fue la gran redistribución, pero el Estado estaba diciendo que, desde ese momento, cada familia se ocupa de su siguiente generación. A partir de ahí, la sociedad se divide en dos: los mochileros que han recibido ladrillo y los que no.

¿Qué tiene de generacional esta crisis?

Tiene una parte generacional, pero también territorial. Los precios de las VPO estaban tasados, daba igual si tenías casa en Palencia o en Madrid. Cuando levantas la protección, tu casa en Palencia vale una cosa y en Madrid, otra. Si te tocó en el centro tienes una herencia; si te tocó en un barrio, otra. Y tiene una parte de vulnerabilidad, que no afecta solo a los jóvenes, sino a quienes tienen menos renta o a ese 14% de la población que llegó después a nuestro país y no estaba el día que se repartieron las mochilas.

Como la cultura es el ladrillo, según caen las herencias del primer ciclo, mucha gente decide comprar una casa, para sus hijos o para alquilarla. Eso sube los precios, el que ahorra [para su primera vivienda] no llega y el que compra, como paga más, lo carga al alquiler, así que la división se hace todavía más grande. Hay que controlar este sistema para que eso no siga creciendo.

En el libro dice que las decisiones de cada uno van a influir en el resto, “alteran el ecosistema”. En un país donde alrededor del 90% del parque de alquiler está en manos de pequeños propietarios, ¿hasta qué punto afectan las decisiones personales en la crisis de la vivienda?

Tienes una crisis, no puedes ponerte en manos de decisiones personales. Las estadísticas dicen que el 75% de la población tiene vivienda en propiedad y un 18% vive de alquiler. De estos, el 15% está en el mercado y un 3% son rentas antiguas o gente que las alquila a un familiar o un conocido por debajo de mercado. ¿Y el otro 7%? El dato no es fácil de encontrar, pero es gente que ha comprado una casa y se la está dejando a sus hijos o a sus nietos. Es decir, cuatro de cada diez casas en alquiler están fuera del mercado. Es una masa social que no está especulando, que te apoyarían si tomas la decisión de regular. El conflicto no es entre casero e inquilino, sino de especuladores contra el resto.

Habla también de las viviendas vacías.

Tenemos casi cuatro millones de viviendas vacías y ese relato de que están donde la gente no quiere vivir no es cierto. En Madrid hay 97.000 y en Barcelona, 75,000, pero la gente no las saca [en alquiler] por miedo a impagos o porque es mucho lío. Prefieren no ganar dinero. Si la Administración es capaz de darles tranquilidad, por ejemplo, a través de una agencia pública que alquile viviendas privadas, mientras le pones un impuesto a la vivienda vacía, estás movilizando miles de casas.

¿Cómo se puede llegar a esas personas que necesitan rehabilitar sus edificios sin que eso suponga una transferencia de recursos públicos a manos privadas?

La vía más fácil para resolver el tema de la vivienda es la rehabilitación. Imagina un edificio sin ascensor en un barrio donde la población mayor no puede bajar a la calle y, además, tiene frío porque es ineficiente. Se puede sacar una normativa que permita recrecer el edificio con dos VPO, a condición de que las plusvalías se destinen a rehabilitar la finca. En una sola intervención estás generando un mercado nuevo de vivienda protegida, mientras resuelves los problemas de los vecinos. Y además pones condiciones: si tienes la vivienda vacía o la estás alquilando por encima del rango de precios que yo decida, no te puedo ayudar. Si para una rehabilitación de 40.000 euros yo te pongo 25.000, si no cumples estas condiciones y tienes que ponerlo todo de tu bolsillo, enseguida te salen las cuentas.

En el libro aborda la fiscalidad. ¿Qué le parece la propuesta del PSOE de modular la bonificación del IRPF de la que disfrutan los caseros si bajan los precios?

Es un error. La vivienda tiene que volver a ser un sistema de redistribución. Si transfieres impuestos al que ya tiene, estás haciendo un sistema de redistribución inverso, que amplía un poquito más la brecha entre los que pueden y los que no pueden. Además, no va a funcionar: a quien puede subir el precio todo lo que quiera, le da igual la bonificación, porque siempre podrá subirlo por encima. El marco político no tiene que ser inquilinos y caseros, sino especuladores contra el resto. Una amiga me decía que alquilaba su vivienda por un precio adecuado, 1.100 euros al mes. Al preguntarle cuánto cobraba antes, me respondía que 700. Entonces es una especuladora. Un ahorrador aspira a ganar un 5%, no un 30%. El ahorro es correcto, la especulación, no.

Este discurso de no enfrentar a inquilinos con caseros es también el del presidente Sánchez. ¿No aleja a una parte de los inquilinos, ahogados por el alquiler?

Aleja a una parte de los inquilinos y no interpela a una parte de los caseros, a ese 40% que han sacado sus casas del mercado y se las alquilan a sus entornos. El problema es quién quiere especular. Los fondos siempre quieren; los grandes tenedores siempre quieren; y los pequeños tenedores, ¿cómo les ayudamos a que estén en el lado correcto de la historia? No lo vamos a hacer apelando a su solidaridad, sino tomando una decisión política y empezando a sacar normas. Yo hago una propuesta: una ley de beneficios razonables, como la que dice cuánto ganan las eléctricas. Bastaría con meter al sector de la vivienda, para que todo el mundo estuviera tranquilo. ¿Este año se gana un 5%? Pues se gana un 5%, que no es lo mismo que que te suban el alquiler un 5%.

Las próximas elecciones van de resolver el problema de la vivienda

Hay mucho diagnóstico, pero ¿se está actuando sobre el problema?

No lo suficiente. Hay una especie de miedo a abordarlo y poca capacidad para salir de ese punto melancólico o de construir más. Hay más cosas que hacer, tenemos que pasar de pantalla. Nos hemos metido en la cabeza que la vivienda es escasa, que la única manera de solucionar el problema es por la vía ortodoxa, aunque tardemos años en hacerlo.

Últimamente se habla de recuperar la ilusión en la izquierda. En los últimos años los precios del alquiler se han disparado, miles de familias dedican buena parte de sus ingresos a pagar la renta y a los jóvenes les cuesta cada vez más emanciparse. Esto ha pasado en ocho años de Gobierno de coalición progresista. ¿Se podía haber hecho más?

La ilusión pasa por resolver este tema. Las próximas elecciones van de cosas, pero la central es resolver el problema de la vivienda. El 15M surge por la vivienda [tras el estallido de la burbuja inmobiliaria], pero la crisis en ese momento estaba centrada en la corrupción, era una crisis política, económica, de cierre del modelo. En 2015 empezamos a hablar de emergencia climática, inteligencia artificial, cuidados y feminismo. La vivienda sigue estando ahí, pero estábamos en otra. En política las decisiones no se toman de un día para otro, hay una presión social que te va llevando al borde del precipicio. Hace ocho años la sociedad no estaba con esto en la agenda e igual la prioridad no era la vivienda. Ahora mismo es la prioridad máxima y hay que resolverlo con valentía. Se está dividiendo a la sociedad en dos, la mitad de la población que está bastante contenta cuando llega a su casa y quien vive esto con ansiedad.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, arrancó la semana con un anuncio. El fondo soberano España Crece movilizará 23.000 millones de euros para construir unas 15.000 viviendas en alquiler asequible al año. La medida se suma a otros compromisos que el Ejecutivo ha ido adquiriendo en los últimos años, el Perte de la industrialización, puesto en marcha hace casi un año, con el que se quiere impulsar la construcción de otras 15.000 casas modulares al año en la próxima década. O las 183.000 viviendas prometidas en el ciclo electoral de 2023. Anuncios que suman miles y miles de casas, mientras la vivienda continúa siendo una de las preocupaciones principales de la población.

Cuando Sánchez anunció, en abril de 2023, esas 183.000 viviendas, según los datos del departamento que entonces dirigía Raquel Sánchez, unas 66.000 ya estaban movilizadas. Desde entonces, se ha comenzado a activar 56.000 casas más. En total, aquel compromiso, pasado el ecuador de la legislatura, está encarrilado al 66%. Pero, la gran incógnita sigue sin despejarse. ¿En cuántas de esas viviendas viven familias?

El término que utilizan desde el Ejecutivo es “movilizar”, un verbo que en la práctica suma las viviendas sobre las que se empieza a trabajar en materia de rehabilitación, las que se comprometen sobre el papel, las que se empiezan a construir y las que se entregan. Y en este último punto es donde el Ministerio de Vivienda va a ciegas, porque en muchas ocasiones cofinancian la promoción o la construcción de viviendas con las comunidades autónomas o los ayuntamientos, que son quienes deben rendir cuentas.

“Las comunidades autónomas poseen de un amplio periodo para finalizar las obras y, posteriormente, justificar al Ministerio la ejecución de los fondos. Son ellas quienes poseen la información en tiempo real y que, motu proprio, no trasladan al Ministerio”. Indican fuentes de este departamento, afanado en “revertir esta situación con el próximo plan estatal de vivienda, que prevé un marco de cogobernanza, información y transparencia en tiempo real”. Estaba previsto que ese plan estuviese listo en diciembre de 2025, pero el Ejecutivo habría preferido alargar ese plazo en pro de la negociación con las comunidades.

