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El juicio del caso Eólico comenzará el 13 de junio y se prolongará, al menos, durante cinco semanas

El caso, la primera gran trama del PP canario bajo la presidencia de Soria, estaba pendiente de señalamiento desde el año 2013

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Las defensas piden la nulidad de las actuaciones del "Caso Eólico". Efe Ángel Medina G.

Vista del "Caso Eólico". Efe / Las Palmas de Gran Canaria

El juicio por el caso Eólico, la primera gran trama de presunta corrupción del PP canario bajo la presidencia de José Manuel Soria, comenzará el 13 de junio del próximo año, según ha anunciado este miércoles la Sección Primera de la Audiencia Provincia de Las Palmas, que en un auto estima que la vista se prevé larga y su duración "no será inferior a cinco semanas", reservando la sala hasta finales del mes de julio de 2018.

El caso estaba pendiente de señalamiento desde el año 2013. En esta trama el principal acusado es  Celso Perdomo, director general de Industria del Gobierno de Canarias durante la media legislatura (2003-2005) que duró uno de los tantos pactos de gobierno del PP con Coalición Canaria. Perdomo  afronta una petición de siete años de cárcel  por parte de la Fiscalía Anticorrupción en Las Palmas  por violación de secretos, cohecho y malversación de fondos públicos, mientras que su pareja por entonces, Mónica Quintana, se enfrenta tres años y medio, por malversación y cohecho.

Aparte de José Ignacio Esquivel y Alfredo Briganty, acusados de cohecho a los que se les pide una pena de año y medio de cárcel, también lo está por cohecho y con la misma cantidad de cárcel el empresario Enrique Guzmán, así como el funcionario Honorato López, a quien la Fiscalía pide dos años de privación de libertad.

La Fiscalía tiene previsto convocar a la vista a 35 testigos, 21 de ellos funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, así como a siete peritos, para demostrar su tesis de que Celso Perdomo se concertó con varias empresas que habían presentado ofertas al concurso eólico para amañar las adjudicaciones, cobrando a cambio sobornos en efectivo o en forma de acciones. 

Para evitar más retrasos, la Audiencia informa a las partes que no permitirá que ningún acusado cambie de defensa ni tampoco que sus abogados renuncien, una vez que se realice el sorteo por el que se designará a los 36 ciudadanos candidatos a formar el jurado. De hecho, en julio , los abogados de los procesados Perdomo y Quintana renunciaron a ejercer la defensa de sus clientes y fue necesario designarles letrados de oficio, que pidieron tiempo para estudiar el caso.

La operación Eolo fue el primer escándalo con el exministro José Manuel Soria en las inmediaciones. Entonces presidía el Cabildo de Gran Canaria (2003-2007) con mayoría absoluta y había colocado a su hermano Luis al frente de la Consejería de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías del Gobierno de Canarias. Y uno de las grandes proyectos de Industria era adjudicar parques eólicos p or todas las islas.

Soria vivía en aquella época gratis en un chalet de la familia Esquivel  mientras construía su actual mansión, también en el barrio residencial de Tafira Alta, en Las Palmas de Gran Canaria. Uno de los hermanos Esquivel, José Ignacio, también debe sentarse en el banquillo de los acusados por un presunto soborno de 12.000 euros al director general de Industria del Gobierno regional.  

Anticorrupción cree que Esquivel recibió información privilegiada del concurso público al que se presentó con la mercantil Promotora de Recursos Eólicos, al igual que el abogado y secretario de esa sociedad, Alfredo Briganty. A su vez, el Cabildo presidido por Soria desistió de presentarse con la empresa pública Megaturbinas de Arinaga, en una polémica decisión política que dejaba libre el mejor campo de vientos de la Unión Europea, en el Sureste de Gran Canaria, a la iniciativa privada.

Lo que apuntaba a un jugoso festín de tiburones quedó definido por el que fuera presidente del Gobierno de Canarias, Lorenzo Olarte, en canario de pura cepa: “Eolo se ha quedado en el estanque de los lebranchos [un tipo de pez o de reptil]. No ha saltado al estanque de los tiburones”, en alusión a que durante la investigación, a lo máximo que llegó el juez fue a llamar a declarar a Luis Soria, responsable de la consejería encargada de adjudicar los parques eólicos, en calidad de testigo. Y eso que   el consejero de Industria organizó un viaje oficial con el propio José Ignacio Esquivel a visitar turbinas en Magdeburgo  (Alemania).

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