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La Seguridad Social utiliza 4.400 millones del Fondo de Prevención para pagar prestaciones

MADRID

La Seguridad Social recurrirá finalmente al Fondo de Prevención y Rehabilitación para apoyar el pago de las prestaciones. En concreto, hará uso de 4.400 millones de euros, prácticamente la totalidad de la dotación del fondo, que cuenta con algo más de 4.646 millones, según datos que maneja el Gobierno a los que ha tenido acceso Europa Press.

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MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

Tomás Burgos

Tomás Burgos

La Seguridad Social recurrirá finalmente al Fondo de Prevención y Rehabilitación para apoyar el pago de las prestaciones. En concreto, hará uso de 4.400 millones de euros, prácticamente la totalidad de la dotación del fondo, que cuenta con algo más de 4.646 millones, según datos que maneja el Gobierno a los que ha tenido acceso Europa Press.

La Secretaría de Estado de Seguridad Social ha dictado dos resoluciones para autorizar la disposición efectiva de este importe, aunque los datos recogidos no precisan si este montante se dedicará al pago de la nómina de las pensiones, a costear prestaciones por desempleo o a ambas partidas.

Se trata del último paso de un periplo legal iniciado en mayo para poder disponer de este fondo inactivo que se nutre de los excedentes de las mutuas, antes de recurrir como último recurso al Fondo de Reserva de la Seguridad Social, la llamada 'hucha de las pensiones', que alcanzó los 67.948 millones de euros en mayo, el equivalente al 6,33% del PIB.

Así, el 25 de mayo, el Consejo de Ministros dio licencia para desinvertir los 2.800 millones del total de Fondo de Prevención que ese momento estaban invertidos, dado que sólo una parte marginal se había venido utilizando desde su creación en 1985 para labores de prevención de riesgos laborales, a las que estaba destinado.

Concretamente, en 2011 se emplearon 71 millones de euros a estas actuaciones de prevención, una cantidad unas tres veces inferior a los 246 millones que ahora quedarán disponibles en el Fondo de Prevención tras el paso dado por la Seguridad Social.

Una vez desbloqueada esta parte del fondo, el Gobierno introdujo vía enmienda a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de este año en el Senado una disposición que modificaba la Ley General de la Seguridad Social para posibilitar de forma legal la disposición de estos recursos para solventar desfases transitorios de tesorería.

BURGOS HABLABA DE TENSIONES DE LIQUIDEZ

En paralelo a este proceso meramente legal, el secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, avisó el pasado 5 de junio en la Comisión del Pacto de Toledo de que en "los próximos meses" el sistema podría sufrir importantes tensiones de liquidez debido a desajustes en los flujos de tesorería relacionados con las prestaciones contributivas y el impacto de la paga extra de las pensiones de julio.

Finalmente, ha sido necesario acudir a este fondo para detraer hasta 4.400 millones de euros, que, según la orden del Ministerio de Empleo publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 2 de julio en la que se fijan las condiciones de disposición de estos recursos, tendrán que ser reintegrados en el fondo "a la mayor brevedad posible".

LA SEGURIDAD SOCIAL PUDO ABONAR LA EXTRA DE JULIO

Con cuatro meses consecutivos de incremento de la afiliación a la Seguridad Social fue posible abonar la paga extraordinaria de julio sin echar mano del Fondo de Prevención y Rehabilitación, mientras que los gastos totales de los servicios públicos de empleo (antiguo Inem) en prestaciones de desempleo ascendieron a 2.543,8 millones de euros el pasado mes de junio, lo que representa un aumento del 7,6% respecto a igual mes de 2011.

Durante el primer semestre, el Estado ha transferido a las Servicios Públicos de Empleo (SPEE), el antiguo Inem, 12.636 millones de euros hasta junio --4.400 más que en 2011--, para el pago de prestaciones por desempleo, según los últimos datos de ejecución presupuestaria.

Además, el Gobierno aplicó en julio un recorte a las prestaciones por desempleo para los nuevos parados a partir del sexto mes que, según la ministra de Empleo, Fátima Báñez, afectará al 55% de estos beneficiarios. El Gobierno sostiene que esta modificación busca incentivar la búsqueda activa de empleo.

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