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Eusebio Bautista Vizcaíno

Ex-concejal del Ayuntamiento de Las Palmas Gran Canaria

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Las rechiflas municipales

En los últimos 40 días, los munícipes del tripartito que gobiernan Las Palmas de Gran Canaria han realizado o han dicho una serie de “cancaburradas”, muchas de ellas dignas de aparecer en el Guinness de los despropósitos.

Una de ellas fue la que cometió el alcalde cuando dijo, para justificar un atasco que atrapó a 12.000 vehículos durante varias horas, “… tenemos una ciudad en la que ha aumentado el tráfico porque está mejorando la economía”. O sea que los atascos son debido a la mejoría de la economía en la ciudad, no a las obras de la Metroguagua, o a los accidentes en la Avda. Marítima. Y se quedó tan tranquilo…

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Plan de (in)movilidad para Las Palmas de Gran Canaria

A la vista de que el alcalde proclamó hace unos días que su gobierno municipal tenía para la ciudad “un plan de movilidad y lo estamos ejecutando”, me he puesto a buscar por todas partes el citado plan.

El primer documento en el que busqué fue en el “Acuerdo por la ciudadanía de Las Palmas de Gran Canaria” que firmaron los tres partidos que gobiernan en la ciudad  (PSOE, Las Palmas Puede y Nueva Canaria) en junio de 2015. Es un documento de 27 páginas en el que figura el reparto de las áreas municipales de los partidos firmantes y un “Acuerdo programático” en el que se detallan las políticas que el tripartito pondría en vigor durante su mandato en Las Palmas de Gran Canaria en Política Social, empleo y vivienda, en protección del derecho a la vivienda, y así en varios temas.

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Emalsa: escepticismo

En estos días han salido en prensa varias noticias que afectan a Emalsa y a su accionariado privado. A poco que el lector no leyera la letra pequeña de dichas noticias, lo que se resaltó en un principio era que el fondo de inversión EQT – propiedad de la familia sueca Wallenber – era el nuevo dueño del 66% de las acciones de Emalsa. 

Siendo verdad la noticia, no es menos real que Sacyr Vallehermoso ha vendido sus acciones en Emalsa (un 33%) a Saur, que, teniendo ya otro 33% de las acciones, ha pasado a ser el único accionista privado de Emalsa, con el 66% de sus acciones. La coincidencia el tiempo de esta operación de Saur España con la del fondo de inversión sueco EQT comprando la mayoría de Saur en Francia pudiera dar lugar a confusión. 

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Las calles de nuestra ciudad

Hace unos días, la prensa local publicaba una noticia bajo el titular “Ocho de los últimos diez dictámenes dan a la razón a los vecinos en la petición de indemnizaciones por caídas, inundaciones o accidentes por aceite en la carretera”. En ella, el Consejo Consultivo de Canarias (CCC) suspendía al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en la conservación y el cuidado del espacio público, en particular en el cuidado de las calles, que es donde se concentran la mayoría de las reclamaciones por daños realizadas por los ciudadanos, según los últimos diez dictámenes emitidos por el órgano consultivo.

De esos diez expedientes, uno obliga a pintar el coche – que la empresa contratada para el mantenimiento de señales de tráfico salpicó de otro color – a un particular, por un importe de 6.500 €. En otro, más grave, una vecina denuncia haberse caído en una “ranura” entre el alcantarillado y el bordillo de la acera. El CCC recomienda una indemnización de 15.000 €. En un tercer caso, un residente demanda 34.588 € por meter el pie en un socavón cuando se disponía a coger la guagua, caída que le ocasionó contusiones que le hicieron estar 362 días de baja. Vías y Obras municipales había detectado la falta de la baldosa en diciembre de 2015 y el vecino se cayó el 16 de febrero de 2016. El Ayuntamiento arregló el desperfecto siete días después.

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¿Gestión municipal?

En las primeras semanas de julio han salido varias noticias en prensa que son un indicativo de la desastrosa gestión del gobierno tripartito en varias áreas municipales.

Una de ellas fue la presentación de un reformado del proyecto de obra del aparcamiento de San Bernardo, que nos va a costar a los ciudadanos 1,6 millones de euros más de lo previsto, además de prolongarse la obra más allá de los 17 meses previstos inicialmente.