Ese gran paquete de viviendas a precio asequible, comprometidas por el presidente Sánchez, se desglosaba en varios bloques. Algunos han funcionado bien en cuanto a movilización de inmuebles, mientras otros han pinchado. “Lo que se ha realizado desde que se creó el Ministerio de Vivienda es reajustar los programas iniciales con el objetivo de movilizar de la manera más rápida posible la oferta de vivienda asequible”, indican fuentes consultadas. Por ejemplo, el Gobierno pretendía activar unas 20.000 casas a través de los planes de recuperación, de las que 14.000 ya estaban en marcha. A día de hoy, ha conseguido activar otras 10.000, superando esa meta inicial.

Otra de las palancas a activar eran los planes estatales. El último correspondía a los años 2022-2025 y suponía la guía en materia de vivienda. En coordinación con ayuntamientos y comunidades, el Gobierno quería activar 14.266 viviendas, de las que 7.217 ya estaban firmadas y conveniadas en abril de 2023. Desde entonces, han movilizado otras 2.942, según datos de Vivienda, que señala que ese plan, dotado con 1.440 millones de euros —en el próximo espera multiplicar los fondos, hasta los 7.000 millones—, se diseñó “conociendo que el Plan de Recuperación destinaría la mayor parte de la inversión a obras de rehabilitación y construcción de vivienda asequible”. Por eso, aclaran, “la mayor parte de los fondos” se destinaron a ayudas y no a construcción.

Al margen de estos planes, están los acuerdos que el Estado central alcanza de manera bilateral con otras administraciones para “impulsar la oferta de vivienda asequible en aquellas zonas más tensionadas”. Se comprometieron 9.849 inmuebles, de los que casi 5.000 ya estaban movilizados. Hoy hay 1.393 más.

Una de las principales patas del plan de las 183.000 era la financiación de 43.000 viviendas de nueva construcción o rehabilitadas a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO). A la vista de los resultados, casi tres años después esta ha sido una de las brechas de aquella estrategia, con tan solo 3.396 viviendas movilizadas, menos de un 8% de lo previsto. “El Gobierno de España acaba de poner en marcha el fondo soberano España Crece para garantizar el incremento de la oferta de vivienda a precio asequible, mejorando esta línea de financiación que el ICO ya tiene en marcha”, indican fuentes ministeriales preguntadas por esta cuestión.

El objetivo es que esta nueva herramienta sirva para impulsar la construcción, a través de 23.000 millones de euros de financiación público-privada con condiciones ventajosas para los promotores de vivienda asequible, como quitas del 30% para este tipo de obras. “La falta de financiación no puede ser otro de los cuellos de botella que sufre el sector”, afirmó Sánchez durante la presentación.

Desde el sector estiman que “este fondo puede ser un paso positivo para aumentar la financiación”, pero recuerdan que “es necesario considerar que persisten desafíos estructurales que requieren atención para abordar de manera integral el problema de la vivienda”, como señala el presidente de la Confederación Nacional de la Construcción, Pedro Fernández Alén. En ese sentido, enumera la liberalización del suelo, “que requiere de un proceso más rápido e intenso” y “la necesidad de modificar y simplificar la legislación vigente, de modo que los procedimientos sean más ágiles y seguros para las empresas”. “En este sentido, resulta fundamental y urgente desbloquear la ley del suelo”, señala, sobre una norma atascada por la debilidad parlamentaria del PSOE.

"No creemos que estemos ante un problema de falta de ladrillo, sino de control y acceso al parque de vivienda"

Pablo Pérez — Portavoz del Sindicato de Inquilinas

Frente al discurso que defiende la necesidad de construir —el Banco de España cifra el déficit en unas 700.000 casas—, otras voces abogan por lo urgente. “No creemos que estemos ante un problema de falta de ladrillo, sino de control y acceso al parque de vivienda”, indica el portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid, Pablo Pérez, que aboga por “invertir esos miles de millones en recuperar las viviendas que, a día de hoy, están en manos de fondos buitre, para ampliar el parque público real de forma permanente y garantizando alquileres asequibles”. “Llevamos años viendo cómo se anuncian miles de viviendas, mientras los precios siguen subiendo y la gente es expulsada de sus barrios. Si estas viviendas terminan en manos de grandes promotoras, fondos de inversión o estructuras público-privadas que garantizan rentabilidades privadas no estamos solucionando nada, sino alimentando el mismo modelo que ha generado la crisis actual”, considera.

En la misma línea, Pérez recuerda que hay “más de 600.000 hogares en todo el Estado que tienen contratos de alquiler que vencen en los próximos meses”. “Para estas personas, el anuncio de viviendas que estarán listas dentro de años no es una solución”, indica el portavoz del Sindicato. Para ellas, Sánchez propuso ampliar la bonificación fiscal para los caseros que no suban los precios y modularla a la baja, sin llegar a suprimirla, para quienes los bajen. Esta medida, que requiere de aprobación parlamentaria, ha sido duramente criticada por todos los grupos a la izquierda del PSOE, incluido Sumar, que defiende la prórroga extraordinaria de los contratos.

“Una política lenta”

“Parece que todo se arregla dando crédito para que se hagan 15.000 viviendas, pero vamos a tardar años en hacerlas”, señala otra voz experta en urbanismo. No en vano, el decalaje entre que se planifica una vivienda y se entregan las llaves puede ser de entre tres y siete años. La propia ministra del ramo admitía que la del fondo soberano es “una política lenta”. “No se puede engañar a la ciudadanía, pero vamos a llegar al objetivo de dotarnos de un parque estatal similar a la media europea, en torno al 9%”, señalaba Isabel Rodríguez en una entrevista en 20 Minutos, publicada este viernes.

En la cuenta de las 183.000 viviendas estaban también 11.000 del Fondo Social de entidades bancarias. Las previsiones en este caso se han mantenido estables, con unas 9.489 casas regularizadas.

Por último, el gran empujón a ese compromiso ha llegado de la mano de Casa 47, la empresa pública a través de la que el Ejecutivo ha vehiculado la absorción de unas 50.000 viviendas de la Sareb, además de la promoción y construcción de casas. En total, desde el Ministerio indican que se han movilizado 68.325 viviendas, cerca de 40.000 en los últimos tres años. Esto supera incluso la previsión inicial de 66.000.

Sin embargo, de nuevo, el hecho de que estén movilizadas no se traduce en que todas vayan a estar puestas a disposición de las familias próximamente. Vivienda incorpora en esa cuenta los alquileres sociales de Sareb, unos 10.000, que no son nuevos, sino que provienen de regularizaciones de personas vulnerables que ya vivían en esas casas. O las 10.700 de la Operación Campamento, en Madrid, donde ya han empezado las obras de demolición. O las 1.400 de terrenos de Defensa en Málaga, a la espera de que el Ayuntamiento apruebe el plan de urbanización. O las decenas de miles de viviendas de la Sareb, que necesitan algún tipo de rehabilitación o adaptación.

Por el momento, Casa 47, que ha recibido una partida de 100 millones de euros para la adquisición directa de inmuebles, tan solo ha sacado una 'convocatoria piloto' con 171 casas ubicadas en Vigo, Mieres y varios municipios de Valencia afectados por la dana. El plazo para presentar las solicitudes finalizó este viernes. La propia directora de la entidad reconocía hace unas semanas, en una entrevista en la Cadena Ser, que la nueva empresa estatal “no va solo de solucionar el problema de la vivienda hoy, sino tratar de evitarlo en el fututo”. De hecho, estimaba que se necesitarán “al menos, cinco años” para paliar el problema.

Al margen de las prometidas 182.000 viviendas, el presidente Sánchez ha ido trufando la legislatura de nuevos anuncios. El pasado mes de abril, el Gobierno comprometió 1.300 millones de euros en una década —de media, 130 millones al año— para impulsar un nuevo Perte de industrialización. Según los cálculos del Ejecutivo, este plan permitirá la construcción de una media de 15.000 viviendas al año en la próxima década y más de 20.000 anuales a partir de 2035. Serían, por tanto, 150.000 viviendas modulares hasta 2035, pero, en este caso, desde el Ministerio se han esforzado en explicar que se trata de un impulso al sector, no vinculado a casas concretas.

Cuando un proyecto une la calidad a unos valores que representan a quienes los hacen se produce una alineación de planetas. Se nota que eso ocurre en Ravalear. La serie de Pol Rodríguez basada en la historia real del restaurante de sus padres en el Raval, que fue adquirido por un fondo buitre, se ha convertido en una ficción que mira de forma clínica el problema de la vivienda. Lo hace con ritmo, fuerza, sin maniqueísmos y contando lo que no se suele contar.

Y se nota que todo el mundo cree en el proyecto y está contento con lo que han hecho. Los primeros, sus intérpretes. En la Berlinale estuvieron todos como una familia (lo son en la ficción), disfrutando de ser la primera serie española en estar en el certamen. Se notaba también en las entrevistas. Enric Auquer y María Rodríguez Soto son dos de los protagonistas —y dos de los mejores actores de su generación—, y ellos mismos encarnan el compromiso que se desprende de la serie con esta problemática. Auquer está afiliado al Sindicat de Llogateres y, cuando recogió el año pasado el premio Gaudí, pidió solidaridad para pasar un desahucio.

