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"¡Joder, qué tropa!", como dijo Romanones

Al desquicie de los ministerios de Industria y de Medio Ambiente en su defensa de Repsol se unen los de Defensa y Fomento

¿Alguien ha visto por ahí los 3.500 empleos de Repsol? Los barcos de los sondeos son todos de bandera y tripulación extranjeras

Greenpeace recurrirá el expediente de Fomento y estudia denunciar a Defensa por lo que considera un asalto en aguas internacionales

La prensa del Movimiento habla de que los activistas iban 'armados' de arneses y arpones y que se empeñaron "tras ocho horas de negociación"

Otras escuchas telefónicas: Dimas y Batllori tenían en nómina al periodista Francisco Chavanel para que hiciera entrevistas y escribiera un libro

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Momento en el que una lancha del Ejército embiste a otra de Greenpeace.

Momento en el que una lancha de la Armada propina una 'cariñosa' embestida a otra de Greenpeace

Cuentan las crónicas de la época, allá por el reinado de Alfonso XIII, que al conde de Romanones le dio la ventolera de hacerse académico de la Lengua y que para ello se curró un puerta a puerta con todos los que debían votarle para tal propósito. El destino quiso que en el lapso que medió entre que empezó su campaña y el momento de los votos, dejara de ser primer ministro y adquiriera la condición de diputado de a pie. Estaba en el Congreso de los Diputados esperando el escrutinio cuando un ujier se le acercó para comunicarle que no había obtenido ni un solo voto, lo que le llevó a exclamar aquella frase que pasó a la posteridad: "¡Joder, qué tropa!" La compañía Repsol y su empleado del año, José Manuel Soria, han puesto todo su empeño por conseguir que la primera se saliera con su propósito de sondear en las aguas de las Islas Canarias, un empeño que tiene su origen en los años finales del siglo pasado y que, con la llegada al poder del ministro canario, ha sido ahora posible. No han tenido que hacer ningún puerta a puerta porque se han podido valer de la mayoría absoluta del Partido Popular y de los resortes que el poder les ha otorgado en forma de resoluciones de dudosa calidad legal y democrática para parir unas autorizaciones que todavía siguen su tramitación en diversas instancias jurisdiccionales. La cruzada en favor de Repsol la comenzó Soria en solitario, pero a ella se unió con el jolgorio que le caracteriza el ex ministro de Medio Ambiente Miguel Arias Cañete, dos personajes a los que la historia les reserva sin duda un espacio de mucha menor relevancia que el que ocupa, aun sin su sillón en la Academia, el conde de Romanones. Pero como no hay dos sin tres, ni tres sin cuatro, a la tropa se han añadido en el corto espacio de cuatro días otros dos ministerios españoles, el de Defensa y el de Fomento, lo que empieza a descargar a Soria del peso del papel protagónico para repartir responsabilidades y fortalecer la que de manera colegiada hace tiempo que tiene todo el Gobierno de Rajoy en este atropello sin precedentes.

 

 

La discutida zona de exclusión

Al Ministerio de Fomento le tocaba mojarse, y nunca mejor dicho, emitiendo deprisa y corriendo, el pasado día 12, una resolución firmada por el director general de la Marina Mercante que establecía una "zona de exclusión a la navegación y la pesca de una milla de radio (…) donde se ubica el sondeo exploratorio Sandia-1X que será realizado por el buque perforador Rowan Renaissance, por un periodo de 60 días a contar desde el día de la fecha de esta resolución". Y como la resolución es de Fomento, a Fomento le ha tocado el marrón de abrir expediente administrativo a Greenpeace por haber entrado en esa zona de exclusión el pasado sábado para celebrar allí uno de sus tradicionales actos de protesta. El Arctic Sunrise, de la organización ecologista, había tomado posición en la zona 48 horas antes de que llegara la flota de Repsol, compuesta por el Rowan, dos barcos de apoyo logístico y, cómo no, una patrullera de la Armada española. Cuando esa expedición llegó a las doce de la noche del viernes, allí no estaban más que los ecologistas, los delfines y las tortugas, "que había a mogollón", relata uno de los presentes. Las escaramuzas ya las conocen ustedes: tres botes de Greenpeace se echaron a la mar con la intención de hacer su protesta (colocar en el barco alquilado por Repsol una pancarta contra las prospecciones), y dos Zodiacs de la Armada los embistieron de manera tan violenta que provocaron las heridas de una de las activistas y daños a las lanchas de la organización. Pero Fomento no entra en el acto de piratería que el Gobierno quiere atribuir a Greenpeace, sino en la violación de esa zona de exclusión. Va a haber recurso, nos tememos, porque parece muy discutible que se puedan decretar esas restricciones en aguas internacionales, y mucho menos que un buque de guerra español pueda actuar como lo hizo en esa jurisdicción, custodiando a un barco privado y atacando como lo hizo a otros barcos privados, sostienen desde la organización internacional.

