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Desarticulada una red que estafaba a extranjeros mediante alquileres falsos

En la operación han sido detenidas veinte personas, de origen rumano y español, que habrían defraudado 800.000 euros

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Morro Jable

Morro Jable wikimedia

Agentes del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil han desarticulado una organización que cometía estafas a ciudadanos extranjeros mediante la oferta de alquileres de apartamentos y viviendas, principalmente en las Islas Baleares y Canarias, a través de falsas páginas web que ellos mismos diseñaban.

En la operación han sido detenidas veinte personas, de origen rumano y español, como presuntas autoras de los delitos de estafa, blanqueo de capitales y organización criminal, y el dinero defraudado ascendería a 800.000 euros, según ha informado la Guardia Civil y la Policía en sendos comunicados.

Durante la operación se han practicado cinco registros domiciliarios en Valencia y las localidades valencianas de Torrent y Oliva, así como en Móstoles (Madrid), donde se intervinieron numerosos dispositivos informáticos, teléfonos móviles, diversa documentación, tarjetas bancarias, recibos de ingresos de dinero y de envío de dinero, unos 17.000 euros, siete coches y una embarcación.

Las investigaciones se iniciaron en agosto al tener conocimiento los agentes de que numerosos ciudadanos extranjeros, cuando llegaban a las Islas Baleares y Canarias para disfrutar del apartamento o vivienda que previamente habían alquilado a través de internet, descubrían que, o no existía, o bien no había sido alquilado a sus legítimos propietarios.

Los agentes averiguaron que los servidores de las empresas dedicadas a la oferta de servicios vacacionales eran atacados por una organización que, alegando que había algún problema técnico en la web de alojamiento, haciéndose pasar por administradores de estas páginas, les solicitaban las claves de acceso.

Seguidamente modificaban los anuncios y a partir de ese momento los futuros clientes se pondrían en contacto con ellos, han informado las mismas fuentes.

Los agentes averiguaron asimismo que la organización alojaba las páginas web en servidores de países extranjeros y utilizaba documentación falsa, y para conseguir un mejor posicionamiento de sus páginas, al parecer, compraba los seguidores de estas y así los clientes no tenían ninguna duda de la existencia de la misma, y capaba el acceso a dichas páginas desde IP españolas.

Cuando los clientes veían algo que les interesaba, se ponían en contacto con el anunciante a través de correos electrónicos, acordando las condiciones de alquiler, y pagaban por adelantado la totalidad o un tanto por cierto del precio mediante transferencia internacional a la cuenta bancaria que les indicaban.

Las víctimas, al llegar a España, y a veces incluso en el mismo aeropuerto, descubrían que habían sido estafadas, ya que el arrendador no había ido a recogerles como habían pactado, o cuando llegaban a la dirección indicada no había ningún apartamento o el que había nunca había estado en alquiler.

Continuando con las investigaciones, los agentes averiguaron que otra forma de operar era a través de fotografías de viviendas que buscaban en internet para crear con ellas anuncios en otros portales con precios inferiores a los del mercado.

Los policías averiguaron que se trataba de una organización perfectamente estructurada y jerarquizada, que contaba con cuatro escalones diferenciados.

En el escalón superior se encontraba el dirigente de la organización, que era la persona encargada de la dirección de la organización y la destinataria del dinero, mientras que en el segundo escalón estaba el encargado de controlar a los captores de los muleros, recoger el dinero y entregárselo al primero.

En el tercer escalón se hallaban las personas que se encargaban de captar a los muleros, acompañar a estos a que abriesen las cuentas bancarias en las que iban a recibir el dinero que luego retirarían, recoger el dinero que sacaban los muleros y entregarlo al escalón superior.

Por último, en el cuarto escalón estaban los muleros, quienes a cambio de un porcentaje de dinero abrían cuentas bancarias a su nombre en las que recibirían las transferencias fraudulentas.

La operación ha sido desarrollada por agentes de la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Jefatura Superior de Valencia, de la UDEV de la Comisaría de Ibiza y el equipo de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Requena (Valencia) y la UOPJ de Guardia Civil de Palma de Mallorca.

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