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Los conejos contra las escopetas

La creciente conciencia social de engaño al electorado, junto a la negativa a darle el pueblo presuntamente soberano la posibilidad de pronunciarse van de la mano de las reticencias a la reforma constitucional

Cada vez que José Manuel Soria abre la boca pone más de manifiesto su malvada mediocridad política. Ante la que se ha formado con Greenpeace, señala los efectos positivos del petróleo sobre el sector turístico

A veces pienso que padece el Gobierno el síndrome del maltratador al que tanto apela la psicología de garrafón. [...]Lo padecen quienes descargan sus frustraciones en el trabajo a la mujer y a los hijos

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Incidente de la Armada con Greenpeace.

Incidente de la Armada con Greenpeace.

El Gobierno pepero ha vuelto a lucirse con las embestidas de la Armada contra las zodiacs de Greenpeace; en defensa, ya saben, de los intereses españoles al frustrar un abordaje (pirata, nada menos) al barco perforador de Repsol. Los conejos contra las escopetas, en versión conjunta del ministro de Defensa; de la Hernández Bento, delegada gubernamental en Canarias; del Hernández Bento, hermano de la anterior y subsecretario de Industria; del inevitéibol Soria que no se calla ni debajo del agua y con demora del palmero Asier Antona. Todo ello en medio de zodiacs con propulsión de agua a las que por exigencias del guión les salen hélices, una “pirata” gravemente herida en una pierna de acuerdo con la tradición, rescatada del mar por las fuerzas del Bien y la maldita grabación que ha dado la vuelta al mundo dejando claro que estamos en un país del que hay que salir corriendo.

En aras de la brevedad y para no caer en fáciles sarcasmos, me referiré aquí solo a los intereses nacionales en juego y a la apelación al imperio de la ley, la que respetan según convenga. Estuvo fino Tristán Pimienta al recordar, en La Provincia, que el interés nacional y la seguridad están hoy del lado de no boicotear desde el Gobierno las alternativas energéticas limpias que reduzcan la dependencia de fuentes inseguras, como el petróleo, para satisfacer la avaricia de las compañías del ramo y sus puertas giratorias.

Comenzaré subrayando que no es casual que en España las leyes favorezcan a estas compañías. Tampoco que esa percepción social de la realidad legislativa sea una de las causas profundas de la actual crisis institucional que en el caso canario adquiere tonalidades colonialistas que dan que pensar. Cada vez se siente más en vivo que, aunque las leyes emanen de las señorías parlamentarias salidas de las urnas, el diseño es de los grandes lobbies empresariales, sobre todo si son tan poderosos como los del sector energético que nos pone en chino antiguo hasta el recibo de la luz. El espectáculo de diputados y senadores votando según les indique la mano del cabeza de grupo está ahí y es legítimo sospechar que muchas señorías votan sin saber de qué va la cosa para seguir en el escaño un tiempito más. Que el PP recurra al Decreto Ley con tanta frecuencia indica un modo de entender la mayoría absoluta que, si bien lo retrotrae a sus antecedentes franquistas, que haberlos, háylos, también pudiera deberse, para los más optimistas, a la mella que ha hecho en las señoras y señores diputados el rechazo de la calle (el “no nos representan” de los “asaltantes” al Congreso, primos hermanos de los “piratas” ecológicos) reflejo del hastío del país que figura en el punto de partida del fenómeno Podemos.

No les recordaré a los peperos, que tanto invocan el imperio de la ley (a la carta, eso sí) que hay leyes justas e injustas; que fueron tan legales las de la dictadura franquista como las que puedan ocurrírsele a Teodoro Obiang, a los lapidadores islámicos, a los que muestran por televisión su barbarie asesina para agradar a su Dios. Todo muy legal; incluida la ley de Seguridad Ciudadana del ministro Fernández, ya en los fogones parlamentarios mientras buscan especias para encubrir el tufo. Se olvida que la legitimidad democrática se la da a la ley la conformidad de la sociedad, la que no siempre expresan los representantes que ella misma ha votado por más que los hayan elegido otros. Los procesos electorales no van mucho más allá de la formalidad democrática institucional. La creciente conciencia social de engaño al electorado, junto a la negativa a darle el pueblo presuntamente soberano la posibilidad de pronunciarse (mediante referéndum, por ejemplo) van de la mano de las reticencias a la reforma constitucional. Viene por ahí la crisis política que se manifiesta en el constante recurso a la Justicia en el caso del problema catalán o a la Armada en el de las prospecciones petrolíferas. La dimensión apabullante de la corrupción está hecha también de esos materiales. Nueva casualidad que la escasa dotación de medios a la Justicia dependa de semejante conglomerado nada dispuesto a dejarse controlar; como acabamos de ver porque, ya saben, el Parlamento no es un colegio.