¿Sabían cuando leyeron el guion que estaba basado en la historia del director Pol Rodríguez?, ¿cómo cambió eso su percepción?

María Rodríguez Soto: A mí me pasó una cosa muy curiosa, que es que yo había comido en Can Lluís y me lo había pasado superbién allí, pero no sabía que había pasado esto después de la pandemia. Y cuando me llegó la serie y lo leí, dije, “guau, qué fuerte y qué bien que lo ha explicado”. Pensé que qué suerte formar parte de esto, la verdad.

Enric Auquer: Sí, yo lo fui entendiendo cada vez más. Tú vas oyendo en las noticias no sé cuántos desahucios y ya parece que es como si ayer llovió. Pero de repente te pones pragmático y dices, pobre gente, que ha perdido un restaurante. Pero vas entrando y entrando, y vas viendo, y es lo que fui entendiendo. Ha sido un viaje muy bonito porque Pol lo explica muy bien, es muy sensible, se va abriendo poco a poco, y vas viendo el dolor que ha generado todo eso.

La serie muestra las interioridades y todas las aristas que acompañan a un desahucio y en un proceso como este. ¿Este trabajo les ha hecho ser más o menos optimista con lo que está pasando con la vivienda?

M.R.S.: Creo que nuestra cara lo dice todo. Hay algo que nos está comiendo y que es muy incontrolable, que no tiene nada que ver seguramente con la clase de la que nosotros formamos parte, que es una cosa llamada capitalismo y que está por encima de nosotros y que no tiene nada que ver ni con Barcelona, ni con Madrid, ni con Berlín, que está en el mundo entero. Y luego también hay algo muy bonito, de comunidad, y hay una esperanza en eso. Y aunque el monstruo sea tan grande, que siga habiendo esperanza es muy importante, y no nos podemos desconectar de ahí.

E.A.: Yo veo que hay organizaciones. Yo estoy afiliado al Sindicat de Llogateres (el Sindicato de Inquilinas) y veo lo que se va haciendo y creo que hay esperanza si la gente hace cosas. Pero la cosa es tan perversa que hay esa sensación, estas lógicas aplastantes del relato que nos damos, que parece que si una persona ofrece más dinero por algo, tiene más derecho porque así funciona el sistema y el mercado. Y esto es un drama. Es que parece que aunque tú hayas contribuido desde hace casi 100 años a la comunidad con un establecimiento que tiene un valor sentimental, personal y colectivo, eso no tiene ningún valor porque solo tiene valor el dinero, y eso es perverso. 

Creo que tendríamos que ir cogiendo conciencia, porque está ese discurso de que el mercado se regula a sí mismo y eso es el dogma del capitalismo. Pero pensemos, ¿qué comunidades queremos generar?, ¿qué ciudades de futuro? Tanto tú, persona millonaria que tienes 15 pisos, como yo. Creo que el capitalismo, desde que yo estoy vivo, ha ido avanzando tanto que o cogen conciencia los que tienen poder o no sé.

Es que es heavy cómo han conseguido que nos dé más miedo que nos puedan okupar la casa que los fondos buitre

María Rodríguez Soto — Actriz

M.R.S.: Es que es heavy cómo han conseguido que nos dé más miedo que nos puedan okupar la casa que los fondos buitres. Hay una disociación muy heavy entre la realidad que está pasando y quien está haciendo de la vivienda un bien de mercado. Hay algo que han conseguido hacer muy bien, y es que han cambiado el foco del miedo.

E.A.: Es que no hay un interés colectivo. Es que cómo pueden ser tan perversos que generáis algo no sostenible, que ya no se puede sostener ni para ti ni para mí ni para nadie. Estiráis tanto el chicle, hijos de puta. Lo estiráis tanto, que lo reventáis todo. Hay que ir con cuidado, y si no tendría que haber un estado responsable, un gobierno que sea responsable y que regule la vivienda. Es que cabrea mucho. Yo veo una de sufrimiento a mi alrededor y un mal vivir que es como…

M.R.S.: Y la impunidad de seguir haciendo eso y que les dé igual.

Sus personajes hacen un acto de rebelión porque no les están protegiendo, pero también están en una situación de privilegio frente a otras muchas personas que no pueden ni siquiera plantearse esa rebelión.

M.R.S.: De eso va la serie en el fondo, de ver todos los sustratos de la sociedad y cómo ellos se aprovechan de nosotros, pero nosotros nos podemos aprovechar de gente que está por debajo de nosotros. Es que es como funciona el mundo, o como nos han hecho creer que funciona el mundo. Y aquí está el debate y hay que ponerlo sobre la mesa y ser consciente siempre del privilegio que tienes. Es difícil, pero creo que es un deber.

E.A.: La familia de Pol tuvo esa situación y perdieron. Hay un momento en que aceptas y dices: pues ya está. Y ahí hay un desastre familiar, un duelo, una tristeza. Esta serie plantea qué pasaría si no te rindes, si llevas esto hasta sus últimas consecuencias. Ahí está la chispa de la serie. Y luego preguntarnos hasta dónde somos capaces, qué legitimamos en esa lucha contra una persona que tiene más poder que tú. Y cómo, como espectador, también no eres muchas veces consciente del privilegio que tienes. Nos pasa mucho en Occidente, que te puedes sentir oprimido por unas élites, pero luego hay personas con menos privilegios y tú estás ejerciendo el tuyo. Es lo que plantea la serie.

Creo que han participado muchas asociaciones del Raval, mucho tejido social, ¿cómo ha sido introducirles, se han sentido parte de una serie que estaba también apostando por formas distintas de trabajar?

M.R.S.: Pues ha sido superenriquecedor. Creo que también es uno de los grandes aciertos de esta serie, que todo el mundo forme parte de ella. A veces pasa que cuando juntas actores profesionales y actores no profesionales hay un decalaje, pero aquí ha habido una escucha muy recíproca, muy sencilla y que nos hemos puesto todos en un tono. Y eso tiene mucho que ver también en cómo ruedan. Es que las cámaras a veces ni las veíamos.

E.A.: Al final es una serie con una voluntad política muy grande y creo que está bien incorporar voces distintas, disidentes o que incluso no están del todo de acuerdo con la serie. Intentar escuchar a todos. Hay también una voluntad política en, si estamos hablando de esto, pues pasar el guion a sindicatos distintos, hablar con organizaciones del barrio… y creo que esto era importante. Seguramente no ha sido perfecto y seguramente habrá gente que se sentirá marginada o que no se sentirá representada.

¿Con qué les gustaría que se quedara la gente de Ravalear?, ¿puede generar algo en la sociedad?

M.R.S.: Ojalá genere un cambio. Es complicado, pero yo creo que poner este tema encima de la mesa y que trascienda más allá de ver la serie con tus amigos o con tu pareja o con quien sea, y que quizá una conciencia se abra. Yo con eso ya me quedo un poco contenta, la verdad.

E.A.: Yo creo que las series no cambian nada. Que la gente se lo pase muy bien y que tenga un referente de algo, que sepa que existen cosas y que cuando sienta la injusticia en su propia carne, diga, voy a volver a ver esa serie, me voy a reunir con alguna asociación que tenga recursos como para poder acompañarme. A veces en la militancia la gente no sabe muy bien dónde acudir o están muy individualizados o el colectivo ha dejado de estar en su vida o se siente solo. 

Entonces, sobre todo, que se lo pasen bien y que cojan un cabreo. Hay algo muy triste en esta serie, y es que acabas y dices joder, todo este lío por esta mierda, por cuatro duros. Hay algo de un poco de asco. No quiero ser nihilista, creo que es una serie que tiene su luz también, y eso me gusta, porque no es un relato derrotista ni nihilista.

Entrevista completa

En España se habla de vivienda como si fuera solo un problema de solares disponibles, metros cuadrados, precios y hipotecas, pero en realidad se está discutiendo, también y sin decirlo, sobre salud pública y esperanza de vida. La evidencia comparada muestra de forma bastante contundente que la vivienda es, en esencia, un problema de bienestar y de salud pública de primera magnitud. El tipo de vivienda que se habita —si está sobre ocupada, si se pasa frío o calor, si hay humedades, si el alquiler se lleva la mitad del sueldo— condiciona la salud física y mental, la autonomía en la vejez y hasta las oportunidades educativas de los hijos

En España la desconexión entre el derecho a la salud —ampliamente protegido y gestionado como un pilar básico universal— y el derecho a la vivienda —relegado a un principio rector de la política económica en el artículo 47 de la Constitución— ha generado una fractura social cuyas consecuencias son ya innegables. En este escenario, la dimensión sanitaria de la crisis residencial suele permanecer en segundo plano frente al relato más visible del encarecimiento del alquiler, la dificultad de emancipación juvenil o los desahucios. Hace un par de semanas me invitaron a discutir el tema en la Agencia de Salud Pública de Barcelona y los datos que allí se barajaron constatan que una parte creciente de la población vive en condiciones que la literatura especializada define como privación severa de vivienda: sobreocupación, infravivienda, problemas estructurales (humedades, filtraciones, moho), dificultades para mantener una temperatura adecuada o barrios expuestos al ruido, la contaminación y la inseguridad. Se estima que en 2020 cerca del 20% de la población en España vivía en viviendas con humedades o filtraciones, por encima de la media europea. A ello se suma el overburden: hogares que destinan más del 40% de sus ingresos a los gastos de vivienda, lo que multiplica el riesgo de pobreza y limita el gasto en alimentación, energía o cuidados.