 

Con Holanda y con USA hemos topado

El incidente tiene su miga, no se vayan a creer, porque a las cuestiones puramente administrativas sobre zonas de exclusión en aguas internacionales, muy alejadas de las 12 millas de jurisdicción española, se une lo que Greenpeace considera un asalto de tropas de la Armada, lo que ya ha activado a abogados españoles y holandeses, bajo cuyo pabellón navega el Arctic Sunrise. Sin contar lo que pueda hacer el capitán, de nacionalidad americana, que seguramente tendrá mucho que decir sobre lo que ocurrió en aquellas horas previas a las embestidas y sobre los incidentes posteriores. La prensa del Movimiento ha relatado una secuencia de hechos que los ecologistas desmienten, como que el capitán del Artic Sunrise desoyera durante ¡ocho horas! las advertencias de la patrullera de alejarse de la zona de exclusión. Cierto que la Relámpago advirtió de que allí no podían estar, a lo que desde el buque ecologista se le contestó que de eso nada, que aquella no era zona de exclusión por incompetencia legal de España para fijarla, en base al Derecho del Mar. Lo que sí hizo el capitán fue avisar al del barco contratado por Repsol de que iban a ejecutar una "protesta pacífica" que no incluía asaltar el barco. La intervención desmesurada de la Armada dio el resultado que todo el planeta ha podido ver.

 

'Armados' de arneses y arpones

Como ocurre cada vez que algo puede perturbar al Gobierno de España en su paso firme hacia el precipicio, la prensa de la derecha se ha lanzado a todo tipo de elucubraciones y disparates. Algunos de ellos han sido propiciados por las versiones lanzadas por el Ministerio de Defensa, que creyó que dando la primera versión de los hechos, como quien toma la cabeza de playa, ya tenía ganada la batalla contra la verdad. Si primero se dijo que la activista italiana herida lo fue por la hélice de una de las lanchas de Greenpeace, que para estas escaramuzas utiliza –según su versión- motores jet, lo siguiente ha sido acusarla de llevar arneses, ¡arneses!, esa arma de destrucción masiva patentada por los movimientos ecologistas mundiales. Y un arpón, claro, porque los marines vieron un arpón en uno de los botes, lo que seguramente tenga más que ver con un gancho para colgar pancartas que con uno de esos peligrosos instrumentos que se utilizan, por ejemplo, para la pesca de la ballena, una de las campañas que más prestigio han dado a la organización ecologista. Tras las tensiones del primer momento y las investigaciones que se han podido hacer, cabe incluso la posibilidad de que la activista herida no sufriera el corte de una hélice y que su rotura de tibia abierta puede tener directa relación con uno de los impactos de la Armada sobre las embarcaciones –y sus tripulantes- de Greenpeace. Defensa había lanzado su primera versión, edulcorada y enriquecida con el rescate que uno de sus efectivos hizo de la activista. Greenpeace tuvo que esperar a avisar a sus familiares (y a los familiares de los otros dos heridos) antes de publicar su versión y, lo que fue verdaderamente demoledor,  sus vídeos.

 

La acusación de piratería

En la vertiente penal, Greenpeace se enfrenta a la maquinaria del Gobierno del PP, que le quiere endilgar un posible delito de piratería en grado de tentativa, previsto en el Código Penal y castigado con penas de entre diez y quince años. Pero veamos en qué consiste tal delito: "El que con violencia, intimidación o engaño, se apodere, dañe o destruya una aeronave, buque u otro tipo de embarcación o plataforma en el mar, o bien atente contra las personas, cargamento o bienes que se hallaren a bordo de las mismas, será castigado como reo del delito de piratería con la pena de prisión de diez a quince años". Si, como sostiene Greenpeace, se avisó por radio, con roger (recibido, copiado) del capitán del Rowan Renaissance, de que la acción era pacífica y sin intención de asaltar al buque de Repsol, y teniendo en cuenta que en los 40 años de esa organización no consta ninguna acción con ribetes de "violencia, intimidación o engaño", y mucho menos de asalto, daño o destrucción de un buque, ni tampoco ningún atentado contra tripulaciones, lo de la piratería suena una vez más a desmesura gubernamental.

