Estamos todos a la espera del informe que emita los próximos días el servicio jurídico del Parlamento de Canarias, que no ha de estrujarse mucho el cerebro para llegar a conclusiones certeras. El PSOE, que ya se ha mojado en la cuestión, apela a la legislación vigente en los ámbitos civil, penal y militar para llegar a la conclusión de que nadie que tenga que ver directa o indirectamente, en primer grado de familiaridad o en relación con un ser querido, puede intervenir en causas que le atañan. Pero doctores tiene la Iglesia. Y muy sesudos asesores el denunciante Alberto Santana, que tiene un informe demoledor que avala que un parlamentario como Soria ha de abstenerse voluntariamente de participar en un órgano como la comisión de investigación eólica. Y si se pone burro habrá que obligarlo. Y nadie le prohibirá que hable (como seguramente haría él en el caso de estar del otro lado de la fuerza), sólo que tendrá que esperar a que le pregunten.