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El 85,4% de los controladores acepta acudir al arbitraje

MADRID

El 85,4% de los controladores ha dado su respaldo al preacuerdo alcanzado entre AENA y USCA, sindicato mayoritario que agrupa al 97% de los 2.400 controladores del ente público, según el cual se comprometen a someter aquellos aspectos en los que no logren un consenso a un árbitro que será designado por ambas partes antes del día 12 de enero.

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MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

César Cabo

César Cabo

El 85,4% de los controladores ha dado su respaldo al preacuerdo alcanzado entre AENA y USCA, sindicato mayoritario que agrupa al 97% de los 2.400 controladores del ente público, según el cual se comprometen a someter aquellos aspectos en los que no logren un consenso a un árbitro que será designado por ambas partes antes del día 12 de enero.

Del total de controladores que acudieron a votar fuera de los centros de trabajo, al estar militarizados, un total del 85,4% se mostraron a favor del arbitraje a pesar, recalca USCA en un comunicado, "del malestar que ha generado en el colectivo" la información publicada en un medio de comunicación según la cual los miembros del sindicato están siendo espiados ilegalmente por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

En la misma línea, los controladores han lamentado que "la buena fe del colectivo" demostrada en su voluntad de aceptar estas medidas de arbitraje "no se esté correspondiendo con la actitud del Gobierno".

De esta forma, ambas partes deberán nombrar antes del próximo miércoles, dos días antes de que finalice la prórroga del estado de alarma, a un árbitro "para dirimir las posibles discrepancias que puedan surgir durante la negociación", que continuará hasta el 31 de enero.

La junta directiva de USCA ha pedido estos días a sus afiliados que den 'luz verde' a este preacuerdo, que supone un acercamiento a la empresa para proseguir con la negociación que permita la renovación del convenio colectivo cuanto antes, pese a ciertas reticencias del colectivo.

USCA teme que el preacuerdo con AENA pueda ser un "paripé" y que el Ministerio de Fomento tenga preparado ya tenga preparado "el laudo del siglo" en un cajón, según indicó el portavoz de USCA, César A. Cabo, en declaraciones a Europa Press.

AENA ya planteó en agosto acudir a un arbitraje independiente cuando el conflicto se recrudeció y los controladores decidieron votar en asamblea la convocatoria de una huelga, que finalmente rechazó la mayoría, ante los desencuentros entre ambas partes en relación a la jornada laboral y las retribuciones.

PROCEDIMIENTO ARBITRAL

La negociación será sometida así a un procedimiento arbitral, que ambas partes "deberán acatar en todos sus términos y que será de obligado cumplimiento".

El plazo para concluir la negociación del convenio es el 31 de enero de 2011, tal y como adelantó el ministro de Fomento, José Blanco, quien señaló que si pasado ese día persistieran las discrepancias, actuará el árbitro decidido previamente.

Una vez nombrado el árbitro, se suscribirá por ambas partes un compromiso arbitral en el que se constarán las cuestiones concretas sobre las que deberá pronunciarse el laudo arbitral y el plazo para dictarlo.

AENA reiteró el pasado viernes su voluntad de diálogo para solucionar "definitivamente" el conflicto laboral con los controladores, tras retomar las negociaciones el pasado 20 de diciembre, tras el 'plante' previo al puente de la Constitución, y confió en que el colectivo respaldara dicho preacuerdo.

UN PRECEDENTE EN 2001

El arbitraje constituye una vía paralela y restitutoria de la justicia ordinaria por la que, en caso de conflicto entre dos o más partes, un tercero neutral e imparcial, denominado árbitro, resuelve la controversia dictando un laudo (sentencia) que es de obligado cumplimiento, no recurrible y ejecutable.

El uso de este procedimiento en el sector turístico tiene un precedente en 2001, para la resolución del conflicto sobre el convenio colectivo de los pilotos de Iberia. Entonces, el Ministerio de Fomento designó como árbitro al presidente en funciones del Comité Económico y Social (CES), Federico Durán López, quién determinó que las partes debían firmar un convenio a cuatro años con subidas salariales vinculadas a la marcha de la compañía.

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