Acaba el juicio de La Bufona: “Imposible ejecutar esto sin la connivencia del Ayuntamiento”
El juicio de La Bufona ha quedado visto para sentencia con la petición tanto por parte del Ministerio Fiscal como de la acusación particular del derribo de las casas de La Bufona, en el primer caso de las 14 que ocupan suelo rústico y en el segundo de toda la urbanización. Las acusaciones piden 15 y 11 años de prisión para Antonio Caro y Federico Echevarría, los promotores del plan parcial, por un delito contra la ordenación del territorio, otro de desobediencia, falsedad en documento público y estafa.
La Fiscalía sólo acusa de estos dos primeros delitos y ha rebajado su pena, de los cuatro años que solicitaba a un año y nueve meses de prisión más una multa por dilaciones indebidas y por aplicar la normativa más favorable para los reos antes de la reforma de Código penal.
El fiscal Carlos Fernández Seijo, en sus conclusiones, aludió al desarrollo urbanístico de finales de los años noventa y la “permisividad de los organismos públicos”. “En Arrecife se evidencia que no existieron esos controles”, señaló. El fiscal considera que está probado que varias casas se comenzaron antes de conseguir las licencias y que no pararon las obras a pesar de que conocían la orden de suspensión.
Irma Ferrer, una de las abogadas de la acusación particular, que representa a la familia Murillo, señaló que este plan parcial es el único de Lanzarote donde se dan todas las irregularidades: licencias irregulares, plan anulado, no se cobraba el IBI, no se han hecho las cesiones obligatorias, se ha ocupado suelo rústico... “Es imposible ejecutar esto sin la connivencia del Ayuntamiento de Arrecife”, señaló.
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