Brito exige responsabilidades políticas por su expulsión de Podemos y apunta a Meri Pita, Noemí Santana y Gloria Elizo

El exvicepresidente del Cabildo de Gran Canaria Juan Manuel Brito.

Macame Mesa

Las Palmas de Gran Canaria —

El exvicepresidente del Cabildo de Gran Canaria Juan Manuel Brito ha reclamado este lunes responsabilidades políticas a las personas que se vieron involucradas en su expulsión de Podemos, que recientemente ha anulado el Juzgado de Primera Instancia número 9 de Las Palmas de Gran Canaria.

El magistrado Juan Luis Egea ratificó el pasado 31 de octubre el auto de medidas cautelares decretado en abril al concluir que la Comisión Estatal de Garantías Democráticas de la formación morada vulneró los derechos fundamentales de asociación y participación política de Brito en el proceso que acarreó su salida del partido.

Brito hizo hincapié en una rueda de prensa celebrada la mañana de este lunes en Las Palmas de Gran Canaria en la contundencia de la sentencia e insistió en que se trata de un caso de vulneración de derechos fundamentales y no de defectos de forma en el expediente o de meras cuestiones formales, como así ha aludido el partido en un comunicado. “Reducirlo es un insulto a quien defiende radicalmente la democracia, como Podemos”, dijo.

En ese sentido, manifestó que “este proceso ha sido el resultado de una campaña de acoso personal en la que se han ido sucediendo a lo largo de un año toda una serie de acontecimientos, intentos de difamación, de desprestigiarme en mi actividad política y en mi comportamiento moral y ético. He tenido que verme abocado no sólo a cumplir con mi función como consejero, sino además a ir demostrando constantemente cómo todo esto formaba parte de situaciones que luego eran desmontadas”.

El exvicepresidente situó a la diputada en el Congreso, Meri Pita, máxima responsable del partido en las Islas en el momento en que se sucedieron los hechos, como la principal responsable de lo que describe como una campaña de “acoso personal y político” para echarle de la formación morada. “Han tenido que saltarse la constitución y vulnerar los derechos fundamentales para obligarme a salir de la política del Cabildo”, apostilló.

Sin embargo, sostuvo que Pita no actuó sola. También hizo referencia a la responsabilidad del Consejo de Coordinación regional, órgano colegiado y participado del que formaba parte la actual dirigente de Podemos en el Archipiélago, Noemí Santana. Además de señalar a quien “realmente ejecutó todo el procedimiento saltándose todos los reglamentos, cauces y vulnerando derechos”, en referencia a la expresidenta de la Comisión de Garantías Estatal - actualmente vicepresidenta cuarta de la Mesa del Congreso de los Diputados y secretaria de Acción Institucional de Podemos - Gloria Elizo.

A su juicio, Elizo fue quien “desde esa posición en connivencia con el órgano político, clarísimamente impulsó, junto a los miembros de la Comisión de Garantías Estatal que participaron, llevar adelante en tiempo récord - menos de dos meses - un proceso que iba dirigido a conseguir un fin por encima de los estatutos del partido y de los derechos constitucionales”.

Brito no pidió expresamente la expulsión de Pita y Santana del partido, sino que se centró en exigirles responsabilidades en base al código ético. “Toca asumir responsabilidades políticas”.

Al respecto, añadió que “si no lo hace, asumirá esa decisión y por lo tanto se convertirá en un partido que es capaz de llegar a fines políticos vulnerando derechos constitucionales”.

Insistió en que “un partido que dice que ha nacido para conseguir mayor democracia no puede permitirse, desde mi punto de vista, que se produzcan en sus filas procesos que vulneren los derechos constitucionales de personas que participan en ese partido”. Motivo por el que no desdeñó la idea de recibir una disculpa.

Permanencia sin aspiraciones

Asegura no arrepentirse de haber dimitido de su cargo como vicepresidente del Cabildo mientras avanzaba el proceso judicial, porque considera que la situación se hubiese agravado y el “desgaste familiar” que sufría era acuciante. Además, cree que la finalidad de su expulsión consistía en romper el pacto que sostenía Podemos con Nueva Canarias y el Partido Socialista. Algo que sucedió poco después de su marcha, lo que derivó en que dos consejeros de la formación morada pasaran a la oposición y otros dos desobedecieran la directriz regional y optaran por permanecer en el Gobierno del Cabildo como tránsfugas.

Preguntado por si permanecerá en el partido, aseguró no tener aspiraciones a obtener nuevamente un cargo político con Podemos, aunque tampoco confirmó que se daría de baja como afiliado. Permanecerá inscrito a la espera, dijo, de las decisiones que adopte la formación morada tras conocer la sentencia.

Su principal apuesta política pasa por Sí Se Puede, partido que ayudó a fundar en Gran Canaria y del que valora su proyecto para el Archipiélago.

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