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CC quiere devolver al Estado las competencias sobre menores inmigrantes

LA PRÓXIMA SEMANA PRESENTARÁ UNA PROPOSICIÓN DE LEY

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El presidente y portavoz en el Congreso de Coalición Canaria, Paulino Rivero, anunció este sábado que su grupo presentará la próxima semana en las Cortes una proposición de ley de lucha contra la inmigración clandestina en la que se incluye que sea el Estado y no las autonomías las que asuman la tutela de los menores inmigrantes.

Rivero, que ofreció una rueda de prensa tras la reunión del consejo político de CC, denunció que el Gobierno "ha engañado" a los canarios al no cumplir su compromiso de distribución de los menores inmigrantes no acompañados entre todas las comunidades autónomas.

Ese compromiso, adoptado por el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, establecía la distribución de 500 menores inmigrantes llegados a Canarias, de manera que en las islas nunca hubiera más de 300, y el resto serían asumidos por otras comunidades autónomas o por el Estado.

Sin embargo, desde la adopción de ese compromiso en septiembre pasado, solamente 109 menores han salido de las islas, a las que han llegado otros 180 nuevos menores inmigrantes, de manera que el número total en Canarias se mantiene próximo a los 900, denunció Rivero.

"Nos han tomado el pelo, es indignante que para justificarse digan ahora que los menores son una competencia de Canarias", cuando es el Estado el responsable de controlar la llegada de inmigrantes y por tanto "no puede mirar para otro lado", denunció Paulino Rivero.

Ampliación del plazo de retención

La reforma legal que plantearán los nacionalistas canarios incluirá también la ampliación del plazo máximo de retención de inmigrantes de 40 a 70 días, restricciones a la entrada de personas que hayan sido devueltas o expulsadas y que se pueda perseguir el tráfico ilegal de personas aunque se haya cometido el delito fuera del territorio español.

Coalición Canaria reclama también que se limiten los beneficios derivados de la inscripción en los padrones municipales a los inmigrantes en situación irregular, que se elimine el permiso de residencia por arraigo laboral, que se dificulten los matrimonios de conveniencia y que se de preferencia en los cupos de trabajadores a los países africanos próximos a las islas.

Otras medidas incluidas en el proyecto de ley de Coalición Canaria son la creación de juzgados especializados en extranjería, la obligación al Estado de informar a las Comunidades sobre los extranjeros internados en su territorio y la obligación de mantener a los extranjeros retenidos en condiciones higiénicas y sanitarias adecuadas.

Además, la propuesta legal establece un reparto equitativo de los inmigrantes entre las comunidades cuando se supere la capacidad de acogimiento de una autonomía.

Se exige al Gobierno la aprobación de un plan de control de fronteras, se obliga a un debate periódico sobre inmigración en el Congreso y se instaura una agencia especializada para las migraciones.

Paulino Rivero explicó que su grupo se ha visto obligado a tomar esta iniciativa legislativa debido a que el Gobierno ha demostrado que sólo le preocupa la inmigración "cuando hay presión política y mediática", pero después se olvida.

"Ahora vuelve a haber un repunte en la llegada de pateras a Lanzarote y Fuerteventura y siguen llegando cayucos", recordó Rivero.

También anunció que Coalición Canaria investiga la presencia de barcos nodriza cargados de cayucos después de que se haya publicado una fotografía de uno de ellos en la prensa, porque "un Estado que no controla sus fronteras no es serio ni responsable".

Paulino Rivero afirmó que el desinterés del Gobierno sobre la inmigración ha quedado plasmado en su negativa a incluir ese problema en el orden del día de la próxima conferencia de presidentes de Comunidades Autónomas, pese a que es "el asunto que más preocupa a los españoles".

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