Desde este ángulo, invertir en vivienda asequible es, posiblemente, la intervención en salud más ambiciosa y eficiente que un Estado puede acometer en el siglo XXI. La vivienda actúa hoy como el “pilar tambaleante” del bienestar, según la célebre definición de Torgersen, porque es el único ámbito donde el mercado manda sobre la necesidad básica, obligando a las familias a realizar malabarismos imposibles entre el pago del alquiler y el mantenimiento de una vida saludable.

La complejidad de la crisis habitacional se manifiesta en múltiples capas que erosionan el cuerpo y la mente de forma silenciosa. No se trata solo de la falta de un techo; hablamos de la infravivienda, de la sobreocupación y de la incapacidad de mantener el hogar a una temperatura adecuada. La pobreza energética, que en climas mediterráneos se traduce tanto en el frío invernal como en el estrés térmico estival, es responsable directa de un aumento en la mortalidad prematura y de patologías respiratorias crónicas. A esto debemos añadir el impacto devastador del “overburden” financiero: cuando una familia destina más del 40% o incluso el 50% de sus ingresos al alquiler, el sistema sanitario empieza a pagar la factura. El estrés crónico derivado de la inseguridad residencial —el miedo al desahucio o a la no renovación del contrato— altera el sistema inmune y dispara los cuadros de ansiedad y depresión. En España, diversos estudios académicos ya han demostrado que el consumo de psicofármacos está estrechamente ligado a la precariedad habitacional. Estamos recetando ansiolíticos para tratar problemas que se resolverían con un parque público de vivienda alquiler estable y asequible.

Esta situación se ve agravada por nuestro modelo de bienestar, históricamente “familiarista”. Durante décadas, el Estado español delegó la protección social en la propiedad privada y en la red de apoyo familiar. Se asumió que la familia era el amortiguador que compensaba la falta de vivienda pública. Pero este modelo ha colapsado ante la precariedad laboral y el auge de precios especulativos. El “familiarismo” ya no protege como lo hacía; hoy más bien segrega. Quien no hereda o no tiene red familiar queda expuesto a un sistema de tenencia dual, donde el alquiler es un terreno hostil, costoso y carente de las protecciones que sí tiene un propietario. La evidencia internacional, recogida en informes de instituciones como Eurofound, es demoledora: por cada tres euros invertidos en mejorar las condiciones de vivienda de la población, el sistema público recupera dos euros en apenas un año a través del ahorro en gastos médicos, hospitalizaciones y servicios sociales. Países como Finlandia, con su programa Housing First, han demostrado que proporcionar una vivienda estable es el primer paso, y el más barato a largo plazo, para tratar enfermedades crónicas y problemas de exclusión extrema.

Uno de los mayores retos para revertir esta situación es la fragmentación de las políticas públicas. La iniciativa “Vivienda 47” del gobierno central representa un paso necesario, pero corre el riesgo de quedar como un compartimento estanco si no se articula con las políticas de salud y servicios sociales. Aquí es donde el concepto de proximidad adquiere una relevancia estratégica. La relación entre vivienda y salud se gestiona mejor cuanto más cerca está la capacidad de decisión del problema real. Los municipios y las áreas metropolitanas son los espacios donde la “acupuntura urbana” puede detectar qué barrio sufre más por el hacinamiento o dónde la falta de aislamiento está provocando ingresos hospitalarios recurrentes. Cuando la política se aleja del territorio, la vivienda se convierte en un frío dato estadístico; cuando se gestiona desde la proximidad, se entiende como una infraestructura de cuidados. La integración de políticas no es solo una cuestión administrativa, sino una necesidad operativa: un médico de familia debería poder “recetar” una mejora en el aislamiento de una vivienda de la misma forma que receta un inhalador para el asma.

La escasez de vivienda accesible es, en última instancia y en la jerga económica, una externalidad negativa que el mercado traslada al sistema sanitario público. Si España aspira a mantener su salud pública en niveles aceptables, debe entender que la sanidad universal no termina en la puerta del hospital, sino que empieza en la puerta de casa. No habrá salud sin un suelo desmercantilizado y sin una política habitacional valiente que entienda que el derecho a un techo digno es la vacuna más eficaz contra la desigualdad y la enfermedad. Invertir en vivienda es, sencillamente, la mejor receta médica que podemos prescribir para el futuro de nuestra sociedad.

Si hay algo en lo que el Gobierno de España y la Comunidad de Madrid están de acuerdo en materia de vivienda es que no están de acuerdo en casi nada. Las discrepancias se han hecho más evidentes que nunca esta semana, cuando la ministra del ramo, Isabel Rodríguez, afirmó que le “encantaría” declarar un 155 en la región madrileña. Que lo haría, “si tuviera mayoría en el Senado”. Este jueves, Rodríguez y el consejero Jorge Rodrigo coincidían en la visita a una de las promociones del Plan Vive regional. Aunque el tono trató de parecer cordial, el encuentro, que prometía ser de alto voltaje, no estuvo exento de pullas y reproches.

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, calentaba la jornada desde la Asamblea: “Ese 155 que quieren aplicarle a Madrid tiene muy mala rima para ustedes”. En Aranjuez, con chaleco reflectante y casco de obra, las comitivas de la Consejería y el Ministerio de Vivienda reconocían la construcción de unas 400 viviendas. Por protocolo, Rodrigo tomó primero la palabra. “No es la primera vez que la ministra visita una promoción del Plan Vive de la Comunidad”, comenzaba. A su juicio, este es un reconocimiento implícito de que en Madrid “hay una forma de hacer las cosas que funciona”.

“Supone un respaldo a nuestro modelo”, afirmó el consejero, antes de pedir “coherencia”. “No se puede pedir un día la intervención con el artículo 155 de Madrid y de las políticas de vivienda y, al día siguiente, visitar nuestras promociones de vivienda asequible. Frente a este tipo de modelos intervencionistas, que acaban reduciendo la oferta disponible y encareciendo el acceso, Madrid apuesta por crecer, por generar más viviendas, por construir más y por hacerlo mejor, creando un marco estable que atraiga inversión”, desarrolló. “Frente a la confrontación permanente y los titulares desmedidos”, dijo el consejero de Ayuso, “nosotros respondemos con hechos y esta es la región que más vivienda protegida construye”.

Pero Isabel Rodríguez, lejos de refrendar el modelo del Plan Vive, llamó a una “revisión y mejora”. “Hay que mejorar su asequibilidad”, para que no haya que “destinar más del 30% de la renta a los gastos de la vivienda” y “agilizar” la manera en la que se ponen a disposición de la ciudadanía, “para que no se produzca la paradoja de que haya más rechazos que adscripciones”, recordó.

Hasta el 9 de enero de 2025, la Comunidad había registrado 1.170 renuncias, sobre un total de 5.175 pisos terminados, de los que 242 continuaban vacíos, según datos oficiales recabados por la Cadena SER a través de la Ley de Transparencia. Mientras vecinos de diversas promociones, como las de Getafe o Tres Cantos, denuncian desperfectos en lo que llaman el Plan Sobrevive, con alquileres que alcanzan los 1.000 euros al mes.

El portavoz de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ya había acusado el día antes a la ministra de Vivienda de haberse “acoplado” a las visitas institucionales, citando la que se produjo este mismo jueves en Aranjuez. El acto había sido convocado por el propio Ministerio que, según fuentes cercanas, había invitado al consejero madrileño. De hecho, el Ejecutivo central invirtió en esta promoción más de 16 millones de euros de fondos europeos, el 25% del total, los promotores privados afrontan el otro 75%, mientras el gobierno autonómico cede el suelo.

“Los fondos europeos no llovieron de un día para otro. Se los curró el presidente del Gobierno”, recordó Rodríguez. Frente al consejero madrileño, enumeró las inversiones que el Ejecutivo viene realizando desde 2018 para vivienda en la región. Son, según sus cuentas, 2.508 millones de euros y 75.800 viviendas movilizadas, unas 17.000 de nueva construcción y 58.000 rehabilitadas.

Rodríguez no evita ya el choque directo con la Comunidad de Madrid, a quien lleva meses reclamando que declare zonas tensionadas. “Cuando, con argumentos jurídicos y políticos, manifiesto mis prioridades en política de vivienda, no estoy ofendiendo a nadie”, se justificó. Pero el mensaje es claro: “Evitar la especulación no solamente es un mandato constitucional, sino que forma parte del sentido común de la inmensa mayoría de españoles y españolas”.

La ministra enumeró, una a una, todas aquellas cuestiones en las que no puede “estar de acuerdo” con la Comunidad de Madrid. Que Ayuso se niegue a “congelar los precios del alquiler”, declarando zonas tensionadas. Que se llame a que inversores extranjeros compren “las ciudades y los barrios enteros”. Que no se persiga el fraude en los alquileres de temporada o los pisos turísticos. O que no se blinde a perpetuidad la vivienda pública. “No se le pueden poner alfombras rojas a los fondos buitre. Yo se las pongo a los promotores y constructores que están con nosotros en la construcción de vivienda pública y asequible”, afirmó.

“Aquí es donde discrepamos, consejero”, interpeló la ministra tras la retahíla. “Muchísimo”, concedió él.