Eso en cuanto a las leyes. Por lo que toca a los supremos intereses españoles que dijeron defender, resulta bastante ilustrativo el caso de las prospecciones canarias. Desde su mismo enunciado, que lleva implícita la idea de que los intereses de quienes se oponen a los designios de Repsol y Soria, su profeta, no son españoles.

Aquí conviene recordar que Repsol es una multinacional con más de un 50% de su capital propiedad de grandes empresas y de fondos de inversión extranjeros, que son quienes obtienen los mayores beneficios y ventajas muy por encima de las del Estado y ni les cuento de las de sus trabajadores. Solo el 10,8% está en manos de accionistas minoritarios. Lamento no tener datos más recientes, pero que valen para dar una idea los de 2010, año en que la compañía declaró 6.613 millones de euros de beneficios antes de impuestos. De ellos obtuvo en España el 24,8%, en Argentina el 21,41% y el 53,77% en el resto de los países donde está presente. Ese año, el nominal del impuesto a pagar en España era el 30% y no creo aventurado suponer que Repsol echaría mano de las deducciones y recovecos que permiten a las grandes empresas acabar pagando alrededor del 10%. Según la Agencia Tributaria, según va creciendo de tamaño una compañía menos paga. Una pyme, por ejemplo, tributaría a un tipo efectivo del 23% frente al 20% de la gran empresa y al 14,5% de los grupos consolidados que serán, imagino, los que figuran en el Ibex. Española y dos huevos duros que dirían los marxistas (de Groucho, que los otros son ahora marxianos). Y ya que mento la bicha, no está de más saber que 21 de las que figuran en el Ibex tienen filiales en paraísos fiscales; y que son el Santander y Repsol los que más las utilizan. Salvo que haya aumentado o disminuido su número, no hace tanto Repsol tenía 12 sociedades, entre ellas cuatro de cartera y tres financieras; en las islas Caimán, un nombrecito de lo más apropiado.

Según los expertos, es prácticamente imposible en España conocer el tipo efectivo al que tributa cada compañía, si bien existe el convencimiento de que están muy por debajo del 30% del impuesto de sociedades y que sea enhorabuena. Las compañías españolas no dan las cifras reales de sus abonos efectivos a Hacienda por lo que, para hacerse una idea, hay que echar mano de la Agencia Tributaria, que las proporciona aunque no individualizadas por mor del secreto estadístico. Así sabemos que los grupos consolidados tributaron a un tipo fiscal efectivo medio del 14,5% que dije señalado por Hacienda. Son datos referidos a 2008 y según los expertos la tasa no ha subido desde entonces sino que ha bajado más y viva España, que para eso está.

En definitiva: el Gobierno español ha impuesto a Canarias los intereses de una multinacional privada no española sin tomar en consideración la opinión contraria (tampoco la favorable) a las prospecciones. Todo en un tono despreciativo, que comparten los peperos isleños; con mentiras desconsideradas respecto a la inteligencia de los isleños y una absoluta falta de respeto a científicos que han dedicado su vida al estudio de estas cuestiones. Y ya en plan malvado me pregunto si la ley Wert y los recortes a la investigación no responderán a una política de formar menos científicos y que los que salgan se vayan a dar el coñazo a otra parte.

Repsol y la Marca España

Según Javier Pérez y Gonzalo Fanjul, miembros del Centro de Investigaciones y Estudios sobre Comercio y Desarrollo, Repsol constituye un caso en que los abusos fiscales, sociales y medioambientales prevalecen sobre los intentos de adaptar su modelo de inversión a estándares éticos más exigentes. No hace tanto fue acusada de aprovechar la debilidad normativa e institucional de los países latinoamericanos en que actuaba para eludir sus responsabilidades legales en los ámbitos del medio ambiente y los derechos de los pueblos indígenas. Las investigaciones a que fue sometida mostraron que los contratos suscritos en aquellos países le reportaron “beneficios extraordinarios”, que son los que están por encima de una tasa de retorno razonable de la inversión; o lo que es lo mismo, de la justa retribución de capital invertido en perjuicio de los países donde españolea. Para que se hagan una idea de qué va la “marca España” en manos de esta gente: los ingresos no percibidos por los países afectados hubieran dado cobertura educativa y sanitaria a un buen número de ciudadanos latinoamericanos. Tanto han abusado las empresas españolas o tenidas por tales, que más allá de la retórica del Gobierno, la ciudadanía de esos países las miran con recelo. Los casos de servicios caros y defectuosos, de beneficios desorbitados y de abusos sociales y medioambientales son demasiado frecuentes para que pasen inadvertidos en países que comienzan a desperezarse. Como la Marca España es, según el Gobierno pepero, una maravilla y funciona con grande regocijo de la indiada, es lógico que la derechona atribuya los garbeos latinoamericanos de Pablo Iglesias a su deseo irreprimible de importar del bolichazo la revolución bolivariana y la castrista, con tropezones iraníes para acabar con el relajo de que las mujeres vayan a los toros en minifalda. Siempre es más llevadero pensar esto que hacerse a la idea de que se acaba el tiempo en que los Estados latinoamericanos se veían obligados a aceptar cualquier inversión en las condiciones que les impusieran. Tentado estoy de aventurar que Repsol trata de aliviar en las islas su síndrome de abstinencia. Mejor harían imitando a los canadienses que, callada la boca, toman sus iniciativas procurando beneficiar a los países en que actúan aportándoles valor añadido.

