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Estallido en Birmania (Myanmar)

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Los birmanos sufren desde 1962 una dictadura militar, que no realizó un amago de apertura política hasta la sublevación de 1988. El 59.9% de la población votó por la Liga Nacional por la Democracia (NLD), dirigida por Aung San Suu Kyi, hija de un líder de la independencia y premio Nobel de la Paz 1991, a quien los militares mantienen bajo arresto domiciliario o en la cárcel, a donde la han vuelto a llevar acusándola sin fundamento de promover las movilizaciones actuales. Los militares desconocieron los resultados de las elecciones de 1990, crearon un Consejo de Restauración de la Ley y el Orden e iniciaron la persecución de la oposición política. El Gobierno logró cerrar el país, evitando cualquier información sobre lo que sucedía en aquella especie de mazmorra silenciosa al aire libre. Pero los informes de la OIT sobre los campos de trabajos forzados (tanto en plantaciones de opio como en la construcción de obras civiles) y otras revelaciones, hicieron que Estados Unidos y la UE establecieran sanciones que afectaron a la credibilidad de los militares, aunque no alteró para nada a la dictadura. Esta presión obligó a que la Junta Militar diseñara una “hoja de ruta” democrática ante la incredulidad popular. Una fantasmagórica Convención Nacional, encargada de redactar la nueva Constitución, terminó su trabajo en agosto. Quizá demasiado tarde. Las detenciones de presos políticos, las torturas y la represión de los derechos humanos aumentaron durante este período. Occidente empezó a preocuparse ante la eventualidad de un estallido popular incontrolado como el actual (al que ya bautizaron como “la revolución del azafrán”, aunque el término “revolución” es poco riguroso todavía), y esperan una transición que conduzca al poder sin demasiados sobresaltos a la Liga Nacional por la Democracia. China, Tailandia e India, que mantienen excelentes relaciones económicas con los militares, carecen por lo visto de motivos para apoyar un cambio en Birmania. China acaba de vetar cualquier sanción contra Myanmar en la ONU, a pesar de las presiones tanto estadounidenses como europeas. El secretario general de la ONU envió a Ibrahim Bambari rumbo a Rangún con la misión de atemperar la furia represiva de los militares, dispuestos a condenar a 10 años de prisión a cualquier manifestante. Birmania es un país de inmensos recursos, pero uno de los más corruptos del mundo. Dedica el 40% del presupuesto al ejército, mientras la burguesía engorda y la mayoría de la población vive en medio de pobreza y enfermedades. La OMS le adjudica el último puesto sobre 190 países en atención a la salud. La esperanza de vida alcanza hasta los 56 años. La Junta persigue y humilla a las minorías étnicas. La represión política llega al extremo de encerrar a presos en habitáculos anteriormente ocupados por perros del ejército, como sucedió en la cárcel de Insein en 2001. El uso de ciudadanos para trabajos forzados alcanza probablemente el millón de personas. En el llamado Triángulo de Oro, Birmania cuenta con plantaciones de opiáceos que la convierte en el segundo productor mundial de heroína, detrás de Afganistán. En definitiva, el Gobierno de Than Shwe merece caer, independientemente de las exageraciones sobre el alcance de las movilizaciones y al margen de los proyectos occidentales sobre el futuro de la antigua Birmania.

Rafael Morales

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