La capital grancanaria saca a licitación la reforma del Mercado Agrícola de San Lorenzo

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha sacado a licitación el contrato de las obras de reforma del Mercado Agrícola de San Lorenzo, que se encuentra publicado desde este lunes en la Plataforma de Contratación del Sector Público. El plazo de finalización de presentación de ofertas termina el próximo 11 de mayo.

La obra, que cuenta con un presupuesto de 226.749,42 euros, tiene un plazo de ejecución de 9 semanas. La financiación para la misma proviene de una subvención por parte de la Consejería de Soberanía Alimentaria del Cabildo de Gran Canaria. Este proyecto tiene como objetivo mejorar las instalaciones del Mercado Agrícola de San Lorenzo que, por su deterioro e insuficiencia, precisan de rehabilitación.

El área municipal de Desarrollo Local ha consensuado con los vendedores y los representantes del Mercado Agrícola el proyecto de reforma esta recova agrícola dominical. Así, las obras contemplan la instalación de un nuevo pavimento de 1.394 metros cuadrados, la sustitución de las marquesinas actuales por nuevas carpas y mobiliario, la renovación de la instalación eléctrica de baja tensión, la ampliación de la red de abastecimiento y saneamiento, la mejora de la cantina del mercado, y la dotación a las instalaciones de medidas de protección antiincendios y de un nuevo sistema de sonido que permita ofrecer a los clientes hilo musical. También se renovará la red de aguas pluviales.

El nuevo suelo del mercado será de hormigón impreso coloreado para evitar los problemas actuales de desconchamiento de la pintura y se instalarán bancos, jardineras y papeleras nuevas fabricadas con traviesas de madera ecológicas. Además, las zonas de sombra serán reorganizadas para alcanzar los puestos del lateral oeste del mercado con carpas textiles resistentes a la intemperie y con un bajo impacto visual.

Cabe recordar que el Mercado Agrícola debe permanece abierto durante la vigencia del estado de alarma, ya que se trata de un servicio necesario para el abastecimiento alimentario de la población. Por ello, resulta imprescindible evitar un mayor retraso en la licitación de la obra necesaria para su renovación, habida cuenta de que cada domingo asisten ciudadanos a este enclave para adquirir productos agrícolas. Así, en aras de garantizar el funcionamiento básico del servicio y garantizar la seguridad de las personas que asisten al mismo, el Ayuntamiento ha acordado la continuación de la tramitación del procedimiento de licitación de la obra.

El concejal de Desarrollo Local, Empleo y Turismo, Pedro Quevedo, ha destacado que “durante la obra, se trasladará el Mercado Agrícola a un emplazamiento temporal en el entorno del propio mercado y con la colaboración de Mercedes Sanz, concejala del distrito”, a fin de que se pueda seguir prestando este servicio.

Quevedo también ha puesto en valor la “relevancia del Mercado Agrícola de San Lorenzo para la capital, tanto por el impulso que otorga al sector primario de la ciudad y de la isla, como por su labor a la hora de ofrecer productos locales y de calidad a los ciudadanos”. El concejal ha recordado que “los mercados municipales y el Mercado Agrícola desempeñan un papel fundamental en el tejido económico de Las Palmas de Gran Canaria y son un servicio público indispensable para todos los vecinos y las vecinas de la capital”.

El Mercadillo Agrícola de San Lorenzo, que se celebra todos los domingos en horario de 8:00 a 13:30 horas al aire libre, y que cuenta con 26 puestos que ofrecen productos agrícolas y ofertados por los propios productores, es el único de estas características en la capital. El Consistorio capitalino considera pertinente para la protección del interés general que estas reformas se lleven adelante sin sufrir retrasos en la ejecución del proyecto, que está destinado a la mejora de infraestructuras y de servicios públicos.

Esta excepción de suspenso de los plazos administrativos en el presente procedimiento se ampara en el apartado 4 del mencionado Real Decreto 463/2020, que señala que las entidades del sector público podrán acordar la continuación de aquellos procedimientos administrativos que vengan referidos a situaciones indispensables para la protección del interés general o para el funcionamiento básico de los servicios.