Pescadores canarios muestran su hartazgo frente a la Consejería de Agricultura: “Si nos quitan el atún, nos quitan la vida”

Protestas de atuneros cañeros frente a la sede de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias en Santa Cruz de Tenerife.

Pescadores isleños han escenificado su hartazgo al no poder capturar más tuna o patudo en lo que queda de año. Más de una decena de personas se ha concentrado frente a la sede de la Consejería de Agricultura en Santa Cruz de Tenerife con una petición clara: “Queremos trabajar”. Unos 202 barcos de la flota isleña solo pudieron faenar esta campaña durante algo menos de dos meses, periodo en el que agotaron la escasa cuota asignada de una especie vital para la economía del subsector. Este martes, algunos de los afectados han mostrado pancartas en las que podía leerse: “Si nos quitan el atún, nos quitan la vida”.

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“Atuneros excluidos, ¿de qué vamos a vivir ahora? Nuestro futuro depende exclusivamente del atún”, rezaba otra de las pancartas exhibidas. Unos 202 barcos canarios fueron incluidos en la llamada flota artesanal y solo tuvieron acceso a 223 toneladas (t) de tuna para la presente campaña; el resto, 2.198 t se asignó a los atuneros cañeros. El acuerdo, fijado por una orden ministerial que establece el reparto de esta especie entre las embarcaciones españolas, es fruto de unas negociaciones en las que se intentó obtener una mayor cuota para las islas, pero el resultado ha sido desastroso.

Además, para diferenciar a los atuneros cañeros del resto de los pescadores que tienen acceso a la pesca de tuna, se establecieron criterios como el histórico de capturas. Esto provocó la inclusión en la denominada flota artesanal, la que solo ha podido pescar 223 toneladas, a atuneros cañeros que no llegaban a las cifras requeridas. Uno de los afectados, Vicente Rivero, también presidente de IslaTuna (organización de productores de atunes y pesca fresca de Tenerife), relató a este periódico que se había condenado a la miseria al subsector.

“Hay 18 barcos que ya no puede pescar nada. El resto de la flota artesanal se puede dedicar a otra cosa porque son polivalentes. No vamos a poder capturar esta especie hasta dentro de nueve meses y no hay ninguna actividad en el sector primario que resista estar prácticamente parada casi un año”, dice Rivero en declaraciones a este periódico.

Las personas que se dieron cita en la capital tinerfeña han pedido la dimisión del director general de Pesca del Gobierno de Canarias, Carmelo Dorta, a quien responsabilizan de haberles dejado “parados, sin poder pescar”, según las consignas repetidas durante la concentración. El propio responsable del área reconoció a Canarias Ahora que la cuota era “insuficiente” y se generaba un escenario “complicado”. 

En 2019 se produjo una situación similar, pero se pudo solventar permitiendo la modalidad de pesca olímpica y de modo conjunto para todas las toneladas asignadas a Canarias. Pero esta vez, el director general de Pesca confirmó que no sería posible porque “en un momento determinado de 2020 se rompe ese acuerdo dentro del subsector”.

Rivero ha explicado que desde el cierre de la pesquería de tuna para los 202 barcos, ordenado por el Gobierno central el pasado 31 de marzo, hasta este martes, el director general de Pesca “no ha tenido la más mínima empatía hacia el grupo de atuneros cañeros afectado”. Y así se lo ha trasladado a la consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ejecutivo regional, Alicia Vanoostende, durante una reunión a la que fue invitado junto a otros participantes en la concentración por el viceconsejero del área, Álvaro de la Bárcena, al ver la concentración a las puertas de la sede.

“Les trasladamos que creemos que el director general de Pesca no ha estado a la altura y por eso pedimos su dimisión”, ha explicado Rivero. Además, también preguntaron a la consejera si tenía previsto algún plan que ayudase a los atuneros afectados. “Nos han dicho que se van a poner a trabajar para intentar integrarnos en el acceso a la cuota del grupo de atuneros cañeros”, y además “contemplan la posibilidad de conceder una ayuda económica”, según el presidente de IslaTuna, que reconoce que cualquiera de los dos opciones “es difícil”, pero “alguna solución tiene que haber”.

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