En aguas internacionales, tíos

El Top Secret de este mismo periódico me “madrugó” el miércoles pasado algunos comentarios que merece el papelón que le ha hecho jugar el Gobierno de Rajoy a la Armada. Ni siquiera ha tenido esta vez el consuelo de la poética de Federico Trillo cuando la mandó a Perejil a reducir gendarmes de pic-nic y a cierto número de peligrosas cabras en avanzado grado de asilvestramiento aunque no por eso dejaran de comer al puño. Nos hemos quedado sin saber siquiera con qué viento se hizo a la mar la patrullera bizarra que rechazó a los peligrosos “piratas” de Greenpeace.

Pedro Morenés, ministro de Defensa.

Pedro Morenés, ministro de Defensa.

La versión gubernamental, sigo copiando descaradamente al Top, atribuía las heridas de Matilda Brunetti a la hélice de la zodiac ecologista que como en las buenas novelas de misterio no aparece por ninguna parte. Una falta de ignorancia para agigantar la violencia de una organización que durante décadas y centenares de actuaciones por todo el planeta nunca ha recurrido a ella. Joel Stewart, capitán del barco ecologista, con 25 años de servicio, aseguró que nunca había visto cosa como esa.

Y así llego al ineféibol José Manuel Soria. Cada vez que abre la boca pone más de manifiesto su malvada mediocridad política. Ante la que se ha formado, no vaciló en acudir a los papeles para señalar los efectos positivos sobre el sector turístico y la industria local del gasto de las tripulaciones y trabajadores de las plataformas petrolíferas. Lástima que al impedir la celebración del referéndum que propuso Paulino Rivero no hayamos podido constatar hasta donde llega el convencimiento del personal de que merece la pena afrontar el riesgo de un accidente la contribución al negocio de unos pocos individuos perdidos entre millones de visitantes. Repsol que, como digo, no goza de la mejor fama con los miles (no exagero, son miles) accidentes que ha tenido en su trayectoria, es el espejo en que se mira el muy ministro para calificar de “absolutamente demagógica” la oposición a las prospecciones.

Confiemos, no tanto por su bien como por el nuestro, que nada ocurra. O mejor, que parezca no ocurrir porque se ha puesto el acento en los posibles vertidos y lo feo que hacen, casi olvidando los efectos sobre el medio marino, sobre su fauna y flora o la salubridad de las aguas contaminadas por las sustancias nocivas y peligrosas que han de emplearse para el funcionamiento, por ejemplo, de los taladros como han comentado más de una vez técnicos de la propia Repsol. La insistencia en que nada puede ocurrir casa mal con la cicatería de las cantidades comprometidas por si se diera el caso. Pudo ser más generosa Repsol si tan convencida está de que no se producirá el imposible.

En cuanto a la “demagogia absoluta” de los que se oponen, Soria diz, es sin duda el comentario de un ignorante que tiene además la osadía de faltarle el respeto, vuelvo a recordar, a una buena parte del mundo científico que ha dedicado años y esfuerzos a investigar estos asuntos que tanto contribuyen a la destrucción del planeta a la que el PP da cobertura en la parte que les toca. Su bloqueo al desarrollo de las energías alternativas limpias en Canarias indica de qué lado se ha puesto. Las ha hecho incompatibles, cuando no lo son, porque las petroleras que lo guían no quieren soltar ni tanto así de la tarta. No ha tenido siquiera en cuenta que la naturaleza ha dotado a las islas de una riqueza de sol y vientos, devenidos en auténticas materias primas, susceptibles no solo de aprovechamiento sino de investigación y desarrollo de tecnologías exportables. Lo que no interesa a las petroleras dispuestas a exprimir hasta la última gota del crudo que comienza a escasear. Es lamentable que predomine en el mundo científico un aristocratismo que se niega a descender al nivel de políticos de la ralea del que nos ocupa, dicho sea de forma “absolutamente demagógica”.

