Sin noticias de la Junta
El plazo dado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) para que la Junta de Compensación de Las Teresitas convocara la asamblea en la que se debata la situación de los propietarios que se consideran objeto de un expolio acabó el pasado 29 de mayo. Sin embargo, ninguno de estos vecinos ha recibido hasta la fecha, al menos que se sepa, una notificación formal de la convocatoria.
El TSJC había ordenado a los directivos de la Junta, Jerónimo Delgado, Mauricio Hayek y Álvaro Arnaud, que reunieran a los antiguos dueños antes de esta fecha para escuchar sus alegaciones al reparto de cargas y beneficios que se hizo en 1989. A aquel encuentro no se citó a los ahora perjudicados, que en el caso de Las Huertas vieron como en 1998 sus propiedades eran vendidas sin su consentimiento y en Montaña Morera el suelo aparecía a nombre de Inversiones Las Teresitas (ILT) y las casas desaparecieron del Registro de la Propiedad.
Tras una larga batalla judicial en 2007, el TSJC les dio la razón a los vecinos de este último enclave, conocidos como los extranjeros, y ahora desde el mismo tribunal se ratifica que la ejecución de aquel fallo debe pasar por convocar la reunión. El abogado Pedro Arcila indica que tampoco se le ha notificado la fecha y hora del encuentro y advierte que los directivos pueden incurrir en un presunto delito de desacato.
El problema parece radicar en que los antiguos miembros consideran que ya no ejercen estos cargos y dan por caducado su mandato. En el auto del TSJC notificado a las partes el 29 de abril se decía que por lo tanto a partir de ahora debe ser la Gerencia de Urbanismo la que convoque y notifique la asamblea.
“Este asunto lo quiero llevar con mucho cuidado”
En el encuentro se le dará un papel especial al grupo de una treintena de vecinos, aunque el concejal de Urbanismo, José Ángel Martín Bethencourt, cree que el fallo también es extensible al centenar largo de propietarios de Las Huertas.
Martín Bethencourt no ha querido explicar cuál es la estrategia que va a desarrollar desde el organismo autónomo: “Este asunto lo quiero llevar con mucho cuidado”. Poco después de haber recibido el auto, el concejal se reunió con los abogados de los vecinos, Felipe Campos, José de la Rosa, Juan José Rodríguez, Pedro Arcila, Miguel Cabrera Pérez Camacho y Mario Machado, para decidir los pasos que iban a dar.
En cualquier caso, desde este tribunal se manifiesta que se deben respetar los derechos de los terceros adquirientes de buena fe, que sería la empresa Desurcic que en 2006 compró Las Huertas a ILT, aunque ésta última también participa en la nueva compañía. No ocurriría en Montaña Morera donde los terrenos únicamente fueron comprados por ILT a la Junta en 1998 y aún siguen figurando como propiedad suya.
La vecina Lola Rebrow, que ha sido la que ha batallado durante años en los tribunales para defender los derechos de estos vecinos, señaló el jueves que no han recibido ninguna notificación. “A no ser que las hayan mandado todas el último día, pero hasta ahora no se nos ha notificado nada”.
Los miembros de la directiva permanecen en estos momentos encausados dentro de una pieza separada del caso Las Teresitas y la Fiscalía ha pedido un total de 23 años de cárcel para ellos por presunta apropiación indebida. En concreto, se calcula que la Junta dejó de repartir entre los antiguos propietarios cinco millones de euros.
Pero en el caso de Montaña Morera ni siquiera estaban integrados en este organismo y no pudieron nunca hacer valer su punto de vista. Dada la enorme conflictividad judicial que afecta a este ámbito, el nuevo el Plan General de Ordenación (PGO) lo mantiene suspendido.
