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El promotor de La Bufona dice que "es el proyecto más legal en la historia de Lanzarote"

Los promotores Federico Echevarría y Antonio Caro comparecen ante el Juzgado de lo penal número 3 de Arrecife acusados de ocupar suelo rústico

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Federico Echevarría y Antonio Caro, promotor y constructor de la urbanización La Bufona.

Federico Echevarría y Antonio Caro, promotor y constructor de la urbanización La Bufona. Felipe de la Cruz.

Este lunes se ha celebrado en el Juzgado de lo penal número 3 de Arrecife la primera jornada, de las cuatro previstas, del juicio de La Bufona, en el que se acusa a los promotores Federico Echevarría y Antonio Caro, de ocupar suelo rústico y desobedecer la orden de paralización de las obras durante la construcción de la urbanización La Bufona. La promotora era Brisa Inversiones, que pertenecía a los dos acusados, Federico Echevarría y Antonio Caro, y a Francisco Carmona, ya fallecido.

El arquitecto Federico Echevarría explicó que conoció a Francisco Carmona, que era delineante del Ayuntamiento de Arrecife desde 1979, en los años setenta cuando era delineante del despacho de José Ignacio Torres, que había contactado con él para hacer los planes generales de Teguise y de San Bartolomé. A Antonio Caro lo conoció porque su empresa Costegui hizo las obras de un hotel en Costa Teguise que proyectó Echevarría.

Durante su declaración, señaló que lo de Carmona "no era una incompatibilidad". Las obras comenzaron en 1995 o 1996 y el aparejador era Ubaldo Blanco. Terminaron en el año 2000 "sin que nadie les comunique ningún problema". "Todas las casas estaban terminadas con la licencia de primera ocupación".

Primero hicieron veinte casas y luego las demás. Solicitaron una modificación puntual del plan parcial, redujeron el tamaño de las casas para ajustarse al mercado "y para adecuar las manzanas a la urbanización que encontramos ejecutada y no se correspondía exactamente con lo que se decía".

"Es el proyecto más legal que se ha hecho en la historia de Lanzarote", dijo Echevarría, a pesar de que el Tribunal Supremo ha anulado la Modificación puntual de 1998 y que hay catorce órdenes de derribo dictadas por el Gobierno de Canarias. Según el arquitecto, "se obtenía la licencia y se construía, a lo mejor se construyó algún sótano antes, pero no es superficie computable. Todo estaba ajustado a los planos. No consultamos el catastro porque siempre está equivocado".

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