Lo de los fiscales

El general Jaime Rodríguez Buj, jefe del Ejército de Tierra, atribuyó el separatismo catalán a la debilidad del Estado. Y aseguró que el proceso no se puede cambiar usando la fuerza parafraseando al general USA McChrystal para quien “hay que ganar las mentes y los corazones” y que los ciudadanos perciban un futuro mejor si permanecen unidos. Los socialistas se han apresurado a exigir una rectificación o aclaración por parte de Buj por achacar el auge de soberanismo en Cataluña a una situación de crisis y debilidad como la que sufrió España en 1898. No sé si procede o no el paralelismo establecido por el general, pero sí es cierto que la situación catalana tiene mucho que ver con la obsesión sectaria del PP por calzar con Zapatero, que ha tenido sus secuelas cuando se hizo, por fin, con el Gobierno. Pero, en fin, si a los socialistas les molesta la opinión de Buj, la aparco en el sentido de no considerar en primera instancia débil al Gobierno sino más bien atotorotado; que viene siendo lo mismo desde mi perspectiva de civil cuasi apátrida como sigan así.

Consulta catalana.

Consulta catalana.

A veces pienso que padece el Gobierno el síndrome del maltratador al que tanto apela la psicología de garrafón. Este síndrome, ya saben, lo padecen quienes descargan sus frustraciones en el trabajo y en la vida social suministrándole a la mujer y a los hijos frecuentes jentinas. Así, el Gobierno español, que poco pinta fuera de España por mucho pecho que saque, se desahoga con la ciudadanía y aquí estamos los indígenas isleños que no podemos ir a manifestarnos por las calles de Madrid sin que nos confundan con una tuna con su alegría y buen humor.

Si no se le quiere llamar debilidad que le llamen otra cosa, pero la que hay formada con la Fiscalía es fina y ha permitido a un personaje como Carlos Floriano lucir su atotoramiento personal y sin duda transferible. Dijo el infrascrito que la negativa de la Fiscalía Superior de Cataluña a empapelar a Artur Mas por el 9-N se debe a la “contaminación ambiental” para eso, para coger puerta. Está convencido Floriano de que la Generalitat presionó para que Romero de Tejada, el Fiscal Superior catalán, no encuentre bases sólidas con que darle a Mas, a su vicepresidente y a su consejera de Educación una manita de componte, que se decía en lo antiguo. Es muy probable, desde luego, que esas presiones sean ciertas por lo que la cuestión a dilucidar es si han sido mayores o menores que las del Gobierno y el PP sobre el Fiscal General, Torres-Dulce; que haberlas, húbolas, faltaría más. Con el tiempo que lleva Floriano en política, debería saber que si escupes al aire puede que el pollo le caiga en la frente; ya sea por su propio peso, ya por la ley de la gravedad, que todo puede ser.

Si ponemos en orden lo que ha trascendido, veremos que menos de 24 horas después de concluida la jornada del 9-N, Alicia Sánchez-Camacho, presidenta del PP catalán, pormenorizaba ante la Prensa el contenido de la inminente denuncia de la Fiscalía contra Mas. Hasta los periódicos de la derechona le cayeron arriba por imprudente (vale inoportuna e indiscreta) y tuvo que salir Torres-Dulce a decir que a él no le marca su tiempo la política. Y así enseguida se reunió con Romero de Tejada, Fiscal Superior de Cataluña y decidieron aplazar la denuncia hasta tener bases jurídicas sólidas.

Por fin, varios días después, aprovechando que no había fútbol, Rajoy bajó del plasma y se hizo carne. Los periodistas lo vieron algo mayor pero mejor arreglado. El presidente aseguró que no tenía puñetera idea de lo que pensaba hacer la Fiscalía provocando cierta división de opiniones entre quienes creen que no se entera (algo peligroso con una caja b suelta) y los que consideraron que descalificaba a la inoportuna Camacho. Pero algo debió ocurrir pues se esperaba el cese de Torres-Dulce por no lanzarse contra Mas como la Armada a por Greenpeace y resulta que emergió a tomar aire proponiendo a la cúpula fiscal, reunida de urgencia, proceder contra Artur Mas, su vicepresidenta, Joana Ortega e Irene Rigau, consejera de Educación, por los delitos de desobediencia, malversación de caudales públicos, prevaricación y usurpación de funciones. El principal reparo a la querella puesto por los fiscales catalanes es que en su fallo contrario al 9-N el Constitucional no daba una orden y determinada, dirigida a un destinatario concreto, lo que dificulta que pueda hablarse de un delito de desobediencia. Aunque no por eso se privó la Fiscalía catalana de reprocharle al president sus tretas dirigidas a empastelar la cuestión con la mayor mala fe del mundo y notable deslealtad. O sea, traducido a romance: Torres-Dulce ha conseguido aplazar su cese que quedaría pendiente de que consiga primero que el Tribunal Superior catalán la admita a trámite y después de que consiga la sentencia condenatoria que acabaría con la carrera política de Mas. Morirá, pues, hasta el apuntador.

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