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Retorciendo los números

El 26 de mayo del pasado año 2017 se celebró el pleno ordinario en el que se aprobó la liquidación del presupuesto municipal del 2016. En él, el responsable de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, David Gómez, refiriéndose a que el Ayuntamiento no había sobrepasado - por 100.000 euros - el techo de gasto, decía: “Si hubiéramos ejecutado más gastos […] hubiéramos incumplido esa regla fiscal, que es de vital importancia para que el Ayuntamiento […] pueda utilizar el superávit del 2016 en destinos diferentes a la mera amortización de deuda, entre ellos, la posible utilización en inversiones financieramente sostenibles…”. 

Lo bueno (o lo malo) de las palabras que se dicen en los plenos municipales es que se graban, y luego se reflejan en el Diario de Sesiones, que es en el que figura la cita anterior, pronunciada hace menos de un año. 

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Del éxito del presupuesto participativo a Sercanarias

En estos días la prensa local ha recogido varios artículos sobre la participación ciudadana en Las Palmas de Gran Canaria, en referencia a los primeros presupuestos participativos y también al conflicto laboral de los trabajadores de Sercanarias con su empresa. Aunque podría interpretarse que se están mezclando churras con merinas, ambos casos tienen en común la especial forma de tratar nuestros ediles, los temas que afectan a la ciudad.

El concejal de Participación Ciudadana, Sergio Millares, ha presentado como un éxito la participación de los ciudadanos en las votaciones de las actuaciones que se seleccionaron para hacer algunas cosillas en la ciudad con los dineros municipales. Según él, han votado 3.758 personas – un 1,3 % de la población mayor de edad – de los 381.000 habitantes de Las Palmas de Gran Canaria.

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Noticias de nuestro Ayuntamiento

Es rara la semana que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria no produce alguna noticia destacable, no por su buena repercusión sobre sus ciudadanos, sino por tratarse de una metedura de pata o parecerse a algunas de que las que se contaban de Jaimito y su profesora. En estos últimos días han aparecido varias entre las que he seleccionado las siguientes.

El pasado 5 de abril aparece una noticia en La Provincia que, al no estar firmada por ningún periodista colijo, se trata claramente de una nota de prensa municipal - en este caso de la Concejalía de Cohesión Social (vamos, publicidad y propaganda encubierta) - cuyo titular en grandes caracteres dice: “El Ayuntamiento atiende en un año a 50.000 personas en riesgo social”. Luego la noticia entraba en detalles informando que en 2017 destinó un total de 2.403.571 euros para subvencionar a organizaciones sociales que trabajan en el municipio. La cifra supuso un incremento de 116.000 euros con respecto a la de 2016, y permitió poder atender a través de 248 proyectos a cerca de 50.000 personas en situación de vulnerabilidad social.

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¿Es ignorancia o estupidez?

Hace unos días, la concejala portavoz de Ciudadanos, Beatriz Correas, me facilitó el dossier sobre la MetroGuagua que le entregó el concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Las Palmas G.C., José Eduardo Ramírez.  La constancia del grupo municipal de Ciudadanos, y la desidia de la concejalía de Movilidad, hizo que los primeros tuvieran que reclamar al Comisionado de Transparencia de la Comunidad Autónoma la entrega de la documentación completa sobre la MetroGuagua.

La guerra sobre la documentación de la MetroGuagua se basaba en que, la que entregaba el Ayuntamiento era siempre sobre el “Anteproyecto”, y nunca sobre un proyecto completo.

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Las desgracias municipales

Hay un refrán popular que dice: “Las desgracias nunca vienen solas”. Esta frase se aplica cuando aparecen varias contrariedades o disgustos a la vez o una tras otra. Este es el caso de nuestro Ayuntamiento, al que, en poco más de una semana, le han aparecido noticias en la prensa que deberían poner colorados a sus responsables políticos. 

La primera noticia fue que la policía local de Gran Canaria se queda sin prácticas de tiro por una deuda del Ayuntamiento de dos años. El secretario del Club de Tiro Deportivo Camino de Leñadores (en Las Majadillas) informa que el Ayuntamiento debe a la sociedad 9.000 € de los años 2016 y 2017. Desde el mes de enero, las instalaciones se han cerrado para la policía local de la ciudad. El presidente del sindicato USPB, de la Policía Local, comenta que “es una obligación legal de la Policía Local ir al menos dos veces al año al tiro”. Los fondos líquidos municipales (el dinero que tiene el Ayuntamiento en los bancos) a 30 de septiembre ascendían a 165,3 millones de euros. Sin comentarios. 

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