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José Montelongo declarará como imputado en 'Montecarlo'

CONCEJAL DE HACIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE ARRECIFE

El socialista está citado como imputado para finales de julio - Esta nueva operación investiga presuntos fraudes en servicios y concursos municipales.

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El concejal de hacienda del Ayuntamiento de Arrecife y primer teniente de alcalde, José Montelongo (PSOE), tendrá que declarar también en calidad de imputado dentro de la llamada operación Montecarlo, que instruye el Juzgado de instrucción numero 4 de Arrecife. Está citado para declarar a finales del mes de julio.

Montelongo es concejal de hacienda desde junio de 2011, cuando accedió a ese cargo tras el pacto PP-PSOE y ha mantenido ese área tras la entrada del nuevo grupo de gobierno, formado por CC, PSOE y Alternativa Ciudadana, el pasado mes de marzo. Montelongo es el sexto imputado en esta operación tras los cuatro detenidos del pasado mes de mayo y el ex alcalde Cándido Reguera (PP).

También han declarado, en calidad de testigos, la actual alcaldesa de San Bartolomé, Dolores Corujo, y la concejal de hacienda, Carmen González, así como varios funcionarios del Ayuntamiento de Arrecife.

La operación investiga presuntos fraudes en servicios y concursos prestados en los Ayuntamientos de San Bartolomé, La Oliva (Fuerteventura) y Arrecife, donde ejercía o ejerció como interventor Carlos Sáenz, uno de los detenidos en esta operación, que se encuentra en prisión provisional, junto al empresario José Vicente Montesinos, acusados de varios delitos, como malversación de caudales públicos, cohecho, prevaricación, blanqueo de capitales y falsedad en documento público. En la operación también se detuvo a Javier Betancort y José Miguel Rodríguez, ex ediles de hacienda de San Bartolomé y Arrecife, que fueron puestos en libertad con cargos.

En el Ayuntamiento de Arrecife se investigan al menos 25 expedientes por los que se encargaba la redacción de pliegos de condiciones para adjudicar posteriormente servicios o contratos municipales menores de 18.000 euros. Esos pliegos, aprobados por Intervención, se encargaban a empresas externa elegidas entre tres sociedades cuyo administrador siempre era la misma persona. En algunos casos no se habría llegado ni siquiera a elaborar esos pliegos o a adjudicar después los servicios o suministros.

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