Al margen de lo que supone de declaración política, fuentes ministeriales defienden la apelación al artículo 155 de la Constitución, que da competencias al Gobierno central para tomar el control de una comunidad autónoma, si esta “no cumpliere con las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España”.

“Sus políticas, así como sus declaraciones públicas cuestionan que [Ayuso] vele por el interés general en su actuación como gobernante. Por un lado, deja completamente desatendidos a quienes precisan de medidas que promuevan el acceso a la vivienda y, por otro, se jacta de proteger los intereses de una élite, lo que es incompatible con velar por el interés general”, afirman estas voces.

Los principales caballos de batalla son el blindaje permanente de las viviendas públicas, al que se niega la Comunidad y al que el Gobierno ha condicionado los fondos del próximo Plan Estatal, que prevé una inversión de 1.113 millones de euros en la región, y la declaración de zonas tensionadas para topar los precios del alquiler. “Ya le digo que no”, respondió Rodrigo sobre si Aranjuez podría ser declarada como tal, “lo hemos manifestado desde el principio de esta legislatura, desde que aprobó lo que consideramos una nefasta Ley de Vivienda. No vamos a declarar zonas tensionadas porque estamos viendo que no funcionan”.

A su lado, Rodríguez negaba con la cabeza. En Barcelona, una de las primeras ciudades en declarar zonas tensionadas, los precios del alquiler han bajado un 4,9% y hay 1.551 contratos firmados más, según los datos del alcalde Jaume Collboni. En los municipios navarros que se acogieron a esta medida, las rentas cayeron un 8,6% en seis meses. Y en Coruña, el precio medio de los contratos pasó de los 735 euros de enero a julio a los 712 de agosto a diciembre, tras la declaración de zona tensionada, mientras “lidera en Galicia la firma de contratos”, según los datos oficiales del Observatorio de Vivienda.

En la década de los años 80, la cooperativa Rosa Luxemburgo levantó más de 600 viviendas unifamiliares en Aravaca, la que es hoy una de las zonas más caras de Madrid. Se anunciaban como chalets de protección oficial, con garaje y jardín privado, y su nombre, el de la pensadora socialista y defensora de la clase obrera, ya indicaba que estaban pensadas para familias de clase trabajadora. Los diferentes modelos de vivienda de protección oficial (VPO) sirvieron durante largos periodos de tiempo para dar acomodo a miles de hogares de ingresos medios o bajos, pero la escasa producción de los últimos lustros ha dificultado cada vez más el acceso y ha estrechado una entrada por la que tienen más fácil colarse aquellos que se acercan, por arriba, al límite de renta.

El último escándalo en el Ayuntamiento de Alicante, tras la adjudicación de viviendas de este tipo a la concejala de Urbanismo, Rocío Gómez, al arquitecto municipal Francisco Nieto y a los dos hijos y un sobrino de la directora general de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos, María Pérez-Hickman, en un contexto de crisis residencial y con una producción de VPO a la baja, pone de relieve la necesidad de mecanismos para garantizar que estas casas, que cuentan con apoyo público, cumplan la función social para la que fueron concebidas.

La normativa estatal define la vivienda protegida como aquella “sometida a un régimen especial para destinarla a residencia habitual de personas con dificultades de acceso al mercado de la vivienda”. Establece dos tipos: la social, de titularidad pública destinada a alquiler, cesión o cualquier otra fórmula de tenencia temporal sujeta a limitaciones de renta o de venta; y la de precio limitado, de titularidad pública o privada, y también sujeta a limitaciones, en este caso más laxas, “destinadas a satisfacer la necesidad de vivienda permanente”.

Pese a este paraguas general, son las comunidades autónomas las encargadas de definir sus propias VPO y establecer los precios máximos por metro cuadrado —los módulos— a los que se pueden vender o alquilar y los requisitos de acceso. Algunos son generales, como que no se tenga otra vivienda en propiedad, que esta vaya a destinarse a residencia habitual, que los solicitantes estén inscritos en un registro y que estén empadronados o tengan vinculación con el territorio.

Para los límites de renta, las comunidades autónomas aplican el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), que se utiliza para el cálculo de prestaciones y subsidios. En 2026, este es de 8.400 euros anuales, al que se le aplican multiplicadores y coeficientes en función del tipo de protección y las ayudas públicas que reciben. En general, estos topes de renta de los solicitantes van desde los 21.000 euros de las de régimen especial hasta los más de 40.000 de las de precio limitado por unidad familiar estándar, sin coeficientes correctores.

La mayoría de administraciones autonómicas sitúan este límite en los 46.200 euros, 5,5 veces el IPREM, aunque cuatro de ellas —Madrid, Catalunya, Navarra, Castilla-La Mancha y Comunitat Valenciana— son las que más elevan el tope de renta, por encima de los 50.000 y los 60.000 euros, como puede verse en la siguiente tabla, con datos de la Asociación de Promotores y Constructores de España (APCE), sin Euskadi.

“Puede parecer que 60.000 euros es muchísimo dinero, pero con el precio de la vivienda, los requisitos se han tenido que ir ajustando, porque si no, no se puede acceder”, considera el director gerente de APCE, Alfredo Díaz-Araque. Según la última encuesta de estructura salarial del INE, con datos de 2023, el sueldo medio en Madrid era de más de 32.200 euros; en Catalunya, de 30.000; en Valencia, de 25.600; en Navarra, de 31.200; y en Castilla-La Mancha, de casi 25.000. Pero las condiciones de acceso tienen en cuenta los ingresos de la unidad familiar, por lo que en un hogar estándar en el que entren dos sueldos, estos se sumarían, lo que dejaría fuera a dos nóminas medias en Madrid, Catalunya y Navarra, sin contar con los coeficientes correctores, que tienen en cuenta cuestiones como el número de hijos.

“Lo que estamos viendo en los últimos años es que la VPO que se está haciendo, si bien sigue siendo residual, va cada vez más orientada a hogares de ingresos más elevados”, explica el investigador del Instituto Idra, Jaime Palomera, que lo atribuye a que las “administraciones han ido aumentando el precio del módulo para responder a las demandas de las promotoras”. Esto, indica, “se ha acompañado del relato de que las VPO son 'para las clases medias' como respuesta al hecho de que la crisis ya no está afectando solo a los más empobrecidos”.

No siempre ha sido así. “Si nos remontamos a las proto-viviendas protegidas, las primeras son las 'casas baratas' de la república y las 'viviendas de renta limitada' que luego hará el franquismo, con el objetivo de generar vivienda para una parte muy amplia de la población trabajadora”, desarrolla Palomera, que indica que “la vivienda protegida de posguerra en Europa tenía la aspiración de ser universal”. “Después hay una fase en la que la creación de VPO se va reduciendo drásticamente y se piensa cada vez más en la población de menos recursos, como producto del marco neoliberal post-80, que la relega a un papel residual”.

La producción y las adjudicaciones de VPO no siempre han estado exentas de polémicas. Desde promociones en Sevilla con viviendas a 350.000 euros o anuncios en Las Rozas por más de medio millón, hasta uno de los mayores escándalos relacionados con las cooperativas de vivienda. Hay que remontarse a principios de los 90, cuando la cooperativa Promoción Social de Viviendas (PSV), avalada por UGT, dejó a unas 20.000 familias con la duda de si se habían quedado sin dinero y sin casa, en un escándalo que tardó años en resolverse y en el que sus principales directivos fueron acusados de estafa y apropiación indebida. El sindicato hipotecó su patrimonio para asumir la deuda y los afectados lograron recuperar gran parte del dinero o acceder a una vivienda.

La forma de acceder a una vivienda de VPO en propiedad se articula a través de las listas de las que disponen las administraciones competentes o a través de cooperativas, en las que suele predominar el orden de llegada. Pero, en todos los casos, deben cumplirse los requisitos de acceso. Y las condiciones que impongan los bancos para conceder las hipotecas, en caso de que sean necesarias. “Es fácil discriminar quién puede comprar y quien no, porque es el banco quien hace el scoring para la hipoteca”, explica Díaz-Araque.

El investigador en derecho público en la Universidad de Compostela Andrei Quintiá señala que la VPO es “un sistema complejo”, donde conviven diferentes formas de protección y usos, pero hay mecanismos comunes para garantizar la limpieza en el proceso de adjudicaciones. “Normalmente, hay un procedimiento en el que se establecen unos requisitos que habrá que acreditar, verificar y dictar una resolución”, desarrolla. “A partir de ahí, si hay conocimiento de alguna irregularidad, se tendría que poner en conocimiento de la Administración, que deberá corregirlo o, incluso, salirse de la vía administrativa si es manifiestamente penal”.

En el caso de Alicante, el propio Servicio de Gestión Patrimonial municipal habría alertado de un “conflicto de interés” en la adjudicación de las viviendas de protección pública y de un “posible incumplimiento de las condiciones legales de acceso”, bien “por no cumplirlas” o por “haber faltado a la verdad”. Este informe, que fue ignorado, forma parte de la denuncia presentada ante la Fiscalía Provincial, para que esta investigue si el procedimiento de adjudicación ha sido constitutivo de infracción penal.

