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Los artesanales canarios solo podrán pescar 255 toneladas de atún rojo este año, pese a que el PP garantizaba 400

Fernando Gutiérrez, de la Federación Regional de Cofradías, avanza que peleará ante instancias comunitarias para llegar a las 800; en 2017, la cuota final fue de 188 y Canarias pedía para este año al menos 500, el 10% del total español

El presidente herreño de las cofradías canarias dice que los diputados nacionalistas Ana Oramas (CC) y Pedro Quevedo (NC) "algo han hecho, pero no lo suficiente"

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Fernando Gutiérrez, presidente de la Federación Regional de Cofradías,  y el profesor Álvaro Díaz, en la rueda de prensa

Fernando Gutiérrez, presidente de la Federación Regional de Cofradías, y el profesor Álvaro Díaz, en la rueda de prensa RAMÓN DE LA ROCHA (EFE)

La Federación Regional de Cofradías de Pescadores de Canarias ejercerá acciones legales ante la UE para exigir al Gobierno español que aumente al menos hasta 800 toneladas la cuota de atún rojo ( Thunnus thynnus o también patudo en Canarias) asignada a las islas para la campaña de 2018, pues considera un "atropello" que la haya fijado en 255, el 1,2% del total.

El presidente de esa organización, el herreño Fernando Gutiérrez, afirmó este miércoles en rueda de prensa que la Secretaría General de Pesca del Ministerio del área se propone dar un año más "un trato arbitrario y discriminatorio" a los pescadores canarios dedicados a la captura de atún rojo.

Gutiérrez detalló que, según el borrador de resolución de la Secretaría General de Pesca, se fija para el archipiélago un cupo de 255 toneladas para los buques cañeros autorizados a faenar en aguas del caladero canario en 2018.

Esa cantidad supone el 1,2% (58 toneladas) de la cuota total de España -5.000 toneladas menos el fondo de maniobra; esto es, el 1,2% de 4.803-, más otras 197 procedentes del fondo de maniobra. Los pescadores canarios critican que a las otras cinco flotas restantes autorizadas para pescar el atún rojo se les ha asignado el 97% del total del cupo no reservado al fondo de maniobra.

Es decir, prosiguió Gutiérrez, el 22% de la cuota se destina a la flota de cebo vivo del Cantábrico y noreste; el 6% a la flota de cañas y línea de mano del Estrecho; el 14% a la flota de palangre y línea de mano; el 29% a los cerqueros del Mediterráneo y casi el 28% a las almadrabas.

Fernando Gutiérrez subrayó que los pescadores canarios irán hasta donde tengan que llegar para que el Gobierno español cumpla con dos reglamentos comunitarios que defienden la reserva de actividad para la pesca artesanal y valora los criterios de que las faenas se realicen de acuerdo a parámetros medioambientales, socioeconómicos e históricos.

La Secretaría General de Pesca "ha cometido una flagrante vulneración de los requisitos que rigen para la asignación de cuotas", insistió Gutiérrez, quien señaló que ninguno de los criterios anteriores se ha aplicado a la flota canaria.

Al respecto, el profesor de Historia Económica de la Universidad de La Laguna Álvaro Díaz de Paz resumió un estudio que ha elaborado sobre la captura de atún en las islas según el cual esta actividad está acreditada desde la época de los aborígenes en Gran Canaria, y ya en el siglo XVI el Cabildo de dicha isla fijó los precios del atún y bonito.

Hay una trayectoria histórica en esta pesca que no se puede negar a Canarias pero que se ha "despreciado", añadió Díaz de Paz, quien expuso que una tonelada de atún que se descarga en un puerto canario genera 3.000 euros, y la actividad de toda la flota isleña equivaldría a 11 millones de euros si se aumentase la cuota asignada.

Fernando Gutiérrez aseveró que en el reparto de la cuota se favorece a los grandes cerqueros del Mediterráneo frente a la flota artesanal, y argumentó que en este ámbito existe "una corrupción más grande que lo de Bárcenas y la Gürtel", pues en esta actividad se beneficia a unos pocos empresarios con cientos de millones de euros.

Sin embargo, admitió que la lucha es "muy difícil y complicada" porque los pescadores de Andalucía, Baleares, Cataluña y otras regiones "se han dado por derrotados y desahuciados", no están organizados y han sido "abandonados" por sus respectivos gobiernos autonómicos.

Añadió que los diputados nacionales de CC, Ana Oramas, y de NC, Pedro Quevedo, "algo han hecho, pero no lo suficiente", aunque se mostró dispuesto a seguir movilizándolos como "dos armas" ante la negociación para aprobar los Presupuestos Generales del Estado. 

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