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La posverdad de la gestión municipal

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En el último pleno municipal de Las Palmas de Gran Canaria se trataron las mociones que presentó la oposición. Dos de ellas, del grupo municipal del PP, me llamaron especialmente la atención por las contestaciones que recibieron del grupo de gobierno municipal.

La primera trataba sobre las ayudas sociales municipales en el ejercicio 2016, y fue defendida por el concejal José Miguel Álamo, que presentó unos datos sobre importes de Prestaciones de Emergencia Social que no se habían ejecutado: 800.000 € del presupuesto municipal y otros 543.000 € del convenio con el Cabildo de Gran Canaria, del que solo se gestionó una ayuda por 400 euros.

El concejal responsable del área de Cohesión Social, Jacinto Ortega, contestó dando las cifras del incremento que había tenido el presupuesto de su área en 2016 frente al 2015 - un 8% - y un 3% más en el de este año 2017. Justificó la no disposición de los 543.000 € del convenio con el Cabildo en el retraso de la firma, que fue el 30 de noviembre de 2016. En ningún momento refutó lo dicho por el concejal Álamo de la no ejecución de los 800.000 € en Prestaciones de Emergencia Social.

En su siguiente intervención, Álamo le informó de las ayudas de emergencia social que, en el convenio con el Cabildo, otros municipios habían podido gestionar desde el 30 de noviembre al 31 de diciembre: Guía 103 ayudas, San Bartolomé de Tirajana 262, Telde 212 y Arucas 133. Todo ello en comparación con la única ayuda gestionada por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

La respuesta del concejal Ortega fue decirle al PP que no podía darle lecciones de políticas sociales. Hablar del incremento en los presupuestos del área social queda muy bien, pero si no se ejecutan, el incremento no sirve para nada.  Quiero recordar el presupuesto para el llamado “IBI social” que en 2016 fue de 1.700.000 euros y del que solo se ha gastado en ayudas para el pago del IBI 384.063 €. O la partida de 300.000 euros para ayuda a los vecinos con problemas para el pago de agua de abastecimiento (a Emalsa), de los que no se han gastado ni un euro.

Estoy esperando la liquidación del presupuesto municipal del 2016 para ver el grado de ejecución de las partidas sociales, que pueden ser de verdadero escándalo en una ciudad que tiene a miles de sus habitantes con verdaderos problemas económicos.

La segunda moción trataba de cómo el Ayuntamiento ha acordado con el Cabildo Insular el importe y las partidas correspondientes a los dineros del “Fondo de Desarrollo de Canarias – Fdcan”, que vendrán en 2017 a la ciudad. En todas las islas – excepto Gran Canaria – los dineros del Fdcan del Gobierno de Canarias van a financiar obras en los municipios, al 50% con los Cabildos Insulares. Los Ayuntamientos no ponen ni un euro.  Aquí el Cabildo ha acordado con 18 Ayuntamientos que en las obras municipales que se efectuarán con cargo al Fdcan, estos paguen el 25%. El otro 25% lo pone el Cabildo y el 50% restante el Gobierno de Canarias.

En concreto, Las Palmas de Gran Canaria recibe menos del 27% de los fondos con una población que representa más del 45% de la de Gran Canaria. Tres municipios de la isla – Firgas, San Mateo y Mogán – no aceptaron el convenio con el Cabildo y han firmado directamente con el Gobierno de Canarias. Solo tienen que poner el 10% de la inversión, el restante 90% lo pondrá el Gobierno de Canarias.

Es evidente que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha hecho el “pardillo” a la hora de negociar con el Cabildo. Ángel Sabroso, encargado de defender la moción, recordó al alcalde sus palabras en el pleno de septiembre de 2016, en el que por vía de urgencia se llevó el Fdcan y en las que pidió “un ejercicio de confianza, un ejercicio de fe”.

En la moción se pedía que, para las próximas anualidades del Fdcan, el gobierno municipal lleve a pleno – previa motivación, conveniencia y financiación – las propuestas de actuaciones, antes de que se incluyan en el Fdcan, y que en la anualidad del 2018 se compense a la ciudad por el reparto del 2017.

Los argumentos con los que el gobierno municipal respondió a la moción por mediación del concejal Javier Doreste fueron: “Se rechaza la moción por improcedente, imprudente e impertinente”. Dijo que si se empezaba a negociar de nuevo con el Cabildo – todavía no se ha firmado nada – se iban a retrasar las inversiones. Además, alegó que no era cierto el maltrato a la ciudad y para ello utilizó el resto de convenios y acuerdos de financiación con el Cabildo, que no tienen nada que ver con los dineros del Fdcan. Según el concejal Doreste, aprobar la moción conllevaría un deterioro en las relaciones entre el Ayuntamiento y el Cabildo, por eso era una moción impertinente.

No sé lo que pensará usted, amigo lector, pero yo al oír esos argumentos me quedé anonadado. Y más aún cuando escuché al concejal Doreste decir que la moción del PP “estaba obedeciendo las ordenes del señor Antona, intentando romper la coordinación institucional en la isla de Gran Canaria y así entregar a la ATI de Carlos Alonso la isla de Gran Canaria y la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria”.

Posverdad es la nueva palabra de moda para definir la propaganda y manipulación populistas. Para algunos autores la posverdad es sencillamente mentira, estafa o falsedad encubiertas. Tanto el concejal Ortega como el concejal Doreste son miembros de Las Palmas Puede en el gobierno municipal, y ambos son militantes de Podemos. En sus manos la ciudad tiene dos departamentos vitales, la política social y la urbanística, y les quedan más de dos años de gobierno ¡Que Dios ampare a nuestra ciudad!

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