“La vivienda protegida sigue siendo un instrumento muy bueno”, considera la codirectora de Provivienda, Gema Gallardo, que incide en que “lo malo son determinadas prácticas” o el hecho de que muchas de esas casas hayan acabado perdiendo su protección y hayan servido para echar leña al incendio de precios en el mercado privado. Porque estas casas, con precios de venta limitados, terminaban descalificándose al cabo de los años.

El Ministerio de Vivienda trabaja en su nuevo Plan Estatal bajo la premisa de que toda vivienda construida con recursos públicos esté blindada para siempre. Es algo que en Euskadi ya ocurre desde 2003 y que otras administraciones trataron de imitar. El Gobierno valenciano del Botánic apostó en 2023 por este carácter “permanente”, pero el Consell del expresidente Carlos Mazón tumbó la medida, estableciendo un plazo “máximo” de protección para las de gestión privada de entre 15 y 30 años.

El debate llegó hasta el Constitucional, a través del recurso a la Ley de Vivienda. Pese a que el tribunal avaló la mayor parte de la normativa estatal, el pleno echó atrás el artículo que regulaba la vivienda protegida, manteniendo la prevalencia de la normativa autonómica sobre la vigencia de la protección de estos inmuebles. El recurso lo había presentado la Junta de Andalucía.

Desde APCE indican que es “admisible que el carácter protegido de la vivienda sea permanente en el caso de que haya ayudas públicas”. “Como promotor, nadie te obliga a acogerte a las ayudas, así que, si las hay, entendemos que (el blindaje) pueda ser permanente”, concede Díaz-Araque. Un análisis en el que coincide la codirectora de Provivienda, que señala que el “problema” es que todas esas casas que se produjeron durante décadas acabaron desprotegiéndose o, incluso, “se vendían escriturándolo al precio legal y el resto se pagaba en B”, ante la expectativa de que al cabo de los años terminaría revalorizándose. “Por eso a veces la vivienda protegida está mal vista”, señala Gallardo.

Una mirada atrás permite echar cuentas. Entre 1991 y el año 2011, comenzaron a construirse más de un millón y medio de VPO. Solo en 1995, el año más prolífico de la serie, se concedieron 122.000 calificaciones provisionales y visados de obra, más que todos los que se han dado entre 2017 y el tercer trimestre de 2025. Esta producción en mínimos estrecha el cerco sobre las familias de menos ingresos y el traspaso de la calificación protegida al mercado libre ha terminado por impactar en los precios.

“El gran error de este país ha sido descalificar la vivienda protegida que, si siguiera regulada, podría incidir en los precios finales de la vivienda libre”, considera Gallardo. Si tan solo se hubiera mantenido la protección de las 1,7 millones de viviendas protegidas que se levantaron en España desde 1991, estas supondrían un 6,3% del parque total, casi el doble de las actuales.

¿Por qué ha dejado de producirse vivienda protegida? El estallido de la burbuja inmobiliaria y la crisis financiera a partir de 2008 hubo la curva, pero actualmente los promotores señalan dos causas del parón: el precio de los módulos y la falta de suelo desarrollado para VPO.

“Tras la crisis financiera se para de producir VPO y, cuando se empieza a recuperar el mercado, los costes de construcción han ido subiendo, pero los precios de los módulos no se han ido actualizando al mismo ritmo”, indica Díaz-Araque, que señala que en los últimos años la mayoría de comunidades se han ido poniendo al día estas tablas, que determinan el precio al que se puede vender una vivienda protegida, que suelen tener las superficies tasadas en torno a los 70, los 90 y los 110 o 120 metros cuadrados útiles, según el régimen de protección.

Por ejemplo, en Catalunya, que modificó en febrero de 2025 los precios de venta, una vivienda en régimen general está limitada a 2.836,59 euros el metro cuadrado. Por una vivienda de 90 metros, la factura supera los 255.000 euros. Una casa similar en la ciudad de Madrid ronda el mismo precio, al que se le pueden sumar garages, porches, trasteros o locales, que pueden elevar la cuenta.

A pocos días de que el juzgado ejecute su desahucio, Paca Blanco vive entre carpetas de documentos, llamadas a su abogada y la incertidumbre de no saber si podrá seguir en la casa donde lleva doce años. La activista extremeña, que ha intentado regularizar su situación por todas las vías posibles, se enfrenta a un procedimiento que la considera “ocupante ignorada” pese a un año de pagos del alquiler continuados. Su caso, convertido ya en símbolo de la precariedad habitacional, ha desatado una ola de apoyo social y también una avalancha de odio en redes que ella interpreta como un síntoma inquietante del clima social y político de nuestro país.

La orden de lanzamiento está fijada para el 23 de febrero a las seis de la mañana. “Espero que se pueda parar, pero a día de hoy esa es la fecha”, explica.

Blanco asegura haber presentado durante años escritos y recursos ante el Ayuntamiento de Madrid para poder pagar el alquiler, aplazar la deuda acumulada y evitar el desahucio. Solo ayer llevó a su abogada 155 fotocopias de documentación que lo acredita. “He pedido que me cobren el alquiler y que, si hay deuda, me la aplacen. Se han negado porque dicen que estos pisos no pueden pasar de hijos a padres como ha sido mi caso”, denuncia.

Desde hace un año, sin embargo, ella ha conseguido pagar el alquiler de forma continuada. Tras recibir una carta dirigida a su hijo con un número de cuenta municipal, comenzó a ingresar el importe mensualmente. “Llevo un año pagándolo religiosamente y sigo pidiendo que me regularicen mi situación habitacional”, explica.

La orden de desahucio figura a nombre de su hijo, de su nuera y de ella misma. Su hijo, adjudicatario inicial de la vivienda, se marchó a vivir a Brasil con su pareja y le dejó la casa. “Yo no forcé ninguna puerta. Llamé, mi hijo me abrió y me dio las llaves”, subraya. Aun así, la administración la considera ocupante y por eso ahora la quiere echar y dejarla en la calle.

En los últimos días, según explica, Paca ha recibido la llamada de una trabajadora social del Ayuntamiento, informándole de que desde la empresa municipal de vivienda, la EMVS, se había pedido paralizar la tramitación. “Me dio una alegría, pero hasta que no tenga una notificación oficial del juzgado no me fío”, afirma.

A esta incertidumbre se suma el dolor e indignación por el odio recibido en redes sociales desde que su caso se hizo público. “Con 77 años y movilidad reducida me dicen que me ponga a trabajar o que me compre una casa”, relata. “Es un odio visceral a la pobreza”. Para Blanco, estos comentarios no son anecdóticos: “Nos están alertando de lo que viene. Da muchísimo miedo”.

La activista también quiere dejar claro que rechaza los aplazamientos temporales que solo prolongan la angustia. “No quiero que me hagan lo que están haciendo en Madrid: aplazar quince días para luego volver a pasar por lo mismo en unos días. Es un goteo que no para”, denuncia. A su juicio, el problema es estructural: “Aunque una persona trabaje o tenga una pensión, no puede pagar una vivienda. Si ganas 1200 euros, es imposible pagar 1000 de alquiler. Estamos en la puñetera calle una gran mayoría”.

Una vida de trabajo y supervivencia

La situación actual de Paca Blanco no puede entenderse sin su trayectoria vital. “He tenido cinco hijos y nunca he desperdiciado un puesto de trabajo”, afirma. “Siempre he dicho que sí a todo, porque había que sacarlos adelante y no podía permitirme elegir”.

No fue a la universidad. A los 21 años tenía ya tres hijas y sufría violencia machista. Además, es superviviente del Patronato de Protección a la Mujer, el organismo franquista que encerró a miles de adolescentes sin haber cometido delito alguno. “Lo que se pretendía era hacernos mujeres sumisas, devotas y buenas esposas”, recuerda. Muchas, como ella, salieron de allí a través de matrimonios precipitados que acabaron en maltrato machista.

Desde muy joven trabajó en todo lo que le ofrecieron, ya fuera picar calles con un martillo eléctrico, empleos en bufetes de abogados, o en asilos de ancianos. “Me he remangado para todo”, resume. Tras una vida laboral marcada por la precariedad, hoy percibe una pensión de viudedad de su segundo marido y una de jubilación que suman unos 1.200 euros mensuales. “No me puedo pagar un alquiler de 1.000 euros y no quiero a ir a una residencia otra vez”, afirma.

Actualmente, en su vivienda convive con otro de sus hijos que perdió el empleo y al que acogió. También empadronó temporalmente a un nieto con epilepsia para que pudiera recibir atención médica cerca de su casa. “No soy una unidad familiar. Yo vivo de mi pensión y pago con mi pensión. Lo que es evidente es que soy una persona vulnerable”, insiste.

Pese a todo, Blanco evita el victimismo. “No me avergüenza que me llamen ocupa. Yo he demostrado que no he ocupado porque he estado pagando, pero es que cuando vivir es un lujo, ocupar es un derecho”, afirma. Y concluye con una exigencia que va más allá de su caso personal: “No es solo mi desahucio. Como siempre he hecho no solo voy a luchar por mí sino por una sociedad mejor, por todas las personas que viven en ella. Exijo una solución ya al problema de la vivienda en este país”.