 

¿Dónde están los 3.500 empleos?

En lo que todos esos extremos se dilucidan, ya tenemos al barco de Soria haciendo sus sondeos en aguas de las Islas Canarias. Y de momento, al menos que haya trascendido por el conducto reglamentario, nada se sabe de las 400, 500, 3.500, 5.000 o 55.000 (esta cifra se llegó a publicar) contrataciones anunciadas por la compañía del compadre Repsol. Ninguno de los tres buques de apoyo que acompañan al de los sondeos tienen bandera española, ni tripulación española. El Troms Artemis, aunque el nombre pueda prestarse a sospechas canariedad, es de bandera noruega, y el Esvagt Don, de bandera danesa. El Rowan Renaissance navega bajo pabellón de las Islas Marshall, lo que reduce cualquier atisbo de empleo español a la tripulación (y no toda) de la patrullera Relámpago. Algo es algo.

 

El periodista de cabecera del caso Unión

Se reanudó ese martes en la Audiencia Provincial de Las Palmas el primer juicio de los muchos que habrán de resolver la macro-causa del caso Unión, el escándalo de corrupción más grueso de cuantos se han conocido en Canarias. En el banquillo, Dimas Martín y Francisco Rodríguez Batllori, a quien se acusa de cobrar indebidamente del Ayuntamiento de Arrecife o de la empresa pública Inalsa cuando en realidad le prestaba servicios particulares a quien fuera el factótum de la política conejera durante décadas. La crónica de lo ocurrido en esta sesión, donde se llegó a calificar al exconsejero Batllori de ser como el pequeño Nicolás, la tienen a su disposición en esta misma edición de hoy, pero detengámonos en la aparición –siempre estelar- del periodista de cabecera de un nutrido grupo de imputados en esa causa. Lo está siendo en estos momentos de los empresarios Juan Francisco Rosa y Luis Lleó, pero en aquel año de 2009, con Dimas en prisión y Batllori pidiéndole por carta que por favor hiciera que le pagaran sus facturas, ejercía también como escribidor de los imputados. Se llama Francisco Javier Chavanel y ya aparecía en las cartas que se cruzaban esos dos personajes y el concejal de Hacienda de Arrecife, cartas que intervino la OCU en varios registros. Gracias a ese intercambio epistolar, la Guardia Civil se enteró de que Dimas quería escribir un libro sobre su azarosa vida y las traiciones que había tenido que padecer, y que la persona adecuada para traducirlo todo a lenguaje culto iba a ser ese periodista. Pero también aparece Chavanel mencionado en las conversaciones intervenidas, alguna de las cuales sonó este martes en la sala de juicios.

 

"Quiero cerrar el tema con Chavanel"

El modus operandi del periodista, a tenor de esas conversaciones expuestas al tribunal a propuesta del fiscal, se repite: los imputados por casos de corrupción necesitan que alguien les defienda públicamente y, previo paso por caja, se les monta una campaña de lavado de imagen que, necesariamente, ha de llevar otra paralela de desprestigio de jueces, fiscales y policías para que el escaso público que pueda atenderle crea que todo es una gran conspiración. Lo está haciendo en estos momentos con Rosa y Lleó por los asuntos en los que andan imputados en el caso Unión y las piezas que de él han colgado. Y lo hizo con Dimas Martín y Batllori en aquellos momentos –año 2009- en que el primero estaba en prisión y el segundo más seco que una mojama. "Quiero cerrar el tema con Chavanel", le dice Dimas a Batllori en el momento en el que ambos están batallando por el tercer grado penitenciario del primero. "Tiene que hacer unas entrevistas cada cierto tiempo y tenemos que decirle a quién entrevistar", dice el ex presidente del Cabildo de Lanzarote. Así que se concierta un almuerzo "en El Corte Inglés o en El Pote para estar allí a las dos y estar hablando tres horas". Ambos acusados se convirtieron desde entonces en protegidos del comunicador con el resultado por todos conocido: uno en la cárcel y el otro a puntito. Del libro nunca más se supo.

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