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CC y PP rechazan anular la concesión de Tebeto

EL PSC RECURRIRÁ A LOS TRIBUNALES

Según Francisca Luengo, el Gobierno "evita dejar en evidencia" a Luis Soria. 

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Los grupos de Coalición Canaria (CC) y Partido Popular (PP) han rechazado este jueves la Proposición No de Ley (PNL) presentada por el Grupo Socialista para anular la concesión minera al empresario Rafael Bittini, al entender que este texto pretende "lavar la conciencia" de los socialistas y borrar las alusiones que en las distintas sentencias hacen a la responsabilidad del PSC en el caso. Así, tanto PP como CC insistieron en que habrá que esperar al pronunciamiento del Tribunal Supremo (PP) y el PSC respondió que recurrirá a los tribunales para lograr esta anulación.

El debate se enredó en su tramo final en las acusaciones de los distintos grupos sobre quien tiene la responsabilidad en el hecho de que un empresario pueda ganar más de 100 millones de euros de las arcas públicas. Finalmente, como ya había anunciado el portavoz nacionalista, José Miguel Barragán, acabó con el rechazo de su grupo y del PP a la PNL.

El anunciado rechazo no cogió por sorpresa a la defensora de la PNL, Francisca Luengo, quien considera que de esta manera el Gobierno evitar dejar en evidencia "a un consejero que es hermano del vicepresidente del Gobierno", en alusión al consejero de Industria de la pasada legislatura, Luis Soria.

"Probablemente se basarán en algún informe jurídico a la carta de la directora del servicio jurídico a los que cesan según convenga", declaró, añadiendo que "ya pueden decir misa pero no van a borrar el fundamento jurídico". Tras esto anunció que acudirán a los tribunales para conseguir la anulación de la orden minera concedida al empresario de Canteras de Cabo Verde, Rafael Bittini, para impedir que pueda volver a reclamar otros 100 millones de euros dentro de 30 años.

Luengo defendió que si el Tribunal Supremo da la razón al Gobierno y no tiene que pagar, "de no anularse la concesión podría volver a pedir, porque la concesión puede durar 90 años", esto es, se concede una explotación por 30 años prorrogables dos veces más. "¿Qué sentido tiene que ese concesionario siga teniendo permiso para picar una cantera donde no hay nada?, se preguntó".

Según la socialista, la anulación de esta concesión se basaría en las siguientes ilegalidades: la concesión se deriva de un permiso de investigación que debe basarse en que esté acreditada la posibilidad de explotación, va en contra del Plan Insular de Ordenación (PIO) de Fuerteventura, se concedió sin presentar informe de impacto medioambiental y, aseguró, el director general de Industria la otorgó a sabiendas de que no se podía explotar una cantera.

Rechazo

El portavoz del Grupo Popular, Miguel Cabrera Pérez-Camacho, fue bastante duro con el PSC al explicar su rechazo a la PNL. "El PSC no pide que apoyemos una PNL, sino apoyo psicológico, requieren nuestra colaboración para que se dejen de sentir los últimos de la clase, acuden en busca de ayuda espiritual, la tranquilidad de la absolución de los chanchullos del 93 cuando todo se hacía al revés", declaró, en referencia a la época en la que los responsables del Gobierno eran los socialistas.

"No persiguen los intereses de la Comunidad Autónoma, sino hacer oposición y lavarse las conciencias", añadió. "Los intereses de la Comunidad Autónoma no se defiende haciendo el ridículo en los tribunales y presentado una PNL disparatada como esta que certifican que serán los últimos de la clase", agregó.

Según el portavoz 'popular' con esta PNL lo que se pretende es "borrar dos sentencias firmes", que "meten el dedo en el ojo socialista". "¿Cuánto pagaría el PSC por borrar los fundamentos 5 y 6 de esta sentencia?", añadió, en referencia a la sentencia de 2008 que, dice, "alaba"la acción de Luis Soria. "Se defiende borrar del mapa jurídico lo que se dice sobre Luis Soria, y si de paso borran las carcajadas y risas que dedican a la Consejería socialista en enero del 93 cuando todo se hacía del revés, mejor que mejor", concluyó.

Por su parte, Barragán animó a los socialistas a que acudan a los tribunales y también culpó a Paquita Luengo de ser responsable del caso Tebeto al cometer "irregularidades" en la gestión de los permisos de mina que se dieron cuando era miembro de la Consejería de Industria del Gobierno socialista de 1993.

"Usted asesoró esa orden", insistió y le preguntó: "¿Si en 1990 y 1992 no se podía otorgar concesiones mineras en Tebeto porque sacan un concurso?". Barragán respondió a esta pregunta leyendo una entrevista concedida por Luengo a un medio de comunicación en el que citó que la diputada socialista explicó: "El PSOE tomó el expediente en 1993 y vimos que el permiso llevaba 10 años inactivo, aplicamos la Ley de Minas del 73 y aplicamos la caducidad porque no se puede retener 10 años para especular".

Al parecer, la causa de esta caducidad estaba en que el empresario controlaba el 20 por ciento del municipio de La Oliva, razón por la que caducaron la concesión, una medida que al parecer han condenado distintas sentencias por ilegal.

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