Blanco no quiere terminar esta entrevista sin denunciar que el llamado “escudo social” se ha desmantelado, dejando sin protección a miles de familias en riesgo de exclusión. “Es una vergüenza para un gobierno que se dice socialista —añade—, que estén recortando las medidas contra los desahucios mientras 70.000 familias podemos acabar sin techo. Nos están empobreciendo y ya no podemos respirar porque nos están oprimiendo por el cuello”.

Paca Blanco no es solo una mujer amenazada por un desahucio. Es una activista histórica que ha dedicado su vida a la defensa de los derechos sociales y del medio ambiente, que ha trabajado en todo lo que ha tenido a su alcance para sacar adelante a su familia y que sigue alzando la voz cuando la precariedad se convierte en castigo. No en vano es 'Paca, la brava'. Su caso interpela a las instituciones, pero también a una sociedad que normaliza el desprecio a la pobreza y olvida que la dignidad no se pierde por no poder pagar una vivienda.

Cerca de la estación de Chamartín, en el norte de Madrid, conviven grandes edificios de oficinas, chalets unifamiliares y bloques de viviendas. A pocos metros de los cuarteles generales de Vox o del Grupo ACS, se encuentra la antigua sede de la multinacional estadounidense Manpower, que la inmobiliaria Argis compró el año pasado para reconvertir en un residencial de lujo, con 68 inmuebles por un precio de salida que oscila entre los 589.000 euros y el millón y medio. Al otro lado de la ciudad, en Vallecas, la promotora Vía Ágora acaba de hacerse con una parcela municipal, inicialmente para uso terciario, sobre la que finalmente levantará 46 viviendas en alquiler asequible.

Estas dos operaciones, completamente diferentes, surgen de una misma tendencia: el uso de suelos destinados para oficinas o la reconversión de estas en viviendas. En plena crisis residencial, con el turismo al alza y con algunas de las principales ciudades españolas como blanco preferente del segmento residencial prime extranjero, el mercado trata de adaptar sus activos a las nuevas demandas. Según la consultora CBRE, solo en el primer semestre de 2025 —los últimos datos disponibles— se realizaron más de 20 cambios de uso, con una superficie de 137.000 metros cuadrados y 200 millones de euros asociados a la compra de activos para cambio de uso.

Estas reconversiones son, señalaban desde CBRE, “una estrategia clave, tanto de inversores en la búsqueda de oportunidades de mercado como de propietarios que quieren transformar sus activos para maximizar la rentabilidad”. Y, en un momento de déficit estructural de viviendas, que el Banco de España cifra en unas 700.000, puede convertirse en una palanca más para equilibrar la oferta y la demanda.

Algunos expertos ya vienen señalando este cambio de uso como uno de los alivios del mercado en algunas zonas. En su libro 'Tres millones de viviendas', el director de EsadeEcPol, Jorge Galindo, indica que “la planificación urbanística (y sus resultados físicos) se ha quedado un tanto desfasada por cambios estructuales en los hábitos sociales y económicos”, como el teletrabajo o el comercio electrónico. “Esta transformación se une a los cambios en la industria de décadas anteriores para ampliar una oportunidad: aprovechar algunas partes del parque inmobiliario de uso distinto al residencial que está hoy infrautilizado para crear vivienda en zonas de alta demanda, conteniendo así la escalada de precios sin necesidad de colonizar nuevo suelo urbano”, desarrollaba.

En un informe de 2024, Atlas Real Estate Anlytics ya estimaba que las principales áreas metropolitanas contaban con más de 11 millones de metros cuadrados de oficinas con potencial de reconversión, que podrían elevar el parque de vivienda en más de 92.000 unidades. El presidente de la Asociación Española de Oficinas, José María Álvarez, señalaba en una reciente entrevista en el periódico El País que solo en los distritos centrales de Madrid hay unos 250.000 metros cuadrados de oficinas instaladas en edificios residenciales que podrían traducirse en unos 20.000 pisos.

La consultora JLL señala que en los tres primeros trimestres de 2025 “los proyectos de cambio de uso [en Madrid] totalizaron 378 millones de euros”. La principal operación fue la venta de la antigua sede de la Audiencia Nacional en la calle Goya, adquirido por 93,5 millones de euros por el grupo Pictet, que lo transformará en viviendas de lujo. De hecho, el mercado prime no se resiente y sitúa a España como uno de los destinos preferidos por las grandes fortunas. La inmobiliaria Lucas Fox, especializada en este segmento, espera para 2026 incrementos de precio de entre el 6 y el 10%, con un aumento del volumen de compraventas de inmuebles por encima de los cinco millones de euros de las 8.000 de 2025 a las 10.000.

El sector residencial es el principal foco de atracción de estas reconversiones, pero también el hotelero. “Los cambios de uso se están viendo impulsados por la alta demanda turística y residencial, en un momento de mercado de escasez de oferta disponible”, explicaban desde CBRE. La consultora señalaba que, de las operaciones analizadas en el primer semestre del pasado año, el los cambios al sector living supusieron el 62% del total, aunque una parte importante se destinaron a segmentos flex, al margen de las viviendas para uso habitual o de larga estancia. El 26% correspondía a uso hotelero, “con una clara apuesta por el producto de alta gama, en línea con la creciente demanda turística de calidad”.

En cualquier caso, fuentes del sector aclaran que no todos los edificios son aptos para la reconversión, puesto que dependen de requisitos normativos y arquitectónicos. Y que suelen centrarse en aquellos con altas tasas de disponibilidad que se han quedado obsoletos, lo que no merma el mercado de oficinas atractivas para las empresas. De hecho, según los datos de Cushman&Wakefield, estas supusieron una inversión en 2025 de 1.750 millones, un 238% más que el año previo. Además, según diversos informes, las principales ciudades la demanda se concentra principalmente en los centros financieros y las almendras centrales.

Pese a este buen ritmo, algunas voces han alertado de una escasez de oficinas prime en la ciudad de Madrid. Según los datos difundidos en noviembre, referentes a los primeros nueve meses del pasado ejercicio, por Knight Frank, la disponibilidad en el centro de negocios de la capital era inferior al 1%, en un contexto de interés de la demanda por espacios eficientes y mejor ubicados. Esto, señalaban, está llevando a las empresas a apostar por mercados consolidados fuera de la M30.

Además de reconvertir oficinas, desde el sector de la construcción abogan por otras fórmulas. La Comunidad de Madrid aprobó en junio una ley que facilita la conversión de oficinas en viviendas protegidas sin modificar el planeamiento, lo que permite levantar casas en alquiler asequible sobre suelo destinado a uso terciario. “Desde que se aprueba hasta que coge velocidad de crucero hace falta tiempo, pero ya hay 7.600 viviendas con licencias de estas características”, explica el presidente de la Corporación Vía Ágora, Juan Antonio Gómez-Pintado.

Además de las 46 viviendas de Vallecas, esta promotora prepara una promoción de otras 456 en Valdebebas, en una parcela frente al hospital Zendal, donde “no había mercado para hacer oficinas, porque con la oferta que va a salir en Castellana Norte, por ubicación, el mercado no va a demandar allí. El suelo estaba paralizado, lo que es absurdo con la demanda de vivienda que hay en la zona”, explica Gómez-Pintado, para quien lo fundamental es que la normativa “sea flexible ante una sociedad que cambia”.

La regulación del precio de los alquileres merced a la declaración de 21 municipios de Navarra como zona de mercado residencial tensionado está dando sus frutos. Así lo ha celebrado vicepresidenta tercera y consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias del Gobierno de Navarra, Begoña Alfaro, que ha avanzado que en los primeros seis meses de su declaración se ha registrado una caída del 8,6% de la mensualidad media que pagan los inquilinos en las localidades tensionadas.

El Gobierno de Navarra declaró en mayo del 2025 a Pamplona, Tudela y otros 19 municipios que concentran el 70% de la población de la comunidad foral como zonas de mercado residencial tensionado. Esta declaración implicó que en esas localidades se impulsaran medidas para facilitar el acceso a la vivienda, como por ejemplo el tope al precio de los alquileres.

Según se desprende del informe realizado por el Observatorio de Vivienda de Navarra, el precio medio del alquiler ha pasado de 848,7 euros mensuales a 774,3 euros en los municipios que declarados como zona de mercado residencial tensionado hace seis meses. Los datos han sido obtenidos del registro de contratos de alquiler, que es de inscripción obligatoria en la comunidad foral.

“La regulación del mercado está funcionando, a pesar de que tenga enemigos muy poderosos en el sector inmobiliario privado, pero es precisamente por esto por lo que hay que poner encima de la mesa todas las herramientas a nuestro alcance para ir paliando poco a poco el problema de la vivienda y la medida urgente de control de precios del alquiler es una más”, ha señalado Begoña Alfaro.

También se ha incrementado el número de contratos de alquiler firmados, que han pasado de 4.176 en 2024 a 4.202 en 2025. Unos datos que para la consejera de Vivienda, “rompen con el mantra de que se desploma la oferta al que suelen recurrir los intereses privados del sector a los que no les gusta la regulación del mercado”.

A este respecto, ha añadido que el 88,5% de los contratos efectuados en 2025 se han registrado en los municipios declarados como zona de mercado residencial tensionado y tan solo el 11,5% de los alquileres se han efectuado sobre inmuebles de municipios no declarados como tal. “No estamos hablando de ninguna encuesta de ningún portal inmobiliario, sino de datos oficiales de nuestro registro, en el que, por cierto, es obligatorio inscribir todos los contratos”, ha aseverado.

