Desde que este periódico desmenuzara la Auditoría de Recursos Humanos del Sector Público en Canarias, realizada por la Intervención General de la Comunidad Autónoma en julio de 2006, no hemos parado de recibir opiniones, reflexiones y comentarios de lectores afectados por todo lo que destapa el diagnóstico interno de la Administración pública isleña. Sobre todo por ese concurso de méritos del personal funcionario que ante sus vicios de nulidad judicial tiene a más de 1.300 empleados en un sinvivir ante la evidencia de que perderán sus puestos de trabajo. Y al resto, bloqueados en su promoción interna ante las repercusiones en cadena que acarreará su nulidad definitiva. Pero también nos llegan apuntes de consistencia referidos a cómo las relaciones de puestos de trabajo se elaboran “al servicio de las personas con influencia”, sin observar las necesidades del servicio y creando jefaturas para satisfacer las aspiraciones personales “por razones de parentesco sanguíneo o partidista”, que genera además jefaturas “sin el liderazgo o el criterio necesario para su desempeño”.