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La independencia judicial, en entredicho

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España ha recibido un serio varapalo en lo que a independencia judicial se refiere. El Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), dependiente del Consejo de Europa, ha hecho público, en efecto, un nuevo informe en el que se critica la inhibición de nuestro país tras haber recibido recomendaciones para fortalecer aquel concepto. En el informe se constata el desinterés en revisar el sistema de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con el fin de mejorar la actual situación “tanto en apariencia como en la realidad”.

Las conclusiones reabren un viejo debate, al que no se ha sabido ni se ha podido dar una solución estable y satisfactoria. Un escenario político en el que el bipartidismo ha perdido protagonismo contribuye a una cronificación del problema que estriba en el pacto o sistema seguido para la designación del gobierno de los jueces. 

De manera que se ha llegado a un punto en el que la credibilidad de la justicia también flaquea por uno de sus principios básicos. El GRECO valora positivamente algunas medidas puestas en marcha por jueces y fiscales pero lamenta que sus sugerencias no estén siendo tenidas en cuenta. Ello sucede en un contexto de corrupción política que, en algunas fases, se ha hecho insostenible en nuestro país. Por esas razones, el citado Grupo alude en su informe al denominado Plan de Regeneración Democrática que consigna iniciativas tales como el aumento de la transparencia en las instituciones, la reforma de las normas que regulan la financiación de los partidos políticos y la promoción de la integridad en la vida política para combatir la casuística y erradicar, en la medida de lo posible, esas extendidas prácticas de corrupción. 

También se habla en el informe de la necesidad de fortalecer los controles que lleva a cabo el Tribunal de Cuentas, aunque el GRECO llega más lejos y plantea la creación de nuevas tipificaciones penales para un determinado delito de enriquecimiento ilícito así como el endurecimiento de las penas para los delitos de corrupción y la aceleración de los procedimientos tras unas investigaciones que deben ser ágiles y eficientes. 

A ver qué resultados aporta la legislatura recién estrenada en este capítulo. Porque se quiere un nuevo código de conducta para diputados y senadores. Y porque se quiere revisar a fondo el régimen de información financiera, además de establecer algún mecanismo corrector o sancionador que sea de aplicación cuando se constate mala conducta.

Por último, este Grupo reclama incidir en las medidas para mejorar la información patrimonial de los integrantes de los poderes públicos, lo que considera un importante instrumento para evitar conflictos de intereses. Entre los datos a conocer, señala los bienes inmuebles y vehículos, los nombres de las empresas a las empresas de las que tienen acciones, los créditos obtenidos de entidades financieras o las donaciones recibidas. 

Como se puede apreciar, aún mucho por hacer. Confiemos en que después de las quejas porque no se hace caso a las recomendaciones, haya otros comportamientos y otras políticas más comprometidas para dar sentido a la independencia judicial. El varapalo de ahora debe servir de estimulante lección.

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