Como punto negativo, Begoña Alfaro ha apuntado que en 2025 ha habido un “ligero aumento” de los contratos de temporada respecto a 2024, que han pasado del 5% al 11% en el último ejercicio. Un dato que responde, tal y como ha afirmado, “a que hay una parte del sector privado que pretende eludir la ley a través de los contratos ficticios de temporada”. En este sentido, ha animado a los inquilinos que “sufran un contrato ficticio de temporada” a que acudan al futuro Servicio de Mediación y Asesoramiento del Gobierno de Navarra, en vigor desde la próxima semana, y denuncien. “Entre todos podremos combatir el fraude y la avaricia”, ha solemnizado. 

El gato se fue. Un felino que se marcha y se esconde cuando, en apariencia, todo está bien. Un gato color mostaza que se acurruca contigo en una manta, también color mostaza, cuando te duele la cabeza, cuando estás enferma, y que esta vez no lo hace. Esta vez desaparece y, esa desaparición, se convierte en una de las obsesiones de Marta Jiménez Serrano (Madrid, 1990) cuando rebusca en su memoria, con precisión de cirujana, todo lo que pasó aquella mañana de sábado que casi le costó la vida. 

Un cúmulo de casualidades que la dejaron al borde la muerte. Un cúmulo de casualidades que, también, le salvaron la vida. ¿Qué hubiera pasado si aquello hubiera ocurrido por la noche, mientras ella y su pareja dormían? ¿Y si hubiera estado en casa sola? ¿Y si Juan, su novio, no hubiera bajado a por una Coca Cola y a que le diera el aire unos diez minutos? ¿Y si él se hubiera desmayado también y entonces nadie habría llamado a emergencias? La respuesta a todas esas preguntas es la misma y Serrano la sabe bien. Ella, hoy, no estaría aquí.

Pero Marta Jiménez Serrano sobrevivió y relata aquella circunstancia que le cambió la vida el 7 de noviembre de 2020 en Oxígeno (Alfaguara, 2026), un libro testimonial sobre lo que a ella le supuso intoxicarse por la aspiración continuada de monóxido de carbono en su casa, un piso minúsculo en el que vivía de alquiler y cuya caldera no había pasado las revisiones oportunas, tal y como marca la ley. Pero, claro, eso entonces no lo sabía. Lo supo después, tras esquivar la tragedia, tras no poder dormir en su casa y obsesionarse con la ventilación de los cuartos. Tras querer llevar siempre a cuestas el aparatito que mide la concentración de monóxido en un ambiente y que llevan los equipos de emergencia cuando un hombre les llama angustiado desde su casa porque su pareja está tirada en el suelo del baño, con las bragas por los tobillos, y no responde a ningún estímulo. Un aparatito que pita como lo hacía el canario en la mina.

“Empecé a tomar notas casi de inmediato, en cuanto pude hacerlo”, confiesa Jiménez Serrano en una entrevista con elDiario.es frente a un vaso de agua, en la sede madrileña del grupo editorial Penguin Random House. Notas para escribir una historia que no le apetecía demasiado. “Creo que si hubiera podido escoger el tema, sacarlo de una chistera, probablemente hubiera escogido otro. Pero es que esto es lo que me pasó, era lo que tenía dentro”. 

Jiménez Serrano, que había transitado la poesía y la autoficción en sus anteriores trabajos, La edad ligera (Rialp, 2021), Los nombres propios (Sexto Piso, 2021) y No todo el mundo (Sexto Piso, 2023), apuesta, en esta ocasión, por desnudarse del todo y ponerse a sí misma como personaje de una historia que, confiesa, es una forma de entender lo que le ocurrió, de sacárselo de la cabeza. “He dejado pasar el tiempo desde que ocurrió aquello hasta que me puse de verdad con el libro”, continúa la autora para comentar que se le antojó como una experiencia “rara”. 

“Era como estar hablando, de repente, de otra vida, de rutinas que ya no tengo, de amigos que ya no tengo”, comparte Serrano para señalar que uno de los descubrimientos que ella ha hecho con esta vivencia y su deseo de desmenuzarla sobre las páginas es la poca tolerancia que se tiene hacia el dolor ajeno. “Muchas veces, nos relacionamos con los problemas de los demás intentando resolverlos y hay problemas que solo hay que acompañar”. La escritora madrileña se sintió muy presionada por parte de su entorno cuando contó que iba a escribir un libro sobre lo ocurrido, cuando empezó a hacer entrevistas para recabar todo lo que pasó mientras ella yacía inconsciente.

“Me sentía muy incomprendida, había gente que me metía mucha prisa. Siento que vivimos con una urgencia sobre que pase cuanto antes el dolor de los demás, y hay cosas que requieren su tiempo. Además, se puede estar bien y mal a la vez”. A juicio de Jiménez Serrano, vivimos una obsesión colectiva en la búsqueda de la felicidad liderada por los colores brillantes de los Feed de Instagram. “Todo el mundo espera que te pongas muy bien muy rápido, sobre todo cuando no hay heridas visibles, y la vida no es así”, insiste.

No podía dormir, no podía pensar en otra cosa y no fue capaz de procesar lo que le había ocurrido hasta que por fin lloró en consulta frente a su psicólogo. Después ya sí, escribió por fin el libro en 2025. “Cuando me desperté no estaba en shock y me costó muchas horas de terapia procesar y aceptar todo lo que me había pasado y los miedos que se habían despertado con ello”.

Homicidio imprudente

Como toda historia, la suya también tiene un villano. Una villana en su caso: la Arrendadora de su departamento. La responsable directa de su accidente que bien podría haber acabado convertido en un homicidio imprudente. “Ella también tuvo suerte, no creo que sea consciente de lo que se le hubiera venido encima si nosotros hubiéramos muerto”, ironiza la autora.

La vivienda es un problema social y económico transversal, que afecta a nuestra intimidad, afecta a nuestra vida, afecta a nuestra noción de hogar, a todo

Marta Jiménez Serrano — Escritora

El personaje de la Arrendadora, descrito entre la rabia y la caricatura, es el único que no tiene nombre, el único que no se identifica. Por si acaso, por las posibles consecuencias. “Nos dijeron que la denunciásemos, que le íbamos a sacar una buena tajada, que era una negligencia terrible lo que había ocurrido y ella era la principal responsable. Pero nosotros solo queríamos dejarlo todo atrás”, sostiene la autora quien, como pequeña venganza, se imagina que le llegue el libro, que lo lea, que se vea y sienta vergüenza. Vergüenza por no encargarse de que aquel piso fuera habitable y cumpliera sus funciones. “Una cosa que nos dijo y que escribo en el libro es que, ella, lo único que quería era no encargase de nada”, critica la escritora. Y, efectivamente, de nada se encargó.

“Vuestros caseros son unos hijos de puta”, es la frase que pronuncia César, el técnico que va a revisar su caldera tras el incidente. Hasta ese momento, Marta y Juan pensaban que todo había sido un error, que una mala combustión era un riesgo contemplado por la vida. Pero aquello resultó ser una negligencia grave. La última revisión de aquella caldera databa de 2014. Hacía seis años de entonces y, escribe Jiménez Serrano, las calderas hay que revisarlas cada cinco años y normalmente todas se someten a una revisión protocolaria anual. Pero lo peor no era eso, lo peor era el veredicto emitido en 2014; ya entonces despedía monóxido de carbono. Ya entonces había un aviso de cambiarla, de que nadie podía vivir allí. Pero nadie la cambió.

La crisis de vivienda como escenario

El problema de la vivienda que asola Occidente es, a la vez, el telón de fondo de novela y causa de todo lo que ocurre en ella. “Mis abuelas vivieron casi toda su vida en la misma casa y yo a los 30 años ya me había mudado once veces”, rememora la autora para señalar que, eso, el no tener un lugar propio, una raíz, condiciona mucho las relaciones y la vida de uno. “He intentado que el libro refleje que este es un problema social y económico transversal, que afecta a nuestra intimidad, afecta a nuestra vida, afecta a nuestra noción de hogar, a todo”, declara Jiménez Serrano para insistir en que es un virus mundial: “Además, nos despersonalizada, porque ya nadie conoce a sus vecinos, vivimos muy aisladas y esto también hace que vivamos más desprotegidos”.

La desprotección del inquilino que baja la cabeza, asiente ante el abuso y es desposeído de su dinero por un techo que, muchas veces, ni siquiera tiene una ventana al exterior y el baño lleno de humedades, es el escenario principal sobre el que una pareja formada por dos adultos jóvenes llamados Juan y Marta casi pierden la vida. Cincuenta metros cuadrados en los que esperaban, por fin, pasar mucho tiempo, construir algo. Pero aquello no pudo ser.

La suya es una historia real sobre la cadena de precariedad, egoísmo y cosas mal hechas que hicieron que una mujer de treinta años casi se abriera la cabeza al golpearse contra las baldosas del baño al desmayarse justo después de hacer pis. Completamente intoxicada. “Un rato más y no lo cuentas, no lo contáis”, les dijo la del SUMMA que los atendió, pero Marta Jiménez Serrano lo ha contado partiendo de una pregunta: ¿cómo se puede seguir viviendo después de haber estado a punto de morir?