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El Parlamento suspende a la educación para adultos en Canarias

La consejera reconoce que "es mejorable" el esfuerzo en este sector educativo no obligatorio

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La consejera de Educación del Gobierno de Canarias, Soledad Monzón, comparece hoy en la comisión parlamentaria para informar de la educación infantil de 0 a 3 años y la implantación de la LOMCE, entre otros asuntos. EFE/Cristóbal García

La consejera de Educación del Gobierno de Canarias, Soledad Monzón. EFE

Canarias fue pionera en el ámbito de impartir educación para adultos en el panorama nacional, sin embargo, ahora este segmento educativo no obligatorio tiene tal cúmulo de carencias que la totalidad de los grupos parlamentarios de la oposición han otorgado un sonoro suspenso a las políticas del Ejecutivo en esta materia, que la propia consejera Soledad Monzón, ha reconocido que "son bastante mejorables".

Un panorama que, según el diputado de Nueva Canarias (NC) Luis Campos, deja "en situación bastante vulnerable" a la educación para mayores de 18 años, pues "si no estuvieran los ayuntamientos detrás, no tendríamos una red de educación para adultos". 

"No estamos teniendo la altura de miras ni los recursos necesarios. Los recursos están muy por debajo de lo necesario. La oferta está ahí, pero se imparte en centros obsoletos, con profesorado insuficiente y desmotivado. Hay una escasa presencia de personal docente, aunque hay que reconocer que en los últimos años se ha mantenido, y una nula apuesta por los equipos de apoyo".

Campos insistió en que el Gobierno "nos va a tener a su lado si tiene actitud de valentía, pero de momento no la he visto. He visto interés, eso es cierto, pero varias legislaturas perdidas dan paso a generaciones perdidas". 

En parecidos términos, Francisco Déniz (Podemos), ha asegurado que la educación para adultos "es el pariente pobre del sistema educativo", criticando que ."los curriculums, estrategias y metodologías deben ser diferentes a la de los jóvenes". Por ello, demandó que"el curriculum no puede ser un calco de el de la ESO, debe haber un sistema más flexible y becas de segunda oportunidad, porque no hay ayudas para estas personas".

"El respaldo financiero no ha respondido a las expectativas. CC y PSOE no han cumplido en dos años con la Ley Canaria de Educación. Un pírrico aumento del 1,9% nos aleja del mandato de invertir el 5% del PIB para 2022. Está claro que la educación no es una de sus prioridades", expetó la conservadora Astrid Pérez a la consejera de Educación.

Por ello, Monzón replicó que "el PP no es precisamente quien ayuda a Canarias con los recursos destinados a la Educación", incidiendo en que  "me gustaría que el PP defendiera el PIEC, pues la inversión en infraestructuras que mejoraría cualquier etapa de educación con recursos que ahora aportamos nosotros". 

23.388 matriculados

La consejera insistió en que el próximo año "haya un presupuesto más acorde con las necesidades" de todos los ámbito de la educación, aunque insistió en que gracias a la oferta del Gobierno de Canarias "hay 23.388 personas adultas inscritas para mejorar su formación", aunque "debemos seguir mejorando el nivel de la educación para adultos, tanto en su modalidad presencial como semipresencial, a distancia con tutorización y a distancia por internet"

Monzón recordó que en estos momentos hay 34 centros especializados en educación para adultos en toda Canarias, dos de ellos a distancia, si bien también dijo que en las Islas existen 13.000 personas sin ningun tipo de estudios, 46.000 con estudios incompletos en Primaria y 370.000 que solo han cursado hasta 3º de la ESO. "Hay un 50,6 por ciento con estudios cursados por debajo de 2º de ESO", casi diez puntos más que la media nacional.

Por parte del Pacto, Nayra Santana (PSOE), valoró los esfuerzos de la Consejería en los últimos años, aunque consideró que "los empresarios deberían implicarse en formar a sus trabajadores, también" para "dotar de dignidad al sistema de educación para adultos", mientras que la nacionalista Dolores García resaltó que "el Gobierno está dando una oferta que ha permitido que se reincorporen la sistema educativo a 23.000 personas" con el objetivo de "acabar con las desigualdades sociales".

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